Decisión nº 5291 de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Merida, de 27 de Junio de 2016

De conformidad con lo previsto en los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil en relación con los artículos 255 y siguientes del Código Procedimiento Civil, los cuales se aplican supletoriamente por remisión de la disposición final segunda de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se HOMOLOGA el consenso alcanzado entre las partes involucradas en autos, consistente en que la ciudadana: N.C.A.D.D., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-2.609.845 con domicilio en el Estado Mérida, en su condición de arrendadora, acepta que las [sic] parte accionada [,]el ciudadano: JOSE [sic] L.C.P., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 11.273.144, en su carácter de arrendatario, entregue el inmueble arrendado constituido por un apartamento ubicado en la calle 26, viaducto Campo Elías, entre Av. 6 y 7, casco central, Conjunto Residencial ciudad [sic] de Mérida, Piso 2, Apartamento 2-22, Parroquia El Sagrario, Municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida dentro de doce (12) meses siendo la fecha límite para la entrega del mismo, el día seis (06) de Noviembre [sic] del 2015 y que ese día representa el fin de la relación contractual arrendaticia que los vincula. Que dicha entrega se haga libre de personas y bienes muebles, salvo aquellos que son parte del contrato y que se encuentran especificados en el mismo.

De conformidad con lo previsto en los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil en relación con los artículos 255 y siguientes del Código Procedimiento Civil, los cuales se aplican supletoriamente por remisión de la disposición final segunda de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se HOMOLOGA el consenso alcanzado por las partes en que el ARRENDATARIO por voluntad expresa en este acto se compromete a pagar a partir del día de hoy mensualmente el condominio que se genere, hasta la fecha límite para la desocupación del inmueble. Así mismo se deja constancia en este Acto de que el arrendatario se compromete a pagar puntualmente los canon [sic] de arrendamiento por un monto de MIL QUINIENTOS BOLIVARES [sic] EXACTOS (1500,00 Bs) [sic] los cinco (5) primeros días de cada mes luego de cada mes vencido de acuerdo a lo establecido en el artículo 67º de la Ley para la Regulación y control de Arrendamientos de Viviendas que deberán ser depositados en la cuenta Nº 01080372190200126991 del Banco Provincial, cuenta de ahorro de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la misma ley

De conformidad con lo previsto en los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil en relación con los artículos 255 y siguientes del Código Procedimiento Civil, los cuales se aplican supletoriamente por remisión de la disposición final segunda de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, se HOMOLOGA el consenso alcanzado por las partes de que si el arrendatario consigue donde vivir antes de la fecha acordada en este acto para la desocupación del inmueble hará la entrega formal del mismo por [ante] esta institución, así mismo la propietaria se compromete el día de hoy a que las cuotas especiales que se generan en el edificio por concepto de reparaciones deben correr por su cuenta, así mismo el arrendatario JOSE [sic] L.C.P. se compromete a pagar la deuda del servicio público de CANTV por un monto de 3.180,14 Bs el día 20 de diciembre del 2014.

En caso de que no se cumpla total y cabalmente el acuerdo alcanzado aquí homologado, la parte afectada por el incumplimiento queda habilitada para intentar por la vía judicial la ejecución de lo convenido, por lo tanto, para todos los efectos legales ulteriores se considerará agotada la instancia administrativa y, en consecuencia, SE ENTENDERA [sic] HABILITADA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que los Tribunales de la República competentes en la materia conozcan de la ejecución del acuerdo aquí homologado, de acuerdo al criterio sentado por la decisión Nº 8, publicada en fecha 20/01/2014, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente MC 030128283-013187 (…)” (sic) (cursivas, mayúsculas, negrillas y subrayados propios del texto copiado).

Asismismo, de las actas procesales se evidencia que en el particular denominado DEL PETITORIO del escrito cabeza de autos, la ciudadana N.C.A.D.D., de conformidad con los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil, en concordancia con los artículos 255 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, numerales 1 y 2 del artículo 91 y en el Decreto Nº 8.190 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, solicitó LA EJECUCION VOLUNTARIA O MATERIAL DE DESALOJO del inmueble anteriormente identificado “en virtud del incumplimiento [por parte del ciudadano J.L.C.P.] de la transacción alcanzada entre las partes y homologada por el ente administrativo el cual le da la fuerza de cosa juzgada” (sic) (Corchetes de esta Alzada).

Por consiguiente, el ámbito de conocimiento de esta Alzada se encuentra limitado en conocer sobre la declaratoria de INADMISIBILIDAD de la solicitud EJECUCIÓN VOLUNTARIA O MATERIAL DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL, que conlleva al desalojo del inmueble destinado a vivienda, ubicado en la calle 26, viaducto Campo Elías, entre avenidas 6 y 7, caso central, Conjunto Residencial Ciudad de Mérida, piso 2, Apto 2-22, Parroquia el S.M.L.d.E.B. de Mérida, en virtud del incumplimiento por parte del demandado de autos y arrendatario, ciudadano J.L.C.P., de la transacción celebrada entre las partes en sede administrativa y homologada por el funcionario competente del referido ente, el cual acuerdo que adquirió carácter y fuerza de cosa juzgada, tal como fuera solicitado en el escrito libelar presentado por la ciudadana N.C.A.D.D., ya identificada, debidamente asistida por la abogada A.P.A., en su carácter de Defensora Pública Primera con competencia en Materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa a la Vivienda de los Estados Mérida, Táchira y Trujillo, por ante el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida y a tales efectos hace las siguientes consideraciones:

La Ley establece y señala las normas reguladoras de la conducta humana, y cuando esta última entra en conflicto con las primeras, habrá de acudirse a los órganos jurisdiccionales para restablecer la situación jurídica violentada, lo que hará mediante un fallo que dirima la controversia, aplicándose el derecho al hecho cuestionado, conforme a lo alegado y probado en autos.

De conformidad con el contenido del artículo 1.713 del Código Civil, la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

En efecto, el legislador ha querido por vía de excepción, permitir que se lleven a cabo transacciones extrajudiciales, que en cumplimiento a lo preceptuado en el referido artículo precaven un litigio eventual, y en consecuencia, conforme a la doctrina citada up supra le es dable a la parte que se vea afectada por el incumplimiento de una transacción extrajudicial, demandar ante los tribunales competentes la ejecución de dicha transacción, cuya consecuencia, en casos como el que nos ocupa, a los fines de su ejecución, no es otro que el desalojo del inmueble en cuestión, de conformidad con las causales establecidas en el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, y en el caso del desalojo establecido en el numeral 2, el arrendador deberá demostrarlo por medio de prueba contundente ante la autoridad administrativa y judicial.

Así, una vez propuestas demandas a los fines de resolver litigios que se susciten entre particulares, el órgano competente debe examinar in limine, si lo pretendido por las partes se encuentra o no ajustado a derecho, y por vía de consecuencia, si resulta o no admisible la pretensión deducida, y por tanto cualquier asunto que se someta al conocimiento de un tribunal, ya sea en un procedimiento contencioso o en uno de jurisdicción voluntaria, por cuanto ambos tipos de procedimientos forman parte del proceso en general y por ende del derecho procesal, finalizan con una sentencia que producen efecto, variando éstos básicamente en lo que respecta a la cosa juzgada; por tanto la negativa de admisión en ambos casos, está sujeta a las previsiones del artículo 341 adjetivo, conforme al cual, presentada la demanda –o solicitud-, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa.

Dentro de los principios que rigen nuestro derecho positivo, prevalece la regla general, conforme a la cual es deber de impretermitible cumplimiento por parte del juez, admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, por lo que, bajo estas premisas legales, no le está dado al Juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine del asunto sometido a su conocimiento, quedando legalmente autorizado para ello, excepcionalmente, si dicha declaratoria se funda en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el Juez no puede negarse a admitir la solicitud o demanda que le sea presentada.

Así lo sostuvo la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 11 de octubre de 2000, Exp. N° 99-191, en el juicio incoado por los ciudadanos HELIMENAS SEGUNDO PRIETO PRIETO Y A.G.P.D.P., contra los ciudadanos JORGE KOWALCHUK PIWOWAR Y MAGLENE DE LA C.F.V.D.K., señalando al efecto lo siguiente:

…La Sala, para resolver observa:

El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil prevé:

‘Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá, si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa….’(negritas de la Sala).

Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, éllo puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para éllo, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda.

Cuando la inadmisibilidad no sea evidente, considera el procesalista Ricardo Henríquez La Roche, en su Libro Código de Procedimiento Civil, Tomo III, Pág. 34, la prudencia aconseja al juez permitir que sea el demandado quien suscite la cuestión previa correspondiente…

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Igualmente la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 4 de fecha 15 de noviembre de 2003, Exp. N° 99-003, en el juicio de C.C.L.L. contra M.A.C.A. y Otros, estableció lo siguiente:

...Eso significa que las prohibiciones, sanciones o nulidades sólo deben declararse cuando lo preestablece texto legal expreso, o surge evidentemente de la propia naturaleza de la norma positiva; lo cual no ocurre en el presente caso, regulado por el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, que contempla las prohibiciones en su especificad para inadmitir la demanda, cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley.

De las consideraciones que anteceden, es evidente que el juez de la causa al negar la admisión de la demanda de invalidación utilizando motivos no contemplados en nuestra legislación, contrariando el espíritu, propósito y alcance de la Ley, así como la doctrina de este Tribunal Supremo de Justicia, infringió el debido proceso y con ello cercenó el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, subvirtiendo el proceso al ignorar las reglas establecidas por el legislador en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la inadmisibilidad de la demanda sólo cuando es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley. De ese modo, si bien el ejecutante demandado se opuso a la admisión de la invalidación, ello no era objeto ni fundamento para que el juez in limine litis, profiriera una decisión por vía de la cual la declara inadmisible y que a juicio de la Sala se corresponden a un pronunciamiento de mérito relacionado con las pretensiones contenidas en la demanda, que sin lugar a dudas pudieran formar parte del contradictorio o debate probatorio, con lo cual desequilibró el proceso entre las partes respecto a los derechos y facultades comunes a ellas, al impedirle al demandante ejercer la defensa de sus pretensiones, por lo que se hace impretermitible restablecer el orden público quebrantado...

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De la doctrina vertida en la jurisprudencia trascrita parcialmente, resulta claro para quien decide, que no le es dable al juez declarar in limine litis inadmisible el asunto sometido a su conocimiento, independientemente que se trate de un procedimiento contencioso o de jurisdicción voluntaria, utilizando para ello motivos no contemplados en nuestra normativa legal, contrariando el espíritu, propósito y alcance de la Ley, pues el legislador en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, prevé taxativamente las causales de inadmisibilidad de la demanda, a saber: que sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.

En el caso de autos, la Juez a cargo del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, declaró INADMISIBLE la acción incoada por la ciudadana N.C.A.d.D., asistida por la abogada A.P.A., en su carácter de Defensora Pública Primera con Competencia en Materia Civil y administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda de los Estados Mérida, Táchira y Trujillo, por contrariar lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, utilizando para ello motivos que no se corresponden con las causales de inadmisibilidad previstas taxativamente por el legislador en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual, no obstante que no cause al solicitante los efectos de la cosa juzgada, lo coloca en evidente estado de indefensión, pues desconoce los motivos legales que privaron para tal inadmisión, circunstancia que, conforme a la doctrina supra reproducida parcialmente, constituye una subversión del proceso, que cercenó el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de la demandante.

En efecto, la Juez a quo, argumentó que la inadmisión de marras obedeció a que del artículo 91 del Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, no se infiere que exista una causal que encuadre dentro de lo solicitado por la demandante, por cuanto –a su juicio- las causales de desalojo son taxativas y no enunciativas y que aún cuando el Juez conoce el derecho, pudiendo aplicar el principio IURA NOVIT CURIA, conforme a lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que quedan totalmente facultados para elaborar argumentos de derecho para fundamentar en ellos su decisión “a esa actividad se contrae su deber jurisdiccional; aplicar el derecho no alegado por las partes, o interpretar de diversa forma las normas que las partes invoquen, sin que implique ello, el que estén supliendo defensas no alegadas. No pudiendo el Jurisdicente cambar los hechos alegados por las partes…” (sic).

Con tal decisión, la juez de la recurrida incurrió en denegación de justicia, pues indebidamente inadmitió la solicitud de ejecución de la transacción celebrada por las partes en la audiencia conciliatoria celebrada por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda en fecha 06 de noviembre de 2014, procediendo a emitir pronunciamientos de procedencia o de fondo de la solicitud, bajo la falsa premisa de no encuadrar el asunto sometido a su conocimiento, en ninguna de las causales de desalojo previstas en el artículo 91 de la Ley especial que regula la materia arrendaticia de viviendas, desnaturalizando los fundamentos de tal requerimiento, sin que mediaran causas que justificaran tal inadmisibilidad.

En este orden de ideas cabe señalar, que, el juzgador a quo debió examinar las condiciones referidas a la admisión de la solicitud que le fuera formulada, a los fines de verificar si efectivamente se encontraban cumplidos los requisitos contemplados en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y admitir a sustanciación por ser procedente en derecho, la solicitud de EJECUCIÓN VOLUNTARIA O MATERIAL DE LA TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL, que conlleva al desalojo del inmueble objeto de la relación contractual, suficientemente identificado, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición expresa de la Ley. Así se declara.

Así las cosas, considera quien decide, que por cuanto el principio de admisión establecido en el citado artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, permite al justiciable presentar cualquier asunto a los Tribunales de la República, a los fines de que sean providenciadas y resueltas sus controversias, salvo la excepción consagrada en la norma misma, no le era dable a la Juez de la recurrida la inadmisión in límine de la solicitud de EJECUCIÓN VOLUNTARIA O MATERIAL DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL –que conlleva al desalojo del inmueble anteriormente identificado- bajo el argumento de que el asunto sometido a su conocimiento no encuadra en ninguna de las causales de desalojo previstas en el artículo 91 de la Ley especial que regula la materia arrendaticia de viviendas, pues con tal actuación, como se señalara anteriormente, desnaturalizó los fundamentos de tal requerimiento, sin que mediaran causas que justificaran tal inadmisibilidad, causando perjuicios de difícil reparación al accionante. Así se decide.

En efecto, con su proceder, la Juez de la recurrida infringió por falta de aplicación, las normas procesales contenidas en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, normas que imponen una formalidad esencial a la validez del presente procedimiento, subvirtiendo así el orden procesal establecido por la doctrina reiterada y pacífica de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y violando también con esa conducta los derechos fundamentales a la defensa, el debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la demandante.

En consecuencia, por cuanto se han infringido formas procesales esenciales a la validez del procedimiento, consagradas por las disposiciones legales de orden público antes citadas y, por cuanto es deber impretermitible de los jueces procurar la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular algún acto procesal, a los fines de restablecer el orden procesal subvertido, a esta Superioridad no le queda otra alternativa que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, y acogiendo ex artículo 321 eiusdem, la doctrina vertida en los precedentes jurisprudenciales parcialmente transcritos, declarar la nulidad de todo lo actuado en esta causa con posterioridad a la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva, de fecha 09 de mayo de 2016 (folios 20 al 29) mediante la cual la Juez de la recurrida inadmitió in limine la solicitud de EJECUCIÓN VOLUNTARIA O MATERIAL DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL –que conlleva al desalojo del inmueble anteriormente identificado-, y todos los actos procesales cumplidos con posterioridad, en virtud que la pretensión deducida no se encuentra incursa en las causales de inadmisibilidad a que se contrae el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, y por tanto resulta procedente en derecho su admisión, por no ser contraria a la Ley, al orden público o alguna disposición expresa de la Ley; en consecuencia, resulta igualmente procedente en derecho decretar la reposición de la causa al estado en que se encontraba para la mencionada fecha -09 de mayo de 2016 -, a fin de que el Tribunal al cual corresponda conocer del presente juicio, proceda a admitir a sustanciación la pretensión propuesta por la demandante, con estricta sujeción a la normativa que regula la materia. Así se declara.

Por vía de consecuencia, será anulada totalmente la sentencia apelada, de fecha de fecha 09 de mayo de 2016, proferida por el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, y así será acordado en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.

DISPOSITIVA

En orden a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en la presente causa, en los términos siguientes:

Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 24 de mayo de 2016 por la ciudadana N.C.A.D.D. asistida por la profesional del derecho A.P.A., en su carácter de Defensora Pública Primera con competencia en Materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa a la Vivienda de los Estados Mérida, Táchira y Trujillo, contra la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva de fecha 09 de mayo de 2016, proferida por el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en el juicio seguido contra el ciudadano J.L.C.P., por EJECUCIÓN VOLUNTARIA O MATERIAL DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL –que conlleva al desalojo del inmueble objeto de la relación arrendaticia.

Como consecuencia del pronunciamiento anterior, se ANULA la decisión recurrida de fecha 09 de mayo de 2016, dictada por el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS LIBERTADOR Y S.M.D. LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, en la solicitud de EJECUCIÓN VOLUNTARIA O MATERIAL DE TRANSACCIÓN EXTRAJUDICIAL sobre el inmueble objeto del litigio.

Se ordena al Tribunal al cual corresponda por distribución conocer del presente juicio, proceda a admitir a sustanciación la pretensión propuesta por la demandante, con estricta sujeción a la normativa que regula la materia.

.

Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en las costas del recurso.

Queda en estos términos ANULADO el fallo apelado. Así se decide.

Publíquese, regístrese y cópiese. Así se decide.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Mérida. En Mérida, a los veintisiete días del mes de junio del año dos mil dieciséis. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

El…

Juez,

H.S.F.

La Secretaria,

M.A.S.G.

En la misma fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde, se publicó la anterior sentencia, lo que certi¬fico.

La Secretaria,

M.A.S.G.

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA.-Mérida, veintisiete (27) de junio de dos mil dieciséis (2016).-

206º y 157º

Certifíquese por Secretaría, para su archivo, copia de la decisión ante¬rior, de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 112 eiusdem, debiendo insertarse al pie de la misma el contenido del presente decreto.-

El Juez,

H.S.F.

La Secretaria,

M.A.S.G.

En la misma fecha se expidió la copia ordenada en el decreto que antecede.

La Secretaria,

Exp. 6414.- M.A.S.G.