REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 18 de mayo de 2018
208º y 159º
Parte Actora: Pedro León Casanova Ostos, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-4.226.076; Representado Judicialmente Por los abogados Ricardo Ramón Martínez Herrera y Enderson Jesús Lozano Guerra, Inscritos en el Inpreabogado con las matriculas números 72.555 y 217.155; Con domicilio procesal: Multicentro Empresarial del Este, Edificio Libertador, Núcleo A, Piso 6, Oficina A-62, entre Avenida Libertador y Francisco de Miranda, Municipio Chacao, estado Bolivariano de Miranda.
Parte Demandada: Leiden Antonia Villazana Guaregua, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número V-3.956.717; Apoderados Judiciales de la parte demandada: Abogados Alexis Antonio Algarra Suárez e Isabel Valentina Rodríguez Garrido, inscritos en el Inpreabogado con las matriculas números 178.205 y 130.593, en ese orden.
Motivo: Divorcio fundamentado en el 185-A del Código Civil
Sentencia: Definitiva
Caso: AP31-S-2016-006516
I
ANTECEDENTES
En fecha 26 de julio de 2017, los abogados Ricardo Ramón Martínez Herrera María Eugenia Terán Álvarez y María Luisa Terán Álvarez, apoderados judiciales del ciudadano Pedro León Casanova Ostos, ut supra identificados, en su orden, presentaron por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) del Circuito Judicial de los Juzgados de Municipio Ordinarios y Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, sede Los Cortijos de Lourdes, escrito contentivo de solicitud de divorcio fundamentado en el artículo 185-A del Código Civil, cuyo conocimiento recayó en este Tribunal previa distribución efectuada en esa misma fecha.
Por auto de fecha 31 de octubre de 2016, el Tribunal admitió la solicitud in comento por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley; ordenándose librar boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público.
Por auto de fecha 20 de julio de 2017, quien suscribe, se abocó al conocimiento de la presente solicitud en el estado en que se encuentra, en virtud de que fui designada Jueza Suplente, incluida como me encuentro en la lista de suplentes para cubrir la falta de los jueces o juezas con motivo de permisos, reposos, vacaciones, inhibiciones y recusaciones de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, y debidamente juramentada según acta n° 065-2017, de fecha siete (7) de julio de dos mil diecisiete (2017) que cursa al folio ciento treinta y tres (133) y su vuelto del Libro de Actas de Juramentación llevado por la Rectoría Civil de esta misma Circunscripción Judicial, habiendo tomado posesión del Tribunal mediante acta nº 14, de fecha diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017).
En fecha 20 de julio de 2017, por nota de secretaría se ordenó librar boleta de notificación a la Leiden Antonia Villazana de Casanova, previa consignación de los fotostatos requeridos.
En fecha 25 de septiembre de 2017, compareció el ciudadano Leonardo Sánchez, Alguacil titular de la Unidad de Coordinación de Alguacilazgo de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de esta misma Circunscripción Judicial, mediante el cual consignó boleta de notificación sin firmar por cuanto fue imposible lograr la notificación encomendada.
En fecha 26 de septiembre de 2017, compareció el abogado Enderzon Lozano, inscrito en el Inpreabogado con la matricula n° 217.155, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Pedro León Casanova Ostos, mediante la cual solicitó se libre cartel de emplazamiento a los fines legales consiguientes; siendo acordado por auto de fecha 2 de octubre de 2017.
En fecha 11 de octubre de 2017, la secretaria accidental Damelys Nelines Osorio de Albornoz, dejó constancia que se cumplieron con todas las formalidades de ley.
Por auto de fecha 13 de noviembre de 2017, se designó como defensor judicial a la abogada Solange Sueiro, inscrita en el Inpreabogado con la matricula n° 148.601, a quien se ordenó notificar de forma personal mediante boleta de notificación.
En fecha 15 de noviembre de 2017, compareció el abogado Alexis Antonio Algarra Suárez, haciendo oposición a la demanda de divorcio incoada por el ciudadano Pedro León Casanova Ostos.
En fecha 20 de noviembre de 2017, compareció el abogado Enderzon Lozano, inscrito en el Inpreabogado con la matricula n° 217.155, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Pedro León Casanova Ostos, mediante la cual solicitó al tribunal abrir la articulación probatoria.
En fecha 21 de noviembre de 2017, compareció el abogado Alexis Antonio Algarra Suárez, mediante el cual sustituyó poder apud acta en nombre de la abogada Isabel Valentina Rodríguez Garrido, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 130.593.
Por auto de fecha 23 de noviembre de 2017, este tribunal a los fines de proveer sobre lo solicitado por la parte actora y en cumplimiento a la sentencia emanada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 446 de fecha 15 de mayo de 2015, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, considera necesario abrir una articulación probatoria de ocho (8) días de despachos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 30 de noviembre de 2017, compareció la abogada Isabel Valentina Rodríguez Garrido, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 130.593, consignó escrito de promoción de pruebas.
Por auto de fecha 30 de noviembre de 2017, se admitieron las pruebas de la parte demandada, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales, ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva; En lo concerniente a las Testimoniales promovidas en el Capítulo II, se admitieron cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su valoración en la sentencia de fondo, fijándose la 9:00 am, 9:30 am y 10:00 am del tercer (3°) día de despacho siguiente a esta fecha, a fin de evacuar las declaraciones de los ciudadanos Lisbeth Yenise Díaz Pacheco, Luís Felipe Rojas y María A. Guaicara, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros V-16.006.555, V-9.432.610 y V-22.572.707, respectivamente, sin necesidad de de citación por cuanto la parte promovente ha manifestado que dichos testigos están en la disposición de hacerlo espontáneamente, ello conforme lo prevé el artículo 483 del Código de Trámites.
En fecha 1° de diciembre de 2017, compareció el abogado Enderzon Lozano, inscrito en el Inpreabogado con la matricula n° 217.155, mediante la cual consignó escrito de promoción de pruebas.
Por auto de fecha 1° de diciembre de 2017, se admitieron las pruebas de la parte actora, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales, ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva; En lo concerniente a las Testimoniales promovidas en el Capítulo II, se admiten cuanto ha lugar en derecho, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su valoración en la sentencia de fondo, fijándose la 9:00 am, 9:30 am y 10:00 am del tercer (3°) día de despacho siguiente al de hoy, a fin de evacuar las declaraciones de los ciudadanos Tábata Gutiérrez Linares, Roberto Wilmer Alarcón Maldonado y Yudith Maria Martínez Mata, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros V-12.555.916, V-10.626.758 y V-10.867.048, respectivamente, sin necesidad de de citación por cuanto la parte promovente ha manifestado que dichos testigos están en la disposición de hacerlo espontáneamente, ello conforme lo prevé el artículo 483 del Código de Trámites.
En fecha 5 de diciembre de 2017, oportunidad fijada para la evacuación de la declaración de los ciudadanos Lisbeth Yenise Díaz Pacheco, Luís Felipe Rojas y María A. Guaicara, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros V-16.006.555, V-9.432.610 y V-22.572.707; se anunció el acto en la forma de ley por el alguacil a las puertas de este recinto judicial, no compareciendo nadie al mismo, motivo por el cual se declaró desierto dicho actos.
En fecha 6 de diciembre de 2017, oportunidad fijada para la evacuación de la declaración de las testimoniales comparecieron los ciudadanos Tábata Gutiérrez Linares, Roberto Wilmer Alarcón Maldonado y Yudith Maria Martínez Mata, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros V-12.555.916, V-10.626.758 y V-10.867.048, a fin de que se les tomaran las declaraciones en el proceso de 185-A solicitada por el ciudadano Pedro León Casanova Ostos, ut supra identificado.
En fecha 7 de diciembre de 2017, compareció la abogada Isabel Valentina Rodríguez Garrido, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 130.593, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Leiden Antonia Villazana de Casanova, mediante el cual presentó escrito de oposición a las pruebas de su contraparte y apeló de los autos de fecha 5 de diciembre de 2017.
En fecha 12 de diciembre de 2017, compareció la abogada Isabel Valentina Rodríguez Garrido, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 130.593, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Leiden Antonia Villazana de Casanova, dejando constancia de la declaración del testigo Roberto Wilmer Alarcón Maldonado, de fecha 6 de diciembre de 2017 y solicitando copia certificada de la misma.
En fecha 13 de diciembre de 2017, compareció la abogada Isabel Valentina Rodríguez Garrido, inscrita en el Inpreabogado bajo la matricula número 130.593, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Leiden Antonia Villazana de Casanova, dejando constancia de las irregularidades en el expediente; ratificó apelación solicitada en fecha 7 de diciembre de 2017 y solicitó reapertura de articulación probatoria.
En fecha 18 de diciembre de 2017, se dictó autos declarando improcedente la oposición y no ha lugar la apelación formulada por la representación judicial de la parte demandada; acordándose copias certificadas y negando la prórroga del lapso de evacuación de pruebas
Por auto de fecha 15 de enero de 2018, este Tribunal negó el recurso de hecho formulado por la representación judicial de la parte demandada, por cuanto los Juzgados de Alzada son los competentes para tramitar los recursos de hecho y no así esta instancia.
En fecha 19 de marzo de 2018, se recibió oficio n° 2018-0076, de fecha 15 de marzo de 2018 proveniente del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, constante de ciento ochenta (180) folios útiles, relacionado con el recurso de hecho.
Por auto de fecha 26 de abril de 2018, se ordenó oír el recurso de apelación en un solo efecto de conformidad con lo establecido en el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, librándose a tal efecto en fecha 10 de mayo de 2017 oficio n° 2018-183, dirigido a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial de los Tribunales Superiores en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, a objeto de resolver la controversia planteada.
Posteriormente en fecha 16 de mayo de 2018, compareció el abogado Enderzon Lozano, inscrito en el Inpreabogado con la matricula n° 217.155, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, mediante la cual desistió de su prueba de informe promovida en el lapso correspondiente.
Lo anterior constituye, en opinión de quien sentencia, un recuento claro, preciso y lacónico de los términos en que quedó planteada la contienda judicial, con lo que se da cumplimiento al segundo de los requisitos previsto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, encontrándose este Tribunal de Municipio en la oportunidad procesal correspondiente para emitir su pronunciamiento de mérito pasa a hacerlo en los siguientes términos:
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
La representación judicial de la parte accionante, dentro del elenco de afirmaciones de hecho en que fundamentó su pretensión, alegó en el escrito de solicitud los siguientes hechos:
Alegatos esgrimidos por la representación judicial de la parte actora
Alegó, que el 17 de diciembre de 1977, contrajo matrimonio con la ciudadana Leiden Antonia Villazana Guaregua, en el que procrearon una hija, hoy mayor de edad.
Que, luego de diversas discusiones y desavenencias que hacían imposible la vida en común, de mutuo acuerdo resolvieron separarse de hecho desde el 15 de marzo de 2010, lo que se ha prolongado hasta esa fecha, por lo que ha resultado una ruptura del consentimiento de permanecer en el vínculo matrimonial, hasta el punto que mantienen residencias separadas.
Que, de acuerdo a lo previsto en al artículo 77 Constitucional, el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento y habiendo cambiado el mismo, como una manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad, solicita se declare disuelto el vínculo matrimonial.
Alegatos esgrimidos por la representación judicial de la parte demandada
Entre tanto, la parte demandada en su escrito de oposición, alegó que conviven juntos en el domicilio conyugal.
Que toman decisiones sobre la vida familiar, tal como el seguro de salud y vida.
Que trabajan juntos diariamente desde hace más de treinta años en la compañía anónima Veterinaria San Pedro, de la cual son accionistas.
Que asisten juntos a eventos familiares, sociales y de trabajo, dentro y fuera del territorio nacional.
Negó la ruptura prolongada y permanente de la vida matrimonial y de haber establecido domicilios diferentes.
III
VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
Pruebas promovidas por la representación judicial de la parte demandante
Junto al libelo de demanda, la parte aportó copia certificada de acta de matrimonio n 55 del 17 de diciembre de 1977, expedida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Piritu del estado Anzoátegui, que merece fe su contenido, respecto a la existencia del vínculo matrimonial entre los ciudadanos en referencia, de acuerdo a lo previsto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Adjuntó copia certificada de acta de nacimiento n 1380 del 6 de agosto de 1979, expedida por el Jefe Civil del Municipio Chacao del estado Miranda, en la que consta el nacimiento de la ciudadana Leydenth Rosalía Casanova Villazana, hija de los cónyuges, lo cual merece fe su contenido a tenor del precitado artículo de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Asimismo, aportó original de Constancia de Residencia expedida por el Consejo Comunal San Pedro del Rio, Municipio Ayacucho del estado Táchira el 20 de septiembre de 2016, donde da fe que la ciudadana Luz Dhagira Restifo Alvarado, titular de la cédula de identidad n 16.496.947, reside en territorio de dicho municipio, hecho no controvertido en este asunto, por lo que resulta impertinente dicho instrumento.
Pruebas promovidas por la representación judicial de la parte demandada
La parte demandada aportó copia de Registro Único de Información Fiscal, de ambos cónyuges, donde consta que para el 18 de marzo de 2015 y 08 de septiembre de 2015, Leiden Villazana y Pedro Casanova, en ese orden, se encontraban domiciliados en Residencias La Cascada, La Castellana, apartamento 4 B, piso 4, Municipio Chacao, estado Miranda. Con ello, solo se prueba que para ese momento tenían fijado esa dirección como domicilio fiscal a los efectos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, sin que ello signifique que como cónyuges mantuviesen la convivencia por su vínculo matrimonial.
Aporto copia simple de instrumento privado emitido por Seguros Caracas por póliza emitida el 14 de julio de 2017, a nombre de ambos cónyuges, con lo cual se pretende demostrar al alegato de convivencia. Sin embargo, con ello se prueba que ambos cónyuges se encuentran amparados por dicha póliza de seguro de salud y vida y no necesariamente que se encuentren conviviendo dentro del vínculo matrimonial.
A esos mismos fines, aportó copia simple de estatutos sociales de la sociedad de comercio Veterinaria San Pedro de la cual son accionistas ambos cónyuges. Sin embargo, el hecho que mantengan una sociedad desde el punto de vista comercial, no implica per se mantenimiento de la vida en común matrimonial.
Aportó instrumento apócrifo relativo a carta de agradecimiento al Gobierno de Colombia por la colaboración recibida en asunto médico, que a tenor de lo previsto en el artículo 1368 del Código Civil, no tiene eficacia probatoria, dado que se no se le puede atribuir su autoría.
Aportó instrumento privado denominada orden de trabajo por servicio técnico prestado por la empresa de televisión satelital Galaxy Entertaiment de Venezuela C.A., la cual no fue ratificada en juicio por lo que se desecha del mismo.
Igualmente, ambas partes promovieron fotografías diversas relativas a eventos sociales y familiares, según sus alegatos, a los fines de probar el mantenimiento de la vida en común. Sin embargo, no argumentaron ni probaron el modo, lugar y tiempo en que se tomaron las impresiones fotográficas ni la identificación del equipo utilizado para ello, ni prueba que el mismo resultaba idóneo para tales efectos. Tampoco razonaron que la persona que tomó las fotografías era igualmente competente e idónea a esos fines, todo lo cual conduce a desechar tales instrumentos.
Aportó constancia de residencia emitida por la Junta de Condominio de Residencias Cascada La Castellana, apartamento 4 B, piso 4, Municipio Chacao, estado Miranda, donde aparece que los cónyuges en referencia tienen esa dirección. No obstante, ello, además de no haberse ratificado en juicio por ser instrumentos privados emitidos por terceros, no prueba que ellos mantengan el vínculo matrimonial.
Consta que la parte actora en el lapso probatorio aportó factura de servicio eléctrico, de agosto de 2013, donde consta que el ciudadano Pedro Casanova, reside en San Pedro del Rio, Municipio Ayacucho, estado Táchira. Dicho instrumento denominadas tarjas reguladas en el artículo 1383 dl Código Civil, merecen fe, en virtud que fueron impugnadas en el proceso, visto que tienen el mismo tratamiento procesal que los instrumentos privados.
El 6 de diciembre de 2017, se evacuaron las testimoniales de los ciudadanos Yudith Martínez, Roberto Alarcón y Tabata Gutiérrez, promovidos por la parte actora, quienes una vez llenas las formalidades legales y ser interrogados sobre si conocían al ciudadano Pedro Casanova; que si conocían que vivía junto a la demandada Leiden Villazana y sobre el lugar de residencia, respondieron afirmativamente a la primera interrogante. A la segunda, afirmaron que no viven juntos y que Pedro Casanova reside en el estado Táchira junto a una nueva pareja. Dichos testimonios merecen fe en virtud de no ser contradictorios, ser contestes entre si y concuerdan con los hechos vertidos al proceso a través de los otros medios de pruebas analizados, respecto a la separación de los cónyuges desde el punto de vista sentimental, que no viven juntos, que el actor vive en el estado Táchira, todo de acuerdo a lo previsto en el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.
Igualmente, la parte actora aportó impresiones de correos electrónicos relativos a boletos aéreos a nombre de Pedro Casanova y Luz Restifo con destinos diversos de los cuales se destaca que, además de no ser un hecho controvertido, se trata de copia simple que al tener el mismo tratamiento que los documentos privados de desechan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
Ambas partes promovieron prueba de informes. Sin embargo, solo se recibió respuesta del Saime y Seniat, mediante los cuales informaron los movimientos migratorios de Pedro Casanova, a pesar que ello merece fe, no aporta elementos de convicción a los fines de resolver el asunto que nos ocupa, resultando a todas luces impertinente.
Respecto a esta prueba destinada a los demás organismos del Estado como CNE y CORPOELEC, no se impulsó su evacuación, por lo que no se tiene la información solicitada, respecto al lugar de residencia del actor.
No obstante, ello, tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia n 164 del 28 de febrero de 2012, ratificó criterio sostenido en sentencia n 185 de esa misma Sala del 15 de octubre de 2007, según la cual: “… el silencio de pruebas puede generar violación al derecho constitucional de la defensa, pero el alegato por sí solo no basta, ya que debe comprobarse que la prueba no apreciada por el juzgador era determinante en la resolución de la causa”.
Por ello, a pesar que no se evacuó en su totalidad tal medio de prueba, no resulta determinante para resolver este asunto, que versa sobre si los cónyuges mantienen o no la vida en común. Sobre este hecho, ha sido criterio reiterado que los cónyuges pueden vivir bajo el mismo techo y sin embargo estén separados desde el punto de vista del vínculo que vivan en lugares o casas distintas y se mantengan unidos sentimentalmente en el vínculo matrimonial.
IV
FUNDAMENTOS DEL FALLO
En tal sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 18 de diciembre de 2003, expediente 02-338, ratificó lo siguiente:
“En criterio de la Sala, el abandono voluntario no comprende la separación de uno de los cónyuges del lugar en que habitan que sirve de hogar, sino el “...incumplimiento injustificado por parte de un cónyuge de los deberes fundamentales que conforme a la ley le impone el matrimonio con respecto del otro...”.
En este sentido, la Sala Civil también ha precisado que “...Dos cónyuges pueden vivir en casas y hasta en poblaciones distintas y, sin embargo, no haber incurrido ninguno de ellos en el abandono voluntario capaz de disolver el vínculo conyugal por divorcio. A la inversa, puede darse el caso de que los esposos vivan bajo el mismo techo y, sin embargo, haberse consumado entre ellos el abandono voluntario, por encontrarse separados realmente de cuerpos y espíritu...”.
En este sentido, cabe considerar el precepto contenido en el artículo 185-A del Código Civil, cual es del siguiente tenor:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
...Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles, además, copia de la solicitud. El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la Tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la Duodécima Audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados...”.
Y el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges….
La primera norma jurídica pone de manifiesto, que para la declaratoria del divorció basada en la ruptura prolongada de la vida en común, el legislador patrio ha establecido un elenco de requisitos, entre ellos, la demostración de la existencia del vínculo conyugal cuya disolución se persigue; el reconocimiento de ambos cónyuges que han permanecido por más de cinco (5) años separados de hecho, y finalmente, que el Fiscal del Ministerio Público no haga oposición a la solicitud de divorcio.
El profesor Dr. Raúl Sojo Bianco en su obra “Apuntes de Derecho de Familia, Caracas, 1985, p.p. 166-173, sostiene que “El divorcio es la disolución legal del matrimonio en vida de ambos cónyuges, como consecuencia de un pronunciamiento judicial dirigido precisamente a ese fin”. Y al referirse el mismo autor, al divorcio basado en la ruptura prolongada de la vida en común, asevera que “…se trata de una verdadera innovación en materia de divorcio, con la cual se viene a consagrar el mutuo consentimiento como causal de divorcio; puesto que bastará que los cónyuges estén de acuerdo en afirmar que han permanecido separados de hecho por más de cinco años, para que sea admitido y sustanciado el procedimiento, ya que no se exige prueba alguna…”.
En efecto, “el divorcio quoad vinculum es una institución de carácter absolutamente excepcional (…) contiene dos tendencias fundamentales de cómo se debe entender esa característica de institución, siendo una, la tendencia del divorcio-remedio: De acuerdo con esta, la disolución del matrimonio en vida de los cónyuges se explica en base a la necesidad de liberar a los esposos de un vínculo que, de hecho, ya no tiene sentido o resulta intolerable, independientemente de que esa situación pueda o no imputarse a alguna de las partes”. (Francisco López Herrera. Derecho de Familia. Tomo II, pp. 180-181-182).
De acuerdo a ello, la tendencia del Código Civil venezolano corresponde a esa orientación, del divorcio-remedio, tesis sobre la cual ya se ha pronunciado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, según sentencia a que haremos referencia más adelante, relativa a la concepción del divorcio como solución, como vía para poner un remedio a un vínculo matrimonial no deseado.
Si el matrimonio se basa en el libre consentimiento como una manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad, una vez que ello cambia al menos en uno de los cónyuges, surge el divorcio como solución a esa situación, en beneficio tanto de los involucrados como de la sociedad.
En este caso, una vez citada la cónyuge, acudió al proceso y contestó a la pretensión y se opuso a la solicitud de divorcio, alegando hechos que no se ajustan a la realidad, de acuerdo a los elementos probatorios existentes. En efecto, alegó que viven juntos cuando no es cierto y, la realidad es que el actor quiere divorciarse como lo manifestó en la solicitud y a ello debe responder el proceso como vía constitucional de hacer efectiva la justicia.
En este sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 192 del 26 de julio de 2001, acogió la tesis del divorcio solución (caso: Víctor José Hernández Oliveros contra Irma Yolanda Calimán Ramos), al sostener que:
El antiguo divorcio-sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general.
…../…
Los motivos de la conducta del cónyuge demandado, por las razones antes indicadas, no pueden desvirtuar la procedencia del divorcio (…).
Por el contrario, cumpliendo con el deber de hacer justicia efectiva, el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial.
No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio.
Nótese que la Sala dejó sentado que la corriente del divorcio remedio incide en la interpretación de todas las causales de divorcio –y no sólo la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común–, pese a que la doctrina señala algunas causales como inspiradas en la idea del divorcio sanción, en especial las previstas en los ordinales 1° al 6° del artículo 185 del Código Civil (Vid. López Herrera, op. cit., p. 181; Grisanti, op. cit., p. 284). En consecuencia, aunque la falta del cónyuge demandado no configure una transgresión injustificada a sus deberes conyugales –al estar motivada por una falta previa o simultánea del cónyuge demandante, que puede fundamentar una reconvención en su contra–, igualmente procederá el divorcio, pero no como un castigo a un cónyuge culpable, pues el demandado no merece ser castigado.
Ahora bien, es indispensable aclarar que en todo caso, y con independencia de la posición doctrinaria que se asuma, debe estar demostrada la causal de divorcio que haya sido alegada, como condición sine qua non de la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial, tal y como se dejó sentado en la citada sentencia N° 102/2001, al afirmarse que “(…) el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial (Resaltado añadido)”.
En el marco del interés del Estado por la protección de la familia, frente a la perpetuidad del matrimonio destaca la excepcionalidad del divorcio, el cual sólo opera por las causales taxativamente enumeradas por la ley. En consecuencia, no es suficiente la voluntad de los cónyuges, o de uno de ellos, para lograr la disolución del vínculo matrimonial, sino que es necesaria la preexistencia de hechos o actos específicamente determinados por la ley, y que constituyen las causales de divorcio; así, el juez únicamente podrá declarar el divorcio cuando haya sido invocada y demostrada la ocurrencia de alguna o algunas de las causales previstas en el Código Civil –incluyendo el transcurso de un año una vez declarada judicialmente la separación de cuerpos y la prolongada ruptura de la vida en común, contempladas en el primer aparte del artículo 185, y en el artículo 185-A del referido Código–.
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
Si bien en dicha decisión la Sala señaló que en todo caso se requería probarse una causal de divorcio, la Sala Constitucional, en sentencias números 446 y 693, de fechas 15 de mayo de 2014 y 2 de junio de 2015, respectivamente, dictadas en solicitud de revisión constitucional, estableció criterio vinculante respecto al contenido del artículo 185-A y 185, ambos del Código Civil, y señaló que el consentimiento debe mantenerse a lo largo de la vida del matrimonio.
En la primera de dichas sentencias, se indicó:
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento– la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia”.
…ya que el consentimiento libre para mantenerlo es el fundamento del matrimonio, y cuando éste se modifica por cualquier causa y por parte de cualquiera de los cónyuges, surge lo que el vigente Código Civil Alemán en su artículo 1566, califica como el fracaso del matrimonio, lo cual se patentiza por el cese de la vida en común, uno de cuyos indicadores es el establecimiento de residencias separadas de hecho y que puede conducir al divorcio, como lo reconoce el citado artículo. La suspensión de la vida en común significa que el consentimiento para mantener el vínculo ha terminado, pero ello no basta per se, ya que el matrimonio, con motivo de su celebración mediante documento público (…).
Y, en la segunda, señaló con carácter vinculante:
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Y estableció de manera vinculante:
“… realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil y establece, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento”.
Esta misma Sala Constitucional en sentencia nº 1070 del 9 de diciembre de 2016, conociendo en avocamiento en el divorcio del ciudadano Hugo Armando Carvajal Barrios, aún cuando no se aplica al caso por el aspecto temporal pero que nos ilustra sobre el tema, con ponencia del magistrado Juan José Mendoza Jover, justificó el divorcio como medio de poner fin al vínculo matrimonial cuando se ha tornado disfuncional. En tal sentido, señaló:
De modo pues que los ciudadanos deben gozar de derechos y garantías que hagan valer su independencia en el desarrollo de la personalidad y libertad, por ello esta Sala como garante de la coexistencia de los principios y valores constitucionales, con el fin de garantizar una tutela judicial efectiva, en aras de desarrollar una mayor plenitud en el goce de la vida y para consagrar el cometido de unidad e integración en el Estado Social de Derecho y Justicia, no puede avalar el encasillamiento de la causales para la solicitud del divorcio establecido en el artículo 185 del Código Civil, por cuanto éstas cercenan derechos fundamentales que influyen en el devenir de la vida en familia y comunidad de las personas, por ello ya no resulta necesario encontrarse inmerso en alguna de las situaciones previstas en el artículo 185 eiusdem para iniciar el procedimiento de divorcio.
…/…
Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.
Así pues, en nuestra sociedad el contrato de matrimonio nace a través de un vínculo afectivo de libre consentimiento preexistente entre dos personas de distinto sexo, mediante el cual se genera una serie de derechos y deberes con el fin de realizar una vida en comunidad.
Dentro de este orden de ideas, la institución romana del affectio maritalis trataba acerca de la voluntad de ser marido o de ser mujer, viniendo a ser el sustento fundamental del matrimonio, por lo que ha de ser continua y su ruptura desembocaba en el divorcio.
Siendo así las cosas, el afecto, proveniente del latín affectus, refiere a un sentimiento, el cual es el resultado de las emociones, hacia a alguien o algo, especialmente de amor o cariño, por lo que podemos concluir que el afecto o cariño es la principal fuente del matrimonio y de su permanencia.
Es de agregar, tal y como en la institución del affectio maritalis, dicho afecto que origina la unión de una pareja en matrimonio debe ser permanente, por cuanto éste es la fuente directa de la creación del contrato matrimonial y la existencia, de hecho, del vínculo marital depende de tal afecto.
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.
Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia él o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.
…./…
A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.
De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.
De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que, al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.
Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más, sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.
Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.
Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. En este sentido la Sala en la precitada sentencia destacó lo siguiente:
…/…
En este orden de ideas, la doctrina del divorcio solución no constituye una nueva causal de disolución del vínculo conyugal que modifique el elenco contenido en la ley, sino tan solo una concepción o explicación del divorcio como causa excepcional de extinción del matrimonio.
En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas.
En efecto, la competencia de los Tribunales es producir como juez natural conforme lo dispone el artículo 49 constitucional, una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, sin que pueda admitirse la posibilidad de que manifestada la existencia de dicha ruptura matrimonial de hecho, se obligue a uno de los cónyuges a mantener un vínculo matrimonial cuando éste ya no lo desea, pues de considerarse así se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
Mas reciente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 30 de marzo de 2017, en el expediente AA20 C 2016 000479, sobre los fundamentos de la Sala Constitucional en las antes referidas sentencias, expreso:
Se desprende de la transcripción ut supra, que la Sala Constitucional estableció para el caso de la ruptura prolongada de la vida en común, que tal como ocurre en la petición de la conversión de la separación de cuerpos por mutuo consentimiento en divorcio, que se abra una articulación probatoria para que la parte que niega la veracidad del fin de la vida en común pruebe sus dichos ante el juez, evitando así que el caso sea desechado automáticamente, todo de conformidad con el principio del libre desenvolvimiento de la personalidad, para cuyo ejercicio se requiere del consentimiento, ya que nadie puede estar casado en contra de su voluntad, y cualquier disposición de rango legal de la cual se pueda extraer otra conclusión, es contraria al Texto Fundamental.
Entonces, el cambio procedimental in commento encuentra su justificación en el hecho de que el Código Civil, que data de 1982, es previo a la Carta Política vigente y debe por tanto, adaptarse a las garantías consagradas en el constitucionalismo moderno que exigen la existencia de un debate probatorio en donde las partes puedan comprobar los hechos que le asisten, así como también controlar las pruebas evacuadas en oposición a sus posturas.
Así, de acuerdo con la interpretación realizada por la Sala Constitucional, del artículo 185-A del Código Civil, no basta la negativa del otro cónyuge para que el procedimiento termine, pues en sintonía con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo aquel que acude a un órgano jurisdiccional para formular una petición, tiene el derecho constitucional a probar los fundamentos de su solicitud. Por tanto, también el solicitante puede probar que de hecho existe la separación alegada.
Para llegar a esa conclusión, la sentencia transcrita recordó que el matrimonio se fundamenta en el libre consentimiento (artículo 77 de la Carta Política), con lo cual, ese libre consentimiento no solo opera para contraer matrimonio, sino también para no mantener la vida en común en contra de la voluntad, pero siempre mediante decisión judicial.
De esa manera, la Sala Constitucional interpretó el artículo 185-A, y resolvió un concreto aspecto procesal concluyendo que el artículo no regula un “divorcio por mutuo acuerdo”, sino un supuesto de divorcio basado en un hecho específico, como es la separación de hecho prolongada.
En ese orden de ideas, esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 9 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
Asimismo, procede esta Sala a determinar el procedimiento de divorcio, por separación de cuerpos y Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil); a seguir por el cónyuge interesado en obtener una sentencia con esa finalidad, en los siguientes casos:
Omissis
b) Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil)
Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.
Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”.
Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.
De acuerdo a los criterios antes transcritos, tenemos que si bien la Sala Constitucional acogió la tesis del divorcio solución, a los fines de poner fin a un vínculo que se ha tornado insostenible por las conductas asumidas por ambos o uno de los cónyuges, “…independientemente de que pueda atribuirse tal situación a uno de los cónyuges, de modo que no hay un culpable y un inocente..” dado que no se persigue el castigo a ninguno de sus componentes, sí ponderó que la vida social tiene una dinámica distinta a la producción de las normas que lo regulan. En efecto, las conductas de los miembros de la sociedad avanzan a un ritmo más acelerado que la creación de las normas que las tratan de regular, por lo que se impone a los jueces interpretar las normas de acuerdo a esa dinámica social, a los fines de dar primacía a los valores y principios que la misma sociedad se ha dado y que han recogido en ese contrato social denominado Constitución, en la que siempre debe tener como norte de su actuación a la persona humana, centro y fin de actuación del Estado, quien debe velar por su defensa, desarrollo y respeto a su dignidad, según lo prevé el artículo 3 Constitucional.
No en vano uno de los derechos humanos fundamentales previstos en la Constitución, es el del libre desenvolvimiento de la personalidad, a que se refiere el artículo 20, que en la vida social le permite a cada persona, actuar de acuerdo a sus convicciones propias y tomar las decisiones que mejor convengan al desarrollo de su vida, sin más limitaciones que aquellas que vayan en contra de sus pares en la sociedad.
De acuerdo a ello y a la libertad como valor fundamental inmanente a la persona humana, le permite decidir vivir en matrimonio, siempre con el consentimiento libremente manifestado de la otra persona que también ha decidido libremente hacerlo.
El matrimonio es un vínculo que permite a los cónyuges cumplir un sin número de derechos y obligaciones en plana igualdad, todos dirigidos al logro de una verdadera convivencia derivada del amor mutuo, el respeto, la solidaridad, afecto, compromiso a objeto de alcanzar fines comunes.
Ese vínculo se forma mediante el consentimiento libremente manifestado, el cual debe permanecer durante su vida, de allí que al romperse en ambos o en alguno de ellos, exista el divorcio como mecanismo para su disolución, lo cual puede devenir del libre consentimiento de los cónyuges.
Por ello, si bien desde el punto de vista de la Constitución, el Estado debe proteger a la familia y al matrimonio como una de sus instituciones fundamentales, se debe considerar que éste se basa en la libertad y en el consentimiento libremente manifestado. Desde el mismo momento en que ese consentimiento cambia en la pareja o en alguno de ellos, como una forma de manifestación del libre desenvolvimiento de la personalidad, deba existir el divorcio como medio para buscar solución a esta situación.
Es que esa libertad de la persona, le permite manifestar el consentimiento para vivir en matrimonio, esa libre voluntad debe ser suficiente para ponerle fin al vínculo, y el Estado debe procurar abrir los medios jurídicos adecuados a objeto de permitir la disolución del vínculo, en procura del bienestar no solo de sus miembros, sino de la familia y la propia sociedad.
En este caso, existe la firme voluntad del actor de querer poner fin al vínculo matrimonial y esa manifestación de voluntad que deviene del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, resulta suficiente para que se declare disuelto el vínculo matrimonial en cuestión, que permita a cada uno de las partes mantener su libertad y dediquen tiempo y esfuerzos a ser ciudadanos útiles a la sociedad y no se desgasten en una situación de conflicto que en nada contribuye a su crecimiento como personas.
Dicho esto, en el caso concreto de autos, se destaca que se han satisfecho todas las formalidades previstas en el artículo 185-A del Código Civil para declarar el divorcio solicitado. En efecto, se probó la existencia del vínculo conyugal entre las partes procesales; en la solicitud el ciudadano Pedro León Casanova Ostos, manifestó su firme voluntad de querer disolver el vínculo y se probó la separación de hecho en forma ininterrumpida desde hace más de cinco (5) años; la representación fiscal no objetó la solicitud de divorcio presentada.
V
DECISIÓN
En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara con lugar la solicitud de divorcio presentada por el ciudadano Pedro León Casanova Ostos. En consecuencia, se declara disuelto el vínculo matrimonial entre el ciudadano Pedro León Casanova Ostos, titular de la cédula de identidad número 4.226.076 y la ciudadana Leiden Antonia Villazana Guaregua, titular de la cédula de identidad número 3.956.717, en ese orden, contraído el 17 de diciembre de 1977, según acta n 55, expedida por la Oficina de Registro Civil del Municipio Piritu del estado Anzoátegui.
Ofíciese lo conducente a la Oficina de Registro Civil del Municipio Piritu del estado Anzoátegui; al Registro Civil del estado Anzoátegui y al Consejo Nacional Electoral (C.N.E.), a los fines de las anotaciones respectivas.
Liquídese la comunidad de gananciales.
Regístrese y publíquese la presente decisión, dejándose en el Tribunal copia certificada de la misma, a los fines del libro copiador llevado al efecto.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Décimo Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los 18 días del mes de mayo de 2018. Años: 208° años de la Independencia y 159° años de la Federación.
La Jueza
Abg. Damaris Ivone García
El Secretario Acc,
Kener Alexander Ortiz Peñaloza
En esta misma fecha, siendo las __________________, se registró y publicó la presente decisión.
El Secretario Acc,
Kener Alexander Ortiz Peñaloza
