Decisión nº S-N de Corte de Apelaciones de Falcon, de 30 de Mayo de 2005

Admitir la Presente Acusación Fiscal y Las pruebas promovidas por el Ministerio Publico y las pruebas ofrecidas por la Defensa, contra los mencionados acusados plenamente identificados por la comisión del delito de Desaparición forzada de personas no continuada en grado de Autoría y Desaparición Forzada de persona no continuada en grado de complicidad, previsto y sancionada en el articulo 181-A, del Código Penal Venezolano vigente.

Se ordena auto de apertura a juicio Oral y Publico contra los acusados, H.E. TREJO GRATEROL, R.D. RIVERO, LISCANO, F.M. EURROLA CHIRINOS, URIDES ANTONIO ROJAS, J.E.M.M., C.L.V.Q., y F.A. ROJAS QUERO, J.I. PULGAR, J.A.A., M.A.G. y G.E.C.C., Antes identificados plenamente por la comisión del delito de Desaparición forzada de personas no continuada en grado de Autoría y Desaparición Forzada de persona no continuada en grado de complicidad, previsto y sancionada en el articulo 181-A, del Código Penal…”

De lo anterior se evidencia que el Tribunal OMITIO POR COMPLETO IMPONER A LOS ACUSADOS DE LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA PROSECUCIÓN DEL PROCESO, concretamente a la Admisión de los Hechos prevista en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal luego de admitida la acusación fiscal, tal cual lo ordena el mencionado artículo.

En efecto, el artículo 376 ejusdem consagra:

En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación …el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por la admisión de los hechos, concediéndole la palabra… ”

Del texto parcialmente trascrito observa esta Alzada que el legislador impone al Juez de Control que en el desarrollo de la audiencia preliminar y luego de que haya admitido la acusación fiscal proceda a instruir al acusado del procedimiento por admisión de los hechos, lo cual fue obviado fehacientemente por el Tribunal Primero de Control, ya que este artículo determina que tanto en el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar y una vez admitida la acusación, como en el procedimiento abreviado, luego de presentada la acusación y antes del debate, el Juez instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra.

El incumplimiento por parte del Juez de esta instrucción al acusado produce la nulidad del acto, tal cual lo ha establecido la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que en sentencia de fecha tres (03) Octubre de dos mil dos expediente N° 01-549, estableció:

“…Después de revisar las actas del expediente, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo deja constancia de que en la audiencia de calificación de flagrancia el Juez Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, omitió informar al acusado F.I.C.M. de las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Tal omisión debió ser corregida por el juez de juicio unipersonal, quien tampoco le informó al acusado sobre dichas medidas, tal y como consta en el acta del debate oral y público …la Sala estima necesario destacar que es obligación del Juez informar al acusado acerca de las alternativas a la prosecución del proceso y que ello no debe entenderse, en palabras de la recurrida, como una imposición del tribunal.

Ahora bien: la oportunidad procesal para que el acusado sea impuesto de tales medidas es en la audiencia de calificación de flagrancia y ante el juez de control. Sin embargo, en el presente caso el Juez Unipersonal debió informar al ciudadano imputado acerca de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, en virtud de que el Juez de Control no lo hizo.

De lo expuesto se concluye en que efectivamente se violó el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (denunciado como infringido por los recurrentes).

Esta sentencia de la Sala de Casación Penal, no hizo más que ratificar el criterio emitido en sentencia del 28 de junio de 2001, que estableció lo siguiente:

...El artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal consagra que en la audiencia preliminar el Juez de Control tiene la obligación de informarle al acusado las alternativas a la prosecución del proceso, las cuales le otorgan beneficios o impiden la continuación del proceso. Tales alternativas son: el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y la admisión de los hechos, previstos en los artículos 31, 34, 37 y 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Alternativas que constituyen derechos de rango constitucional y según lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución.

En el procedimiento por flagrancia se deben aplicar tales medidas alternativas al proceso, aun cuando no lo contempla expresamente el citado código, pues tal negativa implicaría una desigualdad entre el imputado “in fraganti” y el acusado sometido a un procedimiento ordinario. Ello violaría el debido proceso, puesto que los imputados, en ejercicio de su derecho a la defensa, tienen la legítima expectativa de que se les informe cuales son los medios que pueden usar para su defensa. Por consiguiente, se ha de informar a los detenidos en la audiencia de calificación de flagrancia, acerca de esas posibilidades o medidas alternativas...”.

En consecuencia, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas infringió por inobservancia el derogado artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal. Por ello se declara con lugar esta denuncia y según lo previsto en los artículos 190 y 191 “eiusdem” se anulan las actuaciones que cursan en el expediente a partir del 21 de septiembre del año 2000…”

Igualmente, en sentencia más reciente, la referida Sala el 03/05/2005 dictaminó:

la Sala observó que la Juez Novena de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua (en la audiencia preliminar) omitió informar al ciudadano acusado A.A.T.S. las medidas alternativas a la prosecución del proceso: principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y la admisión de los hechos que estipulan los artículos 37, 40, 42 y 376, respectivamente, del Código Orgánico Procesal Penal. Estas medidas alternativas constituyen derechos de rango constitucional según el artículo 49 de la Constitución.

Tal omisión debió ser corregida por el Juez Primero de Juicio o por la Corte de Apelaciones del señalado Circuito Judicial Penal.

La Sala ha sostenido que los imputados o acusados, en ejercicio de su derecho a la defensa, tienen la legítima expectativa de que se les informe cuáles son los medios que pueden usar para su defensa. Por consiguiente, se ha de informar al acusado y en la audiencia preliminar, acerca de las medidas alternativas a la prosecución del proceso.

Por consiguiente y en aras de la justicia se anulan las decisiones dictadas el 1° de junio de 2004 por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua y el 26 de febrero del mismo año por el Juzgado Primero de Juicio del señalado Circuito Judicial Penal, y se repone la causa al estado en que otro Tribunal de Control del mismo Circuito Judicial Penal realice una nueva audiencia preliminar. Así se decide. (subrayado sala)

Conforme a los criterios jurisprudenciales anteriores, vulnera el debido proceso el Juez que al momento de la celebración de la audiencia preliminar y luego de admitida la acusación fiscal, no impone al acusado de las medidas alternativas a la prosecución del proceso ni lo instruye del procedimiento por admisión de los hechos, lo cual esta sancionado por el legislador con la nulidad, conforme a lo establecido en los artículo 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal. En efecto, el artículo 190 previene que no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código y el artículo 191 ejusdem, igualmente, expresa que serán considerarlas nulidades absolutas las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como en el presente caso, la garantía del debido proceso que fue vulnerada por el A Quo en desmedro de los acusados.

Al respecto conviene referirse al concepto de nulidad, en este sentido, la palabra nulidad cuyo origen etimológico dícese que proviene del latim "nuluus", de "ne", no, y "ullus", alguno, haciendo que por nulo deba entenderse " lo falto de valor y fuerza para obligar o tener efecto, por ser contrario en la sustancia o el modo".-

Trasladada la terminología al campo del derecho, da lugar a calificar los actos jurídicos, por su eficacia, en válidos y no válidos, "según se reúnan todos los requisitos necesarios para que surtan efectos, o no los reúnan

con la salvedad que los actos no válidos pueden a su vez dividirse en nulos y anulables, "según no produzcan efectos en ningún caso por faltarles los requisitos esenciales para su existencia, o produzcan efectos hasta que se reclame contra ellos ". Se designa con la voz nulidad al estado de un acto que se tiene por no producido, y, asimismo, al vicio que le impide rendir sus efectos. Sin perjuicio de ello, la nulidad designa también a la sanción que invalida al acto, su fundamento de violación, incumplimiento u omisión de formalidades o de exigencias de ley, criterio este expresado por el autor argentino Camusso.

Entonces se tiene la posibilidad de ver el fenómeno procesal de la nulidad desde una doble perspectiva, esto es, que le quita validez al acto y lo deja como si no se hubiese producido, pero también, como lo que es, una de las más graves sanciones procesales, creadas para la preservación del debido proceso y del respeto de las formas propias del juicio, que invalida las diligencias y actos procesales que se hubiesen practicado por fuera de la preceptiva legal, esto es, con desconocimiento de las ritualidades y exigencias previstas en la ley para la realización válida de una actuación procesal.

La verdad es que como sanción la nulidad existe en todas las ramas del ordenamiento jurídico que es lo explicablemente lógico, puesto que si el debido proceso constituye un principio de carácter superior aplicable a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es apenas entendible que las leyes procesales que reglamentan la Constitución, en todas sus variantes deben contemplar las sanciones imponibles a los actos, diligencias o actuaciones de carácter procesal que se hayan dictado o realizado, sin el cumplimiento de las formalidades previstas en la respectiva norma.

El Maestro Couture sostiene que la nulidad:

"Es de carácter general a todo el derecho y no particular a cada una de sus ramas, pero una vez admitidas ciertas nociones que forman la base de toda concepción acerca de una nulidad, comunes a todos los campos del derecho, las soluciones varían y se hacen específicas y particulares a cada una de las ramas del orden jurídico".-

La nulidad como tal, de manera regular, es fundamentalmente taxativa, en cuanto tiene que estar específicamente prevista en la ley, puesto que como sanción que es, tal previsión legal tiene la capacidad de quitarle al acto la capacidad de producir efectos procesales.

Es importante destacar que contra la norma general seguida en los códigos contemporáneos, las nulidades no aparecen taxativamente señaladas en la legislación venezolana y se dejan al criterio y arbitrio del juez para que deduzca su existencia de conformidad con los parámetros señalados en la Constitución, en los Tratados sobre derechos humanos y en la ley. No de otra manera se puede concluir cuando se establecen en el artículo 190 los principios que deben ser tenidos en cuenta para la declaratoria de las nulidades:

Art. 190. Principio.- No podrán ser apreciadas para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en este Código, la Constitución de la República, las leyes,, tratados, convenios, o acuerdos internacionales suscritos por la República, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado.-

Es importante destacar que con el concepto precedente se acoge una forma genérica de nulidad que comprende las tres formas de nulidad previstas constitucionalmente porque es evidente, que cuando se vulneran los derechos constitucionales, se actúa con autoridad usurpada o con desviación de poder, ocasionándose de hecho un perjuicio a uno de los sujetos procesales, porque se está contraviniendo o inobservando el texto Constitucional y en tales circunstancias es claro que el concepto que aquí se analiza comprende todas las formas de nulidad constitucionalmente previstas.

El autor RODRÍGUEZ, L.A.N.P.. Buenos Aires, Editorial Universidad, 1987, Pág. 89, algunos autores dan conceptualizaciones sobre la nulidad y es así como Ibáñez Frochan la precisa diciendo que:

"Las formas cumplen una función de garantía, de seguridad. Su inobservancia se sanciona con la nulidad del acto ".-

Por su parte Chiovenda expresaba:

"La inobservancia (de las formas) puede llevar a la nulidad del acto o a una corrección o puede quedar sin consecuencias".

En criterio de Couture:

"Siendo el derecho procesal un conjunto de formas dadas de antemano por el orden jurídico, mediante las cuales se hace el juicio, la nulidad consiste en el apartamiento de ese conjunto de formas necesarias establecidas por la ley". ROCCO estimaba por su parte que "los actos procesales, aún siendo existentes, pueden estar viciados, es decir, pueden tener, según hemos visto, los elementos esenciales, pero afectados estos elementos por algún defecto o vicio que, sin embargo, no dan lugar a la inexistencia. Naturalmente, los actos procesales afectados de vicios, según lo que ya hemos expuesto, pueden ser nulos o anulables... La no observancia de las formas constituye, pues, un vicio de los actos procesales"

Es, entonces, la nulidad, el mecanismo procesal creado por el Estado, para que el juez la decrete como una sanción para todas las partes del proceso penal que actúen irritualmente, que incumplan los imperativos mandatos que consagran formalidades garantistas, que realicen actos o adelanten diligencias procesales sin el estricto cumplimiento de las previsiones procesales, que actúen fuera de competencia o con abuso o desviación de poder, que realicen las actuaciones o practiquen los medios de prueba en circunstancias temporales, modales o de lugar, diversas a las establecidas en la respectiva norma, porque como se ha dicho en repetidas ocasiones por más de un autor, el ejercicio del poder punitivo del Estado está perfectamente reglado por el proceso penal y a sus exigencias y formalidades deben someterse todas las partes procesales y, por ello, a ellas debe reconocimiento obsecuente no solo el procesado, sino también el juez, el Ministerio Público, los peritos, auxiliares de la justicia y todas las personas que de cualquier manera intervengan en el proceso y, como es obvio, los abogados que actúan como partes cualquiera que sea la perspectiva de su actuación.-

Es de advertir que la formalización del proceso es la concreción del debido proceso y su obediencia imperativa garantiza de manera obligante que el Estado y sus funcionarios ejerzan el poder represivo dentro de sus limitados alcances y que el proceso en su categorización dialéctica no se convierta en una batalla primitiva, en la que todos actúan de acuerdo a sus conveniencias y en donde el triunfo final pueda llegar a obtenerse por el más audaz, el más atrevido o el más astuto.

El proceso penal es un trámite fundamentalmente controversial, contradictorio, dialéctico, en el cual todas las actuaciones de los funcionarios o de quienes actúan como partes, están prolijamente reglamentadas, precisamente para evitar los abusos de los primeros o el éxito de los mañosos o de los audaces; y cuando de cualquier manera se contravienen tales preceptos surge la nulidad como una de las sanciones procesales de mayor importancia para restarle validez al acto o actuación irritualmente practicado; de ésta manera se garantiza, en concreto, la existencia del debido proceso.

Precisado de manera general un concepto sobre la nulidad y sus finalidades, es indispensable puntualizar que en este fenómeno procesal deben distinguirse dos aspectos; de un lado el de la reparación y de otro el de la prevención. Por medio del primero se logra quitarle efecto a los actos o actuaciones irritualmente practicados y como consecuencia de su declaratoria, se retrotrae el proceso hasta el punto de su ilegalidad para que nuevamente se realice el acto o actuación realizado en contra de las previsiones normativas o se repita toda la actuación de conformidad con los cauces normativos indicados por el debido proceso, si como consecuencia de la nulidad, se invalida parte o la totalidad del proceso. Del otro lado, el de la prevención, la nulidad constituye el más poderoso instrumento para asegurarle al ciudadano la plena observancia de los principios constitucionales relacionados con el debido proceso, como el reconocimiento de las garantías procesales concretadas en los Tratados sobre Derechos Humanos y la realización plena de la filosofía política que debe regir el proceso penal, perfectamente instituida en los principios y garantías procesales. Las sanciones previstas por el legislador como un medio para corregir las irritualidades que puedan ser cometidas en el proceso penal, comprenden una gama que cubre con castigos de diversa naturaleza e intensidad, el desconocimiento de las formalidades procesales teniendo en cuenta su trascendencia y los efectos de las mismas

TAMAYO RODRIGUEZ, J.L., (2002) al referirse a la Admisión de los hechos, en su Obra “Manual Práctico Comentado sobre la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal” expresa:

1° Se estableció claramente que la oportunidad en la cuál el imputado puede admitir los hechos, durante la audiencia preliminar, es “una vez admitida la acusación” y NO ANTES, como lo posibilitaba la redacción del artículo anterior, por cuánto resultaba inconveniente, como venía ocurriendo, que se dictara sentencia condenatoria sin siquiera haber sido admitida la acusación fiscal”

2° omissis

3° Se contempla expresamente que sea el propio imputado (Y NO su defensor, como venía ocurriendo en la práctica), quien debe admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena, para lo cuál se prevé que el juez, luego de instruirlo respecto al procedimiento por admisión de los hechos, deberá concederla la palabra.

(pag 59)

En correspondencia con lo previsto en la norma adjetiva penal y los razonamientos doctrinarios esbozados, este Tribunal Colegiado se ha pronunciado de manera específica con antelación en sentencia de fecha 29 de septiembre de 2004, Asunto N° IP01-R-2004-000120, Asunto Principal: IP01-P-2004-000063, con Ponencia de la Magistrado Glenda Oviedo y el cual parcialmente se transcribe:

En segundo lugar denunció el Defensor Público como motivo del recurso de apelación la violación del derecho a la defensa ante la no imposición a su defendido de las alternativas a la prosecución del proceso, conforme a lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, señaló que al momento de la realización de la Audiencia Preliminar y de Admitir totalmente la acusación fiscal, el Tribunal no planteó a su defendido las alternativas a la prosecución del proceso así como el alcance de las mismas… más, sin embargo, en el Auto donde motivó la decisión dejó establecido que sí se impuso de las medidas alternativas al imputado (admisión de los hechos), establecida en el artículo 376 del COPP y que su defendido había manifestado no acogerse a la misma, siendo que en ningún momento dicho ciudadano fue impuesto de las mismas, a los fines que, siendo un acto intuito personae, manifestare de viva voz tal pedimento o negativa de acogerse al mismo…

Consideraciones para decidir:

Al revisar las razones y fundamentos del recurso de apelación ejercido, estima esta Sala prudente establecer las siguientes consideraciones: Unos de los avances que se le reconocen al sistema acusatorio que nos rige es la implantación de una serie de instituciones que sirven de alternativas a la prosecución del proceso, entre las cuales se encuentran: el Principio de Oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso, así como el procedimiento por admisión de los hechos.

En tal sentido, el artículo 329 del Código Orgánico Procesal Penal consagra:

Desarrollo de la audiencia. El día señalado se realizará la audiencia en la cual las partes expondrán brevemente los fundamentos de sus peticiones. Durante la audiencia el imputado podrá solicitar que se le reciba su declaración, la cual será rendida con las formalidades previstas en este Código.

El Juez informará a las partes sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso

.

Pues bien, en el caso de autos el defensor del procesado impugna la decisión dictada por el Juzgado Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, por cuanto al momento de la realización de la audiencia preliminar, su defendido no fue impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, señalando que ello quedó corroborado en el acta levantada en dicha audiencia, pero que el Ad Quo asentó en el auto motivado que su defendido había sido impuesto de tales medidas y que el mismo había manifestado no acogerse a las mismas

En virtud de ello, esta Alzada procedió a revisar las actas procesales que constan en el presente asunto y es así como a los folios N° 16 y 17 aparece asentada copia certificada del Acta de Audiencia Preliminar, en la cual se lee…

Conforme a la trascripción anterior se observa que el Ad Quo impuso al acusado de las alternativas a la prosecución del proceso antes de admitir la acusación planteada en su contra por el Representante del Ministerio Público, luego de concederle la palabra al mismo seguido de la intervención Fiscal. No obstante, consta a los folios 18 al 21, en el auto motivado dictado con ocasión de la Audiencia Preliminar celebrada en la presente causa, que el Ad Quo estableció lo siguiente:

... SOBRE LA ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN Y DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS.

A los efectos de hacer un pronunciamiento sobre la admisibilidad o no de la Acusación y de las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, debe este Tribunal constatar que se haya cumplido con los requisitos procesales y en tal sentido se observa que dicha acusación reúne los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto es procedente su admisión. Y así se decide.

En cuanto a las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, se admiten todas las testimoniales por considerar que dichas pruebas son legales, lícitas, pertinentes y necesarias para el Juicio Oral y Público y las documentales a excepción del oficio número 000476 y la experticia planimétrica, el primero por no reunir los requisitos de prueba anticipada y por ser innecesario y el segundo por haberse consignado extemporáneamente y se admiten todas las pruebas ofrecidas por la defensa. Impuesto el acusado de las alternativas del proceso procedente (Sic) en el presente asunto, manifiesta no admitir los hechos por los cuales le acusa la Representación Fiscal...

Las circusntancias anteriormente reflejadas en el acta de Audiencia Preliminar y en el auto motivado de la decisión dictada en la referida audiencia llevan a dos situaciones:

1) Que conforme al acta de audiencia preliminar, el acusado fue impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso antes de la admisión de la acusación presentada por el Ministerio Público.

2) Que de acuerdo al auto motivado de la decisión dictada en audiencia preliminar el acusado fue impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, luego de admitir la acusación y pruebas fiscales.

En el caso objeto de análisis, el acta de audiencia preliminar, como toda acta, dio certeza jurídica sobre la forma en que el acto procesal (audiencia preliminar) se ha desarrollado, en cuanto al tiempo, intervinientes, participación, objeto y resoluciones tomadas. De allí que esta Corte de Apelaciones comprobó que el Juez del tribunal primero de Control impuso al acusado de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, antes de la admisión de la acusación del Ministerio Público, y expresamente estableció que el acusado manifestó "que no deseaba rendir declaración", aun cuando asentó en el auto motivado, luego de admitirla, que había impuesto al acusado de tales alternativas y éste se había negado a admitir los hechos.

En consecuencia, habiéndose determinado que el Tribunal Primero de Primera Instancia de Control no impuso al acusado del procedimiento por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, le vulneró al procesado la garantía del debido proceso, el derecho de defensa y de igualdad entre las partes, especialmente el derecho de ser informado y oído respecto a su manifestación de querer acogerse a dicho procedimiento y de que le fuera impuesta la pena. Por ello, se declara con lugar esta denuncia y según lo previsto en los artículos 190 y 191 “eiusdem” se anulan las actuaciones que cursan en el expediente a partir del 22 de julio del año 2004 y se repone la causa al estado de que se realice lo conducente para subsanar el vicio que dio lugar a la nulidad declarada…

Lo anterior corrobora el criterio sustentado por esta Corte de Apelaciones, de que la Imposición de las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso deben ser impuestas por el Juez de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Control, en primer lugar con estricta sujeción a lo previsto en los artículos 329 y el artículo 376 de la Ley Adjetiva Penal y siguiendo el criterio sostenido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, al haber constatado esta Corte de Apelaciones la trasgresión de la garantía del debido proceso por parte del Tribunal de Primera Instancia en lo Penal con funciones de Primero de Control de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, al inobservar la forma establecida en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es IMPONER A LOS ACUSADOS luego de ADMITIDA LA ACUSACION FISCAL sobre las Medidas Alternativas a la Prosecución del proceso, en el caso especifico el procedimiento por Admisión de los Hechos, en consecuencia, lo procedente es declarar la nulidad absoluta del acto de audiencia preliminar, que no puede se subsanado, sino con la reposición de la causa al estado de que los acusados sean impuestos de tal procedimiento por admisión de los hechos en nueva audiencia preliminar que deberá celebrarse por un Tribunal distinto al que conoció del presente asunto, por cuánto el omitir la imposición de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, luego de haber admitido la Acusación Fiscal, irrumpe con las formas establecidas que comportan una transgresión o vulneración del debido proceso y el derecho a la defensa, lo cuál no es susceptible de reparación sino con la celebración de un nuevo acto de Audiencia Preliminar donde se cumpla con las formas previstas, y así asegurarle a las partes la plena observancia de los principios constitucionales relacionados con el debido proceso.

Ello es así, pues debe entenderse que la intervención del Fiscal del Ministerio Público en el ejercicio de su deber, y como titular de la acción penal en nombre del Estado, en su función de exponer de manera oral los hechos, los motivos, circunstancias y pruebas en los cuales fundamenta su acusación, no conlleva a un consentimiento expreso del Tribunal de dar por sentado o Admitida la Acusación presentada, porque es el Juez investido de autoridad y actuando en nombre de la República y con sujeción a los artículos 329, 330 y 331 del Código Orgánico Procesal Penal, quien decidirá mediante resolución conforme a los parámetros del artículo 329 del texto adjetivo penal lo que considere pertinente y ajustado a la legalidad. Como consecuencia de la declaratoria anterior, esta Corte de Apelaciones se abstiene de decidir sobre los otros motivos del recurso, por resultar inoficioso, ya que la nulidad absoluta anteriormente declarada conlleva a la de los pronunciamientos posteriores ocurridos en el presente asunto, y con relación a ello el Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 440 de fecha 09-12-2003, con Ponencia de la Magistrado Blanca Rosa Mármol de León, la cuál estableció:

Tomado en cuenta las garantías procesales y el principio de la doble instancia no les está dado a las C. deA. omitir el resto de los pronunciamientos cuando se haya declarado con lugar alguna de las denuncias, salvo que dicha declaratoria reponga el juicio, en caso contrario han de resolverse cada una de ellas por separado, sea negando o acordando los planteamientos alegados por el apelante, una vez que se ha admitido el recurso.

Con fuerza en este criterio, es por que no se entra a conocer de las demás denuncias, pues la declaratoria con lugar del presente recurso, hace inoficioso la resolución de las demás infracciones denunciadas y Así se decide.

CAPITULO QUINTO

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN ejercido por el Abogado C.A.G.R., actuando en su condición de Defensor Privado de los acusados FELIPE ROJAS QUERO, J.I. PULGAR, J.A.A., M.Á.G., G.E. CUICA, H.E. TREJO, R.D.R. LIZCANO, F.M. EGURROLA CHIRINOS, URIDIS ANTONIO ROJAS, JINMY E.M.M. y C.L.V.Q. y, en consecuencia, se DECALRA LA NULIDAD ABSOLUTA DEL AUTO DE AUDIENCIA PRELIMINAR celebrado en la presente causa y de todos sus pronunciamientos, toda vez que se vulneró la garantía constitucional del debido proceso en perjuicio de los acusados, al no haber sido impuestos de las alternativas a la prosecución del proceso y al procedimiento por admisión de los hechos, reponiéndose la causa al estado que un nuevo Tribunal de Control celebre la audiencia preliminar con prescindencia del vicio aquí observado.

Notifíquese a las partes. Líbrense boletas de notificación. Publíquese, regístrese.

Dada, firmada y sellada de la Sala de Audiencias de las Corte de Apelaciones, a los treinta días del mes de mayo del año 2005. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO FALCÓN

LA JUEZA PRESIDENTE

G.O.R.

MAGISTRADA TITULAR

M.M. de PEROZO

MAGISTRADA TITULAR Y PONENTE

R.A. MONTES CHIRINOS

MAGISTRADO TITULAR

A.M. PETIT GARCES

Secretaria de Sala

En la misma fecha se cumplió con lo acordado.

La Secretaria.

ASUNTO: IP01-R-2005-000047

FECHA: -05-05