Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 8 de Febrero de 2011
| Fecha de Resolución | 8 de Febrero de 2011 |
| Emisor | Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito |
| Ponente | Juan Alberto González Morón |
| Procedimiento | Regulación De Competencia |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA
200° y 151°
Suben las presentes actuaciones a esta alzada con motivo del Recurso de Regulación de Competencia solicitado de oficio por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, en el juicio de Acción Mero-Declarativa, presentada por la sociedad mercantil Inversiones L.23, C.A, debidamente inscrita por ante el Registrador Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda (hoy Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital), por apoderada judicial A.G. de Palma, inscrito en el Inpreabogado Nº 33626 y de este domicilio.
En fecha 7 de julio de 2.010 (f. 49) esta alzada recibió las actuaciones, ordenó darle entrada y tramitar el asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil.
Por cuanto en la oportunidad correspondiente este tribunal no dicto su fallo pasa a hacerlo bajo las siguientes consideraciones:
Consta a los folios 1 al 7 del presente expediente, escrito de fecha 19-01-10 con sus respectivos recaudos anexos, donde la ciudadana A.G. de Palma, en su condición de apoderada judicial de la empresa Mercantil, denominada Inversiones L 23 C.A, solicitó al Juzgado del Municipio Maneiro de esta Circunscripción Judicial, se le declarara cumplido la obligación de pagar la letra de cambio expedida quedando librado de cualquier obligación.
Consta a los folios 8 al 11 documento de venta pura y simple a Inversiones L 23, C.A., de un (1) lote de terreno propiedad de la accionada el cual tiene una superficie aproximada de quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados con ochenta y siete decímetros (545,87m2), ubicado en el Caserío Guerra (El Apostadero) en un sitio denominado “algodones” (también conocido como “Vicure”) Jurisdicción del Municipio Autónomo Maneiro de esta Circunscripción Judicial por la cantidad de ochocientos diecisiete mil quinientos bolívares (Bs. 817.500,00).
Mediante auto de fecha 28-01-2000 (f.16 y 17) el Juzgado del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta admite la demanda por cuanto no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley, dándosele entrada y formando expediente al igual se ordena el emplazamiento de la parte demandada.
Mediante diligencia de fecha 08-02-18 (f.18) la apoderada judicial de la parte actora solicita sea librada la correspondiente compulsa a los fines de proveer la citación personal del demandado.
Mediante auto de fecha 19-02-2010 (f.19) el tribunal de la causa ordena librar exhorto para el Juzgado Distribuidor de los Municipios Mariño, García, Tumores, Villalba y península de Macanao de esta Circunscripción Judicial a los fines de que proceda a practicar la citación personal del demandado, el cual corre inserto a los folios 20 al 24.
Consta a los folios 25 al 41 comisión debidamente cumplida por el Juzgado de los Municipios Mariño, García, Tubores, Villalba y Península de Macanao de esta Circunscripción Judicial.
Por auto de fecha 13-05-2010 (f.42), el tribunal de la causa acuerda que vencido el lapso establecido para que las partes ejercieran el recurso de regulación de competencia se remite el presente expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en esta misma fecha mediante oficio Nº 9157-228 se remitió el presente expediente en virtud de haberse declinado la competencia en razón de la materia, el cual corre inserto al folio 43.
Por distribución de fecha 21-05-2010 (f.44) le correspondió la presente causa al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y agrario de esta Circunscripción Judicial.
En fecha 26-05-2010 (f.45) el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y agrario de esta Circunscripción Judicial, da por recibido el presente expediente por declinatoria de competencia en razón de la materia según oficio Nº 9157-228 de fecha 13-05-2010.
Mediante auto de fecha 1-06-2010 (f. 46 y 47) el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial, plantea conflicto negativo (sic) de competencia ante esta alzada a fin de que decida quien es el competente para conocer sobre la presente causa.
(…) en fecha 26-04-2010 (f. 22 y 23), el Juzgado del Municipio Maneiro de esta Circunscripción Judicial, dicto auto mediante el cual se declaró incompetente de seguir conociendo de la presente causa, en razón a la materia, en atención a lo dispuesto en la resolución Nº 2009-0006, de fecha 18-03-2009. Igualmente se evidencia que en libelo de la demanda presentada, fue estimada la misma en la cantidad de Noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00), dando así cumplimiento a las exigencias de Ley. Ahora bien, en la referida Resolución Nº 2009-0006, se estableció la competencia por la cuantía de las causas a ser conocidas tanto por los Juzgados de Municipios como los de Primera Instancia, siendo los primeros competentes por los montos que no excedan de tres mil unidades tributarias (3.000U.T), y los segundos, aquellas que excedan de dicha cantidad, la cual tomando en cuenta que la Unidad Tributaria, a la presente fecha, se encuentra fijada en la cantidad Sesenta y cinco Bolívares (Bs.65 U.T), correspondería a un monto total de Ciento Noventa y Cinco Mil Bolívares (195.000). De manera que, habiendo sido estimada, la presente causa, por un monto inferior al asignado a este despacho, se impone para este Tribunal plantear conflicto negativo de competencia ante el Juzgado Superior en lo Civil Mercantil y del transito de esta Circunscripción Judicial a los fines de que debido que este decida quien es el competente en la presente causa, Remítase bajo oficio copias certificadas de todo el expediente, en atención con lo establecido en el articulo 71 del Código de Procedimiento Civil…”
Consideraciones para decidir
Corresponde a este tribunal superior decidir sobre la regulación de competencia planteada de oficio por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en virtud del conflicto negativo de competencia surgido con motivo de la incompetencia declarada por el Juzgado del Municipio Maneiro de esta Circunscripción Judicial y posteriormente por el mencionado tribunal de primera instancia.
El Código de Procedimiento Civil desarrolla a los efectos jurisdiccionales, los criterios atributivos de competencia entre los diferentes órganos encargados y obligados de administrar justicia; siendo estos criterios el territorio, la materia y la cuantía de la acción propuesta.
La competencia por la materia, determina a que tribunal le compete el conocimiento de la controversia, en atención al sustrato y elementos constitutivos de la relación jurídica en litigio, que resulta atribuida por Ley a su conocimiento. En tal sentido, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil consagra dos criterios para la determinación de la competencia por la materia, a saber, la naturaleza de la cuestión debatida o esencia propia de la controversia y las disposiciones legales que la regulan. Por ello los Tribunales de la República tienen atribuida competencia para conocer de ciertos asuntos, ya sean éstos civiles, mercantiles, agrarios, tributarios, laborales, penales, etc.
La competencia por el territorio se rige por dos criterios, el personal y el real, conforme a los cuales esa competencia se distribuye respectivamente, según la ubicación territorial de la persona demandada o según la ubicación de la cosa litigiosa.
La competencia por el valor o la cuantía, está determinada por el significado económico de la demanda. Debe establecerse en primer término entonces el valor de la demanda para posteriormente ubicar al juez que tendrá asignado el asunto por la cuantía del mismo.
Revisadas las actas procesales, se puede evidenciar que el presente procedimiento se refiere a una demanda de Acción Mero Declarativa presentada por la abogada en ejercicio A.G. de Palma, inscrita en el Inpreabogado Nº 33626, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Inversiones L 23, C. A., contra la ciudadana Lillimar Peña de García a través de la cual se pretende que sea declarado que su mandante ha cumplido con la obligación de pagar una letra de cambio.
En cuanto a la competencia y tramitación de este tipo de acciones ha señalado el autor L.P., en su obra “La Acción Mero-Declarativa” que: “(…) El primer elemento que señala el legislador es la competencia por la materia, la cual, de acuerdo con el artículo 28, se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan. Atendiendo a este mandato procesal, la materia sería el factor determinante para saber cuál es el Tribunal competente para conocer de la demanda propuesta. De allí que cuando se va a intentar una acción, cuyo objeto esté regulado por una ley especial, el actor debe tener particular cuidado de averiguar si en el texto se ésta se crea o se señala un Tribunal y un procedimiento ad hoc. De no existir éstos, la acción por deducir se regirá por las previsiones del Código de Procedimiento Civil.
El segundo elemento que determina la competencia del juez, es el valor de la cuantía de la demanda. En efecto, el artículo 29 ejusdem consagra que esta competencia se rige por este Código y por la Ley Orgánica del Poder Judicial; y el 31 precisa la manera de determinar el monto de la causa, con base en el valor propiamente de ésta, a lo que se sumará el capital, los intereses vencidos, los gastos hechos en la cobranza y la estimación de los daños y perjuicios anteriores a la presentación de la demanda; esto es, que la cuantía es fundamental para determinar -una vez precisada la naturaleza de la acción- cuál es el tribunal ante el cual debe plantearse la querella, de acuerdo con la jerarquía que señala la propia Ley Orgánica del Poder Judicial.
El tercer elemento es el territorio. Como señalamos supra, las demandas relativas a derechos personales a derechos reales sobre bienes muebles, se propondrán ante la autoridad judicial del lugar donde el demandado tenga su domicilio o, en su defecto, su residencia, tal como lo dispone el artículo 40 del mismo Código. Entonces, cuando el actor ha de proponer una acción de naturaleza civil de bienes o mercantil, debe tener en cuenta los tres elementos que hemos señalado, a saber: la materia, a los fines de precisar la competencia por ésta; el monto, cuantía, valor o monto de la demanda, la misma debe proponerse por ante el Tribunal al cual está atribuida la cuestión de tránsito terrestre, serán los Tribunales especialmente creados, los que conocerán de la demanda.
En cuanto a la acción mero-declarativa propiamente dicha, ésta, a tenor del artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, tiene dos objetos, a saber: a) la mera declaración de la existencia de un derecho; b) la declaración de la existencia o inexistencia de una relación jurídica; y, por supuesto, su sentido y alcance. A estos dos objetos la Corte Suprema de Justicia (sic), en Sala de Casación Civil, como tenemos dicho, le agregó otro, cual es la constancia de la existencia o no de una determinada situación jurídica.
Si con esta acción –como se sabe- sólo se pretende una declaración judicial de certeza sobre uno de los objetos mencionados, se hace necesario –a los efectos de precisar cuál es el juez competente- tener en cuenta estas dos circunstancias: a) la naturaleza del derecho o de la relación jurídica de que se trate, según el caso; y, b) el valor, monto o cuantía en que, de conformidad con el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el actor estime la acción. En el primer caso, si se trata de una cuestión civil de bienes o mercantil, la competencia del tribunal estará dada por la cuantía, monto o valor de la acción propuesta. Si, por el contrario, la acción no es civil de bienes o mercantil, la competencia del tribunal la determinarán estos dos elementos: la materia y el territorio (…)”.
Ahora bien, en el presente caso, trata, según el petitorio de demandar mediante una acción mero declarativa a la ciudadana Lillimar peña de García para que convengan o sea declarado por el tribunal: Primero: que su mandante ha cumplido con la obligación de pagar la letra de cambio librada. Segunda: Que con la cancelación total de dicha letra, nada quedo a deberle por ese ni por ningún otro concepto, quedando liberado de cualquier obligación en relación a la parcela o lote de terreno descrito. Tercero: Que los demandados deben proceder a protocolizar de inmediato el documento de venta pura y simple, caso contrario el Tribunal ordene en su sentencia definitiva que el correspondiente Registro Inmobiliario estampe la respectiva nota., estimando la solicitud en la cantidad de noventa mil bolívares (Bs. 90.000,00), es decir 1.636,36 unidades tributarias.
Ahora bien, mediante Resolución N° 2009-006, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de marzo de 2009, se estableció lo siguiente:
“(…) Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
-
Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 UT).
Se evidencia así que el presente procedimiento se trata de un asunto civil de bienes, ya que se pretende que se declare, por vía de esta acción, que el solicitante ha cumplido con una obligación de hacer, la cual es estimable en dinero, por lo que la competencia del tribunal estará dada por la cuantía, monto o valor de la acción propuesta, por lo que no cabe duda a esta superioridad que el tribunal competente, en razón de la cuantía, es un tribunal de municipio, por lo que se declara competente al Juzgado del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta para conocer la Acción Mero Declarativa interpuesta por la sociedad mercantil Inversiones L 23, C.A. contra la ciudadana Lillimar Peña de García. Así se decide.
Decisión
En fuerza de las consideraciones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
Competente al Juzgado del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta para conocer la Acción Mero Declarativa interpuesta por la sociedad mercantil Inversiones L 23, C.A. contra la ciudadana Lillimar Peña de García.
Se ordena remitir el expediente al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, las presentes actuaciones para que conozca lo decidido, como lo instituye el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, y asimismo, le ordena remitir el expediente en su forma original al Juzgado del Municipio Maneiro de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, declarado competente, para que continúe conociendo la solicitud que por Acción Mero Declarativa ha intentado la sociedad mercantil Inversiones L 23, C.A. contra la ciudadana Lillimar Peña de García.
Publíquese, regístrese, diarícese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en la ciudad de La Asunción a los ocho (08) del mes de febrero de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
El Juez Temporal,
Abg. J.A.G.M.
La Secretaria
Abg. Luimary Campos Caraballo
Exp. N° 07837/10
JAGM/lcc.
Interlocutoria
En esta misma fecha (08-02-2011) siendo las 03:00 de la tarde se dictó y publicó la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de ley. Conste.
La Secretaria
Abg. Luimary Campos Caraballo
