Decisión Nº AH19-X-2018-000007 de Juzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito (Caracas), 31-01-2018

Número de expedienteAH19-X-2018-000007
Fecha31 Enero 2018
PartesCORPORACION ISOBRAN, C.A., CONTRA LAS SOCIEDADES MERCANTILES DISTRIBUIDORA EKEL., INDUSTRIAS JADE, C.A Y EL CIUDADANO AMBRAM CHOCRON NAHON
Distrito JudicialCaracas
EmisorJuzgado Noveno Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito
Tipo de procesoNegativa De Medida Cautelar
TSJ Regiones - Decisión


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, treinta y uno (31) de enero de 2018
207º y 158º

ASUNTO: AH19-XFALLAS-2018-000007
Asunto principal: AP11-V-2017-001348
PARTE ACTORA: Sociedad mercantil CORPORACION ISOBRAN, C.A., inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y del estado Miranda, bajo el Nº 69, Tomo 1294-A, de fecha 6 de marzo de 2006, inscrito en el Registro de Información Fiscal bajo el Nº J-315377268.-
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: LUIS LESSEUR K, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº: V-10.738.107, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 68.170.
PARTE DEMANDADA: Sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA EKEL, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Vargas, en fecha 20 de agosto de 2012, bajo el Nº 18, Tomo 74-A. e inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-40132380-4; INDUSTRIAS JADE, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el Nº 26, Tomo 119-A, de fecha 23 de junio del 2009, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) bajo el Nº J-30677666, y el ciudadano AMBRAM CHOCRON NAHON, venezolano mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-14.586.649.-
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No consta en autos representación judicial alguna.-
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS.-
- I -
Se produce la presente incidencia en virtud de la solicitud de decreto de medida cautelar planteada por la representación judicial de la parte actora en su escrito de reforma y en tal sentido se observa:
Mediante auto de fecha 27 de noviembre de 2017, se admitió cuanto ha lugar en derecho la reforma de la demanda que por DAÑOS Y PERJUICIOS incoara la sociedad mercantil CORPORACION ISOBRAN, C.A., contra las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA EKEL., INDUSTRIAS JADE, C.A y el ciudadano AMBRAM CHOCRON NAHON, ordenándose el emplazamiento de éstos para la contestación a la demanda, dentro de los 20 días de despacho siguientes a la constancia en autos de su citación, más un día concedido como término de la distancia, para lo cual se comisionó al Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Zamora de la Circunscripción Judicial del estado Miranda, que por distribución corresponda. Asimismo se ordenó abrir un Cuaderno Separado a los efectos de proveer lo conducente a la medida preventiva de embargo solicitada.-
Consta al folio 73 de la pieza principal Nº II del presente asunto que en fecha 05 de diciembre de 2017, la representación actora consignó las copias respectivas para abrir el cuaderno de medidas.-
Así, abierto el presente Cuaderno de Medidas, en fecha 26 de enero de 2018, esta Juzgadora a fin de pronunciarse respecto a la medida de embargo solicitada pasa a realizar las siguientes consideraciones:
Alega la representación actora en su escrito libelar, que la CORPORACIÓN ISOBRAN, C.A, representada por SAMIR GEBRAN, y una de las empresas del grupo económico DISTRIBUIDORA EKEL, C.A, representada por AMBRAM CHOCRON NAHON, establecieron una relación arrendaticia a termino fijo sobre un inmueble propiedad de CORPORACIÓN ISOBRAN, C.A, constituido por una parcela de terreno industrial de cuatro mil cincuenta y un metros cuadrados con cincuenta y tres decímetros cuadrados (4.051,53 mts2) y el galpón industrial sobre ella construido, distinguido con el numero y letra 4-B, de la manzana quince (15) de la urbanización Santa Cruz de la ciudad Industrial Guarenas del estado Miranda, el cual le pertenece a CORPORACION ISOBRAN, C.A según consta de documento protocolizado por ante la oficina Inmobiliaria del Municipio Autónomo Plaza del estado Miranda, Guarenas, en fecha siete (07) de septiembre de 2006, bajo el Nº 19, tomo 36, folios 1 al 6, protocolo primero, marcado con la letra A.-
Señala asimismo que el arrendamiento fue pactado a término fijo, de un año exacto, sin prorroga, contado a partir del 8 de noviembre de 2014 hasta el 8 de noviembre de 2015; así quedo establecido en la cláusula tercera, la cual expresamente estableció que si el arrendatario estaba interesado en suscribir un nuevo contrato (nótese que se planteo una renovación), el arrendatario debía comunicarlo así a la arrendadora, con 30 días de anticipación al vencimiento.
Dicha representación, que infructuosas resultaron las gestiones extrajudiciales a fin de obtener el pago de los cánones de arrendamientos causados y no pagados conforme a la previsión expresa de la prórroga legal del contrato, luego de su vencimiento el 8 de noviembre de 2015, hasta el vencimiento de la misma, seis (6) meses después el 8 de mayo de 2016, ajustado por el IPC, conforme a la determinación que se haga en la experticia complementaria del fallo, en virtud de lo cual procedieron a instaurar la presente demanda.-
En relación a la medida indicó dicha representación en su escrito de reforma lo siguiente: “…MEDIDAS PREVENTIVAS, refirió dicha representación lo siguiente: “…De conformidad con el articulo 588 del Código Procedimiento Civil solicito se proceda dictar medida de embargo preventivo sobre los bienes del ciudadano Ambram Chocron Nahon y de las empresas DISTRIBUIDORA EKEL C.A y de INDUSTRIAS JADE C.A, por la cantidad de DIECISÉIS MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 16.000.000.000,00 ), a los efectos de evitar que quede ilusoria la ejecución del presente fallo. En tal caso considerar el Juez que no están llenos los extremos del articulo 585 del Código de Procedimiento Civil pido se proceda a la fijación de una fianza para cumplir con las resultas del embargo.
Para la presente solicitud de embargo preventivo sostenemos que están llenos los extremos del articulo 585 del Código de Procedimiento Civil como es la existencia de un RIESGO MANIFIESTO DE QUE QUEDE ILUSORIA la eventual ejecución de la sentencia (PERINCULUM IN MORA) y visto que la conducta de mala fe del demandado narrada en este libelo de la demanda, o con la solicitud de cautela, existe una presunción grave del derecho reclamado, (fumus boni iuris).
En el presente caso, existe el contrato de arrendamiento, así como la inspección extrajudicial levantada en donde se deja constancia con planos y material fotográfico el antes y después del abandono del inmueble, así mismo al ser la empresa demandada una entidad jurídica la cual puede realizar cualquier maniobra de insolvencia a los efectos de evitar el pago tuviera que hacer con motivo de sentencia condenatoria, lo cual haría ilusoria la ejecución del fallo.
En el presente caso el ciudadano Ambram Chocron Nahon, representante legal y director del GRUPO EKEL, C.A puede fácilmente insolventarse y traspasar sus bienes, propiedades de la empresa a cualquier otra empresa del Grupo económico como es la empresa INDUSTRIAS JADE C.A perteneciente al grupo económico que organizo y coordina el ciudadano AMBRAM CHOCRON NAHON. Pudiendo dejar ilusoria la oportuna ejecución del fallo. Por lo anterior insisto en la procedencia de la medida de embargo preventiva aquí solicitada…”:
- II -
Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, así como los recaudos acompañados, esta Juzgadora pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos:
Establecen los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”

Artículo 588: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.
Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado.
PARÁGRAFO PRIMERO.—Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión…”

En tal sentido considera oportuno esta Juzgadora, citar criterio jurisprudencial al respecto:
“…tratándose de una solicitud de medida preventiva y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 585 del C.P.C., la oportunidad para acompañar el medio de prueba que constituya presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama, es el momento en que se introduce la respectiva solicitud …” (Sentencia del 7 de octubre de 1998, con ponencia del Magistrado Dr. José Luis Bonnemaison, Sala de Casación Civil)

“…es indispensable para acordar alguna de las medidas cautelares, que el solicitante presente prueba, aun cuando sea presuntiva, del derecho que se reclama y de que existe riesgo de que se haga ilusoria la ejecución del fallo .En relación con esta última existencia, esta Corte, ha precisado … que el riesgo debe aparecer manifiesto, esto es, patente o inminente …” (Sentencia de la Corte en Pleno, del 22 de febrero de 1996, con ponencia de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó)

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia dictada en fecha 29 de mayo de 1996 estableció:
“…El indicado presupuesto normativo cautelar –periculum in mora-, se encuentra explícitamente consagrado en el tenor del Art.585 del C.P.C.,(…), y el mismo rige, por remisión expresa, para las providencias cautelares genéricas, innominadas o indeterminadas que contempla el parágrafo primero del Art. 588 eiusdem…
… (el) presupuesto normativo cautelar –periculum in mora- ha sido formulado por el legislador venezolano en el texto del Art. 585 del C.P.C., empleando la técnica legislativa de los doctrinalmente denominados “ conceptos jurídicos indeterminados”…”

En sentencia Nº RC-00733, de fecha 27 de julio de 2004, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, respecto del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil estableció:
“De conformidad con lo establecido en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretaran cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus Boris iuris) y; 2) el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido articulo 585 del Código de Procedimiento Civil….”
Por su parte, la Sala de Casación Social, Sala Especial Agraria, en fecha 4 de junio de 2004, dictaminó lo siguiente:
“…En cuanto al periculum in mora, ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante este tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Con referencia al fumus bonis iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de un buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama…
…El poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama…
…“En el caso sub examine, la Alzada acuerda la medida preventiva requerida por la parte actora, pero sin que existan elementos probatorios en autos que conllevan a determinar la existencia del periculum in mora -…-, conducta esta que conlleva a la infracción del Art. 585 del C.P.C. por falsa aplicación, así como el contenido del Art. 588 eiusdem, en razón de que no se comprobó la concurrencia de los requisitos señalados en dichos conceptos normativos para acordar la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la accionante …”
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del Magistrado Dr. Carlos Escarrá Malavé estableció lo que de seguida se transcribe:
“... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...”

El poder cautelar es una función de los órganos jurisdiccionales tendiente a que si una de las partes en un determinado juicio solicita el decreto de una cautela, el Juez previo examen de la concurrencia de los requisitos de ley, puede decretarlo para evitar una situación de daño o de peligro, y a la par obrar según su prudente arbitrio, vale decir, el Juez es soberano y tiene amplias facultades cuando están llenos los extremos legales para decretar las medidas que soliciten las partes. De tal manera que ese poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama.
En este sentido, tanto la doctrina como la jurisprudencia han coincidido en la necesidad de que el solicitante de una medida cautelar, cumpla con la prueba de los anteriores requisitos, a los fines de garantizar un debido proceso y una verdadera defensa, sin que de esa forma ninguna de las partes se vea afectada en sus derechos subjetivos por una medida cautelar dictada de manera arbitraria.
Ahora bien, con relación al periculum in mora, o el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo. A este respecto, no establece la Ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado; sino que por el contrario, la norma establece “…cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave de esta circunstancia…”. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que además no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio sometido a conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; la otra causa viene dada por los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Por su parte con relación al fomus boni iuris, se establece que éste deviene de la presunción de buen derecho probada por quien solicita la medida, así pues, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
Del análisis de todo lo anterior y las jurisprudencias parcialmente transcrita acogidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, esta Juzgadora, investida de ese poder cautelar general otorgado por la ley y atendiendo al prudente arbitrio, con criterio de oportunidad y a la diversidad de circunstancias que devienen en el proceso, observa que la parte actora, solicita se decrete medida de embargo preventivo por la cantidad de dieciséis mil millones de bolívares (Bs. 16.000.000.000,00), solicitud esta que no cumple con los supuestos exigidos arriba mencionados; lo cual desvirtúa la finalidad de la protección cautelar consagrada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollada en el artículos 585 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que no es otra cosa sino tutelar la efectiva ejecución de la sentencia.
En consecuencia, en el presente asunto, de una revisión de los recaudos y elementos consignados por la parte actora insertos en la pieza principal del presente asunto distinguido AP11-V-2017-001348, del folio 32 al 308 de la pieza principal I y del folio 31 al 69 de la pieza principal II, y al realizarse el análisis de rigor a los mismos, esta Directora del proceso considera, que in limine litis no existen elementos suficientes de convicción que permitan a este Tribunal verificar los extremos necesarios para acordar la medida cautelar solicitada, por cuanto no cumple con los supuestos exigidos para el decreto de la misma, de allí que resulta forzoso para este Juzgado declarar IMPROCEDENTE, la medida de EMBARGO PREVENTIVO solicitada por la parte actora. ASÍ SE DECIDE.-
- III -
Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en la pretensión que por DAÑOS Y PERJUICIOS incoara la sociedad mercantil CORPORACION ISOBRAN, C.A., contra las sociedades mercantiles DISTRIBUIDORA EKEL., INDUSTRIAS JADE, C.A y el ciudadano AMBRAM CHOCRON NAHON, ampliamente identificados al inicio, DECLARA: Se NIEGA la medida de EMBARGO PREVENTIVO solicitada por la parte actora por no llenar los extremos necesarios para acordarla.
Dada la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En la Ciudad de Caracas, a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2018. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
LA JUEZ,
EL SECRETARIO,
CAROLINA GARCÍA CEDEÑO
CARLOS TIMAURE ALVAREZ.-
En esta misma fecha, siendo las tres y veintiún minutos de la tarde (3:21 p.m.), previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
EL SECRETARIO,

Abg. CARLOS TIMAURE ALVAREZ
Asunto: AH19-X-2018-000007
INTERLOCUTORIA
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