Decreto Nº 1.407, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos.( Véase Nº 6.155 Extraordinario de la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, de esta misma fecha)

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo y el engrandecimiento del país, basado en los principios humanistas y en las condiciones morales y éticas bolivarianas, por mandato del pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo dispuesto en los literales "a" y "b" del numeral 1 del artículo 1º de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, en Consejo de Ministros.

DICTO

El siguiente,

DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE

REFORMA PARCIAL DEL DECRETO CON RANGO, VALOR

Y FUERZA DE LEY ORGÁNICA DE BIENES PÚBLICOS

Artículo 1º Se modifica el contenido del artículo 4º referente a los órganos y entes que conforman el Sector Público, el cual queda redactado en los términos siguientes:

"Órganos y entes que conforman el Sector Público

Artículo 4º Para los efectos del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, el Sector Público comprende los órganos y entes que a continuación se detallan:
  1. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional.

  2. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Estadal.

  3. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Distritos y Distritos Metropolitanos.

  4. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Municipal y en las demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal.

  5. Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público en los Territorios Federales y Dependencias Federales.

  6. Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.

  7. El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.

  8. Las Universidades Públicas.

  9. Las sociedades mercantiles en las cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Quedarán comprendidas además, las sociedades de propiedad totalmente estatal; cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.

  10. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social.

  11. Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.

  12. Las sociedades de cualquier naturaleza en las cuales las personas a que se refieren los numerales anteriores tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquéllas.

  13. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas a que se refieren los numerales anteriores representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto."

Artículo 2º Se incorpora el numeral 6 en el artículo 5º, referente a Definición, el cual queda redactado en los términos siguientes: "Definición
Artículo 5º Se consideran Bienes Públicos:
  1. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos, de dominio público o de dominio privado, que hayan adquirido o adquieran los órganos y entes que conforman el Sector Público, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan.

  2. Los bienes, mercancías o efectos, que se encuentran en el territorio de la República y que no tienen dueño.

  3. Los bienes muebles e inmuebles, títulos valores, acciones, cuotas o participaciones en sociedades y demás derechos provenientes de las herencias yacentes.

  4. Las mercancías que se declaren abandonadas.

  5. Los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitiva y los que mediante sentencia firme o procedimiento de ley sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.

  6. Los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Estado venezolano, que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia del servicio exterior.

    Dentro de los Bienes Públicos, se establecen las siguientes categorías:

    1. Bienes Nacionales. Son Bienes Nacionales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de la República, de los institutos autónomos y de las empresas del Estado, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones del Estado.

    2. Bienes Estadales. Son Bienes Estadales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los estados, de los institutos autónomos y de las empresas estadales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones estadales.

    3. Bienes Municipales. Son Bienes Municipales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los municipios, de los institutos autónomos y de las empresas municipales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones municipales.

    4. Bienes Distritales. Son Bienes Distritales, los bienes públicos, de dominio público o privado propiedad de los distritos, de los institutos autónomos y de las empresas distritales, de las demás personas en que los entes antes mencionados tengan una participación igual o superior al 50% del capital social y de las consideradas fundaciones distritales.

    No serán catalogados como Bienes Públicos:

  7. Los productos que sean adquiridos, concebidos, extraídos o fabricados por las personas, órganos y entes sujetos al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, de conformidad con su naturaleza, funciones, competencias, atribuciones o actividades comerciales, mercantiles, financieras o sociales, con destino a la venta.

  8. Los artículos calificados como materiales y suministros según el Clasificador Presupuestario dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto.

  9. Los bienes adquiridos con la finalidad de ser donados de forma inmediata.

  10. Los bienes adquiridos en ejecución de norma expresa, en cumplimiento de fines institucionales, con el fin de ser enajenados a terceros."

Artículo 3º Se modifica la redacción del artículo 13 relativo a Prohibiciones, el cual queda redactado en la forma siguiente:

Prohibiciones

Artículo 13. Los funcionarios y funcionarias públicos, así como toda persona que preste servicios en los órganos y entes que conforman el Sector Público, bajo cualquier régimen laboral o contractual, no podrán adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta, respecto de los Bienes Públicos propiedad del órgano y ente al que pertenecen, de los confiados a su administración o custodia, ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención, salvo disposición en contrario emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

Ni el Presidente o Presidenta de la República, ni el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República ni los Ministros o Ministras, Viceministros o Viceministras ni el Procurador o Procuradora General de la República, ni los Diputados o Diputadas de la Asamblea Nacional ni los Diputados o Diputadas del Parlamento Andino ni del Parlamento Latinoamericano, ni los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, ni el Fiscal o la Fiscal General de la República, ni el Contralor o Contralora General de la República, ni el Subcontralor o Subcontralora de la República, ni el Defensor o Defensora del Pueblo, ni el Presidente o Presidenta del Consejo Nacional Electoral, ni los Gobernadores o Gobernadoras de los Estados, ni los Diputados o Diputadas de los Consejos Legislativos de los Estados, ni el Contralor o Contralora de los Estados, ni el Procurador o Procuradora Estadal, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Municipios, ni los Alcaldes o Alcaldesas de los Distritos Metropolitanos, ni los Concejales o Concejalas de los Municipios, ni el Síndico Procurador o Síndica Procuradora Municipal, ni el Presidente o Presidenta del Banco Central de Venezuela, podrán, por si mismos, ni por medio de personas interpuestas, vender ni comprar Bienes Públicos, ni celebrar con la República, los estados, los municipios o los distritos, dependiendo del nivel al cual pertenezca el funcionario o funcionaria público, contrato de ninguna especie. Dichas prohibiciones se aplicarán igualmente a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de todas las personas señaladas en el presente artículo, así como a las personas jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco (5%) del capital social o del patrimonio según el caso, antes de adquirirse el derecho real.

Estas prohibiciones rigen hasta doce meses después de que las personas impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.

Los actos administrativos o contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, administrativas o de cualquier otra índole a que hubiere lugar.

Artículo 4º Se incorpora un artículo sobre la Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos, bajo el número 20, el cual queda redactado de la manera siguiente:

Coordinación entre los Integrantes del Sistema de Bienes Públicos

Artículo 20. Los órganos y entes del Sector Público, en el ámbito de sus competencias, colaborarán con la Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector del Sistema de Bienes Públicos en el ejercicio de sus atribuciones, bajo los principios previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. Asimismo, la Superintendencia de Bienes Públicos, apoyará a los diferentes órganos y entes del Sector Público, fomentando la corresponsabilidad.

Artículo 5º Se reubica el artículo 27, relativo a Unidades de Bienes Públicos, modificando su redacción y quedando enumerado bajo el número 21, el cual se redacta en los términos, siguientes:

Unidades de Bienes Públicos

Artículo 21. A los fines de dar cumplimiento al artículo precedente, se ordena la creación de una instancia administrativa, como unidad responsable patrimonialmente de los Bienes Públicos, en cada órgano y ente del Sector Público, señalados en el artículo 4º del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, las cuales, sin menoscabo de la autonomía de los Poderes Públicos distintos al Poder Público Nacional, deberán ajustarse a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, sus Reglamentos y demás normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos en la materia, en lo relativo a la adquisición, uso, mantenimiento, registro y disposición de sus bienes y de los que se encuentren a su cargo.

Dichas unidades funcionarán bajo los criterios de cooperación y colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, fundamentándose esta en las normas, lineamientos, directrices y pautas técnicas dictadas por la Superintendencia de Bienes Públicos, sin perjuicio de la autonomía constitucional de aquellas.

Las disposiciones contempladas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y sus Reglamentos y en las normas que dicte la Superintendencia de Bienes Públicos, relativas al registro, conservación y mantenimiento de Bienes Públicos, serán de observancia obligatoria para los estados, municipios, distritos, distritos metropolitanos, entes públicos no territoriales, demás entes y organismos que conforman estos niveles de gobierno.

Artículo 6º Se modifica el artículo 20 referente a Creación, quedando bajo el número 22, redactado en la forma siguiente:

Creación

Artículo 22. Se crea la Superintendencia de Bienes Públicos, como servicio desconcentrado especializado, sin personalidad jurídica, dependiente del Ministerio del poder popular con competencia en materia de finanzas, con autonomía económica, técnica y capacidad de gestión administrativa, operativa, presupuestaria, financiera y de disposición, para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes Públicos, el cual se regirá por el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

La organización, autogestión y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos se establece en el Reglamento interno que a tales efectos se dicte, en observancia a lo previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública.

Artículo 7º Se incorpora un nuevo artículo, bajo el número 23 referido a Estructura, redactado en los términos siguientes:

Estructura

Artículo 23. La Superintendencia de Bienes Públicos a fin de optimizar su funcionamiento orgánico desarrollará sus funciones en un Nivel Superior, un Nivel de Apoyo y un Nivel Sustantivo.

La estructura organizativa y funcional de la Superintendencia de Bienes Públicos será establecida por el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, mediante un Reglamento Interno, previa opinión favorable del ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el cual será publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 8º Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 24, referente a Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos, el cual queda redactado del modo siguiente:

Niveles Sustantivos de la Superintendencia de Bienes Públicos

Artículo 24. La Superintendencia de Bienes Públicos, a los fines de atender el nivel sustantivo, establecerá en su estructura, la organización de sus procesos medulares de la forma siguiente: Registro de Bienes, Registro de Peritos Avaluadores, Gestión Patrimonial de Bienes, Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos, Normas Técnicas y Capacitación.

Artículo 9º Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 25, relativo a Normas Técnicas y Capacitación, el cual queda redactado en los términos siguientes:

Normas Técnicas y Capacitación

Artículo 25. La Dirección encargada de las Normas Técnicas y Capacitación tendrá las atribuciones siguientes:

1. Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios, destinados a regular y controlar las actividades que realizan los órganos y entes del Sector Público respecto a sus Bienes Públicos.

2. Implementación de los Planes y Programas de formación y capacitación de los funcionarios y funcionarios públicos, además de todas aquellas personas naturales o jurídicas que la requieran; de conformidad con las disposiciones establecidas en la normativa legal vigente.

3. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 10 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 26, relativo al Registro de Bienes, redactado en la forma siguiente:

Registro de Bienes

Artículo 26. La Dirección encargada del Registro de Bienes, tendrá las atribuciones siguientes:

1. Registro, control y seguimiento de los bienes muebles, inmuebles activos intangibles, activos financieros y acciones del Sector Público, sean estos de dominio público o privado, con especificación del órgano y ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.

2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 11 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 27, referente al Registro de Peritos, el cual queda redactado en los términos siguientes:

Registro de Peritos

Artículo 27. La Dirección encargada del Registro de Peritos, tendrá las atribuciones siguientes:

1. Desarrollar y mantener el Registro de acreditación y actualización de Peritos Avaluadores y el Catastro Inmobiliario del Sector Público de conformidad con lo establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 12 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 28, relacionado con la Gestión Patrimonial de Bienes, el cual queda redactado en el modo siguiente:

Gestión Patrimonial de Bienes

Artículo 28. La Dirección encargada de la Gestión Patrimonial de Bienes tendrá las atribuciones siguientes:

1. Normar e implementar procedimientos para regular las medidas en cuanto a la administración de Bienes Públicos, cumpliendo lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, conforme a los actos administrativos que la Superintendencia de Bienes Públicos dicte para su aplicación en actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación que determine el control de bienes patrimoniales.

2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 13 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 29, referido a la Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:

Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos

Artículo 29. La Dirección encargada de la Supervisión y Fiscalización de Bienes Públicos tendrá las atribuciones siguientes:

1. La inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los Bienes Públicos; la existencia de bienes ocultos, desconocidos o que sean declarados en estado de abandono, pertenecientes a los órganos y entes de la Administración Pública, y los actos y demás actividades respecto a los Bienes Públicos, ejecutados por los órganos y entes del Sector Público. Así mismo, ejercer la potestad investigativa para la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas con ocasión a la ejecución de los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.

2. Aquellas otras que a tal efecto se establezca mediante normativa dictada por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 14 Se modifica el artículo 21, quedando bajo el número 30, referido a las competencias, redactado en los términos siguientes:

Competencias

Artículo 30 Son competencias de la Superintendencia de Bienes Públicos:

1. Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los Bienes Públicos.

2. Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos, priorizando la modernización del Estado y los fines sociales que persigue el mismo.

3. Emitir opinión, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas competentes del Sector Público, en todo lo conducente al cumplimiento de las políticas y normas en materia de Bienes Públicos, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.

4. Evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre Bienes Públicos, con carácter orientador, sin perjuicio de las competencias que en materia de asesoría jurídica le corresponde a la Procuraduría General de la República.

5. Dictar las normas e instrucciones técnicas en las materias de su competencia.

6. Establecer, mediante las correspondientes normas técnicas, los procedimientos destinados al registro y disposición de los Bienes Públicos.

7. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el registro, administración y disposición de Bienes Públicos, en los casos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

8. Remitir al órgano competente del Sistema Nacional de Control Fiscal las comunicaciones y/o expedientes administrativos a que haya lugar, con ocasión del incumplimiento de las normas previstas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

9. Definir los criterios para la racionalización de la construcción, reconstrucción, adaptación, adquisición, identificación, recuento físico, valuación, enajenación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de los inmuebles destinados al funcionamiento de los órganos y entes del Sector Público.

10. Mantener información actualizada acerca de la existencia, valor, ubicación, necesidades y excedentes de los Bienes Públicos y de su estado de conservación y funcionamiento.

11. Acceder a los registros y bases de datos de los órganos y entes que conforman el Sector Público, respecto de los actos de registro, administración y disposición de los Bienes Públicos, con las excepciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el marco del Sistema de Bienes Públicos y sin perjuicio de la autonomía de los diferentes niveles políticos territoriales.

12. Mantener relaciones con las dependencias correspondientes de los entes u órganos de los estados, municipios, distritos y distritos metropolitanos, así como de los entes públicos no territoriales, de modo que el registro y disposición de bienes en esas entidades pueda efectuarse en el ámbito del Sistema de Bienes Públicos.

13. Tramitar las denuncias de bienes ocultos o desconocidos, conforme a lo previsto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

14. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción, de los bienes, mercancías o efectos que sean objeto de una medida de comiso firme mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme y los que mediante sentencia definitivamente firme o procedimiento de ley, sean puestos a la orden del Tesoro Nacional.

15. Ordenar el remate, venta, donación o destrucción, de los efectos retenidos, embargados o en situación de comiso que estén expuestos a pérdida, deterioro o corrupción, o que sean de difícil administración.

16. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación, permuta o destrucción de mercancías o bienes declaradas legalmente abandonadas o en desuso, con excepción a lo previsto en la norma que rige la materia.

17. Ordenar, previa autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, el remate, venta, donación o destrucción de los bienes propiedad de la República cuya administración le corresponda.

18. Autorizar, previo el cumplimiento de las formalidades presupuestarias de ley, el reintegro de sumas de dinero ingresadas al Tesoro Nacional, derivadas de la disposición de bienes provenientes de retenciones, embargos, incautaciones o comisos, cuando la respectiva medida haya sido declarada sin efecto.

19. Efectuar convenimientos, transacciones o concesión de plazos para el pago de deudas relativas a Bienes Públicos propiedad de la República, previa opinión expresa por parte de la Procuraduría General de la República.

20. Establecer e imponer las sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar, de conformidad con el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

21. Llevar un registro actualizado de profesionales tasadores de bienes.

22. Emitir opinión en los casos que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

23. Establecer los lineamientos para el diagnóstico del estado físico, legal y administrativo de los Bienes de los órganos y entes del Sector Público, en el marco de las atribuciones conferidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

24. Crear o eliminar oficinas o dependencias de la Superintendencia de Bienes Públicos en todo el territorio de la República, previa aprobación del ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.

25. Las atribuciones que le asignen el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, y las demás que le asignen las leyes.

Artículo 15 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 32, referente del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado de la manera siguiente:

Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos

Artículo 32. La Superintendencia de Bienes Públicos actuará bajo la autoridad, responsabilidad y dirección de un Superintendente o una Superintendenta de Bienes Públicos, quien será un funcionario o funcionaria público de libre nombramiento y remoción, designado o designada por el Presidente de la República.

El Superintendente, o la Superintendenta de Bienes Públicos debe ser venezolano o venezolana, mayor de treinta años, profesional universitario, de reconocida solvencia moral, con experiencia en cargos gerenciales o de responsabilidad en el Sector Público o privado, relacionado con las competencias en la materia de Bienes Públicos.

Artículo 16 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 33, referente a las Inhabilidades del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en la forma siguiente:

Inhabilidades

Artículo 33. No podrá ser designado Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos:

1. Las personas declaradas en quiebra culpable o fraudulenta, en estado de atraso, los administradores o administradoras de la empresa en dicha situación, y los condenados o condenadas por delitos o faltas contra la propiedad, la fe pública, el patrimonio público, dentro de los cinco años siguientes a que se haya cumplido la condena.

2. Haber sido inhabilitado o destituido de cargo público o haber cesado en él por falta grave.

Artículo 17 Se incorpora un nuevo artículo bajo el número 34, relacionado a las atribuciones del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, redactado en los términos siguientes:

Atribuciones del Superintendente o Superintendenta de Bienes Públicos

Artículo 34. Son atribuciones del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos:

1. Ejercer la dirección, actuar como autoridad y ejecutar las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

2. Dictar los actos administrativos generales o particulares inherentes a las competencias atribuidas a la Superintendencia de Bienes Públicos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

3. Ordenar e instruir a los órganos y entes del Sector Público, la consignación en el lapso legal establecido y en el formato requerido, de los datos, documentos, informes, libros, normas, archivos físicos, digitales, estadísticos y contables, expedientes, tanto de sus oficinas como de sus sucursales, incluyendo sus sistemas de información, equipos de computación y cualesquiera otra base de datos o información que considere, en los términos previstos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

4. Dictar las medidas preventivas que juzgue necesarias en los ámbitos jurídico, técnico y financiero, para el control, supervisión y fiscalización de los bienes públicos, corregir irregularidades o faltas de cualquier índole que advierta en las operaciones de los órganos y entes del Sector Público, establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, debiendo informar previamente al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas.

5. Evacuar de manera oportuna y adecuada las consultas que formulen los interesados e interesadas en relación con la actividad de la Superintendencia de Bienes Públicos.

6. Iniciar, sustanciar y decidir los respectivos procedimientos administrativos, de inspección y sancionatorios, en los términos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

7. Asistir técnicamente en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público, a los efectos de dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

8. Planificar, elaborar y ejecutar el presupuesto anual de ingresos y gastos de la Superintendencia de Bienes Públicos, así como establecer los objetivos y proyectos a cumplir en cada ejercicio presupuestario, de conformidad con los lineamientos emanados del Ejecutivo Nacional.

9. Establecer el Régimen de Personal de la Superintendencia de Bienes Públicos, administrar el talento humano y dictar los actos administrativos de carácter general o particular de naturaleza funcionarial de acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento. Asimismo, suscribir los actos referidos a la relación de empleo del personal contratado y obrero al servicio de la Superintendencia de Bienes Públicos.

10. Suscribir los contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los fines de la Superintendencia de Bienes Públicos y adquirir o enajenar los bienes y servicios requeridos por ésta.

11. Dictar el Reglamento interno de organización y funcionamiento de la Superintendencia de Bienes Públicos y los manuales de normas y procedimientos, así como las demás regulaciones necesarias para el funcionamiento de la misma.

12. Presentar al ministro o ministra del poder popular con competencia en materia de finanzas, el informe de gestión, así como cualquier otra documentación, de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Orgánico del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

13. Ejercer la potestad sancionatoria en los casos establecidos en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica. 14 Asumir la administración e intervención de los bienes públicos declarados legalmente en abandono, desuso o privados de su destino útil, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

15. Someter a la consideración y autorización de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos, las solicitudes de Enajenación y desincorporación de Bienes que sean propiedad, o que se encuentren adscritos a los órganos y entes del Sector Público Nacional.

16. Otorgar la opinión favorable o no a las adquisiciones de bienes inmuebles realizadas por los órganos y entes del Sector Público Nacional.

17. Delegar en funcionarios de la Superintendencia de Bienes Públicos, las funciones, atribuciones o firmas que juzgue necesario, de acuerdo con las normas legales vigentes.

18. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas en materia de mercancías declaradas legalmente abandonadas, conforme lo previsto en la norma especial que regula la materia.

19. Establecer los parámetros para el diseño y mantenimiento de los componentes de organización y funcionamiento del Registro de Peritos y el Registro General de Bienes Públicos, conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

20. Suspender a los Peritos Avaluadores certificados por la Superintendencia de Bienes Públicos, infractores del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica.

21. Establecer las tarifas máximas que cobrarán los peritos avaluadores por la prestación de los servicios ofertados en materia de bienes públicos, a los órganos y entes del Sector Público.

22. Establecer las directrices para el desarrollo de planes, programas y proyectos destinados a la conservación física, al orden legal y administrativo de los Bienes Públicos.

23. Designar al secretario o secretaria con su respectivo suplente, de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos.

24. Las demás que le atribuya el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento.

Artículo 18 Se modifica el artículo 24, quedando bajo el número 36, relativo al Régimen Presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos, del modo siguiente:

Régimen presupuestario de la Superintendencia de Bienes Públicos

Artículo 36. El Presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será aprobado por el ministro o ministra con competencia en materia de finanzas.

Estará a cargo del Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos la elaboración, administración, ejecución y el control del presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos.

El presupuesto anual de la Superintendencia de Bienes Públicos será financiado con los aportes presupuestarios que le asigne el Ministerio con competencia en materia de finanzas, los ingresos propios que se deriven de la administración y disposición de los Bienes Públicos, los recaudados por conceptos de imposición de sanciones administrativas o pecuniarias conforme a lo que establezca el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica y su Reglamento, así como cualesquiera otros ingresos que obtenga la Superintendencia de Bienes Públicos en uso de sus atribuciones.

Artículo 19 Se modifica el artículo 31 referente al Sistema de información, quedando bajo el número 42, del modo siguiente:

Sistema de Información

Artículo 42 La Superintendencia de Bienes Públicos diseñará y mantendrá un sistema de información actualizado sobre los Bienes Públicos, que permita mostrar permanentemente:

1. Indicación de los bienes, acciones y derechos propiedad del Sector Público, sean éstos del dominio público o privado, con especificación del órgano o ente que ostente la titularidad de la propiedad, asignación o adscripción de los mismos; los derechos patrimoniales incorporales y los bienes georreferenciados de valor artístico e histórico.

2. Forma, fecha y valor de adquisición, en caso de no poseer dicho valor señalar un valor referencial de acuerdo a la fecha de adquisición.

3. Estado de conservación, uso y mantenimiento del bien.

4. Ubicación geográfica y georreferenciada del bien.

5. Responsable patrimonial del mantenimiento, conservación y protección del bien.

6. Valor de mercado actualizado del bien.

7. Cualquier otra información que se estime conveniente para la correcta ubicación y clasificación de los Bienes Públicos.

Dicho sistema se denominará Registro General de Bienes Públicos y deberá estar soportado en medios informáticos. Los requisitos de integración, seguridad y control del sistema de información indicado en el presente artículo, se establecerán mediante Providencia Administrativa emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 20 Se modifica el artículo 33 relativo a la Veracidad y Entrega de la Información, quedando bajo el número 44, de la manera siguiente:

Veracidad y Entrega de la información

Artículo 44. La Superintendencia de Bienes Públicos velará por la consistencia e integridad del Registro General de Bienes Públicos, con base en la información contenida en los registros de las Unidades administrativas encargadas de la gestión de los Bienes Públicos dentro de cada órgano o ente que conforma el Sector Público. Los órganos y entes del Sector Público deberán rendir información actualizada del inventario de bienes, dentro de los primeros quince días continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre.

La Superintendencia de Bienes Públicos establecerá los mecanismos y parámetros para la rendición de la información a que se refiere el presente artículo.

Artículo 21 Se modifica el artículo 39 referente a la incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño, quedando bajo el número 50, en los términos siguientes:

Incorporación al Patrimonio de la República de los bienes que no tienen dueño

Artículo 50. Para la incorporación al patrimonio de la República de los bienes muebles e inmuebles que se encuentren en el territorio de la República y que no tengan dueño, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos, solicitará la posesión real de ellos al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción Judicial correspondiente, quien la otorgará en forma ordinaria.

Artículo 24 Se modifica el artículo 40 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de mercancías abandonadas, quedando bajo el número 51, del modo siguiente:

Incorporación al patrimonio de la República de mercancías abandonadas

Artículo 51. Las mercancías que se declaren abandonadas o que se encuentren en desuso, serán puestas a la orden del Tesoro Nacional mediante Providencia Administrativa, emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 25 Se modifica el artículo 41 relativo a la Incorporación al Patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados, quedando bajo el número 52, de la manera siguiente:

Incorporación al patrimonio de la República de bienes provenientes de comiso, aprehendidos o embargados

Artículo 52. Los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de una medida firme de comiso, a través de acto administrativo o sentencia definitivamente firme, serán puestos a la orden del Tesoro Nacional, mediante Providencia Administrativa, emitida por la Superintendencia de Bienes Públicos.

Cuando los bienes, mercancías o efectos retenidos, aprehendidos o embargados estén conformados por productos perecederos o expuestos a deterioro o descomposición, la Superintendencia de Bienes Públicos, mediante Providencia Administrativa, podrá de manera excepcional cuando sea indispensable para la conservación del bien, autorizar su uso o disposición antes de dictarse sentencia en el asunto, sin que sea necesaria la autorización previa por parte de la Comisión de Enajenación de Bienes Públicos. Se exceptúa de la aplicación de este artículo, los bienes, mercancías o efectos, que sean objeto de comiso, mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, cuyo procedimiento está previsto en las leyes especiales que regulan la materia.

Artículo 26 Se modifica el artículo 54 referente a la Designación de Peritos, quedando bajo el número 65, en los términos siguientes:

Designación de Peritos

Artículo 65. Sin perjuicio de las previsiones legales sobre expropiaciones forzosas, en las distintas operaciones inmobiliarias en las que intervengan los órganos y entes del Sector Público, será obligatorio designar peritos avaluadores para:

1. Valuar los bienes inmuebles objeto de la operación;

2. Verificar los cánones de arrendamiento que los órganos y entes del Sector Público deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadores, o pagar cuando tengan el carácter de arrendatarios; y

3. Realizar los justiprecios que fueren necesarios.

Artículo 27 Se modifica el artículo 55 relativo a la Acreditación de Peritos, quedando bajo el número 66, del modo siguiente:

Acreditación de Peritos

Artículo 66. Los avalúos que fuere necesario realizar sobre bienes inmuebles del Sector Público deberán ser efectuados por personas de reconocida capacidad e idoneidad técnica, de acuerdo con su profesión y conocimientos prácticos en la materia objeto del avalúo y debidamente acreditados ante la Superintendencia de Bienes Públicos.

Artículo 28 Se modifica el artículo 82 referente a la Adjudicación Directa de Bienes, quedando bajo el número 93, en los términos siguientes:

Adjudicación directa de bienes

Artículo 93 Quedan exceptuadas del procedimiento de oferta pública previsto en el presente Capítulo, las siguientes operaciones:

1. La venta o permuta de bienes cuyo adquiriente sea otro órgano o ente del Sector Público.

2. La venta de bienes cuyos adquirientes sean los trabajadores del órgano o ente enajenante, siempre que la enajenación de dichos bienes se realice mediante concurso en igualdad de condiciones entre todos los interesados.

3. Las relativas a la venta o permuta de bienes en producción, cuando el proceso licitatorio pudiere afectar el proceso productivo del bien.

4. La venta o permuta de bienes de cualquier tipo cuando mediante un proceso amplio de oferta pública, se determine la existencia de un solo oferente.

5. La venta o permuta de derechos litigiosos.

En cualquier caso la adjudicación directa de bienes públicos deberá contar con la autorización expresa de la máxima autoridad del respectivo órgano o ente.

Artículo 29 Se modifica el artículo 92, relativo a las responsabilidades, quedando redactado bajo el número 103, en la forma siguiente:

De las responsabilidades

Artículo 103. Las personas naturales que ejerzan función de gestión pública, responderán penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos; faltas e irregularidades administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones con ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos. Esta responsabilidad no excluirá la que pudiere corresponderles por efecto de otras leyes o de su condición de ciudadanos o ciudadanas.

Artículo 30 Se modifica el Título VI de los Procedimientos y de los Recursos, contentivo de los artículos 113 al 131, ambos inclusive, en los términos siguientes:

"Del inicio del procedimiento

Artículo 113 El procedimiento administrativo para imponer las sanciones establecidas en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, se iniciará a instancia de parte interesada o de oficio.

En el segundo caso, el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos ordenará el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio y notificará a los órganos y entes, así como a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados, concediéndoles un lapso de diez días hábiles para que presenten sus alegatos y argumentos.

Inicio a instancia de parte interesada

Artículo 114 Cuando alguna persona, órgano o ente de la Administración Pública solicite ante la Superintendencia de Bienes Públicos, el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, establecido en el presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, en el escrito de solicitud deberá constar:
  1. Fecha expresando el lugar, día, mes y año.

  2. Escrito dirigido a el Superintendente o la Superintendenta de Bienes Públicos.

  3. La identificación de la persona y su representante legal, de ser el caso, con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte.

  4. En caso de tratarse de órganos y entes públicos o persona jurídica de derecho privado, deberá constar el número de Registro de Información Fiscal, y la identificación de su representante legal.

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