Decisión nº 611-15 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 8 de Septiembre de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Sala Tercera

Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Zulia

Maracaibo, 08 de septiembre de 2015

204º y 156º

CASO: VP03-R-2015-001450

Decisión No. 611-15.-

I .- PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL D.C.N.R..

Se recibieron las presentes actuaciones en virtud de los RECURSOS DE APELACION DE AUTOS, interpuestos el primero de ellos por el profesional del derecho R.A.S.R., Defensor Público Vigésimo Noveno (29°) Auxiliar para el P.P.O., adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensor de la ciudadana Y.F.R., portadora de la cédula de identidad Nro. 20.069.831, y el segundo por los abogados A.A., J.M. y J.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 130.310, 199.249, en su condición de defensores privados del ciudadano REISOR DE J.S.L., titular de la cedula de identidad Nº 23.739.759, ambos ejercidos contra la decisión Nro. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual, el mencionado Juzgado en la audiencia de presentación de imputado, entre otros pronunciamientos, decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 237 y 238 ejusdem, en contra de los mencionados ciudadanos imputados, a quienes se les sigue causa penal por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de la ciudadana G.M..

Las actuaciones fueron recibidas ante este Tribunal Colegiado en fecha 26 de agosto de 2015, se dio cuenta a las integrantes de la misma, y según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se designó como ponente a la Jueza Profesional D.C.N.R., quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

En este sentido, en fecha 02 de agosto de 2015, se produce la admisión del RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS y siendo la oportunidad prevista en el tercer aparte del artículo 442 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a resolver en los siguientes términos:

2. DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL DEFENSOR PÚBLICO R.A.S.R.

   El Recurso de Apelación interpuestos, el primero por el profesional del derecho R.A.S.R., Defensor Público Vigésimo Noveno (29°) Auxiliar para el P.P.O., adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensor de la ciudadana Y.F.R., contra la decisión Nro. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, sobre la base de los siguientes argumentos:

   Inició el apelante en su escrito, argumentando que en la decisión recurrida: “SEGÚN EL ACTA POLICIAL, LOS FUNCIONARIOS ACTUANTES "MOTU8 PROPIO", ES DECIR, SIN NOTIFICACIÓN Y MUCHO MENOS AUTORIZACIÓN JUDICIAL, PROCEDEN A LLEVAR A CABO, "UNA ENTREGA CONTROLADA"; ARMANDO UN SOBRE CONTENTIVO DE CIERTA CANTIDAD DE DINERO SIN MARCAR Y SIN EL LEVANTAMIENTO DE LA RESPECTIVA ACTA QUE DETERMINE LA ELABORACIÓN DEL MISMO.

   Del mismo modo esgrimió, que: “ASI MISMO, CONSTA DE ACTAS POLICIALES QUE ESTOS MISMOS FUNCIONARIOS SIRVIERON COMO "AGENTES ENCUBIERTOS", FIGURA ESTA REQUIERE SEGÚN LA LEY, QUE DICHOS FUNCIONARIOS SE ENCUENTREN PREVIAMENTE INGRESADOS EN UNA LISTA DE PERSONAL ENCUBIERTO QUE HA DEBE SER APROBADA Y QUE DEBE INDICAR CUAL O CUALES SON LAS ACTUACIONES QUE ESTOS VAN A REALIZAR, TIEMPO DE DURACIÓN, LUGAR ETC…”

   Continuó, la defensa en su recurso exponiendo que: “EN TERCER LUGAR LOS FUNCIONARIOS PROCEDIERON A ALLANAR SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL Y SIN ENCONTRASE MI DEFENDIDA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENTIVOS EN EL ARTICULO 234 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, LA VIVIENDA TANTO DE MI DEFENDIDA, COMO DE OTRO CIUDADANO TAMBIÉN PROCESADO ILEGALMENTE…”

   Prosiguió el profesional del derecho R.A.S.R. explanando que: “es evidente la flagrante violación de normas de carácter legal y hasta Constitucionales, a criterio de esta defensa, el ciudadano Juez, no debe únicamente observar si LA PRESENTACIÓN SE REALIZA O NO DENTRO DE LAS 48 HORAS; SI LA MISMA ES FLAGRANTE O NO; SI EL TRIBUNAL ES COMPETENTE POR LA MATERIA Y LA JURISDICCIÓN, ETC; sino también, como órgano de CONTROL JURISDICCIONAL, ARBITRO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DIRECTOR DEL P.P., el tribunal debe controlar que todos y cada uno de los elemento de convicción y pruebas aportadas por el Ministerio Publico y por los órganos auxiliares de justicia, se encuentre recabados, suscritos y promovidos conforme a derecho, porque de lo contrario, el Tribunal y el Ministerio Publico, estarían convalidando con su decisión, FUTURAS PRUEBAS ILÍCITAS, artículos 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, pruebas estas que acarrearían indefectiblemente la NULIDAD ABSOLUTA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTAS QUE CONFORMAN LA PRESENTE INVESTIGACIÓN PENAL Y POR ENDE DEL P.E. Sí MISMO, de conformidad con ¡os artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano; alegado por esta defensa en la debida AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, e ignorado por el Ministerio Publico y el Juez…”

   Seguidamente la Defensa Técnica explicó que: “Por lo que dicha PRECALIFICACIÓN FISCAL Y HASTA EL MISMO PROCESO, es a todas luces ILEGAL, ILEGITIMA, ARBITRARIA Y POR ENDE VICIADA DE NULIDAD ABSOLUTA, como bien fue señalado por esta Defensa en su debida oportunidad en la AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, y que esta defensa RATIFICA NUEVAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EN EL PRESENTE ACTO, ADEMAS DE LO ALEGADO EN EL PRESENTE ESCRITO DE APELACIÓN…”

   Finalmente concluyó el recurrente peticionando que: “Por las razones de Derecho antes expuestas, Ruego a la honorable Corte de Apelaciones que corresponda por distribución conocer: en primer lugar: ADMITA, el presente recurso por cuanto se interpone dentro de lapso legal y reúne los requisitos que la ley exige; en segundo lugar: se declare CON LUGAR, por cuanto lo ampara el Derecho y lo asiste la razón, el presente RECURSO DE APELACIÓN, y en consecuencia REVOQUE, decisión de fecha 29 de Julio del año 2015, por fundamentarse la misma en actas viciadas de Nulidad Absoluta, mediante Sentencia Interlocutoria, dictada por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decidió Ordenar la Privativa de Libertad en contra de mí defendida, desoyendo el pedimento de esta Defensa de la NULIDAD ABSOLUTA DE LA INVESTIGACIÓN PENAL Y LA LIBERTAD PLENA E INMEDIATA DE MI DEFENDIDA, conforme a los artículos 174 y 175 de nuestro Código Orgánico Procesal Penal Venezolano Vigente…”

3. DEL RECURSO DE APELCIÓN PRESENTADO POR LOS DEFENSORES PRIVADOS

   El Segundo Recurso de Apelación interpuesto, por los profesionales del derecho A.A., J.M. y J.G., en su condición de defensores privados del ciudadano REISOR DE J.S.L., en contra de la decisión Nro. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se ejerció sobre la base de los siguientes argumentos:

   Iniciaron los apelantes en su escrito, argumentando que en la decisión recurrida: “(…) esta Defensa considera que antes de comenzar a explicar en forma detallada los fundamentos jurídicos del Recurso de Apelación de Autos, es necesario establecer que la Defensa al momento de realizar la debida imposición dedadas hizo del conocimiento de este juzgador las diferentes irregularidades que presentaba la causa en el procedimiento realizado por los funcionarios, en su cadena de custodia, falta de los testigos necesarios para dicho procedimiento tenga una mayor veracidad y falta de autorización solicitada por el Ministerio Publico ante el tribunal de control que corresponda, como lo establecen los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo, así mismo por considerar que esta es la oportunidad procesal para denunciar irregularidades de la investigación y que correspondía al Tribunal pronunciarse al respecto, incurriendo en OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO, ai no dar respuesta oportuna y debidamente fundamentada al planteamiento de irregularidades de la investigación planteada por la Defensa en su exposición en el desarrollo de la Audiencia de Presentación; lo que se traduce en DENEGACIÓN DE JUSTICIA, de conformidad con el Artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal, e INDEFENSIÓN; fallo éste que causó un gravamen irreparable a la Defensa.

   Continuó, la defensa en su recurso exponiendo que: “…Por lo que ante todo puede constatar en el expediente llevado por el Tribunal Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulla, que la entrega vigilada y controlada en ningún momento se dio lo establecido en el articulo 68 y 69 de la Ley Orgánica Contra La Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo que consiste en que dicho procedimiento lleve la dirección y supervisión del fiscal del Ministerio Publico con la previa autorización del Juez de control quien solo podrá autorizar a los funcionarios de los organismo de seguridad del estado venezolano para cumplir esta funciones en la investigación de los delitos de delincuencia organizada prevista en la ya mencionada ley, de lo cual se desprende que el Fiscal del Ministerio Publico se acoje (sic) a unas actas policiales que no están ajustadas a derecho para fundamentar la precalificación presentada en la audiencia de presentación ya que como puede observar desde el momento, en que la supuesta víctima coloca la denuncia al momento en el que se produce la aprehensión había suficiente tiempo para que la entrega fuera bajo la supervisión del ministerio público previa autorización del juez de control que correspondiera, mas sin embargo no se hizo y los funcionarios PASARON INMEDIATAMENTE A ACTUAR, SIN CONTROL ALGUNO, por su propia cuenta, para SIMULAR que se le entregaría un dinero al presunto extorsionado y así capturarlos, como es el deber ser para poder hablar de una entrega controlada como tal. Este accionar VIOLA EL DERECHO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO, pues además de CARECER DEL CONTROL del Ministerio Público, NO PRESERVA LOS DERECHOS Y GARANTÍA PROCESALES DEL IMPUTADO, sintetizado en el DEBIDO PROCESO, lo que será fundamental para la SANA ADMINISTARCION (sic) DE LA JUSTICIA y el establecimiento de la verdad de los hechos, el juez no debió admitir dicha precalificación en cuanto a nuestro defendido por el delito de EXTRORSION…”

   Prosiguió la Defensa explicando que: “Por otra parte puede evidenciarse que en dicho procedimiento los funcionarios actuantes no se hicieron acompañar de los testigos presenciales de dicho procedimiento los cuales son fundamentales para la credibilidad de la debida Acta Policial.

   No se evidencia en la cadena de custodia la bolsa de material sintético contentivo de los mismos, así como también al exponer en el acta los funcionarios dejan constancia de que a ambos detenidos les fue incautado un seudo paquete de material sintético, lo cual es imposible físicamente, dejando de cumplir a su con lo establece el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 187.”

   Concluyó el Recurso de Apelación explicando que: “Por todas las razones antes expuestas de hecho y de Derecho, ciudadanos Magistrados, la Defensa les solicita con todo respeto, que de considerar que es procedente el presente Recurso de Apelación interpuesto en este Escrito, de conformidad con el Artículo 174, 175 y 179 del Código Orgánico Procesal Penal, se sirvan DECRETAR LA NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTA DE AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN, de fecha veintinueve (29) de Julio de dos mil quince (2015), celebrada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, ya que los actos realizados en contravención con las formas y condiciones previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son inconvalidables, no admisibles en nuestro actual Sistema Acusatorio, pensar lo contrario sería crear un precedente y eso sí constituiría una injusticia y mal podría el juez negarla petición que hace la defensa por cuanto se observo en las actas policiales que fue un procedimiento ilegal y por ende no ajustado a derecho, incluso la "Jurisprudencia según Sentencia de fecha 19 de Enero de 2000 de la Sala Casación Penal asevera que las actas policiales no son de Fe pública son solo indicios mas no pruebas"; y en consecuencia se ordene la libertad plena inmediata de nuestro Defendido…”

4. CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN.

   La profesional del derecho M.E.B.G., actuando con el carácter de Fiscal Auxiliar Interina en la Fiscalía Décima Octava Encargada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, procedió a dar contestación a los Recursos de Apelación interpuesto el primero por el profesional del derecho R.A.S.R., en su carácter de Defensor Publico de la imputada ciudadana Y.F.R., sobre la base de los siguientes argumentos:

   Inició la Representación Fiscal su contestación al recurso de apelación en los siguientes términos: “En relación a que fueron violados los principios constitucionales, el Juez en fecha 29/07/2015 decretara MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD, en contra de la ciudadana Y.F.R., ya que se encuentran llenos los extremos exigidos por los artículos 236,237 y 238, del Código Orgánico Procesal Penal, ya que, cabe mencionar que' lo procedente a los fines de garantizar las resultas del p.p. instaurado en contra de los mencionados imputados es acordar una medida de coerción personal de conformidad con lo establecido en los Numerales 1o, 2o y 3o del artículo 236, en concordancia con el artículo 237, numerales 2o y 3o, y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, referente a la PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD; en atención a la eventual pena que podría llegar a imponerse a los imputados, aunado al hecho de que la decisión en comento se encuentra motivada y justificadas las razones por las cuales el juzgado considero declarar sin lugar el petitorio de la defensa, ya que tal y como puede constatarse de la decisión 679-15, de fecha 29/07/2.015, emanada del Tribunal Octavo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, específicamente en los fundamentos de hecho y de derecho del tribunal, se justifican las razones por las cuales fueron declaradas sin lugar las peticiones realizadas por la defensa técnica de los imputados de autos…”

   Asimismo continuó la Representación de la Vindicta Pública explicando que: “Ahora bien, la Representación Fiscal en el Acto Oral de Presentación de los imputados Y.F. y REISOR SÁNCHEZ, celebrado ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control con competencia Municipal, Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, solicitó en su exposición le fuera decretada MEDIDA CAUTELAR PRIVATIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el Artículo 236, numerales 1, 2 y 3, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, en virtud de que. se evidencia claramente de las actas policiales acompañadas al escrito fiscal de presentación que la Imputada Y.F. se encuentra incursa en la comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, cometido en perjuicio de la ciudadana G.M., constando en las actuaciones que rielan en la investigación, todos y cada uno de los elementos de convicción necesarios para que el Ministerio Publico solicitara la medida antes descrita, así mismo, el Tribunal a quo decretara con lugar tal solicitud, siendo esto una precalificación jurídica que en el transcurso de la investigación puede variar, de acuerdo a los elementos de convicción que surjan.

   Concluyó la Representación Fiscal solicitando: “(…) declare SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por parte del ABG. R.A.S.R., en su carácter de Defensor Publico (sic) Nro. 29, adscrito a la Defensoría Publica, de la imputada ciudadana Y.F.R., contra la decisión Nro. 679-15 de fecha 29/07/2.015, emanada del Juzgado Octavo en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la causa seguida en contra de la ciudadana Y.M.F.R., titular de la cédula de identidad Nro.V-20.069.831, de 25 años, fecha de nacimiento 22-03-1990, soltera, residenciada en el Municipio San Francisco, Estado Zulia, Barrio La Mano de Dios, avenida 116, calle 200, Casa Nro. 199-54, a quien se le DECRETO MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en los artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión de los delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el articulo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, cometido en perjuicio de la ciudadana G.M.; y en consecuencia SE CONFIRME LA DECISIÓN NUMERO 679-15, DE FECHA 29/07/2015, DICTADA POR EL TRIBUNAL OCTAVO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA Y SE MANTENGA LA MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 236, 237 Y 238 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL.

   De igual manera las profesionales del derecho E.R.V.B. y R.E.C.R., actuando con el carácter de Fiscales Auxiliares Interinas en la Fiscalía Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, procedieron a dar contestación a los Recursos de Apelación interpuesto el segundo por los profesionales del derecho A.A., J.M. y J.G., en su condición de defensores privados del ciudadano REISOR DE J.S.L., sobre la base de los siguientes argumentos:

   Inició la Representación Fiscal su contestación al recurso de apelación en los siguientes términos: “se observa del escrito presentado por la Defensa Técnica que asiste al imputado REISOR DE J.S.L., se dedica a juzgar como irrito tanto lo alegado por el Ministerio Público como los pronunciamientos del juzgador a quo al momento de fundamentar los mismos, pretendiendo la Defensa que en este estado inicial del proceso el Juez A quo entrara a conocer del fondo de la causa, para así pronunciarse en esta etapa incipiente del proceso sobre la responsabilidad penal o participación en los hechos imputados al ciudadano REISOR DE J.S.L., tal como pretende hacerlo a través de su escrito de Apelación, en la que narra los hechos en los que presuntamente se encuentra involucrado su patrocinado, teniendo a su criterio tales hechos por suficientes para demostrar que el ciudadano REISOR DE J.S.L., es libre de la responsabilidad que se le atribuye, calificando la imputación realizada por el Ministerio Público como violatoria al derecho y garantía constitucional, al debido proceso y la tutela judicial efectiva, en ocasión a la infracción de los derechos fundamentales de su representado, ya que el juez a quo no se pronunció motivadamente sobre los pronunciamientos alegados por la defensa durante el desarrollo de la audiencia; asimismo alega las diferentes irregularidades que presenta la investigación en relación a la cadena de custodia y a la falta de testigos necesarios para dicho procedimiento; asimismo alega la defensa que no hubo autorización por parte del Juez y la previa supervisión del Fiscal del Ministerio Público incurriendo este en omisión de pronunciamiento, lo que se traduce según la defensa técnica como denegación de justicia, indicando además que el juzgador no señaló ni indicó los requisitos exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal; …”

   Continuó la Vindicta Pública explanando que: “A la luz del precitado criterio se evidencia que en esta fase del proceso no le está permitido al Juez en Funciones de Control emitir juicios de valor en relación a los argumentos presentados por las partes al momento de la Audiencia de Presentación, tal como en el caso in comento, en el que la Juez A Quo una vez escuchada la exposición tanto de la representación del Ministerio Público y la Defensa Técnica, procedió a verificar la legalidad de la detención imponiendo a los Imputados del Precepto Constitucional así como los derechos y garantías legales y constitucionales que les asisten y ponderando en consecuencia las circunstancias del caso y respetando el principio de progresividad, en aras de mantener aseguradas las resultas del proceso, procedió a imponerle al imputado REISOR DE J.S.L., la Medida de Coerción Personal relativa a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, conforme a lo previsto en los Artículo 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, atendiendo a las condiciones particulares del caso, reservándose el pronunciamiento como órgano jurisdiccional respecto de la responsabilidad penal de la imputada de autos, una vez que concluya la Fase Preparatoria en la que se determinará con certeza su participación o no en la comisión de los hechos que se le atribuyen, con expresa motivación de la misma…”

   Asimismo prosiguió explicando que: “En este sentido, la Defensa Técnica del imputado REISOR DE J.S.L., en la Audiencia de Presentación de Imputados solicitó al Juez A Quo no solo la nulidad del procedimiento, sino que alegó que a su criterio resulta imposible acreditar, adecuar y/o subsumir los hechos al tipo penal planteado por el Fiscal del Ministerio Público y que a su vez la precalificación dada por la Representación del Ministerio Público no se encontraba ajustada a derecho, alegando esta Jueza A Quo al referirse en su pronunciamiento que nos encontramos en una fase incipiente del proceso, como en efecto lo estamos, por lo que en el trascurrir (sic) de la investigación se determinara la responsabilidad penal o no del imputado REISOR DE J.S.L., en los hechos imputados, decisión ésta que reiteramos quien aquí suscribe se encuentra ajustada a derecho, toda vez que, en primer lugar es necesario que hacer recordar a la Defensa del referido imputado de autos, que la Precalificación Jurídica dada por la Representación del Ministerio Público en este estado, es de carácter provisional, que en el devenir de la investigación puede variar, toda vez que este Acto Procesal (Audiencia de Presentación) da paso a la fase medular del proceso, en la que el Ministerio Público podrá recabar todos los elementos de convicción que culpen o exculpen al imputado, los que a su vez posteriormente servirán de base para determinar si el delito precalificado por el Ministerio Público se encuentra acreditado, tratándose esta Fase la que hablarnos de la Fase Preparatoria, sobre la cual afirma la doctrina, por medio de la que el legislador atribuye al Ministerio Público la dirección de esta primera fase y, por esta vía la preparación del juicio oral, en tal virtud su labor fundamental será la búsqueda de la verdad, la colección de todos los elementos de convicción orientados a determinar si existen o no razones de para proponer la acusación contra una persona y solicitar su enjuiciamiento o, de otro modo, requerir el sobreseimiento (M. V.G.. 2011).…”

   Continuó exponiendo que: “Ahora bien, a criterio de quien aquí suscribe, la decisión recurrida por el Juzgador se ajusta a los requerimientos exigidos por el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la Jueza en la oportunidad de decidir apreció los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público al momento de la Presentación de los imputados ante el referido Tribunal, aplicando la sana crítica y observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, considerando igualmente que lo procedente era decretar la Privación de Libertad por estimar que existe presunción legal de peligro de fuga por la pena que pueda llegar a imponerse, así como también peligro de obstaculización de la verdad, ya que otorgar otra medida de coerción personal resulta insuficiente para asegurar la finalidad del proceso, siendo estos los elementos establecidos en el Artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal y los cuales se encuentran definidos en el Articulo 237 y 238 Ejusdem; elementos que fueron expuestos y plasmados en la decisión recurrida emanada de un procedimiento policial realizado bajo los parámetros establecidos en el ordenamiento jurídico, desprendiéndose que la sentencia recurrida no se evidencia la falta o errónea aplicación de una norma…”

   Concluyó la Vindicta Pública solicitando que: “(…) sea declarado SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados ANDRE1NA ARIAS, J.M. y J.G., quienes ejercen la defensa del ciudadano REISOR DE J.S.L., por cuanto consideramos que no le asiste la razón a los recurrentes, y menos aún declare la Nulidad Absoluta de la misma y en consecuencia, solicito que sea CONFIRMADA la DECISIÓN de fecha 29/07/2015, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual Decreta Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano REISOR DE J.S.L., por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el secuestro y la Extorsión…”

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA PARA DECIDIR:

   De la revisión de las actas que conforman la presente incidencia, verifica esta Sala que efectivamente se interpusieron dos Recursos de Apelación, el primero de ellos por el profesional del derecho R.A.S.R., Defensor Público Vigésimo Noveno (29°) Auxiliar para el P.P.O., adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensor de la ciudadana Y.F.R., portadora de la cédula de identidad Nro. 20.069.831, y el segundo por los profesionales del derecho A.A., J.M. y J.G., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 130.310, 199.249, en su condición de defensores privados del ciudadano REISOR DE J.S.L., titular de la cedula de identidad Nº 23.739.759, ambos ejercidos contra la decisión Nro. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, mediante la cual, el mencionado Juzgado en la audiencia de presentación de imputado, entre otros pronunciamientos, decretó medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 237 y 238 ejusdem, en contra de los mencionados ciudadanos imputados, a quienes se les sigue causa penal por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, en perjuicio de la ciudadana G.M..

   Observa esta Alzada que el primer Recurso de Apelación se centra en impugnar la decisión Nro. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, solicitando el apelante la nulidad absoluta de la investigación penal realizada en el presente asunto, por considerar que del Acta Policial se desprende que los funcionarios actuantes a “motus propio” sin notificación o autorización procedieron a realizar una entrega controlada armando un sobre contentivo de cierta cantidad de dinero sin marcar y sin el levantamiento de la respectiva acta que determine la elaboración del mismo, irregularidades que fueron convalidadas por la recurrida, siendo una prueba obtenida de manera ilícita de conformidad con los artículos 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Asimismo denunció que la figura de agentes encubiertos requiere que los funcionarios actuantes estén en una lista de personal dispuesto a tales efectos, asimismo considera que la misma debe ser aprobada e indicar cual o cuales son las actuaciones que estos van a realizar, tiempo de duración, lugar entre otros, situación que a su juicio tampoco se verificó en el Acta de Investigación Penal.

   Prosiguió la Defensa Privada explicando que en el presente asunto se evidencia que los funcionarios actuantes procedieron a allanar sin autorización judicial y sin encontrarse su defendida en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal.

   En razón de estas irregularidades el apelante denunció que la precalificación fiscal así como el procedimiento están viciados de nulidad absoluta de conformidad con los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto se violentaron garantías de rango constitucional contempladas en los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como lo es la Tutela Judicial Efectiva, el Debido Proceso y el Derecho a la Defensa.

   Por último en razón de las denuncias previamente planteadas el apelante solicitó se revoque la decisión de fecha 29 de julio de 2015 por cuanto a las actas de investigación penal se encuentran viciadas de nulidad absoluta por las razones antes esgrimidas y se ordene la libertad plena a su defendida.

   En relación al segundo Recurso de Apelación interpuesto por los Profesionales del Derecho A.A., J.M. y J.G., en su condición de defensores privados del ciudadano REISOR DE J.S.L., contra la decisión No. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, por considerar que en el procedimiento en el cuál fue aprehendido su defendido no dio cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 68 y 69 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, el cuál consiste en que el procedimiento lleve la dirección y supervisión de un Representante del Ministerio Público con la previa autorización del Juez de Control por considerar que solo él podrá autorizar a los funcionarios de los organismos correspondientes para realizar labores de investigación según lo previsto en la ley arriba identificada.

   Asimismo denunciaron los profesionales del derecho, que los funcionarios policiales procedieron inmediatamente si control alguno, bajo su propia cuenta a realizar una entrega controlada violando derechos y garantías constitucionales como lo es el Debido Proceso admitiendo una calificación a su juicio errada como lo es el delito de EXTORSIÓN previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, sin fundamentar apropiadamente la decisión infringiendo así el artículo 157 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Prosiguieron los apelantes esgrimiendo que el procedimiento que realizaron los funcionarios actuantes no contó con la presencia de testigos con la finalidad de dar credibilidad al Acta Policial levantada.

   Del mismo modo los recurrentes expusieron que de la cadena de custodia no se evidencia la bolsa de material sintético contentivo de la cantidad de dinero que se procedió a entregar, así como no se deja constancia de que a los detenidos en el presente asunto les fue incautado un seudo paquete de material sintético, no dando así cumplimiento al artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Continuó la Defensa Técnica denunciando que todos las irregularidades cometidas en el procedimiento que originó la aprehensión a su defendido fueron debidamente expuestas ante el Juzgado de Primera Instancia sin que se pronunciara al respecto en relación a los señalamientos realizados, incurriendo el mismo en omisión de pronunciamiento, denegación de justicia e indefensión todo ello de conformidad con el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal.

   Por último solicitaron los recurrentes la nulidad absoluta de las actuaciones que conforman el presente procedimiento así como la decisión de fecha 29 de julio de 2015 celebrada por el Juzgado Octavo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, de conformidad con los artículos 174 y 175 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que los actos realizados en contravención con las formas y condiciones previstos en la Ley Adjetiva Penal no son convalidables y en consecuencia se ordene la libertad inmediata de su defendido.

   Delimitados como han sido los motivos de apelación de los Recurso de Apelación interpuestos el primero de ellos por el profesional del derecho R.A.S.R., Defensor Público Vigésimo Noveno (29°) Auxiliar para el P.P.O., adscrito a la Unidad de la Defensa Pública del estado Zulia, en su condición de defensor de la ciudadana Y.F.R., y el segundo por los abogados A.A., J.M. y J.G., en su condición de defensores privados del ciudadano REISOR DE J.S.L., ambos ejercidos contra la decisión Nro. 679-15 de fecha 29.07.2015, emitida por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, y en razón de ello se hace necesario transcribir la recurrida:

   FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO DE ESTE TRIBUNAL

   En este acto, oídas las exposiciones de la Representación Fiscal, de la Defensa Privada, así como la declaración de los imputados este Juzgado Octavo de Primera Instancia Estadal y

   Municipal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, pasa a

   resolver los pedimentos realizados por las partes, bajo los siguientes pronunciamientos:

   Observa esta juzgadora que la detención de los ciudadanos: REISOR DE J.S.

   LÓPEZ Y Y.M.F.R., aprehendido por funcionarios adscritos al Instituto

   Autónomo de la policía del Municipio san Francisco (POLISUR) del estado Zulia, en fecha

   27JUUO2015, SIENDO LAS 01:00 HORAS DE LA TARDE, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se desprenden del acta policial suscrita por los oficiales actuantes en las cuales se

   evidencia que encontrándose en su despacho se presento la ciudadana VICTIMA

   G.M., causa penal identificada bajo el numero D-l 426-15, donde manifestó

   haber recibido varias llamadas telefónicas y mensajes de texto a su teléfono celular, por

   parte de un cuidando desconocido exigiéndole la cantidad de 35.000 Bs. para devolverle

   su motocicleta, marca md, placas AGÍ K48V, de lo contrario atentarían contra la vida de sus

   familiares mas cercanos, y que seguían persistiendo con las llamadas extorsivos a.su teléfono

   celular numero 0414-1659162 desde el numero 0416-3615419, exigiéndole el pago inmediato

   de la cantidad exigida, acordando la entrega en la urbanización el soler del Municipio san

   francisco, por lo que seguidamente, le explicaron a la victima el procedimiento para una

   entrega simulada, asimismo notificaron al Fiscal de guardia 46, por lo que seguidamente se

   trasladaron hasta el sitio de la entrega , donde la victima recibe nuevamente una llamada

   telefónica por parte del extorsionador indicándole que se trasladaran hasta el barrio la

   mano de Dios, calle 197, diagonal a la cancha de usos múltiples, indicándole que allí la

   esperaría dos ciudadanos describiendo su vestimenta, por lo que al llegar al sitio los

   funcionarios se colocaron en sitios estratégicos en compañía de la victima con todas las

   precauciones del caso a los fines de resguardar la integridad física, donde se encontraban

   los imputados de autos indicándole a la victima con gestos y a viva voz que le entregaran el

   paquete, entregándole el seudo paquete al REISOR DE J.S.L., indicándole

   la ciudadana Y.M.F.R., a la victima que el vehículo se encontraba cerca

   dan la voz de alto, tratando de huir del sitio, siendo restringidos de forma inmediata , por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 191 y 192 le fue practicada la inspección corporal, lográndole localizar a la ciudadana VESICA M.F.R., un teléfono marca VUELCA, DE COLOR ROJO y al ciudadano REISOR DE J.S.L., el seudo paquete, asimismo se trasladaron hasta la vivienda donde se encontraba la referida motocicleta, la cual fue colectada, procediendo así a su retención y a la aprehensión de los hoy aprehendidos, una vez verificado a través del rol del día quienes fueron ios encargados de circular la unidad policial descrita mediante la cual se cometió el hecho cometido; por lo que la comisión policial en virtud que el referido ciudadano se encontraba incursa en. la comisión de un hecho punible, la cual portaba sin la documentación correspondiente relativa a la tenencia del mismos, lo que en virtud del señalamiento de la victima y la circunstancia de flagrancia procediendo así a su aprehensión; por lo que la comisión policial en virtud que el referido ciudadano se encontraba incursa en la comisión de un hecho punible, procedieron a la detención preventiva, basado en el Código Orgánico Procesal Penal, leyéndole los derechos que lo asisten como imputadas, según lo estipulado en el artículo 49 la constitución de la República Bolivariana y el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual procedieron a la aprehensión de los aludidos ciudadanos, por estar incursos en la comisión de un delito FLAGRANTE, de conformidad con lo establecido er^el-artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, procediendo a notificarle de manera clara y precisa sus derechos establecidos en el artículo 44 y 49, de la constitución Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, motivo por el cual no le asiste la razón a la defensa toda vez que de las actas procesales que conforman la presente causa no se evidencia violación de los derechos constitucionales, máxime cuando los imputados suscribe "el acta de notificación de derechos, la cual se encuentran insertas a los folios nros. 5 y 6 y en consecuencia se decreta la APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, conforme a lo dispuesto en el Artículo 44, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Artículo 234 del Código.Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.-

   Por otra parte, en consideración a los presupuestos de ley contenidos en el Artículo 236 del. Código Orgánico Procesal Penal, y estudiadas como han sido todas y cada una de las actas que conforman la presente Investigación, observa esta Juzgadora, que nos encontramos en presencia de un hecho punible, enjuiciable de oficio, que merece pena corporal, sin encontrarse evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlos, como es el delitos de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la L.C. el Secuestro y La Extorsión , cometido en perjuicio de la ciudadana G.M.. Así mismo, surgen de actas, plurales y fundados elementos de convicción para estimar que el ciudadano hoy individualizado, se encuentra presuntamente incursos en el hecho punible que se les atribuye, entre los cuales se encuentra: 1.- ACTA POLICIAL, inserta en la causa en los folios (03, 04, y su vuelta) En esta misma fecha, SIENDO LAS 01:00 HORAS DE LA TARDE, en los oficiales actuantes en las cuales se evidencia que encontrándose en su despacho se presento la ciudadana VICTIMA G.M., causa penal identificada bajo el numero D-1426-15, donde manifestó haber recibido varias llamadas telefónicas y mensajes de texto a su teléfono celular, por parte de un cuidando desconocido exigiéndole la cantidad de 35.000 Bs. para devolverle su motocicleta, marca md, placas AG1K48V, de lo contrario atentarían contra la vida de sus familiares mas cercanos, y que seguían persistiendo con las llamadas extorsivos a su teléfono celular numero 0414-1659162 desde el numero 0416=3615419, exigiéndole el pago inmediato de la cantidad exigida, acordando la entrega en la urbanización el soler del Municipio san francisco, por lo que seguidamente, le explicaron a la victima el procedimiento para una entrega simulada, asimismo notificaron al Fiscal de guardia 46, por lo que seguidamente se trasladaron hasta el sitio de la entrega , donde la victima recibe nuevamente una llamada telefónica por parte del extorsionador indicándole que se trasladaran hasta el barrio la mano de Dios, ©alie 197, diagonal a la cancha de usos múltiples, indicándole que allí la esperaría dos ciudadanos describiendo su vestimenta, por lo que al llegar al sitio los funcionarios se colocaron, en sitios estratégicos en compañía de la victima con todas las precauciones del caso a los fines de resguardar la integridad física, donde se encontraban los imputados de autos indicándole a la victima con gestos y a viva voz que le entregaran el paquete , entregándole el seudo paquete al REISOR DE J.S.L., indicándole la ciudadana Y1SICA M.F.R., a la victima que el vehículo se encontraba cerca de una vivienda cerca del sitio , por lo que le dan la voz de alto. Es todo"2.- DECLARACIÓN VERBAL: de fecha 27/07/2015 inserto en el folio (05); suscrita y practicada por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco: Hoy, de la ciudadana: G.K.M.R., quien refiere ser titular de la cédula de identidad V-, 17.938.859, 27 años, Nacionalidad: Venezolana, Lugar de Nacimiento: Maracaibo, Estado Zulia, Profesión u Oficio: Estudiante, Residenciada en el Municipio San Francisco, para formular la siguiente declaración verbal: "Hoy, como a las 07:00 de la mañana, fue a mi casa mi amigo L.Q. y me dijo que le habían robado mi Moto, el me la trabaja de Moto Taxis, yo llamé al teléfono de mi amigo L.Q. ya que le habían robado su celular también, no me contestaron pero después me enviaron un mensaje de texto del número 0416.3615419 y me dijeron que me buscara 35.000, oo que lo necesitaban para hoy, que la Moto estaba estacionada y no la habían picado todavía, yo les escribí que me dieran chance hasta el media día, me dijeron que confiara en ellos que ellos iban a confiar en mi. En todo el día me llamaron varias veces para preguntar si ya tenía el dinero. Le conté a un amigo policía lo que me estaba pasando y me orientó venir hasta acá, aquí converse con unos oficiales que me indicaron seguir cuadrando con quienes me llamaban, hasta que les dije que ya tenía el dinero, ellos me pidieron que hiciera la entrega yo misma y que fuera hasta la urbanización El Soler, cuando llegué allí me indicaron pararme en el pulilavado que estaba en la vía y luego cruzar a la izquierda, me indicaron por teléfono que antes de llegar a la Chancha en la calle estaba un montón de basura y allí iban a dejar el casco de la Moto de mi amigo L.Q., que colocara el dinero allí, así lo hice y cuando me rosada y fiera larga color mostaza que estaba dentro de una casa a diagonal al monton de basura, me dijo hey aquí esta la Moto, yo me metí al carro y le dije al Funcionario que me había acompañado lo que me había dicho la muchacha, ellos se bajaron y yo me quede en el carro, ellos detuvieron a la muchacha y a un muchacho que estaba dentro de la casa y recuperaron mi Moto, después me indicaron venir a declarar lo que había pasado". Es todo. 3.-ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA de fecha 27/07/2015 suscrita por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco, inserta folios (06 ) 4.- INSPECCIÓN FOTOGRÁFICA de fecha 27/07/2015 inserto en el folio (07); suscrita y practicada por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco, 5.- ACTA DE INSPECCIÓN de fecha 27-07-15 inserta folios (08 ) 6,-INSPECCION FOTOGRÁFICA inserta en la causa en los folios (09), de la presente causa7,- NOTIFICACIÓN DE DERECHOS: inserto en los folios (10 Y 11 Y Su Vuelta ), suscritas por los por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco; 8.- DENUNCIA VERBAL: de fecha 27/07/2015 inserto en el folio (12 Y 13 ); suscrita y practicada por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco; 9,- C.D.D.: de fecha 27/07/2015 inserto en el folio (14); suscrita y practicada por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco; 10,- INSPECCIÓN FOTOGRÁFICA : de fecha 27/07/2015 inserto en el folio (15 ); suscrita y practicada por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco; 11.- REGISTRO DE CADENA Y CUSTODIA : de fecha 27/07/2015 inserto en el folio (16,17,18,19 , 20 Y; SU VUELTA ) suscrita y practicada por funcionarios adscrito Instituto Autónomo Policía del Municipio San Francisco; elementos que en su conjunto hacen presumir a esta Juzgador que el imputado de autos es presunto autor o participe en el caso de los ciudadanos REISOR DI J.S.L. Y Y.A.F.R., en la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro y La Extorsión , cometido en perjuicio de la ciudadana G.M., precalificaciones jurídicas que esta jurisdicente acoge en su totalidad por cuantos nos encontramos en una fase incipiente del. proceso, correspondiéndole en el devenir de la investigación la practica de diligencias necesarias al esclarecimiento de los hechos,

   Por otra parte se observa de igual manera, que existe una presunción razonable de peligro de fuga, tomando en cuenta, la pena que podría llegar a imponérsele en caso de demostrarse en su debido momento procesal, la responsabilidad penal o no en la comisión de los delitos imputados, ya que la misma excede de 10 años en su límite máximo en relación al delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la Ley Contra el Secuestro v La Extorsión , cometido en perjuicio de la ciudadana G.M., conforme a lo establecido en el Parágrafo Primero del Artículo 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal, así como también el peligro de obstaculización en la investigación; existiendo de igual manera el Peligro de Obstaculización al proceso, ya que nos encontramos en la Fase de Investigación en la presente Causa, existiendo la sospecha de informen de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar esos comportamientos; poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia; correspondiéndole a la Representación Fiscal, como titular de la Acción Penal, esclarecer las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar de comisión del hecho punible, así como tomar las declaraciones que considere pertinentes y practicar las diligencias de investigación correspondientes al hecho punible que se les imputas, lo cual hace IMPROCEDENTE el otorgamiento de una Medida Menos Gravosa solicitada a favor de los imputados REISQR DE J.S.L. Y Y.M.F.R., toda vez que la misma debe tomar en cuenta que el JUEZA o JUEZA en Fase de Control, tiene que discurrir que la Medida ha ser otorgada, debe contener ciertos requisitos que siempre hay que tomar muy en cuenta, siendo éstos los siguientes: "...siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado..."; y toda vez que el examen y revisión de las medidas cautelares debe estar sujeta a los

   principios de la provisionalidad y temporalidad; que en su defecto expresa, "...las medidas de coerción personal se dictan en función de un proceso o están supeditadas a él, con ei fin de asegurar un resultado o que éste no se vea frustrado (instrumentalidad); se modifican cuando cambian circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera (provisionalidadj; y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse de él aun cuando el proceso no haya concluido (temporalidad). Las citas anteriores nos explican que no se pueda tomar una medida cautelar de coerción personal antes del inicio de un proceso, salvo la excepción ya enunciada de la flagrancia; y que tales medidas están sujetas a la permanente revisión para determinar si deben mantenerse, de acuerdo con el principio del rebus sie stantibus. Asimismo, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 239 único parte, dispone lo siguiente: "...Cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo,..." "...sólo procederán medidas cautelares sustitutivas...". (Negrillas y subrayado del Tribunal). Y eso conlleva a que los Jueces o Juezas, deben tener presente las normas adjetivas penales, las cuates siempre se deben verificar a los efectos de garantizar con ello la finalidad del proceso, la cual no es otra, que la búsqueda de la verdad. Y el Código Adjetivo Penal, dentro de sus disposiciones legales establece de manera expresa, el Principio de la L.P., y el de la Privación o restricción de ella o de los otros derechos del Imputado o Imputada, como medida de carácter excepcional y de interpretación restrictiva, estableciendo como consecuencia, como regla general el derecho del Imputado o Imputada a permanecer en libertad durante el proceso, con las excepciones que el propio Código Orgánico Procesal Penal contempla. De la norma antes transcrita, este Juzgador observa que si bien es cierto, que existen disposiciones generales que garanticen que los ciudadanos Imputados o Imputadas puedan acudir en libertad ante un proceso judicial, no es menos cierto que el JUEZ deberá velar por que se cumpla con la finalidad del proceso como lo es la Justicia, el cual esta consagrado en el Artículo 13 del Código Adjetivo Penal; y por ello se debe velar de que el Imputado o (:::::::::::) cuando se inicia una investigación pena!, quien tiene la titularidad de la Acción Penal es el Ministerio Público, y esta le atañe al mismo porque le fue atribuida a él por la Ley, y por ello pasa a ser el Representante del Estado en el ejercicio del ius puniendi, pues es él quien va a llevar a cabo el inicio de la investigación; y es por lo que este Juzgador en e! presente acto, cumple con el Control Judicial esbozado en el Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal y se evidencia que de todas las actas que conforman la presente causa penal y la Investigación Fiscal, surgen plenamente la presunción de obstaculización de la investigación, prevista en el Artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, y atendiendo a lo establecido de igual manera a lo contemplado en el Parágrafo Primero ejusdem, el cual establece..." Se presume el peligro de fuga en casos de hechos punibles con penas privativas de libertad cuyo término máximo sea igual o superior a diez años, aunado a lo establecido en el articulo 237 en lo referente al peligro de obstaculización en lo relativo a la destrucción, modificación o falsificación de elementos de convicción o la influencia que puedan ejercer sobre los testigos o expertos, poniendo en-peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia..." (Negrillas del Tribunal); considerando además este Tribunal, que una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, no sería suficiente para garantizar las resultas del proceso, aunado al hecho que el Ministerio Público ha solicitado a este Tribunal le sea decretada la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, llenándose de esta manera los requisitos exigidos en los Artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se declara CON LUGAR la solicitud fiscal y SIN LUGAR la solicitud de las Defensas Privadas Y la redefensa Publica por cuanto este Tribunal observa en la presente causa dada la urgencia y necesidad de la entrega vigilada el órgano actuante aun mas cuando se trata de delitos contra la corrupción así lo ha plasmado la sala Constitucional en sentencia 05 de abril de 2013 con ponencia del Magistrado Arcadío Delgado Rosales de Expediente N° 2012-1101 quien señala:

   Asimismo, observa la Sala que la denuncia fundamental de la referida pretensión es la violación de los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y a la defensa por parte de la sentencia accionada, en la cual se considera que la entrega de dinero se hizo conforme a la Ley Contra la Corrupción, en el marco de una investigación iniciada con ocasión de una denuncia formulada contra los accionantes por la presunta comisión del delito de corrupción propia, siendo que, en criterio de los quejosos, dicho fallo pretende convalidar la ilegalidad de una evidencia que se obtuvo al margen del procedimiento establecido en el artículo éé de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, violentando la garantía constitucional del debido p.e. la obtención de un medio de prueba que fue valorado por el Juez de Control para dictar la medida privativa de libertad.

   Precisado lo anterior, la Sala considera que la pretensión de autos cumple con todas

   los exigencias previstas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 ejusdem y en el artículo 133 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

   Sin embargo, la Sala pasa a verificar la procedencia de la pretensión de amparo interpuesta y, a tal efecto, observa lo siguiente:

   En la sentencia accionada, con respecto a la denuncia de ilegalidad de la evidencia obtenida mediante la entrega de dinero realizada por funcionarios adscritos a la Oficina de Respuesta a las Desviaciones Policiales, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia señaló que, en ese caso, dicha entrega se realizó con base a lo dispuesto en la Ley Contra la Corrupción, por lo que en el marco de la misma no resultaba necesaria la autorización del Tribunal de Control para llevar a cabo tal procedimiento, el cual no se efectuó atendiendo al contenido deja Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, luego de advertir que en el acta de presentación de imputados se observaba que el Ministerio Público había imputado los hechos atendiendo a lo previsto en el artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y que. Igualmente, pudo constatar de las actas procesales una serie de elementos de convicción que vinculaban a los hoy accionantes Á.A.E.S. y N.E.C.A., en la comisión del delito que le fuera atribuido por el Ministerio Público en el facto de presentación de detenido, concluyendo que, conforme lo había indicado la sentencia dictada en primera instancia, había quedado acreditada la comisión del hecho punible presuntamente cometido por aquellos según las circunstancias que dieron lugar a la aprehensión de los mismos, motivo por el cual consideraba que el a quo había decidido conforme a derecho.

   Planteada así la controversia, considera esta Sala que no se desprende de autos

   elemento alguno que produzca la convicción de que las denuncias formuladas por la parte

   accionante evidencien la violación de sus derechos constitucionales por parte de la

   sentencia accionada, la cual analizó y se pronunció respecto de las denuncias de fondo

   formuladas en la apelación, específicamente del presunto vicio de ilegalidad de la

   evidencia obtenida a partir de la entrega de una remesa de dinero, realizada durante un

   procedimiento policial en la fase de investigación Iniciada en dicha causa por la presunta

   comisión en flagrancia del delito de corrupción propia, según consta en la denuncia

   formulada contra los accionantes; puesto que, como bien lo indicó la alzada, ias

   actuaciones investigattvas se realizaron en el marco de la Ley Contra la Corrupción, los

   accionantes fueron imputados por la presunta comisión de un delito previsto en la misma y

   la medida cautelar privativa de libertad se fundamentó en las evidencias presentadas por el

   Ministerio Público al Juez de Control, quien analizó las actas procesales y, con fundamento

   en las mismas, acordó la medida cautelar solicitada y ordenó que la causa se sustanciara

   conforme al procedimiento ordinario con el propósito de que el Ministerio Público dispusiera

   de los lapsos necesarios para desarrollar la investigación y esclarecer los hechos en el ejercicio del derecho a la defensa de los Es pertinente acotar que el juez de amparo no puede intervenir en la valoración que realicen los jueces en el ejercicio de su autonomía, como actividad intelectual del juzgador que íe permite analizar las actas procesales y ponderar las pruebas para emitir un pronunciamiento, lo que escapa del control de esta Sala, a menos que de ello derive una evidente y absoluta violación de algún derecho constitucional, que no se advierte en el caso de autos, pues, a todo evento durante el procedimiento ordinario las partes podrán discutir, si así lo creyeren conveniente, todo lo relacionado con las pruebas y elementos de convicción que formen parte de las actuaciones procesales en dicha causa pena!, incluyendo su legalidad y pertinencia. (Subrayado y negrilla de este Juzgadora), asimismo se observo que el momento de dictar la orden de aprehensión este Tribunal constata que existe y no comporta una inobservancia como alude las diferentes defensas que amerite una procedencia de una nulidad absoluta por cuanto en "el presente proceso existe denuncia realizada por la ciudadana: G.K.M.R., quien se encontraba presente al momento de ser detenido los imputados de autos siendo detenidos por los funcionarios actuantes adscritos al Instituto Autónomo Policial del Municipio San Francisco, quien explica detalladamente como ocurrió la entrega del dinero por concepto de la extorsión y a su vez como fueron detenidos estos por los funcionarios en el momento que se realiza la entrega del paquete y de haberse consumado el hecho y por lo antes señalado por nuestro m.t., por lo que en consecuencia se declara sin lugar las nulidades solicitadas por los Doctores J.M., A.A. Y J.G.R., DEFENSORES PRIVADOS DEL CIUDADANO REISOR DE J.S.L. Y LA DEFENSA PÚBLICA N° 29 ABOG. RAFAEL SOTO . DEFENSOR PUBLICO DE LA CIUDADANA Y.M.F., y en consecuencia se decreta la MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los imputados: 1.- REISOR DE J.S.L.P., Venezolano, Natural de S.B. , titular de la cédula de identidad V-23,739.759, de 21 años de edad, fecha de nacimiento manifestó 19/07/1994, de Profesión u oficio Herrero , estado civil Concubinato , hijo de M.S. Y J.M. , residenciado en el Barrio 02 de Febrero, Calle 154, Casa N° 26, Frente Aii comarca Periia Municipio Maracaibo, parroquia M.H., teléfono: 0416-76-67-376 2.- Y.M.F., Venezolana, Natural de Mérida titular de la cédula de identidad V-20.069.831, de 25 años de edad, fecha de nacimiento manifestó 22/03/1990, de Profesión u oficio ama de casa , estado civil Soltera, hijo de i.M. rió Martínez y m.á.f.F. (d) , residenciado barrio la mano de dios, Av. 116, calle 199-200,casa n° 199-54 punto de fundición guijo detrás de la casa teléfono: 0426-860-99-17, por la presunta comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 16 de la L.C. el Secuestro y La Extorsión , cometido en perjuicio de la ciudadana G.M., de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena como sitio de Reclusión el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas el Marite, ordenándose el ingreso preventivo del Imputado de autos en dicho y finalmente oficiar a la Medicatura Forense de Maracaibo, y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales^ y Criminalísticas, j participando de lo acordado y requiriendo la evaluación temporal de reclusión hasta la MEDICATURA FORENSE DE MARACAIBO, el día VIERNES TREINTAIUNO Í31) DE JULIO DE 2015 A LAS 08:00 AM, a objeto de que se le practique reconocimiento medico legal y se indique las condiciones de salud que tiene el mismo, debiendo remitir a la brevedad posible las resultas de dicha evaluación. Se ordena continuar la investigación por el PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme a lo dispuesto en el Artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.

   DISPOSITIVA:

   Por los fundamentos antes expuestos, este TRIBUNAL OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN

   FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando

   Justicia, en nombre de La República Bolivariana de Venezuela y, por Autoridad de La Ley,

   DEODE: .. ' '*