REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019)
209º y 160º
ASUNTO: AP21-S-2017-000782.
PARTE OFERENTE: Comercializadora Don Sebastian, C.A.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERENTE: abogados Valeska Andrea Calatrava Carrera y Jorge Jesús Rincón Herrera, inscritos en el IPSA con los Nros. 125.475 y 75.887 respectivamente.
PARTE OFERIDA: José Marcial Blanco, Venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-5.001.440.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE OFERIDA: No constituyó.
MOTIVO: Oferta Real de Pago
I
PARTE NARRATIVA
En fecha 21 de noviembre de 2017, la abogada Valeska Calatrava, inscrita en el IPSA con el Nro. 125.475, en su carácter de apoderada judicial de la entidad de trabajo Comercializadora Don Sebastian, C.A, presento Oferta Real de Pago a favor del ciudadano José Marcial Blanco, siendo admitida la misma el día 23 de noviembre de 2017. Por lo que se libró el oficio a la Oficina de Control de Consignaciones (OCC), para la apertura de la cuenta de ahorros correspondiente.
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, tal y como se indicó en el capítulo anterior, desde el 23 de noviembre de 2017, fecha en la cual se admitió la Oferta Real de Pago, hasta el día de hoy inclusive, ha transcurrido un lapso de un (01) año, seis (06) meses y diecinueve (19) días, sin que conste en autos ningún acto de procedimiento de la parte oferente, para impulsar o darle continuidad a la presente causa, en la etapa procesal de practicar la notificación de la parte accionada a los efectos de la apertura de la cuenta de ahorros correspondiente.
Sobre la situación in comento podemos traer a colación la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2013, por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en el caso LUIS CONRRADO MORALES LOAIZA contra la sociedad mercantil SCHLUMBERGER VENEZUELA, S.A, en la que se estableció:
(…) Igualmente señala que en nuestro vigente derecho procesal la perención se concibe como la extinción del proceso por el transcurso de un (1) año sin ningún acto de procedimiento por las partes. El instituto de la perención también es conocido con el nombre de caducidad, cualquiera de los dos vocablos es adecuado para su designación.
Así tenemos que la perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un (1) año. No se considera inactividad, a los efectos de la perención, la suspensión del curso del proceso que pueden acordar las partes para tratar de una transacción, pero al cesar el plazo de la suspensión el procedimiento recobra su curso y puede producirse la perención por la inactividad posterior de las partes.
(…)
En relación con la condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes está sometida al plazo de un (1) año, el cual se computa desde el último acto de procedimiento. Aunque la ley no precisa este momento inicial, debe aplicarse la regla general de cómputo de los lapsos por año, es decir, desde el día siguiente al de la fecha del acto que da lugar al lapso (…)”.
De los anteriores señalamientos se puede concluir a tenor de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que ha operado en el presente asunto la consumación de la perención de la instancia, toda vez que desde el día 23 de noviembre de 2017, fecha en la cual se admitió la Oferta Real de Pago, hasta el día de hoy once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019) inclusive, ha transcurrido un lapso de un (01) año, seis (06) meses y diecinueve (19) días, por lo que no se evidencia que la parte actora haya ejecutado actos de impulso que demuestren la actualidad de su interés procesal para la prosecución de la presente causa.
Establecido de esta manera los hechos acaecidos, concernientes a la inactividad y falta de interés de la parte actora en darle impulso al proceso, debe forzosamente este Juzgado decretar consumada la perención de la instancia, con base en lo previsto tanto en la Ley Adjetiva del Trabajo como en los criterios de la Sala de Casación Social y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y Código de Procedimiento Civil, referentes a la perención en materia laboral; y como consecuencia de lo expuesto, la terminación del presente proceso. ASÍ SE DECIDE.
III
DISPOSITIVO
Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA de conformidad con lo previsto en los artículos 201 y 202 Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, que se aplican por analogía del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y en consecuencia la terminación del presente proceso.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
TERCERO: Se ordena la notificación de la parte oferente de la presente decisión.
Publíquese, Regístrese y Notifíquese
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Vigésimo Segundo (22°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los once (11) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
EL JUEZ
JOSE ANTONIO MORENO P.
EL SECRETARIO,
YOHJANDE SALAZAR
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia.
EL SECRETARIO,
YOHJANDE SALAZAR
