Decisión Nº BP02-V-2016-000035 de Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito (Anzoategui), 26-01-2017

Fecha26 Enero 2017
Número de expedienteBP02-V-2016-000035
Tipo de procesoAcción Mero Declarativa
PartesEMILIANA RIVAS VS.- WILBERTO MARIÑO CRUZ
EmisorJuzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito
Distrito JudicialAnzoategui
TSJ Regiones - Decisión


REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL CIVIL DEL ESTADO ANZOATEGUI
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito
de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui
Jurisdicción: Civil – Familia
Barcelona, Veintiséis (26) de Enero de 2017
AÑOS 206º Y 157º

JURISDICCIÓN CIVIL – FAMILIA

ASUNTO: BP02-V-2016-000035

I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

A los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establecen en el presente procedimiento como partes y abogados intervinientes las siguientes personas:

Demandante: Ciudadana EMILIANA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.120.762 y de este domicilio.-

Apoderado Judicial de la parte Demandante: Ciudadana SAULIS CASTILLO, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 204.763.-

Parte Demandada: Ciudadano WILBERTO MARIÑO CRUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.675.879 y de este domicilio.-

Juicio: ACCIÓN MERO DECLARATIVA.-

Motivo: Sentencia Definitiva.-
II
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA


Mediante auto de fecha Quince [15] de Enero de 2016 se le dio ENTRADA y por auto de fecha Veintiséis [26] de Enero del 2016 se ADMITIÓ a la Demanda por Acción Mero Declarativa, interpuesta por la ciudadana EMILIANA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.120.762 y de este domicilio, debidamente asistida por el Abogado SAULIS CASTILLO, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 204.763, en contra del ciudadano WILBERTO MARIÑO CRUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.675.879 y de este domicilio.- Asimismo, se ordenó librar Compulsa para la citación de la parte demandada. Expone la parte actora lo siguiente en su escrito libelar:

“…que desde el año 1985, empecé a cohabitar o hacer vida marital en forma interrumpida, publica, pacifica y notoria, entre los familiares, relaciones sociales y vecinos de los lugares donde vivimos estos años, con el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO, de nacionalidad, venezolano, civilmente hábil, estado civil soltero, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° V- 3.790.090, cuya unión estable de hecho fue reconocida por el Consejo Comunal del sector donde habitamos en la calle 03, casa N° 5, Mayorquín 01, sector Puente Ayala, Barcelona Estado Anzoátegui, Consejo Comunal llamado NUEVO HORIZONTES emitida por el mismo en fecha Primero [01] de Noviembre del año 2015, según constancia de concubinato, valga decir treinta [30] años viviendo juntos. Ya que hasta la fecha de su muerte, treinta [30} de diciembre del año 2015, estuvo en mi custodia y a mi lado, cuyo dato de certificación de defunción quedo anotado bajo el N° 021, Folio N° 021, día 04, mes 01, del año 2016 tomo 01 que reposan en los archivos del Registro Civil, la cual acompaño con la letra B. … debo aclarar que a través de la presente acción pretendo que se declare judicialmente: la existencia de la unión concubinario que existió entre el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO [+] y mi persona EMILIANA RIVAS. Tiempo este de cohabitación que llena todos los extremos, requisitos o elementos constitutivos del concubinato como son la convivencia y cohabitación permanente, trato de cónyuge, reconocimiento publico, notorio y estable, de pareja, no solo ante particulares y amigos, sino ante nuestros familiares; fidelidad y exclusiva reciproca, conformando una familiaridad con lazos pacíficos de armonía y cariño, de ayuda y socorro mutuo, perfeccionándose así el concubinato que mantuvimos por el espacio de Treinta [30] años, es decir desde Enero de 1985 hasta la fecha de la muerte de mi concubino MANUEL ALFONSO MARIÑO [+], treinta [30] de diciembre de 2015. Lapso en el cual no tuvimos hijos, es de señalar que ambos trabajamos devengando un salario que nos permitió mantenernos, quedando así establecida la presunción de la comunidad concubinario, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el artículos 767 de nuestro Código Civil Vigente …

En Fecha Primero [01] de febrero del 2016 se recibió diligencia presentada por la ciudadana EMILIANA RIVAS, antes identificada, debidamente asistida por la abogada en ejercicio SAULIS CASTILLO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 204.763, donde confiere poder APUD ACTA a la mencionada abogada, debidamente certificado por secretaria.-

En fecha Cinco [05] de Febrero del 2016 se recibió diligencia suscrita por la abogada en ejercicio SAULIS CASTILLO inscrita en el IPSA bajo el Nº 204763, actuando como apoderada judicial de la aparte actora en el presente juicio, mediante la cual consigna copia simple para que se libre la compulsa correspondiente y pone a disposición un vehiculo para el traslado del alguacil.-

Mediante auto de fecha Veinticuatro [24 de Febrero del 2016 Se libró Compulsa para la citación del ciudadano WILBERTO MARIÑO CRUZ, parte demandanda plenamente identificado.-

En fecha Veinticuatro [24] de Febrero del 2016 Se libró EDICTO llamando a todas aquellas personas que tengan interés directo o manifiesto en el asunto planteado a hacerse parte en el presente juicio.

En fecha Veintinueve [29] de febrero del 2016 se recibió diligencia presentada por el ciudadano WILBERTO MARIÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.675.879 y de este domicilio debidamente asistido por la abogada RODELLYS MANOCHE inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 204.766, donde se da por notificado de la demanda en su contra.-

En fecha Veintinueve [29} de Febrero del 2016 se recibido diligencia suscrita por el ciudadano WILBERTO MARIÑO, parte demandada en el presente juicio, debidamente asistido por la abogada RODELLYS MANOCHE, inscrita en el IPSA bajo el No. 204766, mediante la cual confiere Poder Apud Acta a la prenombrada abogada, previa certificación por ante la secretaría del tribunal.-

En fecha Treinta y Uno [31] de Marzo del 2016 se recibió diligencia presentada por la abogada SAULIS CASTILLO inscrita en el IPSA bajo el N° 204.763, quien actúa en su carácter de autos y consigna la publicación del edicto.-

En fecha Cinco [05] de Abril del 2016, consigna a las actas procesales que conforman el presente expediente, escrito de promoción de prueba, suscrito por la abogada RODELLYS MANOCHE, inscrita en el IPSA bajo el No. 204766, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada.- La parte demandada promueve medios probatorios:

En fecha Seis [06] de Abril del 2016 se recibió diligencia presentada por la abogada SAULIS CASTILLO inscrita en el IPSA bajo el N° 204.763, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte atora, escrito de promoción de prueba.

En fecha Dieciséis [16] de Mayo 2016 Se dictó auto mediante el cual se agregaron a los autos los Escritos de Promoción de Pruebas promovidas por ambas partes.

En fecha Treinta y Uno [31] de Mayo del 2016 Se dictó auto mediante el cual se admitieron las Pruebas promovidas por ambas partes; asimismo, se fijó las 10:00 y 11:00 del tercer [3er] día de Despacho y las 10:00 del cuarto [4to] día de Despacho para que los ciudadanos NINA ADELAIDA MÚJICA, MARÍA JOSEFINA MEDRANO y JULIETA YSABEL FIGUEROA MEJÍAS, respectivamente, comparezcan por ante este Tribunal a rendir sus declaraciones.

En fecha Primero [01] de Julio del 2016 se recibió escrito presentada por la abogada SAULIS CASTILLO inscrita en el IPSA bajo el N° 204.763, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, mediante el cual solicita a este tribunal se pronuncie respecto a la declaración de los testigos, y se libre la respectiva sentencia.-

Planteados así los hechos, pasa este Tribunal a decidir conforme a los criterios expuestos en el capitulo siguiente:

III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DECIS

Los principios constitucionales que regulan la actuación de los Órganos de administración de Justicia son los que a continuación se transcriben:

Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Artículo 49. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley.
2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario.
3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete.
4. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias, o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto.
5. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La confesión solamente será válida si fuere hecha sin coacción de ninguna naturaleza.
6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes.
7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente.
8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas.
Artículo 257. El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificaran por la omisión de formalidades no esenciales.
Ahora bien, en cuanto a las nulidades, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, señala:

Artículo 206. Los jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.

Las disposiciones transcritas establecen, que el Juez es el guardián del debido proceso y debe mantener la estabilidad del juicio, evitando el incumplimiento de formalidades que produzcan indefensión de alguna de las partes, o desigualdades según la diversa condición que cada una de ellas tenga en el litigio.

Cabe destacar que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, en su estricta observancia, con materia ligada al orden público la cual no puede renunciarse ni relajarse por las partes; así pues, el proceso una vez iniciado, no es un asunto exclusivo de las partes, pues al requerirse el ejercicio de la función jurisdiccional entra en juego también el interés público en una recta y pronta administración de justicia. El timón del proceso es encomendado desde el primer momento al Juez, quien debe actuar como director, propulsor, vigilante y previsor.

Sin embargo es oportuno recalcar que uno de los principios fundamentales de la Constitución de 1999, en su artículo 2º proclama que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia. Con este principio nuestra Constitución se ha incorporado a la corriente del “Constitucionalismo Social”, que define al Estado Social de Derecho, como aquel Estado que proporciona bienestar al ciudadano, buscando y logrando satisfacer necesidades básicas del colectivo, tales como: salud, educación, vivienda, pensiones, trabajo, justicia, entre otros derechos fundamentales del hombre. Esta corriente descansa en la premisa de la fuerza vinculante que existe entre la realidad social, el derecho y la justicia, e impone la observación sociológica de los hechos para inferir la veracidad de la realidad misma, en el sentido trascendente que los mismos tienen en la sociedad y sus exigencias, a cuyo servicio debe estar el derecho y la justicia.

En el ámbito judicial el Estado Social de Derecho y de Justicia, concede poderes al Juez, a través de un amplio margen de discrecionalidad, que pareciera le autoriza para proceder en justicia conforme a su leal saber y entender, como lo hace el jurado; sin embargo, no hasta el extremo de abandonar el principio de legalidad, es decir, el Juez sigue sujeto a la Ley, pero con la posibilidad de no someterse a ella, si así se lo aconseja el sentido práctico del sentimiento de justicia, al momento de buscarla y realizarla.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01/02/2000, es concluyente al respecto:

“…El Estado Venezolano es, conforme a la vigente Constitución, un estado de Derecho y de Justicia, lo que se patentiza en que las formas quedan subordinadas a las cuestiones de fondo, y no al revés (Art. 257 de la Vigente Constitución)...”

Así mismo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 15 de Marzo de 2000, expuso:

“…Nuestro texto constitucional, sin dejar de lado esta discusión, propone que el proceso es un instrumento para realizar la justicia. Asumir que lo jurídico es social y que lo social es jurídico. En ese sentido, la finalidad última del proceso es la realización de la justicia solucionando los conflictos sociales, y no la obtención de mandatos jurídicos que se convierten en meras formas procesales establecidos en las leyes, sin dar satisfacción a la demanda social, quedando la justicia subordinada al proceso…”

Esto significa que hoy, la Constitución nos impone abandonar la concepción liberal del proceso que teníamos desde hace muchos años y a través de un cambio radical en esta materia, nos ha colocado a la altura de los últimos pasos que da el derecho procesal moderno. Hoy los más avanzados procesalistas coinciden en la concepción social del proceso, lo que trae como consecuencia un cambio en la posición del Juez frente a la Ley.

Este Jurisdicente a los fines de garantizar el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como resguardar los derechos fundamentales garantizados y establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, pasa a analizar bajo esta óptica las actas procesales que conforman el presente expediente:


El artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela equipara las uniones estables entre un hombre y una mujer, que cumplan con los requisitos de Ley, a la institución del matrimonio.

Artículo 77. Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio.


Por su parte el Artículo 767 del Código de Procedimiento Civil establece la presunción de la comunidad concubinaria, salvo prueba en contrario.

Artículo 767.- Se presume la comunidad, salvo prueba en contrario, en aquellos casos de unión no matrimonial, cuando la mujer o el hombre en su caso, demuestre que ha vivido permanentemente en tal estado aunque los bienes cuya comunidad se quiere establecer aparezcan a nombre de uno solo de ellos. Tal presunción sólo surte efectos legales entre ellos dos y entre sus respectivos herederos y también entre uno de ellos y los herederos del otro. Lo dispuesto en este artículo no se aplica si uno de ellos está casado.

En casos análogos como el sujeto a estudio por este operador de justicia, el Máximo Tribunal del País ha asentado los criterios que parcialmente se transcriben a continuación.

La Sala Constitucional en sentencia Nº 1682 de fecha 15 de julio de 2005, caso Carmela Mampieri Giuliani, exp. Nº 04-3301, dejó establecido lo siguiente:

“…El concubinato es un concepto jurídico, contemplado en el artículo 767 del Código Civil, y tiene como característica –que emana del propio Código Civil- el que se trata de una unión no matrimonial (en el sentido de que no se han llenado las formalidades legales del matrimonio) entre un hombre y una mujer solteros, la cual está signada por la permanencia de la vida en común (la soltería viene a resultar un elemento decisivo en la calificación del concubinato, tal como se desprende del artículo 767 de Código Civil y 7, letra a) de la Ley del Seguro Social).

Se trata de una situación fáctica que requiere de declaración judicial y que la califica el juez, tomando en cuenta las condiciones de lo que debe entenderse por una vida en común.
Además de los derechos sobre los bienes comunes que nacen durante esa unión (artículo 767 eiusdem), el artículo 211 del Código Civil, entre otros, reconoce otros efectos jurídicos al concubinato, como sería la existencia de la presunción “pater ist est” para los hijos nacidos durante su vigencia . (Negrillas del texto)
Dado lo expuesto, para la Sala es claro que actualmente el concubinato que puede ser declarado tal es aquel que reúne los requisitos del artículo 767 del Código Civil, y él viene a ser una de las formas de uniones estables contempladas en el artículo constitucional, ya que cumple los requisitos establecidos en la ley (Código Civil), para ser reconocido como tal unión. Por ahora –a los fines del citado artículo 77-el concubinato es por excelencia la unión estable allí señalada, y así se declara…omissis…

Señalado lo anterior, debe la Sala señalar cuáles de los efectos del matrimonio son aplicables a las “uniones estables de hecho entre hombre y mujer”, de conformidad con la petición de la accionante, siendo necesario apuntar que aunque el concubinato es un tipo de unión estable, por ser él la figura regulada en la Ley, a él se referirá la Sala indistintamente como “unión estable” o concubinato, pero reconociendo que dentro del concepto de unión estable pueden existir tipos diferentes al concubinato. La Sala con fines de abarcar ambas clases de uniones, y por tanto al género, utilizará el término de unión estable en este fallo, para referirse a todas las posibilidades, incluida el concubinato.

En primer lugar considera la Sala que, para reclamar los posibles efectos civiles del matrimonio, es necesario que la “unión estable” haya sido declarada conforme a la ley, por lo que se requiere una sentencia definitivamente firme que la reconozca.

En la actualidad, es necesaria una declaración judicial de la unión estable o del concubinato; dictada en un proceso con ese fin; la cual contenga la duración del mismo, lo que facilita, en caso del concubinato, la aplicación del artículo 211 del Código Civil, ya que la concepción de un hijo durante la existencia del mismo, hace presumir que el concubino es el padre del hijo o hija, por lo que la sentencia declarativa del concubinato debe señalar la fecha de su inicio y de su fin, si fuera el caso; y reconocer, igualmente, la duración de la unión, cuando ella se ha roto y luego se ha reconstituido, computando para la determinación final, el tiempo transcurrido desde la fecha de su inicio.…omissis…

Ahora bien, como no existe una acción de separación de cuerpos del concubinato y menos una de divorcio, por tratarse la ruptura de la unión de una situación de hecho que puede ocurrir en cualquier momento en forma unilateral, los artículos 191 y 192 del Código Civil resultan inaplicables, y así se declara; sin embargo, en los procesos tendientes a que se reconozca el concubinato o la unión estable, se podrán dictar las medidas preventivas necesarias para la preservación de los hijos y bienes comunes.”. .

ANALISIS DE LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR LAS PARTES:

En el caso que nos ocupa las pruebas documentales presentadas por la parte actora fueron:
En fecha Seis [06] de Abril del 2016 se recibió diligencia presentada por la abogada SAULIS CASTILLO inscrita en el IPSA bajo el N° 204.763, quien actúa en su carácter de apoderada judicial de la parte atora, escrito de promoción de prueba.

CAPITULO I DEL MERITO FAVORABLE DE LOS AUTOS
Reprodujo el merito favorable de las pruebas que corren insertos en el expediente e invoco el principio de la comunidad de la prueba en todo cuanto pueda favorecerme.´´

En relación a la misma, el Tribunal no aprecia la misma por cuanto de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia patria, reproducir el merito de los autos de forma genérica no es considerado como un medio probatorio. Asi se declara.

En relación al principio de comunidad de la prueba, el mismo se erige como un principio fundamental del proceso, pero el mismo no constituye un medio probatorio. Asi se declara.

CAPITULO II DE LAS DOCUMENTALES QUE CORREN INSERTOS EN AUTOS DEL EXPEDIENTE Y QUE RATIFICO SU PLENO VALOR FAVORABLE.
Ratificó en todas y cada una de sus partes la prueba documental que corren insertas en sus originales en los folios del expediente y que están consignados en el siguiente orden:

Del documento promovido con el escrito de solicitud de Acción Mero Declarativa de la Comunidad Concubinaria: Ratifico e invoco el pleno valor probatorio del Documento denominado CONSTANCIA DE CONCUBINATO, la cual fue emitida por el Consejo Comunal ”NUEVOS HORIZONTES” del sector Puente Ayala, Mayorquín 01, Barcelona Estado Anzoátegui, de fecha primero [01] de Noviembre del año 2015, según constancia que fue marcada con la letra “A”. Donde se evidencia que el ciudadano MANUEL ALFONZO MARIÑO [+] y la ciudadana EMILIANA RIVAS ampliamente identificada estuvieron domiciliados en la calle 03, casa N° 5, Mayorquín 01, sector Puente Ayala, Barcelona Estado Anzoátegui y donde mantuvieron una unión concubinario por Treinta años.-
Dicha prueba es apreciada como un indicio, por cuanto es una Constancia de Concubinato expedida por el Consejo Comunal “NUEVOS HORIZONTES” del sector Puente Ayala, Mayorquín 01, Barcelona Estado Anzoátegui, pero sin embargo no aparece una manifestación inequívoca de los mencionados concubinos suscrita por ellos mismos, sino firmada por los integrantes de dicho consejo Comunal, de conformidad con lo establecido en el articulo 507 del Código de Procedimiento Civil. Asi se declara.

Del Documento Publico Promovido con el escrito de Solicitud de Acción Mero Declarativa de Comunidad Concubinaria: Ratifico e invoco el pleno valor probatorio del Documento Publico marcado letra “B”, Acta de defunción que esta anexa en Copia Certificada, con lo que se pretende demostrar que el ciudadano MANUEL ALFONZO MARIÑO… y la ciudadana EMILIANA RIVAS se encontraban viviendo con el para el momento de si muerte y encargándose la misma de su enfermedad y posteriormente de los tramites pertinentes para su inhumación, … ya que mantenían una relación estable, continua y permanente, lo que deja muy evidente la asistencia económica, moral afectiva que se ofrecían mutuamente, con la consignación de este documento…. “
Esta prueba es apreciada por el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por ser copia certificada de documento publico expedida por autoridad competente conforme a la Ley. Asi se declara.

CAPITULO III DE LAS PRUEBAS QUE SE INCORPORAN AL PROCESO. Alos efectos probatorios y de demostrar ante este tribunal que el ciudadano MANUEL ALFONZO MARIÑO [+] hombre de recto proceder y que solo mantuvo una relación de concubinato con mi representada la ciudadana EMILIANA RIVAS, procedo a ofrecer las siguientes pruebas testimoniales:

TESTIMONIALES:
1] NINA ADELAIDA MUJICA: venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 5.273.865,…
2] MARIA JOSEFINA MEDRANO: venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 5.965.332,…
3] JULIETA YSABEL FIGUEROA MEJIAS: venezolana, mayor de edad, Titular de la cedula de identidad Nro. 8.244.614…”


En fecha Trece [13] de Junio del 2016, Siendo las Diez (10:00 a.m.) de la mañana, fecha y hora fijada, tuvo lugar la declaración de la ciudadana, NINA ADELAIDA MÚJICA, titular de la cedula de identidad Nro. 5.273.865, testigo promovida por la parte actora. Se deja constancia de que no compareció la parte demandada ni por si, ni por medio de Apoderados. Declarando lo siguiente, la cual texta:

“…PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo Si conoció suficientemente de vista trato y comunicación a el de cujus MANUEL ALFONSO MARIÑO?. Contestó la testigo: “si lo conocí”. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo, si por ese conocimiento sabe y le consta que el prenombrado ciudadano, hombre de correcto proceder solo mantuvo una relación de concubinato con la ciudadana EMILIANA RIVAS?. Contestó la testigo: “si, tengo conociéndolos mas de 30 años, nunca le conocí hijos a el, ni ellos tuvieron hijos en los años que estuvieron juntos”. TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo: si por ese conocimiento sabe que el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO y la ciudadana EMILIANA RIVAS, convivieron con todas las características propias del concubinato por un aproximado de 30 años, en el siguiente domicilio, calle 3, casa Nº 5, Mayorquín I, sector Puente Ayala, Barcelona. Contestó la testigo: “si, porque yo vivo allí, son mis vecinos”. CUARTA PREGUNTA: Diga la testigo: si el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO, se encontraba conviviendo con la ciudadana EMILIANA RIVAS y bajo su cuidado hasta el momento de su muerte ocurrida el 30 de diciembre de 2015? .Contestó la testigo: “si ”. QUINTA PREGUNTA: Diga la testigo: si el de cujus MANUEL ALFONSO MARIÑO, y la ciudadana EMILIANA RIVAS, procrearon hijos? Contestó la testigo: “no”. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo: si tiene conocimiento de algún familiar directo que haya dejado el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO? Contestó la testigo “no, solo un primo que tenia“.

En fecha Trece [13] de Junio del 2016, Siendo las Once (11:00 a.m.) de la mañana, fecha y hora fijada, tuvo lugar la declaración de la ciudadana, MARIA JOSEFINA MEDRANO, titular de la cedula de identidad Nro. 5.965.332, testigo promovida por la parte actora. Se deja constancia de que no compareció la parte demandada ni por si, ni por medio de Apoderados. Declarando de la siguiente manera:

”… PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo: Si conoció suficientemente de vista trato y comunicación a el de cujus MANUEL ALFONSO MARIÑO?. Contestó la testigo: “si, si lo conocí”. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo, si por ese conocimiento sabe y le consta que el prenombrado ciudadano, hombre de correcto proceder solo mantuvo una relación de concubinato con la ciudadana EMILIANA RIVAS?. Contestó la testigo: “si, es cierto”. TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo: si por ese conocimiento sabe que el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO y la ciudadana EMILIANA RIVAS, convivieron con todas las características propias del concubinato por un aproximado de 30 años, en el siguiente domicilio, calle 3, casa Nº 5, Mayorquín I, sector Puente Ayala, Barcelona. Contestó la testigo: “si, es cierto”. CUARTA PREGUNTA: Diga la testigo: que relación tenia usted con los ciudadanos EMILIANA RIVAS y MANUEL ALFONSO MARIÑO. Contestó la testigo: somos vecinos, aproximadamente desde hace 25 años”. QUINTA PREGUNTA: Diga la testigo: si el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO, se encontraba conviviendo con la ciudadana EMILIANA RIVAS y bajo su cuidado hasta el momento de su muerte ocurrida el 30 de Diciembre de 2015? .Contestó la testigo: “ si, yo los acompañe los últimos tres meses que estuvo grave ”. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo: si el de cujus MANUEL ALFONSO MARIÑO, y la ciudadana EMILIANA RIVAS, procrearon hijos? Contestó la testigo: “lamentablemente no, no procrearon”. SEPTIMA PREGUNTA: Diga la testigo: si tiene conocimiento de algún familiar directo que haya dejado el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO? Contestó la testigo “sus padres murieron el único que queda vivo es WILBERTO MARIÑO CRUZ”.”

En fecha Catorce [14] de Junio del 2016, Siendo las Diez (10) de la mañana, fecha y hora fijada, tuvo lugar la declaración de la ciudadana, JULIETA YSABEL FIGUEROA MEJIAS, titular de la cedula de identidad Nro. 8.244.514, testigo promovida por la parte actora. Se deja constancia de que no compareció la parte demandada ni por si, ni por medio de Apoderados. Rindiendo de la siguiente manera:

“…PRIMERA PREGUNTA: Diga la testigo: Si conoció suficientemente de vista trato y comunicación a el de cujus MANUEL ALFONSO MARIÑO?. Contestó la testigo: “si”. SEGUNDA PREGUNTA: Diga la testigo, si por ese conocimiento sabe y le consta que el prenombrado ciudadano, hombre de correcto proceder solo mantuvo una relación de concubinato con la ciudadana EMILIANA RIVAS?. Contestó la testigo: “si”. TERCERA PREGUNTA: Diga la testigo: si por ese conocimiento sabe que el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO y la ciudadana EMILIANA RIVAS, convivieron con todas las características propias del concubinato por un aproximado de 30 años, en el siguiente domicilio, calle 3, casa Nº 5, Mayorquín I, sector Puente Ayala, Barcelona. Contestó la testigo: “si estuvieron conviviendo treinta años”. CUARTA PREGUNTA: Diga la testigo: que relación tenia usted con los ciudadanos EMILIANA RIVAS y MANUEL ALFONSO MARIÑO. Contestó la testigo: ”vecina”. QUINTA PREGUNTA: Diga la testigo: si el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO, se encontraba conviviendo con la ciudadana EMILIANA RIVAS y bajo su cuidado hasta el momento de su muerte ocurrida el 30 de Diciembre de 2015? .Contestó la testigo: “si estuvieron conviviendo y si estuvo bajo el cuidado de ella”. SEXTA PREGUNTA: Diga la testigo: si el de cujus MANUEL ALFONSO MARIÑO, y la ciudadana EMILIANA RIVAS, procrearon hijos? Contestó la testigo: “no”. SEPTIMA PREGUNTA: Diga la testigo: si tiene conocimiento de algún familiar directo que haya dejado el ciudadano MANUEL ALFONSO MARIÑO? Contestó la testigo “no, un primo”.


Estas testimoniales son apreciadas por el Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 508 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto son tres (03) deposiciones de testigos hábiles y contestes en afirmar que la ciudadana EMILIANA RIVAS y el fallecido ciudadano MANUEL ALFONSO MARINO, mantuvieron una RELACION ESTABLE DE HECHO O CONCUBINARIA por treinta años, Asi se declara.

Por todos los elementos de convicción presentados en el presente proceso, queda evidenciado que efectivamente entre la ciudadana EMILIANA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.120.762 y de este domicilio y el fallecido ciudadano WILBERTO MARIÑO CRUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.675.879 y de este domicilio, existió una UNION ESTABLE DE HECHO desde el año 1985 hasta la fecha de fallecimiento del referido ciudadano ocurrida en fecha 30 de Diciembre de 2015, tal como se declarara en la parte dispositiva del presente fallo. Asi se declara.

IV
DECISIÓN

En mérito de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito, actuando en Sede Constitucional, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se pronuncia en los siguientes términos:
PRIMERO: Se DECLARA CON LUGAR la presente demanda por Acción Mero Declarativa, interpuesta por la ciudadana EMILIANA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 3.120.762 y de este domicilio, en contra del ciudadano WILBERTO MARIÑO CRUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.675.879 y de este domicilio.- Así se decide.
SEGUNDO: En consecuencia se declara que existió una UNION ESTABLE DE HECHO O UNION CONCUBINARIA entre la ciudadana EMILIANA RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 3.120.762 y de este domicilio y el fallecido ciudadano WILBERTO MARIÑO CRUZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.675.879 y de este domicilio, por Treinta (30) años, vale decir, desde el año 1985 hasta la fecha de fallecimiento del referido ciudadano ocurrida en fecha 30 de Diciembre de 2015. Asi se decide.-

TERCERO: De conformidad con lo establecido en al último aparte del artículo 507 del Código Civil, se ORDENA publicar en el Diario “Metropolitano” de la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, la dispositiva del presente fallo. Así se decide.

CUARTO: No hay condenatoria en costas por el carácter especial del presente procedimiento. Así se decide.

Publíquese. Regístrese. Déjese copia de esta decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y de Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui. Barcelona, a los Veintiséis (26) días del mes de Enero del año dos mil Diecisiete [2017]. Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

El Juez Temporal,


Dr. Alfredo José Peña Ramos La Secretaria Titular,


Dr. Judith Milena Moreno Sabino


En esta misma fecha, siendo las Diez y Cuarenta y Cinco Minutos de la mañana (10:45, a.m.), se dictó y publicó la anterior decisión.- Conste.-

La Secretaria Titular,


Dr. Judith Milena Moreno Sabino






















AJPR/Stefhany M.-

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