REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
Expediente Nº 02587
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
De conformidad con lo establecido en el ordinal segundo del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
PARTE RECURRENTE: GUILLERMO GARCÍA MOROS y ALEXANDRA MUCHACHO DE GARCÍA titulares de las cedulas de identidad números 5.847.773 y 9.736.345, respectivamente, debidamente asistidos por los abogados Zhaydee A. Portocarrero y Raúl Torres Blanco, inscritos en el Inpreabogado bajo el número 61.724 y 61.698, respectivamente.-
ACTOS ADMINISTRATIVOS RECURRIDOS: Actos administrativos de efectos particulares contenidos en los oficios números 1506 y 050, de fechas 27 de agosto de 1998 y 19 de enero de 1999.-
PARTE RECURRIDA: GERENCIA DE INGENIERÍA MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA.-
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR.
II
DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA
Mediante escrito presentado en fecha 11 de octubre de 1999, ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo actuando en funciones de distribuidor, y recibido por este mismo Juzgado en fecha 11 de octubre de 1999, la parte recurrente interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra los Actos administrativos de efectos particulares contenidos en los oficios números 1506 y 050, de fechas 27 de agosto de 1998 y 19 de enero de 1999, emanado de la Gerencia de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Baruta del Estado Miranda, mediante la cual se le impone multa de ocho millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 8.400.000,00) y ordenó la demolición de la construcción de un ambiente sobre el retiro lateral izquierdo, del inmueble denominado Residencias Independent, apartamento número 2, ubicado en la calle Cristóbal Rojas, Urbanización Los Naranjos, Municipio Baruta.-
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Siendo la oportunidad para dictar sentencia, corresponde a este Juzgado Superior Cuarto Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital pronunciarse sobre el asunto planteado y a tal efecto observa, que la parte recurrente fundamentó su recurso en los siguientes alegatos:
Que: “…En el presente caso, la Administración al ordenar la demolición de una parte de nuestro inmueble, y condenarnos al pago de la multa, antes descrita, incurrió en falso supuesto, por cuanto los hechos en que fundamentó su decisión no se corresponden con la norma jurídica citada-artículo 87 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística-que refiere las variables urbanas fundamentales en el caso de las edificaciones; y por incurrir en error en la apreciación o calificación de los hechos que, teniendo una modalidad extrema, implica un uso desviado de la potestad conferida por ley, verificándose una inexacta interpretación tanto de los hechos como del derecho aplicado…”
Que: “…Tal decisión, evidentemente ciudadano Juez, representa una amenaza de violación de nuestro derecho al uso y goce de la propiedad que sustentamos sobre el inmueble, ya tantas veces identificado, pues, el área que señala como construcción ilegal, nos pertenece de acuerdo al documento de compra-venta del apartamento en cuestión, protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Mirando bajo el número 36, tomo 61, Protocolo Primero de fecha 26 de diciembre de 1991, en el que se especifica que el jardín se encuentra en la parte Oeste del Edificio y en el que se realizó la supuesta ilegal construcción, le corresponde a dicho apartamento, pues, como se puede apreciar del mismo documento, el apartamento de nuestra propiedad es el de mayor superficie…”
Que: “…La Resolución contenida en el oficio Nº 1506, ratificada por las Resoluciones posteriores, dictadas igualmente por la Alcaldía de Baruta e impugnadas mediante el presente, refiere como se puede apreciar en el Capítulo II de este escrito, que el procedimiento se inició por la denuncia Nº 1185 de fecha 30/04/98, intentada por la ciudadana María Remedios Lorenzo Brito, la cual en su contenido, aun hoy, desconocemos , pues, en ningún momento la Alcaldía de Baruta nos permitió leerla, ni menos aun obtener copia simple de ella, lo cual nos impidió el ejercicio efectivo de nuestro derecho a la defensa, dado que no pudimos conocer las razones que se nos imputaban para ser destinatarios de una sanción tan grave como la impuesta, de demolición de parte de nuestro inmueble y multa por una considerable cantidad de dinero…”
Que: “…los actos administrativos impugnados representa una injerencia abusiva por parte de la Administración en nuestro derecho a la vida privada y a la intimidad, en elorden familiar y en nuestro domicilio, pues la orden de demolición altera las condiciones en las que, desde el momento de la compra del inmueble en cuestión, hemos desarrollado nuestra vida privada y familiar, atentando directamente contra el libre desenvolvimiento de nuestra personalidad, por cuanto el ser humano, por su individualidad, tiene derecho a escoger las condiciones, el lugar y forma de vida que quiere para sí y su núcleo familiar, siempre que no se altere el orden público…”
Finalmente solicita: “… se admita el Recurso, la suspensión de efectos de la Resolución que se impugna, la declaratoria de Nulidad del Acto Administrativo, y la restitución de la situación jurídica infringida.”
IV
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
En fecha 14 de octubre de 1999, este Juzgado admitió el presente recurso contencioso administrativo. En esa misma fecha, ordenó notificar al Fiscal General de la República, y se le solicitó la remisión de lo antecedentes administrativos del caso al Alcalde del Municipio Baruta del Estado Miranda (Ver folio 109 del expediente judicial).-
En fecha 16 de noviembre de 1999, este Juzgado declara abierto el lapso de pruebas a partir de la misma fecha de conformidad con el artículo 127 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. (Ver folio 122 del expediente judicial).-
En fecha 1 de diciembre de 1999, este Tribunal se pronunció respecto a los medios de prueba aportados por las partes. (Ver folio 149 del expediente judicial).-
En fecha 25 de febrero de 1.998 este Juzgado deja constancia del inicio de la primera etapa de la relación de la causa. (Ver folio 71 del expediente judicial).-
En fecha 11 de marzo de 1.998 este Juzgado deja constancia de haber concluido la primera etapa de la relación de la causa. (Ver folio 72 del expediente judicial).-
En fecha 12 de marzo de 1.998, siendo la fecha y hora fijada por este juzgado para que tenga lugar el acto de informes, se deja constancia de la no comparecencia de las partes ni por si ni por medio de apoderados. (Ver folio 73 del expediente judicial).-
En fecha 18 de diciembre de 1999, este Juzgado deja constancia del inicio de la segunda etapa de la relación de la causa. (Ver folio 188 del expediente judicial).-
En fecha 7 de febrero de 2001, este Juzgado deja constancia de la conclusión de la segunda etapa de la relación de la causa, declara “VISTOS” y procederá a dictar sentencia dentro de los sesenta (60) días continuos siguientes al de hoy, tomando en consideración la complejidad y la naturaleza del asunto debatido. (Ver folio 196 del expediente judicial).-
En fecha 26 de enero de dos mil diecisiete (2017), se abocó al conocimiento de la causa EMERSON LUIS MORO PÉREZ, en virtud de su designación como Juez de este Juzgado Superior, mediante sesión de la Comisión Judicial de fecha 23 de enero de 2015, quien con tal carácter suscribe la presente decisión (Ver folio 197 del expediente judicial).-
V
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Advierte quien aquí decide, que de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente judicial, se puede evidenciar que en fecha 10 de abril de 2000, la representación judicial del recurrente solicita que se de cumplimiento a los establecido en el auto de fecha 10 de diciembre de 1999, a través del cual se oye la apelación realizada por los apoderados judiciales de la parte recurrida, siendo esta su última actuación procesal.-
A partir de esa fecha, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada y por cuanto han transcurrido un tiempo prudencial (superior a 16 años) sin que se hubiere realizado acto alguno de procedimiento, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción.
El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual exteriorizado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia.
No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Para Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, pag. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973):
“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal emana de la necesidad que tiene una persona natural o jurídica, por una situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía jurisdiccional para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal se manifiesta en la demanda y se mantiene a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción.
Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.
En atención a lo antes expuesto, estima oportuno traer a colación el criterio de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 00075, dictada en fecha 23 de enero de 2003 (caso: C.V.G. Bauxilum, C.A.), donde se delimitó el concepto procesal de interés para accionar, en los dichos siguientes:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada.
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos:
(…Omissis…)
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por la Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico metaderecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico’…”
De igual manera en sentencia de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de 01 de junio de 2001 caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero, Expediente. Nº: 00-1491, se pronuncio:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez.
(...)
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.
(...)
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.”(Subrayado de la Sala)
A mayor abundamiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la decisión N° 416 del 28 de abril de 2009 (caso: Carlos Vecchio y otros), dejó sentado en lo que respecta a la pérdida del interés procesal, lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’).
(…)
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia…”
Conforme a los criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o a partir del momento en que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “Vistos”, exclusive, y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En armonía a lo antes expuesto este Juzgador, atendiendo a los precedentes jurisprudenciales antes invocados, declara extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal. (Ver, entre otras, sentencias de la Sala Constitucional Nros. 01139, 00094 y 00275, del 5 de agosto de 2009, 28 de enero de 2010 y 2 de marzo de 2011, respectivamente). Así se decide.
VI
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley declara LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por GUILLERMO GARCÍA MOROS y ALEXANDRA MUCHACHO DE GARCÍA titulares de las cedulas de identidad números 5.847.773 y 9.736.345, respectivamente, debidamente asistidos por los abogados Zhaydee A. Portocarrero y Raúl Torres Blanco, inscritos en el Inpreabogado bajo los 61.724 y 61.698, contra los actos administrativos de efectos particulares contenidos en los oficios números 1506 y 050, de fechas 27 de agosto de 1998 y 19 de enero de 1999, emanados de la Dirección de Control de Urbanismo y Edificaciones de la Alcaldía de Baruta.-
En consecuencia pasa este juzgador a precisar el contenido del presente fallo en los siguientes términos:
PRIMERO: Se DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA SOBREVENIDA DEL INTERÉS PROCESAL en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los apoderados judiciales de GUILLERMO GARCÍA MOROS y ALEXANDRA MUCHACHO DE GARCÍA contra los actos administrativos de efectos particulares contenidos en los oficios números 1506 y 050, de fechas 27 de agosto de 1998 y 19 de enero de 1999, emanados de la Dirección de Control de Urbanismo y Edificaciones de la Alcaldía de Baruta.-
SEGUNDO: Se ORDENA la publicación del presente fallo en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE
Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en la ciudad de Caracas a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil diecisiete (2017). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
EMERSON LUIS MORO PÉREZ
EL JUEZ
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE
EL SECRETARIO
En la misma fecha, siendo las nueve horas y quince minutos de la mañana (09:15 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión en el asiento número ___ dando cumplimiento a lo ordenado en el dispositivo del presente fallo.-
GABRIEL JOSÉ RODRÍGUEZ PONCE
EL SECRETARIO
Expediente. N° 02587
E.L.M.P./G.J.R.P./Ycam.-
