Sentencia nº 132 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 11 de Agosto de 2016

Fecha de Resolución:11 de Agosto de 2016
Emisor:Sala Electoral
Número de Expediente:2015-000073
Ponente:Jhannett María Madríz Sotillo
Procedimiento:Recurso Contencioso Electoral con medida cautelar
 
CONTENIDO

Numero : 132 N° Expediente : 2015-000073 Fecha: 11/08/2016 Procedimiento:

Recurso Contencioso Electoral con medida cautelar

Partes:

Los ciudadanos A.A., J.R.A. y MIGUEL GALLEGOS, asistidos por el abogado O.R.S.G., interponen recurso contencioso electoral conjuntamente con medida cautelar contra la Resolución N°150414-081, dictada por Consejo Nacional Electoral, de fecha 14 de abril de 2015, y publicada en Gaceta Electoral N° 750 en fecha 15 de mayo de 2015, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Reconocer todas las actuaciones suscritas y presentadas por los ciudadanos D.B. y G.P., en su carácter de presidente y vicepresidente de la organización con fines políticos nacional POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), SEGUNDO: Se reconoce la Junta Directiva Nacional notificada a este Organismo Electoral en fecha 30 de octubre de 2012 y ratificada el 16 de octubre de 2014(…)TERCERO: Se dejan sin efecto y se declaran nulas todas las actuaciones presentadas por el ciudadano B.R., M.G. y A.A., en especial la Asamblea celebrada en fecha 30 de agosto de 2014 y todas las decisiones en ella adoptadas. CUARTO: Se ratifica la expulsión de la militancia de la organización con fines políticos POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), efectuada a los ciudadanos B.R., cédula de identidad N° 646.652, A.A., cédula de identidad N° 11.730.042 y de la ciudadana Migadalia Ramos, cédula de identidad N° 3.955.810…”.

Decisión:

La Sala declaró: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto al recurso contencioso electoral ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra la Resolución número 150414-081 dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 14 de abril de 2015, publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela número 750 de fecha 15 de mayo de 2015, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Reconocer todas las actuaciones suscritas y presentadas por los ciudadanos D.B. y G.P., en sus carácter de presidente y vicepresidente de la organización con fines políticos nacional POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS). SEGUNDO: Se reconoce la Junta Directiva Nacional notificada por este Organismo Electoral en fecha 30 de octubre de 2012 y ratificada el 16 de octubre de 2014 (…) TERCERO: Se dejan sin efecto y se declaran nulas todas las actuaciones presentadas por el ciudadano B.R., M.G. y A.A., en especial la Asamblea celebrada en fecha 30 de agosto de 2014 y todas las decisiones en ella adoptadas. CUARTO: Se ratifica la expulsión de la militancia de la organización con fines políticos POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), efectuada a los ciudadanos B.R. cédula de identidad N° V-646.652, A.A., cédula de identidad N° V-11.730.042 y de la ciudadana M.R., cédula de identidad N° V-3.955.810 (…)”

Ponente:

J.M.M.S. ----VLEX---- 190184-132-11816-2016-2015-000073.html

EN 

SALA ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: J.M.M.S.

EXPEDIENTE Nº AA70-E-2015-000073

I

          En fecha 10 de junio de 2015, los ciudadanos A.A., J.R.A. y MIGUEL GALLEGOS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 11.730.042, 3.858.985 y 3.849.542, respectivamente, invocando el carácter de “S. General, S. General Adjunto y Secretario Electoral y Responsable Nacional ante el Consejo Nacional Electoral del Partido por la Democracia Social (PODEMOS), correspondientemente, elegidos en la Primera Asamblea Nacional para la Refundación de Podemos en fecha 30 de agosto de 2014…”, asistidos por el abogado  en ejercicio O.R.S.G., titular de la cédula de identidad número 14.517.412, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 103.656, presentaron ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, escrito contentivo de recurso contencioso electoral ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra la Resolución número 150414-081 dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 14 de abril de 2015 y publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela número 750 de fecha 15 de mayo de 2015, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Reconocer todas las actuaciones suscritas y presentadas por los ciudadanos D.B. y G.P., en sus carácter de presidente y vicepresidente de la organización con fines políticos nacional POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS). SEGUNDO: Se reconoce la Junta Directiva Nacional notificada a este Organismo Electoral en fecha 30 de octubre de 2012 y ratificada el 16 de octubre de 2014 (…) TERCERO: Se dejan sin efecto y se declaran nulas todas las actuaciones presentadas por el ciudadano B.R., M.G. y A.A., en especial la Asamblea celebrada en fecha 30 de agosto de 2014 y todas las decisiones en ella adoptadas. CUARTO: Se ratifica la expulsión de la militancia de la organización con fines políticos POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), efectuada a los ciudadanos B.R. cédula de identidad N° V-646.652, A.A., cédula de identidad N° V-11.730.042 y de la ciudadana M.R., cédula de identidad N° V-3.955.810 (…)” (Resaltado del original).

 

         En auto del 11 de junio de 2015, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, solicitó al Consejo Nacional Electoral, los antecedentes administrativos del caso, así como también el informe sobre los aspectos de hecho y de derecho relacionados con el presente recurso. Asimismo, designó ponente a la M.J.M.M.S., a fin de que se pronuncie respecto a la admisión del recurso y la solicitud cautelar.

          Mediante sentencia número 132 de fecha 1° de julio de 2015, la Sala Electoral declaró su competencia para conocer el recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, admitió el mismo y declaró también la pérdida del objeto de la medida cautelar innominada solicitada.

          En fecha 02 de julio de 2015, se recibió escrito contentivo del informe sobre los aspectos de hecho y de derecho, así como antecedentes administrativos relacionados con el presente recurso contencioso electoral suscrito por los abogados M.E.P. y C.C., inscritos en el Inpreabogado bajo los números 52.044 y 90.583, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del Consejo Nacional Electoral, en esa misma fecha se agregó a los autos.

          Por auto del 13 de julio de 2015, se ordenó notificar de la sentencia número 132 del 1° de julio de 2015, a la parte recurrente, a la Dirección Nacional del Partido Político por la Democracia Social (PODEMOS), a la Junta Electoral, a la Junta Ad-Hoc del mencionado Partido Político y al Ministerio Público.

          Mediante auto del 11 de enero de 2016, se dejó constancia que en fecha 23 de diciembre de 2015, se produjo la incorporación de la Magistrada F.B.M.C. y del Magistrado C.T.Z., designados por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Sesión celebrada en esa misma fecha, la Sala quedó integrada de la siguiente manera: Presidenta, M.I.M.A.I., V., Magistrado MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ, M.J.M.M.S., M.F.B.M.C. y Magistrado C.T.Z.; Secretaria Encargada, A.I.L.P. y Alguacil ciudadano R.G..

          Cumplidas las notificaciones ordenadas, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Electoral, en fecha 29 de junio de 2016, acordó librar cartel de emplazamiento a los terceros interesados, de conformidad con lo previsto en los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual a la parte recurrente se le otorgó un plazo de siete (07) días de despacho a fin de retirar, publicar y consignar el mismo ante la Sala, con la advertencia que si incumpliera con esta carga, se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente.

          En  fecha 18 de julio de 2016, se dejó constancia del vencimiento del lapso para retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento, previsto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se agregó al expediente el cartel de emplazamiento original.

          En auto del 19 de julio de 2016, se designó ponente a la M.J.M.M.S., a los fines del pronunciamiento correspondiente.

          Siendo la oportunidad de emitir el pronunciamiento correspondiente, esta S. pasa a hacerlo, previas las siguientes consideraciones:

II

DEL RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL

         La parte recurrente fundamentó el recurso contencioso electoral ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, en lo siguiente:

…estando dentro del lapso correspondiente a tenor de lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ocurrimos ante su competente autoridad a los fines de interponer y formalizar el presente RECURSO CONTENCIOSO ELECTORAL DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON MEDIDA CAUTELAR INNOMINADA, contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) N° 150414 de fecha 14 de abril de 2015 y publicada en Gaceta Electoral N° 750 de fecha 15 de mayo de 2015 (…), según lo dispuesto en los artículos 85, 127 y 179 ejusdem, y los artículos 49 numeral 1° y 266 numeral 4° de la Constitución de la República de Venezuela, en la cual reconocen todas las actuaciones suscritas y presentadas por los ciudadanos DIDALCO BOLIVAR y G.P., acreditándolos como únicas autoridades del partido, en el marco del procedimiento administrativo con el objeto de determinar las autoridades de la organización con fines políticos Por la Democracia Social (PODEMOS), que iniciará el Consejo Nacional Electoral a través de la Comisión de Participación Política y Financiamiento en fecha 06 de febrero de 2015.

CAPITULO I

DE LOS HECHOS

Es el caso ciudadanos Magistrados que en fecha 7 de junio del año 2012, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado J.J.M.J., dictó sentencia signada con el N° 793, en el expediente N° AA50-T2012-000402, en el marco de un recurso de revisión de amparo constitucional interpuesto por ante la Sala Electoral del máximo Tribunal de la República, entre otras decisiones la Sala Constitucional dictaminó la designación de una junta Ad Hoc para que ejerciera la representación conjunta del Partido por la Democracia Social (PODEMOS), en los siguientes términos:

‘5.- ACUERDA el nombramiento de una Junta ad hoc, la cual estará integrada, provisionalmente, hasta tanto se resuelva el fondo de la presente causa, por los ciudadanos: D.B. y B.R., quienes ejercerán, en el mismo orden en que son mencionados, los siguientes cargos: Presidente y Vicepresidente, cumpliendo las funciones directivas y de representación de la organización política PODEMOS’.

Ahora bien, luego de la designación de la nueva Directiva de PODEMOS realizada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional (…), la junta Ad H. integrada por D.B. y B.R., P. y V., respectivamente, designó la nueva Dirección Nacional de PODEMOS, la cual se notificó y consignó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en fecha 29 de junio de 2012, (…). Sin embargo, es preciso señalar que en esa misma fecha D.B. consignó unilateralmente ante el organismo comicial, sin ningún tipo de firma ni aprobación y en consecuencia de manera írrita e ilegal, una ‘DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, PROGRAMA DE ACCIÓN POLÍTICAS Y ESTATUTOS DE PODEMOS’ (…), lo cual fue el comienzo de una serie de acciones irregulares y fraudulentas por parte del ciudadano DIDALCO BOLIVAR, quien inició un proceso de desconocimiento de la citada sentencia y por consecuencia del Vicepresidente Nacional, consignando ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, un acta de fecha 28 de julio de 2012 donde fue falsificada la firma del V.B.R., que hace referencia de una supuesta renuncia a su cargo, (…) situación que fue negada por éste último de manera absoluta y determinante en distintas comunicaciones dirigidas al CNE y al Tribunal Supremo de Justicia (…), por cuanto la renuncia es un acto personalísimo y la manifestación de voluntad debe ser inequívoca y la misma debe hacerse ante la autoridad que hizo el nombramiento, es decir, el mismo Tribunal Supremo de Justicia, y ésta debe ser aceptada.

Es de hacer notar que el desconocimiento de dicha acta de la renuncia fraudulenta consta en el ‘INFORME RELATIVO A LA SITUACIÓN QUE PRESENTA LA ORGANIZACIÓN CON FINES POLÍTICOS MOVIMIENTO POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS) CON RESPECTO A LAS AUTORIDADES PARA POSTULAR’, levantado por la Oficina Nacional de Participación Política del CNE en fecha 9 de agosto de 2012, (…)

En vista de la inconsistencia de la supuesta renuncia de B.R. alegada por el ciudadano D.B., y en razón de lo determinante del informe del CNE arriba mencionado, en fecha 17 de octubre de 2012, D.B. presenta un acta denominada ‘Asamblea General de Militantes’ (…), contraviniendo los legítimos y legales Estatutos del Movimiento por la Democracia Social PODEMOS aprobados entre los días 22 y 25 abril de 2002, así como la sentencia de la Sala Constitucional ya mencionada; donde se decide de manera írrita e ilegal, entre otras cosas, la expulsión de los miembros de la Dirección Nacional de PODEMOS: B.R., A.A. y M.R., titulares de las cédulas de identidad números 646.652, 11.730.042 y 3.955.810, respectivamente, evidenciándose lo fraudulento de todas las actuaciones llevadas a cabo por D.B., por cuanto no se puede expulsar a quien supuestamente ha renunciado. Profundizando las contradicciones, D.B., presenta ante la Dirección General de Partidos Políticos en fecha 28 de noviembre de 2012, un escrito donde ratifica la supuesta renuncia del V.B.R. (…), cuando lo había expulsado 41 días antes.

Así mismo, es preciso denunciar que con la fraudulenta ‘Asamblea General de Militantes’ (…) convocada unilateralmente por D.B. en fecha 17 de octubre de 2012 y notificada al Consejo Nacional Electoral en fecha 23 de julio de 2013, (extrañamente nueve meses después de haberse efectuado) se asumen electos como P.D.B., y el ciudadano G.P. como V., violentando nuevamente la sentencia de la Sala Constitucional ya citada, pretendiendo sustituir la Junta Ad Hoc, lo cual invalida y convierte en nulidad absoluta cualquier acto en base a una supuesta renuncia que nunca ocurrió del V.B.R., tal como quedó demostrado ante las contradicciones del mismo D.B. y las distintas documentaciones que rechazan.

Por la inminencia de las elecciones municipales del 8 de diciembre de 2013, en razón de la necesidad de la apertura de la cuenta bancaria del partido, requisito indispensable exigido por el Consejo Nacional Electoral para el control y manejo de las finanzas del partido, los ciudadanos D.B. y B.R., Presidente para la fecha y Vicepresidente, respectivamente, abren el 7 de noviembre de 2013 una cuenta conjunta en el Banco Occidental de Descuento (BOD),(…)

Así mismo, el día 8 de noviembre de 2013, designan al ciudadano M.A.G.R., titular de la cédula de identidad número 3.849.542, como único y exclusivo representante ante el Consejo Nacional Electoral a Nivel Nacional de la Organización Política PODEMOS (…) y admitido por la Comisión de Participación Política y Financiamiento del Consejo Nacional Electoral signado con el número de expediente 29678 (…), lo cual demuestra la falsedad de la supuesta renuncia del V.B.R. tras el reconocimiento de este por parte de D.B. en los actos antes mencionados.

Sin embargo, siguiendo con las irregularidades y fraudes ante las instituciones del Estado, el ciudadano D.B., generando nuevas contradicciones en sus propias decisiones, cuatro días después de haber designado conjuntamente con el V.B.R. a M.G. ya identificado, designa nuevamente de forma unilateral al ciudadano G.P., titular de la cédula de identidad N° 13.161.626, fraudulento Vicepresidente Nacional como ‘único representante ante el CNE de la Organización Política PODEMOS’, (…), lo cual representa una situación anti ética, antimoral contraria a las prácticas democráticas y republicanas que cualquier ciudadano debe tener, máxime si se trata de un representante de un partido político. El Consejo Nacional Electoral, contrario a esa actuación ambigua y fraudulenta de D.B., procesó y admitió como único representante de PODEMOS ante ese ente comicial al ciudadano M.A.G.R., ya identificado.

A pesar del desconocimiento de la dirección política por parte de D.B., los equipos políticos se desplegaron a nivel nacional para garantizar nuestra participación en los comicios electorales con miras a la reelección del Presidente de la República H.C. el 7 de octubre de 2012; y para la elección de los gobernadores y legisladores regionales el 16 de diciembre de 2013. Pese a las contradicciones y fraudes efectuados por D.B., la dirigencia y militancia del partido, comprometida con el proceso revolucionario y en defensa del legado del C.H.C., se consagró a la elección del Presidente de la República, N.M.M., así como a la campaña y elecciones del 8 de diciembre de 2013 de los Alcaldes y Concejales.

Frente a la negativa de D.B. (por el desconocimiento suyo de la comisión Ad Hoc) de normalizar la dirección nacional y consecuentemente al resto de las direcciones políticas regionales y municipales, B.R., Vicepresidente Nacional del partido por la democracia Social (PODEMOS), conjuntamente con M.Á.G., representante único de PODEMOS ante el Consejo Nacional Electoral, dando cumplimiento al mandato de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, convoca a la 1ra ASAMBLEA NACIONAL PARA LA REFUNDACIÓN DE PODEMOS llevando a cabo un proceso en base a nuestros estatutos vigentes y reconocido por el Consejo Nacional electoral, los cuales fueron aprobados por el primer Congreso Constitutivo e Ideológico del Movimiento realizado en la Ciudad de Caracas entre los días 22 y 25 de abril de 2002, cuidando todos los requisitos de legalidad y legitimidad establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas.

Este proceso inició en fecha 12 de agosto de 2014, dando cumplimiento al cronograma de actividades del proceso eleccionario convocado para el 30 de agosto de 2014; se procedió a postular y elegir la Junta Electoral que regirá el proceso interno, la cual quedó conformada por Annia Campos C.I 14.634.975 Presidenta; M.P. C.I 14.836.388 Secretaria; J.C.M.C.I 16.741.968V.; G.P.C.I 16.763.333V. y J.B. C.I 8.813.549 Vocal (…) Sucesivamente el proceso continúa en fecha 13 de agosto de 2014, con la invitación realizada a la Presidenta del CNE T.L. y al Dr. L.E.R., Director de Partidos Políticos del CNE, por parte del Vicepresidente Nacional de PODEMOS B.R. (…) y ratificada por el Representante Nacional de PODEMOS ante el CNE, M.G..

Finalmente luego de la elección de los delegados regionales y siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos en  [los] estatutos y la Ley Orgánica de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, el 30 de agosto de 2014, a las 4:43 pm, estando presente la representación de los delegados y dirigentes regionales de[l] partido, y conocidos los resultados de los escrutinios electorales se procedió, por parte de B.R., Vicepresidente Nacional saliente de [la] organización política, a la juramentación de las autoridades legítimamente electas: A.A., S. General, H.M., P., J.R.A., S. General Adjunto y MIGUEL GALLEGOS, Secretario Electoral, como el resto de los coordinadores nacionales del partido. De esta manera se normaliza la situación irregular que hasta ese momento existía en [el] partido PODEMOS, y se da cumplimiento al mandato de la sentencia de fecha 7 de junio del año 2012 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado J.J.M.J., signada con el N° 793, en el expediente N° AA50-T2012-000402.

CAPITULO II

DEL DERECHO

En razón de las violaciones a los derechos políticos que representa la resolución impugnada en el presente recurso, como lo es el derecho a la asociación con fines políticos establecidos en el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el debido proceso con relación al derecho a la defensa contemplado en el artículo 49 numeral 1 ejusdem, el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto, dado que el Consejo Nacional Electoral en las consideraciones para decidir y análisis de argumentos afirma y da por sentada y válida la supuesta renuncia del Vicepresidente de PODEMOS para la fecha B.R., cuando la misma nunca ocurrió, y por el contrario representó un acto fraudulento de falsificación de firma que fue denunciado, negado y controvertido de manera inmediata ante el Consejo Nacional Electoral y el Propio Tribunal Supremo de Justicia en diversas oportunidades tal como quedó demostrado en autos, contraviniendo los argumentos del  propio CNE donde afirma que nunca se desconoció la firma, cuando consta en autos todas las actuaciones tendentes a negar tal renuncia.

Para demostrar dicha aseveración procede[n] a copiar extractos de la resolución impugnada:

‘…que en razón de ello, ambos comenzaron la organización de la directiva a nivel nacional con la participación de la junta ad hoc integrada por su persona como P. y por el ciudadano B.R. como V.. Que en razón de ello ambos comenzaron la organización de la directiva a nivel nacional con la participación de dicha junta ad hoc y la militancia y que de acuerdo en conjunto procedieron a realizar la designación de autoridades a nivel nacional, entre los cuales aparece el ciudadano A.A., incluso validando con su firma esa actuación. Posteriormente presenta escrito ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante este organismo electoral mediante el cual informa la designación del ciudadano G.P. como Vicepresidente Nacional en vista de la renuncia del ciudadano B.R. quien suscribió este documento y no lo desconoció’ (…)

‘En cuanto a la renuncia del ciudadano B.R., se observa que no fue desconocida por éste a pesar de constar en el expediente diversas solicitudes hechas por él, sino de manera por demás extemporánea, casi (1) un año después, cuando presentó escrito en fecha 23 de julio de 2013. A raíz de esta denuncia se designó un nuevo vicepresidente Nacional y en este mismo proceder organizativo que se había adoptado anteriormente y que fue aceptado por todos dentro de esta organización política’.

‘Alegan que el ciudadano B.R. no renunció a su cargo como vicepresidente del partido PODEMOS y que la firma de dicho ciudadano fue falsificada en el acta de fecha 28 de julio de 2012, sin embargo de estas aseveraciones no hay constancia en el expediente administrativo, ni de haber sido invocado por el ciudadano B.R., sino hasta casi un año después como se mencionó anteriormente’

‘…Consta igualmente en el expediente la renuncia del ciudadano B.R., quien nunca desconoció en el contenido de la actuación como tal, renuncia esta dio origen al nombramiento en su lugar del ciudadano G.P. en el cargo de Vicepresidente Nacional. La renuncia del ciudadano, que consta en escrito presentado ante el Consejo Nacional Electoral en fecha 2 de agosto de 2012, solo fue negada por este casi un año después mediante escrito presentado en fecha 23 de julio de 2013, y que a pesar de constar en el expediente diversas actuaciones por dicho ciudadano, nunca desconoció el hecho de haber renunciado…’

‘…Así las cosas, no queda más que concluir que las actuaciones para el nombramiento de las autoridades de la Dirección Nacional realizadas en un principio por los ciudadanos D.B. actuando en conjunto con B.R. y posteriormente con G.P. ante la renuncia de B.R. tienen plena validez y así se declara…’

‘como consecuencia de lo anterior todas las actuaciones realizadas por los ciudadanos B.R. con posterioridad a su expulsión deben considerarse nulas por ya no ser miembros militantes de la organización con fines políticos POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS). De igual forma deben considerarse viciadas de nulidad las actuaciones relativas a la asamblea realizada el 30 de agosto de 2014, en las que se pretendió designar a las autoridades de esa organización política, dada la falta de cualidad de sus convocantes y participantes, quienes no eran miembros de la Dirección Nacional designadas en fecha 02 de agosto de 2012, así se decide…’

Por tal motivo, se puede apreciar de extractos recogidos de la propia resolución objeto de impugnación que no solamente alegan como válida la supuesta renuncia, si no que obvian la argumentación nuestra y deciden en base a una renuncia que nunca ocurrió, siendo éste el elemento fundamental para la toma de decisiones en la presente causa y declarar válidas las actuaciones de D.B. y G.P.. Tal situación debe declarar nulas todas las actuaciones implementadas por D.B. y G.P., en razón que se sustentan en base a la supuesta renuncia de B.R. que nunca ocurrió, configurándose de esta manera el vicio de falso supuesto de hecho.

Por este motivo el CNE no solamente incurrió en una apreciación errónea de los hechos con relación a la supuesta renuncia de B.R., si no que afirmó que este nunca había desconocido dicha renuncia cuando consta en autos diversos documentos, solicitudes y hasta impugnaciones ante el Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia negando B.R. el hecho de no haber renunciado, tal como se demuestra una vez más en escrito dirigido al P. y demás miembros de la Sala Constitucional de este máximo tribunal de justicia de fecha 26 de agosto de 2015 (…)

Asimismo, el CNE en la resolución impugnada afirma ‘…que las expulsiones de los ciudadanos B.R., A.A. y M.R., deben conservar toda su validez ya que no fueron objeto de recurso alguno en su contra…’

Dicha afirmación se contradice por las distintas actuaciones presentadas tanto en el Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional del TSJ, tal como se evidencia en el escrito presentado ante la Sala Constitucional del TSJ en fecha 15 de noviembre de 2012 (…) en la cual denuncia y rechaza dicha expulsión la cual se produjo sin la instalación de instancias disciplinarias tal como lo establece los estatutos del partido, y con una clara e inequívoca violación a los más elementales principios del debido proceso.

Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala Político Administrativa, ha decidido en relación al Vicio de Falso Supuesto, mediante Sentencia Nro. 00465 de fecha 27/03/2001, lo siguiente:

‘se concibe el falso supuesto como vicio que tiene lugar cuando la Administración se fundamenta en hechos inexistentes, o que ocurrieron de manera distinta a la apreciación efectuada por el órgano administrativo, o finalmente, cuando la Administración se fundamenta en una norma que no es aplicable al caso concreto. Se trata, entonces, de un vicio que por afectar la causa del acto administrativo acarrea su nulidad absoluta; por lo cual es necesario examinar si la configuración del acto administrativo se adecuó a las circunstancias de hecho probadas en el expediente administrativo, de manera que guardaran la debida congruencia con el supuesto previsto en la norma legal.’

(…)

La doctrina patria ha realizado la siguiente observación en relación con el vicio del falso supuesto. ‘El falso supuesto de hecho ocurre cuando la Administración fundamenta su actuación en hechos que nunca ocurrieron o que sucedieron de manera distintas a como fueron apreciados por la Administración. De esta forma, el falso supuesto de hecho consiste en la falta de correspondencia entre las circunstancias fácticas invocadas por la Administración y los hechos que realmente ocurrieron en la realidad, lo cual conlleva, también, a que no se correspondan tales hechos invocados con el supuesto de hecho de la norma en la cual la Administración funda su actividad’

(…)

Bajo esta premisa, es preciso señalar que el acto impugnado adolece del vicio de falso supuesto, dado que el Consejo Nacional Electoral en la resolución objeto de impugnación, declaró con lugar todas las actuaciones presentadas por D.B. y G.P., basándose en una errónea apreciación de los hechos. En efecto el CNE incurrió en una errónea apreciación de los hechos al considerar valida la renuncia de B.R. y al afirmar que solo un año después fue desconocida por este, cuando la realidad demostrada en autos es que fue desconocida la supuesta renuncia en distintas actuaciones tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal Supremo de Justicia

(Sic, mayúsculas y negritas del original, corchetes de la Sala).

         Asimismo, la parte recurrente solicitó como medida cautelar innominada: “Se suspendan los efectos de la resolución objeto de impugnación y se establezca una junta provisional para la representación y administración conjunta del partido Por la Democracia Social PODEMOS, representada por D.B. y A.A., ya identificados, con el objeto de que ambas partes estén representadas en las decisiones y postulaciones del partido, y ejerzan la representación del mismo ante el Consejo Nacional Electoral, hasta tanto se decida el fondo de la presente causa…”.

         Por las razones expuestas, la parte recurrente solicitó a la Sala Electoral, se declare con lugar el presente recurso contencioso electoral, la nulidad absoluta de la Resolución número 150414-081 dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 14 de abril de 2015, publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela número 750 de fecha 15 de mayo de 2015, se acuerde la medida cautelar innominada que suspenda los efectos de la resolución objeto de impugnación, se establezca una junta provisional para la representación y administración conjunta del partido Por la Democracia Social PODEMOS, representada por D.B. y A.A., y se ordene en un lapso perentorio la realización de un proceso de escogencia en los términos de los estatutos vigentes del partido, de las autoridades del partido, tutelado por el Consejo Nacional Electoral.

III

DEL INFORME DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

En fecha 02 de julio de 2015, el Consejo Nacional Electoral, a través de sus apoderados judiciales presentó escrito de informe en los siguientes términos:

…En el caso de autos, se evidencia que la parte actora pretende impugnar la Resolución N° 150414-081 de fecha 14 de abril de 2015, dictada por el Consejo Nacional Electoral, mediante la cual se reconocen todas las actuaciones suscritas y presentadas por los ciudadanos D.B. y G.P., en su carácter de P. y V. de la organización con fines políticos nacional. Por la Democracia Social (PODEMOS); interponiendo su acción en fecha 10 de junio de 2015.

(…)

Así pues, en el caso bajo análisis, el lapso de caducidad del presente recurso contencioso electoral debe computarse desde el 05 de mayo de 2015 (exclusive), fecha en la cual fue practicada la notificación personal de los recurrentes A.A., J.R.A. y MIGUEL GALLEGOS, y no desde la fecha de publicación en Gaceta Electoral del acto administrativo hoy impugnado, por ser la notificación personal de los recurrentes la primera que se verificó.

(…)

En el presente caso, se produjo primero la notificación personal, tal como se evidencia en el expediente administrativo correspondiente al procedimiento administrativo instruido por el Consejo Nacional Electoral a fin de establecer las autoridades de la organización política Por la Democracia Social (PODEMOS), demostrando con ello, que los recurrentes tenían pleno conocimiento del contenido de la Resolución N° 150414-081 de fecha 14 de abril de 2015.

Así pues, para el momento de la interposición de la demanda contencioso electoral, esto es, el 10 de junio de 2015, había transcurrido con creces el plazo máximo de quince (15) días hábiles previsto en los artículos 183 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 213 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, razón por la cual resulta evidente que la referida acción es INADMISIBLE por caducidad, y así solicita[n] sea declarado…

(Sic, destacado del original, corchetes de la Sala)

IV

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

          

Corresponde a esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia  pronunciarse sobre la obligación de la parte recurrente respecto al retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento de los interesados, en el lapso previsto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el cual establece: “El cartel deberá ser retirado, publicado en un diario de circulación nacional o regional, según sea el caso, y consignado por la parte demandante dentro de los siete días de despacho siguientes a su expedición. Si la parte demandante incumpliere con esta carga, el Juzgado de Sustanciación declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del expediente; sin embargo, podrá remitir el expediente a la Sala cuando estimare que existen razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa, en cuyo caso, el cartel deberá ser publicado por el Juzgado de Sustanciación. Dentro de los cinco días de despacho siguientes al vencimiento del plazo para el retiro, publicación y consignación del cartel de emplazamiento, los interesados o interesadas podrán comparecer y presentar sus alegatos”. (Negrillas de la Sala). Conforme a la norma citada, el emplazamiento de los interesados debe realizarse mediante cartel que se publicará en un diario de circulación nacional, con la carga procesal para la parte recurrente de su retiro, publicación y consignación en el lapso de siete (07) días de despacho siguientes a su expedición. El incumplimiento de la parte recurrente de esta obligación es sancionado con la perención de la instancia, que constituye uno de los modos de extinguir la relación procesal. En ese sentido, es criterio reiterado de esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que “… [l]a perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso. El efecto de la perención de la instancia no es extinguir el derecho, y no impide que se ejerza de nuevo la acción para reclamarlo”. (vid. Sentencias números 43 del 18 de marzo de 2014, 163 del 13 de noviembre de 2013 y 131 del 8 de octubre de 2013).  De conformidad con lo antes expuesto, esta Sala Electoral observa que en el presente caso, verificado en autos la constancia de las notificaciones ordenadas en el auto dictado en fecha 13 de julio de 2015, se libró el cartel de emplazamiento a los interesados el 29 de junio de 2016 (folio 390 del expediente), con la obligación procesal de la parte recurrente de retirar, publicar y consignar el referido cartel en el lapso de siete (07) días de despacho siguientes a su expedición, los cuales transcurrieron, así:  30 de junio de 2016; 4, 6, 7, 11, 12 y 13 de julio de 2016, En consecuencia, hasta el día 13 de julio de 2016 la parte recurrente tenía oportunidad para cumplir con la obligación procesal referida. Asimismo, observa la Sala que de la revisión de las actas del expediente, la parte recurrente no procedió ni siquiera a retirar el cartel de emplazamiento, y por ende a su posterior publicación y consignación dentro del plazo señalado, por lo que vencido el lapso legal que tenía la parte recurrente para cumplir con su carga procesal, en fecha 18 de julio de 2016 se agregó al expediente el original del cartel de emplazamiento librado el 29 de junio de 2016. Considerando lo anterior y por no existir razones de orden público que justifiquen la continuación del presente procedimiento, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia declara la perención de la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide. V

DECISIÓN

         Por las razones antes expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, respecto al recurso contencioso electoral ejercido conjuntamente con solicitud de medida cautelar innominada, contra la Resolución número 150414-081 dictada por el Consejo Nacional Electoral en fecha 14 de abril de 2015, publicada en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela número 750 de fecha 15 de mayo de 2015, mediante la cual resolvió: “PRIMERO: Reconocer todas las actuaciones suscritas y presentadas por los ciudadanos D.B. y G.P., en sus carácter de presidente y vicepresidente de la organización con fines políticos nacional POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS). SEGUNDO: Se reconoce la Junta Directiva Nacional notificada a este Organismo Electoral en fecha 30 de octubre de 2012 y ratificada el 16 de octubre de 2014 (…) TERCERO: Se dejan sin efecto y se declaran nulas todas las actuaciones presentadas por el ciudadano B.R., M.G. y A.A., en especial la Asamblea celebrada en fecha 30 de agosto de 2014 y todas las decisiones en ella adoptadas. CUARTO: Se ratifica la expulsión de la militancia de la organización con fines políticos POR LA DEMOCRACIA SOCIAL (PODEMOS), efectuada a los ciudadanos B.R. cédula de identidad N° V-646.652, A.A., cédula de identidad N° V-11.730.042 y de la ciudadana M.R., cédula de identidad N° V-3.955.810 (…)” (Resaltado del original).

   

        P., regístrese y notifíquese. Archívese el expediente.

        

          Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los once (11) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

La Presidenta,

INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE

El Vicepresidente,

                                                                              M.G.R.

Los Magistrados,

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO

                        Ponente

                              

                                                                                              

FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO

CHRISTIAN TYRONE ZERPA

La Secretaria,

INTIANA REINA LÓPEZ PÉREZ

Exp. N° AA70-E-2015-000073

En once (11) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), siendo las dos y treinta y cinco minutos de la tarde (2:35 p.m), se registró y publicó la anterior sentencia bajo el N° 132.

La Secretaria,