Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo de Barinas, de 23 de Marzo de 2010
| Fecha de Resolución | 23 de Marzo de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso y Administrativo |
| Ponente | Maige Ramírez Parra |
| Procedimiento | Fianza |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN LOS ANDES
BARINAS, 23 DE MARZO DE 2010.-
199° y 151°
Mediante escrito consignado ante este Juzgado Superior, en fecha dieciocho (18) de marzo de 2010, el Abogado M.R. MATUTE RANGEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad, V-8.143.977, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 76.121, actuando con el carácter de Co-Apoderado Judicial del Ejecutivo del Estado Táchira, interpuso demanda por CUMPLIMIENTO DE FIANZA DE ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO conjuntamente con medida de embargo, contra la Empresa CONSTRUCTORA DUARCA C.A y solidariamente la empresa SEGUROS ALTAMIRA C.A. Solicita“…se Decrete Medida Ejecutiva de Embargo sobre Bienes propiedad de la parte demandada que se indicarán oportunamente y que sean suficientes para cubrir la obligación y las costas prudencialmente calculadas”.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este Tribunal Superior se remite al pronunciamiento respecto a la medida de embargo solicitada, y al efecto observa: la existencia del poder cautelar del Juez tiene su fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado constitucionalmente en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derecho del cual, como bien lo señala O.Á. “puede extraerse sin dificultad otro derecho que, por tanto, adquiere rango constitucional: el derecho de los ciudadanos a una protección cautelar efectiva” (O.Á., L.A.: La Protección Cautelar en el Contencioso Administrativo. Colección Tratados y Estudios de Derecho Comparado Nº 1.Editorial Sherwood.Caracas. 1999. p. 26) esto es, el derecho a la tutela judicial cautelar.
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Las medida preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama
De la citada disposición se desprende que para la procedencia de las medidas preventivas, deben examinarse de manera concurrente los siguientes requisitos: el fumus bonis iuris y el periculum in mora. Ahora bien, la presente acción ha sido interpuesta por el Ejecutivo del Estado Táchira, por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, y conforme a lo establecido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en sentencia Nº 2006-3053, de fecha 13 de noviembre de 2006, caso: Procurador General del Estado Trujillo; en el presente caso es aplicable el artículo 92, del Decreto con fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual dispone:
Cuando la Procuraduría General de la República solicite medidas preventivas o ejecutivas, el Juez para decretarlas, deberá examinar si existe un peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, o si del examen del caso, emerge una presunción de buen derecho a favor de la pretensión, bastando para que sea procedente la medida, la existencia de cualquiera de los dos requisitos mencionados. Podrán suspenderse las medidas decretadas cuando hubiere caución o garantía suficiente para responder a la República de los daños y perjuicios que se le causaren. Esta caución debe ser aprobada por la representación de la República
.
Si bien es cierto de la citada disposición se desprende que para la procedencia de las medidas preventivas o ejecutivas solicitadas por la Procuraduría General de la República debe el Juez verificar la existencia sólo de uno de los requisitos legalmente exigidos para la procedencia de las medidas cautelares; sin embargo, debe señalarse que al solicitarse la medida cautelar deben exponerse los motivos y fundamentos de la solicitud y es conforme a tales alegatos que el Juez se remite a verificar la procedencia de la medida cautelar solicitada.
En el caso bajo análisis la representación judicial del Ejecutivo del Estado Táchira solicitó medida preventiva de embargo limitándose a exponer en el escrito libelar que “…se Decrete Medida Ejecutiva de Embargo sobre Bienes propiedad de la parte demandada que se indicarán oportunamente y que sean suficientes para cubrir la obligación y las costas prudencialmente calculadas”; en tal sentido resulta pertinente reseñar que el fin que se persigue con el decreto de medida cautelar es evitar un posible daño irreparable o de difícil reparación, o evitar que el fallo quede ilusorio; y por cuanto en el caso bajo análisis no señala el representante del Ejecutivo del Estado Táchira, el fundamento del cual se evidencie la necesidad de la declaratoria del embargo preventivo solicitado, resulta forzoso declarar improcedente la medida preventiva de embargo solicitada.
En tal sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 00712 de fecha 14 de mayo del año 2003, caso: Procuraduría General del Estado Guárico, dejó sentado:
En efecto, la accionante en virtud del principio dispositivo tiene la carga procesal de sustentar su pretensión cautelar, desarrollando tanto las circunstancias sobre las cuales se esgrime la eventual imposibilidad de ejecutar el fallo, así como los elementos de los cuales el sentenciador pueda deducir que la pretensión puede resultar favorecida en la definitiva, lo cual se verifica a través del aporte de los elementos de prueba que conforme al principio de mediación, el demandante se encuentra compelido a evidenciar en el expediente, a los fines de apoyar su petición.
Al respecto, de las actas procesales se evidencia que la actora sólo se limitó a solicitar el embargo preventivo, sin exponer los argumentos que sustentan su pretensión y tal circunstancia, de conformidad con lo antes expuesto, constituye un incumplimiento de los extremos legales necesarios para su procedencia, por lo cual resulta forzoso para esta Sala desestimar el embargo cautelar solicitado y así se decide
.
Se desprende del criterio jurisprudencial citado la carga procesal del solicitante de “...sustentar su pretensión cautelar, desarrollando tanto las circunstancias sobre las cuales se esgrime la eventual imposibilidad de ejecutar el fallo, así como los elementos de los cuales el sentenciador pueda deducir que la pretensión puede resultar favorecida en la definitiva…”; es decir, debe exponer el fundamento que permita al juez determinar la necesidad de declarar la procedencia de la medida cautelar solicitada, en el caso bajo análisis, como se señaló anteriormente, el representante de la Procuraduría General del Estado Táchira, se limitó a solicitar el embargo preventivo sin exponer los motivos que sustentara su procedencia, en virtud de lo cual resulta forzosa la declaratoria de improcedencia de la medida solicitada y así se decide.
II
DECISIÓN
Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE la medida preventiva de embargo solicitada por el Abogado M.R. MATUTE RANGEL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 76.121, actuando con el carácter de Co-Apoderado Judicial del Ejecutivo del Estado Táchira, en la demanda por CUMPLIMIENTO DE FIANZA DE ANTICIPO Y FIEL CUMPLIMIENTO conjuntamente con medida de embargo, que interpusieran contra la Empresa CONSTRUCTORA DUARCA C.A., y solidariamente la empresa SEGUROS ALTAMIRA C.A.
LA JUEZA PROVISORIA,
FDO
MAIGE RAMÍREZ PARRA
LA SECRETARIA,
FDO
D.G.R..
MRP/yvr.-
Exp. N° 8032-2010.-
