Decisión nº 1733 de Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de Merida, de 20 de Julio de 2010

La cantidad de dos millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta bolívares (Bs. 2.350.450), hoy dos mil trescientos cincuenta bolívares fuertes con cuarenta y cinco céntimos (Bs. 2.350,45), por concepto de pago del monto de la primera letra de cambio. Segundo: La cantidad de cinco millones cuatrocientos treinta y cuatro mil doscientos bolívares (Bs. 5.434.200), hoy cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro bolívares fuertes con veinte céntimos (Bs. 5.434,20), por concepto de pago del monto de la segunda letra de cambio. Tercero: Se condene a la demandada a pagar la indexación de los montos antes señalados, en virtud de la devaluación de la moneda. Cuarto: Se le condene a pagar las costas y costos del procedimiento, prudencialmente calculados por el tribunal.

Que los conceptos arribas indicados suman la cantidad de siete mil setecientos ochenta y cuatro bolívares fuertes con sesenta y cinco céntimos (Bs. 7.784,65), cantidad en la cual estimó la demanda.

Que fundamentó la demanda en los artículos 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

Que en virtud que las referidas letras de cambio están reconocidos legalmente, solicitó el decreto de embargo sobre bienes propiedad de la deudora, suficientes para cubrir la obligación demandada y las costas del proceso.

Junto con el escrito contentivo de la demanda, el endosatario en procuración produjo los documentos siguientes:

1. Actuaciones relativas al reconocimiento de documento realizado por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, según expediente signado con el número 6130 de la nomenclatura propia de ese tribunal, cuyos demandantes son los ciudadanos C.A.D.D., M.C.D.D., N.J.D.D. y OTROS y la demandada es la ciudadana M.A.D.G..

   Mediante auto de fecha 15 de mayo de 2008 (folio 22), el Tribunal de la causa le dio entrada a la demanda interpuesta por la vía ejecutiva por el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos C.A.D.D., M.C.D.D., N.J.D.D., R.J.D.D., E.R.D.D., I.M.D.D. y L.M.D.D., contra la ciudadana M.A.D.G..

   Por diligencia de fecha 26 de mayo de 2008 (folio 23), el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, consignó certificado de solvencia de sucesiones signado con el número 3796 y planilla de declaración sucesoral signada con el número 0003376, de fecha 10 de mayo de 2001.

   Por auto de fecha 28 de mayo de 2008 (folios 33 y 34), el Tribunal de la causa, admitió por cuanto no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley la demanda interpuesta por el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos C.A.D.D., M.C.D.D., N.J.D.D., R.J.D.D., E.R.D.D., I.M.D.D. y L.M.D.D., contra la ciudadana M.A.D.G., en consecuencia, ordenó el emplazamiento de la demandada, para que compareciera por ante ese Juzgado dentro de los veinte días de despacho siguientes a aquél en que conste en autos su citación a los efectos de dar contestación a la demanda.

   Mediante diligencia de fecha 14 de octubre de 2008 (folio 39), el ciudadano Alguacil del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, devolvió boleta de citación debidamente firmada por la ciudadana M.A.D.G., en su condición de parte demandada.

   Por escrito presentado en fecha 18 de noviembre de 2008 (folios 41 al 46), por las abogadas R.D. y Y.C.P., venezolanas, mayores de edad, titular de la cédula de identidad números 15.427.726 y 13.306.499, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 115.295 y 84.390, actuando en su condición de apoderadas judiciales de la ciudadana M.A.A.V., DE GUILLÉN, según consta en instrumento poder otorgado por ante la Notaría Pública Primera del Estado Mérida, bajo el número 11, Tomo 89, de fecha 10 de noviembre de 2008, procedieron a dar contestación a la demanda interpuesta contra su representada, en los términos que en síntesis a continuación se expone:

   Que el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, demandó por la vía ejecutiva a su representada la ciudadana M.A.A.v. de GUILLÉN, por el pago de dos letras de cambio, en las cuales, la primera fue librada en fecha 19 de mayo de 2000, por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 2.350.450.00), con fecha de vencimiento para el 19 de junio de 2004, y la segunda, fue librada en fecha 1° de febrero de 2000, por un monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (5.434.200,00), con fecha de vencimiento para el 1° de junio de 2003, ambas a la orden del supuesto librador y beneficiario el ciudadano R.D.P., quien falleció ab intestato en fecha 11 de junio de 2000.

   Que rechazaron y contradijeron, tanto los hechos como el derecho, la demanda propuesta.

   Que el pago de las referidas letras ya fue demandado por la vía intimatoria, en el juicio signado con el N° 20.622, de la nomenclatura propia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el cual, mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 2004, declaró la inadmisibilidad de la demanda, con fundamento en que las supuestas letras de cambio no estaban firmadas por el librador.

   Que la referida sentencia de fecha 24 de agosto de 2004, señaló: “…De la revisión minuciosa que se hiciera de las Letras de Cambio, fundamento de la acción, encuentra este Juzgador que las mismas carecen de las firmas del que gira las letras (librador). El artículo 410 del Código de Comercio, expresamente establece cuales son los requisitos esenciales que debe contener una Letra de Cambio, y específicamente el ordinal 8º de dicho artículo: “…8º. La firma del que gira la letra (librador)”, igualmente el artículo 411 ejusdem, establece que el Título al cual le falte uno de los requisitos enunciados en el artículo procedente, “no vale como Letras de Cambio”, salvo los casos determinados en el artículo 411 anteriormente citado, entre los cuales no figura el ordinal 8º del artículo 410. El titulo al cual le falta la firma del Librador, no puede ser considerada como Letra de Cambio, ya que la misma tiene eficacia jurídica cuando reúne los extremos esenciales para su validez, y cuando uno de ellos faltan, como es la firma del libertador, no basta que haya sido aceptada, redactada y firmada por el librado, ni que se haya conservado en poder del beneficiario, ya que dicho requisito no es facultativo, susceptible de suplirse con otros medios de prueba, ya que la Letra de Cambio es un titulo autónomo y para el beneficiario de la misma surgen dos acciones: la “acción cambiaria” derivada directamente de la Letra de Cambio, y la “acción ordinaria” derivada de la deuda misma, no habiendo lugar a la primera acción, cuando la Letra de Cambio no llena los requisitos establecidos en el artículo 410 del Código de Comercio, ya que en dicha norma es donde aparecen los elementos fácticos para formar el supuesto legal que determina que el título respectivo valga como Letra de Cambio y la ausencia de algunos de esos elementos o requisitos esenciales determina que el mismo no valga como Letra de Cambio. Los referidos requisitos, aun cuando envuelven una cuestión de hecho, incorporados como están a la norma como esenciales constituye también una cuestión de derecho, la cual dentro del principio “iura novit curia” el Juez debe conocer y aplicar para la solución del caso donde estuviste planteada, de ello es consecuencia que la existencia de los referidos requisitos o elementos esenciales de la Letra de Cambio, no se pueden probar sino con el contenido del titulo mismo y no pueden demostrarse con pruebas extras Letra de Cambio…”. (sic).

   Que la referida sentencia concluye señalando: “…De las normas anteriormente señaladas y transcritas se puede deducir, que para que una Letra de cambio sea valida es esencial que la misma contenga la firma del que gira la Letra de Cambio (librador), lo cual no es el presente caso en virtud de que las Letras de Cambio fundamento de la acción no están firmadas por el librador de las mismas, en este caso, por el ciudadano R.D.P., ya que el lugar donde debe contener la firma del librador se observa que esta en blanco. En consecuencia, por lo antes expuesto es por lo que este Juzgador considera que las Letras de Cambio fundamento de la acción son nulas, y en tal virtud no pueden constituir prueba escrita suficiente para fundamentar en él, el procedimiento de intimación incoado y dicha falta de firma no puede ser suplida por el Juzgador, deduciéndola de elementos extraños a las menciones literalmente contenidas en el texto de las Letras de Cambio sin violar el principio de literalidad, contenida en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 410 del Código de Comercio, porque la literalidad propia del titulo impide poder utilizar medios de prueba distinto y extraños a lo que esta literalmente expresado en las cláusulas insertas en su texto. Forzoso es concluir que las Letras de Cambio en que la parte actora fundamenta la acción e inserta a los 06, 07 y 98 del expediente, son nulas y así debe ser declarada por este Tribunal; Y ASI SE DECIDE…” (sic).

   Que dicha sentencia fue publicada en fecha 24 de agosto de 2004, y previo cómputo, fue declarada definitivamente firme, dando por terminado el juicio y ordenado el archivo del expediente, por auto de fecha 02 de septiembre de 2004, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida.

   Que en fecha 10 de noviembre de 2004, el abogado G.U.C., en representación de sus poderdantes, presentó por ante el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, solicitud de reconocimiento de contenido y firma de veinte (20) instrumentos cambiarios, contra su representada, solicitud que cursó bajo el Nº 6131 de la nomenclatura de dicho Tribunal, que mediante auto de fecha 09 de diciembre de 2004, declaró reconocidos los instrumentos cambiarios producidos, en virtud de la incomparecencia de la notificada, de conformidad con el artículo 631 del Código de Procedimiento Civil.

   Que entre las veinte (20) letras de cambio presentadas para ser reconocidas y que fueron declaradas como tales, se encontraban las dos (02) letras de cambio objeto de la demanda contenida en el juicio signado con el Nº 20622, de la nomenclatura propia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, respecto de las cuales, mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 2004, se declaró la inadmisibilidad de la demanda, con fundamento en que las supuestas letras de cambio no estaban firmadas por el librador.

   Que no obstante de ello, el señalado apoderado judicial interpuso por ante este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, nueva demanda contra su representada, por la vía intimatoria, contenida en el expediente signado con el Nº 8310, con fundamento en las veinte (20) letras de cambio reconocidas y en este juicio demandadas, las dos (02) cuya admisión fue negada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, mediante sentencia de fecha 24 de agosto del 2004, en el juicio signado con el N° 20622, lo que dio lugar, que mediante auto de admisión de fecha 13 de junio de 2005, se admitiera la demanda sólo en relación a las demás letras acompañadas al libelo, con excepción de las dos (02) mencionadas, independientemente del reconocimiento previo declarado en fecha 09 de diciembre de 2004, por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la mencionada Circunscripción Judicial.

   Que mediante auto de fecha 13 de junio de 2005, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, expuso: “…El Tribunal observa que en la copia fotostática certificada del expediente mercantil 20622 que cursó por ante el percatado de que eran las mismas que cursaron por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida existe una sentencia de cobro de bolívares por intimación en la cual dicho tribunal declaró inadmisible la demanda interpuesta por C.A.D., M.C.D.D., N.J.D.D., R.J.D.D., E.R.D.D., I.M.D.D. y L.M.D.D., ya que en lugar donde debe contener la firma del librador se observó en blanco, es decir, que no cumplía con el artículo (sic) 210 del Código de Comercio en su ordinal 8 donde se exige para la validez de la letra de cambio (sic) las firma del que gira la letra (librador), tales letras a las que se refiere el mencionado Juzgado son las libradas en fecha 01 de febrero del 2000, 19 de mayo del 2000 y 17 de febrero de 1998, la primera por la cantidad de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (5.434.200,00), la segunda por la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (BS. 2.350.450,00), y la tercera por QUINCE MIL BOLIVARES (Bs. 15.000) y el Tribunal observa que dos de dichas letras, concretamente las que obran a los folios (sic) 24 y 25 son las mismas a que hace referencia la mencionada sentencia emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida de fecha 24 de agosto de 2004, por tanto al haberse posteriormente colocado la firma del Librador las mismas no pueden ser admitidas por lo que debe ser procedente a admitir la demanda sólo en cuanto a las demás letras de cambio que fueron acompañadas junto con el escrito libelar, ello independientemente que conforme al auto que obra al folio 39 de este expediente fueron declarados reconocidos los instrumentos cambiarios por ante el Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, todo ello en base al principio de la Notoriedad Judicial, que no requiere da y constituye una obligación para el Juez declararla…”. (sic).

   Que el juicio signado con el N° 8310, terminó con la transacción celebrada mediante acta de fecha 09 de noviembre de 2005, la cual fue homologada por el Tribunal de la causa, mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2005, que impartió el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, declarado firme por auto de fecha 25 del mismo mes y año. Que dicho expediente se dio por terminado y se ordenó su archivo.

   Que el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, demandó por tercera vez, cuyo expediente fue signado con el Nº 9500, por la vía ejecutiva, fundamentada en las mismas dos (02) letras de cambio libradas en fecha 19 de mayo de 2000, por un monto nominal de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (BS. 2.350.450,00), con fecha de vencimiento para el 19 de junio de 2004 y la otra, en fecha 1° de febrero de 2000, por un monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (5.434.200,00), con fecha de vencimiento para el 1° de junio de 2003.

   Que la presente acción es intentada para lograr el pago de las referidas letras de cambio, haciéndolas valer como tales y presentándolas como los títulos fundamentales de la acción, por lo cual opusieron, que no estando dichas letras firmadas por el librador carecen en absoluto de valor como letras de cambio, según en forma expresa lo preceptúa el artículo 411 del Código de Comercio, en conexión con el 410, ordinal 8º eiusdem.

   Que el fundamento de ésta demanda, ya fue objeto de sentencia con autoridad de cosa juzgada en los dos juicios anteriores, uno por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en el juicio signado con el Nº 20622 y el otro por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio signado con el Nº 8310, razón por la cual, opusieron la cosa juzgada resultante de dichos fallos.

   Que no cambia en nada el valor de la cosa juzgada, el hecho de que las letras objeto de la presente demanda hubieran sido objeto de la declaración judicial que las dio por reconocidas, porque el reconocimiento de la firma del librado no valida como letra de cambio, una letra que carece de la firma del librador y por consiguiente, ilegítima la acción para pretender su pago, que es lo que el Juzgado, ya evidenció al resolver la inadmisibilidad de las referidas letras en la decisión de fecha 13 de junio de 2005, en el juicio signado con el N° 8310, que expuso: “…independientemente de que conforme al auto que obra al folio 39 de este expediente fueron declarados reconocidos los instrumentos cambiarios por ante el Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial…”. (sic).

   Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 01663, expediente Nº 2004-1338, de fecha 30 de septiembre de 2004, cita:

   …En este caso particular se intentó obligar al librador y su avalista a pagar el monto correspondiente a diez letras de cambio mediante el procedimiento de intimación antes indicado; decreto que efectivamente fue expedido por la juez sancionada, días después de haber negado la admisión de la demanda, por faltar uno de los requisitos sine quanon establecido en el artículo 410 del Código de Comercio para que la letra de cambio fuese considerada como tal, esto es, la firma del librador. La recurrente indica que su conducta constituye el ejercicio de la facultad saneadora del juez., que ha sido establecida por el Legislador, y por virtud de la cual podía aceptar nuevamente la demanda, toda vez que constaba la corrección por parte del beneficiario de los instrumentos cambiarios y además, se ponía en evidencia el compromiso que existía entre ambas partes, quienes posteriormente efectuaron un acto de auto composición procesal que fuera homologado por el tribunal a su cargo. Sobre este punto, es menester señalar que las particularidades y la fuerza que lleva implícita un título inyuntivo de la naturaleza de la letra de cambio, exige el cumplimiento de ciertos requisitos, por demás, ineludibles, para su presentación y validez, lo que en el caso de autos, fue suficiente para que la juez a cargo del tribunal competente resolviera, en un primer momento, declarar la inadmisibilidad de la demanda establecida por vía de intimación.,…Como puede apreciarse, siendo declarada inadmisible la demanda por la juez sancionada, aceptó que días después el librador presentara las mismas letra de cambio y dos adicionales, firmadas todas en su tribunal, y con ello procedió a admitir la demanda y dictar el decreto intimatorio contra el obligado principal y el avalista, alegando que se trataba de una nueva demanda.

   , hecho que, en criterio de la Sala, configuró un “…evidente abuso de autoridad, al admitir una demanda estando en claro conocimiento de la inadmisibilidad de ésta por haber sido declarada días antes por ella misma”. Concurre, además, ciudadano Juez, el hecho muy grave de que las mencionadas letras, respecto de las cuales en las dos decisiones judiciales ya citadas, los tribunales que las dictaron, establecieron que no estaban firmadas por el librador, declarando por tal motivo la inadmisibilidad de la acción judicial para su cobro, en el tercer juicio propuesto por cobro de las mismas, resulta que aparecen firmadas las dos por el librador, hecho imposible que ocurriera, puesto que éste falleció en la ciudad de Mérida el día 11 de junio del año 2000, por lo tanto, mucho antes de que se intentara siquiera el primer juicio pretendiendo el pago, o sea el Nº 20.622, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de esta Circunscripción Judicial, el 24 de agosto del 2004; por lo que la parte actora y su apoderado tienen pendiente explicar como es que ahora las demanda firmadas por el librador…”. (sic).

   Que de haberse tratado de letras de cambio válidas, habría prescrito la acción para demandar su pago, conforme lo establece el artículo 479 del Código de Comercio, que señala: “Todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante, prescriben a los tres años contados desde la fecha de vencimiento. Las acciones del portador contra los endosantes y el librador prescriben al año a partir de la fecha del protesto sacado en tiempo útil, o de la del vencimiento en caso de cláusula de resaca sin gastos. Las acciones de endosantes los unos contra los otros y contra el librador, prescriben a los seis meses, a contar desde el día en que el endosante ha reembolsado la letra o desde el día en que el mismo ha sido demandado”.

   Que las letras de cambio libradas contra su representada, lo fue la primera para el 19 de mayo de 2000, por un monto nominal de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (BS. 2.350.450,00), con fecha de vencimiento para el 19 de junio de 2004, por lo tanto, para la fecha de admisión de la presente demanda, vale decir, el 28 de mayo de 2008, transcurrió en exceso el lapso de prescripción de tres (03) años conforme al artículo citado y con respecto a la segunda letra de cambio demandada, la misma fue librada en fecha 1° de febrero de 2000, por un monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (5.434.200,00), con fecha de vencimiento para el 1° de junio de 2003, para la fecha de admisión de la presente demanda, vale decir, el 28 de mayo de 2008, también transcurrió en exceso el lapso de prescripción de tres (03) años dado por la ley, sin que pudiese invocarse la solicitud de reconocimiento de dichas letras en fecha 10 de noviembre de 2004, como un acto de interrupción de la prescripción, puesto que con respecto a la admisión de la presente demanda, en fecha 28 de mayo de 2008, transcurrió íntegramente el lapso de prescripción conforme al artículo antes citado.

   Mediante diligencia de fecha 13 de enero de 2009 (folio 69), el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, consignó escrito de promoción de pruebas en la presente causa.

   Por diligencia de fecha 14 de enero de 2009 (folio 70), la abogada R.D., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada en la presente causa, consignó escrito de promoción de pruebas en la presente causa.

   Por auto de fecha 15 de enero de 2009 (folio 71), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, acordó agregar las pruebas promovidas por el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora y por la abogada R.D., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada en la presente causa.

   A través del auto de fecha 20 de enero de 2009 (folio 78), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, admitió cuanto ha lugar en derecho y salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas promovidas por el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora y por la abogada R.D., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada en la presente causa.

   Mediante auto de fecha 25 de marzo de 2009 (folio 80), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, previo cómputo, en virtud de encontrarse vencido el lapso de promoción de pruebas en la presente causa, fijó el décimo quinto día de despacho siguiente a esa fecha, para que las partes presentaran los escritos de informes.

   A través del escrito de fecha 23 de abril de 2009 (folios 81 al 83), por el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, estando dentro del lapso legal correspondiente, presentó los informes en la presente causa, en los términos que este Tribunal a continuación en síntesis expone:

   Que se inició el presente procedimiento, por demanda interpuesta por los sucesores y continuadores jurídicos del de cujus, R.D. por cobro de bolívares por la vía ejecutiva, en fecha 15 de mayo de 2008, contra la ciudadana M.A.d.G., fundamentado dicha acción en documentos públicos reconocidos según se evidencia del expediente signado con el Nº 6130, que declaró judicialmente reconocido dos (02) letras de cambio.

   Que una vez admitida dicha demanda y cumplidos los requisitos señalados en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, el ciudadano alguacil procedió a practicar la citación de la demandada.

   Que en nombre de la demandada se presentaron las apoderadas judiciales, consignado el escrito de contestación al fondo, en el cual alegaron una serie de argumentos tanto de hecho como de derecho con respecto a las Letras de cambio, como son: forma, emisión, contenido, endoso, validez y la prescripción de la acción, señalando además, la existencia de dos (02) expedientes, tramitado el primero por ante el mismo Tribunal de la causa, signado con el Nº 8310, y el segundo, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, signado con el Nº 20622.

   Que ambos expedientes se refieren a demandas interpuestas por el procedimiento de cobro de bolívares vía intimatoria, los cuales fueron declarados sin lugar por cuestiones de forma y de fondo en los títulos cambiarios.

   Que en el presente procedimiento se demandó a la deudora y obligada por la vía ejecutiva, siendo el caso, que las apoderadas judiciales de la parte demandada, alegaron y probaron una series de hechos circunstanciales que para nada se refieren al presente proceso, no atacaron jurídicamente, ni desvirtuaron el fondo de la acción propuesta.

   Mediante diligencia de fecha 23 de abril de 2009 (folio 84), la abogada R.D., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada en la presente causa, estando dentro de la oportunidad legal, presentó informes en la presente causa, en los términos que este Tribunal en síntesis a continuación expone:

   Que el actor en su libelo fundamentó la acción ejercida mediante el procedimiento de la vía ejecutiva, en las letras de cambio que contiene el acto de reconocimiento de contenido y firma de dos (02) documentos cambiarios.

   Que el apoderado de la parte actora ejerció la acción cambiaria para obtener el pago de unas supuestas letras de cambio, independiente del procedimiento por el cual se interpuso la demanda.

   Que en virtud de los términos en que fue planteada la demanda, la representación judicial de la parte demandada, en la oportunidad de dar contestación, fundamentó los motivos del rechazo tanto en los hechos como en el derecho y en virtud de las pruebas aportadas al juicio y estando en la etapa de informes, quedaba demostrado que la acción ejercida carecía de fundamento valido conforme a la Ley.

   Que la acción intentada fue para el pago de las referidas letras de cambio, haciéndolas valer como tales y presentándolas como los títulos fundamentales de la acción, que el argumento opuesto en nombre de la parte demandada, es que no estando dichas letras firmadas por el librador carecen en absoluto de valor como letras de cambio, según en forma expresa lo preceptúa el artículo 411 del Código de Comercio, en conexión con el ordinal 8º del artículo 410 eiusdem.

   Que los dos juicios planteados con anterioridad contra su representada, el primero, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, signado con el Nº 20622, y segundo por ante el Tribunal de la causa, signado con el Nº 8310, no cambia en nada el valor de la cosa juzgada, el hecho de que las letras demandadas hubieren sido objeto de la declaración judicial que las dio por reconocidas, porque el reconocimiento de la firma del librado no valida como letra de cambio, una letra que carece de la firma del librador, y por consiguiente, no legitima la acción para pretender su pago, que es lo que el tribunal de la causa, tuvo en cuenta al resolver la inadmisibilidad de las referidas letras, en la decisión de fecha 13 de junio del 2005, en el juicio N° 8310, cuando señaló: “…independientemente de que conforme al auto que obra al folio 39 de este expediente fueron declarados reconocidos los instrumentos cambiarios por ante el Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial…”. (sic).

   Que ha quedado sin explicación alguna por la parte actora y su apoderado judicial, el hecho de que las mencionadas letras, respecto de las cuales en las dos decisiones judiciales ya citadas, los juzgados que dictaron dichos fallos, establecieron que no estaban firmadas por el librador, declarando por tal motivo la inadmisibilidad de la acción judicial para su cobro, que en este tercer juicio propuesto para el cobro de las mismas, resulta que aparecen firmadas las dos por el librador, hecho imposible que ocurriera, puesto que éste falleció en la ciudad de Mérida, en fecha 11 de junio de 2000, mucho antes de que se intentara el primer juicio, vale decir, el signado con el Nº 20622, por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial.

   Que ha quedado demostrado, la aplicación de los efectos jurídicos de la prescripción de la acción intentada para el cobro de las supuestas letras de cambio contra su representada, en virtud de lo establecido en el artículo 479 del Código de Comercio, puesto que transcurrió en exceso el lapso de prescripción de tres (03) años.

   Que las fechas de vencimiento de las letras de cambio, una es el 19 de junio de 2004 y la otra, el 1° de junio de 2003 y la fecha del auto de admisión de la demanda, lo es el 28 de mayo de 2008.

   Que si la solicitud de reconocimiento de dichas letras de cambio, en fecha 10 de noviembre de 2004, se considerase como un acto interruptivo de la prescripción, también tomado en consideración este acto, con respecto al auto de admisión de la presente demanda, en fecha 28 de mayo de 2008, ha transcurrido íntegramente el lapso de prescripción.

   Por auto de fecha 27 de abril de 2009 (folio 94), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, aperturó el lapso de ocho días de despacho siguientes a esa fecha a los fines de que las partes presentaran las observaciones a los informes presentados por la parte contraria de conformidad con el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil.

   Mediante diligencia de fecha 07 de mayo de 2009 (folio 95), la abogada R.D., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada en la presente causa, estando dentro de la oportunidad legal, presentó observaciones a los informes de la parte contraria.

   A través del escrito de fecha 08 de mayo de 2009 (folios 98 al 99), el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, estando dentro del lapso legal correspondiente, presentó observaciones a los informes de la parte contraria.

   Por auto de fecha 12 de mayo de 2009 (folio 101), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de encontrarse vencido el lapso para presentar las observaciones en la presente causa, de conformidad con el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil, entró en términos para decidir la controversia.

   Mediante sentencia de fecha 25 de junio de 2009 (folios 102 al 110), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, dictó sentencia en la presente causa.

   A través de la diligencia de fecha 29 de junio de 2009 (folio 112), el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de fecha 25 de junio de 2009.

   Por auto de fecha 21 de julio de 2009 (folio 115), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, de conformidad con los artículos 288 y 290 del Código de Procedimiento Civil, admitió en ambos efectos el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en la presente causa, y en tal sentido ordenó la remisión del expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a los fines del conocimiento del recurso.

   Por auto de fecha 10 de agosto de 2009 (folio 118), el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, le dio entrada a las presentes actuaciones y de conformidad con los artículos 118 y 520 del Código de Procedimiento Civil, acordó que dentro de los cinco días de despacho siguientes a esa fecha, las partes podrían solicitar la constitución del tribunal con asociados y promover las pruebas admisibles en segunda instancia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 517 eiusdem, los informes debían presentarse en el vigésimo día de despacho siguiente, salvo que hubiesen pedido la elección de asociados, en cuyo caso el término se computaría a partir de la constitución del tribunal.

   Mediante escrito presentado en fecha 08 de octubre de 2009 (folios 120 al 122), por el abogado G.U.C., en su condición de apoderado judicial de la parte actora en la presente causa, consignó escrito de informes en segunda instancia.

   A través del escrito presentado en fecha 22 de octubre de 2009 (folios 124 al 128), por la abogada R.C.D., en su condición de co-apoderada judicial de la parte demandada en la presente causa, consignó escrito de informes en segunda instancia.

   Por auto de fecha 22 de octubre de 2009 (folio 129), el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de encontrarse vencido el lapso previsto en el artículo 519 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes presentaran las observaciones, de conformidad con el artículo 521 eiusdem, entró en términos para decidir.

   Mediante acta de fecha 23 de octubre de 2009 (folio 130), el abogado D.M.T., en su condición de Juez Provisorio del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, expuso: “Por cuanto al proceder a estudiar las actas que integran el presente expediente a los fines de dictar sentencia en este juicio, me he percatado que la abogada R.S.F., funge como co-apoderada judicial de la parte demandada, ciudadana M.A.D.G., según así se evidencia del original del instrumento poder que obra inserto al folio 47 del presente expediente; y en razón de que entre dicha profesional del derecho y el suscrito existen sentimientos de enemistad manifiesta surgidos con ocasión de la temeraria e infundada acción de amparo constitucional que aquella, actuando como apoderada judicial del ciudadano Á.H.M., interpuso en mi contra en fecha 5 de agosto de 1998, en el expediente Nº 00865 que cursó por ante este Tribunal; y en virtud de que tal hecho compromete mi serenidad de ánimo e imparcialidad para entrar a conocer y decidir de la presente causa y me hace incurrir en la causal de inhibición prevista en el cardinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la primera parte del artículo 83 eiusdem es por lo que, con fundamento en dicha disposición, y de conformidad con el artículo 84 ibidem, formalmente me inhibo de conocer del presente juicio. Finalmente, en atención a la exigencia contenida en el último aparte del precitado artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, dejo constancia expresa que el impedimento que dio origen a esta inhibición, obra contra la parte demandada”.

   Por auto de fecha 28 de octubre de 2009 (folio 131), el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en virtud de encontrarse vencido el lapso para formular allanamiento, de conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, ordenó remitir el expediente a este Juzgado, a fin de decidir la inhibición propuesta.

   II

   DE LA SENTENCIA APELADA

   Mediante sentencia de fecha 25 de junio de 2009 (folios 102 al 110), el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, resolvió el mérito de la causa, en los términos que in verbis a continuación este tribunal transcribe:

   “(Omissis):

   …Mediante auto que riela a los folios 33 y 34, se admitió la demanda que por el procedimiento de la vía ejecutiva fue interpuesta por el abogado en ejercicio G.U.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el número 39.147 y titular de la cédula de identidad número 4.492.963, en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos C.A.D.D., M.C.D.D., N.J.D.D., R.J.D.D., E.R.D.D., I.M.D.D. y L.M.D.D., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números 3.886.037, 4.245.813, 4.485.613, 4.854.466, 6.436.242, y 6.234.937, respectivamente, domiciliados en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, y civilmente hábiles, en contra de la ciudadana M.A.D.G., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 3.763.453, domiciliada en la ciudad de Mérida, Estado Mérida, y civilmente hábil.

   En su escrito libelar la parte actora alegó los siguientes hechos:

   1. Que son únicos y universales herederos de su causante, ciudadano R.D.P..

   2. Que el ciudadano R.D.P., en vida libró y fue beneficiario de las letras de cambio cuya deudora es la ciudadana M.A.D.G..

   3. Que los instrumentos cambiarios fueron elaborados de la siguiente manera:

      • El primero en fecha 19 de mayo de 2.000, por un monto nominal de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 2.350.450,00) y que conforme al cambio monetario representa la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 2.350,45) el cual debió ser pagada en fecha 19 de junio de 2.004 por la deudora.

      • Que el segundo de los instrumentos cambiarios fue elaborado en la ciudad de Mérida, en fecha 01 de febrero de 2.000, por un monto nominal de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 5.434.200,00) y que conforme al cambio monetario representa la cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. F. 5.434,20) y que debió ser pagado por la deudora en fecha 01 de junio del año 2.003.

   4. Que los mencionados documentos consistentes en las letras de cambio fueron declarados reconocidos por el Juzgado Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, por ausencia al acto de reconocimiento de la deudora.

   5. Que por cuanto la parte demandada no cumplió con el pago en el plazo establecido para pagar la obligación contraída, a pesar de la larga data de los documentos cambiarios, de los intentos realizados por la parte actora requiriendo el pago, y además que la deudora tiene los medios económicos para pagar la deuda contraída, y ésta se ha negado, es por lo que la parte accionante considera agotados todos los medios persuasivos y la vía amistosa para lograr el pago por quien resulta obligada a pagar, y que la deuda se encuentra de plazo vencido, líquida y exigible, es por lo que procede a demandar a la ciudadana M.A.D.G., por la vía ejecutiva, para que convenga en pagarle a la parte actora, o en defecto a ello sea condenado por este Tribunal en pagar:

      • PRIMERO: La cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES FUERTES CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 2.350,45) por concepto del monto del primero de los instrumentos cambiarios objetos de la presente demanda.

      • SEGUNDO: La cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. F. 5.434,20) por concepto del monto del segundo de los instrumentos cambiarios objetos de la presente demanda.

      • TERCERO: Que se condene igualmente a la demandada, a pagar la indexación de los montos anteriormente indicados en virtud de la devaluación que ha experimentado nuestra moneda a lo largo de los años que tiene la deuda insoluta por parte de la demandada.

      • CUARTO: Las costas y costos del presente juicio, prudencialmente calculados por este Tribunal.

   6. Estimó la demanda en la cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES FUERTES CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (Bs. F. 7.784,75).

   7. Fundamentó su acción en los artículos 630 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

   8. Solicitó que se decrete o acuerde medida de embargo sobre los bienes de la deudora, suficientes para cubrir la obligación demandada y las costas del proceso.

      Del folio 4 al 32 corren anexos documentales que acompañan el escrito libelar consignado.

      Se infiere al folio 41 escrito de contestación de la demanda producido por los abogados R.D. (sic) y Y.C.P., inscritas en el Inpreabogado bajo los números 115.295 y 84.390 en su orden, y titulares de las cédulas de identidad números 15.427.726 y 13.306.499 respectivamente, en su condición de apoderadas judiciales de la parte demandada. En virtud del referido escrito realizaron entre otras las siguientes alegaciones:

1. Rechazaron y contradijeron tanto en los hechos como en el derecho la demanda propuesta.

2. Que la parte actora presentó por ante el Juzgado de Primero de los Municipios Libertador y S.M.d. la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, solicitud de reconocimiento del contenido y firma de veinte (20) instrumentos cambiarios contra la demandada, incluyendo entre las veinte letras de cambio presentadas, las dos en este juicio demandadas, solicitud que cursó bajo el número 6130, y que concluyó con el pronunciamiento del Tribunal de fecha 09 de diciembre de 2.004, que declaró reconocidos los instrumentos cambiarios producidos en virtud a la no comparecencia de la notificada conforme al artículo 631 del Código de Procedimiento Civil.

3. Opusieron a la demanda la cosa juzgada resultante de dos fallos anteriores:

   • Primero: En juicio en vía intimatoria accionado por la parte actora por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida que cursó bajo el número 20.622 y que mediante sentencia de fecha 24 de agosto de 2004, fue declarada inadmisible la demanda, por no estar los referidos instrumentos cambiarios firmados por el librador, fundamentándose la decisión en los artículos: 410 ordinal 8º y 411 del Código de Comercio, siendo declarada definitivamente firme, dando por terminado el juicio y ordenando el archivo del expediente por auto de fecha 2 de septiembre de 2.004.

   • Segundo: En juicio en vía intimatoria accionado por la parte actora por ante este Juzgado, en contra de la demandada, incluyendo dentro de las veinte letras de cambio las dos en este juicio demandadas, siendo estas últimas declaradas inadmisibles según consta en auto de admisión de la demanda de fecha 13 de junio de 2.005, que cursó bajo el número 8310, por percatarse este Tribunal, que en la copia fotostática certificada del expediente 20622, que cursó por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, existe una sentencia de cobro de bolívares por intimación de fecha 24 de agosto de 2004, en la cual dicho Tribunal declaró inadmisible la demanda interpuesta por la parte actora, ya que en el lugar que debe contener la firma del librador se observó en blanco, por lo tanto, por haberse posteriormente colocado la firma del librador las mismas no fueron admitidas, por cuanto se procedió a admitir la demanda sólo en cuanto a las demás letras de cambio que acompañaron al escrito libelar, ello independientemente de haber sido declarados reconocidos los instrumentos cambiarios por ante el Juzgado de los Municipios Libertador y S.M.d. esta Circunscripción Judicial, todo ello en base al principio de la notoriedad judicial que no requiere ser probada y constituye una obligación para el Juez declararla. El juicio con expediente número 8310, que en lo precedente se refirió la parte demandada, terminó con transacción celebrada entre las partes, contenida en el acta de fecha 09 de noviembre de 2.005, homologada por este Juzgado mediante auto de fecha 17 de noviembre de 2.005, impartiéndole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, decisión que el Tribunal declaró firme por el auto de fecha 25 de noviembre de 2.005, y que a solicitud de las partes y en virtud de haber sido cancelada la deuda en dicho juicio, por auto de fecha 08 de diciembre de 2.005, dio por terminado el juicio y ordenó el archivo del expediente.

4. Que la acción intentada lo es para el pago de las referidas letras de cambio, haciéndolas valer como tales y presentándolas como los títulos fundamentales de la acción, razón por la cual señaló la parte demandada que no estando firmadas dichas letras de cambio por el librador carecen de absoluto valor como letras de cambio, tal y como lo consagra el artículo 411 del Código de Comercio, en conexión con el artículo 410 ordinal 8º eiusdem.

5. Opusieron la prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 479 del Código de Comercio.

6. Citó jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.

7. Solicitó la declaratoria sin lugar de la presente demanda con los pronunciamientos de ley correspondientes.

   Obra a los folios 72, 73 y 74 escrito de promoción de pruebas promovidas por la parte actora y a los folios 75, 76 y 77 escrito de promoción de pruebas de la parte demandada, siendo admitidas mediante auto dictado por este Tribunal que riela al 78.

   Se infiere a los folios 81, 82 y 83 escrito de informes suscrito por la parte actora y del folio 85 al 92 escrito de informes suscrito por la parte demandada.

   Riela a los folios 94, 95 y 96 escrito de observaciones realizadas por la parte demandada y a los folios 97 y 98, escrito de observaciones efectuadas por la parte actora.

   Cumplidos los trámites procesales en esta instancia y siendo la oportunidad para decidir, el Tribunal se pronuncia en los siguientes términos:

   PARTE MOTIVA

THEMA DECIDENDUM: El procedimiento de la vía ejecutiva fue interpuesta por los ciudadanos C.A.D.D., M.C.D.D., N.J.D.D., R.J.D.D., E.R.D.D., INES (sic) M.D.D. y L.M.D.D., anteriormente identificados, en contra de la ciudadana MÁRIA (sic) A.D.G..

Ahora bien, tanto los hechos narrados por la parte actora en el libelo de la demanda, como los señalados por la parte accionada en la contestación de la demanda, fueron debidamente especificados en la parte narrativa de este fallo.

Corresponde al Tribunal determinar, la procedencia o no, en primer lugar, de la prescripción de la acción y en segundo lugar de la acción incoada. Así quedó trabada la litis.

PUNTO PREVIO CON RELACIÓN A LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN:

Mediante escrito de contestación de la demanda producido por las abogadas R.D. (sic) y Y.C.P., en su condición de apoderadas judiciales de la parte demandada, opusieron la prescripción de la acción, de conformidad con el artículo 479 del Código de Comercio, por cuanto de haberse tratado de letras de cambio válidas, terminantemente negado por la parte accionada, habría preescrito la acción para intentar su pago, debido a que la primera de las letras de cambio fue librada contra la demandada el día 19 de mayo del año 2.000, por un monto nominal de DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 2.350.450,00), con fecha de vencimiento del 19 de junio del año 2.004, y en lo que respecta a la segunda letra de cambio demandada, librada el 01 de febrero de 2.000, por un monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 5.434.200,00), con fecha de vencimiento 01 de junio del año 2.003, y que para la fecha de admisión de la presente demanda el 28 de mayo del 2.008, transcurrió en exceso para las referidas letras de cambio, el lapso de prescripción de tres (03) años dados por la ley.

Por otra parte, el abogado G.U.C., en su condición apoderado judicial de la parte actora, señaló en su escrito de informes que el presente juicio se inició por la vía ejecutiva y basó la acción en documentos públicos reconocidos en el expediente signado con el número 6130, basándose los mismos en dos (2) letras de cambio las cuales según éste perdieron dicho carácter al ser declaradas como documentos públicos reconocidos.

Ahora bien, en el caso de autos, la obligación perseguida por el accionante es una cambiaria, es decir, se acompaña las letras como prueba que presta mérito ejecutivo, tanto más cuanto que nuestra legislación no definió la letra de cambio, sin embargo, es bueno precisar y traer a colación algunas opiniones de autores y legislaciones acerca del concepto de Letra de Cambio, llamada también comercial, es su acepción mas genuina, el instrumento o título que da plena fe de haberse celebrado un contrato de cambio mercantil (Regnaúlt Martinó, Blass. La letra de cambio, Libra, Caracas: 1990, Pág. 9). Así la letra de cambio es un acto de comercio de los negociables, patrimonial, intervivos, instrumento para el tráfico jurídico pero, sobre todo título valor de contenido crediticio de dinero típico y nominado y como unilateral de contenido volitivo, vinculante, recepticia dirigida a personas inciertas en la creación y como título de valor es probatorio, constitutivo y dispositivo que reúne las caracteres de literal, autónomo, abstracto, complejo con poder de legitimación, que contiene la obligación de pagar sin contraprestación, una cantidad determinada, al vencimiento y en el lugar en él mismo expresada. Siendo así, la letra de cambio es una orden incondicional y escrita dirigida por una persona a otra y firmada por la que ha expedido, encargando a aquella a quien va dirigida, que pague a requerimiento o en tiempo futuro determinado, o susceptible de serlo, cierta suma de dinero a la orden o del portador, y aún y cuando los instrumentos cambiarios fueron dados por reconocidos, es por lo que considera este sentenciador que dichas letras de cambio no pierden su carácter fundamental.

Con relación al alegato de la parte demandada contenido en la contestación a la demanda, referente a la prescripción de la acción de las letras de cambio en esta causa, fundamentando su defensa en que las mismas tienen más de tres (3) años de vencidas desde la fecha para su cobro hasta la fecha en que se admitió la demanda, es decir, 28 de mayo de 2.008, por lo que le corresponde a este Sentenciador pronunciarse sobre tal solicitud y en tal sentido observa, la norma donde se establece la prescripción de las acciones cambiarias así:

El artículo 479 del Código de Comercio dispone:

Todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante, prescriben a los tres años contados desde la fecha de vencimiento… omissis…

.

Por otro lado tenemos el artículo 480 eiusdem que establece:

La interrupción de la prescripción solo producirá efecto contra aquel respecto del cual haya tenido lugar dicha interrupción

.

El tratadista venezolano J.L.A. en su obra “La Letra de Cambio en Venezuela”, expresa: “La prescripción extingue todos los derechos y acciones derivadas de la letra de cambio ya que se hagan valer extrajudicialmente de acuerdo con el artículo 460 mediante una resaca ya que se hagan valer por vía judicial mediante el ejercicio de la acción correspondiente”.

Ahora bien, este Tribunal señala que la prescripción la define el artículo 1.952 del Código Civil, como un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley, de tal manera que aplicada dicha institución a la extinción de las obligaciones se prevé en el artículo 1.282 eiusdem y como modo de adquirir la propiedad está establecida en el artículo 796 ibidem.

Asimismo, la prescripción a que se refiere estas normas es una prescripción extintiva o liberatoria, la cual se encuentra prevista también en el señalado artículo 1952 del Código Civil, es decir, concatenándola con el artículo 479 ut supra mencionado el transcurso de tres años, contados a partir de la fecha de vencimiento, sin que el librador o sus causahabientes hayan interrumpido legalmente la prescripción, exime al librado de la responsabilidad.

Nuestro Código Civil establece la prohibición del Juez de suplir de oficio la prescripción no opuesta, cuando en su artículo 1956 establece, “El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta”. Esto dicho significa que, el Juez como rector del proceso, debe verificar el hecho originario de la prescripción, siempre y cuando ésta haya sido alegada u opuesta por el demandado, caso contrario, existe la prohibición expresa de la ley, plasmada en el citado artículo.

En virtud de los principios iura novit curia y exhaustividad, dado que estamos frente a un problema de pleno derecho, alegada por el demandado, como lo es la prescripción de la acción. El Juez, con los elementos cursantes a los autos, determinará si realmente ha operado o no la misma. Por lo antes expuesto y visto que el alegato de la prescripción de la acción por parte del demandado en el presente caso, se procede al estudio de las actas del expediente para determinar la existencia de la defensa opuesta.

Debe pues, éste Juzgador revisar el alegato con el objeto de verificar si no existían causas que impidan o suspendan la prescripción o esta ha sido interrumpida, en primer término tenemos lo previsto en los artículos 1.964 y 1.965 del Código Civil venezolano referente a cuando no corre esta, verificándose que en el presente caso no aplica ninguno de los supuestos.

En cuanto a los medios de interrumpir la prescripción tenemos el establecido en el artículo 1.969 eiusdem el cual reza así:

Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo... Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrase en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez...

En tal sentido, en el campo del derecho mercantil la prescripción está reglada por el artículo 479 del Código de Comercio, siendo ello así es el transcurso del tiempo el productor de tales consecuencias jurídicas, debiendo destacarse el hecho de que el Juez no puede de oficio alegar una prescripción no opuesta por imperativo de lo previsto en el artículo 1.956 del Código Civil, mientras que en el caso de la caducidad el Juez puede proceder de oficio, constituyendo esta diferencia el distintivo más importante para diferenciar la caducidad de la prescripción. En efecto, A) La prescripción de la acción directa está consagrada en el encabezamiento de la citada disposición y que establece que todas las acciones derivadas de la letra de cambio contra el aceptante, prescriben por tres años, contados desde la fecha de su vencimiento; B) La prescripción de la acción de regreso que se encuentra prevista en el aparte primero del citado artículo y se refiere a las acciones del portador en contra de los endosantes y el librador que prescriben al año, estas últimas que prescriben desde la fecha del prospecto sacado en tiempo útil y desde la fecha del momento en el caso de la cláusula “sin protesto”. C) La prescripción de la acción de reembolso, que prescribe los seis meses según el último aparte de las ya mencionadas disposiciones del texto mercantil, que está referida a las acciones de los endosantes los unos contra los otros y contra el librador, contados a partir desde el día en que el reembolsante a reembolsado la letra o desde el día en que el mismo ha sido demandado. Es de advertir, que existe una diferencia de la prescripción del aval con relación a las otras prescripciones, toda vez que la prescripción de la acción frente al avalista se determina por la del avalado, pero en este caso concreto hay que tener en cuenta dos situaciones, en primer lugar, si es en garantía a favor del librador; en segundo lugar, si es en garantía del aceptante y en tercer lugar, si es en garantía del endosante. Esta prescripción del aval responde al contenido del artículo 440 del citado Código de Comercio. Sin embargo, resulta útil señalar que no existe una determinación expresa de la Ley con relación a la prescripción de las acciones del avalista contra su avalado, no obstante, la doctrina y la jurisprudencia han establecida la interpretación analógica del artículo 479 eiusdem para salvar la referida omisión toda vez que dicho dispositivo legal regula las acciones ejercitables entre los signatarios de la letra de cambio y para tal omisión le es aplicable la prescripción de seis meses a partir o bien del pago o desde el día en que ha sido demandado. Por su parte el artículo 480 del indicado texto legal señala que la interrupción de la prescripción solo producirá efecto contra aquel respecto del cual haya tenido lugar dicha interrupción.

De lo precedentemente expuesto debe este sentenciador explanar los siguientes:

1. - En el libelo de la demanda se señala la fecha de emisión de cada una de las letras de cambio las cuales son: a) La primera de las letras de cambio fue librada contra la demandada el día 19 de mayo del año 2.000, con fecha de vencimiento del 19 de junio del año 2.004, como consta en original anexada que riela al folio 32. b) La segunda letra de cambio demandada, librada el 01 de junio de 2.000, con fecha de vencimiento 01 de junio del año 2.003, como consta en original anexada que riela al folio 33, es decir, a partir de la fecha de vencimiento de cada una de ellas debe computarse el tiempo que legalmente tenía el demandante para reclamar el pago de lo que a su juicio le correspondía.

2. - La demanda fue recibida por distribución en este Tribunal en fecha 13 de mayo de 2.008 y admitida en fecha 28 de mayo del mismo año (folio 33 y 34), siendo citada la parte demandada en fecha 13 de octubre de 2.008, según consta a los folios 39 y 40.

Se observa entonces que el término trienal para que operase la prescripción de la acción cambiaria derivada de esos instrumentos, comenzó a correr a la fecha de vencimiento del día 19 de junio de 2.004 para la primera de ellas y del día 01 de junio de 2.003 para la segunda, quedando suficientemente verificado el lapso de tres (3) años de prescripción de las acciones cambiarias que se derivan de cada una de ellas y los efectos liberatorios que refiere el artículo 479 del Código de Comercio.

De igual forma, no consta en autos acto alguno del cual se pueda dar la interrupción de la prescripción y que pueda ser válidamente oponible al demandado excepcionado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.969 del Código Civil, que establece las causas de interrupción de la prescripción, tomando en cuenta las reglas para el cómputo del tiempo necesario para prescribir contenidas en los artículos 12, 1.975 y 1.976 del Código Civil.

Se concluye que la acción intentada en esta causa prescribió de conformidad con lo establecido en el artículo 479 del Código de Comercio y en consecuencia, la demanda no prospera en derecho, en tal sentido, no es necesaria la valoración de las demás actas procesales y así se decide.

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, procediendo en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: