Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 13 de Diciembre de 2013

Declare la admisibilidad el RECURSO DE APELACION DE SENTENCIA por haber sido interpuesta en tiempo hábil.

Declare con lugar en la definitiva el presente RECURSO DE APELACION DE SENTENCIA, con los pronunciamientos a que haya lugar de acuerdo a la causal invocada y sea declara con lugar tal y como lo dispone el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal; y en consecuencia, REVOQUE la Decisión proferida por el Tribunal de Primero (sic) Instancia en Función de Control número UNO (sic) del Circuito Judicial Penal, extensión San A.d.T., mediante la cual condenó al (sic) ciudadano (sic) Y.E.G. , a cumplir la pena de QUINCE ANOS DE PRISION, por haberse acogido al procedimiento especial por ADMISION DE LOS HECHOS, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por el delito de TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, el cual se encuentra previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 en concordancia con el artículo 163 numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas en perjuicio del estado Venezolanos y en consecuencia, se haga la respectiva rectificación de pena que procede para el caso en referencia, con apego a la Ley y la Justicia.

Escrito contentivo de cinco (05) folios útiles para ser agregado al expediente respectivo, para que surta los efectos de Ley correspondientes. Justicia que impetro, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil trece.”

DE LA CONTESTACIÓN INTERPUESTA

En fecha 01 de octubre de 2013, el abogado Joman A.S. y la abogada F.M.T.O., adscritos a la Fiscalía Vigésima Primera del Ministerio Público, dieron contestación al recurso de apelación interpuesto por el abogado L.S.S., señalando lo siguiente:

“(Omissis)

CAPITULO II

DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO

Ciudadanos Honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones, la Defensa Técnica de la imputada Y.E.G.M., interpone Recurso de Apelación contra la decisión del Tribunal de Control N° 1 de este Circuito Judicial Penal estado Táchira — Extensión San Antonio, al sentenciar al (sic) justiciable a cumplir la pena de DIECIOCHO (18) ANOS DE PRISION, por el delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del articulo 149 en concordancia con artículo 163 de la Ley Orgánica de Droga, indicando el recurrente no estar ajustada la penalidad, debemos indicar que el Juez de la causa ajustó tal sentencia a la dosimetría potestativa y permitida por el propio legislador, tomando en consideración para ello la magnitud del daño causado, la forma de su comisión y sitio donde fue incautada la droga (en el área limítrofe con la República de Colombia), en tal sentido necesario señalar los criterios orientadores del tratamiento que la política criminal del Estado Venezolano ha asumido en su lucha antidrogas:

- Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, Expediente 02-1 844, de fecha 09-11-05:

(Omissis)

- Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Magistrada Carmen Zuleta de Merchan, Expediente 09-0572, de fecha 31-07-09:

(Omissis)

“... El anterior criterio fue reflejado por esta la Sala Constitucional en sentencia n° 1.712, del 12 de septiembre de 2001 (y reiterado en sentencias 1.485/2002, del 28 de junio; 1.654/2005, del 13 de julio; 2. 507t2005, del 5 de agosto; 3.42112005, del 9 de noviembre; 147/2006, del de febrero, entre otras), señalándose al respecto lo siguiente;

…Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

…De manera que, la jurisprudencia de esta Sala Constitucional ha sido pacífica al considerar los delitos vinculados con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas como un delito de lesa humanidad, toda vez que es una conducta punible que lesiona la salud física y moral de la población...

(Omissis)

Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Expediente 09-0599, de fecha 09-11-09:

…De la lectura del fallo objeto de la pretensión de protección constitucional que nos ocupa, no observa la Sala que la referida Corte de Apelaciones haya actuado con abuso de poder ni que se haya extralimitado en sus atribuciones, pues de manera atinada dicho órgano jurisdiccional estimó que no sólo se había acreditado de manera cierta la existencia de un hecho punible cuya acción no se encuentra prescrita, sino que además, por estar en presencia de una causa penal seguida contra la hoy accionante por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con forme a la jurisprudencia de esta Sala, “no es posible la aplicación de Medidas Cautelares Sustitutivas a la de la Privación de Libertad”

En efecto, ha sido criterio reiterado y pacífico de esta Sala Constitucional, así como de la Sala de Casación Penal, que el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ha sido considerado como un delito de lesa humanidad, conforme a los artículos 29 y 271 constitucionales. En este sentido, esta Sala mediante su decisión No. 128 del 19 de febrero de 2009 (caso: Yoel Ramón Vaquero Pérez

), ratificando su decisión No. 1114 del 25 de mayo de 2006 (caso: L.H.F.), estableció lo siguiente:

(Omissis)

- Sentencia N° 1.728, de fecha 10-12-09, Expediente N° 09-0923, depuesto por la Magistrada Dra. C.Z.d.M.:

(Omissis)

Así entonces, con base en la referida prohibición la Sala reitera que, para efectos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional —delitos de lesa humanidad-, no es aplicable el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII. del Libro Primero del referido Código Adjetivo sin que ello suponga una presunción de culpabilidad de quien está siendo juzgado por la comisión de un delito de tal carácter, pues la imposición de una medida privativa preventiva de libertad, requiere el cumplimiento de las exigencias contenidas en el artículo 250 del señalado texto adjetivo penal, entre las cuales está la de comprobar la existencia de elementos de convicción que evidencien la presunta comisión del hecho punible, así como la presunta participación de la persona imputada en su comisión, y por último la existencia de peligro de fuga” o de “obstaculización de la investigación’ tal y como lo disponen los artículos 251 y252 ambos del texto adjetivo penal, que establecen entre otras circunstancias que se ha de estimar la posible pena a imponer y el daño ocasionado, todo ello con el fin de garantizar la prosecución del proceso, sin que necesariamente concluya con una sentencia condenatoria contra la persona que se investiga.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto presunción iuris tantum (sic), implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhibe prueba en contrario; y tal principio rige desde el momento en que se le imputa a una persona la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva.

En este orden de ideas, la imputación de la comisión de hechos punibles sólo debe ser expresión del interés de justicia que busca la víctima —que en el caso de los delitos de tráfico de drogas- es el Estado venezolano y que lo hace suyo el Ministerio Público, judicializándolo con la expectativa de sanción, la cual no constituye per se (sic) una presunción de culpabilidad en contra del imputado; pues en estos casos el poder del Estado actúa en la forma más extrema y justificada en la defensa social frente al crimen, produciendo así una injerencia respaldada constitucionalmente; en uno de los derechos más preciados de la persona, su libertad personal; no afectando con ello la presunción de inocencia pues la misma se mantiene ‘incólume’ en el proceso penal hasta tanto se produzca una sentencia judicial que logre desvirtuarla a través de una condenatoria.

Sin embargo, este derecho fundamental de la presunción de inocencia no implica necesariamente el juzga miento en libertad del procesado, pues el mismo texto Constitucional admite ciertas limitaciones,, y conforme a ello nuestro ordenamiento jurídico legal vigente permite la posibilidad de decretar medidas cautelares personales, como la detención preventiva o detención provisional-, sin que ello signifique-se insiste-presumir la culpabilidad del imputado, porque tales medidas sirven precisamente para garantizar su comparecencia a todos los actos procesales y lograr el esclarecimiento del delito investigado; garantizado así las resultas del proceso panal orientado en principios propios de un Estado de derecho; de allí que se dictamen sea imprescindible, claro está, siempre que tales medidas sean dictadas bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad..

Así entonces, los jueces y juezas de la República Bolivariana de Venezuela están obligados, según el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, a tomar las medidas pertinentes para llegar a la verdad de los hechos, mandato éste que llene mayor relevancia cuando se trata de los delitos vinculados al tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en todas sus modalidades. Se insiste, por tanto que, en modo alguno se trata de desconocer el principio de presunción de inocencia o algún otro derecho o garantía constitucional, de lo que se trata es de la aplicación justa del derecho mediante decisiones judiciales debidamente motivadas con criterios razonables ajustados al caso concreto y que sean el reflejo de la realidad imperante; coadyuvando así a proteger a la colectividad de un daño social máximo a un bien jurídico tan capital como la salud emocional y física de la población, así como posibilitar la preservación del progreso, el orden y la paz pública; lo cual se logra con una interpretación teleológica y progresiva, que desentrañe la “ratio juris” (sic), para proteger —como se indicó supra (sic)- los valores tutelados por las normas incriminatorias a tono con el trato de delito de lesa humanidad que ha dado la jurisprudencia de esta Sala a las actividades relacionadas del tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, en consonancia con los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que a la letra dicen:

(Omissis)

De igual modo es preciso destacar que, en atención a las disposiciones constitucionales transcritas y en aplicación de la conceptuación de crímenes de lesa humanidad contenida en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, suscrito por Venezuela, y publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.507 de fecha 13 de diciembre de 2000; esta Sala Constitucional desde su sentencia N° 1712 del 19 de septiembre de 2001, caso: R.A.C., Y.C.E. y M.O.E., consideró que los delitos vinculados con el tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas constituyen crímenes de ¡esa humanidad, señalando a tal efecto lo que sigue...

(Omissis)

- Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Expediente 09-0599, de fecha 09-11-09:

(Omissis)

- Sentencia N° 1.728, de fecha 10-12-09, Expediente N° 09-0923, depuesto por la Magistrada Dra. C.Z.d.M.:

(Omissis)

Criterio sentado por esa Honorable Corte de Apelaciones en Sentencia de fecha 13109110, Expediente 1-Aa-425812010, que al pronunciarse al recurso intentado por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Táchira, dejo asentado que:

(Omissis)

Siendo preciso mencionar Jurisprudencia de esa Honorable Alzada de fecha 10-03-11, Expediente 1 -As-4454-2011, en la que declarando con lugar el recurso interpuesto por la Fiscalía Decima (sic) del Ministerio Público dejo sentado que:

(Omissis)

Finalmente queremos recordar que el delito en estudio es tan delicado que el legislador señaló en los artículos 29 y 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como un delito que va en contra de los derechos humanos o de lesa humanidad, y no se extingue por razón del transcurso del tiempo, la acción penal para procurar el enjuiciamiento de los responsables por su comisión, toda vez que tales especies delictivas al ocasionar un profundo nesgo y un perjuicio a la salud pública y por ende a la colectividad, son susceptibles de ser considerados como delitos contra la humanidad y en razón de todo ello y esa magnitud del daño causado el juez (sic) sentenció con esa penalidad.

III

PETITORIO

Por los fundamentos anteriormente expuestos, muy respetuosamente solicitamos se sirva esa Alzada, declarar SIN LUGAR el recurso interpuesto por la defensa de la imputada Y.E.G.M., y en consecuencia se mantenga la decisión emanada por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 1 de la Circunscripción Judicial del estado Táchira — Extensión San Antonio, la cual reúne los requisitos constitucionales y legales.”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Seguidamente pasa esta Corte a analizar, tanto los fundamentos de la sentencia recurrida, como el recurso de apelación, y el escrito de contestación interpuesto, en tal sentido observa:

Estima la parte recurrente, que la dosimetría aplicada al cálculo de la pena no es la correcta y por tanto causa un gravamen irreparable a su defendida la ciudadana Y.E.G.M., ya que según su criterio, la juzgadora incurrió en errónea aplicación de una norma jurídica, pues la rebaja por admisión de hechos debe aplicarse una vez se haya calculado la pena definitiva con todas las circunstancias atenuantes y agravantes del delito en concreto.

Refiere la defensa, que la juzgadora no aplicó la atenuante genérica establecida en el artículo 74.4 del Código Penal, referida a que su defendida no presenta antecedentes penales, lo cual es una constante aplicada por todos los tribunales penales de la República, que cuando el justiciable carece de antecedentes penales, inmediatamente se toma como pena su límite inferior; que en el caso de su defendida debió haberse determinado la cantidad de doce (12) años como límite inferior y no el término medio, lo que contribuyó a que la pena se incrementara.

Explicados como han sido los argumentos esgrimidos por la parte recurrente, esta Superior Instancia considera pertinente ilustrar acerca de la institución jurídica procesal llamada Admisión de Hechos y para ello se tiene que al respecto la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia ha emitido jurisprudencia normativa en donde determina que:

“El procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.”

Dicha Sala expresa además:

Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por tanto la figura procesal de la Admisión de los Hechos, es considerada como una forma anticipada de terminación del proceso penal, ya que puede tener lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación hasta la recepción de pruebas, y se encuentra prevista en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, la cual instituye la llamada declaración de culpabilidad, siendo un beneficio para el imputado o imputada que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al Estado tiempo y dinero al no invertir en un juicio debido a que quien admite los hechos renuncia a una efectiva celebración de juicio por los delitos endilgados por la fiscalía en su escrito acusatorio.

Por su parte la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 0075/2001, del 8 de febrero, señaló lo siguiente:

…la ‘admisión de los hechos’, es un procedimiento especial que procede cuando el imputado consiente en ello, reconoce su participación en el hecho que se le atribuye, lo cual conlleva a la imposición inmediata de la pena con una rebaja desde un tercio de la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado. La admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al Estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso

.

Además de la prescindencia del juicio, esta institución trae consigo como beneficio para el sujeto una rebaja en la pena correspondiente al delito que le ha sido atribuido, toda vez, que para que esta renuncia del imputado o imputada al juicio tenga algún sentido, resulta necesario que el mismo obtenga algo a su favor, es decir, una rebaja de la pena aplicable al delito, que va desde un tercio hasta la mitad de la pena que haya debido imponerse en caso de resultar condenado o condenada en fase de juicio.

Ahora bien, tal rebaja o reducción de pena la debe efectuar el juez o jueza de control o juicio analizando de manera razonada todas las circunstancias del caso en particular, y ponderando la afectación social que causó la comisión de tal ilícito, porque el jurisdicente en apego absoluto del artículo 26 constitucional debe motivar la pena que ha de imponer al imputado o imputada, y si el caso bajo su análisis contempla un delito en donde haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la Ley Orgánica de Drogas, y cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez o jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio tal y como lo prevé el último aparte del artículo 375 del Código Orgánico Procesal.

“Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo y en los casos de delitos de; homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e identidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delitos de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos de multiplicidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves de los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o Jueza solo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable “

Del análisis realizado a la parte in fine del artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal trascrito ut supra se tiene, que el legislador limitó tal rebaja de pena, para ciertos tipos de delitos, dentro de los cuales se encuentran los delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o los delitos de droga de mayor cuantía previstos en la Ley de Drogas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez o jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio.

Expresado lo anterior, esta Corte de Apelaciones determina, que en el caso de marras, el delito imputado a la ciudadana Y.E.G.M. es el de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE AGRAVADO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149, en concordancia con el artículo 163 numeral 11, todos de la Ley Orgánica de Drogas, que señalan:

Artículo 149.

El que ilícitamente trafique, comercie, expenda, suministre, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene o realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados a que se refiere esta Ley, aún en la modalidad de desecho, para la producción de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será penado o penada con prisión de quince a veinticinco años.

Si la cantidad de droga no excediere de cinco mil (5000) gramos de marihuana, mil (1000) gramos de marihuana genéticamente modificada, mil (1000) gramos de cocaína, sus mezclas o sustancias estupefacientes a base de cocaína, sesenta (60) gramos de derivados de amapola o quinientas (500) unidades de drogas sintéticas, la pena será de doce a dieciocho años de prisión.

(Resaltado de la Corte de Apelaciones).

Artículo 163.11:

“Se consideran circunstancias agravantes del delito de tráfico, en todas sus modalidades, fabricación y producción ilícita y tráfico ilícito de semillas, resinas y plantas, cuando sea cometido:

11. En medios de transporte, públicos o privados, civiles o militares.

En los casos señalados en los numerales 2, 7, 9, 10 y 13 la pena será aumentada de un tercio a la mitad, en los restantes casos la pena será aumentada a la mitad “ (Resaltado de la Corte de Apelaciones).

En el mismo orden de ideas, se hace preciso señalar, que cuando la ley castiga un delito o falta con la pena comprendida entre dos límites, se entiende que la normalmente aplicable es el término medio que se obtiene sumando los dos números y tomando la mitad; se la reducirá hasta el límite inferior o se la aumentará hasta el superior, según el mérito de las respectivas circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el caso concreto, debiendo compensárselas cuando haya de una u otra especie.

De lo antes precisado se desprende que existe fórmulas dosimétricas para la rebaja y aumento tanto de las agravantes y atenuantes genéricas como de los específicos, diferenciado de manera contundente las formas en que se efectúan las mismas en cada caso en particular, por ende concluye esta Alzada que la jueza de la recurrida incurrió en error al momento del cálculo de la pena a imponer a la acusada de autos, ya que de las actuaciones se desprende que la cantidad de droga incautada no excede de mil (1.000) gramos de cocaína, por lo que debió tomar en cuenta la pena establecida en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, vale decir, de doce (12) a dieciocho (18) años de prisión, al no hacerlo la juzgadora afectó en su totalidad el quantun de la pena, por lo que esta Alzada como resultado de lo arriba indicado, haciendo uso de su facultad saneadora y conforme a lo previsto en los artículos 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 434 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a efectuar la corrección del cómputo de la pena establecido en la sentencia aquí recurrida, quedando de la siguiente manera:

Se toma como base para el cálculo de la misma el término medio de la pena prevista en el artículo 149 de la ley Orgánica de Drogas, dicho término se consigue tal y como lo prevé el artículo 37 del Código penal de la suma del límite inferior de la pena que en el caso de marras es de doce (12) años, con el límite superior dieciocho (18) años, lo que da como resultado treinta (30) años, la mitad de esa suma es el término, vale decir, quince (15) años.

Seguidamente se pasa a aplicar la atenuante genérica otorgada por el a quo, previsto en el numeral 4 del artículo 74 del Código Penal, cambiando la base del cálculo de la pena partiendo del límite inferior de esta que como bien se sabe es de doce (12) años.

De seguida se pasa a aplicar la agravante específica prevista en el numeral 11 del artículo 163, es decir, la pena aumentada a la mitad, dando como resultado dieciocho (18) años.

Luego de ello, se practica la rebaja prevista en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal que señala el procedimiento por Admisión de los hechos, rebajando un tercio de la pena aplicable, por tratarse de la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Orgánica de Drogas, lo que significa una rebaja de pena de seis (06) años, quedando en consecuencia una pena a imponer en doce (12) años de prisión y así se decide.

DECISION

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide:

Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado L.S.S., con el carácter de Defensor Público Segundo Penal, de la ciudadana Y.E.G.M., contra la sentencia dictada y publicada en fecha 06 de septiembre de 2013, mediante la cual, condenó a la acusada Y.E.G.M. , a cumplir la pena de dieciocho (18) años de prisión.

MODIFICA de conformidad con el artículo 434 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión señalada en el punto anterior, sólo en cuanto a la dosimetría de la pena impuesta, la cual se rectifica de la manera siguiente: Queda establecida para la acusada Y.E.G.M., por la comisión del delito de tráfico en la modalidad de transporte agravado de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 149, en concordancia con el artículo 163, numeral 11 de la Ley Orgánica de Drogas, la pena en DOCRE (12) AÑOS DE PRISIÓN, así como las penas accesorias de Ley contenidas en el artículo 16 del Código Penal, las cuales fueron impuestas en la decisión dictada por el Tribunal a quo.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

Los Jueces y la Jueza de la Corte

LS.

(Fdo)Abogada Ladysabel P.R.

Presidenta-Ponente

(Fdo)Abogado Rhonald D.J.R. (Fdo) Abogado M.A.M.S.

Juez Juez

(Fdo)Abogada Darkys Naylee Chacón Carrero

Secretaria

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

(Fdo)Abogada Darkys Naylee Chacón Carrero

Secretaria

1-As-SP21-R-2013-000265/LPR/Neyda.-