REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 7 de junio de 2018
208º y 159º
ASUNTO: AP11-V-2016-000522
PARTE DEMANDANTE: CIBELA DEL CARMEN BRACAMONTE GARCÍA venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de identidad N°. V- 3.520.569. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: JOSE EMIDIO GONZALEZ MARQUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 56.106.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil Desarrollo de Crédito S.A (DESCRESA) domiciliada en Caracas e inscrita en el Registro Mercantil V, de fecha 9 de febrero de 1966.
DEFENSOR JUDICIAL DESIGNADO: CARLOS AGAR VILLAMIL, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 89.530.
MOTIVO: PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA
-I-
Se inicia el presente proceso mediante escrito libelar presentado en fecha 20 de abril de 2016, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial, por el abogado JOSE EMIDIO GONZALEZ MARQUEZ, apoderado judicial de la parte actora, suficientemente identificado en el cuerpo de la presente decisión, mediante el cual demandó por Prescripción Adquisitiva a la Sociedad Mercantil Desarrollo de Crédito S.A (DESCRESA)., Correspondiéndole a este Tribunal por sorteo conocer del mismo. Posteriormente, se admitió la demanda en fecha 9 abril del mismo año.
Realizadas las diversas diligencias tendentes a lograr la citación personal de la Sociedad Mercantil Desarrollo de Crédito S.A (DESCRESA)., parte demandada, las mismas fueron infructuosas según comprobante de recepción de documento de fecha 21 de septiembre de 2016, mediante el cual fue consignado a los autos las resultas proveniente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
Previa solicitud efectuada por la parte accionante, este Tribunal libró en fecha 30 de septiembre de 2016, el cartel de citación a que refiere el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, cuyo ejemplar publicado en prensa fue consignado por la parte demandante en fecha 19 de octubre de 2016. Luego, mediante nota de Secretaría de fecha 20 de junio de 2017, se dejó constancia de haberse dado cumplimiento a las formalidades de publicación, consignación y fijación previstas en la norma adjetiva antes enunciada.
Por auto de fecha 16 de febrero de 2017, este tribunal ordenò librar los edictos de la forma prevista en la norma previa solicitudes de la parte actora.
En fecha 21 de febrero de 2017, mediante diligencia el apoderado judicial de la parte actora consignò edicto por cuanto el mismo presentaba un error en la identificación de la compañía, subsanándose dicho error material involuntario y ordenando librar uno nuevo mediante auto de fecha 9 de marzo de 2017.
En fecha 24 de mayo de 2017, mediante diligencia el apoderado de la parte actora consignò los ejemplares publicados en prensas. Asimismo, mediante nota de Secretaría de fecha 1 de junio de junio de 2017, se dejó constancia de haberse dado cumplimiento a las formalidades de publicación, consignación y fijación previstas en la norma adjetiva antes enunciada.
Por auto de fecha 10 de julio de 2017, este Tribunal designó defensor judicial a la parte demandada, recayendo el nombramiento en la persona del abogado CARLOS ANDRES AGAR VILLASMIL, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 89.530, quien acudió a este Tribunal, aceptó el cargo y prestó el juramento de ley.
En fecha 03 de agosto de 2017, el abogado José Emidio González Márquez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, consignó los fotostatos necesarios para la elaboración de la compulsa al defensor ad litem, la cual se libró el 8 de agosto de 2017. Posteriormente, se hizo constar la práctica exitosa de la citación personal del defensor designado en fecha 11 de agosto de ese mismo mes y año.
En fecha 16 de octubre de 2017, el Defensor Judicial de la parte demandada consignò Escrito de Contestación de la demanda mediante el cual negò, rechazò y contradijo en nombre de la empresa (DESCRESA), tanto los hechos como el derecho de todo lo alegado por el actor, así como, impugnó la copias simple agregada a los autos a los folios 38,39 y 40, por pretender la parte actora hacerla valer como instrumento fundamental de la demanda.
En fecha 13 de diciembre de 2017, la parte actora promovió pruebas, y solicitó el abocamiento del juez, las cuales fueron agregadas mediante actuación de fecha 18 de octubre de 2017, así como el abocamiento de la Dra. Flor De Maria Briceño Bayona en ese mismo auto.
En fecha 9 de febrero de 2018, el apoderado judicial consignò Escrito de Informes.
Posteriormente, en fecha 30 de mayo de 2018, la abogada Nora Rosales, apoderada judicial de la demandada mediante diligencia consigna instrumento poder que la acredita.
-II-
De una revisión de las actas que conforman el presente expediente se aprecia palpablemente que en fecha 16 de octubre de 2017, fue presentada diligencia por el abogado CARLOS AGAR, en su condición de defensor, mediante la cual consigno Escrito de Contestación de la Demanda, pudiéndose observar que dicha actuación fue presentada fuera del lapso procesal, tal y como se evidencia del computo que antecede por auto dictado en esta misma fecha. Ahora bien, pudiendo constatarse la falta anterior, considera quien aquí decide que el cumplimiento de ciertas formalidades son esenciales para su validez; son imprescindibles para mantener un debido proceso y evitar reposiciones futuras ya que continuar el proceso de esta forma constituiría una absoluta trasgresión al orden público.
En ese orden de ideas, la Sala Civil del Máximo Tribunal de la República estableció los deberes del defensor ad litem, y para ello se hace referencia a la sentencia N° 817 de fecha 31 de octubre de 2006, caso Banco Caroní, C.A. Banco Universal contra Obreros Profesionales en Limpieza, C.A. (OPROLIM, C.A.), en la cual se expresó lo siguiente:
“…Al respecto, esta Sala considera que es necesario comprobar en aquellos casos en que no fue posible intimar al demandado que el defensor judicial haya ejercido una defensa eficiente, ello significa que se haya comportado tal como lo hubiera hecho el apoderado judicial del demandado. En otras palabras, que el defensor judicial se comporte y formule todas las defensas que ejercería el apoderado judicial. De no hacerlo, lesionaría el derecho del intimado lo que tiene que ser corregido y apreciado por los jueces de instancia porque es su deber vigilar la actividad de los defensores judiciales para que la misma se cumpla debidamente en el proceso.
(…Omissis…)
De la precedente transcripción parcial de la sentencia se desprende, entre otros aspectos, que los jueces de instancia deben vigilar la actividad desplegada por el defensor judicial, que la persona designada como defensor judicial debe actuar en conformidad con la ley y desarrollar su actividad debidamente, esto es realizar una defensa efectiva de los derechos de la parte demandada pues tiene las mismas cargas y obligaciones que el Código de Procedimiento Civil asigna a los apoderados judiciales y no basta que el defensor jure que va a cumplir bien y fielmente su cargo sino que su actividad debe ser activa, es decir debe desplegar todas las actuaciones necesarias para defender a la parte demandada.
(…Omissis…)
Esta Sala acoge el criterio de la Sala Constitucional respecto a la función destinada al defensor judicial y considera que su actuación debe ser similar a la que ejerciera el apoderado judicial y procurar la defensa efectiva de la parte accionada, pues ello coadyuva al desarrollo natural del proceso que es el establecido en la ley. Asimismo, considera que los jueces están obligados a vigilar la actividad desplegada por el defensor judicial para preservar el buen orden del proceso así como garantizar el derecho de la parte demandada…” (Resaltado del Tribunal)
Cabe destacar que la labor del defensor judicial se encuentra íntimamente ligada al derecho a la defensa que asiste a todo accionado en un proceso, derecho éste consagrado en el texto constitucional, específicamente en su artículo 49, el cual reza:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un Tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete”.
Siendo esto así, tenemos que el nombramiento de defensor judicial persigue mantener incólume el sagrado derecho a la defensa que asiste a todo accionado, designación ésta que procede una vez agotadas las formalidades relativas a la citación personal.
Ahora bien, siendo que la Doctrina tradicional imperante de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, sostiene que no es potestativo de los Tribunales subvertir las reglas legales con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, puesto que su estricta observancia es materia íntimamente ligada al orden público, y visto que el Defensor Judicial dio contestación a la demanda fuera del lapso correspondiente, tal situación amerita su inmediata subsanación por parte de este sentenciador a objeto de enaltecer la inviolabilidad de nuestro texto constitucional y garantizar con ello que los derechos de las partes y la seguridad jurídica no sea quebrantada y, para ello, forzosamente se debe acudir a la institución de la nulidad y reposición a fin de subsanar los errores verificados en el proceso, figura esta contemplada en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que establece:
“Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando y corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez…”
Bajo esta óptica, el Tribunal considera prudente resaltar que es deber del Estado, a través de los entes jurisdiccionales, garantizar una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, y en observancia al alcance prescrito en el artículo 257 de la citada Carta Magna, de disponer que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, haciendo hincapié en que los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal de conformidad con el artículo 206 antes transcrito.
Finalmente, visto que en el caso bajo análisis es claro que el del defensor judicial designado procedió a dar contestación a la presente demanda en forma tardía, y siendo el juez el director del proceso así como el responsable y garante de la preservación del orden público constitucional en franca armonía con el criterio del Tribunal Supremo de Justicia basado en los lineamientos pautados en los Artículos 334 y 335 del texto fundamental, y en aras de evitar futuras reposiciones, juzga necesario sanear in limine litis los vicios detectados en la aplicación del derecho y consecuencialmente declarar nulas todas las actuaciones ocurridas en el juicio a partir del día 16 de octubre de 2017 inclusive, reponiéndose la causa al estado de que comience a transcurrir el lapso de emplazamiento para que de contestación de la demanda el defensor judicial designado, lapso que iniciara al primer día de despacho siguiente a la fecha en que conste en auto la ultima de las notificaciones que de las partes se practique, en ocasión de garantizar a las partes el efectivo ejercicio del derecho a la defensa y el principio constitucional al debido proceso, ya que, con ello, se persigue restaurar el orden constitucional y procesal quebrantado en el juicio sin que implique en modo alguno que pueda considerarse como una dilación en el presente procedimiento por cuanto con el correctivo que se implementa a través de la presente resolución se logra mantener el sentido propio de la seguridad jurídica como una conversión del procedimiento previsto en la ley, ya que de lo contrario, impide que el proceso pueda considerarse instaurado válidamente.
En atención de lo anterior considera menester este Tribunal hacer saber que el proceso civil está gobernado por el principio de la legalidad de las formas procesales y, salvo situaciones de excepción permitidas por la propia ley, la regulación legal sobre la forma, estructura y secuencia del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en un sentido absoluto, para las partes y para el Juez, ya que esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado debe garantizar a través de los Órganos de Administración de Justicia por considerarlas apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos que es uno de sus objetivos básicos y garantizar la paz social. En atención a lo motivado se debe concluir que el contexto suscitado con la omisión aludida contraviene el debido proceso, y por ende, el orden público, tal como se ha venido observando a lo largo de la presente motivación. Consecuencialmente, y como quiera que este Tribunal debe forzosamente reponer la causa al estado de que comience a transcurrir el lapso de emplazamiento para que de contestación de la demanda el defensor judicial designado, lapso que iniciara al primer día de despacho siguiente a la fecha en que conste en auto la ultima de las notificaciones que de las partes se practique y ASI SE ESTABLECE.
-III-
Por los razonamientos anteriormente expuestos, éste JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la ley, declara NULAS todas las actuaciones ocurridas en el presente juicio a partir del día 16 de octubre de 2017 inclusive, dejando como válido y efectivo el nombramiento del defensor judicial designado.
Se repone la presente causa al estado de que se cumpla con la formalidad de que el defensor designado de contestación a la demanda, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la publicación que del presente fallo se haga.
Dada la naturaleza jurídica de la presente decisión no hay condenatoria en costas.
PUBLIQUESE Y REGISTRESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado 7º de 1era Ins. C.M.T.B. En la Ciudad de Caracas, a los siete (7) de junio de 2018. 208º Años de Independencia y 159º Años Federación.
LA JUEZ,
FLOR DE MARIA BRICEÑO BAYONA.
LA SECRETARIA,
YAMILET J. ROJAS M.
En esta misma fecha, siendo las 03:28 PM, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil.
LA SECRETARIA
YAMILET J. ROJAS M.
