Decisión nº 380-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 18 de Junio de 2015

Fecha de Resolución18 de Junio de 2015
EmisorCorte de Apelaciones Sala 3
PonenteMaurelys Vilchez Prieto
ProcedimientoSin Lugar El Recurso De Apelación

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala Tercera

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia

Maracaibo, dieciocho (18) de junio de 2015

204º y 156º

ASUNTO: VP03-R-2015-000646

Decisión No. 380-15

I

PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL MAURELYS VILCHEZ PRIETO

Han subido las presentes actuaciones en virtud del recurso de apelación de autos, interpuesto por la profesional del derecho M.G.U.M., inscrita en el inpreabogado bajo el número 220.517, actuando en su carácter de defensora de los ciudadanos P.J.V.O., titular de la cédula de identidad Nº V.-10.433.587, N.J.R.P., titular de la cédula de identidad Nº V.-14.525.935, J.E.T.R., titular de la cédula de identidad Nº V.-14.800.932 Y M.J.G.M., titular de la cédula de identidad Nro. V.-14.357.438; en contra la decisión Nº 237-15 de fecha 4 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual el Tribunal de instancia, decretó PRIMERO: Admitir parcialmente la acusación presentada por la Fiscalía del Ministerio Publico en contra de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., por la comisión de los delitos de EXTORSIÓN CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión en concordancia con el articulo 19 numerales 7° y 8º ejusdem, en perjuicio del ciudadano Á.A.U.G., PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal Venezolano , cometido en perjuicio de los ciudadanos R.R. PRADA, HENYERBETH RINCÓN ROMERO, E.A. RONDÓN NUÑEZ, USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA previstos y sancionados en el articulo 115 de la Ley para El Desarme y Control de Armas y Municiones y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo delito cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Admitir todas y cada uno de los medios de pruebas ofrecidos porta Fiscalía del Ministerio Público, así como los promovidos por la defensa privada. TERCERO: Desestimó el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del código penal. CUARTO: Decretó el sobreseimiento en relación al delito de ABUSO DE FUNCIONES previstos y sancionados en el articulo 237 del Código Penal Venezolano de conformidad con lo establecido en el articulo 300 orinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: Acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, que le fueran impuestas a los imputados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del código orgánico procesal penal. SEXTO: Decretó la medida aseguramiento e incautación sobre los vehículos con las siguientes características: 01.- MARCA: CHEVROLET, MODELO: MALIBU, COLOR: BEIGE, Serial de carrocería: 1LT9AAV318446, Placas: VEH589, 2.) MARACA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, PLACAS: XPM809, 3.-) MARCA: CHEVROLET, MODELO: CAVALIER, COLOR: GRIS, SERIAL DE CARROCERÍA: 1J6945V323432, PLACAS: GADF5B, de conformidad con lo establecido en el articulo 588 y 589 del código de procedimiento civil. SÉPTIMO: Declaró sin lugar las excepciones presentadas por la defensa. OCTAVO: Declaró sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto a la solicitud de cambio de sitio de reclusión de los acusados de autos. NOVENO: Ordenó el auto de apertura a juicio en el presente asunto seguido en contra de los acusados de autos.

Recibidas las actuaciones en este Tribunal de Alzada, el día 26 de mayo de 2015, se da cuenta a las juezas integrantes de la misma, designándose como ponente a la Jueza Profesional D.C.N.R., reasignándose la ponencia a la Jueza profesional suplente MAURELYS VILCHEZ PRIETO, la cual se encuentra en sustitución de la Dra. D.C.N.R., quien se encuentra en el disfrute de sus vacaciones legales, y con tal carácter la DRA. MAURELYS VILCHEZ PRIETO, suscribe la presente decisión.

La admisión del recurso se produjo en fecha 2 de junio de 2015. Ahora bien, siendo la oportunidad prevista en el tercer aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, se procede a resolver el fondo de la controversia, atendiendo a los vicios denunciados, de conformidad con lo establecido en el artículo 432 ejusdem, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones:

II

DEL RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR LA DEFENSA PRIVADA.

La profesional del derecho M.G.U.M., actuando en su carácter de defensora de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. y M.J.G.M., contra la decisión Nº 237-15 de fecha 4 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, sobre la base de los siguientes argumentos:

…La Audiencia Preliminar como Acto Procesal especial, comporta el despliegue de una conducta determinada para cada uno de los intervinientes en ella; no obstante, la principal finalidad de la Audiencia Preliminar en el proceso es la depuración del mismo, es decir, poner la causa al estado de entrar en el mérito del asunto sin que exista obstáculo alguno que impida entrar al conocimiento del fondo del asunto, a través del debido contradictorio, de allí que según e! artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, el juez o jueza finalizada la Audiencia Preliminar, resolverá en correspondencia a lo planteado, y según la Doctrina y Jurisprudencia Patria, materias como: pertinencia, legalidad y necesidad de la prueba, excepciones opuestas, concurrencia de una causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, la inexistencia del hecho objeto del proceso o la no atribuibilidad del mismo al imputado o imputados, son indiscutible e inequívocamente, materias sustanciales o de fondo sobre las cuales el juez o jueza de Control, tiene plena competencia para la valoración v decisión. (Subrayado nuestro). Al efecto señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 03/08/2006, según sentencia Nº 1500, Expediente Nº 06-739, con Ponencia del Magistrado DR. P.R.R.H., entre otras cosas que:…Omissis…

Lo anterior es apuntado en razón de que el Juez de Control, NO puede ejercer a medias el mandato Constitucional y Legal de Control Judicial, y en este sentido la decisión a proferir debe ser motivada porque en definitiva, el derecho o garantía a la Tutela Judicial Efectiva comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, derecho a obtener una decisión motivada, razonada, justa congruente y que no sea jurídicamente errónea…Omissis…

Significa lo anterior, que la argumentación dada la Jueza de Control, no refleja la explicaciones de su actividad intelectual, para la construcción de las premisas y la determinación de la consecuencia jurídica, pues sí fueron opuestas unas excepciones atinentes; Primero: A la falta de requisitos esenciales para intentar la Acusación Fiscal, por carecer de una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o imputada y, Segundo: A los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan. No puede el Juez de Control, en plenas funciones de control judicial en la Audiencia Preliminar resolver declarando SIN MOTIVACIÓN ALGUNA, que se admite la Acusación Fiscal y se declaran Sin Lugar las Excepciones opuestas por la defensa, por considerar …Omissis…

Que exprese la Jueza de la decisión recurrida; que la Acusación Fiscal es Admitida porque cumplió con lo que señala el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, es limitarse a señalar que si se hizo una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible. En conclusión, se limitó a señalar en forma circular el enunciado de la premisa contenida en la norma del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, sin mayor explicación.

Con tal motivación no es posible conocer la manera corno el operador de justicia construyó la premisa menor y le otorgó la consecuencia jurídica de la norma, esto es -La Admisibilidad de la Acusación Fiscal-. Tal proceder ciudadanos Magistrados, considera esta defensa técnica produce un Gravamen Irreparable a los hoy imputados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. y M.J.G.M., -quiénes a su vez se encuentran privados de su libertad fuera de la Jurisdicción del Juez Natural, y con la agravante de estar mezclados con la población común, donde podrían correr peligro, en virtud de las funciones de investigación e inteligencia al servicio de su cargo de funcionarios policiales-. Con dicha actuación la Jueza de Control agota su competencia material en esta fase, se desprende de! conocimiento de la causa y no es posible repararlo inmediatamente, todo lo cual de manera inequívoca pone en estado de indefensión a los mencionados ciudadanos; pues como considerar que "lo que se dice es verdad, porque es verídico". El error de Petición de Principio consiste en aceptar que una cosa es prueba en v.d.e. misma; y así lo afirmó la Jueza de Control en su decisión, que la Acusación era Admisible porque "...mal podría la vindicta publica intentar acción penal alguna si faltase alguno de estos requisitos...", refiriéndose a los requisitos contenidos en el ut supra señalado artículo 308.

Nuestro m.T. ha señalado reiteradamente que se entiende por Petición de Principio, y consiste en dar por demostrado lo que debe ser objeto de argumentos racionales; es la apariencia de haberse llevado a cabo un razonamiento lógico que en realidad nunca se ha efectuado; y que deviene en el Vicio de Inmotivación por "Petición de Principio".

En el mismo orden de ideas, debe denunciar esta defensa técnica que so pretexto de ser a juicio de la Jueza de Control otra fase del Proceso la indicada para debatir ciertos hechos; inmotivar o no dar razón fundada, lógica y raciona! de las excepciones opuestas, es ILEGAL, pues como se afirmó en líneas anteriores el Control de los Jueces del Control, no puede ser ejercido a MEDIAS en desconocimiento a los mandatos Constitucionales; y prueba de ello lo constituye la actuación desplegada por la juez de Control en la misma Audiencia Preliminar, quien haciendo uso de la Potestad que le confiere el ordinal 3o de! artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, desestima el delito de Robo Agravado previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano, descendiendo hasta las actas integradoras del expediente y verificando de los elementos de convicción explanados en la Acusación fiscal adminiculados con las pruebas de autos, que el delito de Robo Agravado no se configuraba, señalando que "...de actas se evidencia que de las testimoniales de las victimas los mismos manifiestan que ninguno fueron amenazados...". No entiende esta defensa, como la Juez si consideró necesario entrar a conocer sobre el contenido, hasta validez, pertinencia y licitud de las testimoniales de las víctimas en el caso del delito de Robo Agravado, y no así para el resto de los delitos por los cuales fueron acusados mis defendidos, toda vez que de actas no se desprende las razones por las cuales encontró ajustada a derecho la calificación de robo agravado, sin embargo, no explanó las razones por las que consideró que si lo eran los tipos penales de extorsión con circunstancias agravantes, asociación para delinquir, uso indebido de arma orgánica y privación arbitraria de libertad. Siendo menester puntualizar lo que respecto al cambio de calificación jurídica, acotó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Número 1242, de fecha 16 de agosto de 2013, con ponencia Del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Expediente N° 2012-1283, donde señalo: …Omissis…

Cabe señalar, que al a.l.e.d. delito de extorsión, se observa que es un tipo penal doloso, y consiste en la voluntad del sujeto activo de obligar por medio de intimidación o amenaza a !a víctima, es decir, que el tipo penal exige que el sujeto activo infunda al sujeto pasivo un sentimiento de miedo, temor o angustia, ante la amenaza de un daño grave, personal y posible, que tendrá lugar si no entrega aquello que el sujeto activo del delito le solicita. Ahora bien, según la actuación desplegada por los funcionarios actuantes, cuyo dicho no es suficiente para determinar responsabilidad, según jurisprudencia reiterada-, y el Ministerio Público en su acusación fiscal, la conducta despegada por tos acusados de autos, se subsume en dicho tipo penal, pero se pregunta esta defensa, cuales son los elementos de convicción o medios de prueba tomados en cuenta para establecer la participación de los acusados en el mismo? Una relación de llamadas y mensajes de textos, que no son claros, ni específicos, y no son suficientes para determinar que dichas llamadas o mensajes estaban dirigidas a perpetrar el delito de extorsión, y menos se observa contenido amenazante; aunado al hecho que no existe cuerpo del delito, que en este caso sería el dinero que presuntamente fue solicitado; y no se evidencia que los acusados hayan realizado alguna conducta para procurarse un beneficio a través de una agresión a su libertad de decisión, ya que en este caso, el sujeto pasivo no fue conminado mediante violencia psíquica a omitir o realizar un acto de entrega que afecta su patrimonio, ni se produjo el constreñimiento de la víctima, ni se vio afectado su libre determinación, con la finalidad de que verificada la voluntad doblegada, proceda a enviar, depositar o poner a disposición del culpable, dinero, cosas, títulos o documentos.

En el presente caso se observa claramente de las actas de investigación y de las declaraciones rendidas por los supervisores inmediatos de mis defendidos, que los mismos se encontraban realizando labores de inteligencia, lo cual los convierte en unos sujetos activos calificados, por lo que el tipo penal acusado por el Ministerio Público no corresponde como acción para los mismos; más bien podría encuadrar perfectamente en un tipo penal previsto en la ley Contra la Corrupción, y es el delito que realmente prevalece en toda la investigación, toda vez que el propio testigo manifiesta de forma clara y precisa que eran funcionarios policiales, aunado al hecho que éstos se encontraban en el ejercicio de sus funciones; llamando poderosamente la atención, que fue el delito de abuso de funciones el que precisamente fue sobreseído a petición fiscal …Omissis…

Respecto al delito de asociación para delinquir, establece como tipo penal, que para que se configurara el referido delito debe evidenciarse un grupo de sujetos, organizados en bandas, con contactos previos y determinados. En el presente caso, de las actas se desprende que mis defendidos se encontraban realizando labores de inteligencia policial en un local de expendio de químicos, la prueba está que fueron solicitados todos los permisos necesarios que deben cumplirse para el transporte de estas sustancias. Atribuir que un organismo policial se encuentre constituido en banda, es cercenar las normas constitucionales sobre organizaciones policiales las cuales tienen una labor de prevención del delito, atribuir este tipo de conducta penal, sin hacer un análisis exhaustivo de los tipos es incurrir en una flagrante violación al Debido proceso y al Derecho a la defensa por las funciones que desempeñaban en la División de Inteligencia de la Policía Regional del estado Zulia…Omissis…

Así las cosas, los errores de juicio cometidos por el Tribunal 3o de Control a través de una decisión inmotivada, incongruente y contradictoria que revisa los elementos de convicción y pruebas para desestimar un delito; pero que siendo los mismos elementos de convicción y pruebas para todos los delitos imputados, incluyendo el desestimado y el sobreseído; NO los toma en cuenta para desestimar los otros delitos, o para un cambio de calificación o para inadmitir la Acusación Fiscal, o para decretar sobreseer la causa o su desestimación; lo que generó a juicio de esta defensa técnica y con el respeto de esta d.S. un Gravamen Irreparable, al violentar tan altos y sagrados Derechos Constitucionales como lo son la Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, inviolables en todo estado y grado del proceso, consagrados en los Artículos 26, 49 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que debió el Juez Constitucional garantizar los mismos, y, en el mismo sentido, estaba obligado a pronunciarse sobre todos los alegatos esgrimidos por las partes en la audiencia preliminar.

SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare con lugar la denuncia planteada en el punto ut supra esgrimido; que se desestimen los delitos por los cuales fueron acusados mis defendidos, y como consecuencia de ello se decrete la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público el 27 de febrero de 2015, en contra de mis defendidos, que se decrete la nulidad absoluta de la decisión dictada el 04 de marzo de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de la audiencia preliminar y de los actos procesales siguientes; que se decrete la nulidad absoluta de la medida de privación judicial preventiva de libertad acordada contra los hoy acusados, y en caso de no considerar procedente este último pedimento, ordenar el traslado de los mismos desde el recinto carcelario D.V., con sede en Barquisimeto, Estado Lara, hasta un centro ubicado en esta ciudad, toda vez que los mismos se encuentran expuestos por las funciones de inteligencia que realizaban, ya que fueron trasladados con la población común, u su integridad física y su vida se encuentra en peligro …Omissis…

SEGUNDA DENUNCIA. DE LA NULIDAD DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN OBTENIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN POR ILICITUD DE PRUEBA o FALTA DE CONTROL DE LA ILICITUD PROBATORIA

Tal como fue asentado en la denuncia previamente formulada el Gravamen Irreparable es aquel que en el transcurso del proceso no puede ser reparado en el curso de la instancia en el que se ha producido o porque de alguna manera tiene un efecto definitivo o por que de manera inequívoca pone en estado de indefensión a una de la partes. (Subrayado es nuestro).

No obstante, amen del transcurso del tiempo y los lapsos procesales, es preciso agregar la notoriedad o conocimiento general sobre las políticas carcelarias y la celebración de un juicio bajo la suerte de traslados periódicos desde la Ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Lo anterior constituye la razón de la presente interrogante ¿Producirá o no un Gravamen Irreparable la celebración de un juicio o debate oral, bajo el sustento de pruebas ilícitas en infracción a la Presunción de Inocencia?

De seguidas se tiene que el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, obliga al Juez de Control, a pronunciarse sobre la legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las pruebas ofrecidas para el Juicio Oral y dicho mandato no puede considerarse cumplido por el Juez 3o de Control cuando en su decisión estableció…Omissis…

Habiendo sido reproducida textualmente la declaratoria hecha por el Tribunal 3o de Control, en la oportunidad de la celebración de la Audiencia Preliminar y que consistió en una mera enunciación de que las pruebas eran legales, útiles, pertinentes y necesarias para ser debatidas en juicio; tal pronunciamiento que en modo alguno es Decisorio; violentó derechos fundamentales al Debido Proceso y Derecho a la Defensa Constitucionales, produciendo el Gravamen irreparable, tantas veces denunciado ante esta superioridad; pues alegatos de Excepción contenidas en el escrito de Contestación de Acusación Fiscal, constituyó precisamente la denuncia reiterada inicial y aun no resuelta, referida a la legalidad del procedimiento de entrega controlada y el vaciado del contenido de textos no solo de los teléfonos celulares incautados, sino mucho más grave del abonado telefónico Nro. 0146-8602840, en franca violación esto último, al artículo 48 y ordinal 1o del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal.

Mal podría entonces, pronunciarse la Jueza 3o de Control en forma genérica, incongruente e imprecisa, amparado en el argumento de que cualquier otro pronunciamiento corresponde al Tribunal de Juicio, pues ello conllevaría a la innecesaria fase de Control Judicial, establecida en la Ley, ya que si el Juez de Control NO Controla, que justificación tienen la fase de Control; que conllevaría a un absurdo judicial, lo cual no tiene cabida en nuestro Ordenamiento Jurídico.

La Ilicitud de la Prueba, en un sentido amplio forma parte del contenido nuclear del derecho a la Presunción de Inocencia, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; que a su letra reza: …Omissis…

La Presunción de Inocencia, como presunción iuris tantum exige para ser destruida, la concurrencia de prueba suficiente que pueda razonablemente dar al traste con la verdad intermedia de inculpabilidad. Pues, la necesaria practica de las pruebas con todas la garantías implica: Primero: Que las pruebas haya sido obtenidas con respeto absoluto de los derechos y libertades fundamentales. Segundo: Que las pruebas hayan sido practicadas con la contradicción y control debido y Tercero: Que se hayan respetados las normas procesales que disciplinan la actividad probatoria, pues solo así cumplen con la función de garantía para el acusado.

Así las cosas, ciudadanos Magistrados denuncia esta Defensa Técnica que la Falta de Control de la Ilicitud Probatorio por parte del Juzgado de Control deviene en un Gravamen Irreparable para los hoy acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. y M.J.G.M.; pues el incumplimiento de las normas procesales penales que regulan la actividad probatoria, tanto de carácter adjetivo, sustantivo o Constitucional, debe conllevar a la prohibición de considerar los resultados incriminatorios obtenidos a los efectos de destruir la presunción de iuris tantum de inocencia.

En sustento a lo anterior, respecto de los elementos de convicción y órganos de prueba, se permite esta defensa técnica, resaltar extracto del contenido de la sentencia Número 1242, de fecha 16 de agosto de 2013, dictada en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia Del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, Expediente Nº 2012-1283, el cual señala: …Omissis…

Es evidente la obtención indebida de pruebas, como se dijo anteriormente, toda vez que en relación a las experticias de vaciado de contenido de teléfonos incautados en el procedimiento de aprehensión, las mismas constituyen una violación al debido proceso, sobre todo, en relación al móvil 0416-8602840, no teniéndose conocimiento de cómo fue obtenida, toda vez que no existe un acta alguna que le justifique, y aun cuando la representación fiscal asevera que no fue incautado, no explica la obtención lícita del mismo, lo cual viola flagrantemente el artículo 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal, referidos a la licitud de la prueba, y libertad de la prueba, en virtud de lo cual los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código; resaltando que la privacidad, es un Derecho inherente a las personas, y está expresamente establecido el Derecho a la Privacidad de las Comunicaciones, en el artículo 48 de !a Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando reza …Omissis…

En la presente investigación la representante del Ministerio Público, no se dirigió al Juez de Control encargado de la investigación para solicitar la autorización respectiva y realizar el vaciado de contenido de textos, que no es una conversación, tal como la fiscal lo asevera, porque de haber promovido la orden del día, y el testimonio de J.L.S., el panorama de la relación de los hechos del escrito acusatorio hubiese tenido como conclusión la inexistencia total de todos y cada uno de los delitos por los cuales acusó, e inclusive el de uso indebido de arma, del cual no hay cuerpo del delito puesto que no se aprecia en su promoción experticia de reconocimiento de las armas de fuego y mucho menos una experticia de sensibilidad de las mismas, que determine que las mismas fueron percutidas. Partir del falso supuesto, como lo hizo la representación fiscal, de los mensajes de texto del teléfono 0416-8602840, obviando que mis defendidos estaban en ejercicio de sus funciones, es utilizar los mensajes en una forma acomodaticia sin ninguna objetividad; aún cuando la orden del día y el testimonio de J.L.S., corrobora que los hy (sic) acusados estaban en ejercicio de sus funciones y esos mensajes transcritos por la representación fiscal se traducen en una labor de inteligencia…Omissis…

En una interpretación extensiva, igual suerte corren los mensajes de textos, toda vez que no deben ser utilizados a conveniencia omitiendo pruebas que descalifiquen y desvirtúen esa conveniencia. La omisión de pruebas constituye una violación al debido proceso, y por ende una Nulidad Absoluta.

En el marco de las consideraciones realizadas en la segunda denuncia, considera esta defensa que se generó y con el respeto de esta d.S. un Gravamen Irreparable, al violentar tan altos y sagrados Derechos Constitucionales como lo son la Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, inviolables en todo estado y grado de! proceso, consagrados en los Artículos 26, 49 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal.

SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare con lugar la denuncia planteada en el punto ut supra esgrimido; que se desestimen los delitos por los cuales fueron acusados mis defendidos, y como consecuencia de ello se decrete la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público el 27 de febrero de 2015, en contra de mis defendidos, que se decrete la nulidad absoluta de la decisión dictada el 04 de marzo de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de la audiencia preliminar y de los actos procesales siguientes; que se decrete la nulidad absoluta de la medida de privación judicial preventiva de libertad acordada contra los hoy acusados, y en caso de no considerar procedente este último pedimento, ordenar el traslado de los mismos desde el recinto carcelario D.V., con sede en Barquisimeto, Estado Lara, hasta un centro ubicado en esta ciudad, toda vez que los mismos se encuentran expuestos por las funciones de inteligencia que realizaban, ya que fueron trasladados con la población común, u su integridad física y su vida se encuentra en peligro.

TERCERA DENUNCIA DE LA TRASGRESIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Establece el artículo 49 Constitucional que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y en consecuencia la defensa, lo cual se transcribe íntegramente: …Omissis…

Los diversos aspectos que pueden ser tratados y en general la garantía constitucional al debido proceso, están desarrollados en leyes especiales y el Código Orgánico Procesal Penal no escapa de ello, toda vez que de no hacerlo quedaría viciado todo de Inconstitucionalidad.

En la tramitación de los procesos deben respetarse los elementos integrantes del debido p.l., pues este se violaría o afectaría sí verbigracia, no se le permite a la persona la posibilidad de defender efectivamente sus derechos, ya sea por violación al derecho a ser oído, por falta de notificación, entre otros, o muy concretamente por no seguirse el trámite o procedimiento legal previsto y que corresponda en derecho. Dicho proceder a juicio de esta defensa Técnica y así solicitamos sea declarado, produciría un Gravamen Irreparable denunciado a través del presente escrito de apelación.

Ciudadanos Magistrados de la Sala, tal como fue denunciado durante toda la investigación, a través de la apelación de autos de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014), mediante escrito de Oposición de Excepciones, y escrito de Nulidades y Revisión de Medida, ambos de fecha veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), con la decisión Inmotivada e Incongruente proferida por el Juzgado Tercero de Control de fecha cuatro (04) de marzo de dos mil quince (2015), se está violentando el Principio de Legalidad señalado en la norma antes transcrita y base del Debido P.L., toda vez que con el desconocimiento arbitrario y total apartamiento del procedimiento y calificación jurídica que le corresponde a los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. y M.J.G.M., plenamente identificados, funcionarios todos adscritos a la División de Inteligencia y Estrategias preventivas del Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia, se está olvidando el Juez de Control, que los entes, públicos deben sujetarse a la Constitución y a las Leyes, lo que se traduce en que el Estado, los Funcionarios y los entes públicos, sólo pueden hacer lo que ¡a ley permite, pues debe existir legalidad en los Delitos, legalidad en las Penas v legalidad en los Procedimientos.

Consecuencia de lo anterior es el Gravamen Irreparable que produce en la esfera personal, patrimonial, social, familiar y laboral de los hoy acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. y M.J.G.M., la decisión del Juzgado Tercero de Control en la Audiencia Preliminar quien estableció al pronunciarse sobre la Admisibilidad o no de la Acusación: "....Sin Lugar las Excepciones planteadas por la Defensa. Admite Parcialmente la Acusación. Admite las Pruebas. Declara Con Lugar la Solicitud de Sobreseimiento en relación al delito de Abuso de Funciones y por último declara No Ha Lugar a Nulidad alguna que atente contra el derecho a la Defensa, debido proceso o que implicaran violación de otros derechos y garantías fundamentales....";\pese a haberse denunciado desde la Audiencia de Presentación y otros actos, que el marco legal y procedimental que debe ser seguido para la correspondiente Investigación Penal, es el establecido en la Ley Contra la Corrupción, pues el Delito objeto de Acusación y eventual juicio oral y público, sería el Delito de CONCUSIÓN, por ser los hoy acusados Funcionarios Públicos en ejercicio de sus funciones y así se solicita sea declarado respetuosamente por esta d.S..

Basado en dicha norma, no entiende esta defensa, como la Fiscalía a cargo de la investigación, durante el desarrollo de la misma, ordena la comparecencia de los ciudadanos R.A. y J.S., en función de haber sido promovidos por esta defensa como testigos y con el objeto que los mismos dieran fe del conocimiento que tenían sobre las labores de inteligencia que los funcionarios, hoy acusados, se disponían a realizar, como en efecto estaban efectuando el día 11 de diciembre de 2014; siendo ambos contestes, en que no sólo tenían conocimiento, sino que les fue ordenada la comparecencia al galpón donde se originaron los hechos.

El testimonio rendido por J.L.S.V., Jefe del Departamento de Búsqueda y Procesamiento de Información de la División de Estrategias e Inteligencia Preventivas de la Policía Regional del Estado Zulia y R.N.A., Director de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía Regional del Estado Zulia, revela y acredita que los hoy acusados se encontraban en ejercicio de sus funciones, conformando el grupo Número 2 de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia, el cual estaba de guardia para el momento de los hechos; sin embargo la vindicta pública, señala textualmente "... no se realizó el hecho objeto del proceso en relación al delito de abuso de funciones ....".

Observa esta defensa que la representación fiscal dentro de sus facultades de investigación recaba copia certificada del Rol de Servicio Diario por grupo del mes de diciembre y orden de operaciones; así como copia certificada del Libro de Novedades del mes de diciembre. No obstante desecha como órgano de prueba y fundamento base de su acusación, la declaración del ciudadano J.L.S., por cuanto si bien es cierto recibió una llamada de P.V. manifestándole que tenían una información de unas presuntas actividades ilícitas en un galpón ubicado por Altos del S.A., sin embargo, al constatar dicha información con el libro de novedades llevado en la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia, para el día de los hechos no reporta ninguna actuación relacionada con dicho procedimiento, ni se refleja la novedad de la autorización para la verificación de la presunta información, y se pregunta esta defensa, cómo ha de haber reporte alguno, si eso se realiza al terminar el procedimiento, y cómo hacerlo si los funcionarios habían sido detenidos, en todo caso, dicha novedad debió haber sido apuntada por su superiores dada la situación.

Empero en franca violación al derecho a probar, como expresión del derecho a la defensa, no permite que en pleno debate se verifique a que se contrae una nota informativa, ni que alcance tiene una guardia o labores de guardia; así como tampoco se le permite en debate oral y público una ampliación de las declaraciones de los superiores inmediatos de la División de Inteligencia y Estrategias Preventivas del Cuerpo de Policía Bolivariano del estado Zulia, ya que en la declaración rendida ante la fiscalía, se les pregunta sobre los hechos del día 11-12-2014, sin retrotraer en tiempo dicha indagación, pues con ello mecánicamente concluye, que desde la noche anterior, es decir, el día 10-12-2014, los imputados estaban actuando de una manera personal, al no constar nada en el libro de novedades ni de la copia certificada del rol de servicio diario por grupo.

Cabría preguntarse entonces de manera racional, que finalidad, propósito o razón tendría que el Supervisor P.V.d. grupo Número 2, a las siete de la mañana del día 11-12-2014, encontrándose de guardia, le informara o pusiera en conocimiento al supervisor de la información que obtuvo sobre un galpón que trabajaba presuntamente con fertilizantes y materia prima de agropecuaria de manera ilegal. Pues si la actuación era personal, como la califica la representación fiscal, fuera de sus atribuciones y competencias, que consecuencias jurídicas tendría entonces la autorización que fue dada al supervisor Vielma, vía telefónica el día 11-12-2014, y avalada por ambos jefes inmediatos; lo cual se consta con las declaraciones rendidas en fechas 06-01-2015 por los funcionarios J.S. y R.A., y que rielan en las actuaciones contentivas de la investigación y que fueron consignadas adjunto a la acusación por ante ese Tribunal.

Se reitera, el Derecho de Acceso a las Pruebas, y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, no puede estar enmarcado en una sola acta de entrevista y copias del libro de novedades, pues las labores de inteligencia propias de un grupo, como el de la División de Inteligencia del Cuerpo de Policía Bolivariano del Estado Zulia, comporta un despliegue de actuaciones no apuntadas pero si soportadas e investidas de legalidad, cuando recogidas en un acta policial o a través de notas informativas según sea el caso, pero dentro de las condiciones de modo, tiempo y lugar.

Desconocer o pasar por alto bajo tal excusa jurisdiccional, pasados que sean meses para la celebración de un juicio oral y público en las condiciones carcelarias actuales y que sea en dicha fase que se declare la Nulidad de todo lo actuado, en función de que los hoy acusados debieron ser investigados a la luz del mareo legal que les corresponde como lo fue la Ley contra la Corrupción, que les proporcionaba bajo ciertas condiciones, hasta la posibilidad de ser enjuiciados en LIBERTAD, es a juicio de esta defensa Técnica producir un GRAVAMEN NO REPARABLE en la vida de todo ciudadano, pues e! Juez como conocedor del Derecho, tiene la Potestad y el Deber de velar porque los procedimientos y procesos sean los que le corresponden a la esfera jurídica de los justiciables, pues caso contrario existiría una Nulidad por Violación de la Garantía Constitucional del Debido P.L..

Podría el Juez de Juicio, determinar que existe insuficiencia probatoria, por cuanto no quedó determinado de manera certera, incontrovertida e indubitable que lleve a este Juzgador a la absoluta convicción y sin lugar a dudas, que el comportamiento asumido por los acusados conforme a los hechos evidenciados se subsuma en los tipos penales invocados por la representación fiscal. A tal efecto, me permito citar, el extracto siguiente: …Omissis…

Es evidente que con tal proceder del Juez de Control, les causó a los hoy acusados un GRAVAMEN IRREPARABLE, quien sin atender a la procedencia o no del Sobreseimiento del Delito solicitado, así lo Decretó de conformidad con el ordinal 1o del Artículo 300 del Código Orgánico Procesal Penal, dio por no atribuible a los hoy acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. y MELV1S J.G.M., ni revisó los elementos tipos constitutivos del Delito de Abuso de Funciones; violentándose los sagrados Derechos Constitucionales como lo son la Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, inviolables en todo estado y grado del proceso, consagrados en los Artículos 26, 49 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como las disposiciones contenidas en los artículos 8, 9, 181, 182 y 263 del Código Orgánico Procesal Penal.

SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE: Que se declare con lugar la denuncia planteada en el punto ut supra esgrimido; que se desestimen los delitos por los cuales fueron acusados mis defendidos, y como consecuencia de ello se decrete la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público el 27 de febrero de2015, en contra de mis defendidos, que se decrete la nulidad absoluta de la decisión dictada el 04 de marzo de 2015, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Pena! del Estado Zulia, de la audiencia preliminar y de los actos procesales siguientes; que se decrete la nulidad absoluta de la medida de privación judicial preventiva de libertad acordada contra los hoy acusados, y en caso de no considerar procedente este último pedimento el traslado de los mismos desde el recinto carcelario …Omissis…

III

CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

El profesional del derecho L.P.G., en su carácter de Fiscal Auxiliar Quincuagésimo del Ministerio Público, procedió a dar contestación al recurso incoado por defensa privada, en los siguientes términos:

…Esta Representación Fiscal observa que los alegatos formulados por la defensora privada en su escrito de apelación, se fundamentan en el ordinal 5o del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal, alegando la recurrente la causal del GRAVAMEN IRREPARABLE sobre la decisión recurrida, y en razón de ello la recurrente manifiesta que la apelación interpuesta se apoya en las siguientes consideraciones: La Recurrente alega en su escrito de apelación lo siguiente:…Omissis…

Sobre estos aspectos del recurso de Apelación Interpuesto, esta Representación Fiscal considera lo siguiente: Antes de ponderar las razones que alegó la defensa privada para interponer el recurso de apelación, es necesario tener en cuenta que el proceso penal acusatorio actual establece dentro del contexto legal una serie de principios rectores y de garantías procesales que fueron tomadas e incorporadas dentro del texto Constitucional, como son el Principio de Juicio previo y Debido Proceso, la presunción de inocencia, la afirmación de libertad, todos ellos como garantía para las personas sometidas a un proceso penal de que le serán respetados sus derechos; pero sí bien es cierto, todos estos principios van en beneficio de un sujeto imputado como autor o participe de un hecho punible, no es menos cierto que paralelamente a ello, existen también derechos y garantías establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal y posteriormente consagrados dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e incluso reforzados en las Leyes que entraran en vigencia con posterioridad a la Carta Magna, que defienden todos los derechos y garantizan a las personas que han sido víctimas de delitos, que recibirán una efectiva y pronta respuesta de los órganos jurisdiccionales cuando se vean lesionados o vulnerados sus derechos, por ello establece como garantía el artículo 13 del Código Orgánico procesal Penal…Omissis…

Por otro lado, es necesario señalar que los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., fueron puestos a la orden del Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en el lapso legal establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (Art. 373), es decir dentro de las cuarenta y ocho horas posterior a sus detenciones, garantizándole de esta manera sus derechos constitucionales, pues en todo momento ambos ciudadanos obtuvieron el acceso a la administración de justicia a través del juez natural, así como de un abogado defensor, y siendo informados en su momento de las razones que ameritaron sus detenciones.

De esta manera, al analizar en concreto las razones indicadas por la recurrente en su respectivo recurso de apelación, se observa el hecho de la defensa privada alega que a los acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., les fueron violentados sus derechos y garantías constitucionales, cuando el Tribunal Tercero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, al momento de no acordar la nulidad de las actas policiales que conformaron las actuaciones por las cuales fueron aprehendidos los acusados de autos, los cuales resultaron detenidos en un procedimiento flagrante, conforme a lo establecido en el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, y que a su vez al serles practicadas la inspección corporal que refiere el articulo 191 ejusdem., se logró incautarles objetos de interés criminalístico que sirvieron como fundamento para posteriores experticias que arrojaron mayor contundencia en la participación de estas personas sobre los delitos imputados, siendo tales evidencias físicas colectadas en estricto acatamiento a lo ordenado en el articulo 187 de la n.a.p., y seguidamente los funcionarios actuantes desarrollaron a cabalidad el procedimiento legal establecido en articulo in comento, por ello es importante resaltar que lo alegado por la defensa privada en su escrito recursivo en cuanto a que el presente caso se trata de un procedimiento amañado e ilegal solo busca desvirtuar la correcta actuación de los funcionarios actuantes en la detención flagrante de los hoy acusados.

De igual forma, es importante destacar que a los acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., en todo momento se les han respetado todos y cada uno de los derechos que les otorga la Constitución Nacional, aún para aquellas personas a las que se le persigue por la perpetración de un hecho punible, y todo esto puede evidenciarse con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales se producen su aprehensiones, asimismo se hace necesario resaltar que a los acusados de autos al momento de su presentación formal como Imputados ante la Jueza de Control,, estos se encontraban debidamente asistidos por su Abogado Defensor, y en conocimiento de sus Derechos y Garantías Constitucionales, siendo en el desarrollo de la Audiencia de Presentación Formal como Imputados, el acto en el cual el Ministerio Publico como Titular de la Acción Penal y Director de la Investigación, procediera a informarle a los referidos Acusados sobre los elementos de convicción que para la vigencia de la fase preparatoria se contaban para precalificar su conducta en la comisión de los delitos de EXTORSIÓN CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión en concordancia con el articulo 19 numerales 7o y 8o ejusdem, ROBO AGRAVADO y PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD previstos y sancionados en los artículos 458 y 174 del Código Penal Venezolano, USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA previstos y sancionados" en el artículo 115 de la Ley para El Desarme y Control de Armas y Municiones, ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y ABUSO DE FUNCIONES, previsto en el artículo 237 del Código Penal Venezolano.

Por ello, ciudadanos magistrados, a tenor de lo explicado por esta Representación Fiscal en el presente escrito de contestación de apelación de autos, es importante ratificar la decisión esgrimida por la jueza, aquo, toda vez que el Ministerio Publico en el desarrollo de la fase preparatoria cumplió con todas y cada uno de los derechos y garantías constitucionales que por derecho le asisten a los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., y más aún cuando en esa misma fase del proceso se realizaron las diligencias de investigación tendientes al esclarecimiento de los hechos, al igual que aquellas que fueron consideradas útiles y pertinentes por parte de los defensores privados, por lo que mal podría alegar la recurrente el hecho de que el ministerio publico negó la práctica de diligencias de investigación a favor de sus patrocinados, cuando por el contrariare practicaron aquellas que tuvieran una real necesidad y pertinencia con los hechos investigados, cumpliendo de igual manera con el deber que tiene el Ministerio Publico como director de la investigación penal de pronunciarse sobre los pedimentos realizados por la defensa en la etapa preparatoria, sin embargo en caso de que las mismas no sean acordadas, tal situación no constituye vulneración del debido proceso y la defensa, tal y como lo ha asentado nuestro m.t. …Omissis…

SEGUNDO PUNTO. Esta Representación Fiscal observa que los alegatos formulados por la defensora privada en su escrito de apelación, versa sobre la INMOTIVACION DE LA DECISIÓN QUE PRODUJO UN GRAVAMEN IRREPARABLE, fundamentando la recurrente sobre este punto de la apelación de autos lo siguiente: …Omissis…

Sobre este punto del recurso de Apelación Interpuesto, esta Representación Fiscal considera lo siguiente: La decisión dictada por la Jueza Tercera en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia se encuentra ajustada a derecho, por cuanto se puede apreciar que la Jueza A quo motivó suficientemente la decisión recurrida por la Defensora privada, y no obstante explicó de manera pormenorizada las razones por las cuales admitió el escrito acusatorio, el cual ciertamente cumple con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en el artículo 308 de la n.a.p. vigente, y por ende el tribunal de control garantiza la admisibilidad del escrito-acusatorio, el cual fue interpuesto en tiempo hábil por la Fiscalía Sexta del Estado Zulia, y debidamente ratificada por este Representante Fiscal con competencia para intervenir en la fase intermedia y de juicio Oral, al momento de celebrarse la audiencia preliminar conforme a lo establecido en el artículo 309 del Código Orgánico procesal Penal, en contra de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., plenamente identificados en la causa penal Nº 3C-9933-14, por ser CO-AUTORES en la comisión de los delitos de …Omissis….

Así las cosas, mal puede pretender la recurrente indicar que la jueza a quo solo menciono superficialmente los motivos jurídicos por los cuales declaraba sin lugar las excepciones opuestas, cuando por el contrario de la simple lectura del acta de audiencia preliminar, podrán evidenciar ciudadanos magistrados que ciertamente la Juez de Control en su decisión corroboró en el contenido del escrito acusatorio cada uno de los requisitos formales que establece el artículo 308 de la N.A.P., y además de ello admitió todos y cada uno de los medios de pruebas ofrecidos, dada su necesidad, pertinencia y utilidad, para demostrar en el eventual debate oral y publico la responsabilidad penal de los acusados de autos en los delitos antes indicados, decisión que para efectos de ilustración de la corte de apelación que por distribución corresponda conocer del presente recurso, quedó asentada bajo la siguiente motivación: …Omissis…

Así las cosas, se aprecia del análisis de la recurrida y conforme al criterio de nuestro m.T. que contrariamente a lo indicado por el abogado defensor la decisión emitida por el Juzgado Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, cumple a cabalidad con las exigencias legales necesarias para fundamentar fáctica y jurídicamente la ADMISIÓN DEL ESCRITO ACUSATORIO, e impugnadas por el defensor privado bajo el argumento de las NULIDADES ABSOLUTAS, establecidas en los artículos 190 y 191 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, y acorde con lo antes expuesto Ciudadanos Magistrados, este Representante Fiscal considera que la decisión recurrida, en los parámetros supra indicados, cumple a cabalidad con las exigencias legales necesarias para fundamentar fáctica y jurídicamente la ADMISIÓN DEL ESCRITO ACUSATORIO realizado por el tribunal Ad-quo …Omissis…

TERCER PUNTO. Esta Representación Fiscal observa que los alegatos formulados por la defensora privada en su escrito de apelación, en este punto en específico versan sobre las CALIFICACIONES JURÍDICAS ACOGIDAS POR LA JUEZ DE INSTANCIA, fundamentando la recurrente sobre este punto de la apelación de autos lo siguiente: …Omissis…

Honorables Magistrados, esta Representación Fiscal observa que la decisión recurrida efectivamente se encuentra ajustada a derecho, toda vez que los tipos penales precalificados en la audiencia de presentación de imputados celebrado ante el Juzgado Tercero en Funciones de Control del Circuito judicial Penal del Estado Zulia, perfectamente se corresponden con los hechos investigadas, toda vez que tal y como se esgrime en la Acusación Fiscal interpuesta, las circunstancias de modo, tiempo y lugar acreditados a los hoy acusados, tuvieron lugar …Omissis…

Siendo estos los hechos por los cuales el Ministerio Publico, una vez culminada la fase de investigación, interpusiera la correspondiente Acusación Fiscal en contra de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., por los delitos de …Omissis….

Por tales razones ciudadanos magistrados, mal podría la defensa privada sostener y mucho menos alegar que el verdadero tipo penal que debe atribuirse a sus patrocinados es el del delito de CONCUSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción (Vigente), cuando por el contrario los hoy, acusados para el momento de los hechos se encontraban en uso de sus funciones pero sin la debida autorización u orden de la superioridad, para la prosecución de, una denuncia o de un hecho punible que pudiera resultar en la aprehensión flagrante sobre determinadas personas, evidenciándose de esta manera que para el momento en que los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P.. J.E.T.R. Y M.J.G.M. cometieron los hechos investigados, no existía o mediaba una orden expresa de la superioridad para la prosecución o investigación de algún hecho delictivo, situación que es muy distinta a los elementos propios del delito de CONCUSIÓN, ya que este se asemeja al soborno, cohecho, prevaricato y a las exacciones legales, este delito atenta contra la cosa pública, y sujeto activo viene siendo el funcionario público que en abuso de sus funciones y en provecho propio, constriñe a alguna persona a que dé o prometa a este, o a un tercero, alguna suma de dinero, alguna contribución o impuesto no establecido con autorización competente …Omissis…

En base a las consideraciones objetivas, jurídicas y lógicas anteriormente explicadas, es por lo que este Representante Fiscal considera que los hechos investigados y por los cuales se ordenó el enjuiciamiento/de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., se subsumen en los tipos…Omissis….

CUARTO PUNTO. Esta Representación Fiscal observa que los alegatos formulados por la defensora privada en su escrito de apelación, en este punto en específico versan sobre LA FALTA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN POR ILICITUD DE PRUEBA o FALTA DE CONTROL DE LA ILICITUD PROBATORIA, fundamentando la recurrente sobre este punto de la apelación de autos lo siguiente: …Omissis…La decisión dictada por la Jueza Tercera en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia se encuentra ajustada a derecho, y mal puede alegar la defensa privada que las pruebas ofrecidas en el escrito acusatorio y admitidas en el desarrollo de la Audiencia Preliminar, conforme a lo establecido en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, y obtenidas de manera licita en la fase de investigación, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 181 Ejusdem, de esta manera la juzgadora al pronunciarse sobre la admisibilidad de los medios de prueba, solo incorporo al eventual debate oral y publico aquellos medios de prueba que fueron obtenidos de manera licita y sin contravención de lo establecido en la n.a.p. vigente y nuestra carta magna, por ello el alegato incoado por la defensa privada mas allá de querer ajustarse a la realidad de los hechos investigados y que hoy en día se pretenden demostrar en el debate oral y publico (sic), solo busca entorpecer y con esto retrotraer la presente causa al estado inicial del proceso en aras de evitar el fin ultimo de la JUSTICIA sobre sus patrocinados, tratando de hacer ver ciudadanos magistrados que las pruebas ofrecidas en la acusación fiscal y admitidas por el juez de control son objeto de NULIDADES ABSOLUTAS, cuando sobre este punto controvertido ya existe un pronunciamiento por parte de un cuerpo colegiado, vale decir sobre la decisión N° 103-15, de fecha 17-03-15, esgrimida por la Sala II de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia, en cuyo contenido los magistrados de esa digna decidieron mantener la Medida de privación judicial de libertad, tomando en consideración que ciertamente estamos en presencia de un hecho punible de acción publica que merece pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, donde a su vez con la admisión del Escrito Acusatorio y de los medios de prueba ofrecidos, no cabe duda alguna que los hoy acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M. se encontrarían ante un efectivo PRONOSTICO DE CONDENA, en el eventual debate oral y público, tal como lo explica el criterio reiterado emitido sobre este particular por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia …Omissis…

De igual forma, en el caso de que la Jueza A quo acordara la imposición de una medida menos gravosa favorable al acusado de autos, la misma se encontraría evidentemente desproporcional al tipo delictual investigado, al igual que transgrediera considerablemente el principio de proporcionalidad establecido por el legislador patrio en el artículo 244 de la n.a.p., cuando la misma norma refiere:.." No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable..."

PETITORIO. Declare INADMISIBLE, el RECURSO DE APELACIÓN de auto interpuesto por la profesional del Derecho M.G.U.M., obrando bajo la cualidad de Defensora Privada de los hoy Acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M., …Omissis…, en contra de la decisión Nº 237-15, de fecha 04-03-15, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en cuyo contenido la Jueza A quo, admite la Acusación Fiscal presentada por la Fiscalía Sexta del Estado Zulia, así como las pruebas ofrecidas en su contenido y declara sin lugar la solicitud de NULIDAD ABSOLUTA sobre el procedimiento policial practicado en contra de sus patrocinados, y en ese sentido por las razones anteriormente indicadas en el contenido del presente escrito, muy respetuosamente procedan a ratificar la Decisión dictada por el Tribunal Ad-Quo, al igual que se solicita se mantenga la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD, toda vez que no han variado las circunstancias que motivaron la imposición de la misma, conforme a lo establecido en el articulo 236, 237 y 238 del Código Orgánico procesal penal Vigente…

(Resaltado original).

III

CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR

De la revisión de las actas que conforman la presente incidencia, verifica esta Sala que efectivamente por la profesional del derecho M.G.U.M., actuando en su carácter de defensora de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., y M.J.G.M., interpuso Recurso de Apelación de Autos, contra la decisión Nº 237-15 de fecha 4 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, siendo el aspecto medular del recurso atacar el fallo impugnado sobre la base de que se violaron los derechos procesales y constitucionales al momento que la jueza a quo incurrió en falta de motivación de la recurrida, ya que debió explicar a fondo los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basó su decisión.

Asimismo, la defensa solicitó la desestimación de los tipos penales por los cuales fueron acusados sus defendidos, así como la nulidad absoluta de la acusación fiscal presentada por el Ministerio Público y la nulidad absoluta de la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta a sus representados.

Finalmente, la parte apelante solicitó que se acuerde a sus defendidos, una de las medidas cautelares sustitutivas a la privaciòn judicial de la libertad, conforme el artìculo 242 del Còdigo Orgànico Procesal Penal, y que en caso de no acordar la medida menos gravosa solicitada, se ordene el traslado de sus defendidos desde el Recinto Carcelario “D.V.”, con sede en Barquisimeto, estado Lara, hasta un Centro ubicado en esta ciudad, por considerar que por sus funciones (funcionarios policiales) al ser trasladados con la población común, su integridad y vida se encuentran en peligro.

Precisadas como han sido las denuncias formuladas por la recurrente, estiman oportuno señalar, por parte de las juezas que conforman este Tribunal ad quem, que toda persona tiene derecho a realizar sus peticiones a los diferentes órganos o instituciones del Estado y éste a dar respuesta, en el caso del Poder Judicial, a través de todos los jueces y juezas, quienes dentro del ámbito de su competencia, tienen la responsabilidad al momento de tomar sus decisiones, promulgar y garantizar con sus decisiones, valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, tales como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político (artículo 2 constitucional), dándole en derecho a cada quien lo que le corresponda, con la mayor justicia posible, lo que implica respuesta oportuna a las solicitudes que se presenten, como parte de la tutela judicial efectiva, que garantiza que cualquier persona, no sólo las que sean imputadas por el Ministerio Público por la presunta comisión de uno o varios delitos, sino también por las víctimas de tales delitos o terceros (en este caso, en el ámbito penal), pueden recurrir ante los órganos correspondientes para hacer valer sus derechos y/o peticiones, así como a recibir respuesta oportuna; a tenor de lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que lo consagra de la manera siguiente:

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

(Comillas y resaltado de la Sala)

Es así que tal garantía constitucional va íntimamente ligada con el debido proceso, que consagra a su vez el derecho a la defensa, que no sólo implica que cualquier persona tiene derecho a ser escuchada en todo proceso (por ejemplo, civil, administrativo, penal, etc) y el funcionario encargado a dar respuesta dentro del ámbito de su competencia, garantizando el respeto por los derechos y garantías de rango constitucional, sino también a la defensa de sus derechos, lo cual forma parte del debido proceso, cualquiera sea su naturaleza, con fundamento en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por lo que, de acuerdo con los razonamientos que se han venido señalando observa este Tribunal ad quem que la parte accionante basa su recurso, sobre los argumentos de la falta de motivación por parte de la jueza de Instancia al momento de dictar el fallo, cuando a su criterio, la misma no expone los fundamentos de su criterio judicial adoptado, para la construcción de las premisas y la determinación de la consecuencia jurídica, asegurando que la misma declaró sin motivación alguna la admisión de la acusación fiscal y la declaratoria sin lugar de las excepciones opuestas por esa defensa; a tales efectos consideran estas jurisdicentes pertinente señalar, como lo ha sostenido en anteriores oportunidades, que la motivación que debe acompañar a las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales constituye un requisito de seguridad jurídica, que permite a las partes determinar con exactitud y claridad, cuáles han sido los motivos de orden fáctico y legal que en su respectivo momento han determinado al juez o jueza, acorde con las reglas de la lógica, las máximas de experiencia, la sana crítica y el conocimiento científico, a declarar el derecho a través de decisiones debidamente fundamentadas, en la medida que éstas se hacen acompañar de una enumeración congruente, armónica y debidamente articulada de los distintos elementos que cursan en las actuaciones y se eslabonan entre sí, los cuales al ser apreciados jurisdiccional y soberanamente por el jurisdicente, convergen a un punto o conclusión lógico, cierto y seguro.

A este tenor, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el fallo No. 438, de fecha 14 de noviembre de 2011, con ponencia del Magistrado Héctor Coronado Flores, ha señalado que:

“...Según la doctrina Latinoamericana, cuando se hace referencia a los requisitos de la motivación de las decisiones judiciales, debe señalarse el fundamento o soporte intelectual del dispositivo que permite a las partes en particular, y a la sociedad en general, conocer el razonamiento seguido por el Juez para llegar a su conclusión. En otras palabras, ello supone que la motivación constituye un elemento intelectual del contenido crítico, valorativo y lógico, que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en el que el juez apoya su decisión. Por eso se puede afirmar que, en términos generales, motivar una decisión significa expresar sus razones.

(…omisis…)

... (Negrillas de la Alzada).

Es oportuno resaltar para este Tribunal colegiado, que la motivación instituye un requisito esencial, debiendo encontrarse intrínsecamente en todas aquellas resoluciones, fallos y dictámenes proferidos por los órganos jurisdiccionales, puesto que deben acompañar un razonamiento lógico, congruente y acorde sobre el thema decidendum, resolviendo las pretensiones y los puntos formulados en el asunto, concebida está no solo como una garantía de las partes involucradas en el proceso, entiéndase procesado o procesada, víctima, defensor o defensora y el Ministerio Público, sino también para obtener una tutela judicial efectiva, en resguardo del debido proceso.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la resolución No. 1713 de fecha 14 de diciembre de 2012, con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, ha asentado el criterio relacionado a que los fallos proferidos por los Órganos Jurisdiccionales, deben cumplir con unos requisitos esenciales, estableciendo taxativamente lo siguiente:

…Una sentencia estaría motivada cuando la misma cumpla con los principios de racionalidad jurídica, coherencia y razonabilidad.

Se ha dicho, por otra parte, que una sentencia está motivada cuando la misma contiene los fundamentos que sostienen lo decidido en el fallo; sin embargo, se ha advertido también que no basta con que la sentencia contenga motivos o razones; es necesario que tales razones se atengan a las soluciones establecidas por el Derecho, es decir, cuando se atenga a las normas que tanto en el nivel legal, constitucional e internacional sean de aplicación.

Es fundamental, de igual modo, que dichos motivos o justificaciones sean coherentes, tanto con lo que se decida en el fallo (es decir, que los motivos apoyen lo que se establece en el fallo), como con los alegatos y defensas de las partes. La coherencia debe, pues, darse entre lo decidido y la situación en que quedó planteada la controversia luego de la determinación de los hechos controvertidos. La coherencia también exige que haya una correspondencia entre las máximas de la experiencia y las reglas lógicas o científicas que guarden relación con la controversia.

. (Resaltado de la Alzada).

Esta Sala considera oportuno, citar la recurrida, a fin de verificar los fundamentos de su decisión y al respecto observa que lo hizo sobre la base de los siguientes fundamentos:

…Concluida la Audiencia y oídos los fundamentos de las peticiones presentadas por la Representante del Ministerio Público, al Defensor, y el acusado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en presencia de las partes, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Control considera necesario señalar lo siguiente: Se evidencia del escrito acusatorio interpuesto por el Ministerio Público, que en el mismo se acusa a los imputados 1.-P.J.V.O., 2.- N.J.R.P., 3.-J.E.T.R. Y 4- M.J.G.M., por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión en concordancia con el articulo 19 numerales 7° y 8o ejusdem, en perjuicio de Á.A.U.G.R.A. y PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD previstos y sancionados en los artículos 458 y 174 del Código Pena! Venezolano, cometidos en perjuicio de los ciudadanos R.R. PRADA, HENYERBETH RINCÓN ROMERO, E.A. RONDÓN NUÑEZ, USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA previstos y sancionados en el articulo 115 de la Ley para El Desarme y Control de Armas y Municiones y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y financiamiento al Terrorismo delito cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; no obstante, esta Juzgadora observa que en cuanto al delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano el mismo no puede atribuírsele al referido acusado (sic) en virtud de que tal como se evidencia de las actas, el tipo penal requiere que los sujetos activos efectúen la acción con amenaza a la vida a mano armada o por medio de ataque a la libertad personal; en el presente caso no se evidencia acción e inclusive en las propias actas de investigación los elementos tipos constitutivos del robo agravado que pueda atribuírsele a los referidos imputados, aunado a que de actas se evidencia que de las testimoniales de las victimas los mismos manifiestan que ninguno fueron amenazados, por lo que en consecuencia de ello se considera ajustado a derecho en el presente caso DESESTIMAR el delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano. En tal sentido esta Juzgadora ADMITE PARCIALMENTE LA ACUSACIÓN FISCAL, solo en relación a los delitos de…Omissis…, presentada por la Fiscalía Sexta y, ratificada en este acto por la Fiscalía Quincuagésima del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de los acusados 1.-P.J.V.O., 2.- N.J.R.P., 3.- J.E.T.R. Y 4.- M.J.G.M., por considerar que la misma reúne todos y cada uno de los requisitos previstos por el legislador en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, entre los cuales se encuentra la relación precisa y circunstanciada de los hechos imputados y por los cuales acusa la representación fiscal. De igual manera se observa que en la misma la fiscalía realiza la individualización de la conducta presuntamente ejercida por parte de los hoy acusados, mencionando todos y cada uno de los elementos de convicción así como los elementos probatorios que servirán a su criterio para demostrar su tesis, indicando la necesidad y pertinencia de cada uno de ellos,; ya que se observa que la acción típica delictual, por la cual el Ministerio Público realiza formal acusación, versa sobre un delito de acción publica, perseguible de oficio, que merece pena privativa de libertad y que no se encuentra evidentemente prescrita, y mal podría la vindicta publica intentar acción penal alguna si faltase alguno de estos requisitos; ya que a juicio de este órgano jurisdicente, los argumentos esbozados por la Defensa resulta Improcedente por cuanto del análisis realizado al contenido de la acusación fiscal, se evidencia claramente el cumplimiento impretermitible de los requisitos formales exigidos en el articulo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que se evidencia una relación detallada, clara y circunstanciada de los hechos objetos de la imputación, siendo materia de fondo que los indicados hechos hayan sucedido de la forma como lo expresa la acusación fiscal, pretendiendo la defensa que en relación a los mismos haya un pronunciamiento por parte de del Tribunal, situación que no le es dable a éste Tribunal en razón de la inaplicabilidad en esta fase del proceso de los Principios rectores del debate probatorio, como la inmediación, contradicción y oralidad de la prueba; a tal efecto, el fundamento utilizado por el mismo para apoyar sus peticiones se basan en hechos que constituye materia de fondo; asimismo, se aprecia en el escrito acusatorio que se cumplen con los presupuestos formales de la enunciación y presión de los elementos de convicción que motivan la imputación, así como con el ofrecimiento ¡e los distintos medios de pruebas, con indicación de su pertinencia y necesidad, al evidenciar quien decide, que el Ministerio Público, señala distintos órganos de pruebas que a juicio de este Tribunal encuentran correspondencia con los hechos imputados, siendo por consiguiente, útiles y necesarios para establecer los mismos, cuya valoración acerca de su real objetivo para demostrar os hechos corresponde al Tribunal de juicio y se mantiene la calificación jurídica indicada en el escrito de Acusación Fiscal, a excepción del delito de ROBO AGRAVADO, en virtud de que debe entenderse que dicha calificación jurídica es provisional, en el sentido de que en el debate probatorio de acuerdo a las circunstancias que en el se planteen la misma puede variar según decisión del juez de juicio, quien tendrá inmediación en las pruebas ofrecidas. Por lo que se declara Sin lugar la excepción planteada por la defensa, por lo que procede en derecho a ADMITIR PARCIALMENTE LA ACUSACIÓN de conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de los imputados 1.-P.J.V.O., 2.- N.J.R.P., 3.- J.E.T.R. Y 4.- M.J.G.M., por la presunta comisión de los delitos de…Omissis... Ahora bien, vistos los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Público, así como el escrito de pruebas complementarias y las pruebas promovidas por la Defensa para ser realizados en el debate oral y público y habiendo estos desarrollado en cada uno de ellos su pertinencia y necesidad, éste Tribunal una vez verificados que fueron obtenidos de manera licita y legal y conforme a lo establecido en nuestro ordenamiento jurídico en la actividad probatoria, SE ADMITEN LOS MISMOS, a los efectos del esclarecimiento de los hechos durante el futuro Juicio Oral y Público, las cuales se dan por reproducidas en este acto por ser estas, legales, útiles, lícitas, pertinentes y necesarias para ser debatidas en el Juicio Oral y Público, todo en cumplimiento al artículo 313 ordinal 9o del Código Orgánico Procesal Penal,. Así como las que hace suya la defensa por el principio de la comunidad de las pruebas. De igual forma se declara CON LUGAR la solicitud del Ministerio Publico y se DECRETA el SOBRESEIMIENTO en relación al delito de ABUSO DE FUNCIONES previstos y sancionados en el artículo 237 del Código Penal Venezolano de conformidad con lo establecido en el artículo 300 orinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que no se le puede atribuir a los imputados 1. P.J.V., 2.- N.J.R.P., 3,- J.E.T.R. Y 4.-M.J.G.M..- De igual forma, SE ACUERDA MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que le fueran impuestas a los imputados 1. P.J.V., 2.- N.J.R.P., 3,- J.E.T.R. Y 4.-M.J.G.M., en el acto de presentación de imputados, toda vez que efectivamente nos encontramos en presencia de un hecho punible de acción publica el cual no se encuentra evidentemente prescrito, y de la investigación fiscal surgen suficientes elementos de convicción que acreditan la responsabilidad penal de los referidos ciudadanos en la comisión de los delitos de…Omissis…

Ahora bien, en relación a la nulidad alegada por la defensa de los imputados, conviene destacar que el principio que rige el sistema de las nulidades en el proceso penal, se encuentra establecido en e! artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, de acuerdo con el cual no podrán ser apreciados para fundar una decisión judicial, ni utilizados como presupuestos de ella, los actos cumplidos en contravención o con inobservancia de las formas y condiciones previstas en la n.a.p., la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes y tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República, salvo que el defecto haya sido subsanado o convalidado…Omissis…

En tal sentido, procede este Juzgado a verificar si en el presente caso, la nulidad alegada por la defensa, constituye una nulidad absoluta, es decir, no saneable o convalidable de conformidad con los artículos 175, 176 y 177 y 178 del Código Orgánico Procesal Penal. A los fines de su determinación, el artículo 175 ejusdem establece que se consideran nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías constitucionales fundamentales revistos en la n.a.p., en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en las leyes y en los tratados internacionales suscritos por el país.

En este mismo orden de ideas, este Tribunal de conformidad con el articulo 257 de la Constitución te la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal y en aras de una correcta administración de Justicia, ha revisado minuciosamente las actas que conforman la causa quiere dejar por sentado que si bien es cierto que las nulidades absolutas pueden invocarse en un estado y grado del proceso, es importante destacar que en el presente caso no estamos en presencia de una de ellas, pues los imputados se encuentran asistidos de abogado, en pleno ejercicio de su derecho a la defensa y no se evidencia ningún acto que contravenga el debido proceso o normas constitucionales o legales, ya que lo alegado por la defensa, en cuanto a la nulidad solicitada, es de hacer saber a la defensa que las mismas fueron practicadas como diligencias de investigación por el Ministerio Publico como titular de la acción que le acredita, pretendiendo la defensa que esta juzgadora tome algún pronunciamiento que le es dable a la fase de juicio, es por lo que, esta Juzgadora declara SIN LUGAR la solicitud de nulidad presentada por el abogado defensor, por cuanto en la presente causa no se evidencian vicios de nulidad que atenten contra el derecho a la defensa, al debido proceso o impliquen violación de otros derechos y garantías constitucionales fundamentales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, en las leyes o en los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República. Así se Decide

De igual forma se decreta La medida de ASEGURAMIENTO E INCAUTACIÓN sobre los vehículos con las siguientes características: 01.- MARCA: CHEVROLET, MODELO: MALIBU, COLOR: BEIGE, SERIAL DE CARROCERÍA: 1TL9AAV318446, PLACAS: VEH589, AÑO: 1980, 02.-) MARCA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, COLOR: VINOTINTO, SERIAL DE CARROCERÍA: AE928807341, PLACAS: XPM809, 3.-) MARCA: CHEVROLET, MODELO: CAVALIER, COLOR: GRIS, SERIAL DE CARROCERÍA: 1J6945V323432, PLACAS: GADF5B, de conformidad con lo establecido en el articulo 588 y 589 del código de procedimiento civil, Finalmente , en relación a la solicitud de la defensa privada en cuanto al cambio de sitio de reclusión de sus defendido, cabe destacar que tomando en cuenta las directrices impartidas por las políticas de Estado, donde se ordeno que todos los procesados deben ser trasladados al Centro Penitenciario Sargento D.V. ubicado en el Estado Lara, en virtud del plan de descongestionamiento existente en el centro de arrestos y detenciones preventivas el marite y por cuanto no contamos con un centro penitenciario en esta ciudad se ordena mantener recluido a los mismos en el centro penitenciario sargento D.V. (sic)…

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Con relación al particular anterior, esta Sala una vez analizada la decisión impugnada, así como revisadas las actas que conforman la pieza recursiva, evidencian que la recurrida es una decisión judicial que fue expedida por motivos razonables y fundados criterios de interpretación jurídica, realizados por la a quo, cumplió con las formalidades de ley, le concedió la palabra al Ministerio Pùblico, imputados y Defensa, para luego proceder a dar respuesta a las solicitudes, siendo el eje central, verificar la admisibilidad o no del escrito acusatorio que el Ministerio Pùblico presentó y ratificó en contra de cada uno de los imputados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., por la comisión de los delitos de EXTORSIÓN CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión en concordancia con el articulo 19 numerales 7° y 8º ejusdem, en perjuicio del ciudadano Á.A.U.G., PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal Venezolano , cometido en perjuicio de los ciudadanos R.R. PRADA, HENYERBETH RINCÓN ROMERO, E.A. RONDÓN NUÑEZ, USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA previstos y sancionados en el articulo 115 de la Ley para El Desarme y Control de Armas y Municiones y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo delito cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

Observa esta Alzada, que la jueza de la recurrida analizó los requisitos de ley para pronunciarse sobre la admisibilidad del acto conclusivo (acusación), considerando que debía desestimar el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artìculo 458 del Còdigo Penal, avalando el resto de las calificaciones jurídicas dadas a los hechos; decretó el sobreseimiento de la causa con respecto al delito de ABUSO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artìculo 237 del Còdigo Penal; consideró que la acusación debía ser admitida parcialmente, explicando los motivos; además, consideró que por no haber variados las circunstancias, debía mantener la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artìculo 236, en armonía con los artículos 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En ese mismo orden, la recurrida dio respuesta a la solicitud de nulidades presentada por la defensa, las cuales declaró sin lugar de manera motivada; al igual que decretó como medida precautelativa, el aseguramiento e incautación sobre tres (03) vehículos automotores, plenamente identificados en la decisión apelada; y resolvió la petición de la defensa en cuanto al cambio de lugar de reclusión preventiva de los imputados de actas, declarándolo sin lugar, por lo que ordenó que permanecieran en el Centro Penitenciario Sargento D.V., ubicado en el estado Lara.

Seguidamente la jueza de control impuso nuevamente a cada uno de los imputados de sus derechos y garantías, entre ellos, del procedimiento por admisión de los hechos, conforme lo establece el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando cada uno que no deseaba acogerse a dicho procedimiento, que no iban a admitir los hechos y que se iban a juicio porque e.i.; motivo por el cual, la a quo consideró que correspondía ordenar la apertura al juicio oral y público; por lo que admitió parcialmente el escrito acusatorio, admitió totalmente los medios de pruebas, desestimó el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artìculo 458 del Còdigo Penal; decretó el sobreseimiento de la causa con respecto al delito de ABUSO DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artìculo 237 del Còdigo Penal; decretó como medida precautelativa, el aseguramiento e incautación sobre tres (03) vehículos automotores, plenamente identificados en la decisión apelada; mantuvo la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad, de conformidad con lo establecido en el artìculo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; declaró sin lugar las excepciones interpuestas por la defensa, lo que a criterio de esta Sala se corresponde con el análisis que hizo por haber admitido parcialmente el escrito acusatorio de manera razonada; declaró sin lugar el cambio de reclusión solicitado por la defensa y ordenó el auto de apertura a juicio.

Por lo tanto, la decisión recurrida sí se encuentra motivada, aunado a ello, dio respuesta a todas las solicitudes que le hicieran las partes, en especial la defensa; por lo que no violó ninguna norma de rango constitucional ni procesal, garantizando la tutela judicial efectiva y el debido proceso, con fundamento a lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por ello, en atención a los razonamientos anteriores, estima esta Sala, que el pronunciamiento realizado por la Jueza a quo, el cual plasmó en la decisión recurrida, resulta atinente, por lo que no le asiste la razón a la defensa privada, al indicar que se violentó el derecho al debido proceso que consagra el artículo 49 de la Constitución Nacional; constatándose de actas que tal principio fue preservado, al igual que la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 26 del texto constitucional, garantizando no sólo el acceso a los órganos de justicia, el derecho a obtener una pronta y oportuna respuesta de lo planteado, el acceso a los procedimientos de ley, el ejercicio de los recursos, brindando seguridad jurídica del contenido del dispositivo del fallo.

En este orden de ideas, debe señalarse que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.

En plena armonía con lo anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 027 de fecha 4 de febrero de 2014, reitero criterio con ocasión a esta garantía constitucional, de la manera siguiente:

“…La Sala Penal en reiterada jurisprudencia ha señalado que los administradores de justicia deben garantizar a las partes el debido proceso, como derecho fundamental, que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, las cuales definen y garantizan los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad así como la eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa.

En relación con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1654 de fecha 25 de julio de 2005, señaló con ocasión a esta garantía constitucional, lo siguiente:

...la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantía indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva...

Ahora bien, precisado lo anterior es necesario puntualizar que, del examen de la presente causa, y revisadas las actas que conforman el presente expediente, la Sala concluye que en el presente proceso se ha garantizado el debido proceso, el respeto a la dignidad inherente al ser humano, los derechos humanos y el derecho a la vida, constituyendo el proceso el instrumento fundamental para la realización de la justicia, ya que a través del mismo se procura establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la aplicación del derecho.

Al respecto este Órgano Colegiado de la trascripción anterior observa que los fundamentos de la recurrida, han evidenciado que ccontiene los motivos que dieron lugar a su emisión, tomando en cuenta la fase procesal en la que se encuentra la causa; por tanto, el argumento referido a que la Jueza de instancia dictó una decisión inmotivada, resulta improcedente y en consecuencia debe ser desestimado a los fines de la apelación interpuesta, en efecto, esta Alzada constata que la jueza a quo, contrario a lo alegado por la defensa, no se limitó a enumerar los requisitos del artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, sino que analizó los hechos que se desprenden de las actas, verificando que los mismos se subsumieran en las conductas antijurídica contenidas en el escrito acusatorio, siendo estas las circunstancias que vienen a constituir los motivos y las razones respecto de las circunstancias de hecho que encierran la celebración de la Audiencia Preliminar, siendo esta el objeto de la fase intermedia, tomados o extraídos por el Juez de Control para formarse un juicio de valor crítico, racional y equilibrado, sobre los hechos expuestos a su consideración, que en definitiva le permitieron determinar el contenido de su resolución, y de la revisión efectuada a la decisión impugnada así como las actas procesales insertas en el cuaderno de apelación subido a esta Alzada, se verifica cumplido el requisito de motivación por la Jueza de instancia.

En tal sentido, estima esta Sala oportuno citar el criterio que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia han emitido en diversos fallos, en cuanto a lo que debe entenderse por motivación de la sentencia; siendo que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 289, de fecha 06 de agosto de 2013, ha expresado lo siguiente:

…Resaltando que el vicio de falta de motivación no se verifica con la simple discrepancia de las partes sobre el argumento del órgano jurisdiccional, siendo además necesario que el fundamento de su decisión no resuelva de forma lógica, coherente y razonada lo denunciado en el recurso.

Dejando claro a su vez que la motivación no amerita ser extensa, sino que sea suficiente y se baste a sí misma, esto es que no deje lugar a dudas en cuanto a las razones del juzgamiento…

(Destacado de la Sala)

Consideran quienes conforman este Tribunal de Alzada, luego de verificar el análisis realizado por la jueza a quo, en relación a las actas que se encuentran en la incidencia recursiva sometida a estudio, que yerra la recurrente al argumentar la falta de motivación del fallo, puesto que la instancia al momento de resolver, estableció de manera motivada y coherente, conforme a las disposiciones legales ajustada a nuestra norma penal adjetiva, exponiendo de manera pormenorizada las razones por las cuales admitió el escrito acusatorio, el cual cumple con todos y cada uno de los requisitos formales establecidos en el artículo 308 de la n.a.p. vigente, y por ende el tribunal de control garantizó las garantías constitucionales y procesales en el presunto asunto.

Ahora bien, sobre este punto la recurrente afirma que la Jueza de Instancia realizó una valoración de los medios probatorios presentados por la Fiscalía del Ministerio Público para demostrar la presunta comisión del tipo penal del Robo Agravado, procediendo a la desestimación del mismo, considerando la defensa que al entrar la Jueza a quo a realizar tal valoración debió pronunciarse igualmente para desestimar todas las calificaciones jurídicas presentadas en el escrito acusatorio, al tratarse del mismo hecho y de los mismos elementos. Al respecto, debe advertir este Tribunal Colegiado que la tipificación de la conducta desplegada por los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., constituye una precalificación provisional, que puede modificarse a lo largo del proceso, puesto que no tiene un carácter definitivo, debe recordar la defensa la fase procesal en la cual se encuentra el presente asunto, siendo posible que se produzca un cambio de calificación o una adecuación de la misma en la fase del Juicio oral y Público, únicamente la calificación jurídica tendrá carácter definitivo al dictarse la sentencia y la misma quede definitivamente firme, antes de ello, únicamente podemos referir que se tratan de calificaciones jurídicas provisionales.

Resultando propicio, traer a colación lo asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión No. 578 de fecha 10 de junio de 2010, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, ratificando el criterio establecido el 14 de diciembre de 2006, estableciendo lo siguiente:

…Así pues, esta Sala en sentencia N° 2305, del 14 de diciembre de 2006, caso: M.M.G., estableció lo siguiente:

En efecto, la calificación jurídica que establecieron tanto el Tribunal de Control como la Corte de Apelaciones, sobre los hechos que ocasionaron el inicio del proceso penal, no es definitiva, toda vez que la misma tuvo como objeto primordial el decreto de una medida preventiva de coerción personal contra la quejosa. Dicha calificación jurídica, a juicio de esta Sala, corresponde al proceso de adecuación típica que hace el juez penal sobre los hechos que le son sometidos a su conocimiento y ello escapa, en principio, a la tutela del amparo constitucional, por cuanto puede ser desvirtuada dentro del proceso penal por la defensa técnica de la accionante. De hecho, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 305, le permite al imputado solicitar al Ministerio Público, en la fase preparatoria del proceso, que se realicen una serie de diligencias para desvirtuar su responsabilidad penal de los hechos que se investigan. Además, en la fase del juicio oral y público, el acusado, a través del ejercicio de su derecho a la defensa, puede evacuar, una vez que han sido admitidos en su debida oportunidad, aquellos medios de prueba que consideren que lo beneficien, para que el Juez penal, a la hora de dictar sentencia definitiva, considere si la calificación jurídica establecida en el escrito de la acusación realmente se corresponde con la verdad…

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Para quienes aquí deciden, es importante dejar claro que las calificaciones jurídicas contenidas en la acusación fiscal y admitidas por la Jueza de Control, ciertamente, tienen una naturaleza eventual y provisoria que se ajusta únicamente a darle en términos momentáneos, forma típica a la conducta humana desarrollada por el imputado o imputada; de modo que, tales calificaciones provisorias, además de ser necesarias a los fines de fundamentar la solicitud de mantenimiento de medidas de coerción personal; dicha precalificación, dada su naturaleza eventual que aún mantiene, luego de celebrada la Audiencia Preliminar; por lo que a criterio de este Cuerpo Colegiado, siendo los hechos los que originan las calificaciones jurídicas, debe ser en un eventual juicio, que se determine si tales hechos realmente pueden o no ser calificados jurídicamente, además, en el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artìculo 458 del Còdigo Penal, bien a solicitud del Ministerio Pùblico o porque el juez o jueza de juicio lo advierta y considere necesario realizar la advertencia, con fundamento en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo tanto, se declara sin lugar los argumentos de la defensa. Así se decide.

Con respecto a la denuncia de nulidad de los elementos de convicción obtenidos durante la investigación por ilicitud de prueba o falta de control de la ilicitud probatoria, refiriéndose principalmente sobre el vaciado del contenido de textos del abonado telefónico Nro. 0416-8602840, y de la declaración rendida por el ciudadano J.G. ante la sede del Ministerio Público, alegando que la decisión recurrida consistió en una mera enunciación de que las pruebas eran legales, útiles, pertinentes y necesarias para ser debatidas en el juicio oral y público; lo que a su criterio, constituye una evidente violación a los derechos fundamentales del Debido Proceso y Derecho a la Defensa, produciendo así un gravamen irreparable a sus representados, en franca violación al artículo 48 y ordinal 1o del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, este Tribunal Colegiado, considera que es menester señalar en primer lugar que las diligencias de investigación y experticias efectuadas en la fase preparatoria, son aquellos elementos de convicción que le permitirán al titular de la acción penal investigar los hechos que dieron origen a la persecución penal, arrojando un eventual acto conclusivo como lo es: la acusación, el archivo fiscal o el sobreseimiento. Por otra parte, los medios de prueba son los instrumentos u órganos que le proporcionan al juez o jueza el conocimiento de los hechos objetos del proceso.

En este sentido, en el sistema penal acusatorio, el derecho a prueba se encuentra dirigido a lograr la acreditación de la comisión de un hecho punible, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la comprobación de la responsabilidad penal de los autores o partícipes en ese hecho delictual, por parte de quien ostenta el ejercicio de la acción penal y asimismo, a la defensa para acreditar la inexistencia en su contra de responsabilidad penal.

En el ordenamiento jurídico venezolano, el derecho a la prueba posee una estrecha vinculación con la garantía constitucional del debido proceso, y este a su vez con el derecho a la defensa consagrado en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues el primero es un sustento esencial del segundo, por cuanto el imputado haciendo pleno uso de sus facultades mediante el ejercicio del derecho a la defensa puede intervenir en el proceso penal que se instaura en su contra, así como solicitar al titular de la acción penal la práctica de diligencias de investigación que refuten los elementos de convicción los cuales obran en su contra, y en consecuencia, el de acceder a las pruebas incursas en el proceso; sin embargo, las pruebas ofertadas deben regirse bajo unos parámetros de legalidad, licitud, pertinencia y necesidad de las mismas, con el objeto de esclarecer los hechos objetos del proceso.

Bajo estas premisas, esta Sala de Alzada se permite a continuación, citar un extracto del contenido de la sentencia No. 443, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de mayo de 2010, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales:

…Precisado lo anterior, debe esta Sala reiterar que la fase intermedia del procedimiento penal ordinario tiene por finalidades esenciales lograr la depuración del mismo, comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra y permitir que el Juez ejerza el control de la acusación. Esta última finalidad implica la realización de un análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio, fungiendo esta fase procesal entonces como un filtro, a los fines de evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.

Dicha fase procesal comprende varias actuaciones, las cuales se pueden sistematizar en tres grupos fundamentales, dependiendo del momento procesal que les corresponda. Así, tenemos actuaciones previas a la audiencia preliminar, como lo es la acusación; también el ejercicio por parte del imputado, del Fiscal y de la víctima -siempre que se haya querellado o haya presentado acusación particular propia-, de las facultades que le otorga el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal. En segundo lugar, tenemos la audiencia preliminar, cuyo desenvolvimiento se encuentra regulado en el artículo 329 eiusdem; y por último, los actos posteriores a la audiencia preliminar, que son los distintos pronunciamientos que puede emitir el Juez de Control al finalizar dicha audiencia, con base en los artículos 330 y 331 de dicha ley adjetiva penal (Sentencia n. 1.676/2007, del 3 de agosto).

Tal como lo ha señalado esta Sala en las sentencias Nos. 4.278 y 797 del 12 de diciembre de 2005 y 12 de mayo de 2009, respectivamente, entre las facultades y cargas que el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal le confiere a las partes en esta fase procesal se encuentra la posibilidad de promover las pruebas a ser producidas en el juicio oral (cardinal 7), la cual constituye una de las fases de la actividad probatoria y, por ende, una clara proyección del derecho a la prueba. El contenido de este último se integra en el poder jurídico de las partes de provocar la actividad procesal necesaria para lograr la convicción del Juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos relevantes para la decisión del conflicto objeto del proceso. Visto desde esta perspectiva, el derecho a la prueba, ejercitable en cualquier tipo de proceso e inseparable del derecho a la defensa, consiste en que las pruebas lícitas, necesarias, pertinentes y tempestivas sean admitidas y practicadas por el Juez, no pudiendo éste en forma alguna desconocer u obstaculizar el contenido esencial de tal derecho.

La conexión conceptual antes señalada entre el derecho a la prueba y el derecho a la defensa, obedece a que el primero es un soporte esencial del segundo, toda vez que el derecho a la defensa comprende la facultad del imputado de intervenir en el proceso penal que contra él se ha incoado, así como también de llevar a cabo las actividades procesales necesarias para evidenciar la falta de fundamento de la potestad penal que contra él ejerce el Estado, o cualquier circunstancia que la excluya o la atenúe, y es el caso que tales actividades consisten esencialmente en: a) ser oído, b) controlar la prueba de cargo que podrá utilizarse válidamente en la sentencia, c) probar los hechos que invoca a los fines de neutralizar o atenuar la reacción penal del Estado, d) valorar la prueba producida en el juicio, y e) exponer los argumentos de hecho y de derecho que considere pertinentes a los fines de obtener una decisión favorable según su posición, en el sentido de excluir o atenuar la aplicación del poder penal estatal…

. (Destacado de la Alzada).

En este orden de ideas, es de suma importancia, recordar que en el vigente proceso penal, la labor inquisidora compete al Fiscal del Ministerio Público, en razón de la titularidad del ejercicio de acción penal, que a ésta institución le han asignado los artículos 285.3.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 11 del Código Orgánico Procesal Penal que expresamente señalan:

Artículo 285. Son atribuciones del Ministerio Público:

...Omissis...

  1. Ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad de los autores y demás participantes, así como el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración.

  2. Ejercer en nombre del Estado la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario instancia de parte, salvo las excepciones establecidas en la ley.

...Omissis...

Artículo 11. Titularidad de la Acción Penal. La acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.

En tal sentido, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 512 de fecha 12 de diciembre de 2012, con ponencia de la Magistrada Yanina Beatriz Karabin de Díaz, ha precisado:

...Al respecto, la Sala considera procedente señalar que de conformidad con el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, la titularidad de la acción penal le corresponde al Estado, que la ejerce a través del Ministerio Público, quien de acuerdo a las investigaciones realizadas bajo su dirección, es el encargado de presentar una primera apreciación del tipo delictivo que pudiera coincidir con la presunta realización de los hechos denunciados en un caso determinado, generando entonces, una primera apreciación en la calificación jurídica que corresponde a los hechos investigados, la cual de acuerdo a la dinámica propia del proceso penal, a todo evento quedará a la evaluación del juez o jueza de instancia...

. (Negrillas de la Alzada).

Esta Alzada considera que efectivamente, la juzgadora a quo, ejerció su control al verificar que el Ministerio Público efectúo una investigación bajo los principios y valores que orienta la buena fe, siendo desarrollada en base a los elementos que inculpen o exculpen a los procesados de autos, quienes integran este Cuerpo Colegiado evidencian que la a quo verificó tanto de la investigación fiscal instaurada en contra los imputados de marras, así como de la lectura del escrito acusatorio, que las pruebas tanto documentales como testimoniales, propuestas por el titular de la acción penal, cumplen con todos los requisitos contenidos en la norma penal adjetiva, valga decir, que las mismas a su juicio son lícitas, legales y pertinentes para dilucidar los hechos acaecidos.

Bajo esta óptica, quienes conforman este Tribunal ad quem consideran pertinente traer a colación lo establecido por el legislador penal en los artículos 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales establecen taxativamente lo siguiente:

Artículo 181. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código.

No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos.

Artículo 182. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este Código y que no esté expresamente prohibido por la ley.

Regirán, en especial, las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas.

Un medio de prueba, para ser admitido, debe referirse, directa o indirectamente, al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas.

El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio.

. (Negrillas de la Alzada).

De la transcripción parcial de los artículos in comento, se colige que el legislador patrio estableció como principio la libertad probatoria, este posee dos aspectos fundamentales, valga decir, la libertad de medios y la libertad de objeto, refiriéndose el primero a que no existe limitación legal acerca de los medios probatorios admisibles, dejando al poder discrecional de él o la jurisdicente la capacidad de calificar la pertinencia probatoria, y el segundo se refiere que se puede probar todo hecho que tenga íntima relación con el proceso, pudiendo intervenir las partes en la práctica de la prueba. En tal sentido, del anterior principio se extraer la siguientes premisas fundamentales, como lo son que serán admisible cualquier prueba siempre que haya sido obtenida de forma lícita, que sea conseguida por medios legales, que sea pertinente y útil para dilucidar y esclarecer los que dieron origen a la instauración del proceso penal.

En el caso sub iudice, se observa que los medios probatorios ofertados por quien ostenta la titularidad de la acción penal, fueron recabados en el decurso de la investigación, cumpliendo los mismos con los requisitos establecidos en los artículos 181 y siguientes de la norma penal adjetiva, siendo admitidos cada uno de ellos por la jueza de instancia, quien durante la celebración de la audiencia preliminar ejerció el control material y formal del escrito acusatorio, así como verificó que cada una de las pruebas recepcionadas, se encontraban insertas en la investigación fiscal, ya que en el escrito acusatorio hace remisión expresa a cada una de ellas.

Contrario a lo denunciado por la recurrente, esta Alzada evidencia que sí se ejerció un control judicial sobre las pruebas contenidas en la acusación fiscal, siendo el criterio de la recurrida la admisión de las mismas por considerar que fueron colectadas en la etapa de investigación con total apego a los principios legales, tal como se señaló. El Ministerio Público como director de la investigación se encuentra plenamente facultado para requerir tanto de los entes públicos como privados toda aquella información que a bien considere necesaria para el esclarecimiento de los hechos y obtención de la verdad en las investigaciones penales, en el presente caso el vaciado de contenido del abonado telefónico 0416-8602840, en nada viola el debido proceso o el derecho a la defensa como pretende hacerlo ver la recurrente, es una prueba más recabada por el Ministerio Público, al concebir que la misma es útil, pertinente y necesaria para la comprobación de la responsabilidad penal de los procesados de autos en la perpetración de los tipos penales acusados, debe entender la defensa que la oportunidad procesal para atacar las pruebas presentadas es la fase del juicio oral y público en la cual el órgano jurisdiccional competente determinará, posterior a la recepción y evacuación de las mismas, si aportan o no valor probatorio con relación al hecho debatido.

Observando este Cuerpo Colegiado, que en el caso de marras la jueza de mérito, se pronunció sobre la totalidad de las pruebas ofertadas tanto por el Ministerio Público, así como por la defensa técnica, esgrimiendo como fundamento para admitirlas pruebas ofertadas por las partes, que se consideran útiles, necesarias y pertinentes para el eficaz ejercicio del derecho a la defensa, no siendo contrarias a la legislación penal vigente.

Es menester resaltar, que el Juez o Jueza de Control, en la audiencia preliminar debe limitarse al análisis relativo a la admisibilidad de las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, es decir Ministerio Público, defensa o el querellante según el caso, estableciendo si las mismas, son tempestiva, licitas, pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se ventilarán en el eventual juicio, e incluso pudiéndose pronunciar sobre la validez de dichas pruebas, si llegase a estimar que alguna de ellas se encuentra viciada de nulidad absoluta.

Asimismo, se cita sentencia No. 078 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, de fecha 18 de Marzo de 2004, en la cual se deja establecido lo siguiente:

…Corresponde a los jueces de control, en la fase intermedia de la causa, dirigir el acervo probatorio en consonancia con los actos procesales que se hubieren realizado determinar si habrá juicio oral o no pues el examen de la prueba en esta fase es sólo de conjunto y respecto de su licitud, idoneidad, pertinencia y necesidad.

En consecuencia, durante esa fase se prohíbe debatir cuestiones propias del juicio oral porque las pruebas no están sujetas a la contradicción y control por las partes y no pueden ser utilizadas para establecer o desvirtuar los hechos del fondo del juicio…

(Negrillas de la sala).

En el marco de las consideraciones antes esbozadas, se observa que las decisiones proferidas por los Órganos Jurisidiccionales, de acuerdo con la actividad desplegada debe ser cónsonas y acorde a lo preceptuado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y al ordenamiento jurídico vigente, al resolver una controversia, le concede un profundo margen de valoración del caso, con el objeto de garantizar el derecho de defensa y el debido proceso, haciendo énfasis en el principio de contradicción establecido en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal, que caracteriza al sistema acusatorio penal venezolano, ya que luego en la fase de juicio el juez o jueza competente, al momento de valorar, podrá desechar las que resulten inoficiosas o impertinentes o las que aparezcan contradictorias o, las que nada aporten para el esclarecimiento de la verdad, y acogerá las que en sano criterio le hagan plena prueba y le aporte el valor probatorio que crea necesario, para llevarlo a la convicción que decanta en una sentencia condenatoria o absolutoria. Así se decide.-

Por último, en cuanto a la denuncia en que incurrió la recurrente por violación del Principio de Legalidad, afirmando que el marco legal y procedimental por el cual debe haberse regido la correspondiente investigación Penal en contra de sus defendidos, es el establecido en la Ley Contra la Corrupción, pues asevera que el delito objeto de Acusación y eventual juicio oral y público, sería el delito de Concusión, por cuanto sus defendidos son personas que se desempeñaban como funcionarios policiales, por lo que, a su modo de ver el proceso llevado hasta ahora, es con total desapego al principio de legalidad, produciendo como consecuencia un gravamen irreparable en la esfera personal y social de sus defendidos.

En este sentido, esta Alzada estima idóneo citar un extracto del escrito de contestación del Ministerio Público, donde se exponen las circunstancias de hecho y de derecho que impiden encuadrar las conductas típicas desplegadas por los acusados de autos en el tipo penal de Concusión previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción, al respecto establece lo siguiente: “…mal podría la defensa privada sostener y mucho menos alegar que el verdadero tipo penal que debe atribuirse a sus patrocinados es el del delito de CONCUSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 60 de la Ley Contra la Corrupción (Vigente), cuando por el contrario los hoy, acusados para el momento de los hechos se encontraban en uso de sus funciones pero sin la debida autorización u orden de la superioridad, para la prosecución de, una denuncia o de un hecho punible que pudiera resultar en la aprehensión flagrante sobre determinadas personas, evidenciándose de esta manera que para el momento en que los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R. Y M.J.G.M. cometieron los hechos investigados, no existía o mediaba una orden expresa de la superioridad para la prosecución o investigación de algún hecho delictivo, situación que es muy distinta a los elementos propios del delito de CONCUSIÓN, ya que este se asemeja al soborno, cohecho, prevaricato y a las exacciones legales, este delito atenta contra la cosa pública, y sujeto activo viene siendo el funcionario público que en abuso de sus funciones y en provecho propio, constriñe a alguna persona a que dé o prometa a este, o a un tercero, alguna suma de dinero, alguna contribución o impuesto no establecido con autorización competente …”

Con relación al particular anterior, esta Sala observa que una vez analizada la decisión impugnada, así como revisadas las actas que conforman la pieza recursiva, se evidencia que la recurrida es una decisión judicial que fue expedida por motivos razonables y fundados criterios de interpretación jurídica, realizados por el a quo. Por ello, en atención a los razonamientos anteriores, estima esta Alzada, que el pronunciamiento realizado por la Jueza a quo en la decisión recurrida, resulta atinente, por lo que no le asiste la razón a la defensa privada, al indicar que la misma constituye una violación al principio de legalidad base del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el desconocimiento arbitrario y total del apartamiento del procedimiento y calificación jurídica que a su juicio debiese aplicarse; constatándose de actas que tal principio fue preservado.

En este orden de ideas, debe señalarse que el debido proceso en el ordenamiento jurídico venezolano, constituye un derecho fundamental que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, especialmente diseñadas para asegurar la regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa, cuando sea necesario definir situaciones controvertidas, declarar o aplicar el derecho en un caso concreto, o investigar y juzgar los hechos punibles.

En plena armonía con lo anterior, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 027 de fecha 4 de febrero de 2014, reitero criterio con ocasión a esta garantía constitucional, de la manera siguiente:

“…La Sala Penal en reiterada jurisprudencia ha señalado que los administradores de justicia deben garantizar a las partes el debido proceso, como derecho fundamental, que comprende un conjunto de garantías sustanciales y procesales, las cuales definen y garantizan los principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad así como la eficacia de la actividad jurisdiccional y administrativa.

En relación con lo anterior, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1654 de fecha 25 de julio de 2005, señaló con ocasión a esta garantía constitucional, lo siguiente:

...la garantía del debido proceso debe ser entendida en el sentido de que en todo proceso, sea judicial o administrativo, deben cumplirse las garantía indispensables para que se escuchen a las partes, se les permita el tiempo necesario para presentar pruebas y ejercer plenamente la defensa de sus derechos e intereses, siempre de la manera prevista en la ley; de forma tal, que la controversia sea resuelta conforme a derecho, en aras de una tutela judicial efectiva...

En consecuencia, no tiene fundamento lo denunciado por la recurrente al evidenciarse en el fallo recurrido que se encuentra debidamente apegado a los principios constitucionales y legales que rigen el desarrollo del proceso penal, pareciera que la defensa interpreta la declaratoria de lugar de sus peticiones como una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, nada más alejado de lo cierto, por cuanto se entiende que las partes en sus debidas oportunidades legales se encuentran plenamente facultados para el ejercicio de sus derechos, lo cual no implica que todo lo requerido deba ser acordado, teniendo en cuenta que es el órgano jurisdiccional competente, dependiendo de la fase del proceso, el facultado para decidir sobre lo expuesto durante el desarrollo del proceso, con estricto cumplimiento a las garantías y principios consagrados en nuestra Carta Magna y en el texto adjetivo penal.

En el mérito de las consideraciones antes esbozadas este Tribunal Colegiado estima que debe declararse SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho M.G.U.M., actuando en su carácter de defensora de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., y M.J.G.M., y en consecuencia, se CONFIRMA la decisión Nº 237-15 de fecha 4 de marzo de 2015, dictada en Audiencia Preliminar, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la cual decidió lo siguiente. PRIMERO: ADMITIÓ PARCIALMENTE la acusación en contra de los hoy acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., por la comisión de los delitos de EXTORSIÓN CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión en concordancia con el articulo 19 numerales 7° y 8º ejusdem, en perjuicio del ciudadano Á.A.U.G., PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal Venezolano , cometido en perjuicio de los ciudadanos R.R. PRADA, HENYERBETH RINCÓN ROMERO, E.A. RONDÓN NUÑEZ, USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA previstos y sancionados en el articulo 115 de la Ley para El Desarme y Control de Armas y Municiones y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo delito cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Admitir todas y cada uno de los medios de pruebas ofrecidos porta Fiscalía del Ministerio Público, así como los promovidos por la defensa privada. TERCERO: Desestimó el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del código penal. CUARTO: Decretó el sobreseimiento en relación al delito de ABUSO DE FUNCIONES previstos y sancionados en el articulo 237 del Código Penal Venezolano de conformidad con lo establecido en el articulo 300 orinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: Acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, que le fueran impuestas a los imputados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del código orgánico procesal penal. SEXTO: Decretó la medida aseguramiento e incautación sobre los vehículos con las siguientes características: 01.- MARCA: CHEVROLET, MODELO: MALIBU, COLOR: BEIGE, Serial de carrocería: 1LT9AAV318446, Placas: VEH589, 2.) MARACA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, PLACAS: XPM809, 3.-) MARCA: CHEVROLET, MODELO: CAVALIER, COLOR: GRIS, SERIAL DE CARROCERÍA: 1J6945V323432, PLACAS: GADF5B, de conformidad con lo establecido en el articulo 588 y 589 del código de procedimiento civil. SÉPTIMO: Declaró sin lugar las excepciones presentadas por la defensa. OCTAVO: Declaró sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto a la solicitud de cambio de sitio de reclusión de los acusados de autos. NOVENO: Ordenó el auto de apertura a juicio en el presente asunto seguido en contra de los acusados de autos. Así se decide.-

V

DISPOSITIVA

Por los fundamentos expuestos esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Z.A.J. en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la profesional del derecho M.G.U.M., actuando en su carácter de defensora de los ciudadanos P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., y M.J.G.M., identificados en actas.

SEGUNDO

CONFIRMA la decisión Nº 237-15 de fecha 4 de marzo de 2015, dictada en Audiencia Preliminar, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, en la cual decidió lo siguiente. PRIMERO: ADMITIÓ PARCIALMENTE la acusación en contra de los hoy acusados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., por la comisión de los delitos de EXTORSIÓN CON CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión en concordancia con el articulo 19 numerales 7° y 8º ejusdem, en perjuicio del ciudadano Á.A.U.G., PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD previsto y sancionado en el artículo 174 del Código Penal Venezolano , cometido en perjuicio de los ciudadanos R.R. PRADA, HENYERBETH RINCÓN ROMERO, E.A. RONDÓN NUÑEZ, USO INDEBIDO DE ARMA ORGÁNICA previstos y sancionados en el articulo 115 de la Ley para El Desarme y Control de Armas y Municiones y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el articulo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo delito cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. SEGUNDO: Admitir todas y cada uno de los medios de pruebas ofrecidos porta Fiscalía del Ministerio Público, así como los promovidos por la defensa privada. TERCERO: Desestimó el delito de robo agravado, previsto y sancionado en el articulo 458 del código penal. CUARTO: Decretó el sobreseimiento en relación al delito de ABUSO DE FUNCIONES previstos y sancionados en el articulo 237 del Código Penal Venezolano de conformidad con lo establecido en el articulo 300 orinal 1 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: Acordó mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad, que le fueran impuestas a los imputados P.J.V.O., N.J.R.P., J.E.T.R., Y M.J.G.M., de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del código orgánico procesal penal. SEXTO: Decretó la medida aseguramiento e incautación sobre los vehículos con las siguientes características: 01.- MARCA: CHEVROLET, MODELO: MALIBU, COLOR: BEIGE, Serial de carrocería: 1LT9AAV318446, Placas: VEH589, 2.) MARACA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, PLACAS: XPM809, 3.-) MARCA: CHEVROLET, MODELO: CAVALIER, COLOR: GRIS, SERIAL DE CARROCERÍA: 1J6945V323432, PLACAS: GADF5B, de conformidad con lo establecido en el articulo 588 y 589 del código de procedimiento civil. SÉPTIMO: Declaró sin lugar las excepciones presentadas por la defensa. OCTAVO: Declaró sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto a la solicitud de cambio de sitio de reclusión de los acusados de autos. NOVENO: Ordenó el auto de apertura a juicio en el presente asunto seguido en contra de los acusados de autos.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, Sala Primera, en Maracaibo, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año 2015. Años 204° de la Independencia y 156° de la Federación.

Regístrese y publíquese.

LAS JUEZAS PROFESIONALES

EGLEE DEL VALLE RAMIREZ

Presidenta de la Sala

VANDERLELLA ANDRADE BALLESTERO MAURELYS VÍLCHEZ PRIETO

Ponente

LA SECRETARIA

J.R.G.

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, registrándose la presente la presente resolución en el libro de decisiones llevado por esta Sala en el presente mes y año, bajo el No. 380-15.

J.R.G.

LA SECRETARIA

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