Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 31 de Octubre de 2007
| Fecha de Resolución | 31 de Octubre de 2007 |
| Emisor | Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo |
| Ponente | Belkis Briceño |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Administrativo De Anulacion |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR OCTAVO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL CON SEDE EN CARACAS.
El Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Siete (2007), se recibió en el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor), el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por los abogados OFELMINA LOZANO VARGAS y Y.S.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 81.770 y 76.373, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano C.E.R.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 11.642.520 contra la POLICÍA METROPOLITANA, adscrita a la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.
Realizada la distribución del Recurso en fecha Veintitrés (23) de octubre de dos mil siete (2007), correspondió a este Tribunal el conocimiento de la presente causa, la cual fue recibida el Veinticuatro (24) del mismo mes y año, donde se le asignó nomenclatura quedando asentado con el Nº 0216.
I
DEL RECURSO
Los apoderados judiciales del recurrente en su escrito libelar exponen que el ciudadano C.E.R.R., antes identificado, prestó servicios como CABO SEGUNDO para la Policía Metropolitana adscrita por la extinta Gobernación del Distrito Federal, hoy Alcaldía Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, en los horarios rotativos de doce (12) horas trabajadas por doce (12) horas libres y veinticuatro (24) horas trabajadas por veinticuatro (24) horas libres, laborando en dicha institución desde el Dieciséis (16) de Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992).
El querellante culminó su relación funcionarial el Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Uno (2001) por renuncia voluntaria.
Alega que el Ocho (08) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006) el organismo querellado le emitió un cheque por la cantidad de Bolívares SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS BOLIVARES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 6.996.800,86) correspondiente a sus Prestaciones Sociales, sin hacerle la descripción de los conceptos cancelados.
Arguyen que el monto pagado por concepto de prestaciones sociales generó durante estos cinco años, intereses que deben ser pagados por la Policía Metropolitana a razón de lo establecido en el articulo 108 literal B de la Ley Orgánica del Trabajo.
Exponen que a su representado no se le concedió el beneficio de los conceptos de guardería infantil, consagrado en el artículo 391 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo. Igualmente los cesta ticket establecidos en la Ley Programa para la Alimentación de los Trabajadores en su artículo 5.
Finalmente solicitó que sea declarada CON LUGAR el presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, y que la Policía Metropolitana adscrita a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas le cancele la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs. 56.326.559,28) igualmente intereses moratorios desde el momento en que se admita la presente querella, se le condene en costas y gastos procesales haciendo la inclusión de honorarios profesionales, los cuales se estiman en el 30% sobre el monto total de la demanda.
Establecido lo anterior, este Órgano Jurisdiccional pasa a pronunciarse en base a lo siguientes argumentos de hecho y de derecho.
II
MOTIVACION PARA DECIDIR
Corresponde a este Juzgado conocer y decidir, acerca de la admisibilidad del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial
La parte actora alegó en su escrito libelar que el fin del estado es procurar el bienestar del trabajador y consagró en el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, “todas las acciones provenientes de la relación de trabajo, prescribirán al cumplirse un (01) año contados desde la terminación de la prestación de los servicios”, entonces, como es que el estado, establece la protección al trabajador de la empresa privada, amparándolo con un lapso de un año, y hasta dos (02) meses, para intentar su acción por concepto de Prestaciones Sociales, y siendo el funcionario un trabajador, pagado por el estado, al mismo se le aplicará el lapso de caducidad de tres (03) meses para intentar cualquier acción tendente a reclamar cualquier diferencia o hacer cualquier solicitud, alejándose, de este ideal del estado de establecer la preinscripción decenal, atendiendo a lo establecido en la Constitución Bolivariana de la Republica de Venezuela en su exposición de motivos.
En relación al alegato esgrimido por la parte querellante en cuanto al computo para ejercer validamente el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, este Juzgado debe traer a colación la decisión Nº 2326 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:, en ponencia de la Magistrada Ponente Luisa Estella Morales:
en efecto, estima la sala que la regulación material de la prestación de antigüedad en cuanto a derecho de los funcionarios públicos, como beneficio y las condiciones de su prestación, debe ajustarse a lo prescrito en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo y a su reglamento, ello por expresa remisión del articulo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Publica. Sin embargo, en lo atinente a la regulación procesal que debe aplicarse para el reclamo en sede judicial de las cantidades adeudadas por este concepto, así como de los intereses que surgen por la mora en su pago (ex articulo 92 Constitucional), la incoación de estas demandas debe ajustarse a las prescripciones contenidas en la Ley del Estatuto de la Función Publica, pues dicha remisión normativa se efectúa solo en lo relativo a la regulación material de ese derecho, como así lo expresa incluso la propia Ley Laboral (ex parágrafo sexto del articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo).
De la Sentencia adscrita Ut Supra se desprende que la querellante debe regirse por lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, por cuanto los derechos aquí reclamados surgen en virtud de una relación de empleo público, es decir, que para la interposición del respectivo Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial el interesado deberá ceñirse al dispositivo de la citada Ley y en consecuencia sometidas al lapso de caducidad.
Ahora bien, siendo la caducidad un lapso procesal que corre fatalmente y que es materia de reserva legal el juez debe aplicar la norma que lo establezca, atendiendo al momento en que ocurrió el hecho que originó el recurso interpuesto. Ello así, este Tribunal observa que para la fecha de interposición del recurso, Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Siete (2007) la Ley del Estatuto de la Función Pública es el instrumento legal aplicable.
En atención a ello, y aplicándolo al presente caso, observa este Juzgado que, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial fue interpuesto en fecha Veintitrés (23) de Octubre de Dos Mil Siete (2007) y afirma el recurrente su renuncia tuvo lugar el Quince (15) de Diciembre de Dos Mil Uno (2001), y le cancelaron las Prestaciones Sociales el Ocho (08) de Noviembre de Dos Mil Seis (2006), por lo que el cómputo del lapso de caducidad, comienza a decursar desde la última fecha aludida.
Ahora bien, desde el día en que se produjo el pago hasta la presentación del recurso que nos ocupa, se constata que transcurrió un lapso de Once (11) meses y Quince (15) días, lo cual supera los tres (03) meses consagrados en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Publica el cual establece:
todo recurso con fundamento en esta Ley solo podrá ser ejercido validamente dentro de un lapso de tres meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a el, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto
.
Siendo ello así, este Tribunal declara INADMISIBLE por caducidad el recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados OFELMINA LOZANO VARGAS y Y.S.A., antes identificados, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano C.E.R.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 11.642.520 contra la POLICÍA METROPOLITANA, adscrita a la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS y así, se decide.
III
DECISIÓN
Con fundamento en lo antes expuesto este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, con sede en Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE por CADUCIDAD el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por los abogados OFELMINA LOZANO VARGAS y Y.S.A., inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 81.770 y 76.373, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano C.E.R.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 11.642.520, contra la POLICÍA METROPOLITANA, adscrita a la ALCALDÍA METROPOLITANA DE CARACAS.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los Treinta y Uno (31) días del mes de Octubre del año Dos Mil Siete (2007). Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.
LA JUEZ
Abg. BELKIS BRICEÑO SIFONTES
LA SECRETARIA
Abg. EGLYS FERNANDEZ
EXP. 0216/BBS/EFT/afl
