Sentencia nº 10 de Tribunal Supremo de Justicia - Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa de 16 de Enero de 2014

Fecha de Resolución:16 de Enero de 2014
Emisor:Juzgado de Sustanciación - Sala Político Administrativa
Número de Expediente:2013-0208
Ponente:Juzgado de Sustanciación
 
CONTENIDO

SALA POLÍTICO ADMINISTRATIVA

JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN

Caracas, 16 de enero de 2014

203º y 154º

Mediante sentencia Nro. 01130, publicada en fecha 9 de octubre de 2013, la Sala aceptó la competencia para conocer de la presente demanda que por indemnización de daños y perjuicios interpusiera el abogado M.d.J.D., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nro.41.605, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano D.O., titular de la cédula de identidad Nro. 11.921.971, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL (INSETRA).

En el aludido fallo la Sala ordenó la remisión del expediente a este Juzgado a fin de que -previa notificación de las partes- emitiera pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda interpuesta.

Ahora bien, dado que la última de las notificaciones ordenadas constó en autos el 28 de noviembre de 2013; y siendo tiempo hábil para ello, se pasa a decidir en los términos siguientes:

Al respecto, este Juzgado al examinar las causales de inadmisibilidad de pretensiones –salvo la referida a la competencia ya examinada en la indicada sentencia-, observa que a la fecha de interposición de la demanda -7 de noviembre de 2003-, se encontraba vigente la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela Nro. 1893 del 30 de julio de 1976, que establecía en su artículo 84 las causales de inadmisibilidad de las demandas y mas específicamente en el numeral 5 al disponer “(…) Que no se admitirá ninguna demanda (…) [cuando] no se haya cumplido el procedimiento previo a las demandas contra la República (…)”.

En similares términos fue redactado el numeral 3 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al establecer que: “(…) La demanda se declarará inadmisible (...) [cuando se haya incumplido con el] procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los estados, o contra los órganos o entes del Poder Público a los cuales la ley les atribuye tal prerrogativa (…)”.

Ahora bien, lo previsto en la norma antes citada (artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente para el momento de su admisión), es lo que se distingue como el antejuicio administrativo y consiste en la petición que el interesado dirige por escrito a la Administración con el fin de obtener la satisfacción de su pretensión de contenido patrimonial sin necesidad de acudir a la vía judicial.

Al respecto, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable ratione temporis en sus artículos 54 y 60, disponía lo siguiente:

Artículo 54: “Quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto exponer concretamente sus pretensiones en el caso. De la presentación de este escrito se debe dar recibo al interesado y su recepción debe constar en el mismo”.

Artículo 60: “Los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se intente contra la República, sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo a que se refiere este Capítulo” .

Asimismo, el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Administración Pública -texto legal vigente para esa fecha-, establecía que:

Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios

.

En relación con las normas antes transcritas, esta Sala Político-Administrativa, por decisión de fecha 19 de agosto de 2003, ratificada el 1º de junio de 2004 (sentencia Nº 00525), dejó sentado el criterio siguiente:

...Omissis...

La jurisprudencia reiterada de esta Sala había considerado que siendo los institutos autónomos un ente público con patrimonio propio y personalidad jurídica distinta a la de la República, no le era aplicable la prerrogativa del procedimiento previo a las demandas contra la República contenida en la derogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. (ver, entre otras, sentencia N° 1.648 de fecha 13 de julio de 2000 y sentencia N° 1.246 del 26 de junio de 2001).

Sin embargo, la entrada en vigencia de nuevas leyes obligan a esta Sala a realizar otra interpretación sobre el tema. Así, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.554 Extraordinario de fecha 13 de noviembre de 2001, fue publicado el Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el cual se reguló nuevamente el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República.

El artículo 54 de la ley bajo examen estipula, en los mismos términos establecidos en el artículo 30 la Ley derogada, que quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso.

De otra parte, en fecha 17 de octubre de 2001 entró en vigencia la Ley Orgánica de la Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 37.305, de la misma fecha, la cual establece:

‘Artículo 97: Los institutos autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la ley nacional acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios’.

De la norma antes transcrita, se evidencia con meridiana claridad que la ley en forma expresa otorgó a los institutos autónomos los privilegios y prerrogativas acordados a la República, sin hacer ninguna distinción entre privilegios fiscales y procesales.

De allí que, resulta forzoso para esta Sala declarar que en el caso de autos, el instituto autónomo demandado, esto es, el FONDO DE DESARROLLO REGIONAL DEL ESTADO GUÁRICO (FONDER), sí goza del privilegio procesal del procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República.

Por tanto, conforme a lo establecido en la sentencia N° 00489, de fecha 22 de marzo de 2001, esta Sala reitera que el uso de la vía administrativa no responde al cumplimiento de una simple formalidad, sino que es necesaria para garantizar a los administrados la posibilidad de resolver el conflicto en sede administrativa, antes de acudir a la vía jurisdiccional, a través de la figura de la conciliación y con el fin de garantizar de una manera efectiva la tutela de los intereses del Estado y la participación ciudadana en la resolución de sus conflictos; en consecuencia, se declara con lugar la cuestión previa opuesta contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil y por ende, se desecha la demanda y se declara extinguido el presente proceso. Así se declara.(Caso: Fondo de Desarrollo Regional del Estado Guárico (FONDER) vs. Inversora Finanvalor, C.A. Sentencia N° 01542 de fecha 14.10.03).(Resaltado de este Juzgado).

Conforme al fallo parcialmente transcrito, el antejuicio administrativo constituye un privilegio procesal previo a las acciones contra la República, el cual es extensible a los institutos autónomos por mandato expreso del artículo 97 de la Ley Orgánica de Administración Pública, aplicable para esa fecha.

En el caso de autos, al ser la parte demandada un instituto autónomo, atendiendo a la normativa citada, goza de los mismos privilegios y prerrogativas que la legislación nacional acuerda a la República, razón por la cual la parte demandante debió cumplir con el requisito del procedimiento administrativo previo, lo cual no se desprende de autos. En efecto, en el expediente no cursa alguna comunicación de cuyo contenido se evidencie que el ciudadano D.O., manifestara previamente por escrito al nombrado Instituto la intención de instaurar una demanda en su contra. En consecuencia, resulta forzoso para este Juzgado declararla inadmisible con arreglo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se declara.

Finalmente, se ordena la notificación del ciudadano Procurador General de la República (E), a tenor de lo previsto en el artículo 86 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Líbrese oficio.

La Jueza,

B.P.C.

La Secretaria,

Noemí del Valle Andrade

Exp. N° 2013-0208/DA-JS.