Conclusiones
| Pages | 353-374 |
| Author | Oscar Riquezes Contreras |
Conclusiones
En la introducción de este trabajo expusimos que nuestra investigación
tendría como nalidad responder varias preguntas fundamentales, que
respondemos se guidamente:
¿Cuál es el título jurídico del Estado sobre su territorio? El título jurí-
dico del Estado sobre su territorio se resume en una palabra: soberanía,
esto es, el poder que de manera exclusiva y excluyente aquel ejerce dentro
de su ámbito. Este carácter absoluto de la soberanía tuvo que ceder ante
las excepciones derivadas del desarrollo del Derecho internacional, como
expusimos oportunamente.
Sobre su origen cabe señalar que, aunque un experto como Verdross se-
ñala que el concepto de soberanía se construyó a partir del Derecho ro-
mano, y más exactamente sobre su disciplina de la propiedad, en Roma la
potestad de mando del gobernante (imperium) no se identicó con domi-
nium, vocablo que se utilizó para designar al derecho que hoy conocemos
como «propiedad» y que siempre perteneció al ámbito de las relaciones
jurídicas privadas.
La vinculación entre soberanía y dominio es, por consiguiente, extraña
al Derecho romano y producto de una elaboración jurídica posterior a la
caída del Imperio occidental, que se manifestó en la Alta Edad Media en
los reinos surgidos en Europa, donde la potestad del mando del Rey se
consustanció con la propiedad de la tierra, de manera que una no podía
existir sin la otra. Cabe destacar que la propiedad del Rey sobre la tierra
no se extinguía como consecuencia de su dación en feudo a sus servidores,
como contraprestación de su asistencia, pues siempre conservaba sobre
aquella el dominio eminente, que le reservaba facultades de disposición.
Al respecto vimos una declaración clara e indubitable de este dominio
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eminente en el Liber Iudiciorum (Libro de los Jueces) o Fuero Juzgo visigodo
(nales del siglo VII).
La antedicha confusión de soberanía y propiedad justicó que los juristas
medievales buscasen la fuente de la soberanía, en los modos de adquirir la
propiedad contenidos en la Compilación Justinianea, cuyos textos fueron
descubiertos en Boloña en el siglo XI y que resultaron muy útiles para
resolver conictos políticos, como demostró el contencioso suscitado en
el siglo XIV entre el Sacro Imperio Romano-Germánico y la Serenísima
República de Venecia, decidido a favor de la segunda como relató Baldo
dei Ubaldi, mediante una interpretación de las res communes omnium
romanas, que le permitió conservar su independencia.
Este razonamiento jurídico también estaba presente en las Bulas papales,
aunque no propiamente por su vinculación con el Derecho romano sino
con la doctrina eclesiástica, que proclamó el carácter de señor del mundo
del Sumo Pontíce, cuyo punto culminante fue la Bula Unam Sanctam
de Bonifacio VIII (1302). Entre las Bulas papales se destacan particular-
mente las expedidas a Castilla y Portuga l a partir de 1452, que atribuyeron
derechos a esos Reinos con exclusión de otros Príncipes cristianos y entre
las que descuella la Inter Caetera de Alejandro VI (1493), que contenía la
donación papal a Castilla de todas las tierras descubiertas y por descubrir,
base jurídica del Requerimiento que los conquistadores españoles (luego
de la unicación del reino) hacían a los aborígenes americanos.
Cabe destacar el curioso fenómeno que con el tiempo, se produjo con la
identicación de soberanía y propiedad, ya que pasó de ser un criterio de
estricto Derecho interno de cada Estado a ser un criterio compartido por
todos, de manera que cuando el Derecho Internacional comenzó a desa-
rrollarse como una disciplina jurídica independiente, el mismo postulado
sirvió de punto de partida a la teoría del territorio-objeto cuyos seguidores
explicaban –incluso hasta mediados del siglo XX– que la soberanía podía
adquirirse (y perderse), con los mismos mecanismos establecidos en el
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