Decisión nº PJ0032013000076 de Tribunal Superior Primero del Trabajo. Sede en Coro de Falcon, de 12 de Abril de 2013

“El Tribunal de Primera Instancia calculó la Indemnización Sustitutiva de Preaviso con base en el salario básico y no con base en el salario integral como corresponde”.

Indicó la representación judicial de la parte demandante, que no está de acuerdo con la parte de la sentencia recurrida que ordenó el pago de la Indemnización Sustitutiva de Preaviso con base en el salario básico. Que el Tribunal de Primera Instancia solamente ordenó que se pagara con base en el salario integral, la Indemnización por Despido Injustificado (dijo). Al respecto señaló que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que el salario base de cálculo del preaviso y de la indemnización por despido injustificado, es el salario integral y que el A Quo erró cuando calculó la indemnización sustitutiva de preaviso con base en el salario básico, por lo que solicitó que esta Alzada calcule la Indemnización Sustitutiva de Preaviso que fue condenada, pero con base en el salario integral y no con el salario básico.

Sobre este primer motivo de apelación del demandante recurrente esta Alzada está completamente de acuerdo con los argumentos de su apoderado judicial, ya que evidentemente el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de juzgamiento al establecer como salario base de cálculo de la Indemnización Sustitutiva de Preaviso, el salario básico del trabajador, mientras que si aplicó el salario integral como base de cálculo de la Indemnización por Despido Injustificado. Es decir, la recurrida condenó las indemnizaciones del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo con bases de cálculo distintas en ambos conceptos.

En tal sentido, es reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia conforme a la cual, los dos conceptos indemnizatorios establecidos en el artículo 125 de la mencionada Ley se calculan con base en el salario integral del trabajador y más específicamente aún, con base en el último salario integral devengado, tal y como puede apreciarse entre otras decisiones, en la Sentencia No. 1.877 del 25 de noviembre del 2011, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado, Dr. A.V.C., de cuyo contenido se transcribe el siguiente extracto:

Por otra parte, es un hecho no controvertido que la relación laboral culminó el 15 de mayo del año 2001 y respecto a la causa de terminación de la relación laboral, es un hecho admitido por la empresa que se debió a la grave situación económica que estaba afectándola, de manera que, al no ser uno de los supuestos de despido justificado consagrados en el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, debe concluirse que el trabajador fue despedido injustificadamente, en razón de ello le corresponde el pago de la indemnización por despido e indemnización sustitutiva del preaviso; tomando en consideración que la relación de trabajo comenzó el 22 de junio de 1981 y terminó, como ya se expresó, el 15 de mayo del año 2001, tuvo una duración de 19 años y 10 meses, le corresponden de conformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo ciento cincuenta (150) días a razón de su último salario integral, y adicionalmente la indemnización sustitutiva del preaviso consagrado en el literal e) de la norma anteriormente citada correspondiente a noventa días (90) a razón de su último salario integral, el monto total en bolívares de dichas indemnizaciones será determinado mediante experticia complementaria del presente fallo, debiendo tomar el perito como último salario integral, el devengado el mes de abril del año 2001, incluyendo el monto que el empleador denominó “prestaciones”, así como la alícuota del bono vacacional y de utilidades”. (Negritas y subrayado de este Tribunal Superior del Trabajo).

De modo que, este primer motivo de apelación de la parte actora debe ser declarado PROCEDENTE, toda vez que el Tribunal de Primera Instancia sin basamento alguno, condenó con diferentes salarios base de cálculo las indemnizaciones establecidas en el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, siendo lo correcto que, tanto la Indemnización por Despido Injustificado como la Indemnización Sustitutiva de Preaviso deben ser calculadas tomando como base de cálculo, el último salario integral devengado por el trabajador. Y así se declara.

Hecha la declaración precedente, debe este Tribunal Superior hacer las correcciones y modificaciones que por consecuencia corresponden y en tal sentido, siendo que el demandante E.E.J.G. prestó servicio al Poder Judicial, se encuentra amparado por la II Convención Colectiva de Empleados 2005-2007 DEM, en razón del tiempo, por lo que es en base a dicha Convención Colectiva y al sueldo devengado por el demandante que debe ser calculado su último salario integral, para luego calcular con esa base de cálculo la Indemnización Sustitutiva de Preaviso.

Al respecto, en primer lugar debe establecerse que la fórmula para calcular el salario integral de un trabajador es la siguiente:

Salario Integral (SI)= Salario Normal (SN) + Alícuota de Utilidades (AU) + Alícuota de Bono Vacacional (ABV) / Nota: En el caso concreto el Salario Normal (SN) es igual al Salario Básico (SB).

AU = Salario Diario X Cantidad de Días por Utilidades / 360.

ABV = Salario Diario X Cantidad de Días por Bono Vacacional / 360.

Observa esta Alzada que para realizar el cálculo de la Alícuota de Utilidades, la II Convención Colectiva de Empleados 2005-2007 DEM, establece en su Cláusula 32, particular “1. AGUINALDO”, que el empleado percibirá el treinta por ciento (30%) de su remuneración anual, esto comprende lo percibido por sueldo y bono vacacional. En tal sentido, visto que este concepto está expresado en un porcentaje anual, es necesario convertirlo en días para determinar la Alícuota de Utilidades, lo que este Tribunal realiza de acuerdo a la siguiente fórmula:

Conversión del Porcentaje Anual a Días de Salario Integral = {(Salario Mensual X 12 -Meses del Año-) + (Salario Diario X Bono Vacacional)} X 30% / Salario Mensual X 30 -Días del Mes-.

Luego, en el caso concreto la fórmula indicada se aplica de la siguiente manera:

Conversión del Porcentaje Anual a Días de Salario Integral = {(Bs. 1.531,20 X 12) + (51,04 X 32)} X 30% / Bs. 1.531 X 30 = {18.374,4 + 1.633,28} X 30% / 1.531,20 X 30 = 20.007,68 X 30% / 1.531,20 X 30 = 6.002,304 / 1.531,20 X 30 = 3,92 X 30 = 117,6

La Alícuota de Utilidades es la siguiente: AU = 51,04 X 117,6 / 360 = 6.002,304 / 360 =16,67

En este orden de ideas se observa que, para realizar el cálculo de la Alícuota del Bono Vacacional, la II Convención Colectiva de Empleados 2005-2007 DEM, dispone en su Cláusula 23, particular “6. BONO VACACIONAL”, que para el primer quinquenio de servicio el trabajador percibirá un equivalente por Bono Vacacional de 32 días y siendo que el demandante laboró por un poco más de dos (2) años, es ésta la cantidad de días que corresponde utilizar en su caso. De modo que la Alícuota del Bono Vacacional se calcula así:

ABV = 51,04 X 32 / 360 = 1.633,28 / 360 = 4,53

En consecuencia, el Último Salario Diario Integral del demandante de autos y base de cálculo para el pago de las indemnizaciones que dispone el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, es decir, base de cálculo para el pago de la Indemnización por Despido Injustificado y de la Indemnización Sustitutiva de Preaviso es el siguiente:

Último Salario Diario Integral (SI) = 51,04 + 16, 67 + 4,53 = 72,24

Ahora bien, toda vez que lo condenado es lo establecido en el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, norma ésta según la cual, si el patrono persiste en el despido del trabajador se le debe pagar una Indemnización, que en el caso bajo estudio es de 60 días de salario, de acuerdo con el numeral 2 del artículo señalado y adicionalmente se le debe pagar una Indemnización por Sustitutiva del Preaviso, la cual, igualmente en el caso bajo estudio es de 60 días de salario, de acuerdo con lo dispuesto en el literal d de la norma señalada, ambos conceptos condenados deben ser calculados con base al último salario diario integral devengado por el actor, como ha sido establecido. Por lo que la demandada deberá pagar al trabajador los mencionados conceptos indemnizatorios calculados así:

Indemnización por Despido Injustificado = 60 X 72,24 = Bs. 4.334,4

Indemnización Sustitutiva de Preaviso = 60 X 72,24 = Bs. 4.334,4

Finalmente, la suma de ambas indemnizaciones en el presente caso totaliza la cantidad de Bs. 8.668,8. Y así se establece.

SEGUNDO: “No estamos de acuerdo con la compensación que realizó el Tribunal A Quo”.

Este segundo motivo de apelación de la parte demandante, está dirigido contra la manera como el Tribunal de Primera Instancia hizo una compensación entre lo que ya había pagado la demandada por concepto de prestaciones sociales, deduciéndolo de lo condenado en la sentencia recurrida por concepto de indemnizaciones derivadas del despido injustificado, ya que desde luego, tal deducción no corresponde porque se trata de conceptos totalmente diferentes, lo que afecta directamente los derechos e intereses del actor.

Así se desprende de la revisión minuciosa de la sentencia recurrida, en la cual pudo observarse que existe un error de juzgamiento en relación con este tema, por cuanto una vez acordada por el Tribunal de Juicio la obligación de la demandada de pagar al actor las indemnizaciones del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, el A Quo dispuso erróneamente que al monto condenado por tales conceptos (Indemnización por Despido Injustificado e Indemnización Sustitutiva de Preaviso), debía deducírsele las cantidades de dinero pagadas por la demandada al actor, por concepto de Prestaciones Sociales en fecha 18 de agosto de 2011.

En este orden de ideas conviene destacar, que en el presente asunto se evidencia de las actas procesales que el único concepto que aún persiste o que debía resolverse en Primera Instancia por quedar aún controvertido, es el referido a las indemnizaciones del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, pues los conceptos prestacionales (no indemnizatorios) que le corresponden al trabajador demandante, fueron pagados por la demandada el 18 de agosto de 2011. En otras palabras, el monto ya pagado por la parte demandada al trabajador accionante en este asunto obedece a conceptos netamente prestacionales, específicamente al pago de la Prestación de Antigüedad, Intereses de Prestaciones Sociales e Intereses de Mora. En consecuencia, constituye un error que ciertamente afecta los derechos laborales e intereses patrimoniales del actor, ordenar que se reste de las cantidades dinerarias que le corresponden por concepto de las indemnizaciones derivadas del despido injustificado que sufrió, las cantidades de dinero percibidas por concepto de Prestaciones Sociales, las cuales, aunque atienden a un mismo género de derechos (derechos laborales), son de diferentes especies (conceptos prestacionales y conceptos indemnizatorios), siendo que los primeros se generan con ocasión de la prestación misma del servicio en el tiempo, mientras que los segundos se generan con ocasión de la terminación de la relación laboral por causas no justificadas por la Ley, como ocurrió en el caso de autos. Y así se declara.

Tan cierto es que los únicos conceptos que aún persisten como controvertidos en el presente asunto, son los conceptos indemnizatorios derivados del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, que el propio demandante a través de su representante judicial en la Audiencia de Juicio indicó de manera expresa, que no se discuten conceptos prestacionales, sino únicamente conceptos indemnizatorios y solicitó expresamente en el mismo acto al Tribunal de Juicio, que sólo se pronunciara en relación con la Indemnización por Despido Injustificado y en relación con la Indemnización Sustitutiva de Preaviso. De modo que, insiste esta Alzada, la compensación o deducción realizada por el Tribunal de Primera Instancia de Juicio resulta írrita, obligando a este Órgano Jurisdiccional Superior a corregirla inmediatamente revocándola y ordenando que no se haga deducción alguna de las cantidades de dinero condenadas por las indemnizaciones derivadas del despido injustificado. Y así se decide.

II.4.2) DE LOS MOTIVOS DE APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA:

PRIMERO: “No estamos de acuerdo con la fecha desde la cual se ordenó el pago de la Indexación”.

Indicó la representante judicial de la parte demandada, que siendo lo discutido los conceptos causados por despido injustificado, existe error sobre la indexación, ya que ésta debe ser computada conforme a lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es decir, sólo cuando la demandada incumpla la condena. Que el A Quo indebidamente condenó la Indexación desde la admisión de la demanda y en tal sentido indicó, que existen sentencias de la Sala Constitucional números 462 del 28 de abril de 2009 y 1.132 del 22 de junio de 2007, reiteradas el 8 de junio de 2011, que así lo confirman. Finalmente sostuvo que tal condenatoria de la indexación desde la fecha de la admisión de demanda es contraria al artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y contraria al orden público.

Al respecto observa esta Alzada en el fallo recurrido, específicamente al folio 65 de la Pieza II del presente asunto, que el A Quo ordenó el pago de la Indexación o Corrección Monetaria desde la notificación de la demanda (no desde la admisión de la misma como equivocadamente lo señaló la apoderada judicial de la parte demandada) y en tal sentido, por las razones que a continuación se explican este primer motivo de apelación debe ser declarado IMPROCEDENTE. Y así se establece.

Constituye una afirmación cierta y jurídicamente válida, que el concepto de Indexación o Corrección Monetaria debe calcularse después del decreto de ejecución forzosa de la sentencia, es decir, ante la contumacia de la parte condenada por la sentencia firma, conforme lo dispone la parte in fine del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Sin embargo, también es absolutamente cierto y válido desde el punto de vista jurídico, así como justo, que tal concepto resulte procedente antes de la ejecución forzosa, a partir de la notificación de la demanda y en ocasiones, a partir del término de la relación de trabajo inclusive. Así lo ha establecido la reiterada e inveterada jurisprudencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, muy especialmente a partir de la célebre decisión distinguida con el No. 1.841, de fecha 11 de noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado, Dr. L.E.F.G., la cual dispuso que el cálculo de la Indexación o Corrección Monetaria corresponde a partir de la notificación de la demanda. Cabe destacar que dicha decisión resulta altamente ilustrativa, toda vez que parte de un análisis histórico, jurisprudencial y legislativo sobre la naturaleza misma de las prestaciones sociales, sus intereses y los intereses de mora por el retardo en su pago, así como la necesidad de corregir la depreciación de su valor expresado en dinero por efecto de la devaluación de la moneda y disminución del poder adquisitivo con el transcurso del tiempo. Esta sentencia termina concluyendo que el avance jurisprudencial sobre la materia que se había logrado, era inclusive superior a lo que se dispuso en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Así se desprende de un extracto de la mencionada decisión:

Debe agregarse aquí otro razonamiento jurisprudencial de esta Sala de Casación Social, y es que cuando el trabajador demanda asume por hecho que, de tener la razón, recibirá nominal y materialmente el monto que se le adeuda, por lo que cuando no se respeta el verdadero valor monetario de la controversia se transgrede el principio de protección de la confianza legítima, arraigado en otro principio cardinal para el Estado de Derecho: el de seguridad jurídica, y se favorece el enriquecimiento sin causa del patrono.

Posteriormente, la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 414 de fecha 28 de noviembre de 1996 (Mario Sánchez contra Viajes Venezuela, C.A.), precisó que en aquellos juicios laborales que tuvieran por objeto el pago de prestaciones sociales, el riesgo de la demora judicial no podía recaer en el trabajador victorioso, sino sobre el patrono que no tuvo razones para incumplir su obligación y que siempre pudo poner fin al proceso en todo estado y grado de la causa, clarificando así que en sucesivos fallos debía excluirse del período computable para el cálculo inflacionario, la demora procesal por hechos fortuitos o causas de fuerza mayor; por huelgas de los trabajadores tribunalicios, de jueces, etc., y el aplazamiento voluntario del proceso por manifestación de las partes (Parágrafo. 2º del artículo 202 del Código de Procedimiento Civil).

Ahora bien, en relación con la evolución de la corrección monetaria en materia laboral, el criterio sostenido en forma pacífica y reiterada por esta Sala de Casación Social con respecto a su cálculo, es que el mismo debe computarse desde la fecha de la notificación de la parte demandada hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo el lapso en que el proceso haya estado suspendido por acuerdo de las partes, y aquellos períodos en los cuales la causa estuviere paralizada por motivos no imputables a ellas, es decir, hechos fortuitos o fuerza mayor, criterio éste ratificado por este alto tribunal, según sentencia de fecha 12 de abril del año 2005. (Decisión Nº 1176/22-09-2005).

Omissis

No obstante, esta Sala aprecia que, limitar la corrección monetaria al lapso de ejecución forzosa, implica una ruptura con los avances que en la materia se habían logrado por vía jurisprudencial, al desnaturalizar dicha figura jurídica. Como señaló la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 17 de marzo de 1993, a que se ha hecho referencia precedentemente, la indexación ‘debe restablecer la lesión que realmente sufre el valor adquisitivo de los salarios y prestaciones del trabajador por la contingencia inflacionaria, corrigiendo la injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones se traduzca a una ventaja del moroso y en daño del sujeto legalmente protegido con derecho a ello’.

Cuando el trabajador, ante el incumplimiento culposo por parte del deudor de la obligación, activa los órganos de administración de justicia, deberá esperar el tiempo que necesariamente requiere la culminación del proceso –pese a que el nuevo p.l. destaca frente al anterior por haber acortado significativamente su duración, al inspirarse en principios de brevedad, celeridad y concentración, constituye una actividad dinámica que se desarrolla en el tiempo– para obtener un pronunciamiento judicial. Así, la fase de cognición de la causa podría implicar una demora en el cumplimiento del patrono, y, ante la improcedencia de la corrección monetaria durante ese lapso, es el trabajador quien soporta la pérdida del valor adquisitivo de la moneda en razón de la inflación –lo cual constituye una máxima de experiencia conteste con la consolidada jurisprudencia de este máximo Tribunal–, porque en definitiva recibe una cantidad inferior a la que se le adeudaba, desde el punto de vista de su poder adquisitivo y no nominal.

En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.

En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunos parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral

(Negritas y subrayado de este Juzgado Superior del Trabajo).

Como explica el contenido de la sentencia parcialmente transcrita, este criterio jurisprudencial proviene inclusive desde antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, vale decir, desde el año 1993, cuando la extinta Corte Suprema de Justicia estableció que la indexación corría a partir de la notificación de la demanda, criterio éste que fue reiterado en el año 97, luego asumido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia hizo suyo posteriormente en el 2003, ratificado en el año 2005. De hecho, se distinguía entre los casos de la denominada transición y los casos del llamado nuevo régimen y en este sentido, para los casos iniciados antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la indexación se calculaba a partir de la notificación de la demanda, mientras que para los casos que se iniciaron bajo su vigencia, la indexación se calculaba conforme lo establece el artículo 185 ejusdem. Pero luego de la sentencia anteriormente comentada, este criterio cambió y se consideró que la indexación debía calcularse como en efecto se hace, desde la notificación de la demanda para todos los casos, es decir, para aquellos nacidos bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo y para aquellos iniciados con la vigente Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Como puede apreciarse, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia hace suyo este criterio, en virtud de considerar injusto que un trabajador quien resulte victorioso en un proceso, sufra la depreciación del poder adquisitivo de las cantidades de dinero que siempre le han correspondido por conceptos prestacionales e indemnizatorios derivados de la relación de trabajo, por cuanto, aún cuando la cantidad de dinero reclamada resulte idéntica a la cantidad de dinero acordada por un Tribunal, resulta obvio que tal identidad es sólo nominal, por cuanto el valor real de dichas cantidades de dinero varía considerablemente producto de la depreciación de la moneda, la inflación y la disminución del poder adquisitivo, entre otros factores económicos. Tales consideraciones fueron analizadas por la Sala de Casación Social, razón por la que arribó al criterio igualmente asumido por este Tribunal Superior del Trabajo conforme al cual, no sólo resulta ajustado a derecho, sino también a la justicia, que el cálculo de la Indexación como instrumento de corrección monetaria debe hacerse desde la notificación de la parte demandada y no exclusivamente en fase de ejecución forzosa ante la contumacia de la parte condenada como limitadamente lo dispone el artículo 185 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y así se declara.

Inclusive, en fecha 2 de noviembre de 2010, la propia Sala de Casación Social, en esta ocasión con ponencia de la Magistrada, Dra. C.E.P.d.R., amplió este criterio, disponiendo que la Indexación específica de la prestación de antigüedad y los conceptos derivados de ella, deben calcularse desde la terminación de la relación de trabajo y no desde la notificación de la demandada como se había establecido.

Razones éstas por las cuales este primer motivo de apelación planteado por la representación judicial de la parte demandada, debe ser declarado IMPROCEDENTE y en consecuencia, se confirma que la Indexación ordenada sobre las cantidades de dinero condenadas y derivadas de las indemnizaciones por el despido injustificado del actor, debe hacerse a partir de la fecha de notificación de la parte demandada en el presente asunto, como acertadamente lo dispuso el Tribunal de Primera Instancia de Juicio en la sentencia recurrida. Y así se decide.

SEGUNDO: “No corresponde la corrección monetaria de las indemnizaciones del artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo porque eso constituye una doble indemnización”.

Efectivamente indicó la representante judicial de la parte demandada recurrente, que a su juicio constituye una doble e indebida indemnización que el Tribunal A Quo, además de condenar a su representada al pago de la Indemnización por Despido Injustificado y de la Indemnización Sustitutiva de Preaviso, también le condenara con el pago de la indexación de dichos conceptos, razón por lo que no está de acuerdo con la mencionada indexación.

En este sentido considera oportuno advertir este Tribunal que ciertamente, la indexación de montos derivados de conceptos indemnizatorios puede verse como una doble indemnización, no obstante, ello no implica que su establecimiento y efectiva aplicación conjunta no resulte procedente, como erróneamente lo pretende la apoderada judicial de la parte accionada, por cuanto a pesar de ser dos conceptos indemnizatorios, obedecen a razones totalmente diferentes. En tal sentido se tiene que, la indemnización por despido injustificado y la indemnización sustitutiva de preaviso, obedecen a la conducta reprochable del patrono que despide sin justa causa al trabajador, mientras que la indemnización de la corrección monetaria corresponde porque, ese mismo patrono que despidió al trabajador sin justa causa, adicionalmente no le pagó las indemnizaciones correspondientes (indemnizaciones por el despido injustificado) de manera oportuna, vale decir, inmediatamente al término de la relación de trabajo y en consecuencia, no es justo que el trabajador, quien siempre tuvo causas legítimas para reclamar los derechos laborales que luego ha declarado un Tribunal de la República, sufra la depreciación de las cantidades de dinero que por derecho le han correspondido desde la terminación del vínculo laboral. Y así se declara.

Para mayor abundancia de la declaración precedente y fines ilustrativos de la presente decisión, conviene transcribir otro extracto de la misma Sentencia No. 1.841, citada en el particular anterior, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 11 de noviembre de 2008, con ponencia del Magistrado, Dr. L.E.F.G., de cuyo texto son las líneas que a continuación se copian:

En lo que se refiere a la corrección monetaria, ratifica esta Sala la fundamentación ideológica que jurisprudencialmente se le ha dado a la misma y para ello asume como suyo el criterio sostenido por la Sala Constitucional en decisión Nº 2191 de fecha 06 de diciembre de 2006 cuando dejó establecido que la indexación -o ajuste inflacionario- opera en virtud del incumplimiento o retardo en el que incurre una de las partes que se ha comprometido en una obligación, de modo que la indexación comporta una justa indemnización capaz de reparar la pérdida material sufrida y compensar el daño soportado, con la finalidad de que la tardanza en el cumplimiento no comporte una disminución en el patrimonio del acreedor.

Dispone también este máximo órgano jurisdiccional que en consecuencia, y salvo que la ley diga lo contrario, quien pretenda cobrar una acreencia y no reciba el pago al momento del vencimiento de la obligación, tiene derecho a recibir el pago en proporción al poder adquisitivo que tiene la moneda para la fecha efectiva del mismo, y que sólo así, recupera lo que le correspondía recibir cuando se venció la obligación y ella se hizo exigible. (S/C 20-03-06 Nº 576)

. (Subrayado y negritas de este Tribunal Superior del Trabajo).

Así las cosas, la Indexación constituye desde luego una indemnización, la cual actúa para corregir la depreciación de las cantidades de dinero que corresponden al acreedor legítimo (el trabajador despedido sin justa causa), con ocasión de la inflación ocasionada por el transcurso del tiempo, quien aún recibiendo nominalmente la misma cantidad de dinero demandada, cuando la recibe vencido el lapso de pago que la Ley le otorga al deudor (el patrono), desde luego que el valor real de esa cantidad de dinero se ha depreciado producto del transcurso del tiempo y sus efectos nocivos en el poder adquisitivo, lo que adicionalmente, en caso de omitirse la corrección monetaria, se estaría consintiendo un enriquecimiento sin causa al patrono incumplidor de sus obligaciones laborales, por lo que la Indexación, aún teniendo una naturaleza indemnizatoria, resulta absolutamente procedente sobre las cantidades de dinero condenadas con ocasión de las indemnizaciones derivadas del despido injustificado. Y así se declara.

Por tales razones, esta Alzada declara igualmente IMPROCEDENTE este segundo motivo de apelación de la demandada recurrente. Y así se decide.

TERCERO: “No estamos de acuerdo con la sentencia recurrida, ya que existen imprecisiones en relación con el pago de los intereses sobre prestaciones sociales, además de resultar difícil de interpretar”.

Aduce la representante judicial de la parte demandada, que dentro de la sentencia recurrida existen imprecisiones sobre la condenatoria de los intereses sobre prestaciones sociales, en primer lugar porque ya habían sido pagados dichos intereses y en segundo lugar, porque la recurrida alargó indebidamente la antigüedad del trabajador demandante hasta el 19 de agosto de 2011. Asimismo señaló, que la sentencia que apela en nombre de su representada, no establece con claridad la condena de dichos intereses.

A juicio de esta Alzada, este tercer y último motivo de apelación de la parte demandada debe ser declarado PROCEDENTE, por cuanto ciertamente se evidencia de la sentencia recurrida, específicamente al folio 65 de la Pieza II del presente asunto, que la misma resulta confusa en relación con la condena de los intereses sobre prestaciones sociales más allá del término de la relación de trabajo, la cual efectivamente culminó el 28 de enero de 2009, cuando fue notificado el actor de la culminación del vínculo laboral con la demandada.

Así pues, destaca este Tribunal Superior que las prestaciones sociales y más específicamente aún, la prestación de antigüedad, genera intereses de conformidad con el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, hasta el término de la relación laboral y una vez terminada dicha prestación de servicios, si los conceptos prestacionales que correspondan no son pagados oportunamente (inmediatamente), generan intereses moratorios sobre las cantidades de dinero adeudadas, ello de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y adicionalmente, también se generan los intereses que dispone el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ante la eventual contumacia o de rebeldía para el cumplimiento de la sentencia que ha sido declarada definitivamente firme.

Ahora bien, los intereses que genera la prestación de antigüedad se producen simultáneamente con ella, es decir, a partir del tercer mes ininterrumpido de prestación del servicio, de acuerdo con lo indicado en el artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo y hasta la terminación de la relación de trabajo, como antes se dijo. Por lo que, terminada dicha relación laboral, no se generan más intereses sobre prestaciones sociales o sobre la prestación de antigüedad, como equivocadamente lo estableció el A Quo. De tal modo que, resulta indebido pretender intereses sobre prestaciones sociales mas allá del término de la relación laboral, porque después de tal acontecimiento (la finalización del vínculo de trabajo), sólo pueden generarse los intereses moratorios, siempre y cuando el patrono no pague oportunamente las prestaciones sociales y/o las indemnizaciones al trabajador. Razón por la cual esta Alzada declara procedente este tercer y último motivo de de apelación de la parte demandada. Y así se decide.

Finalmente conviene advertir en relación con la decisión precedente, que dada la naturaleza eminentemente indemnizatoria de los conceptos condenados en la presente causa por este Juzgado Superior, dicha decisión sobre este último motivo de apelación de la parte demandada recurrente, no representa mayor relevancia, por cuanto los conceptos indemnizatorios condenados, desde luego que por ser distintos a la prestación de antigüedad, no generan intereses sobre prestaciones sociales, ni durante la relación de trabajo, ni mucho menos después de terminada ésta. Es decir, después del pronunciamiento de esta Alzada y vista la determinación de los únicos conceptos controvertidos en el presente caso, a saber, la indemnización por despido injustificado y la indemnización sustitutiva de preaviso, ambas derivadas del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, poco importa si el Tribunal de Primera Instancia condenó intereses sobre prestaciones sociales más allá de la terminación de la relación de trabajo entre las partes o dentro de dicha relación, toda vez que lo que si es relevante y sustancialmente importante, es que en el presente asunto no procede de forma alguna condenar a la parte demandada al pago de intereses sobre prestaciones sociales, porque insiste este el Juzgado Superior del Trabajo, dichos intereses se generan única, sola y exclusivamente con ocasión de la prestación de antigüedad que la demandada ya pagó al actor junto a sus respectivos intereses. Y así se declara.

Del mismo modo resulta útil advertir, que los intereses que si resultan procedentes en este asunto, son los intereses moratorios, que tal y como su nombre lo indica, se generan con ocasión de la mora de la demandada en el pago de los conceptos indemnizatorios que debe al actor con ocasión de su despido injustificado, desde la fecha de terminación de la relación de trabajo hasta el pago definitivo de tales conceptos, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se declara.

II.5) DE LOS CONCEPTOS Y MONTOS CONDENADOS A PAGAR.

Como consecuencia de las decisiones que preceden, este Tribunal Superior pasa a establecer los conceptos y sus respectivos montos, los cuales corresponden al demandante de autos conforme a las explicaciones aportadas y que seguidamente se detallan:

1) Indemnización por Despido Injustificado: Por este concepto se condena a la demandada a pagar al accionante de autos, la cantidad de Bs. 4.334,4. Esta cantidad se obtiene al multiplicar sesenta (60) días que le corresponden al actor conforme al numeral 2 del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, por su salario diario integral de Bs. 72,24, el cual fue calculado precedentemente en esta misma sentencia. Y así se establece.

2) Indemnización Sustitutiva de Preaviso: Por este concepto se condena a la demandada a pagar al accionante de autos, la cantidad de Bs. 4.334,4. Esta cantidad se obtiene al multiplicar sesenta (60) días que le corresponden al actor conforme al literal d del artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, por su salario diario integral de Bs. 72,24, el cual fue calculado precedentemente en esta misma sentencia. Y así se establece.

En consecuencia se ordena a la parte demandada, la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR ÓRGANO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CON SEDE EN S.A.D.C., ESTADO FALCÓN, pagar al actor, ciudadano E.E.J.G., la cantidad de BOLÍVARES OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON OCHENTA CÉNTIMOS (Bs. 8.668,8), por concepto de indemnizaciones derivadas de su despido injustificado, contenidas en el artículo 125 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo. Y así se ordena.

3) Intereses Moratorios: Se ordena a la parte demandada a pagar al actor intereses de mora sobre las cantidades previamente condenadas, visto el retardo en el cumplimiento de su obligación, calculados desde la finalización de la relación de trabajo el 28 de enero de 2009, hasta el pago efectivo de los mismos, todo ello conforme al artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe destacar que por haberse generado dichos intereses de mora con la vigencia de la actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para realizar su cálculo el perito se servirá de la tasa promedio entre la activa y la pasiva fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con el literal c del artículo 108 de la derogada Ley Orgánica del Trabajo y no operará el sistema de capitalización de los mismos, es decir, el de los propios intereses. Y así se ordena.

4) Indexación o Corrección Monetaria: Igualmente se ordena a la parte demandada a pagar a la accionante de autos Indexación o Corrección Monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar, desde la notificación de la demanda el día 11 de agosto de 2010 (folio 139 de la Pieza I), hasta su pago efectivo, para lo cual se deberán tomar en consideración los indicadores oficiales (Índices de Precios al Consumidor) del Banco Central de Venezuela. Igualmente, deberán excluirse del referido cómputo los lapsos de vacaciones judiciales (periodos del 15 de agosto al 15 de septiembre de los años 2010, 2011 y 2012), así como los recesos navideños (períodos del 24 de diciembre de 2010 al 06 de enero de 2011, del 24 de diciembre de 2011 al 06 de enero de 2012 y del 24 de diciembre de 2012 al 06 de enero de 2013). En caso de ser necesario, deberán excluirse los períodos similares que continúen transcurriendo hasta el pago efectivo de las cantidades condenadas por este Tribunal. También deberán ser excluidos de dicho cálculo, los períodos de tiempo en los que el proceso se haya encontrado suspendido por acuerdo entre las partes o haya estado paralizado por motivos no imputables a ellas, es decir, por casos fortuitos o de fuerza mayor. Todo ello conforme a lo establecido por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia No. 1.345, de fecha 18 de noviembre de 2010, con ponencia de la Magistrada, Dra. C.E.P.d.R.. Y así se ordena.

Tanto los Intereses de Mora como la Indexación o Corrección Monetaria ordenada, se calcularán mediante Experticia Complementaria del Fallo, la cual será realizada por un único perito designado por el Tribunal de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo con sede en S.A.d.C. que resulte competente por distribución, de conformidad con el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Del mismo modo, el Juez competente ante la eventual contumacia de la parte demandada, podrá aplicar las consecuencias del artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por último, este Tribunal observa que en el presente recurso ordinario de apelación, la sentencia recurrida no fue confirmada en todas y cada una de sus partes, ya que si bien es cierto que se confirmó la parte del dispositivo del fallo que declaró parcialmente con lugar la demanda, no es menos cierto que esta Alzada se separó de la motiva expuesta por el A Quo y modificó igualmente parte del dispositivo. Adicionalmente fue declarada con lugar la apelación del actor y parcialmente con lugar el recurso de la demandada, por lo cual, con base en la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas. Y así se decide.

III) DISPOSITIVA:

Con fundamento en los hechos analizados, las normas aplicables al caso concreto, los criterios jurisprudenciales expresados, así como todas y cada una de las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado A.P., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo No. 62.018, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Trabajo del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C..

PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la parte demandada a través de su apoderada judicial, abogada M.L., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo No. 185.445, sostenida en la Audiencia de Apelación por la abogada D.M., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 111.599, contra la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Trabajo del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C..

Se MODIFICA LA SENTENCIA RECURRIDA en los términos expuestos en la parte motiva de la presente decisión.

Se ORDENA NOTIFICAR de la presente sentencia al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C..

Se ORDENA REMITIR el presente asunto a la Coordinación Judicial de este Circuito Judicial Laboral del Estado Falcón, con sede en la ciudad de S.A.d.C., a los fines de que efectúe la respectiva distribución entre sus Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución para su prosecución procesal, una vez que transcurra el lapso legal sin que se interponga recurso alguno.

NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza del presente fallo.

Publíquese, regístrese y agréguese. Notifíquese a las partes y a la ciudadana Procuradora General de la República.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en S.A.d.C., a los doce (12) días del mes de abril de dos mil trece (2013). Años 202º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ SUPERIOR.

ABG. J.P.A.R..

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en su fecha, doce (12) de abril de dos mil trece (2013), a las doce en punto del medio día (12:00 m.). Se dejó copia certificada en el Copiador de Sentencias de este Tribunal. Conste, en S.A.d.C., en la fecha señalada.

LA SECRETARIA.

ABG. L.V..