Decisión nº 4 de Juzgado Superior Segundo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescen de Tachira, de 23 de Septiembre de 2016

Subieron las presentes actuaciones a esta alzada en virtud de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del ciudadano J.P.R., parte demandante, contra la decisión de fecha 29 de enero de 2015 dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

Se inició el juicio por demanda interpuesta en fecha 2 de diciembre de 2013 por el ciudadano J.P.R., asistido por el abogado L.A.F.G., contra el ciudadano R.J.D.V.C.R., por cumplimiento de contrato de opción de compraventa, en la que manifestó:

Que en agosto del año 2013 buscando por Internet un apartamento para comprarlo, se estaba ofreciendo uno en el mismo edificio en donde reside con su esposa, prolongación de la carrera 12 de La Concordia, sector Los Alticos, Edificio El Junco por Bs. 2.100.000,00, siendo su anunciante el señor R.J.D.V.C.R., titular de la cédula de identidad N° V- 12.814.640, con quien se puso en contacto para verlo, siendo atendido por una señora que presume es la pareja del anunciante, quien le dijo que si adquirían el apartamento le dejarían las cortinas, algunas lámparas, los aparatos de aire acondicionado, la cocina a gas, el horno eléctrico y el tanque de agua vertical cilíndrico con su bomba. Que a los pocos días volvió para manifestarle su interés por comprar el apartamento, siendo atendido por el propietario. Que le ofreció la cantidad de US $ 45.000,00, pero él dijo que se lo vendía por US$ 50.000,00 (para ese momento el dólar paralelo se encontraba en Bs. 40,00 c/u); por lo que no llegaron a ningún acuerdo en cuanto al precio. Que luego volvió para ofrecerle Bs. 2.000.000,00, cuya oferta fuera aprobada por el propietario acordando suscribir un documento de opción de compra con un adelanto como arras de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00), y un plazo de cuarenta y cinco (45) días continuos para desocupar el apartamento, lo cual éste aceptó. Que allí le dijo que el apartamento estaba hipotecado por setenta mil bolívares (Bs. 70.000,00) con el Banco Mercantil, C.A., pero que con el dinero de las arras pagaría la hipoteca, acordándose igualmente que a la entrega del apartamento, lo fuera libre de deudas de servicios públicos, condominio e impuestos municipales y él le respondió que no había ningún problema, observando que en la cartelera del edificio aparecía una deuda de doce mil quinientos bolívares (Bs. 12.500,00) correspondiente al condominio acumulado de varios meses. Que el 9 de septiembre de 2013 el ofertante le envió vía email copia del documento de propiedad del apartamento, de su cédula de identidad y del RIF para la elaboración del documento de opción de compraventa; y que el 26 de dicho mes y año él le transfirió dos depósitos a su cuenta bancaria, cada uno por cincuenta mil bolívares (Bs. 50.000,00) conforme a lo acordado, y el 30 de septiembre siguiente, ambos firmaron el documento de opción de compra en donde quedó plasmado que a partir de ese momento comenzaban a transcurrir los cuarenta y cinco (45) días continuos convenidos para la entrega del apartamento; pero que en ese mismo momento, R.J.D.V.C.R. le pidió unos pocos días más para poderse mudar, acordándose hasta el día 1º de diciembre de 2013 como fecha tope en la cual le entregaría el apartamento. Que al regreso de un viaje que hizo con su esposa, el día lunes 11 de noviembre de 2013 en horas de la mañana subió al apartamento, y no encontrándose el oferente le notificó a su pareja que en el transcurso de esa semana le depositaría la diferencia pendiente de un millón novecientos mil bolívares (Bs. 1.900.000,00). Que pasados unos 20 minutos recibió un mensaje telefónico de texto de Da V.C.R. en donde le decía que a la 1:30 de la tarde hablarían, pero no acudió a la hora indicada. Que siendo las 9:30 p.m. de ese mismo día se presentó para decirle que el cuñado de su mujer había vendido la casa que le había ofrecido a él, y lo estaba esperando que llegara de un viaje a fin de determinar si iba o no el negocio, a quien le respondió que tenía que cumplirse porque él tenía el dinero y ese era el compromiso, repitiéndole éste que tenía que esperar a su cuñado para decidir lo del depósito del saldo o no. Que el 14 de noviembre siguiente, fecha en la cual se cumplían los 45 días acordados para hacerle el depósito del saldo del precio acordado en el documento de opción de compra, éste se presentó nuevamente diciéndole que el cuñado de su mujer le confirmó que sí había vendido la casa, y que por eso no podía vender el apartamento, a quien le respondió no creerle lo dicho, insistiéndole en la obligación de cumplirle la venta conforme a lo establecido en el documento que firmaron, ante lo cual éste se retiró sin despedirse, y hasta el día de hoy no ha vuelto a saber de él, no cumpliendo lo pactado en dicho documento, el cual anexó en un folio útil marcado con la letra “A”. Que como se desprende del mencionado contrato, procedió de buena fe y creyó que estaba realizando una negociación seria y cierta, sin pensar que podía ser defraudado por el vendedor. Que una vez firmado el contrato, el vendedor le dijo que comenzaría a realizar los trámites para la venta. Que todo marchaba de la mejor manera y por eso le pagó la suma de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00) mediante las transferencias a la cuenta del Banco Mercantil, C. A. a nombre de R.J.D.V.C.R., venezolano, soltero y con cédula de identidad N° V-12.814.640. Que tal situación lo mantiene en un perenne estado de nerviosismo y alteración, lo que le ocasiona graves daños de carácter patrimonial y moral, cuya reparación debe hacerse mediante satisfacción, es decir, acordando una suma de dinero como víctima del agravio para compensar el sufrimiento moral con un goce pecuniario equivalente. Que el incumplimiento por parte del promitente vendedor ha sido intencional, doloso, culposo, sin importarle los daños económicos y morales que con su conducta fuera de la ley le ha causado. Que el instrumento fundamental de la demanda lo constituye un contrato perfeccionado de compraventa, donde se entrelazaron las voluntades con el consentimiento legítimo manifestado, uno de comprar y el otro de vender el inmueble en cuestión, fijándose el precio y pagando en los términos del contrato. Que de conformidad con el artículo 1.527 del Código Civil la obligación principal del comprador es pagar el precio, lo cual ya hizo en parte de acuerdo al contrato, y la del vendedor es transferir la propiedad, lo cual el promitente vendedor no ha hecho, incumpliendo lo establecido en la cláusula primera del contrato. Que por tales razones se ve en la necesidad de demandar al ciudadano R.J.D.V.C.R., para que convenga, o en su defecto sea condenado en lo siguiente: Primero: El cumplimiento del contrato de promesa bilateral de compraventa suscrito y proceda a materializar la venta, o en su defecto a ello sea condenado por el Tribunal. Segundo: Aceptar la nulidad absoluta de cualquier negocio jurídico efectuado, si lo hubiere, sobre el apartamento que le fuera dado en opción de compra. Tercero: Reintegrarle a su patrimonio el referido inmueble y aceptar que el monto adeudado es la suma de un millón novecientos mil bolívares (Bs. 1.900.000,00). Cuarto: Que las cantidades que definitivamente sea condenado a pagar por los daños demandados sean sometidas a la corrección monetaria conforme al Índice de Precios al Consumidor. Quinto: El pago de las costas y costos procesales que desde ya protesta.

Estimó la demanda en dos millones quinientos mil bolívares (Bs. 2.500.000,00), equivalentes a veintitrés mil trescientos sesenta y cuatro con cuatrocientos ochenta y cinco unidades tributarias (23.364.485 U.T.). Acompañó con la demanda los siguientes documentos: el contrato de opción de compraventa; la notificación de transferencias efectuadas a la cuenta del demandado en el Banco Mercantil, C. A; copia fotostática simple de documento de propiedad del apartamento, registrado en la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira en fecha 18 de julio de 2005, Matrícula 2005-LRI-T33-12; y fotocopia de la cédula de identidad y RIF del demandado. Solicitó decreto de prohibición de enajenar y gravar dicho inmueble con fundamento en la presunción de buen derecho (fumus bonis iuris), el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y el temor fundado de que se le cause otras lesiones de difícil reparación (periculum in damni); y que en la definitiva fuera declarada con lugar (fs. 1 al 15, con anexos de los folios 16 al 40)

Por auto de fecha 9 de diciembre de 2013, el Juzgado a quo admitió la demanda y acordó el emplazamiento del demandado para la contestación de la misma. Con respecto a la cautelar ordenó la apertura del cuaderno de medidas (f. 42).

A los folios 44 al 47 rielan actuaciones relacionadas con la citación del demandado, la cual fue debidamente cumplida.

En fecha 14 de enero de 2014, el abogado L.A.F.G. consignó poder judicial que le fuera conferido por el ciudadano J.P.R. por ante la Oficina Notarial Segunda de San Cristóbal, en fecha 3 de diciembre de 2013. (fs. 42 al 52)

Mediante diligencia de fecha 5 de febrero de 2014, el ciudadano R.J.D.V.C.R. confirió poder apud acta a los abogados J.G.C.N., G.E.D.R. y M.G.G.B.. (fs.53 al 54)

En fecha 6 de febrero de 2014 el prenombrado J.G.C.N., con el carácter enunciado, opuso la cuestión previa contemplada en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 2° del artículo 340 eiusdem, por omisión del domicilio procesal del demandante, y el carácter de ambas partes en el proceso, siendo éstos, a su decir, requisitos de imperativo cumplimiento. (f. 56)

A los folios 65 al 70 corre inserta decisión interlocutoria de fecha 3 de abril de 2014 dictada por el a quo, en la que declaró debidamente subsanada la cuestión previa opuesta, instando al demandado a dar su contestación dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que constare en autos la última notificación que de las partes se hiciere de dicha decisión.

Por diligencia de fecha 7 de abril de 2014 el apoderado judicial del demandante se dio por notificado de la precitada decisión y solicitó se librara boleta de notificación al demandado (f. 71). Por auto de fecha 8 de abril de 2014 fue librada dicha boleta, conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil (fs. 72 y 73). A los folios 76 y 77 corre inserta actuación relacionada con la notificación del demandado.

En fecha 6 de mayo de 2014 la representación judicial del demandado dio contestación a la demanda, la cual contradijo en parte, conviniendo en lo siguiente: Que es totalmente cierto que el demandante y su poderdante suscribieron un contrato sobre un inmueble, cuya ubicación, linderos, medidas y demás especificaciones constan en el instrumento privado anexo al escrito de demanda, el cual desconoce “en su contenido”. Que es cierto que el precio fijado en el mismo fue la cantidad de dos millones de bolívares (Bs. 2.000.000,00), de los cuales su mandante recibió en calidad de arras la suma de cien mil bolívares (Bs. 100.000,00), quedando un saldo de un millón novecientos mil bolívares (Bs. 1.900.000,00) que serían pagados en un lapso de cuarenta y cinco (45) días “contados a partir de la protocolización de documento privado suscrito”. Que lo que no es cierto y es totalmente falso, es la fecha que al final del instrumento privado consta como la de celebración de la convención, ya que dicho instrumento fue alterado y/o forjado parcialmente en su contenido final por el demandante. Que dicha fecha fue colocada descaradamente a mano en tinta y no como el resto del contenido, que es hecho en computadora, para simular un hecho y darle apariencia de verdadero, constituyendo un delito previsto y sancionado en el Código Penal en su artículo 321, con pena de prisión de 6 a 18 meses. Que cuando el demandante transcribe íntegramente dicho contrato privado y cierra el mismo con las palabras, “Así lo decimos en la ciudad, San Cristóbal, a la fecha de su presentación”, no se indica el estado y da a entender que dicho instrumento requería de la autorización de un funcionario competente e igualmente, no señala la fecha de celebración. Que de su contenido no se puede saber si es un contrato de opción a compra o una promesa bilateral de compra-venta, donde los efectos jurídicos de ambas son totalmente opuestos. Que en la primera se permite resolver la relación contractual en forma unilateral con el pago de una penalidad; y en la segunda se persigue el cumplimiento de lo convenido mediante el pago total de la obligación y ésta no se cumplió por parte del demandante. Que como prueba de lo anteriormente alegado, anexa a la reconvención que hará, el original duplicado del documento en posesión de su representado, el cual se aceptó en forma simultánea entre ambas partes contratantes. Que es totalmente falso que la operación fuera en dólares, ya que la única moneda válida para realizar cualquier operación o transacción pecuniaria es exclusivamente el bolívar. Que existiendo un control cambiario desde hace tantos años en nuestro país, la sorprendente e inaudita confesión espontánea en que incurre el demandante, lo cataloga y encuadra en la presunta comisión de un indudable ilícito cambiario en grado de tentativa y legitimación de capitales. Que es imprescindible resaltar la verdadera condición del inmueble y el estado civil del demandado, ya que si bien es cierto que su poderdante es el propietario del inmueble objeto de la demanda, es vital señalar que éste se encuentra actualmente gravado con una hipoteca de primer grado a favor de una institución financiera, vale decir, el Banco Mercantil, quien le otorgó el crédito o empréstito para poder materializar su adquisición. Que dicho apartamento se encuentra actualmente arrendado desde hace más de dos años; y que en tercer lugar, es fundamental señalar que su representado y demandado es de estado civil casado. Que dichas circunstancias no eran, ni son desconocidas para el demandante, quien se presenta como una presunta víctima avasallada por un oportunista de turno, lo cual es totalmente falso. Que lo que realmente se otorgó fue una simple opción en la que evidentemente el demandante nunca cumplió los lapsos acordados inicialmente, ni con los pagos convenidos. Que si bien es cierto, hizo una transferencia por Bs. 100.000,00 lo fue tiempo después de lo pactado o convenido. Que se expone así en el libelo para crear unos presuntos derechos contractuales que son inexistentes, y peor aún, el demandante para darle visos de incumplimiento al contrato, de manera dolosa, maquiavélica e ilegalmente audaz estampa una presunta fecha (inexistente), como ya se señaló, de su puño y letra para darle lapso ó término a la estipulación contractual, cuyo contenido instrumental fue redactado por un familiar suyo (yerno), el Dr. R.F.. Que si hubiere existido la real intención de compra por parte del Sr. Paolini, éste hubiese transferido o depositado el remanente del precio de millón novecientos mil bolívares (Bs. 1.900.000,00) por pagar, a la cuenta del demandado y si no lo hubiere podido hacer así, realiza la correspondiente oferta real de pago; y que por ello se infiere que el primero en incumplir el elemento fundamental del contrato de compraventa fue éste, así como tampoco cumplió con el término, lapso, fecha, tiempo, etc., el cual nunca se estableció contractualmente (aunque sí verbalmente con mucho tiempo de antelación). Que hay una recreación imaginaria de una negociación que jamás se dio en los términos que expresa el demandante. Que dicho inmueble se encontraba hipotecado y alquilado, y se le dejó suficientemente claro las circunstancias que implicaban la negociación en lo que respecta a la liberación del gravamen y el derecho de preferencia que detenta el arrendatario, quedando muy claro que se debían respetar los derechos insoslayables de los arrendatarios, para lo cual se realizaría la oferta establecida conforme a la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Que es confesión espontánea del demandante el hecho de conocer que su representado es casado, lo cual se evidencia de su relato en el libelo, al decir que en varias oportunidades habló con la esposa de éste para tratar la situación, como será demostrado en la fase probatoria, trayendo como consecuencia la existencia de una cónyuge dentro de la presente relación contractual, quien nunca manifestó su consentimiento ni ha sido ni fue demandada en el presente juicio, situación que atenta gravemente contra su derecho a la defensa, ante lo cual se pudiera proferir una decisión que afecte, menoscabe y soslaye sus derechos, acciones e intereses dentro de la comunidad conyugal. Que denuncia un pretendido fraude procesal ya que el demandante, para obtener una decisión rápida se sustrae de citar a la cónyuge, al Banco acreedor hipotecario y al actual poseedor o arrendatario del inmueble objeto de la acción ocultando todas esas circunstancias para simplificar el proceso y lograr adecuación a sus intereses. Que la cualidad de único propietario que se le atribuye a su poderdante es absolutamente falsa, ya que existe una sociedad conyugal y la esposa es también detentadora de la titularidad en propiedad y tiene carácter de copropietaria sobre el bien objeto de la litis, concluyendo en que es ineludible y forzosa la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario; y que dada la naturaleza de la defensa de fondo opuesta y su trascendencia, la presente acción debe ser declarada sin lugar, lo cual solicita como excepción perentoria de previo pronunciamiento.

Seguidamente plantea reconvención o mutua petición, en los términos siguientes: Que “… sin mencionar el estado, ni fecha de celebración de un contrato de opción a compra privado, … suscrito por mi representado y el ciudadano J.P.R.,…, parte reconvenida, sobre un apartamento, signado con el N° 4-A., cuarta planta de Residencias EL JUNCO, cuyas características se encuentran descrita, en dicho instrumento,…. Cuyos (sic) datos de adquisición y de condominio se encuentran señalados en el documento privado ya citado…, el cual se aceptó en forma simultánea entra ambas partes contratantes”. Que “… dicha negociación de opción a compra fue la cantidad en dinero de BOLIVARES (sic) DOS MILLONES (Bs.2.000.000,00) de los cuales la parte reconvenida pago (sic) la suma de BOLIVARES (sic) CIEN MIL (Bs. 100.000,00) en arras y el saldo de BOLIVARES (sic UN MILL0N (sic) NOVECIENTOS MIL (Bs. 1.900.000,00), serían pagados en un lapso de 45 días, contados a partir de la protocolización de la venta definitiva, documento este, que jamás introdujo la parte reconviniente en el respectivo registro”. Que “Dado en que el contrato privado suscrito por las partes, es un contrato de opción a compra, sobre el bien inmueble ya descrito, ya que se recibió una cantidad de dinero por concepto de arras”. Que “existen dos tipos de arras; a) La (sic) arras confirmatorias y b) La (sic) arras penitenciales. Siendo las primeras las que se dan en señal de conclusión de un contrato, dando firmeza al contrato y siendo las penitenciales, concediéndose la voluntad de retratarse (sic), perdiendo el que las dio o devolviendo dobladas si el que desiste es el que recibió la (sic) arras, conforme al artículo 1.263 del Código Civil y en este caso es culpa imputable al reconvenido J.P.R. no haberse llevado a término la negociación ya que nunca cumplió con el pago del precio remanente, ni llevó el documento definitivo junto con sus recaudos al respectivo Registro para la formalización de la venta definitiva”. Que “Conforme a la resolución (sic) No. 11, artículo 2, del Despacho de Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder Popular Para la Vivienda y Hábitat, de fecha 05 de febrero de 2013, solo (sic) se podrá retener el diez por ciento (10%) de dichas arras dadas”. Que “Por todo lo antes expuesto, es que procede a reconvenir la RESOLUCIÓN del contrato privado de opción a compra ya descrito, suscrito entre las partes…, conforme al artículo 1.167 del Código Civil y devolver las arras recibidas, menos el 10% de las mismas (retener dicho porcentaje), es decir, la suma a restituir al RECONVENIDO es la cantidad de BOLIVARES (sic) NOVENTA MIL (Bs. 90.000,00)”. Estimó la reconvención en la cantidad de cuatrocientos mil bolívares (Bs. 400.000.00), señalando su equivalencia en 3.149.60 unidades tributarias.

Por auto del 13 de mayo de 2014 fue admitida la reconvención, fijándose el quinto día de despacho siguiente para que el reconvenido diera su contestación (f. 85); y por diligencia de fecha 15 de mayo de 2014, el apoderado judicial del demandante reconvenido señaló que por cuanto el reconviniente desconoció el contrato suscrito por ambas partes, insiste en hacerlo valer y promueve la prueba de cotejo, indicando al efecto como instrumentos indubitados el poder apud acta (fs. 53 al 55), firmado por éste; el documento protocolizado en el Registro Inmobiliario del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, inscrito bajo matrícula 2005-LRI-T33-12 en fecha 18 de julio de 2005, anexado al Cuaderno de Medidas, folios 21 al 30; y el original duplicado del contrato objeto de la demanda, inserto a los folios 83 al 84. Solicitando fuera fijada la oportunidad para nombrar a los expertos grafotécnicos (fs. 87 y 88).

Por auto de fecha 19 de mayo de 2014, el a quo fijó para el segundo día de despacho siguiente, el acto de nombramiento de expertos, indicando que el lapso para evacuar dicha prueba es el previsto en el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil de 8 días de despacho (f. 89).

En fecha 20 de mayo de 2014 el apoderado judicial del demandante reconvenido dio contestación a la reconvención en los términos siguientes: Rechazó y contradijo la reconvención por ser ciertos los hechos alegados y el derecho invocado en la demanda. Contradijo, rechazó y negó la reconvención, por tergiversarse los hechos y el derecho alegados, teniendo como objeto una táctica dilatoria para entorpecer el proceso, violando los principios de probidad y lealtad contenidos en el artículo 170 de la Ley adjetiva. Que no es cierto que la culpa de no haberse llevado a término la negociación sea imputable a su mandante por no haber llevado el documento definitivo junto con sus recaudos al Registro Inmobiliario, ya que en la cláusula quinta del contrato se estipula que es el promitente vendedor el obligado a ello, debiendo solicitar y obtener la liberación del gravamen que pesa sobre el inmueble. Que las partes manifestaron su mutuo consentimiento en el objeto del contrato, en el precio y su forma de pago, circunstancias estas que configura la compraventa, sin necesidad de la celebración de un contrato ulterior para su perfeccionamiento, razón por la cual la sola celebración de la promesa bilateral de compra venta equivale a la venta definitiva y perfecta. Que el incumplimiento del vendedor es intencional, doloso, culposo, con lo cual le ha ocasionado y le sigue ocasionando a su mandante, daños económicos y morales. Que de la lectura del escrito de reconvención se evidencia que el mismo no cumple con los extremos del artículo 340, numerales 4°, 5°, 6° del Código de Procedimiento Civil, toda vez que al tratarse de una demanda con carácter autónomo, debe bastarse a sí misma. Que no se describió el objeto de la pretensión, como lo exige el ordinal 4° del mencionado artículo 340; que tampoco se cumplió con lo previsto en el numeral 5° eiusdem, al no expresar con claridad la relación de hechos y de derecho, exigidos en la decisión de la Sala Constitucional en la sentencia del 10 de diciembre de 2009 (Exp. N° 08-06638, Rec. Rev N° 1722). Que el reconviniente siempre se ha hecho pasar por soltero, tanto en la contestación de la demanda, como en el contrato de opción a compra-venta, incluso cuando otorgó el poder apud acta identificándose ante la Secretaria como soltero con una copia de su cédula de identidad que anexó con el escrito de reconvención, para luego alegar que es de estado civil casado, por lo que le solicitó a la Juez formular la denuncia ante el Ministerio Público y se determine las responsabilidades a que haya lugar por el delito de perjurio y fraude previsto y sancionado en los artículos 249 y 463 del Código Penal. Por último, pidió se declare sin lugar la reconvención, ya que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil preceptúa que “Los jueces no podrán declarar con lugar la demanda, sino cuando a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados por ella. En caso de duda, sentenciará a favor del demandado…” (fs. 90 al 103).

Llegado el día y hora fijados para el nombramiento de expertos, 21 de mayo de 2014, y anunciado como fuera en la puerta del Juzgado a quo, compareció el apoderado judicial de la parte actora reconvenida, dejando constancia de que la parte demandada no compareció por sí ni por medio de apoderado, proponiendo el compareciente al experto F.E.M.G., de quien presentó carta de aceptación al cargo. Asimismo, el Tribunal nombró por la parte demandada al experto A.J.L.S., y por el Tribunal al experto P.L. a quienes acordó notificar a los fines de su aceptación o excusa, con excepción del primero, de quien recibió la carta de aceptación, ordenando agregarla a los autos (fs.104 y 105).

En fecha 26 de mayo de 2014 se libraron las boletas de notificación, siendo cumplidas (fs. 106 al 111); y por diligencia de fecha 30 de mayo de 2014, los expertos P.W.L. y A.J.L.S. aceptaron el cargo, siendo juramentados en fecha 5 de junio de 2014, solicitando un lapso de 10 días de despacho para consignar el informe correspondiente (fs. 112-113).

En fecha 9 de junio de 2014, el apoderado judicial del demandante reconvenido revocó el nombramiento del experto F.E.M.G. y solicitó que conforme al artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, se revoque a los designados por el Tribunal, solicitando se oficiara al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) a los fines de que dicho organismo designe a un experto para tal fin, ya que su representado no cuenta con los medios económicos suficientes para sufragar su coste, siendo que los honorarios pretendidos por los designados (30% de la estimación de la demanda) son muy elevados y sobrepasan los límites de la Ley de Arancel Judicial (fs. 114 al 117).

En fecha 10 de junio de 2014, el apoderado judicial de la parte demandante reconvenida consignó escrito de promoción de pruebas con anexos (fs.118 al 131, con anexos a los fs. 132 al 142); y el 12 del mismo mes y año lo hizo la parte contraria (fs.143 al 144); siendo agregados por auto del 13 de junio de 2014 (f. 145).

Por auto de fecha 16 de junio de 2014 el a quo revocó el nombramiento de los expertos designados y acordó oficiar al C.I.C.P.C. solicitando que dicho organismo de investigación designara a un experto para realizar la prueba de cotejo promovida (f. 147 al 150).

Por auto de fecha 20 de junio de 2014 fueron admitidas las pruebas promovidas por ambas partes, a reserva de su apreciación en la definitiva, disponiendo respecto a las pruebas del demandante, la citación personal del demandado reconviniente para absolver las posiciones juradas solicitadas, y recíprocamente para que hiciera lo propio el demandante reconvenido, en los días de despacho y horas allí indicados, librándose boleta de citación. De igual modo, acordó oficiar al Registro Inmobiliario del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, a la Junta de Condominio del Edificio El Junco del cual forma parte el apartamento objeto de la controversia, a la Alcaldía del Municipio San C.d.E.T., al Banco Mercantil, C. A. y a la empresa Rentables, C. A., solicitando la información indicada en las respectivas comunicaciones. En relación a las testimoniales promovidas por el demandante reconvenido, se fijó el tercer día de despacho siguiente para el examen de los testigos R.A.F.A., J.J.F.C. y L.M., respectivamente; y en cuanto a las testimoniales promovidas por el demandado reconviniente, se fijó el cuarto día de despacho siguiente para oír el testimonio de Á.A.H.V., J.D.S.M. e I.Y.O.R. respectivamente (fs. 156 al 163).

A los folios 164 al 166, 167 al 168, 169 y 171 al 174 corren insertas las testimoniales de los ciudadanos R.A.F.A., J.J.F.C., L.M., J.D.S. e Y.Y.O..

Designada como fuera por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) la ciudadana Inspectora Heiky Q.P. para realizar la experticia grafotécnica promovida, ésta presentó constancia de su designación y aceptación, solicitando del a quo fijar la oportunidad para su juramentación, la cual se llevó a cabo el 23 de julio de 2014. (fs.175 al 177 y 182)

Por auto de fecha 30 de julio de 2014 fue agregado el informe grafotécnico rendido por la experta, constante de tres (3) folios, recibido el 29 de julio de 2014, procedente del Laboratorio Criminalístico Táchira, C.I.C.P.C. (fs. 185 al 188).

En fecha 1º de agosto de 2014, la parte demandada reconviniente consignó escrito de evacuación de pruebas (f. 191, con anexos a los fs.192 al 205); el cual fuera declarado extemporáneo por el a quo según auto del 4 del citado mes y año (f.196).

A los folios 207 al 215 corren insertas las posiciones juradas de ambas partes; y a los folios 221 al 239 rielan sendos informes presentados por ante el a quo. En fecha 16 de octubre de 2014 la demandada consignó escrito de observaciones a los informes de la parte contraria en dicha instancia (fs. 240 al 241).

A los folios 243 al 267 riela la decisión de fecha 29 de enero de 2015 relacionada al comienzo de la presente narrativa.

Mediante diligencia de fecha 3 de febrero de 2015, el apoderado judicial del demandante apeló de la referida decisión, siendo ésta oída en ambos efectos por auto del 9 del mismo mes y año, acordando remitir el expediente al Juzgado Superior en funciones de distribución (fs. 268 al 269).

En fecha 9 de marzo de 2015 se recibieron las presentes actuaciones en este Juzgado Superior, como consta en nota de Secretaría; y por auto de la misma fecha se le dio entrada e inventario (fs. 271- 272).

En fecha 15 de abril de 2015, el apoderado judicial del demandante reconvenido consignó escrito de informes, en el cual manifestó entre otros, lo siguiente: Que en el documento de compra del apartamento objeto de la controversia protocolizado en fecha 18 de julio de 2.005, el demandado se encuentra identificado como de estado civil soltero, e igualmente en su cédula de identidad, y siempre se ha identificado como de tal estado civil, incluso por ante el a quo en el acto de las posiciones juradas, en la contestación de la demanda, en la reconvención, en el poder, viniendo a alegar que era casado en el escrito de promoción de pruebas. Que nunca demostró ser de estado civil casado, haciéndolo en la mencionada oportunidad pretendiendo incluir el bien objeto de la demanda como de una comunidad conyugal. Que en cualquier caso es incierto el consentimiento de la cónyuge para la enajenación del bien objeto del presente juicio, ya que fue adquirido antes de contraer el supuesto matrimonio y por tal razón, nunca ha pertenecido a la comunidad de gananciales, siendo de su exclusiva propiedad, con plena facultad y derecho para disponer del mismo a tenor del artículo 154 del Código Civil, con exclusión del supuesto litis consorcio pasivo necesario, por lo que la cónyuge carece de legitimatio ad causam, y sin capacidad para ser traída al presente proceso. Que por todo ello, la recurrida no debió establecer la existencia de un litis consorcio pasivo necesario, ni la necesidad de que la cónyuge deba ser traída al juicio, declarando inadmisible la demanda.

Que en cuanto a la reconvención o mutua petición, dicha acción constituye un recurso que el legislador estimó conveniente, debiendo precisarse claramente el objeto y sus fundamentos, por constituir una acción autónoma y con cuantía propia que debe cumplir los requisitos contemplados en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Que la sentencia apelada no contiene materialmente ningún razonamiento de hecho o de derecho en que pueda sustentarse el dispositivo, ya que los pocos motivos expresados son vagos, generales, inocuos e ilógicos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el a quo para dictarla. (fs. 273 al 294, con anexos de los fs. 295 al 347).

En la misma fecha la representación judicial del demandado reconviniente consignó escrito de informes, señalando, entre otros: Que la legitimación a la causa en el presente juicio corresponde a su representado y a su cónyuge, por existir un litis consorcio pasivo necesario. Que se trata de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley le concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo. Que su estado civil de casado no era desconocido por el demandante. Que el acta de matrimonio fue promovida y evacuada en la oportunidad correspondiente, y a fines de ratificar dicha probanza consignó en copia certificada el acta N° 387 del año 2005 emanada del Registro Civil del Municipio San Cristóbal, Parroquia La C.d.E.T., en la que consta el matrimonio civil celebrado entre su representado y E.J.C.C. (fs. 348 al 353, con anexos de los fs. 354 al 357)

Ninguna de las partes presentó observaciones a los informes.

En fecha 5 de junio de 2015 el apoderado judicial del demandante consignó escrito en el cual reiteró que la sentencia apelada adolece de una inusual situación, como lo es la carencia de motivación; y que si la demanda fue declarada inadmisible, su poderdante no debió ser condenado en costas. (fs. 361 al 362 con anexos de los fs. 364 al 426)

II

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La materia sometida al conocimiento de esta alzada versa sobre la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandante contra la decisión de fecha 29 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de esta Circunscripción Judicial, en la que declaró:

PRIMERO, CON LUGAR LA FALTA DE CUALIDAD DE LA PARTE DEMANDADA PARA SOSTENER EL JUICIO por existir un LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO conforme el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO, INADMISIBLE LA DEMANDA intentada por el ciudadano J.P.R., … en contra de R.J. (SIC) DA V.C.R.,… por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

TERCERO, Se condena en costas a la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil (f. 267).

PUNTO PREVIO

FALTA DE CUALIDAD DEL DEMANDADO

El apoderado judicial del demandado, al dar contestación a la demanda en escrito de fecha 6 de mayo de 2014 (fs. 78 al 84), opuso como defensa de fondo su falta de cualidad e interés en sostener la presente causa, aduciendo que es de estado civil casado y que el actor no incluyó como demandada a su cónyuge, quien tiene carácter de copropietaria sobre el bien objeto de la litis, existiendo un litis consorcio pasivo necesario.

Conforme a lo expuesto, pasa esta alzada a determinar si el demandado tiene o no cualidad e interés por sí solo para sostener el juicio (sin necesidad de la presencia de su cónyuge), para lo cual hace las siguientes consideraciones:

La cualidad o legitimatio ad-causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar. Así, la cualidad viene dada por la afirmación de titularidad de un interés jurídico propio y que por ende tiene legitimación para hacerlo valer en juicio, y el órgano jurisdiccional debe emitir su pronunciamiento de mérito.

Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 258 del 02 de junio de 2011, estableció lo siguiente:

Por otra parte, cabe señalar que la legitimatio ad causam es uno de los elementos que integran los presupuestos de la pretensión, entendidos éstos como los requisitos para que el sentenciador pueda resolver si el demandante tiene el derecho a lo pretendido, y el demandado la obligación que se le trata de imputar.

H.D.E., en su Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I. Editorial Temis. Bogotá. 1961. Pág. 489, define en los siguientes términos el significado de la legitimación a la causa:

Al estudiar este tema se trata de saber cuándo el demandante tiene derecho a que se resuelva sobre las determinadas pretensiones contenidas en la demanda y cuándo el demandado es la persona frente a la cual debe pronunciarse esa decisión, y si demandante y demandado son las únicas personas que deben estar presentes en el juicio para que la discusión sobre la existencia del derecho material o relación jurídica material pueda ser resuelta, o si, por el contrario, existen otras que no figuran como demandantes ni demandados.

Se trata pues, de una valoración que debe realizar el sentenciador sobre la pretensión, para poder proveer sobre la petición en ella contenida. Así, señala el autor antes citado:

Como se ve, la legitimación es, en realidad, un presupuesto de la pretensión contenida en la demanda, entendiendo el concepto en su verdadero sentido; es decir, que sea procedente la sentencia de fondo. Forma parte de la fundamentación de la demanda en sentido general, pero si falta es más apropiado decir que ésta es improcedente, porque así se da mejor idea de la situación jurídica que se presenta; no procede entonces resolver sobre la existencia del derecho o relación jurídica material, y el juez debe limitarse a declarar que está inhibido para hacerlo. Y se debe hablar de demanda infundada, cuando no se prueba el derecho material alegado o cuando aparezca una excepción perentoria que lo desvirtúe o extinga.

(Vid. H.D.E.. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial T.1. pág. 539)

De igual modo, el insigne Maestro L.L. nos indica en su conocida obra “Ensayos Jurídicos. Contribución al estudio de la excepción de la inadmisibilidad por falta de cualidad” que: “…La demanda judicial pone siempre en presencia del órgano jurisdiccional dos partes y nada más que dos: la actora y la demandada (Principio de bilateralidad de las partes). Con el tribunal, ellas constituyen los sujetos de la relación procesal. Es de importancia práctica capital determinar con precisión quiénes han de integrar legítimamente la relación procesal. Desde el punto de vista del actor y del demandado, el criterio que fija esa determinación es el que deriva de la noción de cualidad… Cuando se pregunta: ¿quién tiene cualidad para intentar y sostener un juicio determinado?, se plantea la cuestión práctica de saber qué sujetos de derecho pueden y deben figurar en la relación procesal como partes actora y demandada. La teoría procesal sobre la cualidad tiene por contenido y finalidad resolver el problema fundamental que consiste en saber quiénes son, en un proceso, las partes legítimas…”.

La legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por determinación de la ley, para que en condición de demandante, se resuelva sobre su pretensión, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse. En palabras del eminente procesalista J.G.:

…es la consideración especial en que tiene la ley, dentro de cada proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto del litigio, y en virtud de la cual exige, para que la pretensión procesal pueda ser examinada en cuanto al fondo, que sean dichas personas las que figuren como partes en tal proceso

(Vid. J.G., Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. Gráficas González. Madrid. 1961. pág. 193).

De allí que, la falta de cualidad o legitimación ad causam (a la causa) es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1930 del 14 de julio de 2003, expediente N° 02-1597, caso: P.M.J.), por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia ésta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 3592 del 6 de diciembre de 2005, expediente N° 04-2584, caso: C.E.T.A. y otros, ratificada en sentencias números 1193 del 22 de julio de 2008, expediente N° 07-0588, caso: R.C.R. y otros y 440 del 28 de abril de 2009, expediente N° 07-1674, caso: A.A.J. y otros).

Tales criterios vinculantes de la Sala Constitucional fueron acogidos por esta Sala de Casación Civil en sentencia N° 462 del 13 de agosto de 2009, expediente N° 09-0069, caso: B.P.Q. c/ Inversiones Plaza América, C.A., ratificada en sentencia N° 638 del 16 de diciembre de 2010, expediente N° 10-203, caso: Inversora H9, C.A. c/ Productos Saroni, C.A., ambas con ponencia de quien suscribe, que aquí se reiteran.

(Expediente N° AA20-C-2010-000400).

Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige que la legitimación a la causa alude a quién tiene derecho, por determinación de la ley, para que en condición de demandante se resuelva sobre su pretensión, y si el demandado es la persona frente a la cual debe sentenciarse.

La legitimación se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, permitiendo al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario, y que no se produzca la contención sino entre quienes existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial. Así, de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, la falta de cualidad o de interés, así como la reconvención, son presupuestos procesales que deben ser opuestos en la contestación de la demanda y decididos con carácter previo en la oportunidad de dictar sentencia de fondo aún cuando ellas puedan obrar contra el derecho de acción.

En el presente caso, a los efectos de determinar la alegada falta de cualidad pasiva, se hace necesario puntualizar en qué consiste el litis consorcio necesario a tenor de lo dispuesto en los artículos 146 y 148 del Código de Procedimiento Civil, los cuales son del tenor siguiente:

Artículo 146.- Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes:

a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa;b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1º, 2º y 3º del artículo 52.

Artículo 148.-Cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de modo uniforme para todos los litisconsortes, o cuando el litisconsorcio sea necesario por cualquier otra causa, se extenderán los efectos de los actos realizados por los comparecientes a los litisconsortes contumaces en algún término o que hayan dejado transcurrir algún plazo.

En la primera de dichas normas se establecen los supuestos en que puede darse el litisconsorcio, previendo que demandantes o demandados conjuntamente se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa.

De igual forma, en la segunda se establecen los efectos de los actos procesales realizados en el caso del litisconsorcio necesario, y el beneficio que reciben los litisconsortes forzosos en caso de contumacia, aprovechando la diligencia de los otros co-litigantes. Asimismo, indica su aplicabilidad cuando la relación jurídica litigiosa haya de ser resuelta de forma uniforme para todos los litisconsortes.

El Dr. Ricardo Henríquez La Roche expresa que el litisconsorcio es necesario “cuando existe una sola causa o relación sustancial con varias partes sustanciales activas o pasivas, que deben ser llamadas todas a juicio para integrar debidamente el contradictorio, pues la cualidad, activa o pasiva, no recae absolutamente en cada una de ellas”. (Instituciones de Derecho Procesal, Ediciones Liber, Caracas, 2005, Pgs. 139 y 140).

De las actas procesales se evidencia que el demandado R.J.D.V.C.R. adquirió el apartamento objeto de la litis en fecha 18 de julio de 2005 (fs. 193 al 201), y que en fecha 15 de octubre de 2005, éste contrajo matrimonio con la ciudadana E.J.C.C., según consta de acta de matrimonio N° 387.2005 (f. 203).

Ahora bien, el artículo 151 del Código Civil establece:

Artículo 151.- Son bienes propios de los cónyuges los que pertenecen al marido y a la mujer al tiempo de contraer matrimonio, y los que durante éste adquieran por donación, herencia, legado o por cualquier otro título lucrativo. Son también propios los bienes derivados de las acciones naturales y la plusvalía de dichos bienes, los tesoros y bienes muebles abandonados que hallare alguno de los cónyuges, así como los vestidos, joyas y otros enseres u objetos de uso personal o exclusivo de la mujer o el marido.

De la referida norma se colige que los bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio, les son propios, así como su plusvalía, entendiéndose por ésta, en opinión del tratadista F.L.H., “…el aumento de valor de un bien cualquiera, determinado como consecuencia del simple transcurso del tiempo o de otras circunstancias extrínsecas más o menos aleatorias, como por ejemplo, la escasez general de bienes de ese tipo. La plusvalía es un simple accesorio del bien que se beneficia con ella y por ende, si éste es propio de uno de los esposos, aquélla sólo beneficia a dicho propietario y esto sucede en forma absolutamente lucrativa” (LÓPEZ HERRERA, Francisco, Derecho de Familia, Tomo II. Segunda Edición, Banco Exterior y UCAB, Caracas, 2006, p.34).

Así las cosas, siendo que el apartamento objeto de la presente litis fue adquirido por el demandado-reconviniente en fecha 18 de julio de 2005, esto es, antes de la fecha en que tuviera lugar el matrimonio que contrajo con la mencionada ciudadana, el cual tuvo lugar posteriormente, 15 de octubre de 2005, conforme a la disposición transcrita supra, constituye un bien que le es propio y en forma alguna forma parte de la comunidad de gananciales, razón por la cual resulta forzoso para esta alzada declarar SIN LUGAR la falta de cualidad pasiva alegada por el demandado reconviniente. Así se decide.

III

PRONUNCIAMIENTO DE FONDO

El ciudadano J.P.R. demanda el cumplimiento del contrato de promesa bilateral de compraventa suscrito con el ciudadano R.J.D.V.C.R. celebrado en fecha 30 de septiembre de 2013, para que convenga o en su defecto a ello sea condenado por el Tribunal, en lo siguiente: Primero: Que se materialice la negociación de compraventa sobre el apartamento de propiedad de éste, determinado supra, celebrada en fecha 30 de septiembre de 2013. Segundo: En la nulidad absoluta de cualquier negocio jurídico efectuado, si lo hubiere, sobre el apartamento que le fuera dado en opción a compra. Tercero: En reintegrarle a su patrimonio el referido inmueble, y en aceptar que el monto adeudado y por pagarle es la suma de un millón novecientos mil bolívares (Bs. 1.900.000,00). Cuarto: Que las cantidades que definitivamente sean condenadas a pagarle por los daños ocasionados sean sometidas a corrección monetaria para compensar los defectos de la inflación y devaluación de la moneda, ocurridas desde el momento de la definitiva, y calculadas conforme al Índice de Precios al Consumidor dado por el Banco Central de Venezuela. Quinto: En el pago de las costas y costos procesales.

Al dar su contestación, el demandado desconoce “en su contenido” el contrato privado, instrumento fundamental anexo al libelo de demanda, aduciendo: Que no es cierto que al final del contrato conste su fecha de celebración, siendo alterado y/o forjado parcialmente por el demandante ya que siendo elaborado en computadora fue colocada a mano y en tinta una fecha. Que su representado es de estado civil casado, circunstancia no desconocida por el demandante. Que lo otorgado fue una simple opción, de la que el demandante nunca cumplió los lapsos acordados inicialmente, ni con los pagos convenidos. Que si bien es cierto que hizo una transferencia por cien mil bolívares (Bs. 100.000,00), fue mucho tiempo después del plazo convenido. Que la existencia de una cónyuge dentro de la relación contractual que no ha sido ni fue demandada en el presente juicio, atenta contra el derecho a la defensa de ésta, debido a que pudiera proferirse una decisión que afecte sus derechos, acciones e intereses dentro de la comunidad de bienes gananciales o comunidad conyugal. Que por estas razones anuncia un pretendido fraude procesal, ya que el demandante para obtener los beneficios de una decisión rápida, se sustrae de citar y entablar la litis con una persona jurídica como es el Banco acreedor hipotecario y con la cónyuge del demandado, así como con el arrendatario, ocultando todas estas circunstancias.

Ahora bien, para la solución de la presente controversia, estima necesario esta juzgadora puntualizar lo dispuesto en los artículos 1.133, 1.134, 1.159 y 1.264 del Código Civil, los cuales son del tenor siguiente:

Artículo 1.133.- El contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico.

Artículo 1.134.- El contrato es unilateral, cuando una sola de las partes se obliga; y bilateral, cuando se obligan recíprocamente.

Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de Ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o por las causas autorizadas por la Ley.

Asimismo, la acción de cumplimiento y ejecución del contrato se encuentran consagradas en los artículos 1.167 y 1.168 eiusdem, normas que establecen:

Artículo 1.167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

Artículo 1.168.- En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones.

De las precedentes normas se evidencia que los supuestos para que procedan tales acciones son: a) Que el contrato sea bilateral. b) Que haya incumplimiento del contrato, es decir inejecución de la obligación. Para los casos de incumplimiento parcial, el Juez determinará la procedencia de la acción, ateniéndose a la voluntad de las partes. c) Que el incumplimiento se origine en la culpa del deudor, puesto que si el contrato se incumple por causa no imputable, no habrá lugar a intentar la acción. d) Que el demandante, por su parte, haya cumplido u ofrezca cumplir con su obligación. e) La intervención judicial.

Al respecto, Dr. J.M.- Orsini en su obra “DOCTRINA GENERAL DEL CONTRATO”, indica lo siguiente:

(…)

De ello se sigue que en el contrato bilateral cada parte es necesariamente deudora y acreedora al mismo tiempo. Igualmente esta “reciprocidad” implica que para poder calificar un contrato como “bilateral” se requiere que las dos obligaciones contrapuestas surjan en el mismo momento, esto es, que coexistan y no basta que se siga una después de otra en el tiempo por causa de un hecho posterior, como ocurriría con los llamados “contratos sinalagmáticos imperfectos.” Por último, consecuencia de esa estructura que tienen en el contrato bilateral las obligaciones contrapuestas de cada parte, es que las prestaciones deben con frecuencia ejecutarse simultáneamente (“dando y dando”), de modo que una parte puede rehusarse a cumplir si la otra parte no está dispuesta a cumplir.

...Omissis...

1. La acción de resolución por incumplimiento (Art. 1.167) y la excepción non adimpleti contractus (Art. 1.168), sólo se conciben en los contratos bilaterales.

La primera consiste en el derecho que tiene la parte a la cual no pueda imputársele haber incumplido la obligación a su propio cargo de demandar judicialmente a la parte incumplidora para obtener que una sentencia le desligue de sus compromisos recíprocos, si es que aún no los ha ejecutado, o que disponga la restitución de lo que ella misma haya ya dado, si en cambio éste fuere el caso. …

(Ob. Cit. Editorial Jurídica Venezolana, Segunda Edición, Caracas, 1993, p. 38 y 39).

Puntualizado lo anterior, pasa esta alzada a analizar el material probatorio aportado por las partes, bajo el principio de comunidad de la prueba.

A.- PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE

1. Con el libelo de demanda presentó como instrumento fundamental:

   Original del contrato privado celebrado entre las partes, cuyo texto es del tenor siguiente:

   Nosotros, R.J.D.V.C.R., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad No. V-12.814.640, domiciliado en San Cristóbal, Estado Táchira, con el carácter de “PROMITENTE VENDEDOR”, por una parte, y por la otra el ciudadano J.P.R., venezolano, mayor de edad, casado, titular de la Cédula de Identidad Nº V-2.810.727, de igual domicilio, con el carácter de “PROMITENTE COMPRADOR”; hemos convenido en celebrar el presente contrato de OPCIÓN DE COMPRA-VENTA, bajo las siguientes cláusulas, PRIMERA: El “PROMITENTE VENDEDOR” se obliga a dar en venta y el “PROMITENTE COMPRADOR”, previo al cumplimiento de las condiciones que se especificarán a continuación y bajo esas mismas condiciones, se obliga a comprar un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el Nº 4-A, situado en la planta cuarta del edificio denominado Residencias El Junco, ubicado en la prolongación de la carrera 11, Barrio Los Alticos, jurisdicción de la Parroquia La Concordia, Municipio San C.d.E.T., identificado con el número catastral 02-02-024-008-00-04-004. El mencionado apartamento posee una superficie aproximada de 177 metros cuadrados, y consta de un estar, un comedor, tres dormitorios, un dormitorio de servicio, dos baños, un W.C servicio, una cocina, un lavadero, dos balcones, seis closets. Le corresponde en propiedad el puesto de estacionamiento techado señalado con el número 4-A; y se encuentra comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte: con fachada norte del edificio; Sur: con fachada sur del edificio; Este: con fachada este del edificio; y Oeste: con fachada oeste del edificio y área de circulación y apartamento 4B. Entra en esta venta todo lo que es anexo y pertenece al referido apartamento número 4-A y al puesto de estacionamiento número 4-A y se vende conforme al régimen de propiedad horizontal establecido tanto en la Ley vigente que rige la materia como en el documento de condominio respectivo, que el “PROMITENTE COMPRADOR” declara conocer y el cual esta (sic) protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito San C.d.E.T., en fecha 07 de noviembre de 1979, bajo el número 17, tomo 4, folios 31 al 43, protocolo primero y documento aclaratoria (sic) al mismo protocolizado en la misma Oficina de Registro en fecha 16 de noviembre de 1979, bajo el número 77, folios 151 al 152, tomo 10, protocolo primero. Conforme al documento de condominio ya citado, al apartamento aquí vendido le corresponde un porcentaje de 5.0992% sobre las cosas comunes, sus derechos y obligaciones en la conservación y administración del edificio. Dicho inmueble le pertenece a la “PROMITENTE VENDEDORA” (sic) según documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del 1er (sic) Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes del Estado Táchira, inscrito bajo la matrícula 2005-LRI-T33-12, en fecha 18 de julio de 2005, sobre el cual pesa una hipoteca legal con el Banco Mercantil C.A. el (sic) cual consta en el mismo documento. SEGUNDA: Las partes han convenido que el precio de la futura venta de dicho inmueble, es por la cantidad de DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000.oo), precio firme y exacto, de los cuales el “PROMITENTE VENDEDOR” declara recibir en este acto, la suma de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000.oo) en calidad de arras, y el saldo restante, es decir, la cantidad de UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 1.900.000.oo), será pagado en un PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) DIAS (sic), contados a partir de la Firma (sic) y Protocolización (sic) del documento de venta definitivo. TERCERA: El “PROMITENTE COMPRADOR” no podrá ceder bajo ninguna condición esta Opción (sic) de Compra (sic) –venta a terceras personas. CUARTA: El “PROMITENTE VENDEDOR” se obliga a cancelar el monto total adeudado al Banco Mercantil C.A. y en consecuencia solicitar la liberación de la medida de gravamen (hipoteca Legal) (sic) que pesa sobre el mismo, a fin de proceder a formalizar la venta definitiva, así como también realizar los pagos de los servicios Públicos (sic), y de condominio, y de hacer entrega de las solvencias respectivas. QUINTA: EL “PROMITENTE VENDEDOR”, se obliga a desocupar en (sic) inmueble en un plazo de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de la Firma (sic) y Protocolización (sic) del documento de venta definitivo. SEXTA: Este contrato contiene todas las estipulaciones convenidas y no es válida ninguna otra estipulación que las derogue, amplíe o modifique, si ésta no es expresamente otorgada por escrito. SÉPTIMA: Para todos los efectos derivados y consecuencias de este contrato se elige como domicilio especial, exclusivo y excluyente de todo, a la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, a la jurisdicción de cuyos tribunales declaran las partes expresamente someterse. Así lo decimos y firmamos en la ciudad, San Cristóbal, a la fecha de su presentación. (Hay dos firmas ilegibles, y bajo la primera de éstas, manuscrita: “30/09/2013”). (f. 17 y vuelto)

   El referido contrato privado de opción de compraventa consignado con el libelo de demanda como instrumento fundamental fue desconocido por el demandado en su contestación al fondo presentada en fecha 6 de mayo de 2014, bajo el argumento de haber sido alterado por el demandante en cuanto a la fecha de celebración del negocio jurídico (fs.78 al 83), ante lo cual el demandante promovió experticia grafotécnica sobre el mismo en diligencia de fecha 15 de mayo de 2014 (f. 87), ratificando tal solicitud en su escrito de promoción de pruebas (f. 129) conforme a los artículos 451 al 471 del Código de Procedimiento Civil, y 1.422 al 1.427 del Código Civil.

   Acordada como fuera dicha prueba, el nombramiento para practicarla recayó finalmente en la funcionaria designada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C.) allí identificada, quien luego de juramentada, y seleccionado como fuera por ésta el documento indubitado, rindió su informe pericial en fecha 29 de julio de 2014 (fs. 185 al 187), en el cual, previo el análisis efectuado sobre el referido contrato de opción de compraventa, estableció el siguiente resultado:

   (…)

   CONCLUSIÓN:

   Las firmas con carácter de: “R.J. (sic) DA V.C.R.”, presentes en los Folios Diecisiete (17) y Ochenta y tres (83), del expediente: 8101 suministrados como documentos dubitados, FUERON REALIZADAS, por el ciudadano: R.J. (sic) DA V.C.R., titular de la cedula (sic) de identidad V-12.814.640, es decir, PROVIENE DE UNA MISMA FUENTE COMÚN DE ORIGEN, cuyos (Folios 54 y 55), he tenido como documentos indubitados, para realizar las respectivas confrontaciones grafotecnicas (sic) y poder llegar a conclusiones categóricas y objetivas.-

   Dicha experticia recibe valoración conforme a las reglas de la sana crítica, quedando establecido que la firma estampada en el mencionado documento privado fue producida por el ciudadano R.J.D.V.C.R., titular de la cédula de identidad No. V- 12.814.640, en conjunción con el ciudadano J.P.R., parte demandante, debiendo en consecuencia tenerse el mismo como documento privado reconocido y la interpretación del contrato en él contenido se hará una vez se termine el análisis del acervo probatorio.

2. Mediante escrito de fecha 10 de junio de 2014 (fs. 118 al 131) la parte actora promovió las siguientes pruebas:

   1. - El mérito probatorio de los autos, especialmente el valor de todo aquello que de las actas se deduzca como confesión de la parte demandada.

      Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia tiene establecido que los alegatos y defensas expuestos por la parte actora en su libelo, y por la parte demandada en su contestación, no son susceptibles de considerarse como confesión por carecer del animus confitendi al que refiere el artículo 1.401 del Código Civil, constituyendo actos procesales fijatorios de los límites de la controversia. (Vid. Sents. Nos. 100 del 12/4/2005, 681 del 11/8/2006 y 619 del 27/9/2012). En consecuencia, no hay valoración sobre la promovida prueba.

   2. - Documento público:

      Documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario del Primer Circuito de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, inscrito bajo la matrícula 2005-LRI-T33-12 en fecha 18 de julio de 2005, el cual riela en copia fotostática simple a los folios 18 al 34 y en copia certificada a los fs. 193 al 201. Se valora de conformidad con los artículos 429 del Código de Procedimiento Civil y 1.360 del Código Civil, evidenciándose del mismo que en la fecha indicada la ciudadana F.G.d.R. dio en venta al demandado R.J.D.V.C.R. el apartamento objeto del presente litigio, sobre el cual pesa hipoteca especial de primer grado a favor del Banco Mercantil, C.A. (Banco Universal).

      .

   3. - Posiciones juradas:

      Con relación a las resultas de la confesión devenida de la prueba de posiciones juradas absueltas por las partes, nuestro procesalista Ricardo Henríquez La Roche en su obra “Instituciones de Derecho Procesal”, realiza una distinción entre la confesión provocada, aquella que se deriva de las posiciones juradas (ex artículo 1.405 del Código Civil) y la confesión espontánea, con o sin animus confitendi, correspondiendo la primera a las posiciones juradas prevista en la ley adjetiva; en tanto que la segunda refiere a aquélla en la que la parte, mediante acta o documento, reconoce un hecho que favorece al antagonista.

      En cuanto a la capacidad y legitimación del confesante, el autor señala lo siguiente:

      El artículo 1.405 del Código Civil establece que “para que la confesión produzca efecto debe hacerse por persona capaz de obligarse en el asunto sobre que recae”. Aquí la palabra “capaz” no sólo significa capacidad de ejercicio; también significa legitimidad, potestad jurídica deviniente de la titularidad del derecho, sin la cual no es vinculante frente al representado o frente al tercero titular, la confesión que haga la parte en juicio revestida sólo de una legitimación ex lege, como por ejemplo el sustituto procesal. Tampoco pueden confesarse eficazmente aquellas cualidades indisponibles e irrenunciables que escapan al poder negocial de los sujetos de derecho, … .(Op.cit. pg. 260).

      La Sala Constitucional en su decisión Nº 2021 de fecha 26 de octubre de 2007 dictada en el expediente N° 2007-000296, sobre el particular señaló lo siguiente:

      La fuerza probatoria de la confesión hace plena prueba siempre que ésta se produzca en procesos en los cuales se aplique el sistema de la prueba legal o formal, como en el civil, siendo necesario para ello que se cumplan con todos los requisitos previstos en el Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando ésta se haga por una persona capaz de obligarse, con pleno conocimiento y sin coacción, sobre un hecho propio y del asunto sobre el que se trate y que ésta se efectúe conforme a las formalidades prescritas en la ley; estando el Juez obligado legalmente a tener como probado el hecho confesado.

      Tomando en consideración las secuelas que trae consigo este medio probatorio para las partes, el legislador, en el artículo 416 del Código de Procedimiento Civil, ha previsto que la citación para absolver posiciones juradas deberá hacerse personalmente, ello con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa no sólo de la parte absolvente, sino también del promovente de la referida prueba, aun cuando ésta se encuentre a derecho en la carga de absolver las recíprocas sin necesidad de citación previa. En efecto, la citada norma dispone:

      …Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 404, la citación para absolver posiciones juradas deberá hacerse personalmente para el día y hora designados, y aquéllas en ningún caso suspenderán el curso de la causa.

      (Resaltado de esta Sala)

      Analizando la norma in commento, esta Sala aprecia que la misma refleja una indiscutible obligación para todos los jueces de la República, de proceder a la citación personal para la evacuación de este medio de prueba, razón por la cual, no le está permitido a ningún órgano jurisdiccional convalidar ningún otro tipo de actuación procesal distinta a la citación personal como mecanismo para considerar válidamente emplazada a la parte absolvente; en efecto, la citación personal es un requisito indispensable porque quien legitima al absolvente es el promovente de la prueba.

      En el presente caso, se aprecia que habiendo sido promovida la prueba de posiciones juradas por la parte actora, se cumplió la citación personal del demandado R.J.D.V.C.R. para su absolución (fs. 183 y 184), ostentando tanto el demandado como el demandante la capacidad y legitimidad requerida para ello por ser personas mayores de edad y suscribientes del contrato objeto del presente juicio. Por lo tanto, se pasa a su examen así:

      - A los folios 207 al 210 corren las posiciones juradas formuladas al demandado por la representación judicial del demandante según acta de fecha 4 de agosto de 2014 levantada por el juzgado a quo, así: