Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores de Miranda, de 11 de Mayo de 2010
| Fecha de Resolución | 11 de Mayo de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores |
| Ponente | Eucaris Haydde Alvarez |
| Procedimiento | Inhibición |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADIO MIRANDA
EXPEDIENTE: 10-7129.
JUEZ INHIBIDA: Dra. E.M.Q..
JUZGADO: PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA.
I
SITUACIÓN PROCESAL QUE SE DESPRENDE DE LOS AUTOS
En fecha 03 de mayo de 2010, esta alzada recibió las presentes actuaciones, contentivas de la inhibición formulada por la Dra. E.M.Q., en su condición de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, basada en el artículo 82 numeral 15° del Código de Procedimiento Civil, surgida en el juicio que por Resolución de Contrato seguido por INVERSIONES POLVO DE LA SIERRA, C.A., contra H.L.D.P..
Consta de los autos acta de Inhibición, de fecha (22) de abril de 2010, donde la Juez Inhibida expresó lo siguiente:
".. En horas de despacho del día de hoy miércoles veintidós (22) de abril de dos mil diez (2010), comparece por ante la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (sic), la abogada E.M.M.Q., en su carácter de Jueza Titular del mencionado Despacho, a los fines de exponer: “Consta en el presente expediente signado con el N°: 28.109, contentivo del juicio que por Resolución de Contrato sigue INVERSIONES POLVO DE LA SIERRA, C.A., contra H.L.D.P., que esta Juzgadora dicto sentencia interlocutoria en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009), en la cual negó la homologación de la transacción celebrada por las partes toda vez que considero lo siguiente: “(…) Ahora bien estima esta Juzgadora, luego de una revisión al escrito que las partes califican de transacción judicial”, que en el mismo, éstas no sólo llegan a un acuerdo con relación a lo que fue objeto del presente juicio, como lo es la resolución de contrato de arrendamiento suscrito entre ellos, si no que mas allá de eso, realizan una especie de nuevo contrato, en tanto que establecen o fijan un periodo de tiempo para –según sus propias manifestaciones- desocupar el inmueble, cuya duración va desde el 15 enero de 2009, hasta el 14 de enero de 2012, estableciendo un pago mensual de tres mil cuatrocientos bolívares (Bs.3.400,oo), durante el referido plazo. En este sentido, si bien extinguen las obligaciones derivadas del contrato arrendaticio cuya resolución fue aquí demandada, plantean un nuevo contrato a término, del cual vienen a surgir nuevas obligaciones, para el demandante “garantizar el uso y disfrute del inmueble” y, para el demandado “pagar una mensualidad o canon de arrendamiento”.- Bajo esta línea de razonamientos, es importante aclarar que a la luz del artículo 7 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, los derechos de los arrendatarios son irrenunciables, es decir que, mal podrían suscribir acuerdos que impliquen disminución o menoscabo de los derechos que le favorecen. Ahora bien, como se dijo anteriormente, a criterio de esta Juzgadora las partes celebrantes del negocio judicial sub examine, pasan a crear de alguna manera una figura de nueva relación arrendaticia, toda vez que, fijan un nuevo término para la desocupación del inmueble con la consecuente cancelación de un pago mensual que a los efectos vendría a ser un canon de arrendamiento, de allí entonces que surgen nuevos deberes para el arrendador (parte actora) y nuevos derechos para el arrendatario (parte demandada), los cuales, de impartirse la homologación peticionada no podrían hacerse valer a futuro, cercenado la posibilidad de que el arrendatario pueda ejercer las acciones que estimare necesarias de surgir alguna eventualidad que afecte sus derechos arrendaticios, entre ellos el beneficio de la prórroga legal; todo lo cual subsumido con el artículo 7 ut supra, constituye una evidente desprotección de los derechos del ciudadano H.L.D.P.. Debiendo agregar además que, inclusive, al propio arrendador, se le estaría coartando la posibilidad de pedir la entrega del inmueble, previa verificación de alguna causal prevista en la Ley por parte de su inquilina. (…)”. De igual forma, consta de este expediente que dicha sentencia fue revocada por decisión proferida en fecha once (11) de febrero de dos mil diez (2010) por el Juzgado Superior en lo Civil; Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la siguiente forma: “ Hechas estas consideraciones, quien decide considera que en el presente caso, resulta procedente que las partes pueden poner fin al litigio mediante la transacción presentada debiendo el jurisdicente proceder a su homologación dejando a salvo los derechos que, puedan verse afectados con ésta, lo que conlleva forzosamente a declarar con lugar el recurso de apelación ejercido, debiendo en consecuencia revocarse el fallo recurrido, tal como se declarará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de éste fallo. Y así se decide”. Habida cuenta de lo anterior, se observa que evidentemente al ser revocada la decisión dictada, considera quien suscribe que está impedida de pronunciarse de nuevo, conforme lo establece el artículo 252 de nuestro Código Adjetivo Civil, por cuanto esta sentenciadora, ya emitió su opinión sobre el fondo de la incidencia pendiente en este proceso, esto es, sobre la solicitud de homologación de la llamada transacción celebrada por las partes. Por tales circunstancias, a los fines de procurar la mas sana y transparente administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 82 del ordinal 15° eiusdem, me veo en la obligación de plantear mi Inhibición para conocer de esta causa y solicito sea declarada con lugar. Hago constar que la causal de incompetencia subjetiva obra en perjuicio de ambas partes. Igualmente, se ordena la expedición de las copias certificadas necesarias a los fines de sustentar la presente inhibición, las cuales serán remitidas al Juzgado Superior correspondiente una vez transcurra el lapso de allanamiento previsto en el artículo 84 ibidem… ”
Mediante oficio No. 0740 - 448, de fecha 28 de abril de 2010, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a cargo de la Juez inhibida, remitió las actuaciones a esta alzada.
En fecha 06 de mayo de 2010, se le dio entrada a las presentes actuaciones, dándosele curso de ley.
Llegada la oportunidad de decidir el Tribunal, observa:
II
FUNDAMENTO DE LA DECISIÓN
La inhibición, ha dicho con razón, el profesor A.R.-Romberg (Tratado de Derecho Procesal Civil, T.I, p.409), es un deber del juez y no una mera facultad, ya que el legislador procesal civil (Art. 84 Código de Procedimiento Civil) le impone al operador de justicia la obligación de declarar, “sin aguardar a que se le recuse”, que sobre él obra una causa de inhibición. Es un acto judicial y no de partes, porque lo realiza el juez, y produce su efecto en el proceso, creando una crisis subjetiva en el mismo, como lo es la separación del juez del conocimiento de la causa.
Conceptualiza a la inhibición, el mismo autor, como el “acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista en la ley como causa de recusación”.
Entre los fundamentos orientadores de la actividad jurisdiccional se encuentra el principio de la imparcialidad rigurosa de los funcionarios a quienes corresponde la ardua y delicada función de administrar justicia en las causas que por razón de su cargo deban conocer.
El Estado se encuentra interesado, como base fundamental de su organización en que las personas llamadas a dispensar justicia en calidad de Jueces o Magistrados, aparte de su idoneidad para el desempeño de ella la que implica una apropiada versación en los conocimientos jurídicos sobre los asuntos puestos a su consideración, que estos detenten verdadera capacidad subjetiva para hacerlo, la cual consiste, en que al ejercer la actividad encomendada puedan desempeñarse con la independencia y la objetividad necesarias, porque como lo expresa el tratadista E.J. COUTURE: "Los ciudadanos no tienen un derecho adquirido a la sabiduría del juez; pero tienen un derecho adquirido a la independencia, a la autoridad y a la responsabilidad del juez" (Fundamentos del Derecho Procesal Civil - Ediciones De Palma - Buenos Aires 1978, Págs. 41 y 42).
En el mismo plano doctrinal, la inhibición, para el Dr. R.H.L.R. (Código de Procedimiento Civil, Tomo I, Pág. 292): “Es el acto en virtud del cual el juez, u otro funcionario judicial, requiere separarse del conocimiento del asunto por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso”.
La inhibición deberá declararla el mismo juez cuando observe que en su persona se suscite cualquiera de las causales de recusación previstas en el artículo 82 de la norma procesal civil, y las partes no tienen derecho a solicitarle al juez que se inhiba, ya que la ley solo le otorga la facultad de recusarlo cuando considere que está incurso en alguno de los supuestos que prevé el mencionado artículo, o a solicitarle al Superior que le imponga una sanción pecuniaria si no se inhibe, a conciencia que sobre él obra un motivo de recusación, sanción que podrá alcanzar hasta un monto de mil bolívares, tal como lo establece el primer aparte del artículo 83 eiusdem.
La ley impone al funcionario que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, la obligación de declararla, sin aguardar que se le recuse, es decir, que el Juez debe separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes.
En tal sentido, el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
"El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin guardar a que se le recuse, a fin de que las partes dentro de los dos días siguientes manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido.
Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior, que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares.
La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en el cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento".
Sin embargo, no cualquier motivo da base para un impedimento o para presentar una recusación, ya que si esto fuese así se entorpecería frecuentemente la administración de justicia. Por ello, el legislador pasó a establecer, a través del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, las causales taxativas para hacerlo. En los 22 motivos indicados en dicho artículo, se compendian los fundamentos de la inhibición y la recusación, ninguna otra razón o consideración da lugar a separar del conocimiento al funcionario que legalmente lo ha recibido para su examen.
La inhibición tiene su trámite específico: declarada o manifestada la inhibición, debe aguardar el lapso de dos días para el allanamiento (Art. 86 del Código de Procedimiento Civil ), en el entendido que el allanamiento es el acto de la parte, a quien podría perjudicar la parcialidad del funcionario inhibido, y por el cual aquélla se aviene o conforma con que el funcionario siga conociendo del asunto, no obstante estar incurso en la causal declarada por el mismo (vid. Rengel Romberg, Arístides: ob. Cit., T.I, p, 417). El allanamiento no es posible si el inhibido es cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano de una de las partes, o tiene interés directo en el pleito (Art.85 del Código de Procedimiento Civil).
Vencido dicho lapso, sin que fuera obviado el impedimento o si se le insistiere en no conocer, remitirá el expediente (Art. 93 ejusdem) al Tribunal Distribuidor de turno para que éste, por sorteo, lo asigne. Y enviará copia certificada de lo conducente al Juez competente, para que dirima la incidencia (Art. 89 CPC; 46, 47 y 48 LOPJ), dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las actuaciones, quien la declarara con lugar si estuviere hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas en el artículo 82 del Código Adjetivo Civil; caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez Inhibido continuará conociendo (Art.88 del Código de Procedimiento Civil).
III
CONCLUSION DEL TRIBUNAL
Bajo tales premisas debe examinarse el acta de inhibición suscrita por la Juez, E.M.Q., de la cual debe deducirse una presunción de verdad, tal como lo ha admitido en forma consolidada la doctrina judicial.
De la revisión del expediente donde cursa la presente incidencia, se pudo constatar que en fecha 22 de abril de 2010, fue suscrita el Acta de Inhibición formulada por la Dra. E.M.Q., en su condición de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques. En fecha, 28 de abril de 2010, se libró oficio No. 0740 - 448, remitiendo las copias concernientes a la incidencia de inhibición a esta Alzada.
Ahora bien, como fue señalado precedentemente, las incidencias por inhibición tienen un trámite propio y a los fines de su demostración, como en cualquier procedimiento judicial, es de carácter indispensable la presentación de las pruebas que avalen lo expresado por el funcionario inhibido, pues no basta simplemente el señalamiento de los hechos, para que el funcionario se separe de la causa cuyo conocimiento le corresponde.
En el presente caso, señaló la Dra. E.M.Q., que se inhibe de conocer la presente causa, por cuanto se observa que evidentemente al ser revocada la decisión proferida en fecha once (11) de febrero de dos mil diez (2010) por este Juzgado Superior en lo Civil; Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, consideró que está impedida de pronunciarse de nuevo, conforme lo establece el artículo 252 de nuestro Código Adjetivo Civil, por cuanto la sentenciadora emitió su opinión sobre el fondo de la incidencia pendiente en este proceso, esto es, sobre la solicitud de homologación de la llamada transacción celebrada por las partes. Por tales circunstancias, a los fines de procurar la mas sana y transparente administración de justicia y en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 82 del ordinal 15° eiusdem, se vio en la obligación de plantear su Inhibición para conocer de esta causa y solicitó sea declarada con lugar.
La figura del prejuzgamiento, prevista en el numeral 15°, se da cuando concurren los siguientes extremos: a) Que el recusado sea un Juez encargado de conocer y decidir un asunto; b) Que respecto del tal asunto, el Juez Inhibido haya emitido o dado opinión; y c) que esa opinión o parecer lo sea antes de resolver el asunto, esto es, que se trate de una cuestión pendiente de decidir.
En virtud de lo planteado por la Juez Inhibida en el Acta correspondiente y de lo adminiculado a esta, se observa lo siguiente: (i) que en fecha 27 de abril de 2009, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, a cargo de la Juez Inhibida, se pronunció sobre la homologación que consta en el expediente signado con el N°: 28.109, contentivo del juicio que por Resolución de Contrato sigue INVERSIONES POLVO DE LA SIERRA, C.A., contra H.L.D.P., que esa Juzgadora dicto sentencia interlocutoria en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil nueve (2009), en la cual negó la homologación de la transacción celebrada por las partes SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES POLVO DE LA SIERRA C.A., contra el ciudadano H.L.D.P..
Ahora bien, tal como han sido expuestos los hechos, considera esta Sentenciadora que ciertamente en el presente caso la juez inhibida se encuentra incursa en causal de prejuzgamiento, ya que en fecha 27 de abril de 2009, como antes se indicó Negó la homologación planteada por las partes.
Ahora bien, se observa del acta de inhibición de la funcionaria Inhibida, que la misma invoca la causal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, para fundamentar su inhibición, lo cual conlleva a esta sentenciadora a valorar su manifestación, ello en virtud de la garantía constitucional consagrada en el artículo 257 del texto fundamental, quedando evidenciado en consecuencia, que efectivamente manifestó su opinión sobre lo principal del pleito, y como consecuencia de ello procedente la inhibición planteada. Y así se decide.
Y visto que en dicho fallo dictado la juez inhibida emitió opinión sobre el mérito de la causa, y siendo que dicha juez no puede volver a emitir pronunciamiento sobre el mismo asunto, en virtud de lo dispuesto en el Ordinal 15° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, el conocimiento del juicio debe recaer en otro Juzgado de la misma categoría. Y así se decide.
IV
DECISIÓN
A la luz de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y EL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la Ley; declara:
CON LUGAR la inhibición planteada en fecha 22 de abril de 2010, por la Dra. E.M.Q., en su carácter de Juez Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, en el juicio que por Resolución de Contrato, sigue INVERSIONES POLVO DE LA SIERRA, C.A., contra el ciudadano H.L.D.P..-
Remítase las actuaciones al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.
Remítase copia de la sentencia al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques.
PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE la presente decisión, incluso en la pagina web de este despacho.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. En Los Teques, a los once (11) días del mes de mayo de dos mil nueve (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.
LA JUEZ
Dr. HAYDEE ÁLVAREZ DE SOLTERO
LA SECRETARIA
YANIS A. PÉREZ G.
En esta misma fecha, siendo las (11:30 p.m.), se publicó, registró y diarizó la anterior decisión, en el expediente No. 10-7129, como está ordenado.
LA SECRETARIA
YANIS A. PÉREZ G.
HAdeS/YAPG/Am
Exp. No. 10-7129
