Decisión nº 14 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 21 de Enero de 2011

CITADO EN

GARANTÍA: Seguros Los Andes C.A., inscrita en el registro de comercio que llevó el Juzgado de Primera Instancia Civil y Mercantil del Estado Táchira, bajo el N° 16 de fecha 06 de febrero de 1956, con modificación inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, bajo el N° 80, Tomo 21-A, de fecha 28 de agosto de 2007.

APODERADOS: Wolfred B. Montilla B. y J.S., titulares de las cédulas de identidad Nos. V-5.637.562 y V-11.504.316 e inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nos. 28.357 y 63.745, respectivamente.

MOTIVO: Indemnización por daños y perjuicios provenientes de accidente de tránsito. (Apelación a decisión de fecha 19 de enero de 2010, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira).

I

Subieron las presentes actuaciones a esta alzada en virtud de las apelaciones interpuestas por el abogado M.Á.G.R., apoderado judicial de los mencionados demandados; C.C.M., apoderado judicial de la parte demandante, y Wolfred B. Montilla B., coapoderado judicial de Seguros Los Andes, C.A., empresa citada en garantía, contra la decisión de fecha 19 de enero de 2010 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.

Pieza N° 1:

Se inició el presente asunto cuando la abogada S.C.C., actuando como apoderada de la ciudadana L.M.M., demandó a la precitada empresa de transporte, y en forma conjunta al ciudadano E.A.Z.C., por indemnización de daños y perjuicios provenientes de accidente de tránsito, con fundamento en los artículos 1.185, 1.191 del Código Civil; 54 , 55, 60, 62 y 63 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre; y 258, 242 y 243 de su Reglamento (fls. 1 al 7). Anexos. (fls. 8 al 19).

Por auto de fecha 07 de febrero de 2008, el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira admitió la demanda, acordó la citación de los demandados y ordenó la expedición de copia certificada mecanografiada solicitada por la demandante, a los fines de su registro para interrumpir la prescripción (fl.20).

En fecha 15 de febrero de 2008, el Juzgado de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, declinó conocer de dicha causa en el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, por considerar que carecía de competencia en razón de la cuantía (fl. 27 )

En fecha 29 de febrero de 2008, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial recibió el expediente, en virtud de la declinatoria de competencia. (fl. 32).

En fecha 28 de marzo de 2008, la representación judicial de la parte actora solicitó se comisionara al Tribunal del Municipio P.M.U., a los efectos de la citación de los demandados, librándose la comisión a dicho Juzgado mediante auto del 31 de marzo de 2008. (fls. 33-34).

En fecha 25 de abril de 2004, el abogado C.A.C.M., coapoderado judicial de la demandante, presentó escrito de reforma de la demanda, manifestando lo siguiente:

Que en fecha 13 de febrero de 2007, a eso de las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.), su representada abordó la unidad de transporte colectivo placa AB-1448, marca Ford, modelo F-750, color azul y blanco, año 1979, serial de carrocería AJB75V44022, serial del motor V-8. Que la unidad la abordó dentro de la ruta cubierta por la mencionada empresa de transporte colectivo en la población de Ureña, en el sector denominado Plaza Vieja, con destino a San A.d.T., el en sentido Norte-Sur. Que se ubicó en el asiento posterior al del conductor, lado izquierdo, primera fila, previo el pago del valor del pasaje (Bs.900,oo, actual Bs. 0,90). Que a eso de las 11.30 de la mañana a la altura del tramo Palotal - San Antonio, frente al Cuerpo de Bomberos del aeropuerto J.V.G., observó que el conductor trató de adelantar un vehículo que circulaba en sentido contrario, y que para evitar la colisión de frente de ambos vehículos, giró en forma violenta hacia la derecha, lo cual produjo que la unidad se saliera de la carretera e impactara contra un árbol. Que el asiento donde ésta venía se desprendió, dando contra el tubo que separa el asiento del chofer, produciéndole un traumatismo abdominal cerrado. Que dicho accidente fue levantado, como consta en el Acta Policial del Accidente de Tránsito N° 003-2007, Cuerpo de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, Unidad Estatal N° 61 de San A.d.T., suscrita por los funcionarios Sargento Segundo (TT), placa N° 2658, ciudadano M.F.P.C. y el Cabo Segundo (TT), placa N° 5344, ciudadano Yorgin E.F., adscritos a la unidad estatal. Que debido al fuerte impacto que recibió L.M.M., el tubo del asiento del conductor se le incrustó en la región abdominal, con pérdida de abundante sangre y del conocimiento, siendo trasladada en vehículo particular al Hospital S.D.M.d.S.A.d.T., donde recibió los primeros auxilios. Que debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de San Cristóbal, despertando del coma profundo en el cual se encontraba el viernes a las 3:00 p.m. (3 días después del accidente), enterándose que le había sido amputado el riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas, hecho que le ha impedido trabajar en su ocupación habitual de camarera y doméstica a domicilio por días, con lo cual obtenía ingresos para el sostén propio y de sus hijos, promediando un ingreso mensual equivalente a Bs. 600,oo mensuales, que fue abruptamente interrumpido debido a las secuelas devenidas que la incapacitan para realizar su habitual trabajo, así como el desarrollo de su personalidad, que ha alterado su vida familiar, sus estudios y la atención de sus menores hijos, de 3 y 2 años de edad respectivamente. Que igualmente, padece fuertes depresiones y frustraciones por la limitación física, ya que apenas tiene 22 años de edad, y gozaba de buena salud hasta momento de sufrir el accidente. Que las lesiones sufridas están descritas en informe médico practicado por el anatomopatólogo adscrito al servicio de anatomopatológica del Hospital Central de San Cristóbal, suscrito por el doctor Á.B.. Que en el mismo se destaca la descripción de las graves lesiones sufridas, descritas del modo siguiente: DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA: Material Recibido en formol, constituido por No. 1. Riñón Izquierdo: Pesa 80 gramos. Mide 9,5 x 5x 4 cm. Superficie externa parda, observándose a nivel del polo superior y desembocadura de uréter, áreas oscuras hemorrágicas con solución de continuidad que se prolonga más de la mitad de su superficie. Al corte se observa toda la estructura pielo calicia con hemorragia, resto del parénquima de aspecto normal (3 fragmentos). No. 2. Bazo. Peso 80 Gramos y mide 9x6,5x 3 cm, Superficie externa parda, observándose a nivel de cara anterior lesión de continuidad que abarca las ¾ partes de su anchura, con áreas de hemorragia en la misma. A nivel de campos se observa en el centro zona hemorrágica en la misma. A nivel de campos se observa en el Páncreas. Fragmento, pesa 5 gramos y mide 4,5x2,5x 2 cm, observándose a nivel de una de sus caras lesión hemática en su superficie. Al corte pardo claro. Consistencia blanca (2 fragmentos). En cuanto al análisis microscópico se concluye lo siguiente: N° 1. Riñon. Hallazgos compatible con lesión traumática hemorrágica y víscera maciza.

Que esas lesiones sufridas y la posterior amputación de dichos órganos (riñón izquierdo, bazo y parte del páncreas), han dejado graves secuelas de por vida en su representada, impidiéndole realizar actividades físicas propias de su oficio, debiendo adicionalmente mantener una dieta estricta para poder estabilizar la digestión.

Que se encuentra evidenciada la responsabilidad civil de la demandada y la del conductor, quien obró con imprudencia e inobservancia de las disposiciones de la mencionada Ley. Que en informe rendido por los funcionarios de tránsito que levantaron el accidente, dejaron constancia que “el vehículo involucrado…presentó fallas en el sistema de dirección debido a que el Terminal del lado izquierdo se salió de su sitio de acople, por falta de mantenimiento, perdiendo su conductor el control del vehículo e impactando con el árbol”. Que es obligación del propietario el mantener las unidades de transporte en perfectas condiciones de funcionamiento. Que en razón de ello demanda a la referida empresa de transporte, y en forma conjunta y solidaria al conductor de la unidad de transporte ya identificado, para que convengan o sean condenados a pagar las siguientes cantidades de dinero:

1. - TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00) por concepto de daño moral.

2. - DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 2.000,00), por concepto de daño emergente.

3. - SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 7.200,00), por concepto de lucro cesante, desde el 13 de febrero de 2007 hasta el 13 de febrero de 2008, por cuanto después de las lesiones sufridas en el accidente no ha podido volver a trabajar, dejando de percibir Bs. 600,00 mensuales.

Estimó la demanda en la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 321.600,00) , fundamentándola en los artículos 1.185, 1.191 y 1.196 del Código Civil, 127, 129, 132, 134 y 150 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, y en el artículo 50.8 de su Reglamento (fs. 38 al 51).

Por auto de fecha 7 de mayo de 2008 fueron agregadas las actuaciones practicadas por el Tribunal comisionado para la práctica de la citación de los demandados (fs. 79 al 88)

Por auto de fecha 8 de mayo de 2008 el Juzgado a quo admitió la reforma de la demanda, concediendo, de conformidad con el artículo 343 del Código de Procedimiento Civil, el lapso allí indicado para la contestación de la misma. (f.88).

En fecha 13 de junio de 2008 el abogado M.Á.G.R., apoderado judicial de los demandados, dio su contestación en la que, de conformidad con el artículo 866 del Código de Procedimiento Civil, opuso la cuestión previa de defecto de forma de la demanda (ordinal 6° del artículo 346), por falta de especificación de los daños reclamados. Seguidamente, rechazó, negó y contradijo en todas y cada una de sus partes, tanto la demanda, como la reforma. Alegó que es falso que la demandante se hubiese ubicado en el asiento posterior al del conductor del vehículo, ya que ésta se ubicó en el puesto N° 7, lado izquierdo de la fila de asientos. Que con ello, la demandada pretende demostrar al tribunal que en esa posición pudo observar que el conductor adelantó el vehículo, invadiendo el canal de circulación en sentido contrario, girando en forma violenta hacia la derecha, situación que produjo que la unidad se saliera de la carretera e impactara contra el árbol; y que su asiento se desprendió de la carrocería, impactando contra el tubo del asiento del chofer, afirmación que dice se cae por su propio peso, ya que como consta en el acta policial del accidente de tránsito N° 003-2007, suscrita por los funcionarios allí identificados, en la que dejaron constancia expresa en cuanto a qué fue lo que ocurrió, pues el conductor, en ningún momento actuó en desacato de las normas de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por lo cual opuso la excepción de fondo establecida en el primer aparte del artículo 127 de la referida Ley, adicionando que el accidente fue imprevisible para el conductor, por lo que no existe hecho ilícito que pueda tener como consecuencia indemnización de daño moral. Que de acuerdo al croquis levantado, no se evidencia rastro de frenada alguna, que pudiera presumir exceso de velocidad, imprudencia o impericia de parte del conductor; que si la aseveración de la demandante fuera cierta, debió haber alguna señal de esa situación como lo es el rastro de frenada.

Rechazó, negó, y contradijo en todas y cada una de sus partes el alegato de la responsabilidad de sus representados, por cuanto es falso que hayan ocurrido hechos como los que hace ver la demandante.

Igualmente, que las actuaciones administrativas levantadas con ocasión de un accidente de tránsito tienen valor probatorio en el juicio respectivo, aun cuando dichas actuaciones hacen fe en todo cuanto se refiere a lo que el funcionario declara haber efectuado o percibido por los sentidos o practicado como perito, las cuales el interesado puede impugnar y desvirtuar en el proceso, mediante la utilización de las pruebas legales que estime pertinentes.

Negó, rechazó y contradijo los supuestos del hecho ilícito ya que no hubo incumplimiento alguno de conductas preexistentes. Que no hubo conducción del vehículo sin su revisión correspondiente. Que no hubo imprudencia, negligencia ni mal estado de funcionamiento del vehículo. Que no hubo inobservancia de leyes o reglamentos, por lo que ratifica la excepción de fondo.

Rechazó, negó y contradijo que sus representados tengan que pagar la suma de Bs. 300.000,oo por concepto de daño moral, en virtud de que en ningún momento cometieron hecho ilícito alguno que lleve a la convicción del juez conocedor de la causa, a ordenar una acción de condena por tal concepto.

Rechazó, negó y contradijo que sus representados tengan que pagar la suma de Bs. 2.000,oo por concepto de daño emergente, en virtud de que no se le adeudan, ni se especificó en qué consistieron esos gastos ni de qué manera se relacionan con el accidente de tránsito objeto de la demanda.

Rechazó, negó y contradijo que sus representados tengan que pagar la suma de Bs. 7.200,oo por lucro cesante, desde el 13 de febrero de 2007 hasta el 13 de febrero de 2008. Adujo que la pretensión de la demandante ha sido incoherente, puesto que de los alegatos expuestos, no se encuentra demostrado que ésta devenga las cantidades de dinero que alega. Rechazó, negó e impugnó los recibos consignados, e igualmente las dos constancias de trabajo emanadas de personas a quienes a su decir, prestaba servicios como doméstica a domicilio.

De conformidad con el segundo aparte del artículo 865 del Código de Procedimiento Civil, ofreció medios probatorios.

De conformidad con el ordinal 5° del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, solicitó la cita en saneamiento y garantía de Seguros Los Andes, C.A., en la persona de su Gerente, en virtud de que para el momento del accidente, el vehículo poseía a.d.R.C. que garantiza la cobertura especificada en la Póliza de Automóvil Flota en el período del 09/11/2006 al 09/11/2007 (fls. 90 al 100).

A los folios 101 y 105 rielan poderes especiales conferidos por el presidente de la sociedad mercantil demandada, y por el conductor de la unidad, al abogado M.Á.G.R..

Por auto de fecha 07 de julio de 2008, el Juzgado de la causa ordenó la citación de la empresa aseguradora, representada por la gerente legal, ciudadana A.C.L.R. (fl. 110).

En escrito de fecha 23 de octubre de 2008 los abogados Wolfred B. Montilla B. y J.S., apoderados judiciales de Seguros Los Andes C.A., dieron contestación a la cita de garantía, en la cual expresan: Que el vehículo involucrado en el siniestro se encuentra asegurado según consta en Póliza Flota No. AUFL-29971141. Que para todos los efectos legales, cualquier obligación económica que se derivare del juicio, deberá quedar circunscrita a los conceptos y límites de la suma asegurada, que cubre accidentes personales a ocupantes de vehículos flota, (código 004) por gastos médicos, la cual es diametralmente opuesta en cuanto a su naturaleza y efectos legales y económicos a las coberturas de daños a cosas y a personas, que forman parte del componente de la referida póliza de responsabilidad civil. Que si bien es cierto que la cobertura de accidentes personales a ocupantes de vehículos flota, se encuentra incluida en el cuadro de la póliza denominada Responsabilidad Civil de Vehículo Flota, a todo evento se debe tener en cuenta que, por cuanto los daños demandados tienen su origen en las lesiones causadas en accidente de tránsito a una persona transportada como pasajero en el vehículo asegurado, la participación en juicio de su representada y las obligaciones jurídicas y económicas deben quedar sometidas, calificadas o juzgadas con base a las normativas legales y contractuales regulativas de la solidaridad legal que se deriva de la cobertura de responsabilidad civil obligatoria que establece el Decreto con Fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre del año 2001, vigente para el momento de introducirse la acción. Que en razón al convenimiento particular y privado entre el asegurado y su representado, se contrató una cobertura total máxima para cubrir eventuales gastos médicos a todos los pasajeros del vehículo asegurado por la cantidad de Bs. 42.000,oo, para un total de 42 pasajeros a razón de Bs. 1.000,oo por cada uno, por lo que su representada sólo está obligada a indemnizar un monto m.d.B.. 1.000,oo por los gastos médicos generados a la demandante en el tratamiento de sus lesiones.

Que por cuanto efectivamente “la demandante sufrió lesiones en el accidente de tránsito que necesariamente le ha ameritado gastos en su tratamiento que son indeterminados en la causa”, en nombre y representación de Seguros Los Andes C.A., que es una empresa fiel a su seriedad en el mercado asegurador, proceden formalmente a ofertarle a la demandante L.M.M., el pago de la suma total asegurada por gastos médicos por pasajero, es decir, la cantidad de Bs. 1.000,oo, los cuales, de ser aceptados serán entregados en el término más inmediato a la actuación respectiva en la causa. Que en caso de que no acepte la oferta de pago de la suma asegurada, el Juzgado deberá respetar o circunscribirse a conceptos y límites de las sumas aseguradas, no pudiendo excederse a cubrir montos superiores a la garantía por la cobertura de accidentes personales a ocupantes de vehículo flota, cuyos límites se encuentran determinados en el cuadro de la póliza. Que en un supuesto negado que se pudiera atribuir la responsabilidad del accidente al conductor del vehículo asegurado, y la parte actora pudiera probar legalmente sus pretensiones, su estimación debe quedar circunscrita en forma proporcional a los montos por la cobertura de accidentes personales a ocupantes de vehículos flota.

En cuanto a la contestación al fondo de la demanda, negó que a su representada le asiste el deber de soportar los daños demandados, y que se encuentre posicionada para ser declarada solidariamente responsable por una eventual conducta culposa del conductor del vehículo, ya que su llamamiento en tercería es con sustento en la garantía contractual según la póliza flota N° AUKI-299971141, para coadyuvarla a cubrir hasta el límite de la cobertura los daños por gastos médicos causados a la demandante y ocupante como pasajera del vehículo asegurado, cuya cobertura no se encuentra inmersa en los presupuestos del artículo 127 y siguientes del derogado Decreto de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. Negó que el accidente haya tenido como causa generadora la conducta culposa del conductor del vehículo, ya que del expediente levantado por los funcionarios de la CVTTT (acta policial N° 003-2007), se deriva que el hecho concomitante y generador del accidente fue una falla mecánica en el sistema de dirección.

Rechazó la afirmación de que el conductor del vehículo conducía a exceso de velocidad, y realización de maniobra de adelantamiento de otro vehículo, infringiendo normas de circulación, ya que el origen del accidente fue una falla mecánica del vehículo. Negó que la empresa propietaria del vehículo haya actuado de manera culposa por no haber dado mantenimiento a la unidad de transporte, por cuanto del acta policial sólo consta que presentó fallas en el sistema de dirección, no que se haya practicado experticia o estudio científico para determinar si la avería mecánica fue por desgaste, falta de mantenimiento o por rompimiento, fractura o implosión a la cual está expuesto cualquier material o pieza metálica.

Rechazó y contradijo el daño emergente y el lucro cesante, los cuales son indeterminados, así como que la demandante se encuentra imposibilitada de seguir cumpliendo alguna actividad, y que percibiera un salario de Bs. 600,oo mensuales. De igual modo, la pretensión de la obligación de reparar el daño moral demandado.

Adujo que corresponde a la demandante la carga de probar sus afirmaciones, en cuanto a la falta de mantenimiento; y que siendo el acta policial un instrumento administrativo, los hechos allí explanados gozan de certeza, en especial la afirmación de que el accidente se originó por causa de falla mecánica en el sistema de dirección. Que al no haber sido impugnadas estas actuaciones, hacen plena fe de lo allí establecido, no pudiéndose desvirtuar con meras especulaciones. Adujo que las dos constancias de trabajo no surten efecto dentro de la causa, ya que por ser instrumentos privados expedidos por terceros, debió promoverse a éstos como testigos para su reconocimiento, a tenor de lo previsto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil. Que la condenatoria de los daños morales a la propietaria del vehículo involucrado, si bien no son objeto de prueba, el juez goza de la autonomía de estimar su monto, conforme al artículo 1.196 del Código Civil.

En relación al registro del libelo de la demanda, alegó que no puede surtir ningún efecto a tenor de lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil. Que si bien la demanda fue presentada ante el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, admitida el 07 de febrero de 2008 a los efectos de interrumpir la prescripción, el registro se efectuó por ante el Registro del Municipio B.d.E.T., donde no alcanza la competencia del Juzgado que admitió la demanda, incumpliéndose los postulados de la Jurisprudencia que establece las condiciones formales para tener como válido el acto jurídico capaz de interrumpir la prescripción de la acción.

Por último, promovió el mérito de las actas del expediente, así como el contrato de seguros de cobertura de póliza flota N° AUFL-29971141, con el objeto de demostrar los límites de alcance de la obligación de Seguros Los Andes C.A. en la cobertura del ramo 004, accidentes personales a ocupantes de vehículos flota, código 0004 para gastos médicos. (fls. 116 al 122).

Al folio 123 riela poder especial conferido por la abogada A.C.L.R., en representación de Seguros Los Andes, C.A., a los abogados Wolfred Montilla y J.S..

Por auto de fecha 12 de noviembre de 2008, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial, fijó día y hora para la audiencia preliminar, conforme al artículo 868 del Código de Procedimiento Civil (fl. 135). Siendo celebrada el 08 de enero de 2009. (fl. 143 al 147).

En dicha audiencia, la representación de la parte demandante hizo una síntesis de los hechos explanados en el libelo de demanda. Al referirse a la oferta de pago de la garante, ésta fue rechazada aduciendo que no corresponde a un tercero en la relación procesal oponer las excepciones que tenga contra su asegurado, y que no hay evidencia de que a la unidad de transporte asegurada se le hubiese hecho mantenimiento.

El apoderado de la empresa de transporte ratificó en dicho acto los términos de su contestación, y alegó que el defecto de forma de la demanda, opuesta como defensa previa, no fue subsanado por la demandante, adhiriéndose por último a la contestación dada por la garante, “sólo en cuanto a la oposición, rechazo y contradicción de los alegatos expresados por él”. Por último, mencionó las pruebas que pretendía aportar.

Seguidamente, el apoderado judicial de Seguros Los Andes, C. A., citada en garantía, hizo la observación de que el objeto del acto es el que las partes señalen los hechos controvertidos o admitidos, y los medios probatorios a ser ofrecidos, ratificando el límite de la cobertura al que se encuentra obligado su representada, cual es, a su decir, el correspondiente por gastos médicos hasta por un monto individual por cada pasajero, de Bs. 1.000,00.

El Tribunal de la causa ordenó agregar a los autos los escritos de las partes, y se acogió al lapso de los tres días de despacho siguientes para la fijación de los hechos en el límite de la controversia.

Por auto de fecha 13 de enero de 2009 el Juzgado de la causa, visto que las partes no se conciliaron en forma amistosa, fijó los límites de la controversia en los términos planteados en el libelo de demanda y sus contestaciones, y abrió el lapso probatorio de cinco días de despacho para promover pruebas sobre el mérito de la causa. (fl. 155).

Al folio 156, la abogada S.d.J.C.C., apoderada judicial de la demandante, sustituyó el poder, reservando su ejercicio, en la abogada J.E.O.C..

En fecha 16 de enero de 2009 la representación judicial de la demandante promovió pruebas. (fl. 158 al 162).

En fecha 21 de enero de 2009 el abogado M.Á.G.R., apoderado judicial de la empresa de transporte demandada, promovió pruebas. (fls. 164 al 167).

Por sendos autos de fecha 03 de febrero de 2009 el Juzgado de la causa admitió las pruebas promovidas (fl. 169 y 170).

A los folios 190 al 207 rielan copias certificadas del expediente relacionado con el accidente de tránsito, levantado al efecto por los funcionarios de tránsito que lo suscriben.

A los folios 207 y 209, copia de biopsia y su informe, suscrito por el médico Dr. Á.E.B.Z., anatomopatólogo.

Por auto de fecha 04 de junio de 2009 el a quo fijó día y hora para la audiencia o debate oral, y se libraron las boletas, siendo diferido por auto del 4 de agosto de 2009 para el cuarto día de despacho siguiente (fl. 211-221).

A los folios 222 al 235, corre inserta el acta levantada en la audiencia o debate oral celebrado en fecha 10 de agosto de 2009, con presencia de las partes, reiterando la representación de la demandante sus alegatos plasmados en el libelo de demanda, peticionando se condene a los demandados, y a la aseguradora “hasta los límites de la cobertura de la póliza respectiva”, rechazando la oferta de pago efectuada por ésta por concepto de gastos médicos, a cuyo efecto señala que la empresa de transporte contrató adicionalmente con la garante, póliza de accidentes que ampara a ocupantes del vehículo involucrado, con cobertura que incluye, además de gastos, invalidez permanente de ocupantes (pasajeros), hasta un monto de Bs. 126.000.oo del valor actual, y de Bs. 42.000.oo de igual valor por gastos médicos.

La representación judicial de la empresa de transporte ratificó lo expuesto en su contestación, insistiendo en solicitud de pronunciamiento previo en la definitiva sobre la defensa previa opuesta. Ratificó los medios probatorios ofrecidos.

La representación judicial de la aseguradora igualmente ratificó los términos de su contestación, así como las pruebas promovidas, con énfasis en que su responsabilidad es sólo por la cobertura de gastos médicos por el monto ya indicado, cuya oferta de pago reitera.

En cuanto al registro del libelo de la demanda, adujo que para interrumpir la prescripción de la acción, éste debió registrarse en la ciudad de San Cristóbal, lugar en donde se interpuso la acción, y no en San A.d.T., como se hizo.

Seguidamente se procedió al inicio de evacuación de las pruebas testimoniales y documentales promovidas.

Luego de lo anterior riela la decisión apelada. (fls. 237 al 284).

Por auto de fecha 22 de enero de 2010 se ordenó abrir una nueva pieza. (fl. 285).

Pieza N° 2:

En fecha 05 de febrero de 2010, el apoderado judicial de Seguros Los Andes, C. A., apeló de la sentencia definitiva dictada por el a quo (fl. 13, pieza II).

En fecha 11 de febrero de 2010 los apoderados de la empresa de transporte y del conductor demandados, apelaron de la decisión, haciendo lo propio la representación judicial de la demandante (fls, 14-16 pieza II).

Por auto de fecha 12 de febrero de 2010, el Juzgado de la causa oyó las apelaciones interpuestas en ambos efectos y remitió el expediente al Juzgado Superior distribuidor, correspondiendo su conocimiento por distribución a este Superior, quien en fecha 01 de marzo de 2010 le dio entrada al expediente y el curso de ley correspondiente. (fls.17, 21, 22 Pza.II).

En fecha 06 de abril de 2010, los apoderados de Seguros Los Andes C.A., presentaron escrito de informes, haciéndolo igualmente la representación judicial de la empresa de transporte y del conductor, así como la de la parte demandante, (fs. 23 al 29, 30 al 34 y 35 al 40, Pza. II) de los cuales, por la naturaleza de sus denuncias, sólo serán objeto de análisis los formulados por los dos primeros, que guardan relación con el alegato de prescripción, toda vez que los de las otras partes constituyen argumentos que ya se encuentran expuestos a lo largo del proceso.

En fecha 20 de abril de 2010 la representación judicial de la parte demandante formuló observaciones a los informes de los demandados (fls. 41-48, pza. II), dejándose constancia de que las demás partes no hicieron uso de este derecho (fl. 49, pza. II).

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La materia deferida al conocimiento de esta alzada versa sobre las apelaciones interpuestas por los apoderados judiciales de la demandante, de los demandados y de la citada en garantía, contra la decisión dictada el 19 de enero de 2010 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que declaró parcialmente con lugar la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la ciudadana L.M.M. contra la sociedad mercantil Línea Circunvalación San Antonio-Ureña-Aguas Calientes, S.A. y contra el ciudadano E.A.Z., propietaria y conductor, respectivamente, de la unidad de transporte; y de Seguros Los Andes C.A., citada en garantía. En consecuencia, los condenó solidariamente y en los términos establecidos en la motiva, a pagarle a la demandante la cantidad de Bs. 120.000,oo por concepto de daño moral. No hubo condenatoria en costas.

La presente acción trata de reclamación por indemnización de daños y perjuicios, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en fecha 13 de julio de 2007, a la altura del tramo Palotal-San A.d.E.T., frente al cuerpo de bomberos del Aeropuerto J.V.G., resultando con heridas de gravedad la demandante.

Refiere el libelo de demanda que dicha ciudadana viajaba como pasajera en el asiento posterior al del chofer; que observó cuando el conductor adelantó un vehículo, invadiendo el otro canal de circulación contrario, y que para evitar la colisión de frente con éste, giró en forma violenta hacia la derecha, saliéndose de la carretera e impactando en forma aparatosa contra un árbol. Que su asiento se desprendió de su base y se desplazó contra el asiento del chofer, produciéndole un traumatismo abdominal cerrado, como se constata del levantamiento del acta policial del Accidente de Tránsito N° 003-2007, por el Cuerpo de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre, suscrita por los funcionarios allí señalados, ambos adscritos a dicho Cuerpo.

Que debido al fuerte impacto, el tubo del asiento del conductor se le incrustó en la región abdominal, con pérdida de abundante sangre y del conocimiento, siendo trasladada por un vehículo particular al Hospital S.D.M.d.S.A.d.T., donde recibió los primeros auxilios; y luego trasladada al Hospital Central de San Cristóbal, en donde ingresó en estado de coma profundo, despertando tres días después del accidente, enterándose que le había sido amputado el riñón izquierdo, el bazo y parte del páncreas, lo que le ha impedido continuar su trabajo de camarera y doméstica a domicilio por días para varias personas en San Antonio y Ureña, con el que obtenía los ingresos para su propio sustento y el de sus hijos.

Que el informe médico destaca las graves lesiones sufridas, así: DESCRIPCIÓN MACROSCOPICA: Material Recibido en formol, constituido por No. 1. Riñón Izquierdo: Pesa 80 gramos. Mide 9,5 x 5x 4 cm. Superficie externa parda, observándose a nivel del polo superior y desembocadura de uréter, áreas oscuras hemorrágicas con solución de continuidad que se prolonga más de la mitad de su superficie. Al corte se observa toda la estructura pielo calicia con hemorragia, resto del parénquima de aspecto normal (3 fragmentos). No. 2. Bazo. Peso 80 Gramos y mide 9x6,5x 3 cm, Superficie externa parda, observándose a nivel de cara anterior lesión de continuidad que abarca las ¾ partes de su anchura, con áreas de hemorragia en la misma. A nivel de campos se observa en el centro zona hemorrágica en la misma. A nivel de campos se observa en el Páncreas. Fragmento, pesa 5 gramos y mide 4,5x2,5x 2 cm, observándose a nivel de una de sus caras lesión hemática en su superficie. Al corte pardo claro. Consistencia blanca (2 fragmentos). En cuanto al análisis microscópico se concluye lo siguiente: N° 1. Riñón. Hallazgos compatible con lesión traumática hemorrágica y víscera maciza.

Por su parte, los demandados negaron que la demandante se hallara ubicada en el asiento posterior al conductor; alegato con el cual pretende demostrar la aseveración falsa de que en esa posición pudo observar que el conductor adelantó otro vehículo, invadiendo el canal de circulación en sentido contrario.

Que de acuerdo al informe administrativo de los funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, estos dejaron constancia que el vehículo involucrado “… presentó fallas en el sistema de dirección debido a que el Terminal del lado izquierdo salió de su sitio de acople, por falta de mantenimiento, perdiendo su conductor el control del vehículo e impactando con el árbol”, por lo que el chofer en ningún momento conducía la unidad en desacato a las normas y disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, razón por la cual fue opuesta la excepción de fondo establecida en la primera parte del artículo 127 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

De conformidad con el ordinal 5º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, solicitó fuera citada la empresa Seguros Los Andes C.A., en virtud de que el vehículo involucrado ostentaba cobertura en el ramo de responsabilidad civil especificada en la Póliza de Automóvil flota, vigente hasta el 09 de noviembre de 2007, a los fines del saneamiento en garantía.

En su oportunidad, el apoderado judicial de la citada en garantía, al dar su contestación, adujo que cualquier obligación económica que se derivare del juicio, deberá quedar circunscrita a los conceptos y límites de la suma asegurada por concepto de cobertura del ramo 04, accidentes personales ocupantes de vehículos flota, código 004 por gastos médicos, cobertura esta que es opuesta a las de daños a cosas y a personas. Que los daños demandados tienen su origen en las lesiones causadas a una persona transportada como pasajero en el vehículo asegurado, frente a lo cual la participación en juicio de su representada, no puede estar sometida, calificada o juzgada con base a las normativas legales y contractuales regulativas de la solidaridad legal que se deriva de la cobertura de responsabilidad civil obligatoria que establece la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre del año 2001, vigente para el momento de introducirse la acción. Que en razón al contrato entre el asegurado y su representada, se convino una cobertura total máxima para eventuales gastos médicos a todos los pasajeros del vehículo asegurado por la cantidad de Bs. 42.000,oo para un total de 42 pasajeros a razón de Bs. 1.000,oo cada uno, por lo que su representada, como garante de la obligación de indemnizar, lo es por un monto m.d.B.. 1.000,oo por los gastos médicos generados por la demandante en el tratamiento de sus lesiones. Que si en un supuesto negado se pudiera atribuir la responsabilidad del accidente al conductor del vehículo asegurado, y la parte actora pudiera probar sus pretensiones, la estimación debe quedar circunscrita en forma proporcional a los montos por la cobertura de garantía de accidentes personales a ocupantes de vehículos de flota.

Negó que a su representada le asiste el deber de soportar los daños demandados, y que se encuentre posicionada para ser declarada solidariamente responsable por una eventual conducta culposa del conductor del vehículo, ya que su llamado en tercería es con sustento en la garantía contractual según la póliza flota N° AUKI-299971141, que cubre hasta el límite de Bs. 1.000.oo por gastos médicos causados a la demandante, como pasajera del vehículo asegurado, no encontrándose inmersa dentro de los presupuestos del artículo 127 y siguientes de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

Queda de esta forma establecido el tema a decidir en la presente controversia.

PUNTO PREVIO

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

En la oportunidad de dar contestación a la demanda, la parte llamada en garantía, Seguros Los Andes, C. A., alega la prescripción por ineficacia jurídica del registro del libelo de la demanda, oponiendo que el registro de la copia certificada del libelo de demanda que corre a los folios 20 al 27, protocolizado por ante la Oficina del Registro Público del Municipio B.d.E.T. bajo el N° 157, Tomo IV, Protocolo I de fecha 11 de febrero de 2008, no se ajusta a lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil.

Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente para entonces, es del tenor siguiente:

Artículo 62.- Las acciones civiles a que se refiere esta ley prescribirán a los doce (12) meses de sucedido el accidente. …

Por su parte, el artículo 1.967 del Código Civil, señala:

Artículo 1.967.- La prescripción se interrumpe natural o civilmente.

A su vez, el artículo 1.969 eiusdem, a la letra dice:

Artículo 1.969.- Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. …

Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.

De las normas transcritas se desprende que para los efectos interruptivos del registro del libelo de la demanda, éste debe llevarse a cabo antes de la expiración del lapso de prescripción establecido en la ley. De allí que cuando el legislador exige que su registro deba hacerse “en la Oficina correspondiente”, en modo alguno puede dar lugar a interpretarse como necesario el que el mismo se haga en el ámbito jurisdiccional del tribunal de conocimiento, como lo pretende el llamado a juicio, por virtud de que tal interpretación haría carecer de logicidad la potestad legal de autorizar la expedición del libelo certificado, “aunque se haga ante un juez incompetente”. De allí que, como lo señaló el a quo, a juicio de la Sala Constitucional, en sentencia citada por éste, la formalidad del registro, es para que tenga efectos erga omnes con el objeto de que funcione la presunción de que el demandado conoce, antes de la expiración del término de la prescripción, la existencia de la demanda contra él. De tal manera que no es cierto, como lo pretende la garante, que el registro de la demanda deba llevarse a cabo en la Oficina Subalterna que coincida con la jurisdicción del tribunal de conocimiento.

Por otra parte, se observa lo siguiente:

La representación judicial de la aseguradora llamada a juicio, tanto en su contestación de la demanda, como en informes ante esta alzada, se limitó a cuestionar la eficacia jurídica del registro de la demanda como medio para interrumpir la prescripción, soslayando o sin percatarse que en el libelo de demanda, no aparece como demandada su representada, puesto que los llamados a juicio, únicamente fueron la empresa de transporte y el conductor de la unidad involucrada en el accidente, por lo que, si a su entender estimaba que en cuanto a ella había operado la prescripción, debió oponerla como defensa de fondo en su contestación, de manera clara, precisa e indubitable, con lo cual no cumplió. En efecto, en su contestación (fl.121 y vto. pza. 1), se limitó a indicar que dicho registro “no puede surtir ningún efecto a tenor de los (sic) previsto en el artículo 1.969 del Código Civil…”, por cuanto a su entender, habiéndose presentado la demanda en el Juzgado Primero de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, el registro se llevó a cabo en el Registro del Municipio Bolívar (San Antonio) del mismo Estado, en donde no alcanza su competencia, reiterando el alegato en términos semejantes, en su escrito de informes ante esta alzada (fls. 28-29, pza. 2). En razón de ello, no podía el a quo efectuar pronunciamiento alguno sobre la prescripción que supuestamente habría beneficiado a la garante llamada a juicio, por imperativa prohibición del artículo 1.956 del Código Civil, el cual señala:

Artículo 1.956.- El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta.

A mayor abundamiento, nuestra Sala de Casación Civil, en sentencia N° 481 proferida en fecha 4 de noviembre de 2010, ratificando concepto anterior, expresó lo siguiente:

….La prescripción debe ser alegada como defensa de fondo, la cual sólo es posible oponerla en la oportunidad de contestar la demanda o la reconvención si ésta ha sido propuesta…

…el juez no puede suplir de oficio la actividad de las partes y pronunciarse respecto a la prescripción de la acción no opuesta como defensa de fondo en la oportunidad legal correspondiente, por ende, le está prohibido al juez declarar la prescripción de la acción que haya sido alegada una vez vencido el lapso para contestar la demanda o la reconvención. (Resaltado propio)

(Expediente No. AA20-C-2010-148)

Por los razonamientos expuestos, se declara que la prescripción de la acción quedó interrumpida con el registro del libelo de demanda en la fecha y lugar antes mencionados, tanto con respecto a los demandados señalados en el mencionado instrumento, como con respecto a la aseguradora traída a juicio, y así se decide.

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

Resuelto el anterior punto previo, pasa esta alzada a estudiar el material probatorio aportado por las partes.

A.-PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE