Sentencia nº 65 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 16 de Julio de 2009
| Fecha de Resolución | 16 de Julio de 2009 |
| Emisor | Sala Plena |
| Ponente | Rafael Arístides Rengifo Camacaro |
| Procedimiento | Conflicto de Competencia |
EN SALA PLENA
Magistrado Ponente: R.A.R.C. Expediente Nº AA10-L-2007-000127 I Mediante oficio número 3050, de fecha 17 de Julio de 2007, proveniente de la Sala de Casación Social en Sala Especial Agraria de este Tribunal Supremo de Justicia, se remitió a esta Sala Plena el expediente contentivo de la solicitud de título supletorio presentada por la abogada A.C.Z.L., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 87.920, quien ostenta el cargo de Abogada Asistente de la Procuraduría Agraria Regional del Estado Mérida, actuando en representación del ciudadano J.G.R.G., titular de la cédula de identidad número 10.716.130.
Dicha remisión se hizo en virtud de que la Sala de Casación Social en Sala Especial Agraria, mediante decisión de fecha 12 de Junio de 2007, declinó la competencia en esta Sala Plena para conocer del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial.
En fecha 1 de agosto de 2007, se dio cuenta en la Sala Plena y se designó ponente al Magistrado Dr. R.A.R.C., con el fin de resolver lo que fuere conducente.
Efectuado el examen del expediente, esta Sala pasa a decidir conforme a las siguientes consideraciones:
II
En fecha 23 de octubre de 2006, la abogada A.C.Z.L., actuando en representación del ciudadano J.G.R.G., presentó ante el Juzgado (distribuidor) de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, solicitud de título supletorio, alegando lo siguiente:
… Con dinero proveniente de sus propios ahorros personales mi mandante fomentó unas mejoras o bienhechurías consistentes una (sic) casa de habitación construida de paredes de bloque frisada, techo de machihembrado y teja, compuesta de dos cuartos, sala, comedor, cocina, baño, piso de cemento, chimenea, puertas y ventanas de madera, y vidrios con ventana, en cercado de vallados de piedras y alambres de púas las cuales son perimetrales e internas, siembra de ajos, papa, zanahoria y trigo, sistema de riego, tendido eléctrico y vialidad interna, dos tanques de lombricultura, un rancho donde se guardan los implementos agrícolas, dos motores de fumigación, igualmente posee animales de crías, tales como ovejas, gallinas, caballos, etc. (…omissis…). En dicho lote de terreno mi representada (sic) y fomentado otras mejoras y bienhechurías y otras mejoras tales como despedraje, drenaje, mecanización y reparación del mismo para así hacerlo apto para el cultivo de diferentes rubros agrícolas de ciclos cortos para sí (sic) poder subsistir ella misma y cubrir las necesidades de sus menores hijos, donde se evidencia que jamás ha sido perturbada en su posesión ya sea extrajudicial o judicialmente por terceras personas.
Para los extremos de Ley se evacuó un justificativo de testigo donde los mismos son contestes en afirmar lo pretendido por mi representado,(…) igualmente se practicó Inspección Judicial donde se deja constancia de todo lo fomentado por mi mandante(…).
Hoy por cuanto es de exclusivo interés de mi poderdante que ese honorable tribunal declare la plena propiedad que le asiste sobre las referidas mejoras o bienhechurías mediante TÍTULO SUPLETORIO de conformidad con lo establecido en el Artículo 937 del Código de Procedimiento de Civil…
.
Previa distribución, la causa fue recibida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el cual, mediante decisión de fecha 26 de octubre de 2006, se declaró ncompetente por la materia para conocer de la presente solicitud, señalando al respecto:
…considera esta juzgadora que las normas relativas a la competencia sustantiva o material de los Juzgados de Primera Instancia agraria es la contenida en el artículo 212 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, resultando plenamente aplicable en el presente caso, ya que de autos consta que en el inmueble sobre el cual se solicita el título supletorio de mejora, tiene productividad agraria, ya la misma cumple con la concurrencia de dos requisitos a saber: 1) Que la demanda se deduzca entre particulares y 2) Que ésta se promueva ‘con ocasión de la actividad agraria’. Por lo antes expuesto es criterio de esta juzgadora, que el tribunal competente para conocer y decidir sobre el presente título supletorio, a que se contrae la presente solicitud, corresponde a la ‘jurisdicción especial agraria’, y en concreto, al JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA CON SEDE EN EL VIGÍA. Y así se decide
.
En fecha 30 de marzo de 2007, el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, se declaró incompetente por el territorio, de acuerdo a los artículos 42 y 937, primer aparte, del Código de Procedimiento Civil, esgrimiendo los fundamentos siguientes:
(…) el Tribunal considera que no es competente para conocer del Título Supletorio en referencia, en virtud de que dicha solicitud debe realizarse por ante el Tribunal de Primera Instancia del sitio donde se encuentren ubicados los bienes objeto de tal solicitud; así mismo del análisis del artículo 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no establece que los títulos supletorios sean regulados o expedidos por la jurisdicción agraria, razón por la cual acogiéndonos a los artículos 42 y primer aparte del artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este Tribunal, se declara incompetente por el territorio y no acepta la declinatoria de competencia que le fue deferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, (…). En consecuencia se ordena plantear el conflicto de no conocer.
A tal efecto, envíese con oficio, original de las presentes actuaciones a la Sala Social (sic) del Tribunal Supremo de Justicia…
.
Mediante sentencia de fecha 12 de Junio de 2007, la Sala de Casación Social se declaró incompetente para conocer del conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial y ordenó la remisión del expediente a esta Sala Plena.
III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Debe esta Sala, en primer lugar, determinar su competencia para conocer y decidir sobre la regulación de competencia planteada en la presente causa. En tal sentido, se observa:
Dispone el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil: “Cuando la sentencia declare la incompetencia del Juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia”; y el artículo 71 eiusdem, establece que el competente para conocer de la referida solicitud de regulación de competencia es el Tribunal Superior de la respectiva Circunscripción Judicial. Pero, cuando no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción, la competencia se atribuyó a la entonces Corte Suprema de Justicia (hoy, Tribunal Supremo de Justicia). De la misma manera se debe proceder cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior.
Por su parte, el numeral 51 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, establece que:
Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
(…omissis…)
51. Decidir los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico, remitiéndolo a la Sala que sea afín con la materia y naturaleza del asunto debatido
.
Ahora bien, a los fines de determinar a cuál de las Salas de este Supremo Tribunal corresponde dirimir los conflictos de competencia suscitados entre tribunales que no tengan un superior común, esta Sala Plena ha señalado que debe atenderse al criterio de afinidad entre la materia debatida y las competencias de cada Sala, a menos que los tribunales en conflicto pertenezcan a distintos ámbitos de competencia y no resulte posible determinar cuál es la naturaleza o carácter del asunto debatido, en cuyo caso la competencia corresponderá a esta Sala Plena (cfr. sentencias número 24, publicada en fecha 26 de octubre de 2004, caso Domingo Manjarrez y número 1, publicada el 17 de enero de 2006, caso J.M.Z.).
En el caso de autos, se ha planteado un conflicto negativo de competencia entre tribunales que no tienen un superior común y pertenecen a distintos ámbitos de competencia (uno civil y otro agrario), por lo cual, de conformidad con el criterio antes expuesto, esta Sala Plena se declara competente para conocer y decidir la presente solicitud de regulación de competencia. Así se decide.
Una vez asumida la competencia, la Sala Plena pasa a determinar cuál es el órgano judicial competente para resolver la presente causa, para lo cual hace las siguientes consideraciones:
El artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece lo siguiente:
Artículo 197. Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales.
En el mismo sentido, el artículo 208 de la mencionada Ley señala lo siguiente:
Artículo 208: Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:
1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria. (…)
(destacados añadidos).
A los fines de determinar la naturaleza agraria de una controversia, la jurisprudencia de este Supremo Tribunal ha enfatizado como criterio determinante que en el conflicto se encuentre involucrado un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza, indistintamente de si el mismo está ubicado en un medio rural o urbano (sentencia de la Sala de Casación Social Nº 523 del 4 de junio de 2004, caso J.R.P.O.).
Asimismo, esta Sala Plena, en sentencia número 200, del 14 de agosto de 2007, caso A.J.N.B. vs. Agropecuaria La Gloria, C.A., señaló:
Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales.
Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido ‘en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso H.L.C.).
Por tal razón, considera esta Sala Plena que cuando el artículo 208, numeral 15 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuye competencia a los juzgados de primera instancia agraria para conocer de ‘todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’, debe entenderse como una cláusula abierta que comprende cualquier controversia en la que pueda verse afectada la producción agroalimentaria. Ello en virtud de que el juez agrario ‘debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental’ (artículo 207 eiusdem)
.
De manera que, la competencia de los tribunales agrarios está determinada por el objeto sobre el cual recaen las distintas pretensiones. Esto conlleva al tribunal que debe regular la competencia a efectuar un análisis del objeto de la pretensión, pues el tipo de pretensiones que pueden plantearse en la jurisdicción especial agraria son similares a las que pueden ventilarse en la jurisdicción civil ordinaria: pretensiones declarativas, reivindicatorias, posesorias, servidumbres, deslindes, sucesorales, contractuales, de créditos, etc.
En el caso de autos, se observa que el ciudadano J.G.R.G., ha solicitado la expedición de un título supletorio de propiedad sobre un inmueble en el cual existen “siembra de ajos, papa, zanahoria y trigo, sistema de riego, tendido eléctrico y vialidad interna, dos tanques de lombricultura, un rancho donde se guardan los implementos agrícolas, dos motores de fumigación, igualmente posee animales de crías, tales como ovejas, gallinas, caballos, etc. (…omissis…). En dicho lote de terreno mi representada (sic) y fomentado otras mejoras y bienhechurías y otras mejoras tales como despedraje, drenaje, mecanización y reparación del mismo para así hacerlo apto para el cultivo de diferentes rubros agrícolas de ciclos cortos”. Por lo tanto, cualquier decisión en este caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agropecuaria que pueda realizarse en dicho predio; por lo que, a juicio de esta Sala, el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los Tribunales agrarios. Así se decide.
En consecuencia, esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, declara que el tribunal competente para conocer y decidir la solicitud de título supletorio presentada por la abogada A.C.Z.L., actuando en representación del ciudadano J.G.R.G., es el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Con base en los razonamientos antes expresados, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley, declara:
Que es COMPETENTE para conocer del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial.
Que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer y decidir la solicitud de título supletorio presentada por la abogada A.C.Z.L., actuando en representación del ciudadano J.G.R.G., es el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En consecuencia, remítanse las actuaciones al referido Juzgado.
Publíquese y regístrese. Notifíquese de la presente decisión al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). Años: 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Presidenta,
L.E.M. LAMUÑO
El Primer Vicepresidente, El Segundo Vicepresidente,
O.A. MORA DÍAZ L.A. SUCRE CUBA
Los Directores,
EVELYN MARRERO ORTIZ
Y.A. PEÑA ESPINOZA E.R. APONTE APONTE
Los Magistrados,
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ Y.J.G.
L.M. HERNÁNDEZ ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
D.N. BASTIDAS J.R. PERDOMO
P.R. RONDÓN HAAZ L.I. ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI A.R.J.
C.A.O. VÉLEZ B.R. MÁRMOL DE LEÓN
ALFONSO VALBUENA CORDERO E.G.R.
R.A. RENGIFO CAMACARO F.R. VEGAS TORREALBA
Ponente
J.J. NÚÑEZ CALDERÓN L.A.O.H.
H.C. FLORES L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA M.T. DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES
ARCADIO DELGADO ROSALES
La Secretaria,
O.M. DOS SANTOS P.
Quien suscribe, Magistrado L.M.H., de conformidad con lo establecido en los artículos 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 63 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en la presente decisión mediante la cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró: Primero: su competencia para conocer el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida y el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial; Segundo: Que la competencia para conocer de la solicitud de título supletorio presentada por la abogada A.C.Z.L. en representación del ciudadano J.G.R.G., es el Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la misma Circunscripción Judicial.
Las razones que fundamentan mi disidencia son las siguientes:
El proyecto aprobado por la mayoría sentenciadora señala que en el caso concreto, visto que la solicitud de expedición de título supletorio de propiedad se realiza sobre un inmueble con determinadas características, cualquier decisión en el caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agropecuaria que pueda realizarse en el mismo, por lo que se trata de un asunto que debe ser conocido por los Tribunales Agrarios.
Tal conclusión se aparta injustificadamente, y de forma implícita, del criterio jurisprudencial de esta Sala establecido al respecto, relativo a que en el caso de las solicitudes de expedición de títulos supletorios se está en presencia de una materia regida por el Código Civil y cuyo conocimiento corresponde siempre al Juez Civil en virtud de disposición legal expresa (artículo 937 del Código de Procedimiento Civil). De allí que, al tratarse de un cambio de jurisprudencia, el mismo ha debido ser objeto de especial razonamiento.
Queda así expuesto el criterio del Magistrado disidente. En Caracas, a la fecha de su presentación.
La Presidenta,
L.E.M. LAMUÑO
| El Primer Vicepresidente, | El Segundo Vicepresidente, |
| O.A. MORA DÍAZ | L.A. SUCRE CUBA |
| Los Directores, | |
| EVELYN MARRERO ORTIZ | |
| Y.A. PEÑA ESPINOZA | E.R. APONTE APONTE |
| Los Magistrados, |
| FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ | Y.J.G. |
| L.M.H. | ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ |
| Magistrado-Disidente |
| D.N. BASTIDAS | J.R. PERDOMO |
| P.R. RONDÓN HAAZ | L.I. ZERPA |
| HADEL MOSTAFÁ PAOLINI | A.R.J. |
| C.A.O. VÉLEZ | B.R. MÁRMOL DE LEÓN |
| ALFONSO VALBUENA CORDERO | E.G.R. |
| R.A.R.C. | F.R. VEGAS TORREALBA |
| J.J. NÚÑEZ CALDERÓN | L.A.O.H. |
| H.C.F. | L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ |
…/…
| CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA | M.T. DUGARTE PADRÓN |
| CARMEN ZULETA DE MERCHÁN | MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES |
| ARCADIO DELGADO ROSALES |
| La Secretaria, | |
| O.M. DOS S.P. |
LMH/
Exp. N° AA10-L-2007-000127
El Magistrado P.R. Rondón Haaz manifiesta su disentimiento del fallo que antecede, razón por la cual, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, salva su voto en los siguientes términos:
El veredicto del que se difiere estimó que la competencia para el conocimiento de la solicitud de título supletorio sobre un inmueble que pidió el ciudadano J.G.R.G., mediante la representación de la Abogada Asistente de la Procuradora Agraria Regional del Estado Mérida, A.C.Z.L., corresponde al Juzgado de Primera Instancia del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de que considero que en el inmueble objeto de la solicitud se desarrolla una actividad agrícola.
Así, la mayoría sentenciadora estimó que:
…el ciudadano J.G.R.G., ha solicitado la expedición de un título supletorio sobre un inmueble en el cual existen “siembra de ajos, papa, zanahoria y trigo, sistema de riego, tendido eléctrico y vialidad interna, dos tanques de lombricultura, un rancho donde se guardan los implementos agrícolas, dos motores de fumigación, igualmente posee animales de crías, tales como ovejas, gallinas, caballos, etc. (…omissi…). En dicho lote de terreno (su) representada (sic) y fomentado otras mejoras y bienhechurías y otras mejores tales como despedraje, drenaje, mecanización y reparación del mismo para así hacerlo apto para así hacerlo apto para el cultivo de diferentes rubros agrícolas de ciclos cortos”. Por lo tanto, cualquier decisión en este caso puede incidir sobre la continuidad o interrupción de la actividad agropecuaria que pueda realizarse en dicho predio; por lo que, a juicio de esta Sala, el caso bajo examen se enmarca dentro de las competencias atribuidas a los Tribunales agrarios. Así se decide.
Ahora bien, quien aquí disiente estima que le corresponde únicamente a los Jueces Civiles la competencia para el conocimiento de cualquier solicitud de título supletorio, ya que por expresa determinación de la norma jurídica que contiene el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, son estos jueces quienes deben tramitar todo lo concerniente a los justificativos para perpetua memoria.
Así, el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil dispone lo siguiente:
Cualquier Juez Civil es competente para instruir las justificaciones y diligencias dirigidas a la comprobación de algún hecho o algún derecho propio del interesado en ellas. El procedimiento se reducirá a acordar, el mismo día en que se promuevan, lo necesario para practicarlas; concluidas, se entregarán al solicitante sin decreto alguno. (subrayado del disidente)
En efecto, la emisión de los justificativos de perpetua memoria se rigen exclusivamente por las normas del Código de Procedimiento Civil, y la norma que se citó es clara, en lo que se refiere a los tribunales a los que compete el conocimiento de este tipo de peticiones; por tanto, no le cabe la menor duda a este Magistrado disidente que son los Tribunales Civiles los que deben conocer las solicitudes de Título Supletorio, y resulta irrelevante para la determinación de la competencia la naturaleza de la actividad que se ejecuta en el bien inmueble objeto de la petición.
Por otra parte, la mayoría sentenciadora se apartó de la opinión que ha mantenido la Sala Plena en recientes decisiones sobre la competencia para el conocimiento de las solicitudes de título supletorio.
Así, en los fallos n.os 1, del 15 de enero de 2009, y 4, 5, 6 y 7 del 25 de febrero de 2009, la Sala Plena ha sostenido que las peticiones de título supletorio corresponde tramitarlas ante el Juez Civil de la localidad donde se ubique el bien inmueble respecto del cual se pretende la expedición del título supletorio, ya que se trata de una pretensión de jurisdicción voluntaria, en la cual no existe controversia entre particulares. En la más reciente de estas decisiones (n.° 7) la Sala determinó:
En el caso bajo análisis, observa esta Sala que el ciudadano J.R.A.R., ha incoado una solicitud en sede de jurisdicción voluntaria, destinada a la expedición de un justificativo de perpetua memoria, y concretamente, solicita “… se sirva decretar TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD, a [su] favor sobre la casa y las mejoras de plantaciones anteriormente descritas…”
Ahora bien, los justificativos de perpetua memoria, debe advertirlo la Sala, tienen como finalidad solicitar del Juez competente instruir las diligencias destinadas a la comprobación de algún hecho o derecho propio del interesado, tal como lo dispone el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil. Por tratarse de una pretensión en sede de jurisdicción voluntaria, no existe en este caso contención o controversia alguna entre particulares. Más aún, si la justificación solicitada tuviere como efecto asegurar la posesión o algún derecho del solicitante, en todo caso, quedarían a salvo los derechos de terceros, tal como expresamente lo dispone el artículo 937 del mismo Código.
Observa la Sala que la propia naturaleza de los justificativos de perpetua memoria determina que su tramitación se rige por normas de orden civil, por consiguiente, sólo puede concluirse que la competencia para conocer de este asunto debe corresponder a los órganos de la jurisdicción (orden competencial) civil ordinaria. Esta conclusión además, encuentra acogida en el Derecho Positivo venezolano en atención a lo dispuesto en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
En consecuencia, quien aquí difiere estima que la mayoría sentenciadora abandonó el criterio que había establecido la misma Sala con anterioridad, además sin que siquiera haga señalamiento alguno del cambio sobre el asunto en cuestión, lo cual va en contra de la seguridad jurídica de los justiciables.
Quedan expresados, en los términos precedentes, los motivos del disentimiento del Magistrado que expide el presente voto salvado.
Fecha retro.
La Presidenta,
L.E.M. LAMUÑO
El Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente,
O.A. MORA DÍAZ L.A. SUCRE CUBA
Los Directores,
EVELYN MARRERO ORTIZ
Y.A. PEÑA ESPINOZA ELADIO R. APONTE APONTE
Los Magistrados,
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ Y.J.G.
L.M. HERNÁNDEZ ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
…/
D.N. BASTIDAS J.R. PERDOMO
P.R. RONDÓN HAAZ L.I. ZERPA
Disidente
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI A.R.J.
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ B.R. MÁRMOL DE LEÓN
ALFONSO VALBUENA CORDERO E.G.R.
R.A. RENGIFO CAMACARO F.R. VEGAS TORREALBA
J.J. NÚÑEZ CALDERÓN L.A.O.H.
H.C. FLORES L.E. FRANCESCHI GUTIÉRREZ
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA MARCOS T. DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN MIRIAM DEL V.MORANDY MIJARES
ARCADIO DELGADO ROSALES
La Secretaria,
O.M. DOS S.P.
PRRH.sn.ar.
Exp. AA10-L-2007-00127
En dieciséis (16) de julio de dos mil nueve (2009), siendo las once y cincuenta minutos de la mañana (11:50 a.m.), fue publicada la decisión que antecede.
La Secretaria,
