Decisión de Juzgado Superior Cuarto Civil, Mercantil, Transito, Trabajo, de Protección del Niño y el Adolescente, Agrario y Bancario de Tachira, de 12 de Enero de 2015

A los folios 1 al 3 riela libelo de demanda por Reconocimiento de Documento Privado y sus anexos de los folios 4 al 6.

Al folio 8 corre auto de admisión de fecha 22 de abril de 2014 dictado por el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Tórbes de esta Circunscripción Judicial.

Mediante diligencia del 6 de mayo de 2014 el ciudadano C.I.P. le otorgó poder apud acta al abogado en ejercicio E.D.J.L.A. (folio 9 y 10).

A los folios 16 y 17 consta que el abogado R.N.V.Á. en representación de la demandada, dio contestación a la demanda en fecha 20 de mayo de 2014. Corren anexos a este escrito del folio 18 al 54.

La ciudadana M.G.H. asistida de abogado consignó escrito de promoción de pruebas el 26 de mayo de 2014 (folios 55 y 56), y el 27 de mayo de 2014 la mencionada ciudadana le confirió poder apud acta al abogado R.N.V.Á. por diligencia (folio 57).

El abogado E.D.J.L.A. presentó escrito de promoción de pruebas en fecha 02 de junio de 2014 (folio 63).

El 3 de junio de 2014 el a quo se pronunció sobre la prueba de cotejo promovida por el anterior abogado mencionado, mediante el cual la admitió (folio 65).

El Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Tórbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira dictó el 25 de septiembre de 2014 la decisión hoy apelada y ya relacionada ab initio (folios 95 al 108), la cual fue recurrida por el abogado R.N.V.Á. el 27 de octubre de 2014 por escrito que corre a los folios 111 al 113.

Por auto de fecha 5 de noviembre de 2.014 el a quo oyó la apelación en ambos efectos y ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior distribuidor correspondiente (folio 116 y 124).

El día 10 de diciembre de 2.014, este Juzgado Superior recibió el presente expediente; dándole entrada y el curso de ley correspondiente, quedando inventariado bajo el N° 3.073 (folio 129).

El 8 de enero de 2015 el ciudadano C.I.P.C. asistido de abogado consignó escrito con anexos (folios 133 al 146).

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Correspondió al conocimiento de este Juzgado Superior la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandada contra la decisión de fecha 25 de septiembre de 2014 dictada por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, mediante la cual declaró con lugar la demanda y en consecuencia reconocido el documento privado que riela al folio 4 del expediente consistente en la negociación pactada entre los ciudadanos C.I.P.C. y M.G.H., cuyo objeto es la venta por la suma de Bs 80.000,00 de un vehículo de las siguientes características: Clase: Automóvil, Tipo: Coupe; Uso: Particular; Marca: Toyota; Modelo: Y.S. A/T; Año: 2008; Color: A.O.M.; Placas: AA454 CE; Serial de Carrocería: JTDJW923085094488; Serial de Motor: 2NZ-4893197. Igualmente, condenó a la parte demandada al pago de las costas procesales por resultar totalmente vencida.

El ciudadano C.I.P.C. demanda a la ciudadana M.G.H. por reconocimiento de contenido y firma del documento privado de contrato de compra venta suscrito entre las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 450 del Código de Procedimiento Civil y 1.364 del Código Civil. Señala que el aludido contrato tenía por objeto que la demandada le vendiese el vehículo descrito en el texto del documento cuyo reconocimiento pretende a cambio de cancelarle como precio de la referida venta la suma de Bs. 80.000,00.

La demandada ciudadana M.G.H., negó, rechazó y contradijo todos y cada uno de los alegatos tanto de hecho como de derecho contenido en el libelo de demanda por los siguientes motivos: Que no reconocía el documento privado que se invoca en la presente demanda, en razón a que el referido vehículo fue embargado por el Tribunal Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal, Torbes, Cárdenas, F.F., Libertador y A.B. de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en fecha 22 de junio de 2009, ordenado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil de esta Circunscripción Judicial, según consta en el expediente N° 17.954 y en los folios 27 al 28 y vuelto del expediente N° 5352 del Juzgado Primero Ejecutor. Que consta igualmente en el expediente N° 50.125 de la Sala 2 del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial que ese tribunal decretó medida de embargo sobre ese vehículo.

Manifiesta que si ella reconociera ese documento tal como lo solicita el demandante estaría aceptando venderle ese vehículo y a su entender estaría cometiendo el delito de estafa, ya que fue el actor quien la demandó por el mencionado delito de estafa ante el Tribunal Tercero de Primera Instancia en función de Control de esta Circunscripción Judicial todo lo cual consta en el expediente N° 3C-SP21-P-2011-3711, motivado a la oferta de venta condicional que le hizo, por lo cual nunca supo de donde salió eso de que ella le había vendido el vehículo al actor. Que por esa razón el Juez de Control no le ordenó venderle por Notaría Pública al demandante.

Señala que considera que el tribunal de la causa violó el debido proceso al admitir esta demanda por el juicio breve cuando lo debió hacer por los trámites del juicio ordinario, tal como lo ordena el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, ya que el citado reconocimiento de ese documento lo está solicitando el demandante por demanda principal.

PUNTO PREVIO ÚNICO

DEL PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LA PRESENTE CAUSA

La parte demandada alega que se le violó el debido proceso al admitir la demanda que dio origen a la presente causa por los trámites del procedimiento breve cuando se debió hacer por los trámites del juicio ordinario.

Al respecto, se hace necesario puntualizar lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152 del 02 de abril de 2009, modificatoria de las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia civil, mercantil y tránsito, el cual establece lo siguiente:

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresados en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.). (Resaltado propio). Resaltado propio.

En la norma citada se ordena la sustanciación de todo asunto contencioso o no por el procedimiento breve en la medida en que su cuantía ascienda hasta 1500 unidades tributarias, estableciendo expresamente que para la admisión del recurso de apelación de las decisiones que se dicten en las causas tramitadas por el referido procedimiento breve, es necesario que la cuantía sea superior a 500 unidades tributarias.

Conforme a lo expuesto, en el caso de autos se aprecia del libelo de demanda corriente a los folios 1 al 3 que la cuantía fue estimada en la cantidad de Bs.80.000,00, equivalente para la fecha de interposición de la demanda a 629,92 unidades tributarias, y por cuanto se constata al vuelto del folio 3 que la aludida demanda fue presentada el 10 de abril de 2014, tal como se constata del sello húmedo estampado en dicho vuelto resulta aplicable el artículo 2 de la Resolución N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, y en tal virtud la causa debía sustanciarse por el procedimiento breve como acertadamente lo hizo el a quo, según se evidencia del auto de admisión corriente al folio 8 del presente expediente, por lo que no se configura la violación al debido proceso alegada en tal sentido por la parte demandada. Así se establece.

DE LA VIOLACION AL DEBIDO PROCESO DENUNCIADA POR LA DEMANDADA

La representación judicial de la parte demandada en la oportunidad en que interpone el presente recurso de apelación alega que la sentencia recurrida viola el debido proceso y por ende el derecho a la defensa de su representada por cuanto infringió entre otros los artículos 460 y 461 del Código de Procedimiento Civil, debido a que no fijó el tiempo correspondiente al experto para la realizar la experticia grafotécnica al documento objeto de la demanda, ni tampoco la parte demandante promovente de la experticia solicitó al tribunal la correspondiente prórroga ya que esta se efectuó fuera del término probatorio. Que no se evidencia del expediente en cuestión que el a quo haya fijado un lapso de tiempo para la práctica de la experticia ni que haya prorrogado dicho lapso. Que tampoco consta que el perito se haya juramentado lo cual a su entender es de orden público.

Igualmente, señala que no consta que el perito haya notificado a las partes a objeto de ejercer el control de la prueba en garantía del derecho a la defensa y al debido proceso, violando con ello no solo los artículos inherentes al respecto sino que violaron el auto de admisión de las pruebas promovidas por la parte actora de fecha 03 de junio de 2014, en el cual se estableció que una vez se tuviese respuesta positiva si fuera el caso de los organismos en mención, se notificaría de ello a las partes a objeto de que ejercieran el control de la prueba en garantía al derecho a la defensa y al debido proceso.

Al respecto, se hace necesario puntualizar que la prueba de cotejo se encuentra prevista en el artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, y las reglas para la práctica de su evacuación están expresamente indicadas en el artículo 446 eiusdem, en los siguientes términos:

Artículo 445.- Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere posible hacer el cotejo.

Si resultare la autenticidad del instrumento, se le tendrá por reconocido, y se impondrán las costas a la parte que lo haya negado, conforme a lo dispuesto en el artículo 276.

Artículo 446.-El cotejo se practicará por expertos con sujeción a lo que se previene en el capitulo VI de este Título.

En las normas citadas el legislador estableció la llamada prueba de cotejo como el medio que tiene la parte promovente de un documento privado para demostrar su autenticidad, cuando la contraparte niega la firma del mismo o sus herederos declaran no conocerla, señalando que dicha prueba se practicará por expertos, de acuerdo al procedimiento previsto para la evacuación de la prueba de experticia en los artículos 451 y siguientes Código de Procedimiento Civil, por lo que se hace necesario que la misma sea admitida y se fije la oportunidad para el nombramiento de los expertos, a tenor de lo establecido en el artículo 452 eiusdem.

Sobre la prueba de cotejo el Dr. G.A.C.I. en su obra Derecho Probatorio, expone lo siguiente:

La prueba de cotejo, no es otra cosa que una experticia grafotécnica para determinar si la firma desconocida corresponde o no a la persona que efectúa el desconocimiento. Así se demuestra la autenticidad o falsedad de la firma desconocida. El cotejo deberá ser practicado por expertos según las reglas de la prueba de experticia. …El cotejo, como he explicado, es una experticia grafotécnica que, como lo indica su denominación, consiste en una comparación caligráfica entre la firma desconocida y otra firma de la parte que hizo el desconocimiento y sobre la cual no haya duda alguna en cuanto a su paternidad. Se trata entonces de realizar la comparación entre dos firmas: aquella que ha sido desconocida y cuya paternidad está en entredicho, con otra que sea indubitada, es decir, sobre la cual no haya duda alguna. La persona que pida el cotejo deberá designar al efecto el instrumento indubitado o los instrumentos indubitados con los cuales deberá hacerse el cotejo. …(Editorial: Vadell Hermanos Editores, Caracas-Venezuela-Valencia. Páginas: 484 y 485)

Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 785 de fecha 16 de diciembre de 2009 se pronunció sobre la finalidad de la prueba de cotejo señalando lo siguiente: “Ahora bien, la prueba de cotejo también conocida como experticia grafotécnica, tiene como finalidad determinar si la rúbrica estampada en el instrumento desconocido, pertenece al individuo que hubiese negado su firma, si de ello se tratase” ( Exp. AA20-C-2009-000046).

Conforme a lo expuesto, tratándose la prueba de cotejo de una experticia grafotécnica, las reglas que rigen su evacuación tal como expresamente lo señala el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil son las relativas a la de la prueba de experticia previstas en el artículo 452 y siguientes del precitado Código con sujeción a las cuales debe practicarse el cotejo. Dicho articulado dispone lo siguiente:

Artículo 452.- Admitida la prueba, el Juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos.

Artículo 453.- El nombramiento de expertos, bien sea hecho por las partes o bien por el Juez, no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o arte, tengan conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia.

Si se alegare que el nombrado no tiene tales condiciones la parte a quien interese podrá pedir que se le sustituya con otro que las posea y el Juez lo acordará así, en caso de encontrar fundada la petición por la información que se suministre, debiendo la parte proceder dentro de las veinticuatro horas siguientes a nombrar otro experto en lugar del anterior, y si no lo hiciere, lo nombrará el Juez en su lugar.

El perito designado por el Juez puede ser sustituido cuando ambas partes así lo soliciten.

Artículo 454.- Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo. En dicho acto las partes manifestarán si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren en su nombramiento el experto será designado por el Juez.

Si no convinieren en que se practique por un solo experto cada una de las partes nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto de este último no se acordaren en su nombramiento.

Artículo 458.- El tercer día siguiente a aquel en la cual se haya hecho el nombramiento de los expertos por las partes, a la hora que fije el Juez, los nombrados deberán concurrir al Tribunal sin necesidad de notificación a prestar el juramento de desempeñar fielmente el cargo. A tal efecto, cada parte, por el solo hecho de hacer el nombramiento de su experto, tiene la carga de presentarlo al Tribunal en la oportunidad aquí señalada.

Si el experto nombrado no compareciere oportunamente, el Juez procederá inmediatamente a nombrar otro en su lugar.

Artículo 460.- En el mismo acto de juramentarse los expertos, el Juez consultará a cada uno de ellos sobre el tiempo que necesiten para desempeñar el cargo y luego lo fijará sin exceder de treinta días y fijará también el término de la distancia de ida y vuelta respecto del lugar donde haya de practicarse la diligencia, si fuere el caso.

Artículo 463.- Los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean convenientes, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos.

Artículo 464.- Los expertos están obligados a considerar en el dictamen las observaciones escritas que las partes o sus delegados les formulen, las cuales acompañarán originales al dictamen.

Artículo 466.- Los expertos juntos o por intermedio de uno cualquiera de ellos deberán hacer constar en los autos con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, el día, hora y lugar en que se dará comienzo a las diligencias, sin perjuicio de que la asistencia de las partes a las mismas convalide lo actuado sin tal constancia.

Artículo 467.- El dictamen de los expertos deberá rendirse por escrito ante el Juez de la causa o su comisionado, en la forma indicada por el Código Civil. Se agregará inmediatamente a los autos y deberá contener por lo menos: descripción detallada de lo que fue objeto de la experticia, métodos o sistemas utilizados en el examen y las conclusiones a que han llegado los expertos.

El articulado transcrito anteriormente contiene las reglas generales que rigen la promoción y evacuación de la prueba de experticia en el proceso civil, de cuyo texto se colige el control que sobre el referido medio de prueba deben ejercer el juez como director del proceso y las partes a los fines de obtener el dictamen de personas con conocimientos especiales, ya sean científicos, artísticos, técnicos o prácticos, del cual se servirá el juez al hacer la valoración técnica de los hechos sobre los cuales debe dictar la decisión correspondiente.

Al respecto, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 259 de fecha 18 de octubre de 2001, señaló lo siguiente:

Pues bien, en el caso bajo análisis, se observa ciertamente que la recurrida incurrió en el vicio de indefensión por reposición no decretada, toda vez que si bien es cierto que la parte demandante en tiempo hábil y oportuno desconoció los instrumentos privados llevados a juicio por la demandada, los cuales no son otras, que las planillas contentivas de las liquidaciones que se le hicieran al accionante en diversos años, también es cierto que la accionada en momento oportuno, como consecuencia del desconocimiento, insistió en la validez de los mencionados instrumentos, promoviendo la correspondiente prueba de cotejo, a la vez que señaló como documentos indubitados para la realización de la posterior experticia, el libelo de la demanda y el instrumento poder suscrito entre el ciudadano actor y su apoderado. La obligación del juez en el proceso era que posteriormente a la promoción de dicha prueba, se le admitiera o no, para que en consecuencia se procediera a la evacuación de la misma previo nombramiento de los expertos. (Resaltado propio).

(Expediente N° 01-316.)

Ahora bien, en el caso de autos se aprecia de la revisión de las actas procesales lo siguiente:

- La representación judicial de la parte demandante mediante escrito de fecha 02 de junio de 2014 corriente al folio 63 promovió pruebas, señalando en el particular primero de dicho escrito lo siguiente: