REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE
CARACAS Y ESTADO MIRANDA
Caracas, 04 de julio de 2018
208° y 159°
Expediente Nro. 12-4230
Sentencia Nro. 2018-051
Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva –Perención de la Instancia-
I
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE ACTORA: BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A., antes denominado LA MARGARITA, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C.A., anteriormente domiciliada en la ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del estado Nueva Esparta, actualmente domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida por Acta inscrita en la Oficina de Registro Público del Municipio Autónomo Mariño del estado Nueva Esparta, en fecha 28 de noviembre de 1966, bajo el N° 73, folios 126 al 129, Protocolo Primero, Tomo segundo, sucesor a titulo universal del patrimonio de la sociedad mercantil Banco Canarias de Venezuela, C.A., la cual fue absorbida por fusión, y cuya última reforma de Estatutos Sociales fue realizada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2004, inscrita ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 06 de febrero de 2006, bajo el N° 69, Tomo 1258-A; institución financiera que se encuentra actualmente en proceso de liquidación por parte del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS (antes Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), instituto autónomo creado mediante Decreto Ejecutivo N° 540, de fecha 20 de marzo de 1985, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.190, de fecha 22 de marzo de 1985, y regido por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627, de fecha 02 de marzo de 2011.
APODERADOS JUDICIALES: HECTOR VILLALOBOS ESPINA, NESTOR SAYAGO CHACON, EMIRO JOSE LINARES, ROSA VIRGINIA HERNANDEZ, OMAR ALBERTO MENDOZA SEVILLA, MARIA SROUR TUFIC, FRANKLIN RUBIO, RICARDO JOSE GABALDON CONDO, NANCY MARISOL GUERRERO BUSTAMANTE, RAFAEL ACUÑA, JESSIKA VANESSA CASTILLO BRICEÑO, CESAR ANDRES FARIAS GARBAN, NIUSMAN MANEIMARA ROMERO TORRES, ANA SILVA, MARVICELIS JOSEFINA VASQUEZ COTUA, LISZT ALEJANDRA PAZOS LOPEZ, ISABEL CECILIA FALCON BEIRUTI y WILFREDO ARMANDO CELIS ROJAS, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-1.745.133, V-12.748.423, V-6.977.541, V-16.952.823, V-10.350.397, V-9.908.835, V-9.414.892, V-15.385.067, V-6.425.492, V-11.562.886, V-17.031.417, V-11.008.764, V-14.609.471, V-10.507.309, V-10.826.516, V-18.468.472, V-11.038.988 y V-15.911.451, en su orden, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 2.013, 73.134, 41.235, 127.891, 66.393, 46.944, 54.152, 107.199, 85.787, 91.478, 134.709, 80.588, 185.073, 117.220, 105.941, 172.612, 110.378 y 186.010, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRO 2030, C.A., identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J-31355088-4, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 13 de junio de 2005, bajo el N° 72, Tomo 1118-A, en su condición de deudora principal, debidamente representada por su Presidente ciudadano JOSE MIGUEL ARIAS FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.146.948.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA).
-II-
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
Se inicio la presente acción de COBRO DE BOLIVARES (VIA ORDINARIA), mediante escrito consignado el 01 de agosto de 2012, por el ciudadano RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VIUDES, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71.034, en su carácter de apoderado judicial del BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A; contra la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRO 2030, C.A., y el ciudadano JOSE MIGUEL ARIAS FERNANDEZ; siendo admitida el 07 de agosto de 2012.
Mediante diligencia de fecha 25 de septiembre de 2012, la parte actora consigno los fotostatos necesarios para la elaboración de las respectivas compulsas.
Por auto de fecha 01 de octubre de 2012, se ordeno elaborar las compulsas respectivas, para el trámite de la citación personal de la parte demandada.
El 09 de octubre de 2012, el alguacil de este Tribunal informo que se encontraba practicando la citación de la parte demandada, la cual le resulto infructuosa.
Mediante diligencia de fecha 10 de octubre de 2012, la parte actora solicito oficiar al SENIAT, CNE y SAIME. Siendo ello proveído el 31 de octubre de 2012.
En fecha 03 de diciembre de 2012, el alguacil de este Juzgado dejo constancia de haber consignado los oficios Nros. 2012-548, 2012-549 y 2012-250.
Por auto de fecha 22 de enero de 2013, el ciudadano Juez Jhobing Álvarez se aboco al conocimiento de la presente causa.
Riela en los folios 42 al 47, información procedente del SENIAT sobre el último domicilio fiscal de la parte demandada.
Por auto de fecha 29 de enero de 2013, se ordeno agregar a los autos el oficio N° ONRE/O/7853/2012, procedente del CNE mediante el cual remitió información sobre el ultimo domicilio de la parte demandada.
Riela en los folios 58 al 59, información procedente del SAIME sobre los movimientos migratorios de la parte demandada.
El 17 de noviembre de 2014, la ciudadana Juez de este Despacho se aboco al conocimiento de la presente causa.
Mediante diligencia de fecha 21 de enero de 2015, la parte actora se dio por notificado del abocamiento de la Juez.
Por auto de fecha 28 de septiembre de 2016, se le otorgo un lapso a la parte actora parra que manifestara su interés en la continuidad del juicio.
Mediante diligencia de fecha 25 de abril de 2018, la parte actora solicito la verificación de los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 11 de junio, la parte actora ratifico lo solicitado en fecha 25/04/2018.
-III-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
El Tribunal para decidir, observa:
De conformidad con el ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, pasa este Juzgado a establecer los motivos de hecho y de derecho en los que fundamentará la presente decisión.
Dispone al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse efectuado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
"La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las
partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que
la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable
libremente". (Negrillas de la Sala)
El procesalista RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en su obra “CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL”, pagina 329 y Ss, nos comenta:
…Omissis…
“La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan.”
…Omissis…
“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.
…Omissis…
“La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
…Omissis…
En este mismo sentido, en Sentencia de la Sala de Casación Civil del 13 de abril de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. ALIRIO ABREU BURELL, en el juicio de HILADOS FLEXILON S.A., contra ARCANGELO GENTILES y OTRO; y con respecto a la perención, la sala opinó lo siguiente:
…Omissis…
“El recurrente tiene razón. Es doctrina pacifica y reiterada de la Sala que la Perención es una institución Procesal que acarrea una sanción procesal por negligencia en la ejecución del principio dispositivo, esto es, en instar oportunamente; o (también así se interpreta), como una presunción de abandono de la instancia. Como toda sanción de carácter Procesal, es de interpretación y aplicación restrictiva, por lo cual no es susceptible de aplicación analógica.”…Omissis… (Cursivas del Tribunal)
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 01 de junio de 2001, en relación con el instituto de la perención, estableció lo siguiente:
“En efecto, nuestro Supremo Tribunal estableció que el principio -enunciado en el artículo 267- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por alguna causa legal y una vez transcurrido dicho término los interesados no gestionan la continuación de la causa, ni cumplen las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que la inactividad procesal ocurrida es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias.”
En este sentido, es necesario señalar que la Perención Instancia es una institución de orden público, que opera en caso de que el actor no impulse procesalmente la causa durante el transcurso de más un año (01) año. En este sentido, es preciso señalar que la figura de la perención de la instancia consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la Ley, sin que se hubiere verificado acto de procedimiento capaz de impulsar en el curso del juicio; entendiéndose por acto de procedimiento aquél que sirve para iniciar, sustanciar y decidir la causa, ya sea efectuado por las partes, en caso de emanar de terceros, debe igualmente revelar su propósito de impulsar o activar la misma. Esta categoría de actos, debe ser entendida como aquella en la cual, la parte interesada puede tener intervención o, en todo caso, existe para ella la posibilidad cierta de realizar alguna actuación; oportunidad ésta que, en el proceso, culmina con la sentencias de merito. Esta institución de la Perención de la Instancia es materia de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes y puede ser declarada aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual destaca su carácter imperativo, constituyendo un elemento anómalo para la culminación del proceso.
Ahora bien, en atención a lo antes expuesto, esta juzgadora procede a computar los días continuos transcurridos desde la fecha 02 de diciembre 2015 (inclusive) hasta el día 11 de abril de 2018 (exclusive) a objeto de verificar si transcurrió más de un año sin que las partes realizaran algún acto del procedimiento, para ello se descontarán los plazos en que se produjeron faltas temporales o absolutas de jueces, festividades navideñas, los recesos judiciales y cualquier otra suspensión acordada según el caso de estudio.
En consecuencia, esta instancia verifica que el día 02 de diciembre de 2015 la secretaria dejo constancia de haber agregado a los autos oficio N° 455/2015 mediante el cual remitió resultas del exhorto relativo a la citación personal de la parte demandada, excluyéndose de este lapso el receso judicial desde (15) de agosto hasta el (15) de septiembre 2016, reanudándose las actividades el día 16 de septiembre de 2016 y, a cuyo efecto transcurrieron trescientos quince (315) días continuos hasta 20 de diciembre 2016 (inclusive), en que la causa se suspende por festividades navideñas, reanudándose en fecha 09 de enero de 2017 (exclusive), transcurriendo un total de veinte (20) días continuos, retomándose el cómputo desde 10 de enero de 2017 hasta el día 15 de agosto de 2017 excluyéndose de este lapso el receso judicial desde (15) de agosto hasta el (15) de septiembre 2017; transcurrieron doscientos tres (203) días, reanudándose las actividades el día 18 de septiembre de 2017 y, a cuyo efecto transcurrieron setenta y seis (76) días continuos hasta el 20 de diciembre 2017 (inclusive), en que la causa se suspende por festividades navideñas, reanudándose en fecha 08 de enero de 2017 (exclusive), transcurriendo un total de diecinueve (19) días continuos, retomándose el cómputo desde 09 de enero de 2018 hasta el día 02 de julio de 2018 han transcurrido ciento setenta y cuatro (174) días continuos.
Por consiguiente, transcurrieron un total de ochocientos siete (807) días continuos, lo que supera el plazo de más de un (01) año a que se refiere el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, motivo por el cual ha operado la perención Instancia, ya que por su naturaleza jurídica es de orden público, irrenunciable por las partes y verificable de pleno derecho (ope legis); como corolario, en el caso sub-iudice, procede por cuanto la parte actora no produjo en el expediente por el lapso contemplado en la disposición supra mencionada, ningún acto que presuma el impulso procesal o interés en seguir el juicio por la parte actora, desde el 02 de diciembre 2015 (inclusive) hasta el día 11 de abril de 2018 (exclusive). En consecuencia, por imponerlo así el orden jurídico procesal agrario, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, este Tribunal declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. ASI SE DECIDE.-
-IV-
DISPOSITIVO
Por las razones antes expuestas, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Y ESTADO MIRANDA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Que en el presente caso ha operado de hecho y de derecho la Perención de la Instancia, en su modalidad larga, y en consecuencia se declara extinguida la instancia en la presente demandada que por COBRO DE BOLIVARES (VIA EJECUTIVA), incoó el BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL, C.A., antes denominado LA MARGARITA, ENTIDAD DE AHORRO Y PRESTAMO, C.A., anteriormente domiciliada en la ciudad de Porlamar, Municipio Autónomo Mariño del estado Nueva Esparta, actualmente domiciliada en la ciudad de Caracas, constituida por Acta inscrita en la Oficina de Registro Público del Municipio Autónomo Mariño del estado Nueva Esparta, en fecha 28 de noviembre de 1966, bajo el N° 73, folios 126 al 129, Protocolo Primero, Tomo segundo, sucesor a titulo universal del patrimonio de la sociedad mercantil Banco Canarias de Venezuela, C.A., la cual fue absorbida por fusión, y cuya última reforma de Estatutos Sociales fue realizada mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de septiembre de 2004, inscrita ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 06 de febrero de 2006, bajo el N° 69, Tomo 1258-A; institución financiera que se encuentra actualmente en proceso de liquidación por parte del FONDO DE PROTECCION SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS (antes Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria “FOGADE”), instituto autónomo creado mediante Decreto Ejecutivo N° 540, de fecha 20 de marzo de 1985, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 33.190, de fecha 22 de marzo de 1985, y regido por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de Instituciones del Sector Bancario, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.627, de fecha 02 de marzo de 2011, a través de su apoderado judicial RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ VIUDES, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 71.034, contra la Sociedad Mercantil AGROPECUARIA EL GRAN CHAPARRO 2030, C.A., identificada con el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nro. J-31355088-4, domiciliada en la ciudad de Caracas e inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 13 de junio de 2005, bajo el N° 72, Tomo 1118-A, en su condición de deudora principal, debidamente representada por su Presidente ciudadano JOSE MIGUEL ARIAS FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-7.146.948.
SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior, se ordena la notificación de la parte actora.
TERCERO: Una vez haya quedado definitivamente firme la presente decisión, se ordena la remisión del presente expediente a los Archivos Judiciales.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dada, sellada y firmada en la sala de despacho del Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y estado Miranda. Caracas, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
LA JUEZ,
Dra. YOLIMAR HERNANDEZ FIGUERA
LA SECRETARIA,
GRECIA SALAZAR BRAVO
En la misma fecha, conforme a lo ordenado, siendo las once y media de la mañana (11:30 am), se registró y publicó el anterior fallo, quedando anotado bajo el Nro. 2018-051, y se expidió copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado.
LA SECRETARIA,
GRECIA SALAZAR BRAVO
Exp. N° 12-4230.-
YHF/gsb/sun.-
