Derecho Indígena, Competencia Especial Indígena y Autoridades Legítimas. Comentarios a la Sentencia de la Sala Constitucional N° 919 de fecha 25 de julio de 2014

Autor:Jorge Luis González González
Cargo:Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Indígena Caracas, Venezuela
Páginas:143-148
 
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FRONESIS
Revista de Filosofía Jurídica, Social y Política
Instituto de Filosofía del Derecho Dr. J.M. Delgado Ocando
Universidad del Zulia. Dep. legal pi201502ZU4644
Derecho Indígena, Competencia Especial
Indígena y Autoridades Legítimas.
Comentarios a la Sentencia de la Sala
Constitucional N° 919 de fecha 25 de julio de 2014
Jorge Luis González González
Ministerio Público con Competencia Nacional en Materia Indígena
Caracas - Venezuela
jorge.gonzalezg@mp.gob.ve
1. Introducción
Este estudio trata acerca de la Sentencia N° 919 de fecha 25 de julio de
2014 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya ponente fue
la magistrada Carmen Zuleta de Merchán; la cual tuvo como temas principales el
Derecho Indígena, la Competencia Especial Indígena y las autoridades legítimas
de los pueblos indígenas que hacen vida en Venezuela.
2. Resumen de los hechos expuestos en la sentencia
Se dio inicio a este asunto con motivo de la interposición de acción de
amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Armando Leopoldo Best
Namia, asistido por los abogados Roger Elías Hurtado Ramos y Luis Antonio
Brito, contra la ciudadana Francia Vivas; el ciudadano Juan G. González, en su
condición de Capitán General de las Comunidades Indígenas Pemón, Sector 7,
Ikabaru, del Municipio Gran Sabana del Estado Bolívar; los capitanes indígenas
Josena Pinto, Henry Márquez y Lorenzo García, y los ciudadanos Venancio
Rodríguez y Edelina Rivero Fernández, integrantes del Consejo Comunal
“El Paují” del estado Bolívar, con ocasión de la celebración de una Asamblea
Comunitaria del Consejo Comunal “El Paují”, en donde los integrantes decidieron
de manera arbitraria y sin ningún tipo de competencia para ello, sin legalidad y
con total y absoluta prescindencia del derecho a la defensa y al debido proceso
al desalojo del accionante de una vivienda que la ciudadana Francia Vivas le
había dado en préstamo de uso por cuatro años y que en la ejecución del ilegítimo
desalojo el accionante fue desposeído de todas sus pertenencias.

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