Decisión nº 316-14 de Corte Superior Sección Adolescentes de Zulia, de 9 de Diciembre de 2014

Fecha de Resolución 9 de Diciembre de 2014
EmisorCorte Superior Sección Adolescentes
PonenteJuan Antonio Díaz Villasmil
ProcedimientoApelación De Autos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelación Sección Adolescentes con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia

Maracaibo, 09 de diciembre de 2014

203º y 155º

ASUNTO PRINCIPAL : VP02-S-2014-003208

ASUNTO : VP02-R-2014-001371

DECISION N° 316-14

PONENCIA DEL JUEZ DE CORTE DE APELACIONES: DR. J.A.D.V..

Han sido recibidas en esta Corte Superior las presentes actuaciones, contentivas del recurso de apelación de autos, interpuesto por el ciudadano F.U., Abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 43.842, en su carácter de Defensor del ciudadano R.R.C.G.; en contra de la Decisión N° 1991-14, dictada en fecha 22-09-2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; mediante la cual, se admitió totalmente el escrito acusatorio interpuesto por la Fiscalía 51° del Ministerio Público, en contra del mencionado ciudadano, por la presunta comisión del delito de Violencia Física Agravada, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 42 de la anterior Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), en atención al artículo 326 del Texto Adjetivo Penal, incluyendo las pruebas promovidas; así mismo, se admitieron las pruebas testimoniales ofrecidas por la Defensa y se inadmitieron las documentales y las experticias; además se acordó la comunidad de pruebas; se mantuvieron y ampliaron las medidas de protección y seguridad acordadas a favor de la víctima, de conformidad con el artículo 87 numerales 3, 5, 6, 8 y 13 de la citada Ley Especial; se admitió la acusación particular propia, así como las pruebas en ella contenidas, y se ordenó el auto de apertura a juicio.

Recibida la causa en fecha 13-11-2014, en esta Sala constituida por el DR. J.A.D.V. (Juez Presidente), DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA y DR. J.L.L.B. (quien se encuentra en su condición de Juez suplente, en virtud de reposo médico concedido a la DRA. LEANY BELLERA SÁNCHEZ), se le da entrada, y se designó como ponente, según el Sistema de Distribución efectuado por el Departamento de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, al Juez de Corte de Apelaciones DR. J.A.D.V., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Posteriormente, en fecha 18 de noviembre de 2014, mediante Decisión Nº 296-14, se admitió el Recurso de Apelación de Autos, en virtud de ello, esta Corte Superior, procede a resolver el fondo de la presente incidencia recursiva, y es por ello que se pasa a hacer las siguientes consideraciones jurídicas procesales:

  1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO:

El ciudadano Abogado F.U., en su carácter de Defensor del ciudadano R.R.C.G., interpuso Recurso de Apelación, sobre la base de los siguientes argumentos:

PRIMERO

Denuncia el recurrente que su defendido fue imputado formalmente en fecha 27-05-2014, por hechos ocurridos en fecha 02-02-2014, los cuales fueron calificados como Violencia Física Agravada, señalando que pasados cinco (05) meses y once (11) días de haber ocurrido los hechos objeto del proceso, en fecha 14-07-2014, la víctima amplió la denuncia con alegatos, que en criterio del apelante, constituyen hechos nuevos, modificando los anteriores que fueron los que le imputaron.

Continúo la defensa realizando alegatos sobre la denuncia como modo de proceder de la investigación penal, para señalar, que no desconoce el derecho que tiene la víctima de ampliar la denuncia, sino que difiere que tal ampliación, se haya realizado luego de transcurrir un tiempo prolongado, incorporando hechos nuevos, que magnifican los anteriores, estimando el accionante, que dicha ampliación, debió efectuarse antes de la imputación formal, para poder ejercer a plenitud el derecho a la defensa, puesto que de manera directa se vulnera el mismo, realizándose una serie de preguntas al respecto, para referir, que la Jurisdicente estimó la ampliación de la denuncia, como un acto realizado para detallar y describir los hechos que dieron origen a la presente causa.

SEGUNDO

En este motivo de apelación, la defensa denuncia la inmotivación del fallo recurrido, al no explanarse las razones de hecho y de derecho de la decisión adoptada, circunstancia que en su opinión, vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa, y la tutela judicial efectiva.

TERCERO

Denuncia el recurrente, que la Jueza de Instancia, declaró inadmisible alguna de las pruebas que la defensa promovió, conforme al artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., vigente para esa oportunidad, destacando la defensa, que las mismas son lícitas, necesarias y pertinentes, circunstancia que violenta el derecho a la defensa, alegando la Jurisdicente, que no se señalaba la necesidad y pertinencia de tales pruebas, estimando el accionante, que dicha declaratoria sin lugar fue realizada de manera inmotivada.

CUARTO

Alega el apelante, la violación al debido proceso y al derecho a la defensa, por haberse admitido la acusación particular propia, que en su opinión, fue propuesta extemporáneamente, manifestando que la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., no contiene disposición alguna que regule de manera expresa la oportunidad, en la cual, la víctima puede presentar acusación particular propia, sosteniendo que ante tal situación, deben ser aplicadas supletoriamente las disposiciones del Texto Adjetivo Penal, por ello, estima que la norma procedente, es el artículo 309 del citado Código Adjetivo, que refiere que la víctima, podrá dentro del plazo de cinco (05) días, contado a partir de la convocatoria, adherirse a la acusación fiscal o presentar una acusación particular propia.

En torno a ello, arguyó el recurrente, que la víctima consignó su escrito acusatorio particular, el último de los diez (10) días hábiles previos a la oportunidad fijada por el Tribunal de Instancia, para la realización de la audiencia preliminar, sorprendiendo a la defensa su interposición, por considerar que ya había precluido la oportunidad para ello.

PRUEBAS: Para acreditar el fundamento de su recurso, la defensa promovió las siguientes pruebas: 1) Copia certificada de la decisión recurrida; 2) Copia certificada del escrito de acusación Fiscal; 3) Copia certificada de la acusación particular propia; 4) Copia certificada del escrito de contestación a la acusación, presentado por la defensa de actas; 5) Copia certificada del auto mediante el cual, el Tribunal de Control fija el acto de audiencia preliminar; 6) Denuncia “primigenia” formulada por la víctima en fecha 03-02-2014; 7) Acta de imputación formal de fecha 27-05-2014 y; 8) Acta de ampliación de la denuncia por parte de la víctima de fecha 14-07-2014.

PETITORIO: Solicitó la defensa, que se anule la decisión impugnada, y se ordene la realización de una nueva audiencia preliminar, por ante un Juzgado en funciones de Control, distinto al que dictó el fallo recurrido.

  1. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN:

La ciudadana Abogada LEANY INCIARTE ALMARZA; actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), dio contestación al recurso de apelación de autos, interpuesto por la Defensa, alegando que:

PRIMERO

Sostiene la apoderada judicial de la víctima, que no existió por parte de la denunciante, una narración de hechos que fueran capaces de realizar una nueva imputación, ya que la víctima solicitó al Ministerio Público ampliar su declaración, señalando además, que desde el momento de la imputación fiscal, el acusado se encontraba a derecho, teniendo acceso a las actas de la investigación, estimando que el Ministerio Público hubiese violentado los derechos y garantías del acusado, si la acusación Fiscal se interpusiera por un delito distinto al imputado.

SEGUNDO

Señala quien contesta, que no existe el vicio de falta de motivación de la sentencia, ya que dio respuesta a las peticiones de la defensa, estimando que el fallo se encuentra motivado, razonado, congruente y fundado en las leyes vigentes. En tal sentido, trae a colación doctrina del autor R.E.L., en su obra “La Motivación de la Sentencia y su Relación con la Argumentación Jurídica”, referida a la motivación de los fallos judiciales, así como, extracto de Sentencia dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Paúl José Aponte Rueda, de fecha 06-08-2013, y de la Sentencia N° 718, dictada en fecha 01-06-12, por la Sala Constitucional del M.T. de la República, con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales, ambas relativas a la motivación de la sentencia.

TERCERO

Sostiene en cuanto a este motivo, que la Jurisdicente ejerció el control de la acusación, citando al respecto, la Sentencia N° 1303, dictada en fecha 20-06-05, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, relativa a la función del Juez en el acto de audiencia preliminar, transcribiendo además, el contenido del artículo 49.1° Constitucional y 182 del Texto Adjetivo Penal, igualmente de Sentencia dictada en fecha 04-12-2003, por la citada Sala Constitucional, relativa al derecho a la prueba y doctrina del autor P.B.M., sobre “La Fase Intermedia y el Control de la Acusación”, para señalar, que en el caso concreto, la Jueza de Instancia, dejó constancia en el acta, que no estaban relacionadas con los hechos, las pruebas ofrecidas por la defensa, que fueron inadmitidas.

CUARTO

Aduce quien contesta, que la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., establece el lapso para presentar acusación particular propia, en tal sentido, cita un extracto de la Sentencia N° 1268, dictada en fecha 14-08-2012, por la Sala Constitucional del M.T. de la República, para señalar, que el artículo 104 del citado texto legal prevé tal situación.

PETITORIO: Solicitó la apoderada judicial de la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), que se confirme la decisión apelada.

  1. DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN:

    Las ciudadanas G.P.F. y LIZBETHSY COROMOTO AGUIRRE SÁNCHEZ, actuando en su carácter de Fiscal Quincuagésima Primera y Quincuagésima Primera Auxiliar del Ministerio Público, respectivamente, dieron contestación al recurso de apelación de autos, interpuesto por la Defensa, alegando que:

    Comienza el Ministerio Público su escrito de contestación, señalando en cuanto al primer motivo de denuncia planteado por la defensa, que la manifestación en detalle de lo sucedido el día de los hechos, no puede magnificar la participación del imputado en el mismo, ya que para la configuración de este delito, basta que se verifique “un empujón” a la víctima, puesto que la cantidad de acciones violentas propinadas en contra de la humanidad de la víctima, no magnifica el hecho, así como la disminución de tales acciones, no desvirtúa la comisión del mismo. Al respecto, transcribe el contenido del artículo 42 de la ley especial, para referir que no es necesario que se genere una lesión grave para configurarse el delito, basta solo que se realice la acción violenta.

    Aduce además, que la víctima realiza las declaraciones que desee, ya que tiene el derecho de participar activamente dentro del proceso y de la investigación, estimando que la ampliación de la denuncia, no vulnera el derecho a la defensa, siendo las condiciones de modo, tiempo y lugar las mismas, puesto que la víctima ratificó en su denuncia, que los hechos ocurrieron el día, hora y lugar, del mismo modo que la denuncia primigenia, por lo cual, considera que sus declaraciones y la de los testigos son reconstructivas del hecho investigado, por lo que, estima inoficioso solicitar una reconstrucción de los hechos.

    Por otra parte, sobre el segundo y tercer motivo de denuncia alegado por la defensa, sostiene la Vindicta Pública, que los mismos adolecen de lógica, ya que consta en actas, la participación activa de las partes, por lo cual, en su opinión, no puede alegarse una violación al derecho a la defensa, aunado a ello, la decisión apelada, se encuentra motivada, ya que no se desprende omisión alguna.

    PRUEBAS: La Representación Fiscal del Ministerio Público, promovió como prueba para acreditar los motivos de su contestación, la causa original seguida en contra del acusado de autos.

    PETITORIO: Solicitó el Ministerio Público, que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto.

  2. DE LA DECISION RECURRIDA:

    La decisión apelada corresponde a la N° 1991-14, dictada en fecha 22-09-2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia; mediante la cual, se admitió totalmente el escrito acusatorio interpuesto por la Fiscalía 51° del Ministerio Público, en contra del ciudadano R.R.C.G., por la presunta comisión del delito de Violencia Física Agravada, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), en atención al artículo 326 del Texto Adjetivo Penal, incluyendo las pruebas promovidas; así mismo, se admitieron las pruebas testimoniales ofrecidas por la Defensa y se inadmitieron las documentales y las experticias; además se acordó la comunidad de pruebas; se mantuvieron y ampliaron las medidas de protección y seguridad acordadas a favor de la víctima, de conformidad con el artículo 87 numerales 3, 5, 6, 8 y 13 de la citada Ley Especial; se admitió la acusación particular propia, así como las pruebas en ella contenidas, y se ordenó el auto de apertura a juicio.

  3. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR:

    Analizados como han sido los fundamentos de Derecho explanados por la Defensa en su escrito de apelación, esta Corte Superior, pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente forma:

PRIMERO

Denuncia el recurrente, que su defendido fue imputado formalmente en fecha 27-05-2014, por hechos ocurridos en fecha 02-02-2014, los cuales fueron calificados como Violencia Física Agravada, señalando que pasados cinco (05) meses y once (11) días de haber ocurrido los hechos objeto del proceso, en fecha 14-07-2014, la víctima amplió la denuncia con alegatos, que en criterio del apelante, constituyen hechos nuevos, modificando los anteriores que fueron los que le imputó la Vindicta Pública.

Al respecto, es oportuno para esta Alzada, señalar que en esta Jurisdicción Especializada, la denuncia se erige como una forma de iniciar el proceso, que puede ser interpuesta por la víctima, esto es, la mujer agredida, a tenor de lo expuesto en el artículo 70 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., debiendo contener el acta que la plasma, la forma en la cual ocurrieron los hechos de violencia, haciendo mención expresa del lugar, hora y fecha en que fue agredida la persona denunciante, así como la fecha y hora en que se interpone la misma (art. 73 LOSDMVLV); luego, sobre la base de esa denuncia, se inicia la investigación, que tiene por objeto hacer constar la comisión de un hecho punible, las circunstancias que incidan en su calificación, la recolección y preservación de las evidencias relacionadas con su perpetración, la identificación del presunto autor del delito y los elementos que fundamentan su culpabilidad.

Durante esa fase de investigación o preparatoria del proceso penal, es cuando ocurre la imputación fiscal, que tiene por objeto garantizarle a la persona su derecho a ser notificado de los cargos por los cuales es investigado y en consecuencia, su derecho a la defensa, el cual forma parte del principio del debido proceso, que debe aplicarse a todas las actuaciones judiciales y administrativas, a tenor de lo previsto en el artículo 49 Constitucional.

Lo anterior se armoniza con el criterio jurisprudencial sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia N° 799, dictada en fecha 27-07-10, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, donde se estableció que:

“Como puede apreciarse, en los párrafos precedentes se aludió al tópico referido a la imputación en el contexto de las audiencias de presentación previstas en los artículos 373 y 250 del Código Orgánico Procesal Penal (en este último supuesto, suponiendo la imposibilidad de la imputación previa a la audiencia de presentación, por cuanto es posible que el sujeto detenido en virtud de una orden de aprehensión ya haya sido imputado por el fiscal del Ministerio Público en el curso de la investigación por el hecho que motivó la solicitud de aprehensión). Pero el mismo también reviste considerable interés en el contexto del desarrollo común del procedimiento ordinario, en el que el sujeto es citado para garantizarle su derecho a ser notificado de los cargos por los cuales se le investiga, es decir, para imputarlo y, con especial importancia, para tutelarle el derecho a que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que le imputan; ámbito en que cobró fuerza la idea de la referida “imputación formal”, que circunscribió en esencia el “acto de procedimiento de las autoridades encargadas de la persecución penal” al Fiscal del Ministerio Público y, especialmente, a la sede física de esa institución donde desempeña sus funciones, en conexión con los elementos previstos en el artículo 131 eiusdem”. (Negrillas de esta Sala).

De igual manera la Sala de Casación Penal del referido Tribunal, en la Sentencia N° 185, dictada en fecha 07-05-09, con ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, precisó que:

“Como es sabido, la finalidad del acto de imputación Fiscal comprende el derecho a ser informado, de manera oportuna, de los hechos investigados hasta ese momento (artículo 125, numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal ), así como de los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación; del tipo penal que se le atribuye (circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito que se imputa) y las disposiciones legales aplicables al caso en cuestión (Sala Penal Sent. 186-8408-2008-A08-0046, Ponente: Dra. D.N.), todo ello con el fin de garantizar al investigado, debidamente asistido, tanto el derecho a acceder e intervenir en la investigación (salvo las excepciones previstas en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal relativo a la reserva de los actos de la investigación) como a ser oído, exento de toda clase de presión, coacción o intimidación, como componente fundamental tanto del derecho a la defensa (al posibilitar una adecuada y eficaz respuesta defensiva) como de la dignidad humana y de la presunción de inocencia, evitando con ello que la acusación se fragüe a sus espaldas.

En la fase investigativa del proceso es donde se recaban los elementos tendentes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de que el Ministerio Público, en definitiva, logre la presentación del correspondiente acto conclusivo, que bien puede ser para promover el juicio penal (acusación), solicitar su archivo o para clausurar la persecución penal (sobreseimiento).

Por tanto, en esta fase preparatoria, el Ministerio Público debe ponderar si considera verosímil y fundada la atribución de un hecho punible a determinada persona y de ser así, debe poner en conocimiento del investigado, tanto los hechos que se le atribuyen como la necesidad de que sea asistido por un defensor debidamente juramentado, de manera oportuna, “realizando una función motivadora mediante la cual se establezcan de manera razonada todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito que se imputa, las disposiciones legales aplicables al caso en cuestión y además, se le imponga de los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación, para que de esa manera, se permita el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y se tutelen los demás derechos y garantías fundamentales que constituyen el debido proceso”.(Sala Penal. Sentencia Nº 186 del 8/04/08. Ponente: Dra. D.N.B.), a través de lo que en doctrina se ha denominado acto formal de imputación.

Cabe destacar que este derecho a ser informado de los hechos adquiere una elevada importancia cuando la libertad del investigado está en juego, por ende toda persona aprehendida en flagrancia o detenida conforme a lo previsto en el artículo 250 Código Orgánico Procesal Penal debe ser informada de las razones que motivaron su aprehensión o detención, según sea el caso. Derecho éste que es reconocido en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, numeral 3°, literal a, el cual dispone: “ … 3° “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella…”, así como en el artículo 9, inciso 2°, que establece: “Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención de las razones de la misma y notificada, sin demora de la acusación formulada contra ella”. Igualmente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 7, numeral 4° es reconocido este derecho en los siguientes términos: “… Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella…”.

Por tanto, el deber de informar detalladamente y sin demora alguna la causa que origina la privación o restricción de libertad, en el momento mismo de practicarse, obedece a la necesidad de que la misma esté fundada en la sospecha de la participación de la persona detenida en el hecho delictivo.

…omissis…

Lo anteriormente expuesto responde a que las medidas de coerción personal, restrictivas o privativas de libertad, dada su naturaleza cautelar y no sancionadora, tienen el exclusivo propósito de asegurar los f.d.p. penal (artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal). De ahí que, se torna ilegal cualquier privación de libertad fuera de éste propósito o que resulte de un proceso trasgresor de las garantías del juicio previo, de presunción de inocencia y del derecho a ser juzgado en libertad.

Ahora bien, en el caso concreto, esta Sala observa que la Defensa de actas, en el escrito de contestación a la acusación, así como en el acto de audiencia preliminar, peticionó la nulidad absoluta de la acusación fiscal, por violación del debido proceso, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad de las partes en el proceso, por considerar que la ampliación de la denuncia por parte de la víctima, contenía hechos nuevos que “magnificaban” los que ya le habían imputados; petición que la Jurisdicente, declaró sin lugar, por estimar que la ampliación de la denuncia, se había efectuado para detallar y describir de manera pormenorizada, los hechos que presuntamente el acusado de autos había realizado.

Cabe destacar, que los hechos que dieron origen al presente proceso, ocurrieron en fecha 02-02-2014, interponiendo la respectiva denuncia la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), en fecha 03-02-2014, por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial.

Posteriormente, en fecha 27-05-2014, se efectuó el acto de imputación formal (folios 119 al 122 de la causa principal), en contra del ciudadano R.R.C.G., por ante la Fiscalía Quincuagésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, donde se hizo del conocimiento al mencionado ciudadano de la investigación que adelantaba la Vindicta Pública, distinguida con el N° MP-55.584.2013, por la presunta comisión del delito de Violencia Física Agravada, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 42, en concordancia con el artículo 15 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), señalando como primer elemento de convicción que motivó la imputación, el acta de denuncia verbal, de fecha 03-02-2014, en la cual se dejó constancia de lo siguiente:

Vengo a denunciar a mi esposo, R.R.C.G., (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), porque el día de ayer 02-02-2014, como a las 06:00 horas de la tarde, yo llegue (sic) a mi casa porque estaba de viaje trabajando y cuando llegué, él me abrió la puerta y yo tome (sic) la niña, después me dijo vamos a hablar y me senté en el cuarto y yo le dije que en realidad ya no había nada de que hablar, le dije que me dejara ir que después hablábamos, cuando yo trate de tomar a nuestra hija (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES) de un año, me halo por el brazo y trato (sic) de detenerme y como lo vi bastante alterado le dije que me dejara ir y en un segundo y tercer intento, el tomo (sic) la niña del corral y yo aproveche para abrir la puerta y llame (sic) a los vecinos comencé a pegar gritos y fue cuando él me dio más duro me halaba por los brazos y me tiro (sic) al piso como para meterme al apartamento a la fuerza y los vecinos salieron y lograron quitarle a la niña y que él se fuera, se llevo (sic) mi camioneta y las llaves de la casa, hasta ahora no se nada. Es todo

(Folio 29 de la causa principal).

Así las cosas, en fecha 14-07-2014, la víctima de actas, acudió a la Fiscalía Quincuagésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, a efectuar una ampliación de la denuncia que efectuara en fecha 03-02-2014, señalando:

Ese día cuando yo llego, él me dice vamos a hablar, entramos al cuarto, la niña estaba en la cama conmigo, le cambie el pañal y en eso le dije que no había nada que hablar que esto no tenia (sic) sentido, que esto estaba acabado, él me quito (sic) el teléfono, forcejeamos el (sic) me tiro contra la cama y me tiro el teléfono en la cara, en eso yo trato de levantarme y agarrar a la niña porque la niña estaba al lado de mi y fue cuando la meto en el corral y le manifiesto que me dejara ir, que se calmara que yo regresaba después y cosa que no entendía, yo trato de salir a la sala, para poder salir hacer (sic) algo no se y viene y me tira al suelo , yo quede (sic) entre la puerta de la entrada, un mueble y la maleta con la que yo había llegado, él me acorralo (sic) y empezó a sacarme las cosas de la maleta y a decirme, “Y ESE BRONCEADO NO ESTABAS TRABAJANDO?” él estaba sobre mi me tocaba las piernas y me decía “MÍRATE” y me quito (sic) los lentes de sol y lo tiro y me dijo eso esos 8sic) él me los había regalado por amor y sacaba las cosas de la maleta como buscando yo no se que cosa, yo lo único que le decía era que me dejara ir, que me dejara ir, la niña no dejaba de llorar y con la excusa de la niña logre (sic) zafarme y le dije que era para prepararle un tetero a ver si la niña dejaba de llorar y él tenia (sic) un tetero preparado en la cocina y se lo fui a llevar a la bebe, de allí me volvió a meter al cuarto y me tenia (sic) en la esquina de la cama, hablándome incoherencias hablando como loco decía “QUE EL ME JURABA, QUE NO TENIA A NADIE, QUE EL QUERIA SALIR DE LA GUARDIA” y yo le dije que yo tenia (sic) dos años sola, y este matrimonio no tenia (sic) sentido, no se que mas dijo, yo agarre un escapulario que yo tenia (sic) de la v.d.c. (sic) y me pongo a rezar pero era pensando como podías (sic) salir de allí, la bebe seguía llorando en una de esas le dije voy a buscar a la bebe y la tome como excusa, él se me adelanto (sic) en el pasillo a buscarla él y allí dije yo esta es mi oportunidad de salir, salir yo para luego rescatar a la bebe, y allí corrí hasta a (sic) la Sala (sic) y empecé a gritar “AUXILIO AUXILIO ME MATAN ME MATAN” yo siempre he tenido una voz fuerte la puerta no tenia (sic) pasada la llave y yo abro la manilla y pongo los pies para salir afuera, continuo gritando y en eso salen los vecinos y en ese momento él me agarra por el brazo, me lanza con todas sus fuerzas hacia el piso y cuando yo caigo al suelo no recuerdo mucho, lo que si recuerdo es que la niña estaba tirada en el suelo, él lanzo a la niña para tirarme a mi, no recuerdo se que escuche (sic) a los vecinos diciendo, “ya llamamos a la policía” lo que mas recuerdo es que yo decía la niña, la niña, la niña, allí solo recuerdo que me pasaron el teléfono y llame a Cinthya y se también que él se iba a llevar a la niña y el vecino la recogió y lo que vuelvo a recordar es cuando a (sic) Cinthya me recogió del suelo” (folio 156).

Luego, en fecha 04-09-2014, la Representación Fiscal Quincuagésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, interpuso acusación fiscal, en contra del ciudadano R.R.C.G., por la presunta comisión del delito de Violencia Física Agravada, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 42, en concordancia con el artículo 15 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., en perjuicio de la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), señalando en el Capítulo II del mencionado escrito, relativo a la “Relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos punibles, que se le atribuye al imputado”, los hechos plasmados en el acta de ampliación de la denuncia que efectuara la víctima en fecha 03-02-2014.

De todo lo anterior, se observa, que el ciudadano R.R.C.G., cuando fue imputado se le impuso de los hechos que constaban en el acta de denuncia de fecha 03-02-2014, y posteriormente cuando fue acusado, el Ministerio Público lo hizo, sobre la base de los hechos plasmados en el acta de ampliación de la denuncia en fecha 14-07-2014, circunstancia que en criterio de esta Corte Superior, no conlleva vulneración alguna de garantías, principios y/o derechos constitucionales que le asisten al mencionado ciudadano en el presente proceso penal, y tal afirmación deviene de la confrontación efectuada por quienes aquí deciden, a ambas actas de denuncia (inicial y ampliación), donde se observa que constan las mismas condiciones de modo, lugar y tiempo de la acción punible presuntamente realizada por el acusado, que fue desde el inicio subsumida en el tipo penal de VIOLENCIA FÍSICA AGRAVADA, previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 42, en concordancia con el artículo 15 numeral 4 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., ya que si bien, el acta de ampliación de la denuncia en contenido es más extensa que el acta inicial, no cambia en nada la presunta conducta típica, antijurídica y culpable, que según la Vindicta Pública el día 02-02-2014, realizó el ciudadano R.R.C.G., ya que solo plasma de manera detallada y pormenorizada los hechos presuntamente ilícitos por él realizado, sin haberse éstos magnificado, menos aún incluir hechos nuevos, como lo sostiene la Defensa, máxime al haber sido acusado el referido ciudadano, por el mismo tipo penal por el cual había sido imputado.

A este tenor, es necesario traer a colación, el contenido del artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V., que prevé:

Artículo 42. Violencia Física. El que mediante el empleo de la fuerza física cause un daño o sufrimiento físico a una mujer, hematomas, cachetadas, empujones o lesiones de carácter leve o levísimo, será sancionado con prisión de seis a dieciocho meses.

Si en la ejecución del delito, la víctima sufriere lesiones graves o gravísimas, según lo dispuesto en el Código Penal, se aplicará la pena que corresponda por la lesión infringida prevista en dicho Código, más un incremento de un tercio a la mitad.

Si los actos de violencia a que se refiere el presente artículo ocurren en el ámbito doméstico, siendo el autor el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, persona con quien mantenga relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima, la pena se incrementará de un tercio a la mitad…

.

De lo anterior se desprende, que para que se configure el delito de Violencia Física, es necesario que la acción presuntamente realizada por el sujeto activo, sea a través del uso de la fuerza física, capaz de causar un daño o sufrimiento físico a una mujer, constituyendo una circunstancia agravante, que el autor sea el cónyuge, concubino, ex cónyuge, ex concubino, la persona con quien mantenga relación de afectividad, aun sin convivencia, ascendiente, descendiente, pariente colateral, consanguíneo o afín de la víctima.

En el caso concreto, quienes aquí deciden, consideran que la ampliación de la denuncia efectuada por en fecha 14-07-2014, por la ciudadana (SE OMITE IDENTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y DE LA SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DE FECHA 08/05/2012, EXPEDIENTE Nº 11-0855, CON PONENCIA DE LA DRA. C.Z.D.M.), no contiene hechos nuevos, capaz de modificar o cambiar los hechos que dieron origen al presente proceso, por ello, no existe transgresión de garantías, principios y/o derechos constitucionales que le asisten al ciudadano R.R.C.G., en el presente proceso penal. En consecuencia, esta Alzada estima que no le asiste la razón al apelante en este motivo de denuncia, por tanto se declara sin lugar el mismo. Así se decide.

SEGUNDO

Se resuelven en conjunto los motivos de apelación “SEGUNDO”, “TERCERO” y “CUARTO”, por estar íntimamente vinculados, los cuales versan sobre la inmotivación del fallo recurrido, al no explanarse las razones de hecho y de derecho de la decisión adoptada, circunstancia que en opinión de la defensa, vulnera el debido proceso, el derecho a la defensa, y la tutela judicial efectiva.

Es necesario precisar que, la presente causa deviene de la fase intermedia del proceso penal, por ello es menester referir que, dentro del ámbito de competencia del Juez en funciones de Control, se encuentra la realización de la Audiencia Preliminar, que es el acto oral más importante de dicha etapa, con el cual finaliza la misma, donde el Juzgador ejerce el control formal y material sobre la acusación, que ha sido presentada como acto conclusivo.

Sobre esta actividad del Jurisdicente, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado sentado que:

…Es el caso, que el mencionado control comprende un aspecto formal y otro material o sustancial, es decir, existe un control formal y un control material de la acusación. En el primero, el Juez verifica que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación -los cuales tienden a lograr que la decisión judicial a dictar sea precisa-, a saber, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado y calificado el hecho punible imputado. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la “pena del banquillo”” (Sentencia N° 728, de fecha 20-05-11, Magistrado Ponente Francisco Antonio Carrasquero López. Exp. N° 08-0628).

Por su parte, la doctrina enseña lo siguiente:

La importancia principal del procedimiento intermedio reside en su función de control negativa: discutiendo la admisibilidad y la necesidad de una persecución penal posterior por un juez independiente o por un tribunal colegiado en una sesión a puertas cerradas, se pretende proporcionar otra posibilidad de evitar el juicio oral, que siempre es discriminatorio para el afectado. (...)

Por otra parte, la importancia del procedimiento intermedio reside en que, una vez comunicada la acusación, el imputado recibe nuevamente la posibilidad de influir en la apertura del procedimiento principal a través de requerimientos de pruebas y objeciones

(Roxin, Claus. Derecho Procesal Penal. Traducción de la 25ª edición alemana. Editores del Puerto. Buenos Aires, 2000, p. 347)

En tal sentido, el legislador ha dispuesto que al finalizar la Audiencia Preliminar, el Jurisdicente debe decidir además de las peticiones efectuadas por las partes en el referido acto, sobre la admisión o no del escrito acusatorio, interpuesto por el Ministerio Público o del querellante, ordenando en consecuencia la apertura a juicio, caso en el cual, puede el Juez atribuirle a los hechos una calificación jurídica provisional distinta a la prevista en la acusación Fiscal o de la víctima; así mismo puede dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley; igualmente resolver las excepciones opuestas; decidir acerca de medidas cautelares; sentenciar conforme al procedimiento por admisión de los hechos; aprobar los acuerdos reparatorios; acordar la suspensión condicional del proceso y decidir sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de la prueba ofrecida para el juicio oral; todo ello en atención al artículo 104 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V..

En el caso concreto, se observa que el apelante solicitó en el escrito de contestación a la acusación, el cual ratificó en el acto de audiencia preliminar, la inadmisibilidad de pruebas que la defensa promovió, por no haberse señalado la necesidad y pertinencia de las mismas, estimando el accionante, que dicha declaratoria sin lugar fue realizada de manera inmotivada.

Sobre tal aspecto, esta Sala evidencia, que la Defensa solicitó como “Prueba de Informes”, se recabara copia certificada de la sentencia N° 509-10, dictada en fecha 03-06-2010, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal; así como solicitó como pruebas documentales, se recabara copia certificada de la sentencia N° 164, dictada en fecha 27-10-2005, por el Juzgado Unipersonal N° 4 de Protección del Niño y del adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Zulia; además se oficiara al ciudadano Presidente de la Junta de Condominio del Edificio Cóndor Plaza II, para que por una parte, informara al Tribunal de Instancia si en dicha residencia, existe un Libro de Control de Entrada y Salidas de Visitantes y, por otra parte, si existen cámaras de seguridad que registran el ingreso y salida de las personas que acceden a la misma; igualmente peticionó se oficiara al Director Estadal de la oficina del C.N.E., para que informara las direcciones de residencia y centros de votación que les corresponde a los ciudadanos que fueron promovidos como testigos por la Vindicta Pública y finalmente, se recabara copia certificada de las investigaciones penales seguidas a la víctima, por las Fiscalías Quinta y Cuadragésima Sexta del Ministerio Público, indicando para cada una de las mismas la necesidad y pertinencia de la prueba en el presente proceso penal; señalando la Jurisdicente al momento de decidir al respecto, que “…se declaran sin lugar por cuanto no se estableces (sic) la utilidad, necesidad y pertinencia de la (sic) misma (sic)” (folios 92 y 93 de la incidencia recursiva).

De lo anterior, se constata que la Jueza de Instancia, para declarar sin lugar la “Prueba de Informes” y las pruebas documentales ofrecidas por la Defensa de actas, solo se limitó a señalar que dicha decisión, se debía al hecho de no haberse indicado la utilidad, necesidad y pertinencia de las mismas, siendo el caso, que esta Sala constató del escrito de contestación a la acusación, presentado por la defensa de actas, que fue admitido por esta Corte Superior, para la resolución del presente escrito recursivo, que para cada una de las mencionadas pruebas, la defensa señaló de manera expresa y detallada, el por qué en su opinión, las mismas eran necesarias y pertinentes, no obstante, para el caso de que la Jurisdicente estimara declararlas inadmisibles, por considerarlo así, una vez que analizara su promoción, debía hacerlo por otra razón distinta a la decidida, ya que tal como se señalara supra, la Defensa cumplió con indicar y explicar el requisito de necesidad y pertinencia de las pruebas promovidas, distinto es que el Juzgado considere que las mismas no son necesarias y/o pertinentes, observándose por tanto, falta de motivación por parte de la Jueza de Instancia para resolver tal argumento expuesto por la Defensa.

Por otra parte, se observa que el apelante, denunció que la acusación particular propia fue interpuesta de manera extemporánea, evidenciando este Tribunal Colegiado, que el Juzgado en funciones de Control, admitió la misma plasmando en el cuarto pronunciamiento que “…CUARTO: SE ADMITE LA ACUSACION PARTICULAR PROPIASE (sic) ADMITEN TODAS LAS PRUEBAS, en todas y cada una de sus partes…” (folio 101, incidencia de apelación), esto es, que nada refirió la Jueza en funciones de Control, del porqué estimaba que no le asistía la razón a la Defensa, para inadmitir la acusación particular propia, admitiendo la misma, sin explicar el por qué consideraba que había sido presentada dentro del lapso legal, conforme lo denunció la Defensa y proceder en consecuencia a su admisión, constatándose en este sentido, que igualmente existe falta de motivación al respecto.

Mención aparte merece la solicitud que hiciere la Defensa sobre una “Reconstrucción de Hechos”, “… en similares condiciones y circunstancias a las narradas por la sedicente víctima en su denuncia primigenia y su ampliación”, toda vez que la Jueza de Instancia obvió emitir pronunciamiento judicial alguno al respecto, ya que no la admitió, así como tampoco la inadmitió, quedando dicha prueba en suspenso, constituyendo tal circunstancia omisión de pronunciamiento por parte del órgano jurisdiccional.

De acuerdo a lo anterior, evidencia esta Alzada, que existe inmotivación en la decisión recurrida, puesto que la Jueza de Control, no a.l.c. de hecho y de Derecho, por las cuales adoptó la decisión de admitir las acusaciones interpuestas en contra del ciudadano R.R.C.G., por la Fiscalía Quincuagésima Primera y acusación particular propia, respectivamente, decretando en consecuencia la apertura a juicio oral en contra del mencionado ciudadano; circunstancia que constituía un deber para la Jurisdicente.

En este orden de ideas, es de indicarse que la motivación de un fallo judicial, es la justificación razonada y exteriorizada por parte del Órgano Jurisdiccional, de la conclusión jurídica a la cual ha arribado; lo que quiere decir, que debe plasmarse de manera expresa, directa, correcta y exhaustiva el por qué se adopta determinada decisión. Además, no sólo es necesario exteriorizar los motivos del dictamen judicial, sino que la construcción de los mismos desde el principio, deben ser realizados con criterios racionales, conformando así un todo armónico que sirva de sustento a dicha decisión, ofreciendo a las partes seguridad jurídica.

En tal sentido, es de considerarse que al haber ausencia de dicha fundamentación, se entiende en consecuencia, que existe falta de motivación en la decisión, siendo el caso que en la legislación interna, dicha circunstancia constituye un presupuesto esencial, que toda decisión dictada por un Tribunal deba estar suficientemente motivada, ello en atención a la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva (art. 26 Constitucional), la cual comprende el derecho que tienen todas las personas a obtener por parte de los Jueces y Tribunales de la República, una decisión judicial motivada, congruente, que no sea errática en sus planteamientos expuestos y ajustada a derecho, pronunciándose además sobre el fondo de las pretensiones de las partes, aunque sea favorable o no a alguno de ellos.

Sobre la motivación, como elemento esencial de todo pronunciamiento judicial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 617, dictada en fecha 04-06-14, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, dejó establecido que:

"... la motivación constituye una consecuencia esencial de la función que desempeñan los jueces y de la vinculación de éstos a la ley, siendo también que este requisito constituye para el justiciable un mecanismo esencial para contrastar la razonabilidad de la decisión, a fin de poder ejercer los recursos correspondientes, y en último término, para oponerse a las resoluciones judiciales arbitrarias, siendo que tal exigencia alcanza a todas las decisiones judiciales, en todos los grados y jurisdicciones, y cualquiera que sea su contenido sustantivo o procesal y su sentido favorable o desfavorable (sentencias 4.370/2005, del 12 de diciembre; 1.120/2008, del 10 de julio; 933/2011, del 9 de junio; 153/2013, del 26 de marzo; y 1.718/2013, del 29 de noviembre, todas de esta Sala).

A mayor abundamiento, la argumentación que precede al pronunciamiento judicial dota a la resolución judicial de la auctoritas y le proporciona la fuerza de la razón (sentencia nro. 1.718/2013, del 29 de noviembre, de esta Sala).

Uno de los requisitos que debe cumplir la motivación de toda decisión judicial, es la racionalidad, la cual implica que la sentencia debe exteriorizar un proceso de justificación de la decisión adoptada que posibilite el control externo de sus fundamentos, y además, que para tal justificación se utilicen argumentos racionales, es decir, argumentos válidos y legítimos, ya que deben articularse con base en los principios y normas del ordenamiento jurídico vigente, y en los conocimientos desarrollados por la comunidad científica (sentencias 1.120/2008, del 10 de julio; 933/2011, del 9 de junio; 153/2013, del 26 de marzo; y 1.718/2013, del 29 de noviembre, todas de esta Sala).

En efecto, la exteriorización de la racionalidad ha de ser guía de todo pronunciamiento judicial, lo cual otorga un respaldo a la potestad de administrar justicia, legitimándola así ética y socialmente, para evitar el voluntarismo (sentencia nro. 1.718/2013, del 29 de noviembre, de esta Sala).

Es el caso, que la necesidad de motivación constituye, sin lugar a dudas, una garantía fundamental del derecho a la defensa y, en fin, del debido proceso y del derecho a la tutela judicial efectiva (sentencias 580/2007, del 30 de marzo; y 1.862/2008, del 28 de noviembre)…

.

Por su parte, la doctrina patria refiere que:

"La motivación es parte esencial de todo fallo judicial, y es aquí donde entra a jugar su papel fundamental la Teoría de la Argumentación, lo cual funciona en aquellos campos donde no se manejan verdades racionales sino que discuten punto de vistas, donde se enfrentan dos o más posiciones, y en donde cada uno de los que argumenta pretende convencer a un determinado auditorio de que su posición es la mas razonable, justa o conveniente, es decir, expone los argumentos que, en su opinión, le servirán para hacer prevalecer sus puntos de vista sobre los eventuales puntos de vista concurrentes. El juez cuando motiva su sentencia, lo que persigue, en primer lugar, es convencer a las partes que litigaron en el proceso, en segundo término, si es un juez de instancia, va a tratar también de convencer al tribunal superior o de casación que, eventualmente, tendrá que revisar su decisión, y, en última instancia, buscará convencer a la opinión pública especializada, es decir, los va a querer convencer de que su sentencia no sólo es conforme al derecho positivo, que está obligado a aplicar, sino también de que esa sentencia es razonable, es conveniente, que es adecuada al caso concreto, y, en especial que es justa, o sea, que está de acuerdo con lo que en esa sociedad considera justo, es decir, que su decisión no choca con las valoraciones colectivas y contribuye a realizar el ideal de justicia socialmente vigente” (Herman Petzold-Pernía. Una Introducción a la Metodología del Derecho. Universidad Católica A.B., Caracas, 2008, p: 72).

Por lo tanto, al existir falta de motivación del fallo apelado, se vulnera la garantía constitucional relativa a la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 Constitucional, en concordancia con el artículo 157 del Texto Adjetivo Penal, además una violación flagrante del principio del debido proceso, que lleva inmerso el derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49.1° Constitucional, lo que obliga forzosamente a esta Corte de Apelaciones, a declarar la nulidad de la decisión apelada, relativa a lo decidido en el acto de audiencia preliminar. En consecuencia, quienes aquí deciden, consideran que le asiste la razón a la Defensa en los motivos de denuncia “SEGUNDO”, “TERCERO”, “CUARTO” y “QUINTO”, los cuales se resolvieron en conjunto por estar íntimamente vinculados, por ello, se declaran con lugar. Así se decide.

Como corolario de lo anterior, esta Sala considera que lo procedente en derecho es declarar CON LUGAR el recurso de apelación de autos, interpuesto por el ciudadano Abogado F.U., en su carácter de Defensor del ciudadano R.R.C.G. y por vía de consecuencia, se ANULA la decisión N° 1991-14, dictada en fecha 22-09-2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por existir violación de la garantía relativa a la Tutela Judicial Efectiva y del principio del Debido Proceso, previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ello, en atención a lo establecido en el artículo 257 Constitucional, en concordancia con los artículos 13, 174, 175, 179 y 180 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal y se ORDENA que un Juez distinto al que dictó la decisión recurrida, realice el acto de audiencia preliminar, prescindiendo de los vicios que condujeron a la nulidad del fallo apelado, en atención al artículo 425 del Texto Adjetivo Penal, aplicado por remisión supletoria del artículo 67 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una V.L.d.V.. Así se decide.

DECISION

Por los fundamentos expuestos, esta Corte Superior del Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra Las Mujeres de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

CON LUGAR el recurso de apelación de autos, interpuesto por el ciudadano Abogado F.U., en su carácter de Defensor del ciudadano R.R.C.G..

SEGUNDO

ANULA la decisión N° 1991-14, dictada en fecha 22-09-2014, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control, Audiencias y Medidas con Competencia en Materia de Delitos de Violencia Contra las Mujeres del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, relativa al acto de audiencia preliminar, por existir violación de la garantía relativa a la Tutela Judicial Efectiva y del principio del Debido Proceso, previstos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo ello, en atención a lo establecido en el artículo 257 Constitucional, en concordancia con los artículos 13, 174, 175, 179 y 180 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.

TERCERO

ORDENA que un Juez distinto al que dictó la decisión recurrida, realice el acto de audiencia preliminar, prescindiendo de los vicios que condujeron a la nulidad del fallo apelado, en atención al artículo 425 del Texto Adjetivo Penal.

Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 442 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, aplicado por remisión del artículo 647de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vide Libre de Violencia.

Regístrese, diarícese, publíquese la presente decisión y déjese copia certificada en el archivo correspondiente llevado por esta Sala.

EL JUEZ PRESIDENTE,

DR. J.A.D.V.

Ponente

LA JUEZA EL JUEZ

DRA. VILEANA MELEAN VALBUENA DR. J.L.L.B.

LA SECRETARIA,

ABOG. P.U.N.

En esta misma fecha, se registró y publicó la anterior decisión bajo el Nº 316-14, en el libro de sentencias interlocutorias llevado por esta Corte.

LA SECRETARIA,

ABOG. P.U.N.

JADV/lpg.-

ASUNTO PRINCIPAL: VP02-S-2014-003208

ASUNTO : VP02-R-2014-001371

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