Comentarios al modelo de contrato petrolero de participación productiva (mayo de 2026)
| Pages | 227-244 |
| Date | 01 January 2026 |
| Published date | 01 January 2026 |
| Author | José Ignacio Hernández G. |
| Subject Matter | Administrative & Public Law |
COMENTARIOS AL MODELO DE CONTRATO
PETROLERO DE PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA
(MAYO DE 2026)
José Ignacio Hernández G.
Profesor de Derecho administrativo y constitucional en la
Universidad Católica Andrés Bello
Investigador invitado, Boston College
Profesor de Derecho constitucional comparado, American University
Resumen: La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2026 dotó por
primera vez de base legal a los contratos petroleros suscritos con inversión priva-
da en Venezuela, conocidos como contratos de participación productiva (CPP). En
mayo de 2026 circuló informalmente el modelo de CPP para campos maduros, la
primera concreción contractual del nuevo marco legal. Este trabajo examina la
Ley de reforma y el modelo de CPP. La tesis central es que el Modelo, lejos de
subsanar las indeterminaciones de la Ley, las despliega en cláusulas que maximi-
zan las potestades del ente contratante y de la Administración petrolera, en detri-
mento de las garantías de la inversión privada. Se analizan, en particular, los de-
rechos contractuales del in versor, las potestades del ente público contratante y del
Ministerio del área -incluida la facultad de rescisión unilateral por causas de inte-
rés público-, el régimen económico y los mecanismos de solución de controversias,
con especial atención a su articulación con las Licencias Generales de la OFAC.
Palabras Clave: Derecho petrolero venezolano, contrato s petroleros, PDVSA,
contratos de servicios, CPP, contratos públicos, inversión privada.
Abstract: The 2026 reform of Venezuela’s Organic Hydrocarbons Law provided,
for the first time, a legal basis for oil contracts entered into with private investors
in Venezuela, known as produc tive participation contracts (CPP). In Ma y 2026, the
CPP model for mature fields —the first contractual concre tization of the new legal
framework—informally circulated. This paper examines both the reform statute
and the model contract. The central thesis is that the model, far from curing the
statute’s indeterminacie s, deploys them in clauses that maxi mize the powers of the
contracting party and of the oil administration to the detriment of private-investor
guarantees. The paper analyzes, in particular, the investor’s contractual rights, the
powers of the affiliate of the national oil company and of the relevant Ministry
-including the unilateral termination authority on grounds of national public interest-,
the economic regime, and the dispute-resolution mechanisms, with special attention
to their articulation with OFAC General Licenses.
Key words: Venezuelan oil law, oil contracts, PDVSA, service contracts, CPP,
public contracts, private investment
INTRODUCCIÓN
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de 20261 otorgó base legal a los con-
tratos mediante los cuales las empresas públicas petroleras operadoras pueden confiar a in-
1 Gaceta Oficial n° 6.978 extraordinario, de 29 de enero de 2026.
REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 185 / 186 - 2026
228
versores privados el ejercicio de las actividades primarias (exploración y producción) y,
eventualmente, la comercialización del crudo producido2. Estos contratos comenzaron a
implementarse hacia el 2018, con base en decretos de emergencia económica y, posterior-
mente, en la llamada “Ley Antibloqueo”. A partir de este texto, estos contratos pasaron a
llamarse contratos de participación productiva o “CPP”, diseñados como una modalidad
contractual distinta de los cauces de participación de la inversión privada previstos en la Ley
Orgánica de Hidrocarburos de 2001, reformada en 2006, y en la Ley de Contrataciones Pú-
blicas3. En el marco de las políticas de Estados Unidos hacia Venezuela, la Ley de reforma de
2026 se orientó a otorgar la base legal para esos contratos y, con ello, establecer el marco
jurídico necesario para transferir a la inversión privada los costos y las tareas necesario s para
la recuperación inicial de la producción petrolera, ante el colapso de Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA), sus filiales y empresas mixtas.
En mayo de 2026 circuló de manera informal un “modelo de contrato de participación
productiva de hidrocarburos (campos maduros)” que, en principio, establece las condiciones
contractuales de una de las dos modalidades de contrato introducidas en la Ley de reforma,
esto es, los suscritos con filiales de la exclusiva p ropiedad del Estado4. Este modelo responde
a la poca información pública existente en torno al CPP, y permite caracterizarlo como un
contrato de servicios petroleros bajo la modalidad de producción compartida5. Sin embargo,
este modelo contractual no otorga garantías adecuadas a la inversión privada, especialmente
tomando en cuenta los retos institucionales para recuperar la producción. Por el contrario,
introduce algunas disposiciones que, aunadas a las lagunas de la Ley de reforma, elevan el
riesgo de medidas administrativas arbitrarias y potencialmente expropiatorias.
En este trabajo hemos evaluado los nuevos contratos petroleros introducidos en la Ley
de reforma y en el modelo d e CPP, para determinar si el marco jurídico o institucional apoya
los objetivos que justificaron la Ley de reforma. Para abordar este aspecto, trataremos en la
primera parte el nuevo marco legal de los contratos petroleros con la inversión privada intro-
ducido en la Ley de reforma y, en la segunda parte, los aspectos más relevantes del modelo
del CPP. En ambos casos, nuestro análisis se centrará en el contenido y alcance de los dere-
chos de la inversión privada, el alcance de los derechos y potestades de la Administración, el
régimen económico aplicable y los mecanismos de solución de controversia.
I. LOS NUEVOS CONTRATOS PETROLEROS EN LA REFORMA DE LA LEY OR-
GÁNICA DE HIDROCARBUROS
Bajo el régimen jurídico anterior a la reforma de 2026, las actividades primarias y la
comercialización del crudo solo podían realizarse por el Estado, a través de filiales de propie-
2 Véanse nuestros comentarios en Hernández G., José Ignacio, “La reforma de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos de 2026: ¿el final de la era de la nacionalización petrolera?”, Ley Orgánica de Hi-
drocarburos de 2026, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2026, pp. 125 y ss. La obra recoge
diversos análisis ju rídicos sobre la reforma.
3 Nos remitimos a lo que exponemos en Hernández G., José Ignacio, Sanciones económicas y nue-
vos contratos petroleros en Venezuela (El contrato de participación productiva), Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 2025, pp. 92 y ss.
4 Nuestro análisis no prejuzga sobre el origen de este modelo, ni asume por e llo que estamos ante el
modelo oficial de contrato que será implementado o que refleja el contenido de los CPP suscritos a
la fecha. En todo caso, lo cierto es que el citado modelo coincide con el contenido de los contratos
implementados desde 2018 , de acuerdo con nuestras investigacio nes.
5 Seguimos lo señalado en Hernández G., José Ignacio, “Los nuevos contratos petroleros en el
Derecho venezolano”, en Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia, n° 22, Caracas,
2024, pp. 79 y ss.
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