Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 21 de Enero de 2008
| Fecha de Resolución | 21 de Enero de 2008 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Querella Funcionarial (Prestaciones Sociales) |
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur
Asunto Nº: 2.017
Parte presuntamente agraviada: DELGDO H.J.B., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 8.195.329, de este domicilio.
Abogado de la parte presuntamente agraviada: MARCOS E GOITIA H, abogado en ejercicio, inscrito en el inpreabogado. Bajo el Nº 75.239
Parte presuntamente agraviante: EL ESTADO APURE.
Apoderado de la Parte Presuntamente Agraviante: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO APURE.
Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
DE LA COMPETENCIA:
Antes de pronunciarse sobre el fondo del presente asunto, corresponde a este Tribunal establecer su competencia para conocer el presente cobro de prestaciones sociales y, al respecto, observa que la misma ha sido interpuesta contra El Estado Apure, denunciado esencialmente por el ciudadano DELGADO H.J.B., debidamente representada por el abogado M.G., Inpreabogado Nº 75.239, en tal sentido este tribunal resulta competente para conocer de la presente cobro de prestaciones sociales.
Alega el Recurrente:
Que desde el día 01 de Octubre de 2.000, inicio sus labores como COMISARIO, adscrito al Estado Apure, y que durante el tiempo que duro la relación laboral, la misma fue muy cordial entre la institución y las personas que la integran, con mucho respeto y consideración, sin que en ningún momento haya habido algún problema durante ese lapso de trabajo.
Que en fecha 14 de Marzo del año 2005, fue despedido de su cargo, y hasta los momentos actuales no le han cancelado el pago de sus prestaciones sociales, muy a pesar de haber solicitado dicho pago en varias oportunidades y la cual se han negado a pagarle.
Que durante el tiempo de trabajo de Cuatro (04) años Cinco (06) meses y Trece (13) días, de manera ininterrumpida, ganaba diferentes sueldos, siendo el ultimo de estos la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES CON VEINTE CENTIMOS (321.325,20 Bs.).
Finalmente solicita:
Que el Estado Apure convenga en pagarle la cantidad NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE BOLIVARES CON VEINTICUATRO CENTIMOS (9.873.337,24 Bs.), mas los intereses de mora hasta la fecha de la culminación del presente juicio así como la respectiva indexación laboral y las costas procesales.
Del Procedimiento:
En fecha 24 de Abril del año 2006, este juzgado superior en lo civil (Bienes), contencioso administrativo y agrario de esta circunscripción judicial, ADMITE la presente demanda contentiva de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, incoado por el ciudadano JUAN B DELGADO H, debidamente representada por el abogado en ejercicio M.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239.
En fecha 06 de Marzo del año 2006, comparece ante juzgado el ciudadano JUAN B DELGADO H, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 8.195.329, a los fines de consignar poder apud acta al abogado M.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, para que le represente en el presente juicio.
Cursante al folio 26, se encuentra poder apud acta conferido por la ciudadana A.A.H., Procuradura General del Estado Apure, a los abogados A.L.B., ANNALIESSER MONTENEGRO, M.E.O., I.M., K.L., E.P., Á.G., J.P., Y.Y. y R.R., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 40.222, 43.265, 28.804, 93.887, 117.654, 113.399, 27.985, 99.599, 45.291 y 64.580, para que representaran al Estado Apure en el presente proceso.
En fecha 15 de enero del año 2.007, comparece ante este juzgado superior la bogada E.P., en su condición de representante de la parte demandada, a los fine de consignar escrito de contestación de la demanda.
En fecha 22 de enero del año 2.007, por cuanto se encontraba vencido el lapso probatorio, en consecuencia este juzgado superior fija el cuarto dia de despacho para que tenga lugar la audiencia preliminar de conformidad con lo establecido en el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Publica.
Llegado como fue el dia 29 de enero del año 2.007, fecha pautad por este tribunal par que tuviera lugar la audiencia preliminar, se anuncio el acto a las puertas del tribunal, al mismo comparecieron el abogado M.G., en condición de representante de la parte demandante, al cual se le otorgo el derecho de palabra y haciendo uso del mismo expuso: Ratifico lo expuesto en el escrito del libelo de la demanda, a excepción de lo previsto en el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), por cuanto no le corresponde a mi representado, así mismo solicito la apertura del lapso probatorio, es todo. Igualmente se le concedió la palabra al representante de la parte accionada, quien haciendo uso de la misma expuso: acepto que si existió una relación laboral con l recurrente y mi representado, razón por la cual se l adeudan las prestaciones sociales solicitadas, excepto el concepto previsto n el articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), como lo señalo el apoderado querellante, igualmente se adhiere a la solicitud formulada por l mimo, relativo a la apertura del lapo probatorio, es todo. En consecuencia el tribunal declara trabada la litis y da apertura l lapso probatorio.
En fecha 02 de febrero del año 2.007, comparece ante este juzgado superior el abogado M.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su condición de representante de la parte accionante y estando dentro del lapso probatorio, lo hace para consignar las pruebas correspondientes a la presenta causa.
En fecha 08 de febrero del año 2.007, siendo el día fijado por este tribunal para la designación de experto. Se anuncio el acto a las puertas del tribunal y compareció el abogado M.G., en representación de la parte accionante quien haciendo uso del derecho de palabra expuso: Propongo como experto para la realización de los cálculos respectivos al T.S.U en informática ciudadano B.P.E., titular de la cedula de identidad N° 9.598.233. en consecuencia de esto el tribunal fijo el segundo (2°) día de despacho para que el experto nombrado presente el juramento de Ley.
En fecha 18 de Mayo del año 2.007, por cuanto se encontraba vencido el lapso a que hace referencia el articulo 105 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, en consecuencia este juzgado fija el cuarto día de despacho siguiente para que tenga lugar la audiencia definitiva todo de conformidad con lo establecido en el articulo 107 ejusdem.
En fecha 24 de Mayo del año 2.007, comparecen ante este tribunal, el abogado M.G., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, y en su condición de representante de la parte demandante, por una parte, y por la otra la abogada M.E.O., inscrita en el inpreabogado bajo el N° 28.804, en representación de la parte accionada, a los fines de solicitar al tribunal la suspensión de la causa, lo cual fue acordado mediante auto de esa misma fecha suscrito por este juzgado.
Del Derecho Aplicable al Caso Concreto:
De la oposición planteada este Tribunal considera lo establecido lo previsto en el artículo 259 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que establece:
La jurisdicción contenciosa administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación del poder; condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa
En virtud de lo dispuesto en el presente articulo, se le atribuye competencia a los tribunales contenciosos administrativos para restablecer las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Dando origen para conocer y decidir con plenitud dentro los límites de la competencia contencioso administrativo, de todas las demandas que se intentan contra los entes públicos estatales nacionales y empresas nacionales del Estado. Establecido de la misma manera en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia cuya normativa regula esta jurisdicción, no solo para declarar la nulidad de los actos administrativos generales o individuales contarios a derecho, sino también para conocer de aquellas demandas que se propongan contra los Estados, Municipios, o algún Instituto Autónomo, Ente Publico o Empresa, en la cual la Republica ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto su dirección o administración se refiere. Destacando a ello que el caso aquí ventilado es sobre el cobro de prestaciones sociales, siendo competencia de este tribunal condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración.
Del cobro de prestaciones sociales interpuesto:
La presente demanda se fundamentó en las disposiciones legales contenidas en los artículos 65, 67, 68, 108 y 125, 129 y 219 de la Ley del en los artículos 3, 39 66, 104, 108 y 125, 133, 174, 175, 219, 223 Y 225, de la Ley del Trabajo, en concordancia con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 30, 123, 126, y 187 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; e igualmente el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
La Ley Orgánica del Trabajo expresa en su artículo 65 la relación laboral entre quien preste el servicio y quien lo recibe, la misma será remunerada. El artículo 67 y 68 ejusdem contemplan el contrato de trabajo y la terminación del mismo bajo cualquier circunstancia de las previstas en ellos.
En los artículos 129 y 219 de la Ley del Trabajo contemplan el salario y las vacaciones. El artículo 108 contempla las prestaciones de antigüedad; lo cual por cualquier causa y después de tres meses de trabajo deberá pagar el patrono al trabajador una indemnización equivalente al salario por el tiempo de trabajo.
En tal sentido, esta Ley consagra el concepto de prestaciones sociales como un derecho adquirido del trabajador al terminar su relación de trabajo, por tal motivo, con fundamento en el articulo 104, 108 y 125 de la Ley de trabajo en concordancia con el articulo 63 de la Ley Orgánica de Procedimiento del Trabajo, y en virtud de que a la presente fecha no le han sido cancelados los conceptos por prestaciones sociales.
Del Convenimiento:
En fecha 13 de Diciembre de 2007, compareció el abogado M.G., Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.B.D., por ante este Juzgado Superior, a solicitar sea homologado el presente convenimiento, y a su vez consignar dicho convenimiento el cual expresa: “…Entre, el ESTADO APURE ENTIDAD POLÍTICO TERRITORIAL representada en este acto por la ciudadana A.I. ARTEAGA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, abogada, titular de la Cédula de Identidad N° 7.553.029, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 40.551 y de este domicilio, actuando en su carácter de PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO APURE, según se evidencia de Decreto anexo signado con el N° G-369-1 publicada en Gaceta Oficial del Estado Apure N° 686-EXTRAORDINARIO de fecha 10 de Noviembre de 2006, que se anexa marcado (A) y estando debidamente autorizada por el Gobernador del Estado Apure CAP. J.A.G. en fecha 18 de Septiembre de 2007, según consta de documento que se anexa marcado (B) a los efectos de cumplir con los requisitos previstos en el articulo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, quien en lo sucesivo y a los efectos del presente acto se denominará “EL ESTADO” por una parte y por la otra el abogado M.G., venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su condición de apoderado judicial del ciudadano J.B.D., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.195.329 y de este domicilio, debidamente facultado para este acto según se evidencia de Poder Especial que corre inserto en autos, quien en lo adelante se denominará “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE”. Se ha acordado en celebrar como en efecto se celebra el presente convenimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, con el objeto de dar por terminado el juicio por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES que cursa por ante el JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, signado con el N° 2.017, y de esta manera evitar que se sigan causando gastos para “EL ESTADO” producto del pago de la corrección monetaria o indexación laboral, el cual se celebra con sujeción a las siguientes cláusulas: PRIMERA: Es entendido que el ciudadano J.B.D., intento demanda por ante el JUZGADO SUPERIOR CIVIL (BIENES), EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, en fecha 13 de Febrero del 2006 por haber laborado para “EL ESTADO” desde el 01 de Octubre de 2.000, hasta el 14 de Marzo del 2005, en su condición de COMISARIO por un monto de NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON TREINTA Y TRES CENTIMOS (9.873,33 Bs. F.). SEGUNDA: “EL ESTADO” conviene en el pago del monto sentenciado por el juzgado superior civil (Bienes) contencioso administrativo y “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE” acepta el ofrecimiento de pago que en este acto se realiza, y por ello renuncia al reclamo de pago de CUALQUIER DIFERENCIA e inclusive acepta que no se la debe nada por concepto de intereses de mora, indexación o corrección monetaria e intereses de ejecución después de realizado el pago de conformidad con el articulo 255 del Código de Procedimiento Civil se tendrá como cosa juzgada. TERCERA: En consecuencia de lo anterior, ambas partes convienen en que el monto a cancelar por “EL ESTADO” a “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE” es la cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ BOLIVARES FUERTES CON TREINTA Y CINCO CENTIMOS (8.410,35 Bs. F), que “EL ESTADO” cancelara durante los meses correspondientes al segundo trimestre del año 2008, dichos pagos se tramitara a través de la secretaria de administración y secretaria de tesorería, previa presentación de copia certificada del presente convenimiento debidamente homologado; dicha cantidad será consignada por el tribunal de la causa a los fines de solicitar el Archivo del presente expediente. CUARTA: “EL APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE” declara que acepta los términos del convenio presentado por el Estado Apure en las condiciones ya expresadas, por tanto declara de manera expresa e irrevocable en nombre de su mandante el ciudadano J.B.D.; antes identificado que nada tiene que reclamar contra “EL ESTADO” y da por satisfecha la deuda demandada. QUINTA: Ambas partes convienen en solicitar a la ciudadana jueza de la causa la homologación del presente convenimiento. Se le tenga con carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada y de que se le expida copia certificada, con inserción al pie de esta solicitud del correspondiente auto que le acuerde, todo ello a los fines legales pertinentes…
Del Derecho Aplicable al Caso Concreto:
Para proceder a homologar el Convenimiento en el presente COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, el juez debe analizar si se encuentran cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 256 del Código del Procedimiento Civil, para que se pueda dar por consumado el Convenimiento entre las partes. Además deberá verificar el juzgador, si las partes tienen capacidad para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia, si actuaron representadas o asistidas por un abogado y, en el primer supuesto, que la facultad para realizar actos de auto composición procesal le haya sido otorgada expresamente al apoderado judicial, conforme a lo establecido en el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil, y por último, que se trate de materias en las cuales no estén prohibidos arreglos entre las partes y que por lo tanto, pueda la parte disponer libremente del derecho en litigio.
En consecuencia, no siendo contrario a derecho ni a las buenas costumbres el Convenimiento efectuado por las partes y por cuanto reúne los requisitos legales, quien juzga considera que lo procedente es impartir su homologación al Convenimiento COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, formulado por las partes y al Convenimiento efectuado por las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil y así se establece.
DECISIÓN:
Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA el Convenimiento efectuado por la ciudadana A.A.H. en su carácter de Procuradora General del Estado Apure, y el demandante, ciudadano DELGADO H.J.B., venezolano, titular de la cedula de identidad N° 8.195.329, representada por el abogado M.G., inscrito en el inpreabogado bajo el N° 75.239. Como consecuencia de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, se declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso.
Publíquese, regístrese, líbrese oficio a la Procuradora General del Estado Apure.-
Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y de la Región Sur a los Veintiún (21) días del mes de Enero de dos mil Ocho (2008). Años: 198° y 149°.
La Jueza Superior Titular,
Dra. M.G.S..
La Secretaria del tribunal,
I.F..
Exp. Nº 2.017.-
MGS/ if /Wiston.-
