Decisión nº 5099 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 28 de Marzo de 2012

Promueve el valor y mérito jurídico probatorio de todas las actuaciones que consten en autos y favorezcan a la parte promovente. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora hace del conocimiento de los justiciables que, en atención a Jurisprudencia pacífica y reiterada del m.T. de la República, los promoventes deben acatar fielmente el cumplimiento de la forma procesal relacionada con la indicación del objeto de la prueba, con el propósito de permitir que la parte no promovente conozca que hechos pretende probar su contraria, para determinar así su pertinencia con aquellos que forman parte de la controversia, aunado al hecho que el sólo indicar la prueba sin manifestar su objeto es un señalamiento efectuado de manera tan genérica que mal podría este sentenciadora indagar que elementos o circunstancias le son favorables a la parte promovente; por lo expuesto, esta Juzgadora no aprecia ni le otorga valor probatorio a la prueba en referencia. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico de la confesión ficta del demandado, esto de conformidad con lo previsto en los artículo 362 y 887 del Código de Procedimiento Civil. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora luego de la revisión de las actas procesales evidencia que la parte demandada encontrándose a derecho no contestó la demanda incoada en su contra en la oportunidad procesal correspondiente, tal como se desprende de la constancia suscrita por la ciudadana Secretaria de este Tribunal en fecha veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010), que obra agregada al folio ciento tres (103); sin embargo, al folio ciento diecinueve (119) riela diligencia suscrita por la parte demandada en fecha diez (10) de marzo de dos mil diez (2010), a través de la cual consignan escrito de promoción de pruebas, las cuáles fueron admitidas por este Juzgado a través de auto de la misma fecha, agregado al folio doscientos ochenta y dos (282).

A los efectos, el artículo 887 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, indica:

La no comparecencia del demandado producirá los efectos establecidos en el artículo 362, pero la sentencia se dictará en el segundo día siguiente al vencimiento del lapso probatorio

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En este mismo orden de ideas, el artículo 347 ejusdem, señala.

Si faltare el demandado al emplazamiento, se le tendrá por confeso como se indica en el artículo 362, y no se le admitirá después la promoción de las cuestiones previas ni la contestación de la demanda, con excepción de la falta de jurisdicción, la incompetencia y la litispendencia, que pueden ser promovidas como se indica en los artículos 59, 60 y 61 de este Código.

Igualmente, nos indica el Artículo 362 ejusdem:

Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.

Por lo expuesto, siendo que efectivamente la parte demandada promovió pruebas en la presente causa, es por lo que esta Juzgadora debe valorar las mismas y determinar si desvirtúan los hechos argumentados por el actor. Y ASÍ SE DECLARA.

Solicita respetuosamente se oficie al INDEPABIS con el objeto que remitan a este Despacho copia debidamente certificada del expediente signado con el número 699, llevado por esa institución y que guarda estricta relación con la denuncia interpuesta por la parte demandante en fecha quince (15) de noviembre de dos mil ocho (2008), dado el incumplimiento del contrato por parte del arquitecto C.J.A.P.. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora luego de la revisión de las actas procesales, observa que en fecha siete (7) de abril de dos mil diez (2010), se dio por recibido oficio emanado de INDEPABIS, agregado al folio doscientos ochenta y cinco (285). En consecuencia, esta Juzgadora aprecia y le otorga pleno valor probatorio al oficio remitido con la totalidad de sus anexos, esto de conformidad con lo previsto en el artículo 1.357 del Código Civil y artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.

Ratifica en todas y cada una de sus partes toda la documentación anexa al escrito libelar (sic), haciendo mayor énfasis en la comunicación fechada doce (12) de marzo de dos mil ocho (2008), en la que se puede evidenciar como fecha estimada de inicio de construcción de la vivienda el veinticuatro (24) de marzo de dos mil ocho (2008), igualmente con fecha estimada de entrega catorce (14) semanas a partir de la fecha de inicio, por lo que el inmueble debía ser entregado aproximadamente para finales del mes de junio de dos mil ocho (2008). En atención a la referida prueba, esta Juzgadora de conformidad con lo previsto en los artículos 430 y 444 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y le otorga valor probatorio, por cuanto de la misma se evidencia plenamente la obligación contraída, aunado al hecho que tal instrumento no fue impugnado ni desconocido por la parte accionada. Y ASÍ SE DECLARA.

LA PARTE DEMANDADA PROMUEVE LAS SIGUIENTES PRUEBAS:

Promueve el valor y mérito jurídico probatorio del Contrato de Opción de Compra Venta, presentado junto al libelo de demanda, con el objeto de demostrar que la parte demandante miente descaradamente en el proceso, puesto que desde que se firmó la negociación fueron ellos los que siempre incumplieron el contrato y los acuerdos subsiguientes. Según se convino en dicho contrato de fecha cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006), la forma de pago fue incumplida. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y le otorga valor probatorio en lo que respecta a que del instrumento en cuestión se evidencia la obligación asumida por los aquí justiciables; sin embargo, en relación a su incumplimiento, se determinará en lo sucesivo. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico de la Constancia emanada de la empresa Aguas de Ejido y plano de toma, con el objeto de demostrar que con colaboración de la empresa señalada se construyó el colector principal de aguas negras. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora la aprecia y le otorga valor probatorio, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 510 de la N.C.A.. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico del convenio suscrito por los aquí justiciables en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil siete (2007), donde se acordó aumentar el valor del inmueble a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLIVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs.83.246,50), así como el convenio suscrito en fecha diez (10) de julio de dos mil ocho (2008), incrementando el valor del inmueble en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.150.000,00), del cual, restando los montos abonados por los demandantes, restaba la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.90.000,00). En atención a la referidas pruebas, esta Juzgadora de conformidad con lo regido en los artículo 430 y 444 del Código de Procedimiento Civil, las aprecia y les otorga valor probatorio, por cuanto de las mismas se evidencia los convenios celebrados de mutuo y libre consentimiento entre las partes, lo que los obliga de conformidad con el artículo 1.159 del Código Civil, aunado al hecho que no fueron impugnados ni desconocidos por la parte accionante. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico de la copia certificada del expediente número 699/08 llevado por la oficina del INDEPABIS, donde se observa un último convenio celebrado entre las partes en fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho (2008), ratificando éste el celebrado en fecha diez (10) de julio de dos mil ocho (2008), aceptando los términos y restando por pagar la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.90.000,00). En atención a la referida prueba, esta Juzgadora de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, la aprecia y les otorga valor probatorio, por cuanto de la misma se evidencia el último convenio celebrado de mutuo y libre consentimiento entre las partes, lo que los obliga de conformidad con el artículo 1.159 del Código Civil y el cual fuera asistido por el INDEPABIS. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve el valor y mérito jurídico de lo señalado por la parte accionante en su libelo de demanda, cuando admiten que efectivamente existe y existió retraso en los pagos acordados con la empresa, lo que ratifica su incumplimiento. En atención a la referida prueba y luego de la revisión del libelo de demanda, esta Juzgadora la aprecia y le otorga valor probatorio, esto de conformidad con lo señalado en el artículo 510 de la N.C.A.. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueven el valor y mérito jurídico de lo expuesto por los demandantes en su libelo de demanda, al indicar que ocuparon el inmueble objeto del contrato de opción a compra venta, a pesar que la cláusula segunda del mismo señala que el terreno objeto de la negociación es de exclusiva propiedad de la EMPRESA, para lo cual promueve el documento de propiedad del mismo. En atención a la referida prueba, esta Juzgadora la aprecia y le otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.

Promueve una serie de documentales referidas a las gestiones realizadas ante la Alcaldía del Municipio Campo Elías, así como ante la compañía hidrológica Aguas de Ejido y ante CORPOELEC, los cuáles de conformidad con lo señalado en el artículo 510 de la N.C.A., son apreciados y valorados. Y ASÍ SE DECLARA.

LLEGADA LA OPORTUNIDAD LEGAL PARA DICTAR SENTENCIA ESTE TRIBUNAL LO HACE EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

De la exhaustiva revisión y análisis de las actas procesales, se evidencia efectivamente que las parte intervinientes suscribieron un Contrato de Opción de Compra Venta, en fecha cuatro (4) de agosto de dos mil seis (2006) y otorgado ante la Notaría Pública de la Ciudad de Ejido, Estado Mérida, el cual tiene por objeto un inmueble constituido por un terreno y una casa para vivienda familiar construida en él, con las características señaladas en dicho documento, por la cantidad de SETENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES (Bs.75.000,00), por el cual se encuentran obligados entre sí de conformidad con lo establecido en los artículos 1.159, 1.160, 1.167, del Código Civil Venezolano vigente. Y ASÍ SE DECLARA.

Así mismo, de las actas procesales se desprende convenio suscrito por los aquí justiciables en fecha treinta y uno (31) de agosto de dos mil siete (2007), donde se acordó aumentar el valor del inmueble a la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs.83.246,50), así como el convenio suscrito en fecha diez (10) de julio de dos mil ocho (2008), incrementando el valor del inmueble en la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.150.000,00), del cual, restando los montos abonados por los demandantes, restaba la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.90.000,00), convenio este que fue ratificado ante el INDEPABIS, según acta de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil ocho (2008), suscrita por ambas partes, manifestando su conformidad. Y ASÍ SE DECLARA.

Igualmente, se desprende de las actas procesales, que la parte accionante, en su carácter de Promitente – Compradora, incumplió con los pagos establecidos en las fechas ya convenidas; siendo igualmente cierto el incumplimiento por parte de la empresa en el cronograma de avance de la obra. Y ASÍ SE DECLARA.

Ahora bien, siendo que la parte accionante ha abonado la cantidad de SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs.60.000,00), al precio de venta final convenido, es decir, la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs.150.000,00), restando por pagar la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.90.000,00), aunado el hecho de su insistencia en la adquisición del inmueble en cuestión, sin dejar de mencionar el incumplimiento contractual de ambas partes intervinientes, es por lo que resulta forzoso para esta Juzgadora declarar parcialmente con lugar la demanda intentada, en los términos como hará en lo sucesivo. Y ASÍ SE DECLARA.

CAPÍTULO III

DE LA DISPOSITIVA

En atención y consideración a las razones ya expuestas, es por lo que este JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA, incoada por los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., venezolano, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad número V 10.187.976 y V 10.532.578, respectivamente, domiciliados en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y civilmente hábiles, debidamente representados por la Abogada en ejercicio R.M.S.S., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V 8.012.553, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 106.658, domiciliada en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y jurídicamente hábil, contra la sociedad mercantil “MÓDULOS ANDINOS, C.A.” (MOACA), domiciliada en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida e inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, inicialmente con la denominación Construcciones Don Atilio, en fecha veintinueve (29) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), bajo el número 8, tomo A-3, representada por su Presidente, el ciudadano C.J.A.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V 8.011.044, domiciliado en la Ciudad de Mérida, Estado Mérida y civilmente hábil, representada judicialmente por los Abogado en ejercicio F.A.M.R. y J.L.R.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad número V 11.466.179 y V 8.031.771, respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo el número 80.933 y 90.649, en su orden del mismo domicilio y jurídicamente hábiles, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA E INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

En consecuencia, este Tribunal ordena a la parte demandada gestionar ante los organismos correspondientes el permiso de habitabilidad del inmueble en cuestión y una vez obtenido, proceder a efectuar la venta del mismo a los aquí demandantes, previo el pago del saldo restante, es decir, la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs.90.000,00).

Por la naturaleza del fallo, dada la falta de un vencimiento total, no se hace especial pronunciamiento respecto a las costas. Por cuanto la presente decisión se dicta fuera del lapso establecido en el artículo 890 de la N.C.A., es por lo que se ordena la notificación de las partes intervinientes o a sus Apoderados Judiciales con el objeto de ponerlos en conocimiento de la presente Sentencia, haciéndoles saber que una vez que conste en autos la última de las notificaciones, comenzará a transcurrir el lapso para interponer los recursos que consideren convenientes…”. (Las negritas, cursivas y subrayado son del texto copiado). (Corchete de este Juzgado).

IV

MOTIVACIÓN DEL

Planteada la presente controversia, cuyo reexamen ex novo fue sometido por vía de apelación al conocimiento de esta Superioridad en los términos que se dejaron sucintamente expuestos, la cuestión a dilucidar en esta Alzada consiste en determinar si el cumplimiento del contrato de obra y la indemnización de daños y perjuicios interpuesta por los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., contra la Sociedad Mercantil “MÓDULOS ANDINOS, C.A.” (MOACA), es procedente en derecho, y en tal sentido, deberá confirmar, revocar, anular o modificar la sentencia definitiva de fecha 11 de mayo de 2011, proferida por el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, a cuyo efecto este Tribunal observa:

Ahora bien, en virtud del recurso de apelación de que conoce esta Superioridad, interpuesto por la abogada en ejercicio R.M.S.S., en su condición de apoderada judicial de los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., contra la sentencia de fecha 11 de mayo de 2011, dictada por el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda incoada contra la Sociedad Mercantil “MÓDULOS ANDINOS, C.A.” (MOACA), representada por su Presidente, el ciudadano C.J.A.P., por Cumplimiento de Contrato de Obra e Indemnización de Daños y Perjuicios, en consecuencia, ordenó a la parte demandada gestionar por ante los organismos correspondientes el permiso de habitabilidad del inmueble en cuestión y una vez obtenido, procediera a efectuar la venta del mismo a los demandantes, previo el pago del saldo restante, es decir, la cantidad de noventa mil bolívares (Bs.90.000,00), no hizo pronunciamiento respecto a las costas y por cuanto la decisión se dictó fuera del lapso establecido en el artículo 890 del Código de Procedimiento Civil, ordenó la notificación de las partes o sus apoderados judiciales con el objeto de ejercieran los recursos que consideraran convenientes si fuera el caso, su conocimiento por distribución correspondió a esta Alzada y, dada la facultad de examinar el caso planteado, realiza las siguientes consideraciones:

Establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Artículo 82: Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénicas, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y el Estado en todos sus ámbitos.

El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas

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Contempla nuestro Código Civil:

Artículo 1.133: El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico

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Artículo 1.159: Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley

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Artículo 1.160: Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley

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Artículo 1.166: Los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes: no dañan ni aprovechan a los terceros, excepto en los casos establecidos por la Ley

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Artículo 1.167: En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello

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Artículo 1.264: Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención

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Artículo 1.271: El deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe

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Artículo 1.630: El contrato de obras es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo su dirección, mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle

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Artículo 1.638: Cuando un arquitecto o un empresario se han encargado de construir un edificio a destajo, conforme a un plano convenido con el propietario del suelo, no pueden pedir ningún aumento de precio, ni bajo pretexto de que el precio de la obra de mano o de los materiales ha aumentado, ni bajo pretexto de que se han hecho al plano cambios o aumentos, si esos cambios o aumentos no han sido autorizados por escrito y al precio convenido con el propietario

Ahora bien, procede esta Alzada a realizar el análisis del material probatorio aportado al proceso, a objeto de la determinación de la naturaleza de la relación contractual, en lo atinente al incumplimiento de la parte demandada.

Mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2010 (folio 114), la abogada R.M.S.S., en su condición de apoderada judicial de la parte actora, promovió las siguientes pruebas:

En el particular primero del referido escrito promovió el valor y mérito jurídico de todas las actuaciones que consten en autos y que les favorezca.

En este sentido considera este Juzgador Superior, que ésta promoción efectuada en forma genérica, sin señalamiento expreso y preciso de las actas del expediente, resulta inapreciable, en virtud que coloca a quien sentencia en la situación de indagar en todas y cada una de las actas procesales, para buscar circunstancias favorables a la parte promovente, criterio éste sentado por nuestro m.T. de la República, por cuanto las actas procesales no tienen carácter de pruebas, que en virtud del principio de la comunidad de la prueba, constituyen actuaciones propias del proceso, razón por la cual bajo ningún motivo, este Juzgador debe considerarlas como tal y en consecuencia, se abstiene de valorar la referida probanza. Y así se declara.

En el particular segundo del referido escrito promovió la confesión ficta del demandado, conforme lo previsto en los artículos 362 y 887 del Código de Procedimiento Civil.

Considera este Juzgador Superior, que ésta promoción resulta inapreciable, en virtud, que la institución procesal denominada confesión ficta no tiene carácter de prueba, pues determina los efectos o consecuencias jurídicas del demandado que no contesta, ni promueve nada a su favor, por el contrario, es considerada una defensa de fondo, cuando no se haya dado contestación a la demanda dentro de los lapsos legales, siempre y cuando no sea contraria a derecho la petición del demandante y si nada probare que le favorezca, en consecuencia este Juzgador, no le asigna eficacia probatoria alguna, razón por la cual, al no ser promovido un medio probatorio susceptible de valoración, esta Alzada considera improcedente valorar tal promoción. Y así se declara.

En el particular tercero del mencionado escrito solicitó se oficiara a INDEPABIS, a los fines de que remitiesen copia certificada del expediente signado con el Nº 699, que guarda relación con la denuncia interpuesta por los demandantes en fecha 15 de noviembre de 2008, por incumplimiento de contrato.

Obra al folio 286 del expediente, comunicación N° 062/2010, emanada de INDEPABIS de fecha 22 de marzo de 2010, mediante la cual remitió copia certificada de la denuncia signada con el N°699/08, de fecha 17 de noviembre de 2008, interpuesta por el ciudadano B.P.M., que obra a los folios 287 al 328 del expediente, al cual esta Superioridad le concede valor y mérito jurídico probatorio, en virtud de tratarse de un documento público administrativo emanado de autoridad competente, de conformidad con el artículo 1360 del Código Civil. Y así se declara.

En el particular cuarto promovió el valor y mérito jurídico de la comunicación de fecha 12 de marzo de 2008, de la cual se evidencia que la fecha estimada de inicio de la construcción de la vivienda era el 24 de marzo de 2008 y la fecha estimada de entrega era 14 semanas a partir de la fecha de inicio, vale decir, aproximadamente a finales del mes de junio de 2008, que obra a los folios 17 y 18 del expediente, a la cual este Juzgador le concede valor y mérito jurídico probatorio, en virtud de no haber sido impugnada por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Mediante diligencia de fecha 10 de marzo de 2010 (folio 119), los abogados J.R. y F.M., en su condición de apoderados judiciales de la parte demandada, consignaron el escrito de promoción de pruebas:

En el particular primero del referido escrito promovieron el valor y mérito jurídico del contrato de opción a compra venta autenticado por ante la Notaría Pública de Ejido, en fecha 04 de agosto de 2006, anotado bajo el N° 17, Tomo 21, de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Oficina, que obra a los folios 08, 09, 10 y 11 del expediente, al cual esta Superioridad le concede valor y mérito jurídico probatorio, en virtud de no haber sido impugnado ni tachado por el adversario en la oportunidad legal correspondiente, conforme lo establece el artículo 1380 del Código Civil y el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Asimismo, promovieron la constancia emanada de Aguas de Ejido y el Plano de la Toma, que obra a los folios 128 y 129 del expediente, a la cual esta Superioridad le concede valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de no haber sido impugnada por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente. Y así se declara.

Además promovieron los voucher de los depósitos efectuados por los demandantes en la Cuenta Bancaria de la Empresa demandada, el primero de fecha 10 de julio de 2008, por la cantidad de 6.000,00, el segundo de fecha 09 de julio de 2008, por la cantidad de 20.000,00, el tercero de fecha 26 de junio de 2008, por la cantidad de 4.000,00, el cuarto de fecha 15 de abril de 2008, por la cantidad de 1.500,00, el quinto de fecha 14 de abril de 2008, por la cantidad de 7.000,00, el sexto de fecha 10 de mayo de 2007, por la cantidad de 17.500,00 y el octavo de fecha 04 de agosto de 2006, por la cantidad de 4.000,00, que obran en copia simple a los folios 49, 50 y 51 del expediente, a los cuales esta Alzada les concede valor y mérito jurídico probatorio, en virtud de no haber sido impugnados por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Promovieron el acuerdo de fecha 31 de agosto de 2007, que establece como nuevo precio del inmueble la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CINCUENTA CÉNTIMOS (Bs. 83.246.50), que obra al folio 12 del expediente y al cual esta Alzada se abstiene de otorgar valor y mérito jurídico probatorio, en virtud que de la lectura del mismo se evidencia que carece de la firma del ciudadano B.E.P.M., en su condición de aceptante del referido incremento del costo del inmueble. Y así se declara.

Igualmente promovieron el segundo acuerdo de fecha 10 de julio de 2008, que establece como nuevo precio del inmueble la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,00), que luego de descontar los montos abonados por los demandantes quedaba restando la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 90.000,00), que obra a los folios 130 y 131 del expediente y al cual esta Alzada le concede valor y mérito jurídico probatorio, en virtud de no haber sido impugnado por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Promovieron copia certificada del expediente signado con el N° 699/08, llevado por INDEPABIS MÉRIDA, donde se firmó el último convenio en fecha 25 de noviembre de 2008, que ratificó el último acuerdo de fecha 10 de julio de 2008, que obra a los folios 287 al 328 del expediente, donde se evidencia que los demandantes aceptaron que quedaba restando por pagar la cantidad de NOVENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 90.000), al cual esta Superioridad le concede valor y mérito jurídico probatorio, en virtud de tratarse de un documento público administrativo emanado de autoridad competente, de conformidad con el artículo 1360 del Código Civil. Y así se declara.

En el particular segundo del referido escrito promovieron el valor y mérito jurídico de lo admitido por los demandantes en el escrito libelar cuando manifiestan, que si existe y existió retraso en el pago de los acuerdos pactados con la empresa, a lo cual esta Superioridad se abstiene de valorar, por cuanto tales argumentos constituyen la narrativa de la pretensión de los demandantes y no se encuentran enmarcados dentro de los medios probatorios establecidos por la Ley, conforme lo establece el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

En el particular tercero del referido escrito promovieron el valor y mérito jurídico de lo argumentado en el libelo de demanda, donde los demandantes admitieron que ocuparon el inmueble objeto del contrato que es de la exclusiva propiedad de la empresa constructora, a lo cual esta Superioridad se abstiene de valorar, por cuanto tales argumentos constituyen la narrativa de la pretensión de los demandantes y no se encuentran enmarcados dentro de los medios probatorios establecidos por la Ley, conforme lo establece el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara.

Promovió el documento de propiedad del terreno debidamente protocolizado por ante el Registro Público de la ciudad de Mérida, en fecha 08 de marzo de 2005, anotado bajo el Nº 10, Tomo 7, Primer Trimestre, que obra en copia simple a los folios 175 al 177 del expediente, al cual este Juzgador le otorga valor y mérito jurídico probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto la referida copia no fue impugnada por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente. Y así se declara.

Promovieron los trámites realizados por ante la Alcaldía del Municipio Campo Elías, tales como:

1) Notificación de fecha 30 de Marzo de 2005, realizada por “MOACA” a la Ingeniería Municipal, donde solicitó el uso conforme de la tierra, que obra en copia simple al folio 179 del expediente.

2) Notificación realizada a la Ingeniería Municipal, donde solicitó la aprobación del proyecto del urbanismo El Frutal, que obra en copia simple al folio 180 del expediente.

3) Notificación de fecha 13 de abril de 2005, emanada de la A.d.M.C.E., en la cual consta la Inspección que realizó la Alcaldía y donde le condiciona a la Empresa Constructora las variables urbanas fundamentales que debe presentar, que obra en copia simple a los folios 181 al 186 del expediente.

4) Autorización de fecha 18 de mayo de 2005, emanada de la Alcaldía del Municipio campo Elías, donde concede autorización para la tala de un árbol, la cual obra en copia simple al folio 187 del expediente.

5) Notificación de fecha 10 de noviembre de 2005, emanada de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, mediante la cual comunicó la aprobación del anteproyecto, que obra en copia simple a los folio 188 y 189 del expediente.

6) Proyecto del urbanismo El Frutal y dos planos, que obra en copia simple a los folios 190 al 204 del expediente.

7) Notificación de fecha 30 de agosto de 2006, emanada de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, referida a la renovación de las nuevas variables urbanas, que obra en copia simple a los folios 205 al 209 del expediente.

8) Permiso de construcción de fecha 30 de agosto de 2006, que otorgó la Alcaldía del Municipio Campo Elías, que obra a los folios 210 y 211 del expediente.

9) Carta de fecha 08 de septiembre de 2006, dirigida a la Dirección de Planificación Urbana, mediante la cual la Constructora solicitó la habitabilidad parcial para las dos primeras etapas del urbanismo, que obra en copia simple al folio 212 del expediente.

10) Notificación de fecha 29 de septiembre de 2006, emanada de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, mediante la cual solicitó los requisitos para otorgar el permiso de habitabilidad parcial, que obra en copia simple a los folios 213 y 214 del expediente.

11) Notificación de fecha 15 de marzo de 2007, emanada de la Alcaldía del Municipio campo Elías, donde se aprobó la Zonificación, que obra a los folios 215 y 216 del expediente.

12) Permiso de Construcción de fecha 04 de junio de 2007, otorgado de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, que obra en copia simple a los folios 217 y 218 del expediente.

De las actuaciones anteriormente mencionadas considera este Juzgador, que las mismas tienen valor y mérito jurídico probatorio, conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que no fueron impugnadas por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, y se tienen como fidedignas solo en lo que respecta a las gestiones realizadas por la empresa constructora para lograr la ejecución de la obra y obtener los permisos correspondientes. Y así se declara.

En canto a las actuaciones realizadas por ante la Compañía Hidrológica de Aguas de Ejido, se encuentran:

1) Carta de fecha 14 de marzo de 2005, solicitando la Prefactibilidad del Servicio de Aguas Negras y Blanca, que obra en copia simple al folio 219 del expediente.

2) Carta de fecha 1° de septiembre de 2006, mediante la cual la Empresa Aguas de Mérida, concedió la Prefactibilidad bajo ciertas condiciones, la cual obra en copia simple al folio 220 del expediente.

3) Carta de fecha 22 de enero de 2009, mediante la cual se solicitó la renovación de la factibilidad, que obra en copia simple al folio 221 del expediente.

4) Carta de fecha 23 de enero de 2009, mediante la cual la empresa constructora consignó 02 juegos de planos para el sellado, que obra en copia simple al folio 222 del expediente.

5) Notificación de fecha 13 de abril de 2009, mediante la cual Aguas de Ejido notificó a la empresa constructora, sobre la aprobación de las factibilidades, requiriendo presentar ciertos requisitos para su aprobación, que obra en copia simple al folio 223 del expediente.

6) Pago de servicios de fecha 15 de abril de 2009, donde se canceló el derecho de incorporación de aguas, que obra en copia simple al folio 224 del expediente.

7) Carta de fecha 06 de octubre de 2009, mediante la cual la empresa constructora solicitó la renovación de la factibilidad de aguas para el proyecto, que obra en copia simple al folio 226 del expediente.

8) Carta de fecha 24 de noviembre de 2009, mediante la cual la empresa constructora solicitó la prorroga para el mejoramiento del estanque, que obra en copia simple al folio 227 del expediente.

9) Carta de fecha 27 de noviembre de 2009, mediante la cual la empresa constructora solicitó el sellado de los Planos, que obra en copia simple al 228 del expediente.

En cuanto a las actuaciones anteriormente mencionadas considera quien decide, que las mismas tienen valor y mérito jurídico probatorio, conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que no fueron impugnadas por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, y se tienen como fidedignas solo en lo que respecta a las gestiones realizadas por la empresa constructora para lograr la ejecución de la obra y obtener los permisos correspondientes. Y así se declara.

Solicitaron se oficiara a la Compañía Hidrológica Aguas de Ejido, Alcaldía del Municipio Campo Elías, Ingeniería Municipal perteneciente a la Alcaldía del Municipio Campo Elías y CORPOELEC (Corporación Eléctrica Nacional), con la finalidad de que confirmen los motivos por los cuales no se ha emitido ni otorgado la permisología necesaria para la habitabilidad del urbanismo.

Al respecto observa este Juzgador de la revisión minuciosa del expediente, que no consta auto de admisión de pruebas mediante el cual, el Tribunal de la causa haya admitido la prueba de informes promovida por los apoderados judiciales de la parte demandada, a los fines de que se oficiara a la Compañía Hidrológica Aguas de Ejido, Alcaldía del Municipio Campo Elías, Ingeniería Municipal perteneciente a la Alcaldía del Municipio Campo Elías y Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional), con la finalidad de que confirmaran los motivos por los cuales no se había emitido ni otorgado la permisología necesaria para la habitabilidad del urbanismo, motivo éste por el cual se abstiene de emitir criterio de valoración respecto de la referida prueba. Y así se declara.

Promovieron el valor y mérito de las gestiones realizadas por ante CORPOELEC (Corporación Eléctrica Nacional), tales como:

1) Plano de Anteproyecto presentado a la Alcaldía del Municipio Campo Elías, en el año 2005, que obra en copia simple al folio 229 del expediente.

2) Notificación de fecha 25 de julio de 2006, dirigida a la empresa constructora, a los fines de informar sobre las factibilidades de servicio eléctrico, que obra en copia simple a los folios 230 al 234 del expediente.

3) Proyecto de distribución de energía eléctrica de fecha 27 de febrero de 2006, mediante el cual se comunicó la aprobación del proyecto eléctrico para el desarrollo del urbanismo El Frutal y solicitó las factibilidades de servicio eléctrico, que obra en copia simple a los folios 235 al 247 del expediente.

4) Carta de fecha 21 de mayo de 2007, enviada a la Dirección de Planificación Urbana, mediante la cual la empresa constructora solicitó el permiso para efectuar algunos cambios menores en las viviendas, que obra en copia simple al folio 248 del expediente.

5) Carta enviada por la empresa constructora a la Alcaldía del Municipio Campo Elías, comunicando la fecha de inicio de la obra, que obra en copia simple al folio 249 del expediente.

6) Carta de fecha 04 de febrero de 2009, enviada por la empresa constructora al Concejo Comunal, donde solicitó a la Mesa Técnica de Energía, el nuevo proyecto de distribución de Red Eléctrica, que obra en copia simple al folio 250 del expediente.

7) Proyecto de Mejoramiento de Servicio Eléctrico en Alta y Baja Tensión, Alumbrado Público de los Sectores de Manzano bajo, Medio, Calle Las Frutas, Ramal Panamericana de Ejido Municipio Campo E.d.E.M., que obra en copia simple a los folios 251 al 266 del expediente.

8) Comunicado de fecha 04 de febrero de 2009, dirigida al Cuerpo de Bomberos del Estado Mérida, que obra en copia simple al folio 267 del expediente.

9) Carta aval de fecha 10 de marzo de 2009, emanada del Concejo Comunal Rusosi XXI, mediante la cual avaló el permiso para el proyecto, que obra en copia simple al folio 268 del expediente.

10) Comunicado de fecha 04 de mayo de 2009, enviada por la empresa constructora a la Dirección de Planificación Urbana, Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, donde se denuncia la invasión de que fue objeto la vivienda, que obra en copia simple a los folios 269 y 270 del expediente.

11) Carta de fecha 18 de mayo de 2009, enviada por el Concejo Comunal Rusosi XXI, para solicitar la factibilidad de servicio para el Proyecto denominado Mejoramiento de Servicio Eléctrico de Alta y Baja Tensión, Alumbrado Público, que obra en copia simple al folio 271 del expediente.

12) Carta de fecha 17 de junio de 2009, dirigida por la empresa constructora al Concejo Comunal Rusosi XXI, mediante la cual realizó un recuento de todas las diligencias y reuniones hechas para el Proyecto de Red Eléctrica y la renovación de las factibilidades de agua, que obra en copia simple a los folios 272 y 273 del expediente.

13) Comunicado de fecha 18 de agosto de 2009, emanada del ciudadano Henry J Avendaño, Ingeniero Residente del Proyecto El Frutal, donde denunció por ante la Dirección de Planificación Urbana e Ingeniería Municipal, la Invasión de las casas eximiéndose de responsabilidades, que obra en copia simple al folio 274 del expediente.

14) Carta de fecha 03 de diciembre de 2009, dirigida por la empresa constructora a Corpoelec, a los fines de notificarle que una de las viviendas fue invadida, por lo cual se eximía de responsabilidad en la toma ilegal de electricidad, asimismo solicitó el contrato provisional de servicio para la obra en construcción, que obra en copia simple al folio 275 del expediente.

15) Comunicación de fecha 27 de noviembre de 2009, mediante la cual Corpoelec negó el contrato provisional y la factibilidad hasta la reubicación de las líneas de alta tensión, que en copia simple al folio 276 del expediente.

16) Carta de fecha 25 de noviembre de 2009, mediante la cual la empresa constructora solicitó a Cadafe, el contrato provisional de servicio, que obra en copia simple al folio 277 del expediente.

En este sentido considera esta Alzada, que las actuaciones anteriormente mencionadas tienen valor y mérito jurídico probatorio, conforme lo establece el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que no fueron impugnadas por la parte contraria en la oportunidad legal correspondiente, y se tienen como fidedignas solo en lo que respecta a las gestiones realizadas por la empresa constructora para lograr la ejecución de la obra y obtener los permisos correspondientes. Y así se declara.

Así las cosas, de la revisión exhaustiva del presente expediente observa esta Alzada, que mediante escrito presentado en fecha 15 de junio de 2009 (folios 01 al 07), por los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., debidamente asistidos por la abogada en ejercicio R.M.S.S., interpusieron formal demanda de cumplimiento de contrato de obra e indemnización de daños y perjuicios, contra la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., a los efectos que realizaran la entrega de la vivienda objeto del contrato suscrito en fecha 04 de agosto de 2006.

Ahora bien, se desprende del convenio fecha 25 de noviembre de 2008, suscrito por el ciudadano B.E.P.M. y el ciudadano C.J.A.P., en su condición de Representante de la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., por ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), que obra al folio 308 del expediente, lo siguiente:

“(Omissis):

…Hoy en Mérida, a los 25 días del mes de Noviembre de 2008, siendo las ___ __, compareció por ante el INDEPABIS, PREVIA NOTIFICACIÓN el (a) ciudadano (a) Arellano Perez [sic] C.J., venezolano (a), mayor de edad, titular de la cedula [sic] de identidad Nº V- 8.011.044, en su carácter de representante de la empresa denominada Constructora Modulos [sic] Andinos quien seguidamente expone: “En aras de solventar la situación interpuesta por el aqui [sic] denunciante solicito una prorroga [sic] de 30 dias [sic] contados a partir del dia [sic] de hoy para que se de el permiso de habitabilidad por parte de la alcaldia [sic] para poder entregar las viviendas en construcción, el credito [sic] sera [sic] gestionado por el denunciante, el Monto de adquisición del bien inmueble queda fijo sin mas incremento la entrega queda sujeta a la habitabilidad y pago total Es todo”. Por otra parte comparece el (a) ciudadano (a) Perez [sic] M.B.E., venezolano (a), mayor de edad, titular de la C.I. V-10.187.976 en su carácter de solicitante, quien seguidamente expone: “En este acto quedo conforme a la solución no mas incremento entrega de permiso de habitabilidad y entrega de la vivienda una vez que se me halla aprobado el credito [sic] para la cancelación total de el faltante es decir el equivalente a 90.000 Bs una vez cumplido con todo lo Expuesto se notificara [sic] a esta coordinación para que de pueda cumplir con lo convenido. Es todo. Terminó y conforme firman…”. (Corchetes de este Juzgado).

Considera este Sentenciador, del análisis que realiza al convenio de fecha 25 de noviembre de 2008, suscrito por el ciudadano B.E.P.M. y el ciudadano C.J.A.P., en su condición de Representante de la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., por ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), que ambas partes asumieron recíprocas obligaciones en aras de solventar la problemática planteada en la compra venta del inmueble de autos.

En este sentido se puede evidenciar del referido convenio, que el ciudadano C.J.A.P., en su condición de Representante de la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., solicitó una prórroga de 30 días contados a partir de esa fecha para obtener los permisos de habitabilidad por parte de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, a los fines de hacer entrega del inmueble en construcción, hecho lo cual, el demandante debía gestionar el crédito hipotecario para la cancelación del saldo restante correspondiente a la cantidad de noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00), sin más incrementos de parte de la constructora demandada y a su vez el ciudadano B.E.P.M., aceptó conforme los términos en que se planteó el convenio.

Ahora bien se observa, que el ciudadano C.J.A.P., en su condición de Representante de la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., incumplió el convenio de fecha 25 de noviembre de 2008, celebrado por ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), referido a la prórroga de 30 días para obtener los permisos de habitabilidad por parte de la Alcaldía del Municipio Campo Elías, a los fines de hacer entrega del inmueble en construcción, además de observarse a los folios 17 y 18 del expediente, que mediante comunicación de fecha 12 de marzo de 2008, la empresa demandada manifestó al demandante, que el inicio de la construcción era para el 24 de marzo de 2008 y que catorce (14) semanas después era la fecha estimada de la entrega de la vivienda, vale decir, para finales del mes de junio de 2008, aproximadamente, razón por la cual ante el señalado incumplimiento, los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., procedieron a demandar judicialmente a la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., en fecha 15 de junio de 2009.

Por otro lado se observa, que en fecha 15 de junio de 2009, los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., procedieron a demandar judicialmente a la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., por cumplimiento del contrato de obra celebrado en fecha 04 de agosto de 2006, en cual se establece como precio del inmueble la cantidad de setenta y cinco mil bolívares fuertes (Bs. 75.000,00).

No obstante, se evidencia que mediante comunicación de fecha 10 de julio de 2008 (folio 19), la empresa demandada hizo del conocimiento al demandante, que el valor del inmueble tenía un incremento económico, en virtud del incumplimiento en la cancelación del 30% del costo neto de la vivienda vencido para el 30 de abril de 2008 y que por tal razón el valor del inmueble quedaba en ciento cincuenta bolívares fuertes (Bs. 150.000,00), no sujeto a modificación, refiriendo que el demandante había cancelado a esa fecha sesenta mil bolívares fuertes (Bs. 60.000,00), quedando como saldo restante la cantidad de noventa mil bolívares fuertes (Bs. 90.000,00), lo cual fue tácitamente aceptado por el demandante, en razón de encontrarse estampada firma del ciudadano B.E.P.M. en la misma, aunado al hecho, que en el convenio de fecha 25 de noviembre de 2008 (folio 308), celebrado por ante el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), igualmente aceptó conforme que quedaba como saldo restante la cantidad de noventa mil bolívares fuertes (Bs. 90.000,00).

Se evidencia a los folios 60 al 63 del expediente, que los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., depositaron por ante la entidad bancaria Banesco Banco Universal C.A., en la cuenta perteneciente a la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., signada con el número 0134-0030-06-0301019947, la cantidad de cuatro mil bolívares fuertes (Bs. 4.000,00) en fecha 04 de agosto de 2006, diecisiete mil quinientos bolívares fuertes (Bs. 17.500,00) en fecha 10 de mayo de 2007, siete mil bolívares fuertes (Bs. 7.000,00) en fecha 14 de abril de 2008, mil quinientos bolívares fuertes (Bs. 1.500,00) en fecha 15 de abril de 2008, cuatro mil bolívares fuertes (Bs. 4.000,00) en fecha 26 de junio de 2008, veinte mil bolívares fuertes (Bs. 20.000,00) en fecha 09 de julio de 2008 y seis mil bolívares fuertes (Bs. 6.000,00) en fecha 10 de julio de 2008, para un total de sesenta mil bolívares fuertes (Bs. 60.000,00), verificándose el incumplimiento del contrato de obra celebrado en fecha 04 de agosto de 2006 (folios 08 al 11), que en su cláusula cuarta establece la entrega de veinte mil bolívares fuertes (Bs. 20.000,00), de la siguiente manera: al momento de la firma contrato la cantidad de cinco mil bolívares fuertes (Bs. 5.000,00), verificándose sólo el pago de cuatro mil bolívares fuertes (Bs. 4.000,00) y cuarenta y cinco (45) días después debían cancelar la cantidad de quince mil bolívares fuertes (Bs. 15.000,00), verificándose el pago diecisiete mil quinientos bolívares fuertes (Bs. 17.500,00) en fecha 10 de mayo de 2007, vale decir, pasados con creces los cuarenta y cinco días contemplados en el referido contrato.

De los razonamientos anteriormente realizados se desprende, que el incumplimiento del contrato de obra de fecha 04 de agosto de 2006, cuya pretensión ha sido interpuesta por los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., contra la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., es imputable a ambas partes, en razón que los demandantes no cumplieron con la carga asumida referida al pago oportuno del monto convenido como precio del inmueble objeto del mismo y por su parte la empresa demandada igualmente incumplió su parte, al no realizar la entrega de la vivienda en el lapso de tiempo acordado. Y así se decide.

Ahora bien observa esta Superioridad, que la sentencia proferida en fecha 11 de mayo de 2011, dictada por el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, no emitió pronunciamiento alguno respecto de la indemnización de daños y perjuicios reclamados por la parte actora en virtud del incumplimiento en la relación contractual a que se refiere la presente controversia, razón por la cual de seguidas este Juzgado pasa a emitir pronunciamiento expreso al respecto:

El artículo 340 del Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 340: El libelo de la demanda deberá expresar:

1º La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda.

2º El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene.

3º Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro.

4º El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores o distintivos, si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales.

5º La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones.

6º Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquellos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.

7º Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas.

8º El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder.

9º La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174

. (Negrillas de este Juzgado).

Ahora bien, encontramos que en nuestro sistema civil necesariamente la parte interesada debe traer a los autos, elementos probatorios que demuestren fehaciente la base fáctica de sus argumentos, tal y como lo consagra los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil.

En tal sentido, dentro de los principios que rigen la indemnización de daños y perjuicios, se encuentra, que la víctima debe demostrar tanto el daño como su cuantía y el juez puede determinar o fijar la cuantía del daño, mediante una experticia complementaria, sólo cuando haya sido solicitado la parte actora en el libelo o cuando la existencia del daño ha sido probada.

Así pues, el actor debe en su libelo señalar el daño y sus causas, igualmente debe señalar que se trata de daños que hacen procedente la responsabilidad civil y en caso de que sean varias las causas, es necesario discriminar cada una para calificar correctamente su actitud al producir el daño.

Además, encontramos la relación de causalidad que constituye un requisito sine qua non para la determinación de la extensión del daño, su alcance y los límites de la obligación de reparar, con la finalidad de preservar la igualdad procesal de las partes, en virtud que el objeto de la demanda por daños y perjuicios, es el reclamo de una suma equivalente a los perjuicios ocasionados, requiriendo que el demandado conozca detalladamente cada daño sufrido y cada perjuicios que se pretende y que fueron ocasionados por él.

Encontramos, que mediante sentencia N° 1279, de fecha 23 de octubre de 2002, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, en el expediente N° 01-0941, consideró en cuanto al reclamo de los daños y perjuicios lo siguiente:

(Omissis):

…V

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Vistas las cuestiones previas opuestas por la representación judicial de la Alcaldía del Municipio J.E.L.d.E.Z. y el escrito de contestación a las mismas por parte de la sociedad mercantil demandante, pasa la Sala a decidir en los siguientes términos:

1.- Por lo que se refiere al alegato de la cuestión previa del ordinal 11 del artículo 346, relativa a la prohibición de la Ley para admitir la acción propuesta por considerar el oponente que esta Sala no es la competente para conocer de la demanda intentada, se advierte que tanto la doctrina como la jurisprudencia de la Sala han señalado como características esenciales de los contratos administrativos: que una de las partes sea un ente público; la finalidad de utilidad de servicio público en el contrato; y como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas exorbitantes de la Administración en dichos contratos, aun cuando no se encuentren expresamente indicadas tales características en el texto de los mismos.

En el caso de autos se observa que se encuentran satisfechas las referidas características esenciales de los contratos administrativos. En efecto, una de las partes es un ente público, en este caso el Municipio J.E.L.d.E.Z.; los contratos objeto de la pretensión que origina la presente demanda tenían por finalidad la prestación de un servicio por parte de la sociedad mercantil demandante, como es el procesamiento contable del referido Municipio, el cual reviste carácter público por encontrarse involucrado el interés del colectivo en el manejo de las finanzas municipales; y como consecuencia de lo anterior, se entiende la presencia de ciertas prerrogativas exorbitantes de la Administración en dichos contratos, aun cuando no se encuentren expresamente indicadas tales características en el texto de los mismos.

Así, el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone lo siguiente:

Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más Alto Tribunal de la República:

14.- Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades

.

En este sentido, corresponde a la Sala conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades, y comprobada como ha sido la existencia de una demanda contra la Alcaldía del Municipio J.E.L.d.E.Z., por incumplimiento de un contrato administrativo, debe entonces aplicarse la regla atributiva de competencia, contenida en el referido ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, según la cual es competencia de esta Sala Político-Administrativa conocer de la presente causa, por tanto, resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar la cuestión previa opuesta por la representación judicial de la parte demandada, contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referida a la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta. Así se declara.

2.- En cuanto a la oposición de la cuestión previa contenida en el ordinal 6º del artículo 346, referida al defecto de forma en la demanda por no haberse especificado en el escrito de demanda los montos de las costas procesales y de los honorarios profesionales resultantes de la presente acción, así como, los daños y perjuicios reclamados; en primer lugar se advierte, en cuanto a la reclamación de las costas procesales y honorarios profesionales, que contrariamente a lo señalado por la representación judicial del municipio demandado al referir que no se indicó el monto de los mismos “creando incertidumbre en la fijación del monto de su pretensión”, no corresponde a la parte demandante la carga de cuantificar el monto de las costas procesales, pues la imposición de las mismas constituye una determinación que el juez debe establecer en el fallo, conforme al resultado del proceso al haber vencimiento total, no existiendo posibilidad de condena previa, implícita o sobreentendida, indicada en su cuantía por las partes.

Respecto a la falta de estimación de los daños y perjuicios reclamados, estima la Sala que efectivamente el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, ordena que en el libelo de la demanda, cuando es reclamada la indemnización de daños y perjuicios, la parte actora debe indicar la especificación de estos y sus causas; sin embargo, se advierte que la norma referida nada indica con relación a la existencia de alguna formalidad especial a tales fines.

De tal manera que para la Sala la obligación contenida en el ordinal 7º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, no está referida a una necesaria e indispensable cuantificación de los daños y perjuicios que puedan reclamarse, sino que debe entenderse como una narración de las situaciones fácticas que constituyen el fundamento para el resarcimiento; y así lo ha establecido esta misma Sala en sentencias anteriores (al efecto ver sentencia Nº 1.391 de fecha 15 de junio del 2000). En tal sentido, la especificación de los daños y sus causas exige las explicaciones indispensables para que el demandado conozca la pretensión resarcitoria del actor en todos sus aspectos.

Pero, la especificación de los daños y sus causas no están referidos a la cuantificación de los daños, toda vez que conforme al artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, la estimación puede realizarse a través de una experticia complementaria del fallo, en caso que los daños no pudieran ser estimados por el Juez.

Ahora bien, la lectura del escrito de demanda revela que contrariamente a lo afirmado por la representación de la parte demandada, los daños y perjuicios reclamados se encuentran suficientemente determinados al indicar, la parte actora, que éstos se produjeron por el incumplimiento en el pago de los contratos suscritos lo cual ocasionó el atraso en el pago de los trabajadores y la pérdidas de equipos de computación, dando cumplimiento a las exigencias del artículo 340 ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil; por tanto resulta forzoso declarar sin lugar la cuestión previa opuesta por defecto de forma de la demanda, prevista en el ordinal 6º del artículo 346 eiusdem . Así se declara.

V

DECISIÓN

En vista de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR las cuestiones previas opuestas por la representación judicial de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO J.E.L.D.E.Z., contenidas en los ordinales 11 y 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, referidas a la prohibición de la Ley de admitir la acción propuesta y el defecto de forma de la demanda por no cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 340 eiusdem.

Se condena en costas a la parte demandada conforme a las previsiones de los artículos 357, 274 y 287 del Código de Procedimiento Civil, así como el artículo 105 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal…”.

En acatamiento al dispositivo legal y la sentencia emanada de nuestro más alto Tribunal ut supra transcritos se observa, que los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., al interponer la demanda por cumplimiento de contrato de obra e indemnización de daños y perjuicios contra la Empresa Mercantil MÓDULOS ANDINOS, C.A., no cumplió con los requisitos de procedencia para la acción indemnizatoria, en virtud que al demandar la indemnización de daños y perjuicios, lo hizo de manera genérica sin señalar de manera pormenorizada cuáles fueron los daños y cuáles fueron los gastos ocasionados por el incumplimiento del contrato de obra, conforme lo establece el ordinal 7° del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y así se decide.

Igualmente, los ciudadanos B.E.P.M. y M.D.L.Á.D.S.D.R., en la oportunidad legal para promover pruebas, no aportaron elementos suficientes tendientes a la demostración de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato de obra, tales como, el contrato de arrendamiento de la vivienda -que según su decir- ocupa en calidad de arrendatario, el documento de venta del vehículo Malibú -que señala haber vendido- o algún medio de prueba que demuestre el requerimiento de préstamo de dinero para cumplir con sus obligaciones contractuales, a los fines de que quien aquí decide forme su criterio, por lo que considera esta Superioridad, que la pretensión de indemnización de daños y perjuicios queda desestimada conforme lo establece el artículo 1354 del Código Civil. Y así se decide.

En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado considera que el recurso ejercido por el actor debe ser declarado parcialmente con lugar y en consecuencia, la sentencia proferida en de fecha 11 de mayo de 2011, dictada por el Juzgado Tercero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, deberà igualmente ser modificada, en lo que respecta a la omisión de pronunciamiento referente a la pretensión de indemnización de daños y perjuicios reclamados por la parte actora. Y así se decide.

DISPOSITIVO

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circuns¬cripción Judicial del Estado Mérida, actuando en sede civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autori¬dad de la Ley, dicta sen¬tencia en los términos siguientes: