Decisión nº 243-D-8-12-2011 de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de Falcon, de 8 de Diciembre de 2011
| Fecha de Resolución | 8 de Diciembre de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores |
| Ponente | Anaid Carolina Hernandez |
| Procedimiento | Declinatoria De Competencia |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO,
T.D.L.C.J.
DEL ESTADO FALCÓN
EXPEDIENTE N°: 5135
DEMANDANTE: B.M.P.D.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.864.094.
ABOGADA ASISTENTE: M.V.M., inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 47.997.
DEMANDADO: M.F.P. y OSTIN M.P., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-1.419.519 y V-18.167.906 respectivamente.
APODERADOS JUDICIALES: M.L.D.N., en su carácter de DEFENSORA PÚBLICA SEGUNDA AGRARIA DEL ESTADO FALCÓN.
ASUNTO: QUERELLA INTERDICTAL RESTITUTORIA
De la revisión realizada al presente expediente, el cual fue recibido por apelación ejercida por el Defensor Público agrario Primero del estado Falcón, Abogado C.A.P.A., en representación del co-demandado ciudadano M.F.P., en contra de la decisión de fecha 28 de Julio de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de esta Circunscripción Judicial, y a los fines de pronunciarse sobre la competencia de este Tribunal en la presente causa, y de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se observa lo siguiente:
Del libelo de demanda se evidencia que la acción intentada está referida a una acción reivindicatoria cuyo objeto es un inmueble constituido por unas bienhechurías compuestas por cercas de alambre de púas y estantillos de madera, contenidas en su interior árboles frutales, ubicados en el Caserío La Montaña de Tocópero del estado Falcón, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: potrero que es o fue de J.C., Sur: su frente, vía de comunicación que conduce a Tocópero, Este: terreno de J.P., y Oeste: bienhechurías de R.G.. Manifiesta el demandante que dichas bienhechurías han sido invadidas y ocupadas por los demandados, quienes actuando de mala fe comenzaron a construir sin ningún título que les acredite la propiedad, por lo que demanda a objeto de que le sea restituido sin plazo el inmueble invadido. Al respecto observa esta alzada que no obstante lo anterior, es decir, que se demandó una acción reivindicatoria, el tribunal a quo admitió y tramitó la presente acción como querella interdictal restitutoria, y aunque esta cuestión no será dilucidada en esta oportunidad, no puede esta juzgadora inadvertir esta situación. Igualmente al folio 81 corre inserto escrito de contestación de la demanda, donde la Defensora Pública Segunda Agraria del estado Falcón, indica que el lote de terreno objeto del litigio es un predio caracterizado por ser tierras con vocación agrícola, que tiene una caracterización agro productiva, el cual según su vocación de uso de suelos y de acuerdo al plan de ordenación del territorio del estado Falcón 2004, se encuentra en un área en la que se desarrollan actividades agrícolas y turísticas de manera armónica, lo cual se evidencia de los documentos anexos a los folios 91 al 102 de la I pieza.
La competencia para el conocimiento de las causas agrarias está perfectamente delimitada en el artículo 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al establecer que los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, lo que hace el legislador en forma enunciativa y no taxativa, al indicar en su ordinal 15° “En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria”.
Sobre este particular, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció en sentencia de fecha 29 de Julio de 2009, en el expediente N° AA10-L-2008-000164, mediante la cual ratificó el cambio de criterio de la Sala Especial Agraria con respecto a los requisitos para considerar que una causa deba ser conocida por la jurisdicción especial agraria, pronunciándose de la siguiente manera:
En ese sentido, estima la Sala que la materia propia de la especial jurisdicción agraria (entendida como ámbito competencial) se configura en función del objeto sobre el cual versan las pretensiones que ante ella pueden deducir los particulares, y no en virtud de la naturaleza de la pretensión en sí, la cual, al igual que en el ámbito civil ordinario, puede ser declarativa, petitoria, reivindicatoria, posesoria o de cualquier otra naturaleza.
Así pues, para determinarse la competencia de los tribunales de la jurisdicción agraria debe precisarse el objeto sobre el cual versan las pretensiones deducidas. Esta afirmación es consecuente con lo señalado por esta Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 200 de fecha 14 de agosto de 2007, en la cual subrayó que la competencia de los órganos de la jurisdicción agraria está determinada, en definitiva, por todas aquellas controversias en las que pueda verse afectada la producción agroalimentaria, de manera que lo determinante, no es la naturaleza de la pretensión en sí, sino que debe atenderse al objeto sobre el cual recae dicha pretensión, y si se trata en un determinado caso de una pretensión que tiene por objeto un bien sobre el cual se ejerce actividad agrícola, es entonces que podrá afirmarse la competencia de la jurisdicción agraria sobre esa determinada causa. En este sentido el mencionado fallo de esta Sala Plena apuntó, concretamente, lo siguiente:
(…) En sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, número 442 del 11 de julio de 2002, se establecieron los requisitos necesarios para determinar la naturaleza agraria de las causas que debían ser conocidas por dicha jurisdicción, indicando:
‘…para resolver el presente conflicto de competencia sustancial, se tendrá como norte la naturaleza del mismo, en función de la actividad agraria realizada, de manera que debe cumplirse con dos requisitos que determinan la competencia genérica de los Juzgados Agrarios, que son: A) Que se trate de un inmueble (predio rústico o rural) susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) Que ese inmueble no haya sido calificado como urbano, o de uso urbano, por lo tanto ambos requisitos legales deben cumplirse en forma concomitante para que proceda la competencia del Tribunal Agrario’.
Posteriormente, este criterio atributivo de competencia de los tribunales agrarios fue extendido a aquellos casos en los cuales exista un inmueble susceptible de actividad agropecuaria en predios urbanos. En este sentido, la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social, precisó lo siguiente:
‘Actualmente, esta Sala Especial Agraria luego de realizar un estudio profundo a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aunado al avance de la jurisprudencia de este Alto Tribunal, estableció que para que sea determinada la competencia genérica de los Juzgados Agrarios se tendrá como norte la naturaleza del conflicto en función de la actividad agraria realizada, debiendo cumplir el mismo con los siguientes requisitos: A) Que se trate de un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad y B) que dicho inmueble esté ubicado en el medio urbano o en el medio rural, indistintamente.
…omissis…
Conforme a lo antes expuesto, todos los inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria gozan de la protección especial que consagra la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, independientemente de que los mismos estén ubicados en poligonales urbanas o rurales.
Por otro lado, ha señalado la Sala Constitucional que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, antes citados, se desprende que el legislador ha establecido 'en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)’ (subrayado añadido) (sentencia número 5047 del 15 de diciembre de 2005, caso H.L.C.).
…omissis…
Así, aprecia este órgano judicial que, independientemente de la mención que se señala en el libelo en cuanto a calificar el inmueble objeto de la pretensión como urbano, es lo cierto que, según el contenido de la propia solicitud y de las resultas de la inspección extra litem que acompaña a dicho libelo (folios 22 al 40), puede deducirse que se trata en este caso de un inmueble con evidente vocación agraria y sobre el cual se ejerce esa actividad. Así, se observa que los demandantes denuncian la tala de las especies vegetales existentes en el inmueble, lo cual ha sido corroborado en las declaraciones de testigos que igualmente acompañan al escrito libelar. Además, la mencionada inspección pone en evidencia que el inmueble en cuestión no se encuentra urbanizado, sino que se trata obviamente de un inmueble rústico.
De conformidad con todo lo anterior, se concluye que el inmueble objeto de la presente causa tiene una evidente vocación agraria al realizarse sobre el mismo tal actividad, por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 208, numerales 7 y 15, de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, determina la competencia de los órganos de la jurisdicción agraria para conocer de la presente solicitud. Así se declara. (Subrayado y negrillas del Tribunal)
Como se puede claramente apreciar, el cambio de criterio radica en que no se debe tomar en cuenta, a los fines de determinar la competencia del Tribunal Agrario, la naturaleza de la pretensión sino la función del objeto sobre el cual versan las pretensiones que ante ella pueden deducir los particulares, siendo entonces los requisitos para determinar la competencia agraria los siguientes: a) Que se trate de un inmueble susceptible de explotación agropecuaria donde se realice actividad de esta naturaleza y que la acción que se ejercite sea con ocasión de esta actividad. b) Que dicho inmueble esté ubicado en el medio urbano o en el medio rural, indistintamente.
En el caso sub judice, se observa que el objeto de la pretensión es que se le restituya al demandante la propiedad de un inmueble constituido por unas bienhechurías compuestas por cercas de alambre de púas y estantillos de madera, contenidas en su interior árboles frutales, ubicados en el Caserío La Montaña de Tocópero del estado Falcón, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: potrero que es o fue de J.C., Sur: su frente, vía de comunicación que conduce a Tocópero, Este: terreno de J.P., y Oeste: bienhechurías de R.G.; el cual constituye el objeto del presente litigio, y fue alegado que el mismo está constituido por tierras con vocación agrícola, que tiene una caracterización agro productiva el ejercicio de actos posesorios y de producción; además de evidenciarse que el mismo se encuentra ubicado en el medio rural.
Ahora bien, por cuanto la presente causa fue intentada por un particular contra también particulares, y en atención al criterio jurisprudencial antes trascrito, en concordancia con el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se puede determinar que la naturaleza de la acción es eminentemente agraria, considerando quien aquí se pronuncia que este tipo de reclamaciones corresponde al conocimiento de la jurisdicción agraria; por lo que habiendo conocido en primera instancia el Tribunal a quo con competencia agraria, el procedimiento en segunda instancia le corresponde al Juzgado Superior Agrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 240 ejusdem. Y si bien es cierto este Tribunal es el Superior de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, lo es solamente en materia civil, mercantil y tránsito, en virtud que en materia agraria el Superior de la circunscripción es el Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los estados Zulia y Falcón con sede en Maracaibo, estado Zulia. Por lo que siendo así, este Juzgado no es competente para conocer del presente recurso de apelación.
En tal sentido, por los razonamientos precedentemente expresados, y de acuerdo a la facultad conferida por el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este Tribunal declara que NO ES COMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA para conocer el presente recurso, en tal virtud DECLINA COMPETENCIA AL JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE LOS ESTADOS ZULIA Y FALCÓN con sede en Maracaibo, estado Zulia. En consecuencia, remítase con oficio expediente original al Tribunal declarado como competente a los fines de que conozca de la presente apelación. Líbrese oficio.-
Regístrese, publíquese inclusive en la página web, déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior, en la ciudad de S.A.d.C., a los ocho (8) días del mes de diciembre de dos mil once (2011). Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,
(FDO)
Abg. A.H.Z.
LA SECRETARIA TEMPORAL,
(FDO)
Abg. YELIXA TORRES BRIZUELA
Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 8/12/2011, a la hora de las dos de la tarde (2:00 p.m.). Se dejó copia certificada en el libro copiador de sentencias. Conste Coro. Fecha Ut- Supra.
LA SECRETARIA,
(FDO)
Abg. YELIXA TORRES BRIZUELA
Sentencia Nº 243-D-8-12-2011
AHZ/YTB.-
Exp. Nº 5135.-
ES COPIA FIEL Y EXACTA A SU ORIGINAL.
