Decisión de Juzgado Superior Cuarto Agrario de Barinas, de 19 de Diciembre de 2011

DE LA COMPETENCIA

Antes de entrar al conocimiento del merito de la pretensión del peticionante, estima necesario este Juzgado Superior Cuarto Agrario pronunciarse acerca de su competencia para conocer la presente solicitud de Medida Autónoma de Protección a la Producción Agraria y al Medio Ambiente, y en tal sentido, observa lo siguiente:

Dispone el artículo 151 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:

La jurisdicción especial agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados por la ley

.

(Cursiva de Este Tribunal Superior)

Asimismo, establece el artículo 156 de ejusdem, que:

“Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

1. Los Tribunales Superiores Regionales agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales dePrimera Instancia.

(…)

(Cursiva de Este Tribunal Superior)

De igual forma el artículo 157 de la precitada ley, señala que:

Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios

.

(Cursiva de Este Tribunal Superior)

Por su parte la segunda Disposición final de la referida Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario nos indica lo siguiente:

(…) “Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del Titulo V de la presente Ley”.

(Cursiva de Este Tribunal Superior)

De acuerdo a la Legislación Agraria antes señalada, el Juez Superior Agrario tiene atribuida la competencia para conocer de los Recursos de Nulidad que emanan de los entes agrarios y demás institutos autónomos del agro, así como de los Amparos Constitucionales contra los mismos entes, y en consecuencia tiene la posibilidad de dictar medidas cautelares anticipadas de conformidad con el Artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pudiendo recaer en contra de los mismos entes agrarios, no siendo sólo los contemplados en el Titulo IV de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, sino todos aquellos órganos que en ejercicio de su competencia en materia agraria, incidan en la esfera jurídica de los particulares, como también puede recaer sobre entes ambientales o del Municipio e incluso de los Estados, a través de sus autoridades como se infiere de lo dispuesto la parte final de la referida norma, “Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”.

En este sentido, es oportuno mencionar la sentencia Nº 262, de fecha dieciséis (16) de Marzo de 2005, que recayó en el Expediente 2005-0299, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que establece:

“(…) Ahora bien, cuando el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que serán del conocimiento de los anteriores juzgados, “(…) todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios (…)”, no puede entenderse que la misma haga referencia únicamente a los “(…) ENTES AGRARIOS (…)” regulados en el Título IV de la mencionada Ley, sino que incorpora a todos aquellos órganos que en ejercicio de sus competencias en materia agraria, inciden en la esfera jurídica de los particulares (Subrayado y resaltado de esta Sala).

En concordancia con el anterior aserto, se encuentra la disposición contenida en el artículo 25 eiusdem, en la cual la Ley acoge la distinción expuesta, a los fines de regular la obligación de los “órganos y entes agrarios” de tutelar las normas del mencionado Decreto Ley. En tal sentido, al establecer la Ley que “(…) Los jueces competentes de la jurisdicción agraria, el Instituto Nacional de Tierras, la Corporación Venezolana Agraria, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y cualquiera de los órganos agrarios, podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y, en general, la adopción de formas y procedimientos jurídicos, cuando sean realizados con el propósito de efectuar fraude a las normas contenidas en el presente Decreto Ley (…)”; incluye necesariamente a órganos -como el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (S.A.S.A.), del Ministerio de Agricultura y Tierras- que eventualmente pueden mediante sus acciones u omisiones afectar relaciones fácticas de sustrato agrario.

(Cursivo del Tribunal Superior)

De tal manera que, corresponde en función de su COMPETENCIA a los Juzgados Superiores Agrarios conocer de los asuntos en donde se estén ventilando derechos relacionados con la protección y continuidad de la producción agroalimentaria de la Nación, es decir:

1° Cuando exista un riesgo inminente en la pérdida de un cultivo existente por la intervención externa de un tercero.

2° Cuando exista un riesgo inminente de desmejoramiento o pérdida de un rebaño de ganado (bovino, caprino, ovino, equino, porcino), por falta del espacio físico requerido para su desarrollo natural, donde pueda satisfacer sus necesidades alimenticias; que ponga en peligro su supervivencia y en Consecuencia la Soberanía alimentaria de la Nación.

3° Cuando las actividades inherentes a la producción de algún rubro agrícola, pecuario, forestal o pesquero se vea amenazada de destrucción o deterioro, atentando contra la Soberanía Agroalimentaria de la Nación.

4° Cuando la innovación técnica, el aporte científico genético que procuren el mejoramiento agrícola, pecuario o pesquero de las semillas, especies ganaderas o especies piscícolas se vean amenazadas de deteriorarse o corran el riesgo de desaparición material.

Por otra parte el artículo 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, faculta a los Jueces competentes para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales y de los recursos contenciosos agrarios, para dictar de oficio las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirva de fundamento, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrario, según corresponda, para velar, entre otras cosas, por: la continuidad de la producción agroalimentaria; la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente; el mantenimiento de la biodiversidad; la conservación de la infraestructura productiva del Estado; la cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo.

Igualmente, el Artículo 243 ejusdem señala que “El juez o jueza agrario podrá dictar oficiosamente medidas cautelares provisionales orientadas a proteger el interés colectivo, las cuales tendrán por finalidad la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales renovables”.

En virtud de las anteriores consideraciones y constatada como ha sido la normativa legal vigente, este Juzgador confirma que los Juzgados Superiores Agrarios, son Competentes para Dictar Medidas de Protección cuando estén relacionados directa o indirectamente con la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación, y como consecuencia de ello en virtud de la Inspección judicial realizada y de los Informes Técnicos correspondientes, se declara: COMPETENTE para estudiar, recabar pruebas y decidir sobre la procedencia o no de la Medida Cautelar peticionada. (ASÍ SE DECLARA).

DE LOS PODERES DEL JUEZ AGRARIO PARA DICTAR MEDIDAS AUTÓNOMAS SIN JUICIO

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 152 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el Juez Agrario podrá decretar medidas cautelares, con el objeto de velar por el cumplimiento de las causales que establece el mencionado artículo, imponiendo ordenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, a los fines de que en atención a sus funciones y competencias atribuidas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, tiendan a Garantizar la Soberanía Agroalimentaria de la Nación.

Por su parte el artículo 196 de la Ley supra mencionada estatuye lo siguiente:

El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional

.

(Cursivas de este Tribunal).

La norma antes transcrita, desarrolla la Garantía de la protección ambiental, que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 127.

En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se pronunció en el expediente número 203-0839, 09-05-2006, cuando declaró que es constitucional el anterior artículo 207 de la derogada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, hoy prevista en el artículo 196 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en donde textualmente estableció que:

En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del juez agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada. Efectivamente, siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaría, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso-administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad. Con ello, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara.

(Cursivas de este Tribunal)

Se desprende, de esta sentencia del m.T. de la Republica, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, incrementa el poder cautelar general del Juez y le establece al juzgador una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el proceso, a los fines de proteger el interés colectivo (por encima, del interés particular), cuando advierta que, está amenazada la continuidad del proceso agroalimentario o se ponen en peligro los recursos naturales, sin que el operador de justicia, deba ceñirse a requisitos fundamentales para el ejercicio de la potestad cautelar, sino que, es el análisis del Juez Agrario, el que le permite determinar, que puede decretar medidas autónomas, tomando en consideración la situación fáctica concreta para dictaminarlas, todo ello orientado a proteger los derechos del productor, los bienes agropecuarios, y sobre todo garantizar, la consecución del desarrollo de un ambiente naturalmente equilibrado, que pueda facilitar el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto, por las presentes como futuras generaciones, motivado, a que, mal podría hablarse del impulso del desarrollo rural que permite la producción de alimentos, sino se garantiza y se extiende, tal protección, al ambiente, que es al final, el medio del cual se extraen los recursos necesarios, para satisfacer las necesidades de las sociedades.

Como se aprecia, el objeto de las citadas normas y jurisprudencia, es la pretensión cautelar, orientada a adoptar medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial. De tal manera que en el procedimiento cautelar agrario, el Juez Agrario puede oficiosamente dictar medidas autónomas provisionales, dirigidas a proteger el interés colectivo exista juicio o no y éstas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria y del mismo ambiente, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario o se pongan en peligro los recursos naturales.

Estas medidas autónomas judiciales de carácter provisional, se dictan, para proteger un interés de carácter general, y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento a los principios constitucionales de seguridad agroalimentaria, soberanía nacional y protección ambiental.

Como ya se ha señalado “supra”, la anterior disposición legal está en plena armonía con lo previsto en el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresamente establece que, es un derecho y al mismo tiempo, es un deber el que se proteja y se mantenga el ambiente, para procurar un beneficio de las generaciones presentes y del mundo futuro, estableciendo asimismo, la obligación del estado de proteger el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y los monumentos naturales, así como, cualquier otra área de especial importancia ecológica.

En este sentido, cuando el Juez Agrario, previo un análisis minucioso, aprecie que de no decretarse la medida pretendida, se vulneran, no sólo los derechos del particular, sino del colectivo, como se observa ocurre, en la presente solicitud, en la cual, el objeto de la medida pretendida consiste, en la protección agroalimentaria a los fines de resguardar tanto la producción animal como la biodiversidad existente en el predio referenciado y por ende el ambiente, deberá decretarla adecuándola a las necesidades propias del caso particular sometido a su consideración. (ASÍ SE ESTABLECE).

RAZONES DE HECHO

Es preciso para este Juzgador, antes de entrar a resolver el fondo de este asunto, traer a colación, el criterio vinculante que contiene la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 24-03-2000 (Caso: J.G.D.M.), en la cual se definió la notoriedad judicial en los siguientes términos:

La notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones…

.

(Cursivas de este Tribunal)

Ahora bien, en acatamiento al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional mencionado “supra” por notoriedad judicial a este Juzgado Superior le consta, y se evidencia de la inspección realizada por este Tribunal, el 17-11-2011, (folios 02-05), previo asesoramiento del practico designado, ciudadano M.C., venezolano, mayor, de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 3.715.009, funcionario adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, dejando constancia en el particular segundo, lo siguiente:

PRIMERO, “(…) Al segundo: el tribunal previo asesoramiento de practico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Tierras deja constancia que la actividad productiva predominante en el predio consiste en actividad pecuaria, bajo el sistema extensivo vaca-toro e inseminación, en rebaños predominante de la especie Cebú brahmán que según certificado de vacunación Nº 138931, del 14-05-2011 arroja un total de 4.091 animales, entre vacas, toros, novillas, mautes, becerros y becerras, asimismo se observa una producción bufalina consistente en un rebaño de 835 animales según certificado de vacunación Nº 138932, del 14-05-2011, una producción ovina de 182 según certificado de vacunación Nº 138931, del 14-05-2011 y se puede constatar un total de 205 equinos según certificado de vacunación Nº 138931, del 14-05-2011, certificados éstos los cuales se consignan en copia simple en este acto”.

(Cursiva del Tribunal Superior)

Lo expresado up-supra, fue ratificado de manera pormenorizado en el informe consignado por el practico antes mencionado, cursante a los folios 208 al 232 de la segunda pieza de este expediente, así como en el informe emanado del Fiscal del Llano ciudadano E.I., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 9.205.884, adscrito a la Inspectoría el Llano de la Gobernación el Estado Barinas, cursante a los folios 234 y 235 de la segunda pieza; cuyos contenidos, trascritos parcialmente de manera textual, son del siguiente tenor:

Informe Técnico realizado por el ciudadano M.C., funcionario adscrito UEMPPAT-Barinas, (folio 208-232, segunda pieza):

(…) “El Sistema de producción de la finca, se observo la modalidad de cría y levante con un sistema de producción vaca-maute. Posee monta controlada e iluminación artificial, lo que indica que tiene una ganadería semi-intensiva. El Hato San Martín cuenta un área de pastoreo aproximada 5593 ha, la cual es destinada a la alimentación de los rebaños bovino, bufalino, ovinos y equinos. De esta superficie se estimo que 1050 ha corresponde a pastos introducidos y el resto del área (4543 ha) esta ocupada por pastos naturales. Tomando en consideración que los pastos introducidos y los naturales tienen una capacidad de sustentación de 2 y 0,4 UA/ha/año respectivamente, se hicieron los calculos según se evidencia en la tabla anexa, arrojando una capacidad de sustentación total de 3917 UA/ha/año. El rebaño existente en el predio fue inventariado y clasificado por un funcionario de la Inspectoría del llano, el cual determino que existen 5.598 cabezas de semovientes, con esta información se determino las unidades de animales existentes arrojando un valor de 3942 UA y la capacidad de sustentación de la Unidad de Producción fue estimada en 3917 UA/ha/año, lo que se evidencia un buen aprovechamiento de los recursos existentes en el predio. De acuerdo a los registros suministrados, el hato actualmente produce 400 litros de leche diaria, tanto del rebaño bufalino como de bovino, la cual es destinada en su totalidad a la producción de queso obteniéndose un total de 67Kg de queso/día.

Pastos y Forrajes: las principales especies de gramíneas introducidas son brachiarias y estrella. Entre los naturales tenemos paja de agua, paja chiguirera y lambedora. Se observo un enmalezamiento en los potreros motivado a que la época para darle mantenimiento es muy corta, debido al grado de aguachinamiento existente, no obstante se pudo observar que se están realizando controles de malezas en forma mecánica, utilizando rolo argentino y guadañas. Entre las principales malezas observadas tenemos. Platanillo, escoba, corocillo, mastranto, entre otras.

Rebaño bovino y Bufalino: en cuanto a bovinos se observaron varios lotes de rebaño en las diferentes fundaciones, donde predomina la raza cebú brahmán y en menor cantidad mestizos pardo suizo y sinmental. En relación al bufalino la raza predominante es la murrah”.

(Cursiva de este Tribunal)

Informe Técnico realizado por el ciudadano E.I., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 9.205.884, funcionario adscrito a la Fiscalía del Llano de la Gobernación del Estado Barinas, (folio 234-235, segunda pieza):

(…)Con la finalidad de determinar la cantidad exacta de animales Vacunos –Bufalinos –Equinos y Ovinos, existentes en el Hato “San Martín”. Procedí a realizar el conteo de Animales por fundaciones el cual se especifica e la siguiente manera: en la sede del Hato “San Martín” Toros 82 - Vacas 750 – Novillos 04 – Novillas 576 - Mautes 02 - Becerros 397 – Butoros 04 – Bubillas 100 – Bautes 83 – Bautas 60 – Caballos 108, para un total de: 2166; en la Fundación Fundo Nuevo: Vacas 03 – Novillas 138 – Caballos 03. Para un Total de: 144. Fundación las Cañadas: Vacas 289 – Becerros 61 – Butoros 06 –Búfalas 99 – Bucerros 30 – Caballos 12. Para un Total de 497. Fundación Las Marías: Toros 03 – Vacas 451 – Becerros 214 – Butoros 05 – Búfalas 140 – Bucerros 100 – Ovejos 135 – Caballos 12. Para un Total de 1060. Fundación La Fe: Toro 01 – Vacas 18 – Novillas 127 – Mautes 07 – Mautas 281 – Becerras 15 – Ovejas 37 – Caballos 12. Para un Total de 498. Fundación La Victoria: Toros 05 – Novillos 03 – Vacas 11 – Novillas 60 – Mautes 158 – Mautas 758 – Becerros 07 – Caballos 58. Para un Total de 1060. Fundación Guanare Viejo: Búfalas 90 – Bautes 71 – Caballos 06. Para un Total de 167. Fundación Chorrosco: Caballos 06. El total General entre la sede del Hato “San Martín” y las Fundaciones arroja la cantidad de 5.598.”

(Cursiva del Tribunal Superior)

Con lo cual se aprecia claramente que el solicitante de la presente medida autónoma, despliega labores de producción agraria, en el predio denominado San Martín, ubicado en el Sector Chorrosco Abajo Parroquia El Regalo y S.C., del Municipio Sosa del estado Barinas, en el que se constituyó el Tribunal ejerciendo el principio de inmediación agraria. (ASÍ SE DECIDE)

SEGUNDO: La existencia de flora, fauna y acuíferos, conformados por esteros y caños, como se verificó en la inspección realizada por este Tribunal, el 17-11-2011, (folios 02-05), previo asesoramiento del practico designado para tal fin, cuya evidencia fue plasmada de la forma siguiente:

(…) Al cuarto: el tribunal previo asesoramiento del practico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley de Tierras deja constancia que se observo en gran parte del predio áreas de reservorios animales, de flora y fauna silvestre de altísima fragilidad como grandes números de chigüires y aves silvestres de distintas especies, asimismo galápagos, babos entre otro

.

(Cursiva del Tribunal Superior)

Lo expuesto up-supra, fue recogido de manera pormenorizado en el informe consignado por el practico M.C., precedentemente identificado, quien además puntualizó que existe un área de Tres Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Hectáreas con Ochenta y Nueve metros cuadrados (3.748 has con 89 m2) de Bosques, Laguna y Cursos de Aguas, lo que equivale al (40%), del total del predio, el cual debe ser protegido, dado su alta fragilidad, como se aprecia a continuación:

Informe Técnico realizado por el ciudadano M.C., funcionario adscrito UEMPPAT-Barinas, (folio 207-232, segunda pieza):

Suelos: predominan los suelos de textura arcillosa, lo que dificulta la infiltración del agua, aunados a pendientes muy bajas, trayendo como consecuencia altos niveles de aguachinamiento.

Bosques: conjuntamente con los cursos de agua y lagunas, constituyen un 40% aproximadamente de la superficie del predio, en su mayoría son de galerías. Forman parte del área de protección de los cursos de agua y del reservorio de fauna silvestre. Entre las especies arbóreas observadas se encuentra Coco de Mono, Samán, Saqui saqui, Drago, Mijao, Pardillo, Caoba, Cedro, Jobo, entre otras.

Fauna Silvestre: por las condiciones existentes en el predio tanto del recurso hídrico como del recurso forestal, se observo una diversidad de aves tales como: Guires, gallinetas, corocoras, garzas, paloma sabanera, coduas, gavilanes, gavanes carraos, etc. También hay un rebaño de chiguires en plena reproducción, los cuales fueron introducidos en el hato. Actualmente existe una cantidad considerable de estos animales, los cuales son protegidos y aprovechados cuando el Ministerio del Ambiente lo considere pertinente. Otras especies de singular importancia observadas son babos, terecayes, galápagos y venados.

(Cursiva del Tribunal Superior)

Concluye quien decide que, dada la existencia de las áreas señaladas, contentivas de acuíferos representados por caños y esteros, así como la presencia de flora y fauna silvestre de altísima fragilidad y el valor ecológico que su mantenimiento representa para la biodiversidad; que la realización de labores agropecuarias en la referida zona, debe hacerse bajo condiciones muy especiales que evite daños, tanto en la biodiversidad como en los ecosistemas presentes y si bien es cierto, que se debe proteger el desarrollo de la actividad de producción, no es menos cierto que, estas deben estar orientadas al aprovechamiento racional de los recursos naturales presentes, motivo por el cual, considera este Tribunal, necesario decretar la medida cautelar ambiental, en los términos en que se hará en el dispositivo del presente fallo. (ASÍ SE DECIDE).