Decisión nº N°283-11 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 4 de Octubre de 2011

Fecha de Resolución 4 de Octubre de 2011
EmisorCorte de Apelaciones Sala 3
PonenteDoris Nardini
ProcedimientoNulidad Absoluta De La Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala 3

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia

Maracaibo, 4 de Octubre de 2011

201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-R-2011-000647

ASUNTO : VP02-R-2011-000647

DECISION N° 283-11.

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: DRA. D.N.

Han subido las presentes actuaciones, contentivas de los recursos de apelación de autos interpuestos por el profesional del derecho WILL A.M., actuando con el carácter de Defensor de los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., en contra de la Decisión Nº 1495-11, dictada en fecha once (11) de julio de 2011, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante el cual el referido Tribunal no se pronuncio sobre la solicitud de Nulidad de la Acusación Fiscal interpuesta por el referido Abogado.

En fecha veintiocho (28) de septiembre del año 2011, se da cuenta a los miembros de este Tribunal Colegiado, designándose como ponente a la Jueza Profesional DRA. D.N., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

La admisión del recurso de apelación de autos, se produjo en fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2011, luego de verificados los presupuestos de admisibilidad de la misma, y siendo la oportunidad prevista en el primer aparte del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver el fondo de la controversia, atendiendo los vicios impugnados de conformidad con lo establecido en el artículo 441 del Código Orgánico Procesal Penal.

  1. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO.

    Con fundamento en los numerales 4 y 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, las profesionales el profesional del derecho WILL A.M., actuando con el carácter de Defensor de los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., interpuso recurso de apelación de autos, en contra de la decisión supra identificada, bajo los siguientes fundamentos:

    Alega quien recurre que durante el desarrollo de la Audiencia antes de Admitir la acusación y evidentemente luego de admitir la misma, el Juez a quo demostró su inclinación hacia el Ministerio Publico.

    En este orden de ideas el accionante manifiesta como primer punto que el Juez Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control, inicio cometiendo una series de fallas procesales, como la falta de pronunciamiento del pedimento de la defensa donde solicito en forma primordial, y de interés superior por ser de orden constitucional, la Nulidad del escrito Acusatorio por falta de Imputación de los Hechos de las denuncias realizadas por los ciudadanos M.S.D.R., C.A.A.C., R.M.R.F., D.E.M.Z., B.J.B.M., A.A.I.A., G.A. VARGAS BERMUDEZ, EGLIS P.T.L., H.A.S.M., E.M.B.P., E.J.N.N., A.D.A., E.D.J.P.I., R.D.J.C.V., J.P.P.P., R.A.B.M., F.D.J.M.C., K.J.A.M., L.R.G.M., D.A.C.B., E.A.C.D., L.M.M., A.A.Z.M., J.R.A.H. y E.E.B.H., quienes posterior al acto de aprehensión de sus defendidos y posterior a la audiencia de presentación de Imputados, comparecieron a la sede del Ministerio Publico y presentaron denuncias en forma separadas, muchos de ellos sin un soporte legal, ni prueba alguna, en contra de lo expresado en el articulo 1.387 del Codigo Civil.

    En este sentido alega que el Juez de instancia de Control no hizo ningún pronunciamiento, durante el Desarrollo de la Audiencia Oral Preliminar, con respecto al pedimento de la Defensa sobre la Nulidad presentada en el escrito respectivo, violentando a criterio de quien recurre la Tutela Judicial Efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, que debe existir en todo proceso en el cual se garantice que las peticiones hechas por las partes sean resueltas con fundamento a la norma, y garantice la Justicia en aplicación del derecho.

    Como segundo punto fundamenta su escrito quien recurre haciendo la observación que el Juez Octavo de Control en el desarrollo de la Audiencia Preliminar cometió otro error procesal que conculca los derechos de las partes y que anula la validez del acto, al indicar en forma genérica, y sin ningún análisis material del escrito Acusatorio (Control Material), que los hechos determinado en la acusación son claros, precisos y tienen una relación cronológica, circunstanciada y que caracterizan el delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, procediendo posteriormente a ADMITIR LA ACUSACION, por varios delitos distintos como son los delitos ESTAFA AGRAVADA COTINUADA, USO DE DOCUMENTO FALSO y ASOCIACION PARA DELINQUIR, delitos estos que estan carentes en su análisis.

    Continua haciendo mención que el Ministerio Publico solo se centro en señalar en el escrito acusatorio, su valoración de los hechos, no señala el momento de los hechos, ni mucho menos como es la acción en el tiempo, el modo, y la participación de cada uno de ellos, lo que la hacia inadmisible la acusación según su criterio, por carecer uno de los requisitos para su admisibilidad. Asimismo mantiene que todos los hechos denunciados no fueron analizados, ni argumentados por el juez de la causa, quien solo se limito a señalar que los hechos se ajustaban a un tipo penal.

    Como Tercer Punto de Argumentación quien recurre menciona que hubo violaciones emanadas del acto dictado por el Juez Octavo de Control en el desarrollo de la Audiencia Preliminar, demostrándose la Parcialidad del Juez de Instancia a favor del Ministerio Publico, al intentar en cada oportunidad de incitar a sus defendidos a que procediesen a reconocer los hechos, insinuando la procedencia de las Medidas Alternativas a la Prosecuci6n del Proceso y el Procedimiento Especial de Admisión de Hechos.

    Como Cuarto Punto de síntesis del presente recurso, quien recurre manifiesta que entre las violaciones infringidas por Juez Octavo de Control en el Desarrollo de la Audiencia Preliminar, se encuentra un vicio de nulidad absoluta al evidenciarse errores procesales que violentan el debido proceso, como lo es la Admisión de varios medios probatorios, para una misma fuente de prueba, violentando el principio de control de la prueba, ya que según quien recurre el Ministerio Publico promueve la entrevista de los ciudadanos y de igual manera el testimonio del sujeto entrevistado, y este ultimo es el que debe ser incorporado a los fines de garantizar el derecho a la defensa y al principio del control de la prueba.

    En este orden de ideas mantiene que los medios probatorios ofertados por el Ministerio Publico, no garantizan la incorporación de la fuente de la prueba, ya que la naturaleza de los procesos orales, es incorporar la fuente de prueba de forma directa en el Juicio, para que las partes tengan acceso a su control o debate, en cumplimiento de los principios procesales, que lleven al Juez a crearse una convicción en cumplimiento de los Principios de Oralidad, Publicidad, Concentración, inmediación, y contradicción.

    Como ultimo punto el recurrente alega que el Juez a quo no a.l.c. argumentadas por la defensa en el escrito de revisión de la Medida Cautelar, el cual se fundamento en el momento procesal que se evidencio un cambio y circunstancia procesal que excluya la participación de varios de sus defendidos, considerando según quien apela.

    Concluye alegando que la decisión del dictamen o mantenimiento de la Medida Cautelar Privativa de Libertad de sus defendidos resquebraja un núcleo familiar, el cual se constituyo producto de la unión conyugal de los ciudadanos E.C.C.A. y G.J.C.G., y el cual considero el Juez, que dicha unión marital es suficiente para demostrar el concurso previo en la presunta comisión del delito de ESTAFA, y de todos los delitos que se les ocurrió al Ministerio Publico en el Momento de la presentación de imputados e imputárselos a todo el grupo familiar incluyendo a sus hijos GREIZENAID D.C.C. y G.J.C.C.. Es evidente para quien recurre que la actuación social estuvo parcializada hacia la aprehensión de sus defendidos, la cual fue violatoria del debido proceso.

    Igualmente señala que todos los hechos denunciados en contra de su defendida ciudadana E.C.C. son del carácter Patrimonial, los cuales pueden ser resueltos por la voluntad de las partes, pero, la misma, es restringida con la Medida de Privación Judicial de libertad que posee la misma y su familia, evidenciándose que no existe peligro de obstaculización de la investigación, por haber culminado, y que no existe peligro de fuga, ya que su defendida E.C.C.A., ha estado dispuesta al proceso, y lo ha enfrentado con el debido respeto a la autoridad.

    PETITORIO: Solicita sea Declaro Con Lugar el Recurso de Apelación y se Revoque la decisión dictada por el Juez Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, la cual es violatoria de las Normas procesales del Debido Proceso, del Derecho a la Defensa, Seguridad jurídica y Tutela Judicial Efectiva, y se anule Acto Conclusivo Presentado, en atención a lo dispuesto en el articulo 191 y 195 del Codigo Organico Procesal Penal.

  2. CONTESTACIÓN AL PRIMER RECURSO DE APELACÓN:

    La Abogada LEDISAY COROMOTO PERNALETE LOPEZ, actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Cuadragésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, interpuso escrito de Contestación al Recurso de Apelación de autos con base en los siguientes argumentos:

    RESPECTO AL PRIMER PUNTO. según criterio de la Defensa, el Juzgado a quo, no se pronuncio sobre su pedimento de NUL1DAD DEL ESCRITO ACUSATORIO POR FALTA DE IMPUTACION RESPECTO A LOS HFCHOS PUNIBLES DENUNCIADOS POR LAS VICTIMAS M.S.D.R., CL0D0MIR0 ANTONIO ARRIETA CEDEN0, R.M.R.F., D.E.M.Z., B.J.B.M., A.A.I.A., G.A. VARGAS BERMUDEZ, EGLIS P.T.L., H.A.S.M., E.M. B0UH0T PADRON, E.J.N.N., ALI DARI0 ARRIETA, E.D.J.P.I., R.D.J.C.V., J.P.P.P., R.A.B.M., F.D.J.M.C., K.J.A.M., L.R.G.M., D.A.C.B., E.A.C.D., L.M.M., A.A.Z.M., J.R.A.H., alegando que fueron posterior al Acto Oral de Presentación de los Imputados llevado a efecto en fecha 16 de Marzo de 2011, y de lo cual no tuvo acceso a las actas de investigaci6n a los fines de solicitar diligencias de investigación pertinentes para desvirtuar la imputación fiscal.

    Ciudadanos Magistrados de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, tal como se evidencia del ACTA ORAL DE PRESENTACION DE LOS IDENTIFICADOS IMPUTADOS DE AUTOS llevado a efecto en fecha 16 de Marzo de 2011. consta en la EXPOSICI6N FISCAL al momento de imponer a los imputados de autos de los hechos punibles por los cuales eran presentados e imputados formalmente (ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA. USO DE DOCUMENTO FALSO y ASOCIACION PARA DELINOUIR1. en relación al delito de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA. HABIA OTRAS PERSONAS AGRAVIADAS POR IDENTIFICAR. las cuales fueron debidamente individualizadas e identificas en la FASE INVESTIGATIVA, v DE CUYO CONTENIDQ DE LAS ENTREV1STAS TOMADAS SE HA 1MPUESTO LA DEFENSA EN TODO MOMENTO. siendo falso que se encontraba en una situación de indefensión respecto a los mismos, donde las victimas manifiestan expresamente y de manera unísona, aportando nombre y apellido de los autores de los hechos punibles cometidos en sus perjuicios, señalando de forma conteste que los Imputados: ELIZABETH CH10UINQ11IRA COLINA ACEVEDQ C.I N° V.-9.737.625. GREGQRIO IESUS CORDERO GUTIERREZ C.l N° V.-9.713.885. GRE1ZENAY D.C.C. C.I N° V.-17.230.961. V G.I.C.C. C.l 1M° V. 22.121.736. INDIGNAMENTE LOS ESTAFARON; asi mismo, se evidencia de las diligencias de investigación solicitada por la defensa en el presente asunto penal, expuestas up supra, y al momento de las tomas de las "Muestras Manuscritas" de sus defendidos ante el juzgado a quo, que fueron cotejadas con los "Recibos de Pagos" consignados por las victimas de autos durante la FASE INVESTIGATIVA.

    Cumplo con hacer de conocimiento de la Corte de Apelaciones que, en la actualidad, cursa ante este Despacho Fiscal NUEVA INVESTIGACION FISCAL N° 24-F46-0866-11, donde igualmente aparece como INVEST1GADOS los ciudadanos ELIZABETH CHIOUINOUIRA COLINA ACEVEDQ C.I N° V.-9.737.625. GREGQRIO IESUS CORDERO GUTIERREZ C.I N° V.-9.713.885. GREIZENAY D.C.C. C.I N° V.-17.230.961. v G.I.C.C. C.I N° V.-22.121.736. y como AGRAVIADAS las ciudadanas M.M.P. C.I N° V.-7.822.372. THAYRA E.H.G. C.l N° V-12.620.128. donde las identificadas victimas igualmente manifiestan expresamente y de manera unísona, aportando nombre y apellido de los autores de los hechos punibles cometidos en su perjuicios, la cual se encuentra en FASE INVESTIGATIVA, recabando los elementos de convicción para el respecto ACTO DE IMPUTACION POR EL MINISTERIO PUBLICO

    .

    RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO. según criterio de la Defensa el Juzgado a quo, al ADMITIR EL ESCRITO ACUSATORIQ POR VARIOS DELITQS: ESTAFA AGRAVAVADA CONTINUADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ASOCIACION PARA DELINQUIR. NO EIERCIO EL CONTROL FORMAL y MATERIAL, alegando indeterminación especifica en la narración de los hechos punibles y en la solicitud de enjuiciamiento de los delitos imputados a sus defendidos, incorporación de los medios de pruebas de forma global para sustentar los hechos delictivos, sin discriminar por separado su vinculación y nexo especifico con cada delito acusado y su relación con cada imputado-.

    Dicho argumento, ciudadanos Magistrados que conforman la Corte de Apelaciones, carece de fundamento legal, tal como se evidencia del ESCRITO ACUSATORIO consignado en fecha 30 de abril de 2011. específicamente del CAPITULO III sobre la RELACION CLARA. PRECISA v C1RCUNSTANC1ADA DE LOS HECHOS PUNIBLES QUE SE LE ATRIBUYE A LOS IMPUTADOS (ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA. USO DE DOCUMENTO FALSO v ASOCIACION PARA DELINOUIR). DONDE El, MINISTERIO PUBLICO ADMINICULA TODOS LOS ELEMENTOS DE CONVICCION RACABADOS EN LA FASE INVESTIGATIVA. LOS CUALES FUERON DEBIDAMENTE OFERTADOS COMO MEDIOS PROBATORIOS PARA EL DEBATE ORAL v PUBLICO..omisis…

    REPECTO AL TERCER PUNTO. según criterio netamente subjetivo de la Defensa el Juzgado a quo, AL INFORMAR A SUS DEFENDIDOS UNA VEZ ADM1TIDO EL ESCRITO ACUSATORIO SOBRE LAS FORMULAS ALTERNATIVAS A LA PROCECUSION DEL PROCESO (Acuerdo Preparatorio) y EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ADMISION DE HECHOS (Art. 376 del COPP), EXPRESO PARCIALIDAD HACIA LA VINDICTA PUBLICA.

    Dicho alegato no tiene fundamento legal, y respecto a dicha materia procedo a citar, los criterios de las Salas Constitucional y de Casación Penal..omisis…

    De ello tal como se observa de la exposición de la Defensa de los Imputados de autos, en el ACTO ORAL DE AUDIENCIA PRELIMINAR, manifiesta expresamente que su Defendida E.C.C.A. C.I N° V.-9.737.625, esta dispuesta a llegar a un ACUERDO REPARATORIO con las victimas de autos, el cual realiza en el aire y no de forma concreta (Monto Determinado y Plazo a Cumplir), asi mismo señalando que ello no seria asumido como aceptación de responsabilidad por parte de su Defendida E.C.C.A. C.I N° V.-9.737.625, cuando uno de los supuesto esenciales para que opere dicha figura, se requiere que el imputado en la Audiencia Preliminar (en el presente Acto Concreto) ADMITA LOS HECHOS OBJETOS DE LA ACUSACION, de conformidad con lo establecido en el Articulo 40 del Codigo Organico Procesal Penal.

    REPECTO AL CUARTO PUNTO. por cuanto según su criterio el Juzgado a quo, ADMITIO MEDIOS PROBATORIOS DE UNA MISMA FUENTE DE PRUEBA: TESTIMONIALES de cada una de las victimas de autos en el Juicio Oral y Publico, y como las INSTRUMENTALES DE LAS ENTREVISTAS RENDIDAS POR LAS VICTIMAS DE AUTOS EN LA FASE INVESTIGATIVA, alegando que igualmente fueron ofrecidos como DOCUMENTALES, y serian valoradas de FORMA DOBLE EN EL JUICIO ORAL y PUBLICO, por cuanto la defensa no tuvo control sobre las mismas.

    Dicho argumento carece de igualmente de fundamento legal, ciudadanos Magistrados que conforman la Corte de Apelaciones, tal como se evidencia del ESCRITO ACUSATORIO consignado en fecha 30 de Abril de 2011. específicamente del CAPITULO VI sobre los MEDIOS PROBATORIOS testimóniales. DOCUMENTALES. INSTRUMENTALES v MATERIALES - Con expresión de la pertinencia. utilidad y necesidad de cada uno de los medios ofrecidos. en relación a los medios de pruebas impugnados por la Defensa, solo se ofrecida como PRUEBAS TESTIMONIALES, A TODAS LAS VICTIMAS DE AUTOS, a los fines que depusieran respectivamente sobre las circunstancias como fueron ESTAFADOS por los Imputados de Autos, las cuales serán materializadas en el Desarrollo del Juicio Oral y Publico; asi mismo, se ofreció como PRUEBAS INSTRUMENTALES las respectivas DENUNCIAS y ENTREVISTAS expuestas por las victimas de autos durante la FASE INVESTIGATIVA, ante el C.I.C.P.C SUB-DELEGACION SAN FRANCISCO, y ante el Despacho Fiscal CUADRAGESIMO SEXTO del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con Sede en el Municipio San Francisco, A LOS FINES DE SU EXHIBICION A CADA UNA DE LAS VICTIMAS DE AUTOS EN EL DESARROLLO DEL JUICIO ORAL y PUBLICO, PARA DETERMINAR LA IDENTIDAD, y RATIFICACION DE LAS FIRMAS y HUELLAS RECABADAS, por cuanto en la practica forense se han suscitados en el Desarrollo de los Juicios Oral y Publico, los delitos en audiencia como "Falsa Atestación ante Funcionario Publico" y/o "Simulación de Hecho Punible", SIENDO FALSO LO ALEGADO POR LA DEFENSA QUE FUERON OFRECIDAS COMO DOCUMENTAL PARA SU LECTURA. LO CUAL SE OBSERVA DEL ESCRITO ACUSATORIO.

    REPECTO AL OU1NTO PUNTO por cuanto según criterio de la Defensa el Juzgado a quo, mantuvo las MEDIDAS DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD decretadas en fecha 16 de Marzo de 2011 en contra de sus defendidos E.C.C.A. C.I N° V.-9.737.625, G.J.C.G. C.I N° V.-9.713.885, GREIZENAY D.C.C. C.I N° V.17.230.961, y G.J.C.C. CI N° V.-22.121.736, alegando que habían variaron las circunstancias que le dieron origen, por cuanto de la EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO EN MATERIA DE DOCUMENTOLOGIA W 9700-242-DEZ-DC-1235 de fecha 28 de Abril de 2011, realizado por el Funcionario TUS Detective WILFREEDO MENDOZA, Experto Reconocedor adscrito al Área de Documentologia, del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalisticas SUB-DELEGACI6N ESTADAL ZULIA, a las muestras manuscritas tomadas a los Imputados de Autos ante el Juzgado a quo con debida asistencia de la Defensa, cotejados con los RECIBOS DE PAGO consignados en la fase investigativa por la victimas de autos, no se logro determinar que los Imputados G.J.C.G. C.I N° V.-9.713.885, y G.J.C.C. C.I N° V.-22.121.736 los suscribieron.

    Ciudadanos Magistrados que conforman la Corte de Apelaciones, las circunstancias que ameritaron las MEDIDAS DE PRIVACION DE LIBERTAD acordadas en contra de los Imputados de Autos en el presente proceso, no han variado en lo absoluto; por cuanto, de las circunstancias como se suscitaron los hechos punibles (ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA. USO DE DOCUMENTO FALSO v ASOCIACION PARA DELINOUIR). presentado a conocimiento del Juzgador a quo, y por el cual se esta solicitando los sus enjuiciamientos, en virtud del daño causado en el patrimonio de las victimas de autos, asi como por las penas que pudieran a llegar a imponer en el presente proceso, las cuales es igual o mayor a 10 anos, cumple con los parámetros establecidos en el Articulo 250 numerales 1, 2, 3 del Codigo Organico Procesal Penal, para el Mantenimientos de las MEDIDAS DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD; por el contrario el Juzgado a quo, desde el principio del proceso ha sido humanitario, por tratarse de una familia, y por presentar las Imputadas E.C.C.A. C.I N° V.-9.737.625, y GREIZENAY D.C.C. C.I N° V.17.230.961 quebrantos de salud, mantener como sitio de reclusión preventiva, LOS CALABOZOS DEL INSTITUTO AUTONOMO POLICIA DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO, de lo cual esta Representante del Ministerio Publico, asi como las victimas de autos no han manifestado oposición alguna, 6 alegado en virtud de ello al igual que la defensa de autos en su escrito d apelación, imparcialidad por parte del juzgado a quo hacia los Imputados de Autos.

    PETITORIO: Solicita sea Declarado Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la decisión N° 1495-11, dictada en fecha 11 de Julio de 2011, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia.

  3. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR.-

    De la revisión realizada, a las actas que conforman la presente incidencia, la Sala para decir constata de actas, lo siguiente:

    En fecha once (11) de julio de 2011, se llevo a cabo el Acto de Audiencia Preliminar, en virtud de la Acusación Fiscal interpuesta por la Fiscalía Cuadragésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en contra de los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., por la presunta comisión ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USO DE DOCUMENTO FALSO o ALTERADO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.

  4. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:

    Este Tribunal de Alzada, una vez analizados como han sido los fundamentos de derecho explanados por los recurrentes en su escrito de apelación, pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente forma:

PRIMERO

Esgrime el apelante que, solicitó la nulidad absoluta del acto conclusivo presentado por la Vindicta Pública, denunciando que el Juzgado a quo no se pronunció respecto a dicha solicitud, violentando con ello el derecho a la defensa, la garantía relativa a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, arguyendo que peticionaba la referida nulidad por lo preceptuado en los artículos 190 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, al estimar la vulneración de normas constitucionales y procesales.

Al respecto, es necesario precisar que, la presente causa deviene de la fase intermedia del proceso penal, por ello es menester referir que, dentro del ámbito de competencia del Juez en Funciones de Control, se encuentra la realización de la audiencia preliminar, que es el acto oral más importante de dicha etapa, con el cual finaliza la misma, donde el Juzgador ejerce el control formal y material sobre la acusación, que ha sido presentada como acto conclusivo.

Sobre esta actividad del Jurisdicente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado que:

…el control de la acusación implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias. El mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación –los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. Por su parte, el control material implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del banquillo”” (Sentencia N° 269, de fecha 16-04-10, Magistrada Ponente Carmen Zuleta de Merchán. Exp. N° 09-1373).

Señalado lo anterior, al revisar la decisión impugnada, se observa que, en fecha 11-07-2001, durante el acto de audiencia preliminar, el profesional del derecho WILL A.M., actuando en su carácter de defensor de los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., al momento de exponer sus alegatos de defensa, refirió que, ratificaba el escrito de contestación de la acusación fiscal interpuesto por la Fiscalia Cuadragésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, precisando que lo peticionaba conforme a lo establecido en los artículos 190 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal y indicando que el Ministerio Público había violentado el debido proceso y por ello el derecho a la defensa, estimando que la representación fiscal no había imputado a sus defendidos los hechos denunciados por las nuevas victimas.

Luego, en razón de lo peticionado por la defensa de autos, el Juzgado en Funciones de Control, al momento de dictar el respectivo pronunciamiento, decidió lo siguiente:

…omisis…Finalmente, en cuanto al numeral 6° del artículo 326 del Codigo Organico Procesal Penal, el Ministerio Publico solicita el enjuiciamiento de los imputados E.C.C.A.. G.J.C.G., GREIZENAY DESISREE CORDERO COLINA Y G.J.C.C., como CO-AUTOR, de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano, en concordancia con el Articulo 99 Ejusdem, USO DE OCUMENTO FALSO 6 ALTERADO, previsto y sancionado en el Articulo 322 del C6digo Penal Venezolano, y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el numeral 3 del Articulo 16 Ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos EDWARSJOSE M.C., E.E.U., y otros; por lo que considera este Tribunal que la acusación presentada por la Fiscalia 46 del Ministerio Publico, cumple con los requisitos establecidos en el articulo 326 del Código Organico Procesal Penal, por lo que ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION presentada por la Fiscalia 46° del Ministerio Publico, de conformidad con lo establecido en el numeral 2" del articulo 330 del Codigo Organico Procesal Penal; asimismo, verificado que el Ministerio Publico estableci6 la legalidad, licitud, necesidad y pertinencia de los medios de prueba, este Tribunal ADMITE TOTALMENTE LOS MEDIOS DE PRUEBA ofrecidos por la Fiscalia 46° del Ministerio Publico, de conformidad con lo establecido en el numeral 9° del articulo 330 del Codigo Organico Procesal Penal, y se admite las PRUEBAS TESTIMONIA Y DOCUMENTAL promovida por la defensa En cuanto a la solicitud de OFICIAR AL ENTE O INSTITUCION BANCARIA "BANCO DE VENEZUELA", a los fines de que informe si las personas identificadas como Victima en la presente causa, poseen o realizaron tramites de Créditos Hipotecarios, por dicha institución financiera, a los fines de desvirtuar lo expuesto por los denunciantes. Este tribunal: CONSIDERA PROCEDENTE ADMITIR DICHA SOLICITUD, SIENDO EL ORGANO JURISDICCIONAL QUE TENDRA A SU CARGO LA REALIZACION DE LA AUDIENCIA ORAL, EL QUE TENDRA PER SE LA MATERIALIZACION DE DICHA SOLICITUD.- ASIMISMO SE ADMITE LA TESTIMONIAL DE LA CIUDADANA: M.R., cedula de identidad Nº 7.974.187. Asi mismo considera esta Juzgador en cuanto En cuanto a la solicitud de EXAMEN Y REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACION DE LOS ACUSADOS: G.J.C.G., G.J.C.C. y GREIZENAID D.C.C. Basada en los resultados de la Experticia de Reconocimiento Nº 9700-24-DEZ-DC-1235, a cada uno de los recibos aportados en la Investigación por los ciudadanos denunciantes, y que demuestran fehacientemente, que en ningún momento las victimas fueron coaccionadas e intimidadas por sus defendidos, ni mucho menos existid una contraprestación ofertada por ellos, ni fueron otorgados por sus defendidos- Este Juzgador a los fines de resolver esta solicitud considera, que los ciudadanos G.J.C.G., G.J.C.C. y GREIZENAID D.C.C., si bien realizaron aportaciones ajenas al Núcleo el tipo penal por el cual estan siendo acusados, en ese caso ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA. Y aun cuando su intervención no haya sido de manera directa y personal en la ejecución del hecho inicial que nos ocupa Si se integraron desde el primer momento en el Plan Común de la Estafa conjuntamente con la ciudadana: E.C. realizando conjuntamente las acciones subsiguientes igualmente integradoras del diseño completo de la acción delictiva, que permitieron consumar el desplazamiento patrimonial de las victimas hacia los hoy acusados. Y materializar asi el perjuicio derivado del Engaño realizado por el grupo en conjunto. Por lo ya expuesto ESTE TRIBUNAL DECLARA SIN LUGAR LA REVISION DE MEDIDA SOLICITADA POR LA DEFENSA PRIVADA DE LOS ACUSADOS DE AUTOS. Se ordena proveer las copias solicitadas Y ASI SE DECIDE

…OMISIS….

DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO

Acto seguido, considera quien aquí decide, que cumplidos los requisitos establecidos en el articulo 330 del Codigo Organico Procesal Penal e impuesto cada uno de los hoy acusados E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAY DESISREE CORDERO COLINA Y G.J.C.C., ampliamente identificados en actas, luego de admitidas cada una de las acusaciones interpuestas por el Ministerio Publico en su contra, como ya se especifico en la presente acta, e impuestos cada uno de los hoy acusados de las Formula Alternativa a la Prosecución del Proceso, donde cada uno de los hoy acusados ha manifestado que no desea admitir los hechos, conforme el artículos 376 del Codigo Organico Procesal Penal, tal y como se les explico, es por lo que este Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia considera que debe ORDENAR EL E.C.C.A., de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 43 anos de edad, casada, de profesión u Oficio Comerciante, cedula de identidad Nº V-9.737625, residenciada en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.G., de nacionalidad Venezolana, natural de Coro, Estado Falcón, de 47 años de edad, casado, de profesión u Oficio Chofer, cedula de identidad Nº V-9.713.885, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. GREIZENAY DESISREE CORDERO COLINA, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 26 anos de edad, Soltera, de profesión u Oficio Ama de casa. cedula de identidad Nº V-17.230.961, residenciada en Urbanización El Soler. Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.C.. de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 19 anos de edad, Soltero, de profesión u Oficio Obrero, cedula de identidad Nº V-22.121.736, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F. Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z., por la comisi6n de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano, en concordancia con el Articulo 99 Ejusdem, USO DE DOCUMENTO FALSO 6 ALTERADO, previsto y sancionado en el Articulo 322 del C6digo Penal Venezolano, y Asociación PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el numeral 3 del Articulo 16 Ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos E.J.M.C., E.E.U., y Otros; auto DE APERTURA A JUICIO en contra de los hoy acusados: y emplaza a las partes para que en un plazo común de cinco (05) días concurran ante el Tribunal de Juicio que por distribuci6n le corresponda en este mismo Circuito Judicial Penal. Asimismo, se da instrucciones al Secretario de este Despacho para que tome la debida nota y una vez vencido el lapso legal, deberá remitir al Departamento de Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, a fin de que la presente causa sea remitida en su original con todas las actas que contenga, para que a su vez, sea distribuido a un Tribunal de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, con el objeto de que se celebre JUICIO ORAL Y PUBLICO, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 331 del Codigo Organico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

DECISION:

Por los fundamentos antes expuestos de hecho y de derecho, este JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA administrando justicia, en nombre de la republica y por autoridad de la Ley, DECIDE:

PRIMERO:

DECLARA SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES interpuestas por el ciudadano ABOGADO WILL ANDRADE, en su carácter de Defensor de los Imputados identificados en actas, la lectura de la misma evidencia que no se violento el orden procesal ni constitucional en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 326 del Codigo Organico Procesal Penal, todo lo cual se efectu6 con estricto apego a la normativa procesal.

SEGUNDO

ADMITE TOTALMENTE LA ACUSACION presentada por la Fiscalia 46" (del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en contra de los ciudadanos, hoy acusados: E.C.C.A., de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 43 años de edad, casada, de profesión u Oficio Comerciante, cedula de identidad Nº V-9.737625, residenciada en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.G., de nacionalidad Venezolana, natural de Coro, Estado Falcón, de 47 anos de edad. casado, de profesión u Oficio Chofer, cedula de identidad Nº V-9.713.885, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. GREIZENAY .DESISREE CORDERQ COLINA. de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 26 arios de edad, Soltera, de profesi6n u Oficio Ama de casa, cedula de identidad Nº V-17.230.961, residenciada en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.C., de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 19 años de edad, Soltero, de profesión u Oficio Obrero, cedula de identidad Nº V-22.121.736, residenciado en Urbanizaci6n El Soler, Lote 16, avenida 49F. Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z., por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano, en concordancia con el Articulo 99 Ejusdem. USO DE DOCUMENTO FALSO 6 ALTERADO, previsto y sancionado en el Articulo 322 del Codigo Penal Venezolano, y Asociación PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el numeral 3 del Articulo 16 Ejusdem. en perjuicio de los ciudadanos E.J.M.C., E.E.U., y otros, de conformidad con el Numeral 2° del articulo 330 del Codigo Organico Procesal Penal.

TERCERO:

ADMITE TOTALMENTE LOS MEDIOS DE PRUEBAS ofrecidos por la Fiscalia 46° del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y como la Defensa Privada, en la causa seguida a los acusados. E.C.C.A.. de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 43 años de edad, casada. de profesión u Oficio Comerciante, cedula de identidad Nº V-9.737625, residenciada en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.G., de nacionalidad Venezolana, natural de Coro, Estado Falcón, de 47 anos de edad, casado, de profesión u Oficio Chofer, cedula de identidad Nº V-9.713.885, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. GREIZENAY DESISREE CORDERQ COLINA. de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 26 años de edad, Soltera, de profesión u Oficio Ama de casa, cedula de identidad Nº V-17.230.961, residenciada en Urbanización El Soler. Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.C.. de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 19 anos de edad, Soltero, de profesi6n u Oficio Obrero, cedula de identidad Nº V-22.121.736, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro 117, Municipio San F.E.Z., por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano, en concordancia con el Articulo 99 Ejusdem, USO DE DOCUMENTO FALSO 6 ALTERADO, previsto y sancionado en el Articulo 322 del C6digo Penal Venezolano, y Asociación PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, .en concordancia con el numeral 3 del Articulo 16 Ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos E.J.M.C., E.E.U., y otros, al considerar este Tribunal que tales medios de pruebas son lícitos, legales necesarios y pertinentes, a la cual se acoge la Defensa por el Principio de Comunidad de la Prueba, de conformidad con lo establecido en el numeral 9° del articulo 330 del Codigo Organico Procesal Penal.

CUARTO:

SE DECLARA SIN LUGAR LA REVISION DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD en contra de los acusados: G.J.C.G., de nacionalidad Venezolana, natural de Coro, Estado Falcón, de 47 años de edad, casado, de profesión u Oficio Chofer, cedula de identidad Nº V-9.713.885, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. GREIZENAY DESISREE CORDERQ COLINA. de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 26 anos de edad, Soltera, de profesión u Oficio Ama de casa, cedula de identidad Nº V-17.230.961, residenciada en Urbanizaci6n El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.C.. de nacionalidad Venezolana. natural de Maracaibo, de 19 arios de edad, Soltero, de profesión u Oficio Obrero, cedula de identidad Nº V-22.121.736, residenciado en Urbanizaci6n El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z., por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano, en concordancia con el Articulo 99 Ejusdem, USO DE DOCUMENTO FALSO 6 ALTERADO, previsto y sancionado en el Articulo 322 del Codigo Penal Venezolano, y Asociación PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el numeral 3 del Articulo 16 Ejusdem. en perjuicio de los ciudadanos E.J.M.C., E.E.U., y otros, de conformidad con lo establecido en el articulo 250, numerales 1°, 2° y 3°, en concordancia con el articulo 264, ambos del Codigo Organico Procesal Penal. Por cuanto si bien realizaron aportaciones ajenas al Núcleo del tipo penal por el cual estan siendo acusados, en ese caso: ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA Y aun cuando su intervención no haya sido de manera directa y personal en la ejecución del hecho inicial que nos ocupa. Si se integraron desde el primer momento en el Plan Común de la Estafa conjuntamente con la ciudadana: E.C. realizando conjuntamente las acciones subsiguientes igualmente integradoras del diseño completo de la acción delictiva, que permitieron consumar el desplazamiento patrimonial de las victimas hacia los hoy acusados, y materializar asi el perjuicio derivado del Engaño realizado por el grupo en conjunto.-

QUINTO:

MANTIENE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD en contra de los acusados E.C.C.A., de nacionalidad Venezolana de Maracaibo. de 43 anos de edad, casada. de profesión u Oficio Comerciante, cedula de identidad Nc V-9 737625, residenciada en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.G., de nacionalidad Venezolana. natural de Coro Estado Falcón, de 47 anos de edad, casado, de profesión u Oficio Chofer, cedula de identidad N' V-9 713 885 residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F. Casa Nro 117. Municipio San F.E.Z.G.D.C. COLlNA, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 26 anos de edad, Soltera, de profesión u Oficio Ama de casa, cedula de identidad N" V-17.230.961 residenciada en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F, Casa Nro 117, Municipio San F.E.Z.. G.J. CORDERO COLlNA, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo de 19 años de edad. Soltero de profesión u Oficio Obrero, cedula de identidad Nº V-22.121.736, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16 avenida 49F. Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z., por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano en concordancia con el artículo 99 Ejusdem, USO DE DOCUMENTO FALSO 6 ALTERADO previsto y sancionado en el Articulo 322 del Codigo Penal Venezolano, y ASOCIACI6N PARA DELINQUIR previsto y sancionado e.A. 16 de la L.O.C. la Delincuencia Organizada, en concordancia con e; numeral 3 de; Articulo 16 Ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos E.J.M.C.. E.E.U., y otros, de conformidad con lo establecido en el artículo 250. numerales 1°. 2" y 3° del Código Organico Procesal Penal.

SEXTO:

ORDENA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO en contra de los hoy acusados ELIZABETH CHIQUINQUIRA COLlNA ACEVEDO, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo. de 43 anos de edad casaca de profesión u Oficio Comerciante, cedula de identidad Nº V-9.737625. residenciada en Urbanización El Soler. Lote 16. avenida 49F, Casa Nro 117, Municipio San F.E.Z.. G.J.C.G., de nacionalidad Venezolana, natural de Coro. Estado Falcón, de 47 anos de edad, casado. de profesión Oficio Chofer. cedula de identidad Nº V-9.713.885, residenciado en Urbanización El Soler. Lote 16 avenida 49F, Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.G.D.C. COLlNA, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 26 anos de edad. Soltera de profesión u Oficio Ama de casa, cedula de identidad Nc V-17.230.961, residenciada en Urbanización El Soler Lote 16 avenida 49F Casa Nro. 117, Municipio San F.E.Z.. G.J. CORDERO COLlNA, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, de 19 años de edad, Soltero, de profesión u Oficio Obrero, cedula de identidad Nº V-22.121736, residenciado en Urbanización El Soler, Lote 16, avenida 49F Casa Nro 117 Municipio San F.E.Z., por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el Articulo 462 del Codigo Penal Venezolano, en concordancia con el Articulo 99 Ejusdem USO DE DOCUMENTO FALSO 6 ALTERADO, previsto y sancionado en el Articulo 322 del Codigo Penal Venezolano y ASOCIACION PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el Articulo 16 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en concordancia con el numeral 3 del Articulo 16 Ejusdem, en perjuicio de los ciudadanos E.J.M.C., E.E.U., y otros; y emplaza a las partes para que en un plazo común de cinco (05) días concurran ante el Tribunal de Juicio que por distribución le corresponda en este mismo Circuito Judicial Penal. Asimismo. se da instrucciones al Secretario de este Despacho para que tome la debida nota y una vez vencido el lapso legal, deberá remitir al Departamento de Alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, a fin de que la presente causa sea remitida en su original con todas las actas que contengan para que a su vez, sea distribuido a un Tribunal de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, con el objeto de que se celebre JUICIO ORAL Y PUBLICO, todo de conformidad con lo establecido en el articulo 331 del Codigo Organico Procesal Penal. No habiendo objeciones de las partes y resueltas todas las solicitudes concluye este acto. Se ordena proveer las copias solicitadas. Se deja constancia que se cumplieron con las formalidades de Ley…

.

Ahora bien, se evidencia que la defensa de actas, solicitó la nulidad absoluta del escrito de acusación fiscal, amparándose en los preceptos legales contenidos en los artículos en los artículos 190 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, decidiendo el Juez a quo que, declaraba sin lugar las excepciones interpuestas por la defensa. En tal sentido, es preciso señalar que, para que proceda la nulidad de un acto procesal, debe darse cualquiera de las circunstancias que el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, preceptúa, a saber:

Artículo 191. Nulidades absolutas. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República…

.

La norma transcrita supra, prevé que los actos que vulneren la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, son los que conllevan al decreto de nulidad del mismo; mientras que, el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, preceptúa los obstáculos al ejercicio de la acción penal, conteniendo en el numeral 4, literal “i”, la excepción referida a la falta de requisitos formales, para intentar la acusación fiscal, cuyo efecto procesal al ser declarada con lugar, conlleva el sobreseimiento de la causa, a tenor de lo consagrado en el artículo 33.4 del citado texto legal.

Ahora bien, en el caso concreto, estos Jurisdicentes observan que, el Juez de la Instancia, independientemente de la norma invocada para resolver el pedimento de la defensa, analizó el contenido del escrito de acusación fiscal, interpuesto por la Representación Fiscal Cuadragésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, estimando del estudio del mismo, que cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, considerando en consecuencia que, no existía violación del principio del debido proceso, así como tampoco de garantías procesales ni constitucionales, en base a ello, declaró sin lugar las excepciones contempladas en el artículo 28 ordinal 4° Literal “e” del Código Orgánico Procesal Penal interpuestas por la Defensa, mas no se pronuncio sobre la solicitud de Nulidad del Acto Conclusivo tal como fue peticionado, violentándose de esta manera el derecho a la defensa, la garantía relativa a la tutela judicial efectiva y el principio del debido proceso, denunciados por la defensa en el escrito recursivo.

En este orden de ideas es oportuno señalar que sobre la motivación, como elemento esencial de todo pronunciamiento judicial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 747, dictada en fecha 23-05-11, Exp. N° 10-0176, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, dejó sentado que:

…Al respecto, esta Sala precisa que la debida motivación de los diversos pronunciamientos jurisdiccionales, en cuanto resuelven controversias que afectan derechos subjetivos y objetivos de las partes, impone la obligación de estar fundamentados, pues, sólo así se garantiza el respeto al derecho a la defensa y al derecho a conocer las razones por las cuales los Tribunales de Justicia pronuncian un fallo a favor o en contra de alguna de las partes. Por ello, se ha dicho que la motivación es el dique o muro de contención de la arbitrariedad de los juzgadores

.

En cuanto a la motivación de los fallos judiciales, la doctrina patria refiere que:

La motivación es parte esencial de todo fallo judicial, y es aquí donde entra a jugar su papel fundamental la Teoría de la Argumentación, lo cual funciona en aquellos campos donde no se manejan verdades racionales sino que discuten punto de vistas, donde se enfrentan dos o más posiciones, y en donde cada uno de los que argumenta pretende convencer a un determinado auditorio de que su posición es la mas razonable, justa o conveniente, es decir, expone los argumentos que, en su opinión, le servirán para hacer prevalecer sus puntos de vista sobre los eventuales puntos de vista concurrentes. El juez cuando motiva su sentencia, lo que persigue, en primer lugar, es convencer a las partes que litigaron en el proceso, en segundo término, si un juez de instancia, va a tratar también de convencer al tribunal superior o de casación que, eventualmente, tendrá que revisar su decisión, y, en última instancia, buscará convencer a la opinión pública especializada, es decir, los va a querer convencer de que su sentencia no sólo es conforme al derecho positivo, que está obligado a aplicar, sino también de que esa sentencia es razonable, es conveniente, que es adecuada al caso concreto, y, en especial que es justa, o sea, que está de acuerdo con lo que en esa sociedad considera justo, es decir, que su decisión no choca con las valoraciones colectivas y contribuye a realizar el ideal de justicia socialmente vigente

(Hermann Petzold-Pernía. Una Introducción a la Metodología del Derecho. Universidad Católica A.B., Caracas, 2008, p: 72).

Además de señalarse, en qué consiste el vicio de inmotivación, el cual no se encuentra acreditado en la presente causa, esta Alzada estima preciso señalar que, cuando el Jurisdicente no da respuesta a las peticiones de las partes, incurre en el vicio de incongruencia omisiva, siempre que dicho silencio judicial no pueda interpretarse, como una desestimación tácita del contenido de la decisión. Sobre el referido vicio, el M.T. de la República, dejó sentado que se produce cuando:

“…debe afirmarse que el vicio de incongruencia omisiva o ex silentio, alegado por los hoy recurrentes, se produce cuando el Juez deja sin contestar las pretensiones de las partes sometidas a su conocimiento, siempre y cuando tal silencio judicial no pueda interpretarse, razonablemente, como una desestimación tácita por inducirse así del contexto del razonamiento articulado en la sentencia.

Para que se configure tal vicio, deben concurrir dos elementos: a) Que efectivamente el justiciable haya planteado el problema en su pretensión; y b) La ausencia de respuesta razonable por el órgano jurisdiccional.

Al respecto, en sentencia n. 2.465/2002 del 15 de octubre, esta Sala estableció lo siguiente:

… esta Sala estima que en el caso de autos se ha denunciado la violación del derecho al debido proceso y al derecho a la tutela judicial efectiva, por “omisión injustificada”, en los términos a que hace alusión el numeral 8 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del análisis de una prueba que a juicio de la accionante es ‘fundamental, decisiva, v.y.p. para la solución de la controversia planteada’.

Conviene entonces señalar que la tendencia jurisprudencial y doctrinaria contemporánea en materia constitucional, es considerar la violación del derecho a la tutela judicial efectiva por lo que se denomina como ‘incongruencia omisiva’ del fallo sujeto a impugnación.

La jurisprudencia ha entendido por ‘incongruencia omisiva’ como el ‘desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosas distinta de lo pedido, (que) puede entrañar una vulneración del principio de contradicción, lesivo al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia’ (sentencia del Tribunal Constitucional Español 187/2000 del 10 de julio).

Para este Supremo Tribunal, la incongruencia omisiva de un fallo impugnado a través de la acción de amparo constitucional, debe ser precedida de un análisis pormenorizado y caso por caso de los términos en que ha sido planteada la controversia, a los fines de constatar que la cuestión que se dice imprejuzgada fue efectivamente planteada.

Constada la omisión de juzgamiento, debe precisarse si era el momento oportuno para que ese juzgado se pronunciase sobre tal alegato.

Pero no toda omisión debe entenderse como violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que se refiere a la pretensión de la parte en el juicio y no sobre meros alegatos en defensa de esas mismas pretensiones, puesto que estas últimas no requieren un pronunciamiento tan minucioso como las primeras y no imponen los límites de la controversia, ello en consonancia con lo preceptuado en el numeral 8 del artículo 49 de la vigente Constitución que exige una ‘omisión injustificada’.

Finalmente, debe analizarse si la omisión fue desestimada tácitamente o pueda deducirse del conjunto de razonamientos de la decisión, pues ello equivaldría a la no vulneración del derecho reclamado

.

En el caso de autos, si bien se configuró el primer requisito, ya que la parte actora efectivamente planteó el problema en sede jurisdiccional, no es menos cierto que el Juzgado de Control accionado dio una respuesta razonable a tal planteamiento, en su decisión del 12 de mayo de 2009, mediante la cual desestimó la antes mencionada excepción (atipicidad de los hechos), toda vez que, en primer lugar, consideró que el Ministerio Público sí señaló en su escrito acusatorio, de manera clara y contundente, cuáles fueron los hechos objeto del proceso, y en segundo lugar, afirmó que tales hechos narrados en el escrito de acusación fiscal, en vista de sus características, podrían ser susceptibles de ser encuadrados en la norma que contempla el delito de lesiones personales culposas, a saber, el artículo 422.2 del Código Penal vigente para la época de comisión de los hechos, en concordancia con el artículo 416 eiusdem (Sentencia N° 308, dictada en fecha 30-04-10, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, Exp. N° 09-0948).

De lo anterior se desprende que, el Juez de Control no dio respuesta al planteamiento efectuado por el profesional del derecho WILL A.M. –solicitud de nulidad del acto conclusivo-, durante el acto de audiencia preliminar, configurándose de esta manera la incongruencia omisiva o ex silentio. ASÍ SE DECIDE.

Consideraciones en atención a las cuales, esta Sala estima que lo ajustado a derecho es declarar CON LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado WILL A.M., actuando con el carácter de Defensor de los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., en contra de la Decisión Nº 1495-11, dictada en fecha once (11) de julio de 2011, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se llevo a cabo el acto de Audiencia Preliminar en la causa seguida a los referidos ciudadanos, por la presunta comisión ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USO DE DOCUMENTO FALSO o ALTERADO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, y en la cual el referido Juzgado no se pronuncio sobre la solicitud de Nulidad de la Acusación Fiscal interpuesta por la defensa de autos; por vía de consecuencia se declara la nulidad de la decisión impugnada, conforme a los artículos 173, 190, 191, 195, 196 y 246 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la realización de un nuevo acto de Audiencia Preliminar, el cual deberá ser efectuado, por un Juez Profesional distinto al que dictó la decisión aquí anulada, prescindiendo de los vicios en los cuales incurrió la Instancia, en atención al artículo 434 del citado texto adjetivo penal. Así se Decide.

En virtud de la declaratoria con lugar del recurso de apelación de autos –primera denuncia-, interpuesto por el profesional del derecho WILL A.M., esta Sala considera inoficioso resolver el resto de las denuncias contenidas en el recurso de apelación de autos, por haber perdido su vigencia jurídica la decisión impugnada, al haber sido anulada por esta Instancia. Así se Decide.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

PRIMERO

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el profesional del derecho WILL A.M., actuando con el carácter de Defensor de los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C..-

SEGUNDO

Se ANULA la decisión Nº 1495-11, dictada en fecha once (11) de julio de 2011, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual se llevo a cabo el acto de Audiencia Preliminar en la causa seguida a los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., por la presunta comisión ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, USO DE DOCUMENTO FALSO o ALTERADO y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, y en la cual el referido Juzgado de Control no se pronuncio sobre la solicitud de Nulidad de la Acusación Fiscal interpuesta por la defensa de autos.

TERCERO

se ORDENA la realización de un nuevo acto de audiencia preliminar, en la causa seguida a los ciudadanos E.C.C.A., G.J.C.G., GREIZENAID CORDERO COLINA y G.J.C., por la presunta comisión ESTAFA AGRAVADA CONTINUADA, previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal Venezolano en concordancia con el artículo 99 ejusdem, USO DE DOCUMENTO FALSO o ALTERADO, previsto y sancionado en el artículo 322 ibidem y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Orgánia contra la Delincuencia Organizada, distinto al que dictó la decisión aquí anulada, prescindiendo de los vicios en los cuales incurrió la Instancia, en atención al artículo 434 del citado texto adjetivo penal.

CUARTO

En virtud de la declaratoria con lugar del recurso de apelación de autos –primera denuncia-, interpuesto por el profesional del derecho WILL A.M., esta Sala considera inoficioso resolver el resto de las denuncias contenidas en el recurso de apelación de autos, por haber perdido su vigencia jurídica la decisión impugnada, al haber sido anulada por esta Instancia.

Publíquese, regístrese y remítase en la oportunidad legal correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Maracaibo, a los cuatro (04) días del mes de octubre de 2.011. Años 201° de la Independencia y 152° de la Federación.

LA JUEZA PRESIDENTA

S.C.D.P.

LOS JUECES PROFESIONALES

DRA. D.N. RIVAS. DR. R.Q.

Ponente

EL SECRETARIO,

ABOG. RUBEN E MARQUEZ S

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