SOLICITANTE: ELVIS ENRIQUE BUSTILLOS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula d identidad Nº V-15.582.445, domiciliado en Apartamento 1163, 36 Boulevard Gambetta, 92130, Issy-Les-Moulineaux, Francia.
APODERADO JUDICIAL DEL SOLICITANTE: ALVARO CARLOS HERRERA MORALES, venezolano, mayor de edad, de este domicilio titular de la cedula de identidad Nº V-20.359.254, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 187.711, según documento autenticado en fecha 19 de junio de 2015 por ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Francia, anotado bajo el Nº 48, folios 210 al 213, Protocolo único.
MOTIVO: EXEQUATUR
EXPEDIENTE: AP71-S-2015-000046 (15.153)
CAPITULO I
NARRATIVA
Se inicia la presente causa por solicitud presentada ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil quince (2015) cuya distribución correspondió a ésta alzada el conocimiento del presente juicio.
En fecha 31 del mismo mes y año, se le dio entrada a la solicitud en los libros correspondientes, se le dio cuenta al juez del asunto ingresado y se exhortó a la parte interesada a consignar los documentos que acompañó al escrito de la solicitud.
En fecha 10 de agosto de 2015, el apoderado judicial del solicitante consignó los recaudos que fueron señalados en el escrito libelar, así como el poder que acredita su representación.
Mediante auto dictado en fecha 11 de agosto de 2015, se exhortó al abogado Álvaro Herrera a consignar documento de identidad de la ciudadana Sarah Henriette.
Consignado como fue el recaudo solicitado, en fecha 22de septiembre de 2015 esta alzada se declaró competente para conocer el presente procedimiento en virtud de la resolución 212 de fecha 4 de abril de 2000 y procedió a admitir la solicitud de exequátur por cuanto de la revisión de la sentencia consignada se evidenció que no hubo contención lo que a tenor de dicha resolución le atribuye competencia a éste Juzgado Superior, acordándose en consecuencia notificar al Fiscal del Ministerio Público, y libró oficio al S.A.I.M.E. solicitando movimiento migratorio de la ciudadana Sarah Henriette.
En fecha 8 de enero de 2016, se libró boleta de notificación al Fiscal del Ministerio Público y se anexó a la misma un juego de copias certificadas del escrito de la solicitud y de los recaudos que la conforman.
En fecha 15 de enero de 2016, el alguacil del tribunal consigna el recibido de la boleta de notificación librada al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 12 de febrero de 2016, compareció ante esta alzada, la abogada María Del Milagro Da Corte Luna, en su carácter de Suplente Especial en la Fiscalía Nonagésima Séptima del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, especial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil, e Instituciones Familiares y expuso que la presente solicitud cumple con los requisitos de ley y la consideró procedente.
Por auto dictado en fecha 23 de febrero de 2016, el tribunal agregó a los autos el oficio proveniente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (S.A.I.M.E.) mediante la cual informa sobre los movimientos migratorios de la ciudadana Sarah Henriette.
Previo requerimiento de la parte solicitante, el tribunal en fecha 21 de abril de 2016, dictó auto mediante el cual se acordó la citación por carteles.
En fecha 2 de agosto de 2016, el apoderado judicial del solicitante consignó los ejemplares de los carteles de citación librado, y en esa misma fecha la Secretaría del Tribunal dejó constancia que se cumplió con las formalidades en el artículo 224 del Código Procedimiento Civil.
Mediante auto de fecha 8 de noviembre de 2016, el tribunal designó como defensor judicial al abogado Kelly Oscar Liaz Medina, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 139.592, a quien se le libró boleta de notificación.
En fecha 30 de noviembre de 2016, el Alguacil adscrito a este juzgado, consignó boleta de notificación firmada por el defensor judicial designado.
En fecha 5 de diciembre de 2016, compareció el abogado Kelly Liaz, y aceptó el cargo recaído en su persona y prestó juramento de ley.
Por auto de fecha 10 de febrero de 2017, esta Alzada acordó la citación personal del defensor Judicial mediante boleta. Se libró boleta de citación. Seguidamente el Alguacil, consignó boleta de citación firmada por el defensor judicial.
En fecha 7 de marzo de 2017, compareció el abogado Kelly Liaz, quien actúa como Defensor Judicial de la ciudadana Sarah Henriette, y consignó escrito de contestación de la demanda.
MOTIVA
Resuelto lo anterior, procede este tribunal superior al análisis de los medios probatorios aportados a los fines de la decisión respectiva y en consecuencia observa esta alzada que cursa en original marcado con el literal “A” poder otorgado por el ciudadano ELVIS ENRIQUE BUSTILLOS RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula d identidad Nº V-15.582.445, domiciliado en Apartamento 1163, 36 Boulevard Gambetta, 92130, Issy-Les-Moulineaux, Francia, al abogado ÁLVARO CARLOS HERRERA MORALES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 187.711, según documento autenticado en fecha 19 de junio de 2015 por ante el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Francia, anotado bajo el Nº 48, folios 210 al 213, Protocolo único.
Observa igualmente en copia certificada a los folios 10 al 14 (ambos inclusive) del expediente y marcado con el literal “B” Sentencia 12/00199 de fecha 08 de noviembre de 2012 emanada por el Tribunal De Gran Instancia De Nanterre, Polo de la Familia, 1era Sección, Gabinete Nº 6, Juez de Asuntos Familiares, Departamento de Hauts-de-Seine, República de Francia, mediante la cual se decretó el divorcio por mutuo acuerdo a tenor de lo establecido en los artículos 230 y siguientes del Código Civil, artículo 1082 del Código de Procedimiento Civil, y se aprobó el convenio regulador la cual quedaron anexadas al original de la sentencia. Así mismo, en copia certificada a los folios 15 al 16 (ambos inclusive) del expediente y marcado con el literal “C” el Certificado de no Recurso de Casación Nº 2013-15302, de fecha 27 de junio de 2013, emanado de la Corte de Casación de la República Francesa.
En tal sentido observa éste sentenciador que la competencia para conocer y decidir la presente solicitud la tiene atribuida en virtud de la Resolución Nº 212 de fecha 4 de abril de 2000 emanada de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial Venezolano publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.929, 10 de abril del año 2000, la cual entre otras consideraciones estableció que los Juzgados Superiores con competencia en materia Civil con jurisdicción en el último domicilio que en el territorio de la República hayan tenido los cónyuges, son competentes para otorgar el pase a las sentencias extranjeras en cuyos procesos no haya habido contención, en tal sentido se observa a los folios 17 al 18 (ambos inclusive) de la solicitud, marcado con la letra “D” copia certificada el acta de matrimonio Nº 13 de fecha 16 de mayo de 2008, expedida por el Concejo Metropolitano del Distrito Capital Municipio Bolivariano Libertador, Jefatura Civil de la Parroquia Catedral, en la cual consta que los ciudadanos Elvis Enrique Bustillos Rodríguez y Sarah Henriette Testard, contrajeron matrimonio civil.
En este orden de ideas se remite éste sentenciador al artículo 66 del Código Civil de Venezuela y evidencia que dicho artículo establece que “las personas que quieran contraer matrimonio manifestarán así ante uno de los funcionarios de la residencia de cualquiera de los contrayentes, autorizados para presenciarlo…” y lo concatena con el artículo 82 eiusdem por tratarse de un matrimonio celebrado en una época en la cual el Código Civil establecía los funcionarios autorizados para celebrarlo indicando que la autoridad competente para celebrarlo era la primera autoridad Civil de la Parroquia o Municipio, por lo cual siendo ésta alzada competente en el Área Metropolitana de Caracas posee plena competencia para otorgar el pase a la sentencia extranjera presentada por las solicitantes, debido a que el Municipio Libertador pertenece a la jurisdicción del Distrito Metropolitano de Caracas.
En el artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado se establece que a falta de los tratados de Derecho Internacional Público, serán aplicadas las disposiciones de Derecho Internacional Privado y en este caso el juridiscente debe observar los requisitos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado para conceder fuerza ejecutoria y observa que el fallo presentado emanado por el Tribunal Francés satisface las exigencias de nuestra Ley especial pues la sentencia dictada lo fue en materia civil, y de igual manera el fallo se encuentra firme según certificación expedida por el secretario de dicho juzgado en fecha 22 de noviembre de 2012, no versa sobre derechos reales sino personales, pues se decretó el divorcio de los cónyuges, el órgano jurisdiccional que profirió el fallo es competente por la materia; en relación a la citación del demandado en el caso de marras la misma no aplica por cuanto el procedimiento fue voluntario y no tiene información éste juzgado que se halle pendiente ante algún tribunal de la República un juicio sobre el mismo objeto y las mismas partes el cual haya iniciado antes de proferir la sentencia extranjera.
Habiendo establecido la competencia y observado que en principio el fallo presentado cumple con los requisitos de eficacia es importante traer a colación las causales de divorcio que nuestra norma sustantiva civil establece siendo ellas las tipificadas en el artículo 185, las cuales son: el adulterio, el abandono voluntario, los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común, el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución, la condenación a presidio, la adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, la interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común.
Pero adicionalmente se añade la separación de cuerpos en divorcio luego de un año de haberse declarado judicialmente la primera, así como la modalidad prevista en el artículo 185-A el cual permite el divorcio por el alegato de la ruptura prolongada de la vida en común durante un lapso mayor a los cinco (5) años y en este caso el divorcio puede ser solicitado por cualquiera de los cónyuges o ambos debidamente asistidos por un profesional del derecho ante el tribunal competente según el derecho Venezolano.
En tal sentido nuestra norma adjetiva civil en su artículo 755 establece: “El Tribunal no admitirá ninguna demanda de divorcio o de separación de cuerpos que no esté fundada en algunas de las causales establecidas en el Código Civil.” Dicha norma posee gran importancia en el derecho internacional privado la cual necesariamente debe ser concatenada con el artículo 23 de la Ley de derecho Internacional Privado la cual es del siguiente tenor: “El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Derecho del domicilio del cónyuge que intenta la demanda..(…)… El cambio de domicilio del cónyuge demandante sólo produce efecto después de un año de haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la residencia habitual.”, subrayado propio. Constituyendo esta norma la solución al conflicto de leyes siempre y cuando el cónyuge que intenta la demanda demuestra su domicilio antes de realizar la solicitud, con el objeto de armonizar el cambio de factor de conexión personal sustituyéndose la nacionalidad por el domicilio ello con el objetivo de evitar el fraude a la ley y a la vez dar solución a un eventual conflicto de leyes.
En este sentido a los fines de comprender el factor de conexión se observa que el artículo 11 eiusdem establece: “El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del Estado donde tiene su residencia habitual”, y el mencionado artículo 23 suministra el elemento temporal y objetivo y un elemento intencional y subjetivo y ellos son precisamente haber permanecido más de un año en el territorio del Estado y haber ingresado con el propósito de fijar en dicho estado la residencia habitual, en consecuencia no basta con que la persona tenga más de un año en el territorio de un Estado si no lo hace con el fin arriba indicado.
Ahora bien, dicho lo anterior halla altísimo interés este sentenciador en el artículo 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado sancionado por el entonces Congreso de la República de Venezuela y promulgado en Gaceta Oficial ordinaria Nº 36.511 de fecha 6 de agosto de 1998, el cual es del siguiente tenor:
“… situaciones jurídicas creadas de conformidad con un Derecho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios internacionalmente admisibles producirán efectos en la República, a no ser que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Derecho venezolano reclame competencia exclusiva en la materia respectiva, o que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del orden público venezolano.”
Así las cosas, observa éste sentenciador que el legislador del año 1998 le otorgó una protección especial al derecho del foro que en definitiva es lo que se busca proteger, pues si bien es cierto que vivimos en un mundo globalizado en el cual el tránsito de personas y de relaciones jurídicas a nivel mundial es avasallante gracias a la nuevas tecnologías si lo comparamos con las décadas de los años 70’ u 80’, no es menos cierto que para que puedan coexistir armónicamente dos ordenamientos jurídicos, los mismos no deben ser contrapuestos en extremo.
Esta referencia al orden público internacional evidenciado en nuestra normativa se debe a que ambos derechos debe existir una relación de identidad a los fines de ser aplicado internamente y así poder generar un acto jurídico válido. Para comprender lo aquí expuesto es menester echar un vistazo al pasado y observar el artículo 6 del Proyecto Arcaya el cual fue el primer proyecto de ley de Derecho Internacional Privado en el año 1912, llamado así en honor a su redactor Pedro Arcaya el cual es del siguiente tenor:
“Artículo 6: Salvo disposiciones especiales, no podrá desconocerse en la República los derechos adquiridos en el extranjero por efecto de las leyes en el respectivo país, en materias sobre las cuales tengan competencia no discutible según la ley Venezolana y siempre que su ejercicio no acarree medidas contrarias a lo dispuesto en el artículo 4”. (Lo que hoy conocemos como orden público internacional) paréntesis mío.
En la actualidad con el ánimo de ser más preciso se ha empleado el término “situaciones válidamente creadas” por “derechos adquiridos”, en tal sentido cuando una decisión que contenga elementos de extranjería deba ser aplicada en el territorio de la República debe el Juzgador celosamente antes de darle el pase verificar que ambas legislaciones sean compatibles, pues la excepción que prevé la norma es que en primer lugar se cumplan los objetivos de las normas Venezolanas de conflicto, que el derecho Venezolano no reclame la competencia exclusiva en la materia respectiva y que se considere la excepción del orden público internacional.
Como se indicó al principio de la presente motivación nuestra República no ha suscrito ningún tratado internacional con Francia relacionado con la materia que aquí se dilucida, motivo por el cual aplicamos en su plenitud la Ley de Derecho Internacional Privado, a mayor abundamiento de lo que aquí se plasma se trae a colación el artículo 8 del Tratado de Derecho Internacional Privado, mejor conocido como Código de Bustamante, suscrito por Venezuela en la Habana el 20 de febrero de 1928, que estableció: “…Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público internacional.”
Acoge este sentenciador al criterio del maestro Parra-Aranguren en el sentido que dicha norma lo que hace es dar una solución y evaluar la validez de los derechos de acuerdo con el derecho que resulte aplicable y que en consecuencia el derecho subjetivo derivara del que resulte aplicable y que el derecho que será protegido es aquel creado como consecuencia del funcionamiento de la norma de conflicto del foro (que en nuestro en caso es el artículo 185-A del Código Civil Venezolano).
En este sentido importante es destacar que la doctrina mundial contemporánea a clasificado las causales de divorcio en dos grandes vertientes a saber: el divorcio sanción y el divorcio remedio, las primeras orientadas a imponer una sanción al cónyuge que incurriera en ellas como consecuencia de su incumplimientos a los deberes conyugales y las segundas interpretadas más bien como un ayuda, alivio o solución a una situación que en vez de coadyuvar a la formación de la familia y por ende a la sociedad se tornó insostenible para los cónyuges por lo que la ley autoriza la disolución del vínculo, tal podría ser el caso Venezolano del cardinal sexto de nuestro Código Civil el cual la adicción alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común, sin embargo de la lectura de la parte in fine del artículo 191 se observa que el legislador patrio se orientó más hacia el divorcio sanción al establecer que el divorcio contencioso lo puede intentar en Venezuela el cónyuge que no haya dado causa a los motivos de ley.
En este orden de ideas, es del criterio este sentenciador que no debe haber un empeño por parte del Estado en perpetuar las uniones matrimoniales con la argumentación que el matrimonio es la base de la familia, por cuanto dicho concepto ha sido superado en la actualidad al punto de afirmar como recientemente en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14 de mayo de 2014 en el expediente Nº 14-0094 con ponencia del Magistrado ARCADIO DE JESÚS DELGADO la cual entre diversas consideraciones modificó no solamente el trámite procesal del artículo 185-A, sino que lo reinterpretó a la luz de la novísima Constitución Nacional .
En Francia los requisitos que se han de satisfacer para poder decretar el divorcio son los previstos en su artículo 230 de su Código Civil el cual confirma la voluntad y el consentimiento de ambos cónyuges divorciarse y efectuar la respectiva solicitud ante el tribunal competente.
A pesar que dicha modalidad no se contrasta del todo con el requisito previsto en nuestra legislación la cual solicita la separación de hecho por un lapso superior a cinco (5) años a diferencia al lapso de tres (3) meses de matrimonio arriba indicado, observamos que ambas legislaciones concuerdan con la intención voluntaria de los cónyuges en poner fin a su unión matrimonial y observando que contrajeron matrimonio civil el día 16 de mayo de 2008, cuyo vínculo fue disuelto en fecha 08 de noviembre de 2012, con base en el principio general del derecho consistente en la presunción de la buena fe considera éste administrador de Justicia civil que ambos conyugues permanecieron separados el lapso previsto en la legislación Venezolana y procedieron como en efecto lo hicieron a solicitar el divorcio voluntariamente ante el tribunal Francés.
Para concluir se puede afirmar que la sentencia emitida por el Tribunal De Gran Instancia De Nanterre, Polo de la Familia, 1era Sección, Gabinete Nº 6, Juez de Asuntos Familiares, Departamento de Hauts-de-Seine, República de Francia, se armoniza con la norma Venezolana de conflicto ya que observa este sentenciador que en ambos países es válido y aceptado el divorcio por solicitud voluntaria de los cónyuges lo cual a todas luces no vulnero el orden público internacional, pues el divorcio es admitido en ambos derechos.
La clave del derecho internacional privado es la tolerancia hacia el derecho extranjero y su examen con miras a su aplicación cuando procede y no su desconocimiento bajo forma de rechazo previo; el derecho que sustenta la sentencia Francesa aquí consignada compagina con el principio que sustenta la solución del derecho interno el cual otorga a los cónyuges la posibilidad de solicitar mutuamente el divorcio pues allí se halla plasmada su legítima voluntad, la cual contiene el libre consentimiento de los cónyuges, pues corre inserto en los autos poder otorgado por el ciudadano Elvis Enrique Rodríguez, al abogado Álvaro Herrera, en el cual se evidencia que el mismo fue otorgado con el fin que el precitado abogado solicitaren ante los órganos jurisdiccionales de la República, el pase legal a la sentencia dictada en Nanterre, Francia en el año 2012, que disolvió el vinculo matrimonial contraído por Elvis Enrique Bustillos Rodríguez y Sarah Henriette Testard.
En tal sentido, siendo que igualmente se presume la buena fe de los solicitantes quienes se encuentran debidamente domiciliados en Paris, Francia acudiendo en consecuencia por ante la jurisdicción francesa para solicitar su divorcio, asume este juzgado que el derecho competente para resolver lo solicitado era la jurisdicción francesa y al ser compatibles ambas legislaciones por la motivación arriba expuesta, considera éste sentenciador que lo procedente en el presente caso es otorgar el pase de la sentencia extranjera en nuestro país y en consecuencia darle fuerza ejecutiva en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, modificando en consecuencia el estado civil de los ciudadanos Elvis Enrique Bustillos Rodríguez y Sarah Henriette Testard, motivo por el cual se ordena librar copia certificada del presente fallo al Concejo Metropolitano del Distrito Capital Municipio Bolivariano Libertador, Jefatura Civil de la Parroquia Catedral. Y ASÍ SE DECIDE.
CAPITULO III
DISPOSITIVA
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: HA LUGAR la solicitud de exequátur o pase de la sentencia 12/00199 de fecha 08 de noviembre de 2012 emanada por el Tribunal De Gran Instancia De Nanterre, Polo de la Familia, 1era Sección, Gabinete Nº 6, Juez de Asuntos Familiares, Departamento de Hauts-de-Seine, República de Francia, la cual fue solicitada por el abogado ÁLVARO HERRERA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 187.711, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano LUIS ALBERTO TORRES MANZANERO, ut retro identificado, según se desprende del poder otorgado según documento otorgado en fecha 19 de marzo de 2015 por ante la Sección Consular General de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Francesa, autenticado bajo el Nº 48, folios 210 al 213, protocolo único, de los libros respectivos, por los motivos y fundamentos suficientemente vertidos en la parte motiva de la presente decisión. En consecuencia SE CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el Territorio Nacional a la Sentencia 12/00199 de fecha 08 de noviembre de 2012 emanada por el Tribunal De Gran Instancia De Nanterre, Polo de la Familia, 1era Sección, Gabinete Nº 6, Juez de Asuntos Familiares, Departamento de Hauts-de-Seine, República de Francia, en la cual se declaró disuelto el vinculo matrimonial entre los ciudadanos LUIS ALBERTO TORRES MANZANERO y SARAH HENRIETTE TESTARD, el primero venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-15.582.445, y la segunda mencionada de nacionalidad francesa, con pasaporte Nº 04CH65654, ambos domiciliados en Francia.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas a los dieciséis (16) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206º de la Independencia Nacional y 158º de la Federación.
EL JUEZ,
VÍCTOR JOSÉ GONZÁLEZ JAIMES.
LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ELVIRA REIS.
En la misma fecha, siendo las 11:30 a.m. se publicó, registró y diarizó la anterior sentencia como está ordenado, en el expediente Nº AP71-S-2015-000046 (15.153).
LA SECRETARIA,
Abg. MARIA ELVIRA REIS.
