Decisión Nº 007870 de Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo. (Caracas), 20-12-2017

Emisor:Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo
Número de expediente:007870
Partes:MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO VS. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MPPTOP)
Ponente:Angel Eduardo Vargas Rodriguez
Tipo de proceso:Querella Funcionarial
TSJ Regiones - Decisión



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO DE LO CIVIL Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION CAPITAL
207º y 158º

PARTE DEMANDANTE: MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.246.912.

REPRESENTANTES JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: los abogados SALVADOR ANTONIO LUQUE GODOY, RICARDO ARTURO NAVARRO URBAEZ Y ENRIQUE JOSÉ CHACON BRETO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números, 154.750, 21.085 y 41.762, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MPPTOP).

MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL.

TIPO DE SENTENCIA: DEFINITIVA.

EXPEDIENTE: Nº 007870.
-I-
Mediante escrito presentado en fecha 30 de enero de 2017, por los abogados SALVADOR ANTONIO LUQUE GODOY, RICARDO ARTURO NAVARRO URBAEZ Y ENRIQUE JOSÉ CHACON BRETO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números, 154.750, 21.085 y 41.762, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-4.246.912, consignó ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de Distribuidor, recurso contencioso administrativo funcionarial contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, a los fines de que el referido Ministerio sea condenado a cancelar la diferencia de prestaciones sociales y el recálculo de la pensión de jubilación; así como su reajuste de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.
Previa distribución efectuada en fecha 02 de febrero de 2017, correspondió el conocimiento de la causa a este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, siendo recibida en esa misma fecha.

Posteriormente, en fecha 09 de febrero de 2017, se le dió entrada y se acordó anotarlo en el Libro de Causas.

Por auto de fecha 13 de febrero de 2017, este Juzgado dictó auto mediante el cual admitió la demanda en cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En fecha 15 de febrero de 2017 se ordenaron las notificaciones y citaciones de Ley; y en fecha 23 de marzo de 2017, se libraron oficios 17/0274 y 17/0275, dirigidos al Procurador General de la República y al Ministro del Poder Popular para el Transporte, respectivamente; en fecha 25 de abril de 2017 compareció el alguacil de este Tribunal y consignó constancia de haber practicado la citación y notificaciones ordenadas.

En fecha 21 de junio de 2017, compareció la abogada HERMELINDA ARCAS MARQUEZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 100.545, en su carácter de Representante Judicial de la República, consignó Poder que acredita su representación, y escrito de contestación.

En fecha 04 de julio de 2017, se celebró la audiencia preliminar, la representación judicial de la parte querellante, ratificó en toda y cada una de sus partes lo alegado y solicitado en el escrito libelar; por su parte el representante de la parte querellada ratificó todos los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación; igualmente se dejó constancia que ambas partes solicitaron la apertura del lapso probatorio.
En fecha 01 de agosto de 2017, este Juzgado por medio de auto se pronunció con respecto de las pruebas presentadas en el presente caso.
En fecha 26 de octubre de 2017, tuvo lugar la exhibición de documentos promovida por la parte querellante, dejándose constancia que ambas partes asistieron, la parte querellada no se opuso a la solicitud de exhibición de documentos efectuada por la parte querellante, por su parte el representante de la parte querellante solicitó queden como válidas las pruebas promovidas.
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En fecha 01 de noviembre de 2017, se llevó a cabo la audiencia definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, dejándose constancia que ambas partes asistieron.

Cumplidos como fueron los trámites procesales necesarios; y, asimismo, visto el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto pasa este Juzgado a decidir, previa revisión de los alegatos de las partes, en los siguientes términos:
-I-
ALEGATOS DE LA PARTE QUERELLANTE

En su escrito libelar, la representación judicial de la parte querellante expuso sus argumentos en los siguientes términos:

Indicó que, conforme al Oficio OGH/DAL/DJP/N° 01546-16, de fecha primero (01) de noviembre de 2016, fue notificado de la Resolución N° 00-300, de fecha 01 de noviembre de 2016, emanado del Ministerio de Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, por la Dirección General de la Oficina de Gestión Humana, recibida por la hoy querellante en fecha 03 de noviembre de 2016, mediante la cual le fue otorgada la jubilación ordinaria del cargo de Profesional II, en la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad.

Demandaron, el “…Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales y Recálculo de Jubilación…”.

Manifestó que, “…Impugnan el Monto fijado como pago mensual de Jubilación y se demanda su corrección…”.

Que, “…Impugnan los montos y la forma de liquidación de las prestaciones sociales en violación a lo dispuesto en el artículo veintiocho (28) en concordancia con el artículo cincuenta y cuatro (54) de la Ley del Estatuto de la Función Pública publicado en la Gaceta Oficial N° 37.522 del 6 de septiembre del 2002 y el artículo 10 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, según Decreto N° 1.140 emitido en fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.156 de fecha 19 de noviembre de 2014, lo cual se realiza dentro del lapso establecido en los artículos 92 y 94 respectivamente de la Ley del Estatuto de la Función Pública…”.

Que, desde el año 2013 disfrutó del “Bono de Producción” y luego denominado “Bono de Productividad” aprobado por el Ministerio querellado, siendo el mismo salariado desde su comienzo, por efectos de la concurrencia y simultaneidad en el pago por medio de un salario bimensual (constante y permanente) cancelado consecutivamente a los trabajadores, con la única intención de compensar el salario, siendo ello cancelado de manera regular y constante desde su implementación.

Demandó, el contenido del artículo 104 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; artículo 32 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa; artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Expusieron que, no fue computado como salario ni en las prestaciones sociales, ni en los montos de jubilación el “Bono de Productividad” del que había venido disfrutando desde el año 2013, en franca violación a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.

Que, el monto que le fue otorgado por la jubilación es inferior al salario mínimo.

Finalmente solicitó: “(…) 1.- Para que Convenga o sea Condenado el demandado (…) para que proceda a realizar los recálculos del monto de jubilación (…) así como también el recalculo de las prestaciones sociales, tomando como base lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, sobre todo en lo dispuesto sobre el monto mensual a ser cancelado por concepto de jubilación mensual, que corresponda al 67,5% del salario actual del cargo donde se hubieran desempeñado y el Sistema de Remuneraciones de los Funcionarios y Funcionarias de la Administración Pública Nacional (…omissis…) sin que en ningún momento, el monto de jubilación y todas sus incidencias, pueda ser inferior al salario mínimo Nacional (…) 2.- Se Condene al Ministerio Demandado, a la cancelación del monto de jubilación y bono bimensual correspondiente al salario actual del cargo de Profesional II (…) 3.- Solicitamos que una vez condenado el Ministerio demandado a la cancelación de diferencia de prestaciones sociales, este Juzgado se sirva ordenar el recalculo por medio de Experticia complementaria del fallo, debido al tiempo que ha transcurrir entre la introducción de esta demanda y el momento en que sea dictada la sentencia, en la cual se incluyan los montos de jubilación que para esa fecha corresponda y se incluya el pago del Bono de Productividad y demás beneficios que le corresponda al Demandante. (…omissis…) 4.- Se Condene al Ministerio Demandado, al pago de los bonos de productividad que se vencieren hasta la total y definitiva cancelación de los montos y aspectos demandados en el presente libelo hasta la cancelación definitiva por ejecución del fallo. 5.- Se Condene al Ministerio Demandado, al pago de la diferencia de los montos de jubilación mensuales, que se generen desde la introducción de la presente demanda, hasta la cancelación definitiva por ejecución del fallo. 6.- Se condene al Ministerio Demandado, a la cancelación de la indexación por corrección monetaria de todos los montos demandados y se ordene que este procedimiento, a los montos que resulten de la condenatoria establecida en los puntos 4 y 5 de este petitorio y a los montos resultantes de las experticias complementarias del fallo anteriormente solicitadas (…), dispuesta en los puntos 1.-, 2.- y 3.- de este petitorio, lo cual es indispensable para la determinación de los montos definitivos que correspondan al demandante para el pago de sus montos mensuales de jubilación.7.- (…) se estima el monto demandado en la cantidad de: SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS BOLIVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (BS. 621.522,09), (…)”.
-III-
ALEGATOS DEL ÓRGANO QUERELLADO

En la oportunidad de dar contestación al recurso contencioso administrativo funcionarial, la representación judicial de la República rechazó, negó y contradijo tanto los hechos como en el derecho, en todas y cada una de sus partes, así como los argumentos y pretensiones expuesta por el querellante.

Resaltó, que la jubilación es un derecho constitucional; invocó los artículos 147 último aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 7 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilación y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y 15 del Reglamento de la Ley del Estatuto de Pensiones y Jubilaciones.

Indicó que, la Administración concedió la jubilación al querellante, apegado a la normativa vigente y que el bono de productividad no tiene injerencia en el recalculo de su pensión jubilatoria, ya que no tenía regularidad ni permanencia.

Arguyó que, el bono de productividad no encuadra como salario, ya que deberían percibirlo entonces hasta aquellas que se encuentran en las excepciones mencionadas.

Expreso que, “…la jubilación fue otorgada con base en lo establecido en la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias. Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, en el artículo 8 y 9”.

Finalmente, solicitó que se declare sin lugar el presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

-III-
DE LA COMPETENCIA

Previo a cualquier pronunciamiento procede este Órgano Jurisdiccional a verificar su competencia para conocer de la presente querella funcionarial y, en tal sentido observa que el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, le atribuye la competencia, en primera instancia, para conocer y decidir de todas las controversias derivadas de relaciones de empleo público, a los Juzgados Superiores Regionales con competencia en materia contencioso administrativa. Juzgados éstos, evidentemente con jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde fue dictado el acto o donde funcione el ente u órgano de la Administración Pública que dio lugar al litigio.

Asimismo, se verifica que el artículo 25.6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451, de fecha 22 de junio de 2010, le atribuye la competencia en primera instancia a los Tribunales Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo -Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo- para conocer de los conflictos concernientes a la función pública, en idéntica forma como lo consagra la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En consecuencia, siendo que en la presente causa se ventilan pretensiones derivadas de una relación de empleo público suscitada dentro de la circunscripción judicial de la Región Capital, entre el querellante y el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, el cual tiene su sede y funciona en la Región Capital este Órgano Jurisdiccional declara su COMPETENCIA para conocer, en primera instancia, de la querella interpuesta. Así se decide.

-IV-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA

Siendo la oportunidad para decidir, este Juzgado pasa a pronunciarse sobre el fondo de la controversia en los siguientes términos:

Ahora bien, el objeto principal de la presente querella se fundamenta en la solicitud realizada por la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, mediante la cual solicitó el recalculo de sus prestaciones sociales, así como del monto otorgado por la jubilación, en los cuales se incluya el Bono de Productividad, ya que el mismo forma parte del salario; asimismo solicitó la cancelación de las diferencias de las prestaciones sociales y jubilación que genere tal solicitud, que los montos arrojados sean indexados, estimó la querella en la cantidad de SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS BOLIVARES CON NUEVE CÉNTIMOS (BS. 621.522,09).

Siendo todo ello negado y rechazado por la República en virtud de que el Bono de Productividad no forma parte del salario. Del recalculo de las prestaciones sociales y de la jubilación en virtud de la solicitud de inclusión del Bono de Productividad.

En principio, cabe acotar que la representación judicial del querellante, señaló que la diferencia de prestaciones sociales y de la asignación por la jubilación que solicita radica en que el Ministerio querellado no incluyó en esos cálculos el monto percibido correspondiente al Bono de Productividad que fue percibido de manera bimensual de forma permanente y consecutivo desde el año “…2013…”, y que a su decir, comprende parte del salario, en ese sentido solicitó su inclusión en el quantum para determinar el salario base para el cálculo de prestaciones sociales y de la jubilación.

De las pruebas Consignadas en el expediente judicial, se observa:

-Cursa del folio 13 y 14 copia simple de Oficio Nº OGH/DAL/DJP/Nº no legible, de fecha 01 de noviembre de 2016, suscrito por la Directora Adjunta General de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, dirigido a la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, C.I. V-4.246.912, mediante el cual se le notificó que mediante Resolución Nº 0-0300, del 24 de octubre de 2016, le fue concedido el beneficio de la jubilación ordinaria en el cargo de Profesional II, en la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura y Vialidad, con fundamento en lo establecido en el artículo 08, numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, en concordancia con el artículo 01 del Reglamento Ejusdem, por un monto total de la asignación por jubilación de la cantidad de veintiocho mil veinte bolívares sin céntimos (Bs. 28.020,00), por haber prestado servicios durante 30 años y contar con 666 años de edad, con un porcentaje equivalente al 75% del sueldo promedio devengado durante los últimos 12 meses.

-Consta al folio 15, copia simple del Memorando N° ORRHH/DTRRHH/DEP N° 0000100 de fecha 22 de septiembre de 2014, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, contentivo de la “INFORMACIÓN BONO DE PRODUCTIVIDAD”, y al respecto señaló, que su forma de pago es bimensual, concedido a los trabajadores que presten servicio activo, el cual es un incentivo otorgado para premiar y motivar la labor causada del funcionario.

-Cursa al folio 17 y 18, copia simple del Memorando - Circular N° ORRHH/DTRRHH/DEP N° (no legible), de fecha 11 de febrero de 2015, emanado de la Oficina de Recursos Humanos, contentivo de la INFORMACIÓN BONO DE PRODUCTIVIDAD, y al respecto señaló, que su forma de pago es bimestral, concedido a los trabajadores que presten servicio activo, el cual es un incentivo otorgado para premiar y motivar la labor causada del funcionario (…) La presente comunicación sustituye lo indicado en el Memorando Circular N° 0000100 de fecha 22-09-2014.

-Del folio 19 al 38, consta en copias simples de recibos de pago a nombre del hoy querellante, comprendidos desde el 15 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016, en los cuales se observa el pago de Bono de Productividad:

• Bono de Producción con una asignación de Bs. 40.962,06 del período 31 de diciembre de 2015.
• Bono de Producción con una asignación de Bs. 40.779,58 del período 29 de febrero de 2016.
• Bono de Producción con una asignación de Bs. 42.354,71 del período 30 de abril de 2016.
• Bono de Producción con una asignación de Bs. 54.716,96 del período 30 de junio de 2016.
• Bono de Producción con una asignación de Bs. 56.660,25 del período 31 de agosto de 2016.
• Bono de Producción con una asignación de Bs. 92.866,64 del período 31 de octubre de 2016.

-Riela al folio ciento siete (107), copia simple de la planilla contentiva del CÁLCULO DE JUBILACIÓN emanada de la Oficina de Gestión Humana del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, en la cual se observa la identificación de la hoy querellante, laboró en el MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, desde 01 de enero de 1987, hasta 31 de diciembre de 1987, posteriormente, prestó servicio en el Ministerio DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, fecha de ingreso 01 de enero de 1988, fecha de egreso el 31 de octubre de 2016, Sub total de años de servicios 29 años, 10 meses y 0 días, Total años de servicio 30; TOTAL 12 MESES 448.320,00; PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES Bs. 37.360,91; PORCENTAJE DE LA JUBILACIÓN 75; MONTO JUBILACIÓN MINISTERIO (1) 28.020,00; MONTO CANCELADO POR LA TESORERIA (2) 22.576,73; MONTO MENSUAL A PAGAR POR EL MINISTERIO (1) - (2) 5.443,27; MONTO QUINCENAL POR EL MINISTERIO 2.721,64; el cual comprende: salario básico, compensación, prima de antigüedad, prima profesional, prima hogar, prima transporte.

En tal sentido, se ha establecido que las copias o reproducciones fotográficas, fotostáticas o por cualquier otro medio mecánico claramente inteligible, de los instrumentos públicos y los privados reconocidos o tenidos legalmente por reconocidos, se reputaran como fidedignas siempre que:
a) se trate de copias de documentos públicos o privados reconocidos (no simplemente privados),
b) sean producidas con la demanda, su contestación o en el lapso de promoción de pruebas,
c) no hayan sido impugnadas por la contraparte dentro de los lapsos establecidos, y
d) sean legibles. (Vid. Sentencias de la Sala Nros. 06051 del 02 de noviembre 2005, caso: Gustavo Adolfo Quintero Torrado Vs. C.V.G. Bauxilum, C.A.; y, 617 del 13 de mayo de 2009; caso: Mercedes Matilde Mendoza Zambrano Vs. Universidad del Zulia (LUZ).

En ese mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que el pronunciamiento en cuanto a las pruebas desplegadas por los intervinientes, son el resultado del juicio analítico efectuado por el Juzgador respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir aquéllos fotóstatos, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a su legalidad y pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa las puede apreciar al valorarlas y establecer los hechos, y si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar en relación al fondo del asunto planteado.

En ese mismo orden de ideas, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ha reiterado que el pronunciamiento en cuanto a las pruebas desplegadas por los intervinientes, son el resultado del juicio analítico efectuado por el Juzgador respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir aquéllos fotostátos, es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a su legalidad y pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa las puede apreciar al valorarlas y establecer los hechos, y si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar en relación al fondo del asunto planteado.

Entonces tenemos que, los instrumentos anteriormente descritos promovidos por la parte querellante, gozan de pleno valor probatorio, conforme a lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por ser documentos públicos administrativos emanados de una autoridad pública, y toda vez que no fueron tachados ni impugnados por la parte querellada dentro de los lapsos legales previstos por el legislador.

Del expediente administrativo del hoy querellante, se observa:

-Cursa al folio 02, copia certificada de la planilla de PAGO POR LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO de fecha 06 de diciembre de 2016, emanada de la Oficina de Gestión Humana, Dirección de Tramitación y Verificación Presupuestaria de Compromisos Salariales del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, en la cual se observa la identificación de la recurrente, fecha de ingreso en el Ministerio querellado 01 de enero de 1988 y egresó el 31 de octubre de 2016, tiempo de servicio 0 días, 10 meses y 28 años, observándose lo siguiente:

“(…) SALARIO NORMAL ACTUAL ART 104 LOTTT MENSUAL 98.615,20 SALARIO DIARIO NORMAL ACTUAL 3.287,17 SALARIO NORMAL + ALIC BONO VACACIONAL ALIC.BONO VACACIONAL 13.696,56 MENSUAL 112.311,76 SALARIO INTEGRAL ACTUAL ART. 122 LOTTT + ALIC AGUINALDO ALIC. BONIFIC. FIN DE AÑO 32.757,60 MENSUAL INTEGRAL 145.069,35 DIARIO INTEGRAL 4.835,65; PRESTACIÓN SOCIAL AL 18-06-1997 CONCEPTOS PRESTACIÓN ANTIGUO RÉGIMEN 1.472,48 INTERESES DEL ANTIGUO RÉGIMEN 978,18 COMPENSACIÓN POR TRANSFERENCIA 940,28 INTERESES DEL PASIVO LABORAL (ART. 668 L.O.T) 42.571,99 SUB. TOTAL PRESTACIÓN SOCIAL AL 18-06-1997 45.962,93; PRESTACIONES SOCIALES CONCEPTOS TOTAL DEPOSITADO POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE PRESTACIONES SOCIALES (ART. 142 LOTTT, LITERALS a y b): 498.681,43 PRESTACIONES SOCIALES CALCULADAS A 30 DÍAS DE SALARIO POR AÑO DE SERVICIO O FRACCIÓN SUPERIOR A 6 MESES (ART. 142 LOTTT, LITERAL C): 2.756.317,65 TOTAL PRESTACIONES SOCIALES (ART. 142 LOTTT, LITERAL D): 2.756.317,65 PRESTACIONES SOCIALES CALCULADAS A 5 DÍAS DE SALARIO POR MESES TRABAJADOS O FRACCIONADO (ART. 142 LOTTT, LITERAL a) 0,00 DIFERENCIA DÍAS ADICIONALES (ARTICULO 71 REGLAMENTO LOT) 0,00 INTERESES CAUSADOS POR DIFERENCIA EN DEPOSITOS DE LA GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES (ART. 143 LOTTT) 29.920,89 SUB TOTAL PRESTACIONES SOCIALES 2.786.238,54; OTROS CONCEPTOS A PAGAR BONIFICACIÓN FIN DE AÑO FRACCIÓN 0,00; BONO VACACIONAL FRACCIONADO (10 MESES LABORADOS) 137.074,99; VACACIONES FRACCIONADAS (10 MESES LABORADOS) 68.373,14; VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS PERIODO(S) DESDE EL 2003-2004 HASTA 2015-2016 328.717,00; VACACIONES VENCIDAS Y NO DISFRUTADAS (ART 95 DEL REGLAMENTO LOT FINES DE SEMANA Y FERIADOS 124.912,46; DIFERENCIAS SUELDOS DEJADOS DE PAGAR 0,00; SUB-TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A PAGAR 659.077,59 SUB-TOTAL A PAGAR 3.491.279,06; DEDUCCIONES CONCEPTOS ADELANTO 150,00 (ARTICULO 668 LOT) 150,00 CAPITAL ANTIGUO RÉGIMEN (10-03-2010) 3.233,82 ADELANTO DEL INTERES DEL PASIVO LABORAL (20-09-2007 / 04-12-2007 / 30-09-2008 / 30-11-2012) 26.097,86 TOTAL APORTES POR CONCEPTO DE GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES (ART.142 LOTTT, LITERALES A): 353.599,64 TOTAL DIAS ADICIONALES PAGADOS (ART. 142 LOTTT, LITERAL B Y ART 71 REGLAMENTO LOT) 145.081,79 SUELDOS CANCELADOS POSTERIOR A LA FECHA DE EGRESO 0,00 DESCUENTO DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD BIMESTRAL 0,00 SUB TOTAL DEDUCCIONES 528.163,11 TOTAL A PAGAR 2.963.115,95…”.

En relación a los documentos administrativos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00298, de fecha 05/03/2008, Expediente Nº 2002-1016, en el caso Constructora El Milenio, C.A. Vs. Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano “FONTUR”, estableció:

Ello así, dicha actuación encuadra dentro de la categoría de los denominados “documentos administrativos”, que al emanar de un órgano de la Administración Pública contiene una declaración de voluntad, conocimiento y certeza, gozando de una presunción de veracidad, legitimidad y autenticidad, hasta prueba en contrario (Véase, entre otras, decisión N° 6556 del 14 de diciembre de 2005).
Visto entonces que el documento administrativo, según la doctrina de esta Sala, se configura como una tercera categoría de prueba instrumental que no puede asimilarse al documento público previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, como sí a los documentos privados reconocidos o a los tenidos legalmente por reconocidos, “sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad” (Véase sentencia N° 00497 del 20 de mayo del 2004, caso Alida Magalis Sánchez), aunado al hecho de que la contraparte no trajo a los autos medio de prueba alguno que permitiera desvirtuar la referida presunción, a juicio de esta Sala debe otorgarse pleno valor probatorio a la documental. Así se decide.

En este sentido, este Tribunal aprecia que las actuaciones que integran el expediente administrativo gozan de pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con los artículos 432 y 506 del Código de Procedimiento Civil, son instrumentos públicos administrativos, por cuanto gozan de pleno valor probatorio, salvo prueba en contrario, en virtud de la fe pública que el legislador le reconoce, razón por la cual deben tomarse como fidedignos, toda vez que surgieron de actos del poder público.

Así las cosas, de lo anteriormente señalado se desprende que la hoy querellante ingresó al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables desde 01 de enero de 1987, hasta 31 de diciembre 1987, es decir un (01) año, y posteriormente laboró en el Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas desde el 01 de enero de 1988 y egresó por jubilación el 31 de octubre de 2016; que, fue jubilada con el cargo de Profesional II, por haber prestado sus servicios durante treinta (30) años, con una asignación del 75% del salario equivalente a VEINTIOCHO MIL VEINTE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 28.020,00); así mismo se observa que le fueron canceladas sus prestaciones sociales, de la siguiente forma: sub total de prestaciones sociales por la cantidad de DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVARES CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 2.786.238,54), sub total a pagar por la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SEIS CÉNTIMOS (Bs. 3.491.279,06), menos las deducciones por la cantidad de QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES BOLÍVARES CON ONCE CÉNTIMOS (Bs. 528.163,11), para un total cancelado de DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE BOLÍVARES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. 2.963.115,95); que en el renglón referido al concepto de Bono de Productividad Bimestral aparece “…0,00…”. Igualmente se desprende de las referidas documentales que no fue incluido para la base de cálculo de las prestaciones sociales y de la jubilación el Bono de Productividad, percibido por la querellante de forma bimensual, hasta la fecha del cese de la prestación de sus servicios.

En ese orden de ideas, se observa que el Ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas otorga a sus trabajadores activos un bono denominado Bono de Productividad cancelado de manera bimensual, ello con la finalidad de incentivar la labor de sus funcionarios; materializándose el pago de dicho bono al accionante cada dos meses, es decir, 31 de diciembre de 2015, 29 de febrero 2016, 30 de abril 2016, el 30 de junio 2016 y el 31 de agosto de 2016; siendo su fecha de egresó 31 de octubre de 2016, mediante el beneficio de jubilación de la Administración Pública.


DE LAS PRESTACIONES SOCIALES POR INCLUSIÓN DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD:


Ahora bien, este Juzgador pasa a revisar la diferencia de prestaciones sociales por inclusión del Bono de Productividad, y, en tal sentido, debe señalar que las prestaciones sociales constituyen un beneficio legal de la administración frente a los funcionarios públicos, el cual consiste en una recompensa por la antigüedad de la prestación de servicio y a su vez constituye un amparo en caso de cesantía, atender necesidades o cubrir riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral, este debe ser pagado en forma proporcional al tiempo de servicio prestado.

Asimismo, el beneficio de las prestaciones sociales se encuentra consagrado como un derecho previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, aplicable en el presente caso por remisión expresa del artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Ahora bien, el artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, prevé el modo de calcular las prestaciones sociales. Específicamente el literal “a”, dispone que se le debe depositar al trabajador lo correspondiente a 15 días por cada trimestre como garantía de las prestaciones sociales, calculados con base al último salario devengado; además el literal “b” ibídem establece que una vez alcanzado un año de servicio, se deberán pagar 02 días de salario adicionales por cada año, acumulativos hasta 30 días de salario; asimismo, el literal “c” de la referida Ley ordena efectuar el cálculo de las prestaciones sociales, independientemente de la causa de finalización de la relación de trabajo, con base a 30 días de salario por cada año de servicio o fracción superior a los 06 meses tomando como referencia el último salario percibido y la cantidad que resulte mayor de los cálculos establecidos en los literales “a” y “b”, será el monto que efectivamente deberá pagársele al trabajador por concepto de prestaciones sociales, tal y como lo establece el literal “d” ibídem.

Cabe destacar que conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley in comento, se debe tomar como base para el cálculo de las prestaciones sociales el último salario devengado, con inclusión de todas las asignaciones salariales percibidas por el trabajador o trabajadora durante la prestación del servicio.

Visto que para el cálculo de las prestaciones sociales se toma en cuenta el último salario devengado más todas las asignaciones que detenten el carácter salarial, pasa este Juzgado a dilucidar si el Bono de Productividad percibido por la querellante tiene o no carácter salarial, a los efectos de determinar su inclusión en el sueldo normal objeto del cálculo de las prestaciones sociales.

Aclarado lo anterior, resulta necesario para quien aquí decide traer a colación la noción establecida por el legislador en los artículos 104 y 122 de la Ley Orgánica del Trabajo Trabajadores y Trabajadoras Gaceta Oficial Nº 6.076, Extraordinario de fecha 07 de mayo de 2012, lo siguiente:

“Artículo 104. Se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda.
Los subsidios o facilidades que el patrono o patrona otorgue al trabajador o trabajadora, con el propósito de que éste o ésta obtengan bienes y servicios que le permitan mejorar su calidad de vida y la de su familia tienen carácter salarial.
A los fines de esta Ley se entiende por salario normal, la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y las que esta Ley considere que no tienen carácter salarial. Para la estimación del salario normal ninguno de los conceptos que lo conforman producirá efectos sobre si mismo.”


“Artículo 122. El salario base para el cálculo de lo que corresponda al trabajador y trabajadora por concepto de prestaciones sociales, y de indemnizaciones por motivo de la terminación de la relación de trabajo, será el último salario devengado, calculado de manera que integre todos los conceptos salariales percibidos por el trabajador o trabajadora (…)”


Se desprende la norma anteriormente transcrita que el salario es una la remuneración que percibe el trabajador o trabajadora por la prestación de servicio, el cual comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda, mientras que el salario normal, es la remuneración devengada por el trabajador en forma regular y permanente por la prestación de sus servicios, quedando excluidos las percepciones de carácter accidental, las derivadas de la prestaciones sociales y las que la Ley considere que no tienen carácter salarial.

En este mismo orden de ideas, es imperioso para este Tribunal traer a colación el criterio establecido con respecto al carácter salarial de los bonos por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1848 del 01 de diciembre de 2011 (caso: Luis Manuel Ocanto), que señaló que:

“(…) Así se observa que el bono ejecutivo por cumplimiento de metas alcanzadas, aunque eran cancelados por la empresa en oportunidades diferentes y no eran reflejados en el recibo mensual de pago del trabajador, sí eran cargados a su cuenta personal, por lo tanto apreciables en dinero en efectivo y era calculado con base en la evaluación de la gestión gerencial del trabajador, para compensar a éste por la eficiencia y la productividad de su trabajo, por su participación en contribuir en alcanzar las metas propuestas por el patrono, razón por la cual está íntimamente relacionado con la prestación del servicio lo que se corresponde con lo establecido en la primera parte del artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo que define el salario, y en consecuencia, la sentencia objeto de revisión si debió considerar que el bono de incentivo por cumplimiento de metas tiene carácter salarial y debió tomarse en cuenta para calcular el salario integral del trabajador…”.

Subrayado y Resaltado de este Tribunal.

De la decisión parcialmente transcrita se desprende que detentan el carácter salarial las bonificaciones que aún y cuando sean canceladas en oportunidades diferentes y su justificativo obedezca al cumplimiento de metas, perfectamente reflejados en los recibos del funcionario, (apreciables en dinero en efectivo) otorgado con la finalidad de compensar la labor del trabajador, debe entenderse que dichos bonos se encuentran íntimamente ligados con la prestación del servicio, siendo ello así, conforme a lo previsto en el primer párrafo del hoy artículo 122 de la actual Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y de las Trabajadoras (salario integral), por tanto se debe considerar este bono con carácter salarial y debe ser tomado en cuenta para calcular el salario integral del trabajador.

En el caso de autos, se observa que el Bono de Productividad fue cancelado permanentemente y de forma consecutiva bimensualmente, es decir cada dos meses, específicamente en los meses 31 de diciembre de 2015, febrero, abril, junio, agosto y octubre de 2016, reflejado el monto otorgado en los recibos de pago y su justificativo obedeció a la compensación otorgada a incentivar y reconocer el buen desempeño de la labor producida por los funcionarios del Ministro del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, siendo ello así este bono se encuentra estrechamente vinculado con la prestación del servicio en virtud al esfuerzo del trabajador, siendo por lo tanto justo que dichos pagos formen parte del salario, tal y como lo establece el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 104 y 122 de la Ley Orgánica para el Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, se ordena su inclusión al salario base- normal. Así se decide.

Ahora bien, visto que el salario es toda remuneración o sueldo que percibe el empleado de manera habitual, es decir, con carácter regularidad y permanencia por la contraprestación del servicio prestado, que responden a factores de incentivos y visto que el Bono de Productividad forma parte del salario normal de la funcionaria, el cual no fue incluido en el cálculo de las prestaciones sociales de la querellante, ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS realizar el recalculo de las prestaciones sociales, en el cual se incluya al salario normal el Bono de Productividad, previa deducción de lo ya pagado, y se le cancelen las diferencias arrojadas. Así se decide.

DE LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD EN EL CÁLCULO DE LA JUBILACIÓN:

De seguidas pasa este Sentenciador a dilucidar el punto referido a la solicitud de inclusión del Bono de Productividad en el cálculo de la jubilación de la querellante, el cual -según su dicho- no fue incorporado, considerando que el mismo es de carácter permanente y continuo, y por lo tanto tiene carácter salarial.

Respecto de dicha solicitud, debe acotar quien decide que el artículo 4, numeral 3 y el artículo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, establecen lo siguiente:

“Artículo 4. A los fines del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley se entiende por:
3. Salario normal: al salario devengado por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de sus servicios.

Artículo 9. A los efectos del cálculo del monto de la jubilación, se entiende por sueldo mensual del trabajador o trabajadora, el integrado por el salario básico y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente.”

(Negrillas de este Tribunal).

Igualmente el artículo 15 del Reglamento de la Ley referida, establece lo siguiente:

“Artículo 15. La remuneración a los fines del cálculo de la jubilación estará integrada por el sueldo básico mensual, por las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente y por las primas que respondan a estos conceptos (…)”.

(Negrillas de este Tribunal).

De las normas anteriormente transcritas se deriva que la intención del legislador fue definir y delimitar los conceptos que integran el sueldo base para el cálculo del monto de la jubilación, el cual estará conformado por: 1.- sueldo básico, 2.- compensación por concepto de antigüedad y 3.- compensación de servicio eficiente y aquellas primas que guarden relación solo con estos conceptos.

El precitado artículo 15 del vigente Reglamento, llegó a la conclusión que a fin de efectuar el cálculo de la pensión de jubilación, la remuneración deberá estar integrada por el sueldo básico mensual, las compensaciones que deriven de la antigüedad y servicio eficiente y las primas que se vinculen a estos conceptos y con la condición que tales compensaciones sean sufragadas de forma reiterada y continua.

Ahora bien, siendo que el salario normal es la remuneración básica devengada por el trabajador "en forma regular y permanente por la prestación de su servicio" y que el Bono de Productividad forma parte integrante del salario normal de la trabajadora, por ser cancelado de manera consecutiva y permanente cada dos meses, ello en virtud de la contraprestación al servicio, el cual responde a factores de incentivo a la labor, tal y como quedó establecido Ut-supra, y que de los elementos probatorios antes mencionados, se desprende que la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, fue jubilada a partir del 31 de octubre de 2016 del cargo de Profesional II con una asignación mensual de VEINTIOCHO MIL VEINTE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (Bs. 28.020,00); que, el Bono de Productividad, el cual detenta carácter salarial, no fue considerado como parte integrante del denominado salario normal a los fines de los cálculos de la jubilación, por lo tanto visto que la querellante fue beneficiado con tal bono, cancelado de manera bimensual por más de los doce (12) últimos meses que precedieron a su jubilación, tiene derecho a que sea parte integrante del sueldo base del cálculo de la jubilación, siéndole asignado el 75% del salario mensual, por lo tanto conforme a lo anteriormente expuesto el Bono de Productividad debe ser considerado para el recálculo de la jubilación. Así se decide.

En virtud de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, proceda al recalculo de la jubilación de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, con base al porcentaje otorgado de 75% tomando en cuenta el sueldo básico en el cual se incluya el Bono de Productividad, así como las demás compensaciones contenidas en los cálculos que cursa al folio 107 del expediente judicial. Así se declara.

A los fines de la restitución de la situación jurídica infringida, que tiene este Órgano Jurisdiccional de conformidad con lo establecido en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ordena el pago de las diferencias dejadas de percibir resultantes del recalculo de la jubilación de la querellante previa deducción de lo ya cancelado con base al porcentaje otorgado de 75%, tomando en cuenta el sueldo básico en el cual incluya el Bono de Productividad, así como las compensaciones contenidas en los cálculos que cursa al folio 107 del expediente judicial, desde la fecha en la cual le fue otorgado el beneficio, esto es, a partir del el 31 de octubre de 2016, hasta la ejecución de la presente decisión. Así se declara.

DEL REAJUSTE DE LA JUBILACIÓN:

Igualmente, cabe precisar que la representación judicial de la parte querellante solicitó que se condene al Ministerio querellado para que “…proceda a realizar los recálculos del monto de jubilación (…) tomando como base lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal (…) del salario actual del cargo donde se hubieran desempeñado…”.

Ahora bien, en tal sentido es preciso señalar que siendo la jubilación un beneficio que está consagrado en nuestra Constitución con el fin de mantener una calidad de vida digna durante la vejez, es decir, es una garantía social contemplada en los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y un derecho establecido para la protección del servidor público, cuya concesión se otorga con el propósito de recompensar al funcionario por el servicio prestado, y de garantizarle un sustento permanente para cubrir sus necesidades elementales, en la etapa más trascendental de la vida (ancianidad), a los fines de mantener una calidad de vida digna y decorosa.

Así pues, vista la naturaleza del beneficio de jubilación, los efectos del mismo deben extenderse al reajuste de la pensión de jubilación, por cuanto a través del mismo, el Estado como garante de la seguridad social y en procura de mantener la esencia e integridad de este beneficio, y al ser la Administración Pública un ente ligado al Estado, se encuentra en la obligación de cumplir con los preceptos establecidos en la Constitución y la Ley.

En el caso concreto, visto que por ser el reajuste de la pensión de jubilación un beneficio que se encuentra consagrado constitucionalmente como un derecho que forma parte del sistema de seguridad social, debe acordarse en aras de salvaguardar la tutela judicial efectiva prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 80 y 86 ejusdem, en concordancia con lo establecido en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal y en el artículo 16 de su Reglamento, ut supra citados.

En este orden, los artículos constitucionales anteriormente indicados establecen lo siguiente:
“Artículo 80. El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

“Artículo 86. Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y las trabajadoras para cubrir los servicios médicos y asistenciales y demás beneficios de la seguridad social podrán ser administrados sólo con fines sociales bajo la rectoría del Estado. Los remanentes netos del capital destinado a la salud, la educación y la seguridad social se acumularán a los fines de su distribución y contribución en esos servicios. El sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial”.

De las normas constitucionales anteriormente transcritas disponen que el Estado tiene el deber de brindar protección a todas las personas que lleguen a la vejez, procurándoles la posibilidad de que eleven su calidad de vida mediante el respeto a su dignidad humana, a su autonomía garantizando la efectividad del derecho a la seguridad y la atención integral.

El reajuste de pensión de jubilación, se encuentra establecido en el artículo 14 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, de cuyo texto se extrae lo siguiente:

“Articulo 14. El monto de la jubilación podrá ser revisado periódicamente, tomando en cuenta el monto del salario mensual que para el momento de la revisión tenga el último cargo con el que se otorgó el beneficio de jubilación y el mismo porcentaje de referencia para el cálculo del monto de la jubilación.”.

Así mismo, el artículo 16 del aún vigente Reglamento de la referida Ley, establece:

“Articulo 16. El monto de las jubilaciones podrá ser revisado en los casos en que se produzcan modificaciones en el régimen de remuneraciones de los funcionarios o empleados sujetos a la Ley del estatuto. La revisión del monto de la jubilación procede, en cada caso, respecto del sueldo correspondiente al cargo que ejercía el funcionario o empleado para el momento de ser jubilado (…)”.
De las normas anteriormente transcritas, se desprende que la revisión del monto de las jubilaciones y pensiones concedidas, procede cuando haya aumentos de sueldo en el personal activo.

En este sentido, se trae a colación lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 3 del 25 de enero de 2005, (caso: Luís Rodríguez Dordelly y otros), estableció con relación al marcado carácter social del beneficio de jubilación:

“(…) la protección que el Estado brinda al hecho social trabajo, incide directamente en el contexto de toda la sociedad, ya que ello puede conllevar a un alto índice de desempleo y una serie de inconvenientes colaterales socioeconómicos que de mantenerse causarían daños, tanto a los trabajadores, como a los entes públicos vinculados al caso. Tal protección no debe excluir a quienes ostenten la cualidad de pensionados o jubilados, ya que el cobro de las pensiones de jubilación forma parte del carácter irrenunciable del que gozan los derechos laborales previstos en el Texto Fundamental.
A juicio de la Sala, se encuentra que la jubilación se incluye en el derecho constitucional a la seguridad social que reconoce el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela -artículo 94 y 2 de la Enmienda de la Constitución de 1961- como pensión de vejez para la persona que cumplió con los requisitos de edad y años de servicio para que sea recipendiaria de tal beneficio de orden social, pues su espíritu es, precisamente, garantizar la calidad de vida del funcionario público o trabajador privado, una vez que es jubilado.

En ese sentido, la Sala considera que la pensión de jubilación, por definición, si bien debe ser calculada sobre la base de los últimos sueldos que percibió el beneficiario de la misma, no puede ser inferior al salario mínimo urbano, tal y como lo ordena el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De allí que, en el caso de autos, al no tomarse en cuenta ni considerar el cumplimiento de la disposición constitucional para el cálculo de las pensiones de jubilación, se vulneró ese derecho constitucional (…)”.

Considerando lo anteriormente expuesto, es necesario concluir que siendo la jubilación un derecho consagrado constitucionalmente que garantiza a su beneficiario elevar su calidad de vida, en ningún caso tal beneficio debe suponer un menoscabo para quién se sirva de ella, por lo tanto, la Administración está obligada a revisar periódicamente el monto de la pensión de jubilación tomando en consideración los aumentos o modificaciones que haya experimentado el salario devengado en el último cargo ocupado por el recurrente, (Vid., sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo de fecha 19 de mayo de 2011, caso: Omar Enrique González Osorio contra la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda).

En este orden de ideas, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en sentencia Nº 2006-00447 de fecha 09 de marzo de 2006, ratificada en sentencia Nº 2009-1040 del 10 de junio de 2009 por esa misma Corte, estableció que la facultad de revisión del monto de la jubilación en atención a la potestad que le confiere la legislación especial, al ser esta potestad una discrecionalidad reglada y tutelada por el legislador, constituye al mismo tiempo una obligación y siendo que se trata de un derecho social esencial en la concreción del estado social, de derecho y de justicia como principio fundamental consagrado en nuestra Carta Fundamental y que garantiza la calidad de vida del funcionario público una vez que es jubilado, (Vid., sentencia Nº 3476 del 11 de diciembre 2003, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

En este sentido, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia de fecha 11 de abril de 2011, caso Arnaldo Utrera, contra la Comisión Nacional Para Las Telecomunicaciones (CONATEL), explicó lo siguiente:

“…se observa que el objeto principal de la presente querella, lo constituye el ajuste de la pensión de jubilación otorgada al ciudadano Arnaldo Utrera -Según Resolución Nº 014/98, de fecha 27 de noviembre de 1998, dictada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL); la inclusión del bono de fecha 31 de diciembre de 1998 y el ajuste monetario a partir de la fecha de reclamación en adelante sobre las sumas de dinero a reajustar en el monto de la jubilación y el pago de los intereses de mora.
(omisis)

Ahora bien, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 00781, de fecha 09/07/2008, ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz. Caso: Antonio Suárez y otros) y asumido por la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo (Sentencia de fecha 09/12/2009, ponencia del Juez Alejandro Soto Villasmil. Caso: José Luís Garcés Morón Vs. Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura), estableció sobre la conformación del sueldo base para el cálculo de la pensión de jubilación:
(…omissis…)
Del texto de la norma y la jurisprudencia precitada, se desprende que el sueldo mensual a considerar para el cálculo de pensión de jubilación, se encuentra integrado por: A) El sueldo básico; B) Compensación o prima por antigüedad; C) Compensación o prima por servicio eficiente de trabajo; y D) Y la exclusión de los viáticos, las primas por transporte, las horas extras, las primas por hijos, así como cualquier otra cuyo reconocimiento no se base en los factores de antigüedad y servicio eficiente, para el respectivo cálculo, así tengan el carácter de permanente.
En este orden de ideas, las Cortes de lo Contencioso Administrativo, se han pronunciado acerca de la inclusión para la pensiones y jubilaciones de las primas que respondan por antigüedad y servicio eficiente en forma reiterada, así pues en la sentencia Nº 2009-403, de fecha 16 de marzo de 2009, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, (caso: Rodrigo Sánchez vs. el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas), estableció lo siguiente:
(…omissis…)
De la sentencia parcialmente transcrita, se puede observar que nuestra Alzada al estudiar las normas contenidas en el Reglamento de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, específicamente el artículo 15, concluyó que para los fines del cálculo de jubilación, la remuneración estará integrada por el sueldo básico mensual y las compensaciones que deriven de la antigüedad y servicio eficiente y las primas que respondan a estos conceptos y sean pagadas de manera reiterada y permanente, requisitos estos concurrentes para poder ajustarlos al cálculo de la jubilaciones y pensiones…”

En lo que respecta a la “compensación por servicio eficiente” ésta se refiere a la cantidad dineraria recibida por el funcionario en virtud del rendimiento demostrado en el ejercicio de sus funciones, de manera, que dicha prima recompensa la responsabilidad demostrada por el servidor público en el desempeño de sus labores, por lo cual una vez otorgada, igualmente forma parte integrante del sueldo, tal y como lo señaló la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 781 de fecha 9 de julio de 2008.

Siendo así y llevando estas premisas al caso en concreto este Órgano Jurisdiccional observa que la hoy querellante percibió por parte del Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas, Bono de productividad el cual percibió bimensualmente desde el 31 de octubre de 2015, hasta el 31 de octubre de 2016, tal y como se desprende en las actas que conforman el presente expediente, aun cuando haya sido percibido por la trabajadora de manera bimensual, el artículo 7 y 8 de la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, nos indica claramente que el sueldo del funcionario se encuentra integrado por el sueldo básico y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente, por lo que al acogernos a los dispuesto en la Ley del Estatuto Sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, se infiere y concluye que el Bono de Productividad al cumplir con el extremo establecido en el artículo 7 ejusdem, es decir, que es un bono por servicio de eficiencia, razón por la cual este Órgano Jurisdiccional ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS proceda a la revisión, y reajuste de la pensión asignada a la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, con apego a lo establecido en los artículos 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 13 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Empleados de la Administración Pública Nacional de los Estados y de los Municipios, y 16 de su Reglamento, ello a partir de la fecha en la que le fue otorgada su jubilación. Así se decide.

Ahora bien, este Juzgado debe señalar que el reajuste de la pensión de jubilación de la querellante, debe realizarse con arreglo a los aumentos que se hayan producido en el tabulador de sueldos correspondiente al cargo que ejercía cuando fue jubilada, esto es, Profesional II, y en el supuesto que el monto de la jubilación resulte inferior al salario mínimo, se ordena pues que se reajuste el monto de la pensión de jubilación, ello a partir de la fecha en la que le fue otorgada la misma, es decir, 31 de octubre de 2016, con base al aumento en la Escala General de sueldos para Funcionarios y Funcionarias Públicos, contenido en el Decreto Presidencial Nº 2.261 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.070 de fecha 09 de enero de 2017, el cual deberá ser estimado mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, luego que la sentencia quede definitivamente firme. Así se decide.

DE LA DIFERENCIA POR FALTA DE CANCELACIÓN OPORTUNA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD.

En este mismo orden de ideas, se observa que la parte accionante solicitó que sea condenado el Ministerio querellado a la cancelación de “…la diferencia por falta de cancelación oportuna del Bono de Productividad… al pago de la cantidad que han sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016, monto que se corresponde por diferencia del salario no cancelado en su oportunidad y por la ilegal omisión del Bono de Productividad, (…) solicitando se ordene el recálculo por medio de una experticia complementaria del fallo”, en ese sentido, este Juzgador declara PROCEDENTE lo solicitado, y en consecuencia se ORDENA realizar experticia complementaria, ello hasta la fecha en la que cesó la relación funcionarial, es decir, el 31 de octubre de 2016, fecha en la cual fue jubilada la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO. Así se decide.


-DE LA DIFERENCIA DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD ACUMULADO-

Con respecto a que la diferencia del Bono de Productividad acumulado “…hasta el 31 de diciembre de 2016…”, este Juzgador observa que la misma se le otorgara mediante experticia complementaria del fallo, ello hasta la fecha en la que ceso la relación funcionarial, es decir, el 31 de octubre de 2016, fecha en la cual fue jubilada la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO. Así se decide


-DE LA DIFERENCIA POR LOS BONOS DE PRODUCTIVIDAD QUE SE VENCIEREN HASTA LA TOTAL Y DEFINITIVA CANCELACIÓN DE LOS MONTOS Y ASPECTOS DEMANDADOS EN EL PRESENTE LIBELO HASTA LA CANCELACIÓN DEFINITIVA POR EJECUCIÓN DEL FALLO-

Asimismo, se observa que la parte querellante solicitó que sea condenado el Ministerio querellado al pago de “…los bonos de productividad que se vencieren hasta la total y definitiva cancelación de los montos y aspectos demandados en el presente libelo hasta la cancelación definitiva por ejecución del fallo…”, en ese sentido este Juzgador declara PROCEDENTE el pago requerido, en consecuencia la misma se le otorgara mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, desde la fecha de la admisión de la demanda, es decir, 13 de febrero de 2017, hasta la ejecución de la misma. Así se decide.

DE LA INDEXACIÓN:

Se observa, que la representación judicial de la parte querellante, solicitó que sea condenado al Ministerio querellado a la cancelación de la indexación de los conceptos demandados.

Ahora bien, respecto al tema de la indexación, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia en el expediente Nº 16-0202, en fecha 21 de septiembre de 2016, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán, mediante la cual estableció lo siguiente:
“…En este sentido, aun cuando la referida norma no establezca expresamente la posibilidad de otorgar la indexación en los casos donde exista un retardo en el pago del salario o prestaciones sociales, es criterio pacífico y reiterado de esta Sala que al ser considerados dichos conceptos como deudas de valor, se hace obligatorio, en caso de incumplimiento o retardo por parte del patrono, realizar el ajuste inflacionario respectivo para evitar la pérdida de valor de las cantidades adeudadas y compensar el daño soportado, con la finalidad de que la tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patrimonio del trabajador.
(Omissis)
el salario y las prestaciones sociales son deudas de valor de exigibilidad inmediata, razón por la cual, en caso de existir mora en el pago de tales créditos laborales dará lugar tanto al pago de intereses moratorios como a la indexación monetaria respectiva, toda vez que la depreciación, por obra de los índices inflacionarios, del valor de las cantidades adeudadas, no debe soportarla el trabajador o funcionario afectado, por cuanto la aludida situación deviene de un incumplimiento del patrono, y en consecuencia, demanda una protección especial para dicho trabajador o funcionario que le garantice un digno nivel de vida con aquello que ha obtenido producto de su trabajo…”.

Resaltado del Tribunal.

Del criterio jurisprudencial antes transcrito, se infiere que la causa y génesis de la indexación es la devaluación de la moneda, por lo que cada vez que exista retardo en el pago de las obligaciones consagradas en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la indexación monetaria debe ser aplicada.
Para mayor abundamiento, la misma Sala Constitucional, respecto al tema bajo estudio dictó sentencia Nº 391 de fecha 14 de mayo de 2014, donde expresó:
“…dicha indexación es la consecuencia de un hecho: pérdida del valor adquisitivo de la moneda en el tiempo y el objetivo de ésta es alcanzar el mayor grado de justicia social posible, garantizar un nivel de vida digna para todos por igual, promover el trabajo como el medio más idóneo para el desarrollo de los individuos y de sus familiares.
(Omissis)
En consecuencia, con el objeto de garantizar la uniformidad de la interpretación de las normas y principios constitucionales, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva que la Constitución garantiza a todos los justiciables y respetando los criterios jurisprudenciales, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, con fundamento en el orden público y en la irrenunciabilidad de las disposiciones y normas que favorezcan al trabajador e igualmente la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores, resultaba también materia de orden público social, esta Sala declara ha lugar la solicitud de revisión conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numeral, 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia - y conforme al supuesto contenido en la sentencia n.° n.° 163, del 26 de marzo de 2013, y en consecuencia, se declara ha lugar la solicitud de revisión presentada por los abogados los abogados Ramón Alfredo Aguilar Camero y María Alejandra González Yánez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana Mayerling del Carmen Castellanos Zarraga, de la sentencia 15 de octubre de 2013 dictada por la Corte Segunda Accidental de lo Contencioso Administrativo, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada de la hoy solicitante, argumentado para ello la improcedencia de la indexación solicitada. Así se decide.
Dicho lo anterior, esta Sala Constitucional, en aras de garantizar la tutela judicial eficaz del trabajador y hacer prevalecer la justicia, en atención a la potestad que le atribuye el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y tratándose el presente caso de un asunto de mero derecho que no requiere de actividad probatoria adicional -en el sentido de que el error de la Corte Segunda Accidental de lo Contencioso Administrativo, se centra únicamente en lo relativo a la indexación- ,considera que no es necesario un pronunciamiento que ordene el reenvío del expediente a la referida Corte para subsanar el vicio advertido, toda vez que sería una dilación inútil reponer la causa para que se indique a los expertos con respecto a la corrección monetaria, que ésta deberá ser calculada desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia…”

Subrayado y resaltado del Tribunal.

Más recientemente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la indexación, estableció en un juicio de contenido patrimonial, sentencia Nº 00134, en el expediente Nº 2014-0623, en fecha 07 de marzo del 2017, con ponencia de la Magistrada María Carolina Ameliach Villarroel, lo siguiente:
“…De este modo, se deriva que el criterio asentado por la Sala Constitucional permite que la parte actora pueda en su demanda solicitar el pago de los intereses de mora y, al mismo tiempo, la corrección monetaria ello en virtud que se tratan de conceptos delimitados conceptualmente y que conllevan a efectos jurídicos distintos, siendo que aplicar un razonamiento contrario resultaría injusto para el acreedor quien recibiría el monto exigible “(...) años después del vencimiento (...) lo que lo empobrece y enriquece al deudor; a menos que exista por parte del acreedor una renuncia a tal ajuste indexado (...)”.
Es pues, en virtud de lo anterior y siendo que se trata de un criterio establecido por la Sala Constitucional que, se entiende es vinculante, es por lo que esta Sala Político-Administrativa concluye que debe practicarse la corrección monetaria sobre el monto que se condenó a la empresa aseguradora a pagar en los términos que se fijará en la dispositiva del fallo. Así se decide…”.

Resaltado y subrayado del Tribunal.
Asimismo, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante sentencia contenida en el expediente Nº AP42-Y-2015-000040 de fecha 29 de abril de 2015, (caso: Osman Emigdio Espinoza Díaz, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para la Educación), la cual señala:

“(…)En cuanto a la solicitud de indexación o corrección monetaria sobre las prestaciones sociales, considera esta Corte necesario traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 391 de fecha 14 de mayo de 2014, (caso: Mayerling Del Carmen Castellanos Zarraga Vs. Dirección Ejecutiva de la Magistratura), en los términos siguientes:

“(…) esta Sala estima que la indexación resulta de obligatoria aplicación a la cancelación de prestaciones de (sic) sociales, tanto en el caso de los funcionarios públicos como el caso de los trabajadores al servicio del sector privado, más aún cuando existe en los actuales momentos un crecimiento de trabajadores que se encuentran a la orden de la Administración Pública, convirtiéndose el Estado en el mayor empleador y el primer encargado de garantizar el derecho a la no discriminación y a la igualdad en la Constitución.

De igual modo, señaló la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en la sentencia 391 in comento, que la corrección monetaria “(…) deberá ser calculada desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la sentencia, entendida como la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual el tribunal de la causa deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar (…) por concepto de indexación”.

Siendo ello así, esta Corte declara procedente la corrección monetaria en el pago de las prestaciones sociales de la recurrente, la cual deberá ser calculada desde la fecha de admisión del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, esto es, 22 de enero de 2014, hasta la fecha del efectivo pago, excluyendo únicamente el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes o paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, tal y como lo indicó el Juzgado a quo. Dicho cálculo será realizado por el Tribunal de la causa, para lo cual deberá en la oportunidad de la ejecución, solicitar al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país entre dicho lapso, a fin de que este índice se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda pagar al ciudadano Osman Emigdio Espinoza Díaz. Así se declara. (…)”

Del análisis de la decisión ut supra, se infiere tanto la posibilidad que tiene la parte querellante para solicitar el pago de la indexación monetaria como la potestad que tiene el Órgano Jurisdiccional de declararla de Oficio cuando la misma no haya sido solicitada por la parte, ya que se trata de un concepto que se encuentra delimitado, y aplicar un razonamiento contrario resultaría injusto para la querellante, quien recibiría el monto exigible tiempo después de su vencimiento, lo cual traería como consecuencia su empobrecimiento; y por otra parte el enriquecimiento del deudor, criterio que comparte quien aquí decide de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, por ser de carácter vinculante las sentencias de la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal de Justicia ut supra mencionadas, y que este Juzgador las aplica al presente caso, en virtud que el caso bajo estudio comporta una situación de orden público y de interés social donde se ve afectado inevitablemente los intereses patrimoniales de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, debiendo este Juzgador en todo momento resguardar el ámbito de seguridad social de los trabajadores del país, indistintamente del régimen laboral (sector público y privado) al cual estén sometidos, razón por la cual se declara PROCEDENTE lo solicitado, y en consecuencia se ORDENA realizar el cálculo de la indexación sobre las diferencias de prestaciones sociales y de la jubilación, así como en el ajuste de la pensión de jubilación, aquí acordados, a partir del 13 de febrero de 2017, fecha de la admisión del presente recurso contencioso administrativo funcionarial “inclusive” el cual cursa al folio 41 del expediente judicial, hasta el momento en que se haga efectivo el pago de los conceptos aquí acordados, para lo cual deberá solicitarse al Banco Central de Venezuela un informe sobre el índice inflacionario acaecido en el país desde la fecha de la interposición de la presente querella hasta la fecha de la ejecución del presente fallo. Así se decide.
En atención a lo decidido anteriormente, se ordena una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que determine el monto de la diferencia de las prestaciones sociales y de la jubilación a cancelar, con base al porcentaje otorgado de 75%, tomando en cuenta el sueldo básico mensual incluyendo el Bono de Productividad, así como las compensaciones contenidas en los cálculos que cursa al folio 107 del expediente judicial, desde la fecha en la cual le fue otorgado el beneficio, esto es, a partir del el 31 de octubre de 2016, hasta la ejecución de la presente decisión.

En relación al ajuste de la pensión de jubilación debe realizarse a partir de la fecha en la que le fue otorgada su jubilación, es decir, el 31 de octubre de 2016, ello con base al aumento en la Escala General de sueldos para Funcionarios y Funcionarias Públicos, contenido en el Decreto Presidencial Nº 2.261 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.070 de fecha 09 de enero de 2017; y de la indexación en los términos acordados. Así se declara.

DE LOS INTERESES DE MORA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES:

Este Tribunal de Instancia en lo que respecta a los intereses moratorios causados con motivo del pago de las prestaciones sociales, observa que se ha establecido en reiteradas oportunidades que, una vez efectuado el cese de las funciones del administrado dentro de institución para la cual preste sus servicios, procede el pago inmediato de las prestaciones sociales, de lo contrario, se comienzan a causar los intereses moratorios consagrados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza textualmente lo siguiente:
“Artículo 92: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborables de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.

De la norma que antecede, se precisa que las prestaciones sociales constituyen créditos laborales de exigibilidad inmediata, y que el retraso en su pago genera intereses moratorios los cuales constituyen deudas de valor, de manera que una vez llegado el término de la relación o funcionarial de la cual se trate, nace el derecho del funcionario o trabajador a que se le cancele de manera inmediata el monto que le corresponde por concepto de prestaciones sociales generado por el tiempo de servicios.

En tal sentido, la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 25 de enero de 2011, en el expediente número 000045, Caso: Yolanda Silva Vs. Ministerio del Poder Popular para la Educación, con ponencia de la Dra. María Eugenia Mata, dejó sentado que al ser los intereses moratorios un derecho constitucional no disponible, irrenunciable y de orden público, los Órganos sentenciadores están llamados a protegerlos, por ello quien suscribe, en aras de garantizar la tutela judicial efectiva, la seguridad social, defensa y desarrollo de la persona de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, estima que el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, debe pagar los intereses moratorios generados en el período comprendido entre el 31 de octubre de 2016, fecha en la cual egresó la querellante, hasta la ejecución del presente fallo, recaídos sobre la diferencia del pago de las prestaciones sociales acordadas, los cuales serán calculados a través de una experticia complementaria del fallo, tomándose para ello como base de cálculo lo establecido en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo.

De acuerdo a los análisis realizados ut supra, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, declara CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial. Así se establece.

-IV-
DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: Se declara CON LUGAR el presente recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por los abogados SALVADOR ANTONIO LUQUE GODOY, RICARDO ARTURO NAVARRO URBAEZ Y ENRIQUE JOSÉ CHACON BRETO, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números, 154.750, 21.085 y 41.762, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, titular de la cédula de identidad Nº V-4.246.912, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO: Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, realizar el recalculo de las prestaciones sociales de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, en el cual incluya en el salario normal el Bono de Productividad, y previa deducción de lo ya cancelado se le CANCELE las diferencias arrojadas.

TERCERO: Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS proceda a la revisión, homologue y ajuste la pensión de la jubilación de la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, con base al porcentaje otorgado de 75% tomando en cuenta el sueldo básico en el cual se incluya el Bono de Productividad, así como las demás compensaciones contenidas en los cálculos que cursa al folio 107 del expediente judicial, y le sea CANCELADA las diferencias dejadas de percibir de la jubilación previa deducción de lo ya cancelado a partir de la fecha en la que le fue otorgada su jubilación, es decir, el 31 de octubre de 2016, hasta la ejecución de la presente decisión.

CUARTO: Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS que realice el ajuste del monto de jubilación asignada a la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO, tomando en consideración las variaciones que haya experimentado el sueldo correspondiente al último cargo que ejercía cuando fue jubilada, esto es, Profesional II o su equivalente en caso de no existir y en el supuesto que el monto de la jubilación resulte inferior al salario mínimo, se ordena pues que se realice el reajuste de la pensión de jubilación a partir de la fecha en la que le fue otorgada su jubilación, es decir, el 31 de octubre de 2016, ello con base al aumento en la Escala General de sueldos para Funcionarios y Funcionarias Públicos, contenido en el Decreto Presidencial Nº 2.261 publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 41.070 de fecha 09 de enero de 2017.

QUINTO: Se ORDENA la inserción de Bono de Productividad al salario base - normal, a los fines de que sea tomado en consideración para el cálculo del monto de la jubilación, monto que deberá ser determinado por medio de una experticia complementaria del fallo, ello de conformidad con establecido en el artículo 7 de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias o Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios.

SEXTO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de la diferencia por falta de cancelación oportuna del bono de productividad, en consecuencia, se ORDENA realizar experticia complementaria, ello hasta la fecha en la que ceso la relación funcionarial, es decir, el 31 de octubre de 2016, fecha en la cual fue jubilada la ciudadana MAIGUALIDA SUAREZ ROMERO.
SÉPTIMO: declara PROCEDENTE los pagos requeridos, en relación al bono de productividad que se vencieren hasta la total y definitiva cancelación de los aspectos demandados en el presente libelo, hasta la cancelación definitiva por ejecución del fallo, en consecuencia la misma se le otorgara, mediante experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, desde la fecha de la admisión de la demanda, es decir, 13 de febrero de 2017, hasta la ejecución de la misma.
OCTAVO: Se ORDENA el pago de la INDEXACIÓN desde la fecha de admisión del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, esto es, 13 de febrero de 2017, hasta el momento en que se haga efectivo los montos acordados en la presente decisión.
NOVENO: Se ORDENA al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, pagar los intereses moratorios generados en el período comprendido entre el 31 de octubre de 2016, fecha en la cual egresó la querellante, hasta la ejecución del presente fallo, recaídos sobre la diferencia del pago de las prestaciones sociales acordadas, los cuales serán calculados a través de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, conforme a lo expuesto en la motiva que antecede.
DECIMO: Se ORDENA realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los efectos de realizar los cálculos ordenados en los numerales Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno, tal y como fue establecido en el presente fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. En Caracas, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.-
EL JUEZ,
LA SECRETARIA,

Dr. ÁNGEL VARGAS RODRÍGUEZ.
Abg. GABRIELA PAREDES.
En la misma fecha, siendo las tres y veinticinco minutos de la tarde (03:25 p.m.) se publicó y se registró la anterior sentencia.
LA SECRATARIA,

Abg. GABRIELA PAREDES.

Exp.007870
AVR/GP/Francia.