Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 25 de Enero de 2006

THEMA DECIDENDUM: Se inició el presente juicio de cobro de bolívares por intimación que fue interpuesto por el ciudadano J.A.S., en su condición de endosatario en procuración del ciudadano J.A.F.R., en contra del ciudadano VINTILIO ROJAS ROJAS, con respecto a una letra de cambio cuyo beneficiario es el ciudadano J.A.F.R., librada por la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.560.000,oo) que es el valor de la letra de cambio, más la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 689.490,37) por concepto de intereses moratorios calculados a la rata de 5% anual desde la fecha de vencimiento de la referida letra de cambio (30/03/01) hasta el día 18/11/02, fecha en que fue presentada la demanda y los que se siguieran causando hasta la fecha de la total y definitiva cancelación de la citada cambial, tal como se señaló en la corrección del libelo de la demanda que se observa al folio 16 de este expediente. Por su parte el demandado en el acto de contestación de la demanda después de transcribir los conceptos demandados, señala que erróneamente el demandante omitió estimar o cuantificar en definitiva la demanda por lo que impugna tal intimación original y señala un interés del 8%, (el cual no aparece señalado ni en el escrito libelar ni en la letra de cambio), señala que la deuda que existió entre el accionante y su persona fue totalmente cancelada y describe cuatro (4) depósitos bancarios y agrega una negociación de un vehículo que le dio como parte de pago (situación esta que no aparece demostrada en los autos). Señala además como temeraria la acción con lo que se le pretende causar daños irreparables. De esta manera quedó planteada la litis.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

1. VALOR Y MÉRITO JURÍDICO PROBATORIO DE LAS ACTUACIONES QUE OBRAN EN AUTOS EN CUANTO FAVOREZCA A SU REPRESENTADO Y MUY ESPECIALMENTE DE LA LETRA DE CAMBIO QUE CONTIENE LA OBLIGACIÓN DEL PRESENTE JUICIO. Con respecto al mérito y valor jurídico probatorio de las actas del proceso en cuanto le sean favorables, el Tribunal señala, que efectuado el aporte de pruebas, las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, toda vez que por el principio de la comunidad de la prueba, ninguna de las partes contendientes puede atribuirse el valor exclusivo de cualquier prueba o de parte de la misma, ya que como antes se indicó, las pruebas aportadas al juicio son propias de éste, y no de las partes en particular.

Con relación a esta prueba, el Tribunal considera pertinente, hacer las siguientes consideraciones: En primer lugar, cuando una prueba es promovida dentro de un proceso cualquiera, no es el promovente el dueño de la prueba, pues la misma puede beneficiar, favorecer o perjudicar a todas las partes que de una u otra forma aparezcan involucradas en la controversia, en atención al principio procesal de la comunidad de la prueba, que permite que una prueba evacuada y producida a los autos pertenece al proceso, guardando total independencia de la parte que la promovió o produjo y no en forma particular a su aportante o promovente, ya que tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 19 de noviembre de 1.969, tienen su justificación jurídica en que “... como las pruebas constituyen los elementos utilizados por el Juez para alcanzar el fin del proceso, nada importa quien las haya promovido o aportado”; en segundo lugar, son tres las características fundamentales que se le atribuyen al principio de la comunidad de la prueba: 1) Que se relaciona con el hecho de que toda prueba surte efectos para el proceso quien la adquiere (proceso de adquisición de la prueba) para el proceso, sin que importe la parte que la haya promovido. 2) El destinatario de la prueba no es una parte específica, no es tampoco su promovente, es, siempre y en todo caso el proceso. 3) La valoración de una prueba no toma en cuenta el vínculo generador de ella, pues el mérito y la convicción que de ella dimanan es totalmente independiente del propósito del promovente, sólo subordinado a la soberanía del juzgador; en tercer lugar, si bien, la expresión de reproducir el mérito favorable de los autos en cuanto a que favorezca a la parte promovente, no vulnera en sí el principio de la adquisición procesal, ni tampoco lesiona el principio de la comunidad de la prueba, ni menoscaba la potestad del juzgador de valorar las pruebas, no obstante, la expresión el mérito favorable de los autos en cuanto favorezca al cliente o representado, no constituye por sí misma una prueba, sino una especie de recordatorio al Juez para analizar las actas procesales, sin que ello implique, se repite, una prueba en si misma. Por lo tanto, a esta prueba promovida por la parte actora, el Tribunal no le asigna eficacia probatoria alguna, pues las actas procesales y las pruebas no son patrimonio de una parte en especial sino que corresponden al proceso, y por lo tanto, pueden favorecer o desfavorecer a las mismas.

Ahora bien, con relación a la letra de cambio que contiene la obligación objeto del presente juicio, el Tribunal observa que la más acreditada doctrina mercantil y decisiones de carácter jurisprudencial de la extinta Sala de Casación Civil, siempre han considerado la letra de cambio como un documento privado. Este Tribunal considera que el instrumento cambiario que en copia certificada fue producido al folio 3 fue desconocido, pero tal como se señala en la motivación “CUARTA” de la presente sentencia, tal desconocimiento de la firma de la letra de cambio no fue considerada como válida por este Tribunal, por las consideraciones allí expresadas.

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

1. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LAS ACTAS PROCESALES EN TODO Y CUANTO LE FAVOREZCAN: El pronunciamiento del Tribunal es de idéntica forma a la prueba de la consideración SEGUNDA letra “A”, que se refiere al aporte de pruebas efectuado por las partes y que las mismas pasan a formar parte del proceso, sin que ninguno de los contendores pueda atribuirse factores favorables y la eliminación de los que no lo sean, en orden al principio procesal de la comunidad de la prueba.

2. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DEL ESCRITO DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Con relación a esta prueba, el Tribunal comparte el criterio reiterado tanto de juristas como de la jurisprudencia nacional que la contestación de la demanda lo que contiene es o bien convenir en la misma, con lo cual se da por concluido el proceso como forma anormal de la conclusión del mismo; o bien se rechaza en forma genérica; o bien se produce una confesión calificada; pero por lo general, lo que contiene son excepciones o defensas que deben ser objeto del debate probatorio, pero en sí el acto de contestación de la demanda no constituye ninguna prueba, pese a la existencia del principio de la libertad probatoria prevista en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, que establece que son medios prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código antes indicado, el Código Civil y otras leyes de la República, y en donde además se señala que pueden las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la Ley y que consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones, medios estos que se promoverán y evacuaran aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios de pruebas semejantes contemplados en el Código Civil, y en su defecto en la forma que señale el Juez; no obstante el Tribunal considera que los alegatos en sí no constituyen una prueba específica señalada en los textos legales ya señalados, sino planteamientos que puede tomar el juzgador en cuenta si los mismos se encuentran relacionados con la situación jurídica planteada, por lo tanto, tales alegatos no constituyen prueba alguna.

3. VALOR Y MÉRITO PROBATORIO DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS. El Tribunal observa que dichos depósitos corren insertos del folio 38 al folio 41, los cuales fueron impugnados por el abogado J.A.S. en su condición de apoderado judicial del ciudadano J.A.F.R., impugnación que a juicio de este Tribunal solo resulta procedente en cuanto a los depósitos que obran a los folios 40 y 41, toda vez que dichos depósitos fueron efectuados a favor de una persona que lleva por nombre M.P.R., quien no es parte en el presente juicio de cobro de bolívares por intimación, situación distinta se presenta con respecto a los depósitos que rielan a los folios 38 y 39, toda vez que el Tribunal ha podido constatar lo siguiente: que el primer depósito que obra al folio 38, por la cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 1.850.000,oo), según planilla de depósito múltiple número 16629032, efectuado en UNIBANCA, Banco Universal, observándose en la parte inferior izquierda que tal cantidad ingresó a favor de J.A.F.R.; el que riela al folio 39 por la cantidad de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo), observándose en la parte inferior izquierda que tal cantidad ingresó a favor de J.A.F.R., a estos dos (2) depósitos efectuados a favor del mencionado demandante J.A.F.R. y a los fines de valorar las referidas planillas de depósito, este Tribunal trae a colación la decisión de la Sala de Casación Civil de fecha 20 de diciembre de 2.005, en la que entre otras cosas expresa que:

   “…resulta necesario en primer termino conocer cual es la naturaleza de los depósitos bancarios y que tipo de prueba constituyen, pues dependiendo de esta calificación que se efectúe, sabremos que tratamiento deberá dar el jurisdicente a este tipo de pruebas y particularmente, que reglas deberán cumplirse en el establecimiento o incorporación de este tipo de pruebas al proceso (…).

   Ahora bien, el Dr. Valmore A.A., en su libro Los Depósitos Bancarios, nos indica lo siguiente:

   se entiende por depósito bancario, el acto por el cual una persona entrega a un banco una suma de dinero con la obligación para el banco de restituirla a la primera solicitud o en la fecha que se hubiere convenido

   . (Valmore A.A., Los Depósitos Bancarios, Universidad Central de Venezuela, Sección de Publicaciones, Caracas 1955).

   Las operaciones bancarias, no siempre se encuentran respaldadas por una sola figura jurídica, pues en reiterados casos convergen en una misma operación, distintas figuras jurídicas que se entrelazan unas a otras y así resulta, o nacen determinadas operaciones bajo la regulación de distintas figuras jurídicas.

   En este sentido, el aludido autor en el trabajo antes citado, nos señala nuevamente lo siguiente:“…Si bien los actos bancarios por su naturaleza especial no presentan la configuración típica de los contratos tradicionales, se los asimilaba a ellos y así se aplicaban a estas operaciones bancarias las disposiciones sobre el mutuo, sobre el depósito o sobre el mandato (…) Esto explica que a una operación de banco sea necesario aplicar disposiciones referentes a diversos tipos de contrato. No se trata de dos operaciones distintas reguladas por sus respectivos modos contractuales, sino de una única operación que por su complejidad participa de las características de diversas categorías contractuales…”.

   Tal es el caso de la operación de depósito bancario, en la cual emergen características propias de los contratos de mandato, depósito y prestación de servicio.

   En efecto, no cabe duda, que la banca privada presta un servicio a sus clientes, de ahí que nace entre el banco y la persona que apertura una cuenta, por ejemplo, un contrato de servicio, donde a su vez, se materializará la figura del mandato, por cuanto el cliente bien sea cuenta ahorrista o cuentacorrentista, por ejemplo, le permite al banco como mandatario, recibir en su nombre determinados bienes, títulos valores, moneda, cantidades de dinero, etc. (…).

   Por ello, cuando las entidades bancarias reciben el dinero de terceras personas, para ser depositado en una determinada cuenta, el banco no actúa en nombre propio, lo recibe en nombre de su cliente, vale decir mandante y, la planilla de depósito bancario, por consiguiente, no puede considerarse como un documento emanado propiamente de un tercero, sino que representa un documento que certifica un tercero y que en su formación han intervenido dos personas, por un lado el banco que certifica la operación y recibe el dinero como (mandatario), en nombre del titular de la cuenta (mandante) y el depositante quien puede ser un tercero, o el mismo titular de la cuenta.

   En el caso sub iudice, en los depósitos bancarios figura como depositante el accionado, quien acompañó como medio de prueba dichos depósitos o planillas de depósitos con el propósito de probar el pago (…).

   No obstante, el accionante- quien formula la presente denuncia- estima que estos depósitos deben ser ratificados mediante la prueba de testigos, a tenor de lo dispuesto en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, ya que constituye un documento emanado de un tercero.

   Este planteamiento, no lo comparte la Sala, por cuanto como se señaló anteriormente, los depósitos bancarios no son documentos que se forman de manera unilateral por parte de un tercero, los bancos. En su formación participan el depositante y el banco, quien recibe el dinero en nombre de su mandante- el titular de la cuenta- y certifica el depósito mediante símbolos y validación propios de esa operación e institución bancaria y no a través de una firma.

   Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, facultad que realiza la Sala en virtud de la naturaleza de la presente denuncia, se aprecia que el accionado figura como depositante en dichos depósitos bancarios y considerando que en esta operación bancaria media también la figura del mandato, y la de prestación de un servicio, donde el banco actúa como mandatario e intermediador del titular de la cuenta con terceros, no podría considerarse en este caso los depósitos bancarios como un documento emanado de un tercero.

   En efecto, como consecuencia de esta relación de mandato e intermediación por la prestación de un servicio, el dinero al ingresar en la cuenta es recibido por el propio titular de la cuenta, no por el banco.

   Esto permite concluir, considerando que el demandante es el titular de la cuenta y, el depositante el accionado, que los depósitos bancarios que cursan en autos no son documentales propiamente emanadas de un tercero.

   Por el contrario, esta Sala estima que los mismos encuadran dentro de los medios probatorios llamados tarjas, los cuales por encontrarse incluidos en el capítulo V, Sección I, del Código Civil, en su artículo 1.383, encuadran en el género de prueba documental.

   Las tarjas se encuentran previstas en nuestro Código Civil en su artículo 1383, que textualmente dispone lo siguiente:

   Las tarjas que corresponde con sus patrones hacen fe entre las personas que acostumbran comprobar con ellas las provisiones que hacen o reciben en detal

   .

   El Dr. J.E.C.R., expone el significado de las tarjas de la siguiente manera:

   …las tarjas en su versión más primitiva, consisten en dos listones o pedazos separados de madera, cuero u otro material, los cuales reposan en poder de cada parte, y que en materia de ventas a crédito, cada vez que el vendedor entrega mercancías al comprador, juntan los dos listones o pedazos y sobre ellos, a su vez en el mismo instante y con un mismo movimiento, se efectúa una marca que abarca a ambos. Cada muesca corresponde a una entrega, y la coincidencia de las muescas en ambos listones, prueba el número de entregas. Si tomamos en cuenta que el CC contempló a las tarjas dentro de la pruebas por escrito, debemos rechazar que dicho Código se esté refiriendo con exclusividad a la forma primitiva expuesta, y por ello, pensamos que los documentos-tarjas (escritos) siempre ha sido posible emitirlos conforme al CC, quien además, no los prohíbe. Esto sin que importe si las tarjas escritas emanan de máquinas, o son suscritas…

   . (Jesús E.C.R., Contradicción y Control de la Prueba Legal y Libre, Tomo II, Pag 92).

   Por otro lado, en un valioso trabajo contenido en la revista de derecho probatorio dirigida por el Dr. J.E.C., elaborado por la Dra. M.L.T.R., se sostiene igualmente que las planillas de depósitos bancarios constituyen documentos asimilables a las tarjas, y en ese sentido se puntualiza lo siguiente:

   …Hoy día hay una serie de documentos escritos o impresos que pueden asimilarse a las tarjas, tales como los vouchers de las tarjetas de crédito, las planillas de depósito de los bancos y por qué no incluir aquí, las notas de consumo de servicios públicos. En el caso de los documentos escritos tipo tarjas, cada parte conserva un original idéntico, que debe guardar coincidencia con el otro original, el elemento característico de estos instrumentos es la coincidencia, lo cual se evidencia del artículo 1383 del CC,. Anteriormente transcrito; de acuerdo con él, para que las tarjas hagan fe entre las partes, es requisito indispensable que éstas se correspondan entre sí, no siendo importante, y hasta irrelevante, la firma de los ejemplares

   …

   En orden a lo antes expuesto, este Tribunal le asigna a los dos depósitos a que se contraen en los folios 38 y 39 el valor probatorio que se desprende del artículo 1.383 del Código Civil.

4. DE LAS POSICIONES JURADAS: El Tribunal observa que mediante diligencia que obra inserta al folio 49 del presente expediente, la parte demandada ciudadano VINTILIO ROJAS ROJAS, renunció en forma expresa a la evacuación de la referida prueba, por tal circunstancia, la referida prueba no fue evacuada y es obvio que no se puede valorar una prueba que no fue evacuada.

El Tribunal ha podido constatar que en el acto de contestación de la demanda, que riela del folio 31 al 37, la parte accionada efectuó dos (2) copias casi idénticas, vale decir, las que se pueden apreciar a los folios 35 y 36, en la que solo se modificó en ambos folios, en el renglón 27 las siguientes palabras: en el folio 35 del mencionado renglón dice: “y aquí acompañado”; y en el folio 36 en el mismo renglón dice: “cuya firma desconozco”, tal situación evidencia sin lugar a dudas una falta de lealtad y probidad en el proceso conforme a lo consagrado en el artículo 17 del Código de Procedimiento Civil, a lo que también se refiere lo previsto en el artículo 170 eiusdem, faltas estas contrarias a la ética profesional y lo que en un momento dado puede constituir un fraude procesal, por ser contrario a la majestad de la justicia y al necesario respeto que se deben los litigantes, toda vez que tanto las partes como sus apoderados y los abogados asistentes deben actuar en el proceso con lealtad y probidad; de tal manera que al intercalar en su escrito de demanda el accionado dos (2) hojas prácticamente idénticas con la sola modificación precitada, no solo se pretende sorprender la buena f.d.J., sino también con relación a una de las partes procesales, lo que deteriora la recta administración de la justicia, por una parte, y por la otra, no se debe ignorar el contenido del último aparte del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece lo siguiente: “… El sistema de justicia esta constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las auxiliares y funcionario o funcionarias de justicia, el sistema penal penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados y las abogadas autorizadas para el ejercicio”. (Lo destacado y subrayado corresponde al Tribunal).

De tal manera que, el Tribunal no puede convalidar una falta de lealtad y probidad cometida tanto por el abogado demandado VINTILIO ROJAS ROJAS como su abogado asistente J.E.O., a quienes se les apercibe para que no cometan en lo sucesivo actos que van en detrimento de la recta administración de justicia, toda vez que el abogado VINTILIO ROJAS ROJAS , con la asistencia jurídica del abogado J.E.O. en el escrito de contestación de la demanda por ellos suscritos colocaron dentro del mismo dos (2) folios escritos (35 y 36) con contenido casi idéntico en su totalidad ya que solo cambiaron tres palabras seguidas en el que se expresaron las palabras ya indicadas, en una de las cuales se produjo el desconocimiento del efecto cambiario objeto de la demanda. Ahora bien, el demandado VINTILIO ROJAS ROJAS incluso realizó unos depósitos bancarios en la cuenta corriente del ciudadano J.A.F.R., parte actora en el presente juicio. En orden a las consideraciones antes señaladas, este Tribunal estima como no efectuado el desconocimiento de la firma de la letra de cambio objeto de la presente acción judicial. Y así se decide.

La demanda tal como se observa tanto del libelo original que obra a los folios 1 y 2 como del contenido de la corrección libelar que corre inserta al folio 16 de este expediente, la letra de cambio alcanza a la cantidad de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.560.000,oo), ahora bien, por cuanto el accionado hizo efectivo el pago de la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 2.850,000,oo), según se evidencia de los dos depósitos que corren insertos a los folios 38 y 39, es por lo que por concepto de capital sólo adeuda la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 5.710.000,oo), suma ésta que debe ser condenado a pagar el demandado ciudadano VINTILIO ROJAS ROJAS, con respecto al capital adeudado con relación a la letra de cambio y en cuanto a los intereses los mismos serán determinados en el texto de la consideración “QUINTA”. Y así debe decidirse.

En la corrección libelar que obra al folio 16 la parte accionante solicitó el pago de los intereses que se siguieran causando hasta la fecha de la total y definitiva cancelación de la citada cambial, a la rata del 5% anual. El Tribunal observa que en el expresado escrito fueron discriminados los correspondientes intereses a la rata antes señalada desde la fecha del vencimiento del indicado título valor hasta la fecha de la interposición de la acción judicial, vale decir, hasta el día 18-11-2.002, siendo ello así y habiéndosele cancelado a la deuda inicial la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 2.850.000,oo), según se desprende del contenido de los depósitos que se pueden constatar a los folios 38 y 39, es por lo que a la suma inicialmente adeudada de OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 8.560.000,oo) a que se contrae la letra de cambio que riela al folio 3, se deduce que el saldo deudor del capital adeudado (sin sumarle los intereses que fueron establecidos en la mencionada corrección libelar a que se contrae el folio 16) es la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 5.710.000,oo).

Ahora bien, por cuanto a partir del mencionado día 18 de noviembre de 2.002, en que se recibió por distribución la presente acción judicial, (según se evidencia del vuelto del folio 2 del expediente) hasta la presente fecha, han transcurrido tres años y dos meses por lo que durante el transcurso de ese lapso, se adeudan hasta la presente fecha, por concepto de intereses a la rata del 5% anual, la cantidad de NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CENTÍMOS (Bs. 904.083,33), tomándose como referencia para el cálculo de tales intereses la cantidad de capital adeudado, es decir, la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 5.710.000,oo), intereses estos causados desde el día del vencimiento de la letra de cambio (30 de marzo de 2.001) hasta la fecha en que fue interpuesta la demanda, (18 de noviembre de 2.002); a la cantidad de NOVECIENTOS CUATRO MIL OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CENTÍMOS (Bs. 904.083,33), por concepto de intereses de los tres años y dos meses, debe sumársele la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CENTÍMOS, (Bs. 689.490,37), que fueron los intereses causados desde la fecha en que venció la letra de cambio hasta la fecha que se introdujo la demanda, calculados al folio 16, todo lo cual totaliza por concepto de intereses la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA CENTÍMOS (Bs. 1.593.573,70), suma ésta que debe pagar el demandado ciudadano VINTILIO ROJAS ROJAS al demandante ciudadano J.A.F.R.. Y así debe decidirse.

De todo lo anteriormente señalado se puede concluir que por concepto de capital el demandado adeuda al demandante la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 5.710.000,oo) y que por intereses el accionado adeuda al accionante la cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA CENTÍMOS (Bs. 1.593.573,70), por lo tanto el demandado VINTILIO ROJAS ROJAS debe ser condenado a pagar al ciudadano J.A.F.R. la suma total de SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA CENTÍMOS (Bs. 7.303.573,70). Y así debe decidirse.

En la demanda el accionante solicita que en la sentencia definitiva se aplique la indexación o corrección monetaria con relación al valor de la letra de cambio. Ahora bien, establecidos como han sido los respectivos intereses moratorios generados por la señalada letra de cambio, y proceder a ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago exigido constituiría una doble indemnización. En este sentido el Tribunal comparte el criterio sustentado por el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Político-Administrativa, en la sentencia número 00428 de fecha 11 de mayo de 2.004, contenida en el expediente número 2.002-0739, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa que dejó establecido lo siguiente:

En cuanto los intereses solicitados por la parte actora, advierte la Sala que para el cálculo de los mismos, son aplicables las normas al respecto contenidas en el decreto 1.417 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras (publicado en la Gaceta Oficial, Extraordinaria del 16 de septiembre de 1.996), por haberle acordado expresamente las partes en el contrato por ellas celebrado (…).

Por otra parte, con relación a la solicitud de la indexación del capital adeudado a la sociedad mercantil…, esta Sala estima que al haber sido acordado el pago de los intereses reclamados, la misma no resulta procedente, por cuanto ordenar simultáneamente la corrección monetaria del pago requerido y el pago de los intereses moratorios generados, implicaría en criterio de esta Sala una doble indemnización, razón por la cual tal petición debe ser desechada y así se decide

.

Por cuanto este Tribunal comparte el criterio anteriormente reseñado, para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, en orden a la previsión legal contenida, es por lo que desecha el pedimento de la indexación del capital adeudado, toda vez que se ha efectuado el cálculo de los intereses que debe pagar el demandado al demandante y acordar la indexación o corrección monetaria constituiría una doble indemnización. Y así se decide.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: Parcialmente con lugar la demanda que por cobro de bolívares por intimación fue interpuesta por el abogado J.A.S., en su condición de endosatario en procuración del beneficiario ciudadano J.A.F.R.. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior pronunciamiento se condena a la parte demandada ciudadano VINTILIO ROJAS ROJAS al pago de las siguientes cantidades de dinero: a) La cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs. 5.710.000,oo), por concepto del saldo deudor a la cantidad expresada en la letra de cambio objeto de la demanda. b) La cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES BOLÍVARES CON SETENTA CENTÍMOS (Bs. 1.593.573,70), por concepto de intereses de mora. TERCERO: Por la naturaleza del presente fallo no hay especial pronunciamiento sobre costas. CUARTO: Sin lugar la corrección monetaria o indexación judicial solicitada por la parte actora en su escrito libelar. QUINTO: Por cuanto la decisión sale fuera del lapso legal se acuerda la notificación de las partes, con el entendido que en el día de despacho siguiente a aquél en que conste en los autos la última notificación, comenzará a contarse el lapso de apelación a que se contrae el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil, debe seguirse la forma prevista en los artículos 187, 292, 294, 297 y 298 eiusdem y para evitar la trasgresión de la norma constitucional que garantiza el derecho a la defensa y la garantía del debido proceso de las partes, previstos en el encabezamiento y numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y cumplir asimismo con la igualdad procesal de las partes prevista en el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense las correspondientes boletas de notificación.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.

DADA, FIRMADA Y SELLADA EN LA SALA DE DESPACHO DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA. Mérida, veinticinco de enero de dos mil seis.

EL JUEZ TITULAR,

A.C.Z.

LA SECRETARIA TITULAR,

S.Q.Q.

En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo la una de la tarde. Conste.

LA SCRIA,

S.Q.

ACZ/SQQ/dsf.