Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 28 de Septiembre de 2012

Exp. Nº AP71-S-2012-000014

Solicitud Exequátur Civil

Sentencia de Fondo

Concede Fuerza Ejecutoria/ “D”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS

Vistos

, con sus antecedentes.

1. IDENTIFICACION DE LAS PARTES.-

   SOLICITANTES: BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, venezolana y alemán, domiciliados en Barcelona, España, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-17.297.484 y E-81.390.473, respectivamente.

   APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE SOLICITANTE: A.N.G., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, abogado en ejercicio, titular de la cédula de identidad Nº V-639.842, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 10.870.

   MOTIVO: SOLICITUD DE EXEQUATUR.

2. DE LA PRETENSIÓN.-

   Mediante escrito presentado en fecha 1º de junio de 2012, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el abogado A.N.G., venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº V-639.842 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 10.870, actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, mayores de edad, domiciliados en Barcelona, España, y titulares de la cedula de identidad Nos. V.-17.297.484 y E.-81.390.473, solicitó mediante el procedimiento de exequátur, para su eficacia y fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, se le conceda el pase a la sentencia de divorcio Nº 220/04, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, el primero (1º) de diciembre de dos mil cuatro (2004), que estimó la demanda de divorcio formulada por Boriana Valentinova Stoytcheva con el consentimiento de A.D. Döerken, representados por el Procurador de los Tribunales J.N.B. y defendidos por I.S.R.; declaró el Divorcio Conyugal del matrimonio celebrado el día 07/08/1996 con todos los efectos legales inherentes a este pronunciamiento, y aprobó su Convenio Regulador de fecha 10/09/04.

3. DE LAS ACTUACIONES EN ESTA INSTANCIA.-

   Cumplida la distribución legal, correspondió el conocimiento de la solicitud de Exequátur al Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que por auto del 13 de junio de 2012, la dio por recibida, entrada y, mediante acta de la misma fecha, el Dr. A.J.C.E., se inhibió de su conocimiento, conforme al ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil.

   Mediante auto del 22 de junio de 2012, el referido juzgado declaró vencido el lapso de allanamiento y ordenó la remisión de las actuaciones a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, bajo oficio Nº 12-0190, de esa misma fecha.

   Cumplida la distribución legal, correspondió el conocimiento de la solicitud de Exequatur a este tribunal, que por auto de fecha 06 de julio de 2012, la dio por recibida asignándole el número de causa AP71-S-2012-000014, de la nomenclatura llevada por este despacho; se admitió la solicitud de exequatur planteada, conforme lo establecido en los artículos 53 y siguientes de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con los artículos 852 y 856 del Código de Procedimiento Civil, ordenando su trámite, para lo cual ordenó la notificación del Fiscal del Ministerio Público, con la finalidad que emitiese su opinión al respecto, dentro de los diez (10) días de despacho, siguientes a la constancia en autos de su notificación, advirtiéndole que en el presente caso el exequátur, fue planteado conjuntamente por los sujetos procesales intervinientes en la solicitud de divorcio, cuya sentencia se pretende su pase en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, y su convenio regulador, quienes se encuentran representados por el mismo apoderado judicial.

   Por actuación del 09 de julio de 2012, efectuada por el alguacil titular de este despacho, dejó constancia de haber recibido el oficio librado al Fiscal del Ministerio Público.

   En fecha 16 de julio de 2012, el abogado A.N.G., en su carácter de apoderado judicial de los solicitantes, consignó los fotostatos necesarios para la práctica de la notificación del Fiscal del Ministerio Público; los cuales fueron certificados, mediante actuación del 18 de julio de 2012.

   Mediante consignación de fecha 23 de julio de 2012, efectuada por el alguacil titular de este despacho, se dejó constancia en el expediente de la entrega del oficio librado al Fiscal del Ministerio Publico.

   Mediante escrito de fecha 27 de julio de 2012, la abogada G.G.M., en su carácter de Fiscal Nonagésima Primera (E) del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, consignó escrito mediante el cual emitió opinión fiscal, en los términos que sigue:

   …revisadas las actas procesales que cursan en la solicitud de Exequatur de la Sentencia de Divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Espulgues de Llobregat, España, en fecha 1º de Diciembre de 2004 que declaró disuelto el vínculo conyugal de los ciudadanos D.V.S. y A.D.D., plenamente identificados en autos, presentada por el abogado A.N.G. en su su carácter de apoderado judicial de las partes interesadas, me doy por notificada, en tal sentido y visto que la presente solicitud cumple con los requisitos previstos en los artículos 850 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 53 de la Ley del Derecho Internacional Privado emito OPINIÓN FAVORABLE a los fines que ese d.J. conceda Fuerza Ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela de la Sentencia de Divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Espulgues de Llobregat, España…

   .

   Por providencia de fecha 21 de septiembre de 2012, con vista que la presente solicitud, fue presentada por los dos sujetos procesales que involucra el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, que acordó el divorcio de mutuo acuerdo, siendo inoficioso proceder a la citación de rigor, tal como lo provee el artículo 853 del Código de Procedimiento Civil, dado los términos en que fue planteada y la petición expresa de ambos que se conceda el pase y se tenga como autoridad de cosa juzgada en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, aunado al hecho que constan los elementos de juicio necesarios para la verificaron de las exigencias legales previstas en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado y ante la no objeción de la solicitud por la representante de la vindicta pública, de conformidad con los artículos 855, 7 y 521 del Código de Procedimiento Civil, no considerándose procedente disponer de la evacuación de ningún otro medio probatorio, este despacho acordó resolver de mero derecho el asunto sometido a su conocimiento; en consecuencia, se fijó el lapso de sesenta (60) días continuos a partir de la referida fecha, para proferir el fallo correspondiente.

   Encontrándose la causa en dicha oportunidad, este tribunal procede a pronunciarse previo a las siguientes consideraciones:

   IV.-MOTIVACION PARA DECIDIR.-

   I

   DE LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL SUPERIOR

   Para determinar a quién corresponde el conocimiento de la causa, observa quién suscribe que se trata de una solicitud de exequátur de la sentencia de divorcio Nº 220/04, recaída en fecha 1º de diciembre de 2004, en el procedimiento Nº 514/2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, que estimó la demanda de divorcio formulada por BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA con el consentimiento de A.D. DÖERKEN, representados por el Procurador de los Tribunales J.N.B., y defendidos por I.S.R.; declaró el divorcio conyugal del matrimonio celebrado el 07/08/1996, con todos los efectos legales inherentes a este procedimiento; y, aprobó su convenio regulador.

   Ahora bien, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, el 06 de febrero de 1999, las normas del Código de Procedimiento Civil, que regulaban este aspecto quedaron parcialmente derogadas. En efecto, los requisitos de fondo para la eficacia de los actos emanados de las autoridades extranjeras se encuentran previstos en el Capítulo Décimo, artículos 53 al 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En cuanto a la tramitación del exequátur, esto es, su aspecto adjetivo, se encuentra regulado en los artículos 852 al 856 del Código de Procedimiento Civil.

   Siendo ello así, debe atenderse a lo previsto en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, la referida norma dispone lo siguiente:

   Artículo 856: “El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables”.

   En línea con lo expuesto, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en reiterada Jurisprudencia, de la Sala Político Administrativa, de fecha 14 de octubre de 1999 y 6 de agosto de 1997, que lo relevante para calificar a un asunto como no contencioso es lo que a continuación se expresa: “... no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las ‘partes’ en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte ‘condenatoria’ o ‘absolutoria’ de una de ellas…” (SPA, 06 de agosto de 1997, caso: Nací Y.M.C. vs. Horst Herrmann)”.

   En razón de esta disposición, los Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no contencioso. Es en este último aspecto, donde se observa que la disolución del matrimonio declarado por la sentencia Nº 220/04, dictada el 1º de diciembre de 2004, por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo, Nº 514/2004, que aprobó el convenio regulador suscrito entre los solicitantes, es de naturaleza no contenciosa, al iniciarse por ambos cónyuges previo a un convenio regulador, que dio lugar a dicha sentencia, siendo entonces el caso que nos ocupa evidentemente de carácter no contencioso, en consecuencia esté tribunal Superior se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur. Así se establece.

   II

   DE LA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR.-

   El abogado A.N.G., en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, mediante escrito fechado 1º de junio de 2012, presentado por ante La Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, solicita se decrete el pase en autoridad de cosa juzgada a la sentencia Nº 220/04, dictada en fecha 1º de diciembre de 2004, por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio contraído civilmente entre las partes, en fecha 07 de agosto de 1996, por ante el Jefe Civil del Municipio Foraneo L.M.d.D.S.d.E.M., de la República Bolivariana de Venezuela, así como la aprobación de su convenio regulador; a través del procedimiento de exequátur establecido en los artículos 850 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

   III

   DE LA OPINION DEL MINISTERIO PÚBLICO.-

   La representante de la vindicta pública, abogada G.G.M., Fiscal Nonagésimo Primera (E) del Ministerio Público del Distrito Metropolitana de Caracas, mediante escrito de fecha 27 de julio de 2012, sostuvo opinión favorable con respecto a la solicitud de exequátur de la sentencia extranjera la cual se solicita su pase en el territorio venezolano, en los términos siguientes:

   …revisadas las actas procesales que cursan en la solicitud de Exequatur de la Sentencia de Divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Espulgues de Llobregat, España, en fecha 1º de Diciembre de 2004 que declaró disuelto el vínculo conyugal de los ciudadanos D.V.S. y A.D.D., plenamente identificados en autos, presentada por el abogado A.N.G. en su su carácter de apoderado judicial de las partes interesadas, me doy por notificada, en tal sentido y visto que la presente solicitud cumple con los requisitos previstos en los artículos 850 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y 53 de la Ley del Derecho Internacional Privado emito OPINIÓN FAVORABLE a los fines que ese d.J. conceda Fuerza Ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela de la Sentencia de Divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Espulgues de Llobregat, España…

   .

   IV

   DEL FONDO DE LA SOLICITUD.-

   Dado los términos en que se desenvolvió el presente procedimiento no queda más que evaluar a este sentenciador a la luz de las exigencias de la Ley de Derecho Internacional Privado, si la solicitud de exequátur planteada sobre la sentencia Nº 220/04, recaída en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo Nº 514/2004, dictada en fecha 1º de diciembre de 2004, por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio contraído civilmente por los ciudadanos BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, en fecha 7 de agosto de 1996, por ante el Jefe Civil del Municipio Foráneo L.M.d.D.S.d.E.M., de la República Bolivariana de Venezuela, aprobando el convenio regulador formulado por los solicitantes; cumple con los extremos legales exigidos para concederle fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, en tal sentido se observa:

   El exequátur es el procedimiento especial mediante el cual se tramita la solicitud de ampliación de los efectos de la cosa juzgada y ejecución de las sentencias definitivamente firmes en materia privada dictadas en el extranjero, a fin de que surtan efecto en el territorio del país ante el cual se quieren hacer valer tales decisiones. Ese trámite conlleva una revisión de forma, más no de fondo, limitándose a reconocer la sentencia dictada en el exterior, para que una vez reconocida, sea ejecutada conforme al procedimiento previsto en la legislación interna. Toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del m.d.D.P.C.I., por lo que para su decisión debe atenderse a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado, establecida en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, la cual contrae:

   ...Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados...

   .

   De acuerdo con lo dispuesto en la citada norma, en primer lugar deben aplicarse las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en la República Bolivariana de Venezuela; en segundo lugar, las normas de derecho internacional privado; en tercer lugar, se aplica la analogía, y en defecto de todo lo anterior, deben ser aplicados los principios generales del derecho generalmente aceptados.

   En el caso de autos, se ha solicitado que a través del procedimiento de exequátur se declare el pase en autoridad de cosa juzgada en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de Divorcio Nº 220/04, en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo 514/2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat -España, de fecha 1º de diciembre de 2004, país con el cual la República Bolivariana de Venezuela, no ha celebrado tratado público alguno en materia de reconocimiento y la ejecución de sentencias de divorcio, por tal motivo, tomando en cuenta la jerarquía de las fuentes, son aplicables las normas de derecho internacional privado venezolano. Así se establece.

   Así pues, corresponde a este tribunal examinar exhaustivamente, si están dados los requisitos para la eficacia de las sentencias extranjeras, establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.

   En este orden de ideas, se observa que la Ley de Derecho Internacional Privado, consagra en su Capítulo X, las disposiciones concernientes a la eficacia de las sentencias extranjeras, estableciendo en el artículo 53, derogatorio parcialmente de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, los cuales son:

   ...1.- Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones privadas;

   2.- Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;

   3.- Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la Jurisdicción para conocer del negocio;

   4.- Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de esta Ley;

   5.- Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;

   6.- Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera...

   Visto el contenido de la norma transcrita y examinadas como han sido las actas procesales que componen el presente expediente, en especial la sentencia objeto de la solicitud de exequátur, este tribunal pasa a evaluar si en la presente solicitud han quedado acreditados plenamente todos los extremos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, así como, si la sentencia analizada no contraría preceptos del orden público venezolano, y al efecto observa:

   1. - QUE DICHA SENTENCIA HAYA SIDO DICTADA EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL O, EN GENERAL, EN MATERIA DE RELACIONES PRIVADAS: En efecto, de las actas se constata que la decisión extranjera, versa sobre una pretensión correspondiente al campo del derecho privado, como lo es el divorcio, cuya regulación corresponde al derecho civil. Así se establece.

   2. - QUE TENGA FUERZA DE COSA JUZGADA DE ACUERDO CON LA LEY DEL ESTADO EN EL CUAL HAN SIDO PRONUNCIADA: En relación con este requisito debe señalarse que la sentencia cuyo pase se pretende tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo a la ley del Estado en el cual ha sido pronunciada, lo que se constató del cuerpo y dispositivo del fallo cuyo pase solicita donde se dejo expresado:

      Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

      Comuníquese al Registro Civil donde conste inscrito el matrimonio para que proceda a la oportuna inscripción marginal.

      Llévese esta resolución al libro de sentencias y autos definitivos y déjese testimonio en las actuaciones.

      Así por esta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo (…).

      (…) PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido leída y publicada por la Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia privada, en el día de la fecha, de lo que doy fé (…)

      (Negrita y subrayado del tribunal)

      En consecuencia, este tribunal estima cumplido el requisito que exige que la sentencia cuyo pase legal se solicita tenga el carácter de cosa juzgada.

   3. - QUE NO VERSEN SOBRE DERECHOS REALES RESPECTO A BIENES INMUEBLES SITUADOS EN LA REPUBLICA O QUE NO SE HAYA ARREBATADO A VENEZUELA LA JURISDICCION EXCLUSIVA QUE LE CORRESPONDIERE PARA CONOCER DEL NEGOCIO: En la sentencia en cuestión, no se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva, por cuanto la controversia no versó sobre bienes inmuebles situados en el Territorio de la República; el requisito establecido a este respecto “... que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República...” está referido a la pretensión; es decir, que ésta hubiere tenido por objeto la propiedad u otro derecho real sobre bienes inmuebles situados en territorio venezolano. En el presente caso, no se sometió a la jurisdicción del tribunal extranjero el conocimiento de una pretensión encaminada a producir una decisión sobre derechos reales situados en Venezuela, ni se le arrebató la jurisdicción para conocer del negocio jurídico. Así se establece.

   4. - QUE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO SENTENCIADOR TENGAN JURISDICCION PARA CONOCER DE LA CAUSA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS GENERALES DE JURISDICCION CONSAGRADOS EN EL CAPITULO IX DE LA LEY ESPECIAL QUE RIGE LA MATERIA: El Juez de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, tenía jurisdicción para conocer de la causa, según los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de la Ley de Derecho Internacional Privado, toda vez que existía una vinculación de la causa con el Estado sentenciador (Domicilio de los cónyuges). A tal efecto, el artículo 42 de la Ley de Derecho Internacional Privado, establece los criterios atributivos de jurisdicción en materia de relaciones familiares y el estado civil, al expresar:

      …Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones sobre estado de las personas o las relaciones familiares:

      1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, para regir el fondo del litigio;

      2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con el territorio de la República…

      .

      La norma transcrita establece que el primer criterio atributivo de jurisdicción, es el paralelismo, es decir, tiene jurisdicción para conocer del asunto el tribunal del Estado cuyo derecho resulte aplicable al fondo de la controversia, lo cual en materia de divorcio se determina mediante el domicilio del demandante; y, el segundo se refiere a la sumisión tácita o expresa, que ocurre cuando las partes (cónyuges) se someten a la jurisdicción de otro Estado con el cual debe existir una vinculación efectiva del juicio.

      La Ley de Derecho Internacional Privado, para determinar el domicilio de la persona física en materia de divorcio establece, lo siguiente:

      …Artículo 11: El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual…

      .

      …Artículo 15: Las disposiciones de este capítulo se aplican siempre que esta Ley se refiera al domicilio de una persona física y, en general, cuando el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o la jurisdicción de los tribunales…

      .

      …Artículo 23: El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda…

      (Negrillas y subrayado del tribunal).

      De acuerdo con lo expuesto, el derecho aplicable para resolver el divorcio o la separación de cuerpos es el del domicilio de los accionantes y en el caso bajo estudio el domicilio de A.D.D., era Sant Just Desvern carrer la Plana nº 18, Urbanización Sabaté; y, para BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA, calle Doménech y Muntané nº 6, Esc. 7 Apto 2D, ambos domicilios ubicados en Esplugues de Llobregat, España, respectivamente, según se evidencia de lo expuesto en la solicitud de exequátur que nos ocupa, (Ver folio 18 del expediente, Copia del Convenio Regulador). Es por ello que se tiene por cumplido dicho requisito. Así se establece.

   5. - QUE EL DEMANDADO HAYA SIDO CITADO, CON TIEMPO SUFICIENTE PARA COMPARECER, Y QUE LE HAYAN OTORGADO EN GENERAL, LAS GARANTIAS PROCESALES QUE ASEGUREN UNA RAZONABLE DEFENSA: En lo atinente al presente supuesto, dirigido a garantizar el derecho a la defensa del demandado mediante la correcta citación, es menester para este tribunal indicar que de las actas que se acompañaron al expediente se aprecia que en todos los actos tendentes a la separación matrimonial fueron ejecutados de mutuo acuerdo por los ciudadanos BORIANA V.S. y A.D. DÖERKEN, inclusive el procedimiento se inicio con el convenio regulador suscrito por ambos ciudadanos, es por ello que se considera cumplido este requisito. Así se establece.

   6. - QUE NO SEAN INCOMPATIBLES CON SENTENCIA ANTERIOR QUE TENGA AUTORIDAD DE COSA JUZGADA; Y QUE NO SE ENCUENTRE PENDIENTE, ANTE LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS, UN JUICIO SOBRE EL MISMO OBJETO Y ENTRE LAS MISMAS PARTES, INICIADO ANTES QUE SE HUBIERA DICTADO LA SENTENCIA EXTRANJERA: No consta en autos que la sentencia en cuestión sea incompatible con alguna decisión anterior que tenga autoridad de cosa juzgada, dictada por un tribunal venezolano; tampoco hay evidencia de que exista juicio pendiente ante los tribunales venezolanos que verse sobre el mismo objeto y la misma identidad de las partes, iniciado antes de que se hubiere dictado la sentencia extranjera. Por lo que se da por satisfecho el presente requisito. Así se establece.

      Siguiendo el hilo argumental, es de acotar que la Sala de Casación Civil de nuestro m.T. de la República, tiene establecido que una vez constatado el cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, corresponde verificar que la sentencia objeto del presente análisis, no contraríe el orden público interno venezolano, y para tal efecto invoca doctrina patria que señala que “el orden público que se examina en sede de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras es un límite para la protección de cierto núcleo de materias que constituyen principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado receptor, en las cuales no admite ningún tipo de intervención por parte de un Estado extranjero. El orden público puede manifestarse en el fallo cuando se crea o reconoce una situación jurídica manifiestamente contraria a los principios especialmente protegidos por la legislación sustantiva del Estado receptor; también puede producirse en el modo en que fue proferida la resolución judicial, lo que se relaciona estrechamente con el derecho a la defensa, y en definitiva con el orden público procesal, el cual se traduce en la protección de los principios fundamentales de justicia que tiende a garantizarse en un proceso, especialmente a la parte demandada.” Aplicando la doctrina anteriormente transcrita al caso bajo estudio, se observa que la sentencia cuyo exequátur se solicita declaró la disolución del matrimonio de los ciudadanos BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, sobre lo cual se evidencia que dicha condenatoria no constituye un principio fundamental en el ordenamiento jurídico venezolano, al cual el legislador haya querido brindarle una protección especial. Así se establece.

      Asimismo en relación a la violación del orden público, la Sala Político Administrativa en sentencia de fecha 18 de agosto de 2004, Nº 1098, caso: O.P.T., expediente: 1993-10019, señaló: 100

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      …Asimismo, se advierte que le está vedado al juez en sede de exequátur el examen sobre el fondo del asunto debatido en el extranjero, o de los argumentos de hecho y de derecho en los cuales el juez fundamenta su decisión, y en ningún caso se requiere que el derecho extranjero aplicado sea equivalente al derecho venezolano.

      Así, en el caso de que una de las partes consideren que la sentencia incurrió en algún vicio, de acuerdo al ordenamiento jurídico bajo el cual fue dictada, debió ejercer los recursos pertinentes a los fines de lograr la revisión del fallo en cuestión ante la autoridad extranjera competente para ello, toda vez que no corresponde a esta Sala en un procedimiento de exequátur entrar a analizar los posibles vicios de ilegalidad en los que podría incurrir un fallo dictado por un Estado extranjero, pues de conformidad con el sistema de derecho internacional privado venezolano, el juez debe limitarse al examen de los requisitos de forma previstos en la ley respectiva…

      .

      Por consiguiente, de la jurisprudencia y de la doctrina patria anteriormente transcritas, concluye este tribunal que la sentencia objeto de la presente solicitud de exequátur, no contraría el orden público venezolano, debido a que fue dictada, en razón de la solicitud de divorcio de mutuo acuerdo, planteada por ambos cónyuges para la disolución del vínculo conyugal contraído el 7 de agosto de 1996, por ante el Jefe Civil del Municipio Foráneo L.M.d.D.S.d.E.M., de la República Bolivariana de Venezuela, solicitud que en ningún caso resulta incompatible con los principios de orden público venezolano. Así se establece.

      En fuerza de las anteriores consideraciones y cumplidos como están los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se impone para este sentenciador, conceder fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia Nº 220/04, en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo Nº 514/2004, dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, de fecha 1º de diciembre de 2004, mediante la cual se declaró la disolución del matrimonio de los ciudadanos BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, celebrado en fecha 7 de agosto de 1996, por el Jefe Civil del Municipio Foráneo L.M.d.D.S.d.E.M., de la República Bolivariana de Venezuela, así como aprobando su convenio regulador. Así se decide.

5. DECISIÓN.-

   Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado SUPERIOR QUINTO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA, en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia Nº 220/04, dictada en el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo Nº 514/2004, que aprobó el Convenio Regulador suscrito por ambos ciudadanos, por el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Esplugues de Llobregat, España, en fecha 1º de diciembre de 2004, mediante la cual se decretó la disolución del vínculo conyugal contraído civilmente por los ciudadanos BORIANA VALENTINOVA STOYTCHEVA y A.D. DÖERKEN, en fecha 7 de agosto de 1996, por ante el Jefe Civil del Municipio Foráneo L.M.d.D.S.d.E.M., de la República Bolivariana de Venezuela.

   Publíquese y regístrese. Cúmplase y Archívese el expediente.

   Dada, Sellada y Firmada en la Sala del Juzgado Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

   EL JUEZ,

   E.J.S.M.

   LA SECRETARIA,

   Abg. E.J. TORREALBA C.

   Exp. Nº AP71-S-2012-000014

   Solicitud Exequátur Civil

   Sentencia de Fondo

   Concede Fuerza Ejecutoria/ “D”

   EJSM/EJTC/carg.

   En la misma fecha se publicó y registró la decisión anterior, siendo la una y treinta y cinco post meridiem (01:35 P.M.),

   LA SECRETARIA,

   Abg. E.J. TORREALBA C.