REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, catorce (14) de febrero de 2019
208º y 159º
ASUNTO: AP71-R-2016-001076 (846)
PARTE ACTORA: ciudadanos MARIA ROMELIA BONILLA CABALLERO y VICTOR ALEJO RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.-5.283.841 y V.-10.487.689, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Abogado JESUS RAMIREZ MEJIAS, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.-1.511.737, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 111.
PARTE DEMANDADA: ciudadanos EDMUNDO MALDONADO DUARTE y BERTHA DE MALDONADO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.119.587 y 626.722, respectivamente. Asistidos por los abogada MIRAIDA GOMEZ DE NAVAS, titular de la cedula de identidad V.3.440.888 e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 47.289.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
-I-
Conoce esta alzada del presente juicio mediante recurso de apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte actora contra la decisión dictada en fecha 30 de junio de 2016, mediante la cual declaró sin lugar la pretensión interpuesta por la parte actora en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO siguen MARIA ROMELIA BONILLA CABALLERO y VICTOR ALEJO RODRIGUEZ, contra EDMUNDO MALDONADO DUARTE y BERTHA DE MALDONADO.
Previa distribución de ley fue recibida el recurso mediante auto de fecha 14 de noviembre de 2016, en el cual se le dio entrada y se fijo el vigésimo día de despacho para que las partes consignen los informes correspondientes.
Seguidamente, en fecha 14 de diciembre de dos mil dieciséis (2016) las partes consignaron los informes en la oportunidad proc
esal correspondiente.
Posteriormente, en fecha 11 de enero de dos mil diecisiete (2017) la parte demandada presento escrito de observaciones.
Igualmente, en fecha treinta (30) de noviembre 2017, el Juez de esta alzada se aboca a la presente causa, y ordena la notificación a las partes.
Asimismo, en fecha treinta (30) de enero de dos mil dieciocho (2018), la parte demandada se dio por notificada del abocamiento.
Ahora bien, no consta en autos otra actuación del solicitante que de impulso a la presente solicitud.
-II-
Este Tribunal para decidir observa lo siguiente:
De una revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, se constata que en fecha 30 de enero de dos mil dieciocho (2018), la parte demandada se dio por notificada del auto de abocamiento dictado en fecha treinta (30) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), en el cual el Juez de esta alzada se abocó a la presente causa, y en esta misma fecha ordenó la notificación de las partes a los fines de darle el curso legal correspondiente al presente recurso.
Al respecto, se pudo evidenciar que hasta la fecha no hubo impulso procesal correspondiente, por lo que no consta en autos alguna actuación relativa a la notificación de la parte accionante del abocamiento del juez de este despacho.
Ahora bien, como consecuencia del iter procesal ut supra, quien aquí decide debe dejar sentado lo siguiente:
Intuye el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. ...”
A este respecto, se observa que la perención a la que se refiere el encabezamiento del artículo 267 del Código de procedimiento Civil es la de la instancia, esto es, la del inicial acto de impulso del proceso como manifestación primaria del principio dispositivo y el inicio del grado de jurisdicción. Así, la instancia es lo que verdaderamente da comienzo tanto al proceso o juicio como a la aplicación por parte del órgano jurisdiccional de las reglas positivas que lo regulan...”. (cfr. CSJ, Sent. 5-3-92, en Pierre Tapia, p.187 y s.)
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos, de un lado la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios, tal como lo dice el maestro CHIOVENDA:
“Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades dirigidas a la existencia de una relación procesal” (cfr. Principios..., II, p.428). (Negritas y cursivas de esta alzada).-
En este sentido, la perención constituye una sanción contra el litigante negligente, y así para que opere esta institución se requiere el transcurso de un determinado período de tiempo y la inacción, es decir:
Tiempo: se exige un periodo de un año de inactividad en los juicios ante los Tribunales.
Inactividad: La inactividad consiste en no hacer actos de procedimientos.
Y de este modo dicha sanción trae como consecuencia, la extinción del proceso, que como bien hemos señalado, se da por haber transcurrido un año sin que el actor haya cumplido con las obligaciones que le impone la ley para dar impulso procesal a la causa, evidenciándose una clara falta de actividad y de interés procesal en la misma.
Ahora bien, vistas las actuaciones que anteceden contenidas en el expediente y por cuanto no existen elementos sobre los cuales amerite el pronunciamiento previo de este Tribunal, se acuerda hacer las siguientes consideraciones:
El artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, establece:
La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” (Negrillas de este Tribunal).-
Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:
“(…) Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer(…)”.
Asimismo, la figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador, siendo señalado por la Doctrina que esta es una de las formas anormales de terminación del proceso. Al Estado, no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad otorgándose, en consecuencia, mecanismos legislativos que permiten a las partes emplear vías extrajudiciales.
El Código de Procedimiento Civil, utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, uno, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte, y dos, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. “(…) La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil (…)”.
Entonces, en el caso particular de la perención debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos, y así lo tiene decidido la casación venezolana en decisión de fecha 27-02-2003, dictada en el exp. Nro. 1786011, ponencia del magistrado Antonio Ramírez Jiménez, en los términos que se plasman a continuación:
“…Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el solo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que solo reafirma un hecho ya cumplido…” Así se decide. (Negritas y cursivas de esta alzada).-
Conforme a lo señalado, se puede evidenciar inactividad de las partes al proceso contados a partir del último auto dictado para impulsar el proceso, verificado desde el día 30 de enero de 2018, habiendo transcurrido hasta la presente fecha once (11) de febrero de 2019, un tiempo que sobrepasa al lapso contemplado en el supuesto de hecho del encabezado del artículo 267, tomando en consideración que la parte accionante tiene la carga de impulsar la presente acción, razón por lo que este Tribunal deja expresa constancia que se verifica la perención anual desde el transcurso de las fechas anteriormente señaladas, en razón de que la parte actora tenia la carga de impulsar el proceso, este Tribunal considera que se consumó la perención de la instancia y así es como debe constar.
A mayor abundamiento cabe destacar que no se observa actuación alguna dentro de las fechas 30 de enero de 2018, exclusive, hasta el día 11 de febrero de 2019, inclusive, que mediara un interés procesal de los litigantes a la continuación del proceso de manera que a criterio de esta Alzada procede la perención de esta instancia por inactividad de partes en el proceso. Y así se decide.
-III-
Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República y por autoridad de la Ley Declara:
PRIMERO: SE DECLARA LA PERENCIÓN DE ESTA INSTANCIA en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, siguen MARIA ROMELIA BONILLA CABALLERO y VICTOR ALEJO RODRIGUEZ, contra EDMUNDO MALDONADO DUARTE y BERTHA DE MALDONADO, conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costas.
PUBLIQUESE, REGISTRESE, notifíquese y déjese copia certificada de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito Y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2019. -Años 207º de la Independencia y 159º de la Federación.
EL JUEZ,
LUIS TOMAS LEÓN SANDOVAL
EL SECRETARIO,
Abg. MUNIR JOSE SOUKI
En esta misma fecha, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), se publicó la anterior sentencia, tal como fue ordenado.
EL SECRETARIO,
Abg. MUNIR JOSE SOUKI
