Decisión de Corte de Apelaciones de Tachira, de 18 de Octubre de 2007

El Ministerio Público expresó su inconformidad con la sentencia proferida por el juzgado de primera instancia en función de juicio N° 1 del circuito judicial penal del Estado Táchira, extensión San Antonio, en fecha 08 de junio de 2007, mediante la cual absolvió a la ciudadana M.E.M.d. la comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Alega la representación fiscal que el juez de la causa incurrió en el vicio de falta manifiesta en la motivación del fallo, encausándolo por conducto del artículo 452 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal.

Arguyen las apelantes, que la decisión declaró como no constitutivos de delito los hechos que en juicio oral y público fueron probados como tal, considerando que hubo violación de la norma adjetiva penal que establece el mecanismo de apreciación de las pruebas que debe aplicar el juzgador; en ese sentido, insisten las recurrentes, que el juez de juicio sólo valoró las pruebas que a conveniencia del fallo exculpatorio lo fundamentaban, sin valorar el cúmulo de elementos probatorios que según el Ministerio Público, obraban en contra de la justiciable.

Sostiene la representación fiscal, que el tribunal mixto hizo una apreciación de las pruebas desde el punto de vista subjetivo y arbitrario, y que únicamente le generó certeza las deducciones y pruebas por representación que beneficiaban a la justiciable, olvidándose de realizar una absoluta valoración de todo el acervo probatorio, con el cual hubiere proferido un fallo apegado a las reglas de la sana crítica, afirmando las recurrentes que el tribunal mixto incurrió en el vicio de silencio de prueba.

En el mismo orden, las apelantes indican en su escrito los elementos probatorios que a su juicio demostraban la responsabilidad penal de la ciudadana M.E.M., pero que fueron silenciados por el juez de juicio; en consecuencia esta Sala, a los fines de verificar la denuncia explanada por el Ministerio Público, procede a examinar cada uno de los señalamientos hechos, en concordancia con lo analizado por el juez de la recurrida, y así tenemos:

Señalan las impugnantes como primer elemento, el acta de inspección N° U.R.I.A. 1-0914, suscrita por los funcionarios VIVAS CASIQUE YOBANNA, VILLAMIZAR PAREDES LUIS y VELAZCO CAICEDO NESTOR, adscritos a la Unidad Regional Antidrogas N° 1 del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional, la cual de igual manera fue ratificada por los referidos funcionarios, y éstas sostienen que del acta se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se efectúo el procedimiento donde resultaron detenidas las ciudadanas G.E.B.T. y M.E.M., y que las mismas consignaron a la empresa de encomienda, una máquina despulpadora de café para ser enviada al exterior, dentro de la cual se hizo el hallazgo de la droga.

Ahora bien, respecto al acta aludida por la fiscalía, es menester aclarar que se trata del acta de investigación penal N° U.R.I.A. 1-0914, de fecha 12 de diciembre de 2005, que riela al folio (03) del expediente, ciertamente suscrita por los funcionarios Yobanna Vivas, L.V. y N.V.. Dicho comentario se hace en virtud que se vislumbra en varios folios, que el acta en mención es identificada también en autos como acta policial y acta de inspección, pero seguidamente esta Alzada procede a revisar el fundamento que al respecto, realizó el juez a-quo:

(folio 1009). Omissis…

DE LA NO INCORPORACION DEL ACTA POLICIAL

Anterior a la declaración de los funcionarios policiales la honorable Fiscal del Ministerio Público, señaló para que le fuera exhibida al funcionario la misma, con el fin de que “…sea ratificado el contenido y firma, y sea incorporada el acta policial N° 914…”, el tribunal verificó que dicha acta 914, es el acta de investigación penal, suscrita entre otros, por el testigo presente en sala para ese momento, L.V.P., ello condujo a considerar que debida hacerse (sic) considerarse (sic) el respeto y garantía a los principios de oralidad, contradicción y control de la prueba, que si bien, no tienen un procedimiento previo establecido para ello, dichos principios deben salvaguardarse (…).

Omissis

Final y específicamente a la prueba documental admitida por el tribunal de control, por encontrarse en sala el testigo promovido por el Ministerio Público (funcionario actuante), siendo el mismo que suscribe el acta, este tribunal de juicio consideró y considera improcedente la exhibición de la señalada acta policial en franco y claro respeto a los señalados principios…

. (Subrayado de la Sala).

Como puede observarse, el juez de juicio actuando como garante de los principios de oralidad, contradicción y control de la prueba, consideró improcedente incorporar el acta al debate, y mucho menos consentir su exhibición, al momento en que los funcionarios aprehensores se encontraban deponiendo. Esta Alzada estima que el pronunciamiento efectuado por el jurisdicente, está absolutamente ajustado a derecho, toda vez que el artículo 339 de nuestra norma adjetiva penal establece los medios de prueba que podrán ser incorporados a juicio por su lectura, enumerando los siguientes:

Artículo 339. Lectura. Sólo podrán ser incorporados al juicio por su lectura:

1. Los testimonios o experticias que se hayan recibido conforme a las reglas de la prueba anticipada, sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o experto, cuando sea posible;

2. La prueba documental o de informes, y las actas de reconocimiento, registro o inspección, realizadas conforme a lo previsto en este Código.

3. Las actas de las pruebas que se ordene practicar durante el juicio fuera de la sala de audiencias.

Cualquier otro elemento de convicción que se incorpore por su lectura al juicio, no tendrá valor alguno, salvo que las partes y el tribunal manifiesten expresamente su conformidad en la incorporación

. (Subrayado de la Sala).

En efecto, la anterior norma taxativamente contiene los presupuestos que deben cumplir cada uno de los documentos que las partes deseen incorporar al debate, observándose que el acta aludida por las impugnantes, no cumple con los extremos del mencionado artículo, y sólo se trata de un procedimiento policial distinto a los señalados, que al ser verificado por un órgano auxiliar, constituye un elemento de convicción para que el representante fiscal apoye su acusación, pero lo que debe evacuarse y someterse al contradictorio en el juicio oral y público, si ha sido admitido con antelación, es el testimonio de los funcionarios actuantes, que justamente es lo que se traduce en el medio de prueba , y no el acta de investigación, la cual no llena los requisitos para su incorporación y posterior valoración.

A los fines de sustentar el anterior razonamiento, esta Alzada trae a colación la sentencia N° 047, de fecha 11 de febrero de 2003, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, quien sostuvo:

Omissis

Del artículo transcrito se desprende que existen taxativamente señalados, cuales elementos o medios de prueba pueden ser incorporados mediante lectura al juicio oral y público.

Respecto de ello, cabe señalar que la incorporación de determinados elementos de prueba mediante lectura al juicio oral y público, es una excepción al principio de oralidad e inmediación que rigen el proceso penal, de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal.

Esto es así, porque es en el juicio oral y público donde los jueces deben apreciar, de manera directa, los medios probatorios que les servirán para formar la convicción o no de los alegatos que serán esgrimidos en el juicio, y partiendo de los principios que informan el proceso penal en el debate, los cuales son la oralidad, la inmediación, la publicidad y la contradicción, los elementos deben ser incorporados en forma oral en la audiencia, y ante el juez (o jueces) quien o quienes de manera inmediata (inmediación) deberán presenciar y percibir el medio o elemento probatorio para formarse una idea positiva o negativa, respecto de los argumentos o alegatos de quien los propone y de quien los contradice (contradictorio).

Estos medios de prueba, deben ser presentados o incorporados en el lugar donde se celebra la audiencia de forma oral y verbal, como medio para apreciar la fuente de convicción (o no) a través de los sentidos (audio-visual primordialmente). De allí que se denomine audiencia.

(Omissis)

Ahora bien, el artículo 339 del Código Orgánico Procesal Penal establece una excepción a la incorporación de pruebas por la vía narrativa oral, estas excepciones se encuentran señaladas en los tres numerales del mencionados artículo, antes transcrito, y dicha norma también establece como excepción (en su único aparte), la incorporación mediante lectura de otros elementos de convicción, pero condicionando la inclusión al juicio de tales elementos, a la aceptación expresa de las partes y del tribunal.

En tal sentido, los elementos de prueba distintos a los señalados en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 339, pueden ser incorporados a la audiencia, siempre y cuando las partes y el tribunal estén de acuerdo con ello, antes de su presentación en audiencia.

Esto a su vez se encuentra supeditado a que el juez, al observar la naturaleza del elemento que se va a presentar, analice si se trata de instrumentos que se encuentren previstos en el mencionado artículo 339, y que, siendo el caso que se trate de medios distintos a los señalados en los tres numerales, deberá instar a las partes, para verificar su aceptación o no a la incorporación mediante lectura de manera expresa, así como el mismo juez debe pronunciarse sobre su acuerdo al respecto…

A todas luces se evidencia del caso particular planteado por la fiscalía, que no se materializaron ninguno de los presupuestos acreditados por la norma en estudio, para que el juzgador autorizara la incorporación y exhibición del acta de investigación, lo cual fue idóneamente discernido por éste en la propia audiencia oral y luego fue reflejado en el fallo.

Así mismo, esta Alzada con el ánimo de continuar ilustrando al Ministerio Público, en cuanto al quebrantamiento del debido proceso y derecho a la defensa, que puede llegarse a materializar en caso de la incorporación de las actas que exceptúa la norma adjetiva en su artículo 339, procede a contextualizar la sentencia N° 1303 de carácter vinculante, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Francisco Carrasqueño López, en fecha 20-06-05, que establece:

Omissis

De autos se verifica que entre las pruebas admitidas por el Tribunal Cuadragésimo Noveno en función de Control, se encuentran unas actas levantadas con motivo de las actuaciones realizadas durante la investigación, contentivas de las declaraciones que efectuaron varios ciudadanos respecto a su conocimiento de los hechos y circunstancias que rodearon la comisión del hecho punible objeto del proceso. Es el caso que el mencionado tribunal de control señaló que dichas actas “pueden ser incorporadas en razón de lo dispuesto en el artículo 339 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal como documentales, por cuanto fueron incorporadas en forma lícita tal como lo dispone el artículo 197 del Código Orgánico Procesal Penal (…).

En tal sentido, una de las manifestaciones del derecho a la defensa, es que el proceso ostente carácter contradictorio, es decir, que el acusado pueda, además de ofrecer pruebas, participar en los actos de producción de las pruebas, controlar y examinar las pruebas ya ofrecidas, así como también sugerir al órgano jurisdiccional una reconstrucción de los hechos y una interpretación del derecho que le sea favorable, todo lo cual se manifiesta a plenitud en la fase de juicio.

(Omissis)

Por ello, dado que entre los principios o instituciones que integran y dan sustancia a la noción de orden público constitucional, se encuentran fundamentalmente, por una parte, el derecho a la defensa, el cual implica dentro del ámbito procesal penal, entre otras cosas, que el proceso sea contradictorio a los fines de que las partes hagan valer sus derechos e intereses legítimos; y por otra parte, al principio de presunción de inocencia, que implica en el caso de la prueba testimonial la exigencia de la inmediación del juez respecto a la deposición del testigo; y dada la decisión del Juez Cuadragésimo Noveno de Control de incorporar a través del artículo 339.2 del Código Orgánico Procesal Penal –por su lectura-, las actas contentivas de la declaración de dos personas levantadas en el transcurso de la investigación, sin que se les convoque a comparecer al juicio oral a deponer como testigos, esta Sala considera que tal proceder del mencionado Juez de Control constituye una violación del derecho a la defensa y del principio de presunción de inocencia, y en consecuencia, establece con carácter vinculante que los testimonios escritos, como consecuencia de la inmediación deben ser ratificados en juicio.

Con base a los anteriores planteamientos, la Sala llama al tribunal de juicio que le corresponda conocer el presente proceso penal, a cumplir la presente decisión, apercibido de que el desconocimiento de la misma supondrá un desacato a la autoridad, en los términos previstos en los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales…

Acogiendo el anterior criterio, esta Sala advierte con preocupación, que si bien, no existe en las recurrentes la intención de sorprender la buena fe de este Tribunal Colegiado, entiende la Alzada que hay desconocimiento por parte de éstas sobre las normas generales aplicadas al juicio oral y público, que se encuentran insertas en el Título III, Capítulo I de la ley penal adjetiva; razón por la que, reconociendo que las impugnantes son profesionales, conocedoras y estudiosas del derecho, sin soslayar su proyección académica, se instan a que en lo sucesivo actúen con mesura al momento de desarrollar el rol asignado, toda vez que la diferencia que hay entre un acta de investigación y las actas de reconocimiento, registro o inspección a que se refiere la norma en mención, se encuentran suficientemente establecidas doctrinaria, legal y jurisprudencialmente, por tal virtud, evidentemente el planteamiento de la fiscalía está apartado del raciocinio procesal, encontrándose ajustado el fundamento realizado por el juez de juicio. Y así se decide.

Hace mención también la representación fiscal, a la prueba de orientación, pesaje y precintaje N° 2783 de fecha 13-12-05, y dictamen pericial químico N° 2038 de fecha 15-12-05, ambos suscritos por el experto J.E.S.Z., adscrito al Laboratorio Científico del Comando Regional N° 1 de la Guardia Nacional, afirmando que los peritajes son circunstancias probatorias de culpabilidad que el juez a-quo silenció; en tal sentido, esta Alzada procede a examinar el fallo, a los fines de verificar si en efecto fueron obviados dichos medios de prueba, no sin antes aclarar, que los mismos, sólo demostraron la existencia de una sustancias que al ser experticiada resultó ser prohibida, lo cual no se desvirtuó, en tal virtud se aprecia:

Omissis

4.- Declaración del Experto J.E.S.Z., T.S.U. en Química Industrial (…), señaló que en relación a la prueba de orientación y pesaje, se recibió una bolsa plástica que dentro contenía una máquina descerezadora de café con un cilindro dentro, en la parte cilíndrica se encontraba una sustancia de color blanco, se le practicaron análisis de orientación o desarrollo de color con el reactivo scot arrojando un resultado positivo de cocaína. Que se valora como tal deposición pericial, en relación con la documental, referida a las experticias por él practicadas.

(Omissis)

(…), resultando ser una máquina descerezadora de café, que en su rodillo se encontró una sustancia que a la postre resultó ser Cocaína (sic), deducido de la declaración del experto J.E.S.Z. (…), quien señaló que la prueba de orientación y pesaje, se recibió una bolsa plástica que dentro contenía una máquina descerezadora de café con un cilindro dentro, en la parte cilíndrica se encontraba una sustancia de color blanco, se le practicaron análisis de orientación o desarrollo de color con el reactivo scot arrojando un resultado positivo de Cocaína, con un peso neto de 950 gramos aproximadamente. (…). Agregando que lo experticiado lo llevaron los funcionarios actuantes, manteniendo la cadena de custodia, (…), un objeto cilíndrico, dentro estaba la sustancia, esa área es hueca, el cilindro es parte de la máquina, iba dentro de ese cilindro la sustancia, hay que sacar todo el polvo, la coloración dio fue azul positiva (…), y agregó algo de capital importancia, como lo fue que si se podía pasar por desapercibido, (…), ratificando la experticia en todas sus partes, dicho experto procedió a ratificar las documentales debidamente incorporadas en el juicio oral y público, (…), conduciendo todo lo anterior a la efectiva existencia de la sustancia estupefaciente COCAINA, que se pretendió enviar oculta dentro del rodillo de la denominada máquina descerezadora, oculta de tal forma, que tal y como lo sostuvo el experto, podía pasar desapercibida, que por lo escuchado en sala y máximas de experiencia, ello es cierto, ya que el material de que está compuesto la máquina es metálico, y la sustancia se encontraba dentro del rodillo, de muy difícil acceso e imposible apreciación su parte interna, sin instrumentos especiales, tal y como ocurrió en este caso…

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Para esta Alzada, es suficiente el fundamento desarrollado por el juzgador en cuanto a los medios de prueba que sostienen las recurrentes, fueron silenciados; en efecto, el juez de juicio plasmó el resultado de su operación mental, siendo acertado en materia de valoración, por cuanto empleó el mecanismo legal inserto en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, sobre el sistema de apreciación de las pruebas, aunado a que, conforme a su sapiencia jurídica, otorgó el peso que corresponde a los dictámenes periciales, de acuerdo al cauce y circunstancia que realmente comprueban, que como antes se dijo, sólo demuestran la existencia de la sustancia incautada, y no como pretenden sostener las recurrentes, que prueban la culpabilidad de la ciudadana M.E.M.; es por ello que esta Sala considera apegada a derecho la motivación que reflejó el jurisdicente en la sentencia, restándole razón a lo argüido por las impugnantes. Y así se decide.

En el mismo orden, las apelantes denuncian como silenciadas la factura zoom N° 014744944, factura comercial N° 757444 código 0147449 de fecha 12-12-05, y certificado de seguridad del remitente firmado por la ciudadana M.E.M., expedido por la empresa ZOOM INTERNACIONAL SERVICES C.A. Las recurrentes señalan que se trata de pruebas documentales que en su oportunidad fueron admitidas e incorporadas por su lectura en juicio oral y público, refiriendo que la primera factura está relacionada con el envío de la máquina despulpadora de café, dentro de la cual se halló la droga, que en la segunda factura aparece tanto la firma como las huellas digitales de la ciudadana M.E.M., y que el certificado contiene la declaratoria bajo fe de juramento hecha por la nombrada acusada, que no transporta ningún tipo de sustancia psicotrópica, lo cual, al decir de las impugnantes, es falso, toda vez que justamente en la encomienda fue incautada la droga.

Conforme al estudio efectuado por esta Corte, se colige del fallo apelado que el jurisdicente no elaboró un inciso referido exclusivamente a los documentos que informa la fiscalía, no obstante, en la estructura de la sentencia correspondiente a los fundamentos de hecho y de derecho, puede evidenciarse lo siguiente:

Omissis

En esta primera etapa de los relatos, se aprecia como la Dra. G.B.T. se presentó 2 días antes, en oportunidades distintas, para pretender remitir la máquina al exterior, sin la compañía de M.E.M., por el contrario (…), que la máquina la llevó G.B.T., ésta la cargaba, que si bien los datos aportados para el llenado de la guía y restante documentación, incluida la declaración de no enviar sustancias ilícitas fueron aportados por M.E., no está alejado de la realidad que fue sólo eso, no se aprecia de las declaraciones que M.E. conociera el contenido de la encomienda, más aun cuando ambos testigos señalaron que no se podía apreciar el contenido, debiendo hacer uso de un equipo o herramienta para perforar y poner al descubierto el contenido, que se relaciona estrechamente con lo dicho por el experto, que podía pasar la sustancia desapercibida, lo que conduce a que M.E. no podía conocer dicho contenido por ende se va estableciendo que M.E.M. no se representó la realización del hecho delictual.

(Omissis)

En este orden de ideas, tal y como más arriba se dijo, con respecto a M.E.M., de las testimoniales no encuentra quien aquí decide contradicciones evidentes, que pudieran inclinar la balanza hacía el despojo de la presunción de inocencia de que goza la misma, ya que el sólo hecho de prestar su cédula para el llenado de unas planillas, en nada absolutamente influye sobre la verdadera intención o animus de su parte, en el supuesto negado de una facilitación, no se debe ver dicha mera acción de préstamo de una cédula, como suficiente para considerar a una persona como autor o participen modo alguno de un hecho, que haya prestado auxilio para antes del hecho o durante su comisión (...)

De la transcripción puede apreciarse, que si bien es cierto, como antes se indicó, el jurisdicente omitió realizar un extracto que concretamente desarrollara un análisis de las facturas que aluden las apelantes, no es menos cierto, que sí reflejó el resultado del valor asignado a los documentos en cuestión. Como se observa, al momento de la motivación el juez de juicio, luego de presenciar y percibir a través de la inmediación, el debate probatorio en la audiencia oral, consideró que la ciudadana M.E.M. está exenta de responsabilidad en el delito que endilgó el Ministerio Público, estimando que el hecho de haber aportado su documento de identidad para el trámite del envío, no significa que ésta hubiere tenido conocimiento del contenido de la máquina descerezadora de café; es decir, las facturas y el certificado bajo fe de juramento no crearon en él la certeza requerida, para que, aunado a otros elementos probatorios condujera a la inexorable declaratoria de culpabilidad en contra de la encausada; lo cual concluyó el juzgador, luego de hacer el análisis, adminicular las pruebas, compararlas separadamente con las demás que fueron evacuadas; operaciones que efectuó con estricto apego al sistema de valoración legal vigente, siendo indiscutible que respecto de las facturas denunciadas, dichos medios de prueba no fueron silenciados por el juez a-quo, como lo sostiene el Ministerio Público, de lo que emerge una vez más, que no le asiste la razón a las recurrentes. Y así se decide.

Por otra parte, las recurrentes denuncian como pruebas silenciadas, que representan circunstancias probatorias de culpabilidad en contra de la encausada M.E.M. las siguientes: 1.- Declaración rendida por la ciudadana G.E.B.T., en el acto de la audiencia preliminar por ante el tribunal de control, así como la manifestación de no querer rendir declaración hecha por la ciudadana M.E.M.; 2.- El decreto de flagrancia en la aprehensión de las acusadas, emitido por el juzgado de control que conoció la fase preparatoria; 3.- La acusación presentada por la fiscalía del Ministerio Público; 4.- Declaratoria del mantenimiento de las medidas privativas de libertad decretado por el juzgado de control respectivo; 5.- La declaración rendida por la ciudadana M.E.M., en fecha 22-08-06 por ante el juzgado de control, y 6.- Declaración rendida por el ciudadano Yilmer Monsalve Vivas, por ante la fiscalía undécima del Ministerio Público.

Ahora bien, no comprende esta Sala qué procura hacer notar la fiscalía al denunciar los anteriores actos, como hechos constitutivos de prueba en contra de la encausada M.E.M. y además silenciados por el juzgador (tal y como lo expresan las apelantes), a sabiendas que no se corresponden con elementos necesarios ni pertinentes que representen medios de prueba legalmente obtenidos, ofrecidos y admitidos para ser evacuados en juicio y posteriormente valorados para fundar los pronunciamientos a que hubiere lugar; todo lo contrario, son básicas actuaciones ejecutadas en las fases preparatorias e intermedias del proceso, que nada tienen que ver con el desarrollo del debate, ni constituyen objeto de prueba; por ese motivo, esta Alzada se encuentra supremamente asombrada con la actitud desplegada por la fiscalía al pretender que este Despacho anule el fallo, examinando unas actuaciones denunciadas como medios de prueba que presuntamente fueron silenciados por el jurisdicente, cuando ni siquiera se acercan a constituir elementos de convicción. Y así se decide.

Insisten las impugnantes en que, la declaración rendida en juicio oral y público por la acusada G.E.B.T. reviste de responsabilidad penal a la ciudadana M.E.M., toda vez que, a pesar de la admisión de los hechos manifestada, al decir de las apelantes, en ningún momento señala la inocencia de la acusada M.E.M.. Ante tal afirmación, esta Corte luego de revisar el fallo, observa que en efecto la encausada G.B. en la oportunidad legal, admitió los hechos y solicitó la imposición inmediata de la pena, al tiempo que manifestó ser inocente y ratificar la versión que anteriormente había aportado; circunstancia que produjo por parte del juzgador la declaratoria de culpabilidad y consecuente condena en contra de la acusada antes referida. Pero así mismo, se advierte que está vedado a esta Alzada conocer de los hechos debatidos, pues esa función es exclusiva del juez de juicio, quien es soberano en sus decisiones, al ser pronunciadas con estricto apego a las normas rectoras del proceso penal, y en el presente caso, el juez a-quo mesuradamente estructuró los elementos que le aportaron certeza sobre la i.d.M.E.M., apartándose de la narración que reprodujo G.B. durante su admisión y de ello dejó suficiente constancia en la sentencia, mediante la reflexión jurídica que asentó. Y así se decide.

Cuestiona también la fiscalía, la valoración dada por el juez a las deposiciones rendidas por la niña M.A.M., el ciudadano W.A.G., la funcionaria YOBANNA VIVAS CASIQUE, el funcionario N.D.V., el funcionario L.V.P., el ciudadano YILMER MONSALVE VIVAS, el ciudadano C.T.F.. En opinión de las recurrentes, y luego de un extenso parafraseo sobre el fundamento elaborado por el tribunal, consideraron que el juez a-quo incumplió el mandato legal sobre la apreciación de las pruebas, al declarar no culpable a la ciudadana M.E.M., en virtud que, los mismos elementos probatorios que demostraron la comisión del punible atribuido, demostraron que la referida encausada junto con G.B. fueron las autoras del mismo.

Así mismo, expresan las impugnantes que el juzgador estableció no haberse materializado el elemento de no exigibilidad de otra conducta; es decir, que la encausada M.E.M. voluntariamente prestó su consentimiento para realizar el envío de la encomienda, considerando las apelantes que dicho argumento resulta ilógico, ya que el juez por una parte no duda que la acusada voluntariamente hizo el envío, pero luego dictó un fallo absolutorio, lo que al decir de las recurrentes, transgredió el principio de formación lógica de la sentencia.

Luego de revisar la sentencia, esta Sala determina que respecto al testimonio aportado por la niña M.M., apreció el juez lo siguiente:

Omissis

Dicha declaración en sala, le causó dudas al juez presidente, así como a los escabinos, evidenciándose parcialidad por ser su madre la juzgada, y la corta edad de la niña, por lo que al ofrecer dudas razonables se desecha dicho testimonio…

Desconoce esta Alzada, el motivo por el cual las recurrentes denuncian como silenciada y descontada del sistema legal de valoración, el anterior medio de prueba. Se observa que en efecto el juez, apegado a las reglas contenidas en nuestra norma penal adjetiva, sabiamente desechó la declaración, por cuanto le generó dudas sobre su veracidad, analizando la parcialidad que pudiere existir en razón del lazo de consanguinidad que une a la niña con la encausada M.M..

Respecto de las deposiciones rendidas por los ciudadanos W.G., funcionaria Yobanna Vivas, funcionario N.V., L.V., el ciudadano Yilmer Monsalve y C.T., el jurisdicente las valoró así:

Omissis

1.-Declaración del funcionario Guardia Nacional Villamizar Paredes L.O. (…). Que se valora totalmente, por ser testigo presencial del hecho, del lugar oficinas de Zoom, las personas involucradas inicialmente y demás circunstancias de modo.

2.-Declaración como testigo del ciudadano Girón W.A. (…). Que se le otorga pleno valor, ya que es la persona que desde un inicio observó el desarrollo de los hechos, las personas participantes, la hora de los mismos, junto a diversas circunstancias de especial importancia.

3.-Declaración como testigo del ciudadano Monsalve Vivas Yilmer Joseph (…). Se valora totalmente, ya que al igual que la declaración anterior, es testigo presencial de los hechos desde su inicio, aportando fundamental información de tiempo, modo y lugar, para demostrar el grado o no de culpabilidad de las acusadas.

6.-Declaración del testigo N.D.V. (…). Se valora íntegramente y en relación con las demás deposiciones, ya que aporta elementos de importancia sobre la participación de las acusadas, lugar de los hechos y el tiempo de los mismos.

7.-Declaración de la funcionaria actuante YOBANNA DIAMARIX VIVAS CASIQUE (…). De primordial y capital importancia dicha declaración, ya que es la funcionaria que se encontraba al momento del arribo de las acusadas a las oficinas de la empresa de encomiendas, las circunstancias ocurridas durante el tiempo que permanecieron allí, junto a las restantes actividades desarrolladas junto a las hoy acusadas. Valorándose totalmente.

(Omissis)

9.-Declaración del ciudadano C.T.F. (…). Sirve para establecer los momentos anteriores al hecho, las circunstancias, actividades y motivos de la presencia de la co-acusada en Ureña, siendo confiable para el tribunal dicha deposición, valorándola íntegramente…

En cuanto a los anteriores testimonios que aluden las apelantes, y que según sus dichos, constituyen prueba directa en contra de la encausada M.M., resulta forzoso recordar a la fiscalía en aras de no caer en iteraciones al transcribir cada una de las versiones por separado, que el soberano para establecer el hecho acreditado, mediante la sana crítica y conforme a las técnicas de motivación respectivas, es el juez de juicio, quien indudablemente ha presenciado el debate, por lo que no es censurable el grado de certeza obtenido por éste, pues sólo es cuestionable la manera o el cómo abordó la certeza del hecho que consideró probado; en el caso que nos ocupa, se evidencia que el sentenciador adquirió y se formó la certeza del hecho, esfera impenetrable y vedada para esta Corte.

Estima esta Superior Instancia, que en el caso de marras las pruebas fueron apreciadas en forma individual por el juzgador, y consecuentemente se observa el cumplimiento de las reglas de valoración insertas en el artículo 22 de la norma penal adjetiva por parte de éste. Es labor y competencia del juez de instancia apreciar los hechos en su conjunto y agregar el valor que le merece cada probanza, adminicularlas y compararlas con los demás medios existentes, criterio que tal y como se desprende de la sentencia, fue manejado ampliamente por el jurisdicente.

Vale hacer mención a la sentencia N° 020, de fecha 09 de marzo de 2005, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Héctor Manuel Coronado Flores, cuando sostuvo:

…El establecimiento de los hechos, “…en salvaguarda del principio de inmediación, previsto en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal, le está vedado a las C.d.A., por cuanto esa competencia le está asignada exclusivamente, al Juez de Juicio”.

En este sentido, necesario es significar que si la Sala descendiera a los hechos para dilucidar todas las interrogantes planteadas por las recurrentes, en cuanto a las deposiciones rendidas por los órganos de prueba durante el juicio oral, ello equivaldría a reexaminar la valoración de las pruebas que ya fueron apreciadas por el órgano competente, usurpando de esta manera una función que es exclusiva del Juez de Instancia, lo cual quebranta los principios de inmediación y juez natural, garantizados en los artículos 16 y 7 del Código Orgánico Procesal Penal.

En otro orden de ideas, al insistir las recurrentes en el principio de valoración lógica de la sentencia, en virtud que, por un lado la recurrida sostuvo la voluntariedad en la conducta de la acusada para ejecutar el hecho y por otra parte la absolvió, debe la Sala precisar a las apelantes la clara distinción en cuanto a la voluntariedad de la acción, elemento común a los delitos y las faltas, y el dolo como intención. En efecto, el artículo 61 del Código Penal dispone lo siguiente:

Artículo 61. Nadie puede ser castigado como reo de delito no habiendo tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, excepto cuando la ley se lo atribuye como consecuencia de su acción u omisión.

El que incurra en faltas, responde de su propia acción u omisión, aunque no se demuestre que haya querido cometer una infracción de la ley.

La acción u omisión penada por la ley se presumirá voluntaria, a no ser que conste lo contrario

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Forzoso resulta para esta Alzada, explicar a las impugnantes la naturaleza y alcance que tienen cada una de las instituciones referidas, y para ello se procede a reflejar la opinión doctrinaria del jurista A.A.S., en su obra Derecho Penal Venezolano (novena edición), páginas 250-253, quien discierne:

“Omissis

Ahora bien, en el encabezamiento del artículo 61 de nuestro código, como ya lo señalamos, se hace referencia a la regla general de la responsabilidad a título de dolo y como excepción, aunque el legislador no lo haya consignado expresamente, a la responsabilidad a título de culpa, preterintención o a cualquier otra forma en los casos en que la ley atribuye el hecho a su autor como consecuencia de su acción u omisión.

Por otra parte, con esta misma disposición que comentamos, se ha pretendido además excluir, con la redacción adoptada, toda posibilidad de referencia a una presunción de dolo e inversión de la carga de la prueba. A tal respecto cabe señalar, que precisamente Zanardelli en su relación final observa que ha preferido la fórmula, adoptada también por nosotros, de que “ninguno puede ser castigado por un delito, si no ha querido el hecho que lo constituye”, por cuanto que la otra fórmula que había sido propuesta podía inducir a creer que la voluntariedad del hecho, aun en los delitos, se debería presumir hasta prueba en contrario, lo que no podría admitirse como regla jurídica, salvo naturalmente, la peculiaridad de los casos, en los cuales por la ley es suficiente la presunción. Por tanto, de acuerdo con la disposición de la primera parte del artículo 61 de nuestro código, resulta excluida toda presunción de dolo, requiriéndose en forma clara y terminante para responder de un delito que el sujeto haya tenido la intención de realizar el hecho que lo constituye, salvo que la ley se lo atribuya como consecuencia de su acción u omisión.

(Omissis)

Resulta superfluo demostrar que la voluntariedad de la acción o de la omisión debe estar presente en todo hecho punible doloso o culposo, delito o falta. Involuntario será el efecto lesivo en el delito culposo (…). El cochero al que se le van de la mano los caballos, el viajero que sin saberlo lleva en su equipaje un arma u otro objeto prohibido, y así sucesivamente, no podrán ser jamás incriminados

. Por tanto, este principio de la voluntariedad de la acción u omisión queda sobreentendido en el marco de este ordenamiento. Ahora bien, creemos que nuestro código al acoger la formulación del código Italiano, aunque precisando mejor el concepto de dolo como “intención”, y a la vez, conservando la disposición del código Español sobre la presunción de voluntariedad, no ha pretendido establecer una presunción de dolo, sino simplemente, remarcar el principio de voluntariedad de la acción u omisión, elemento común a delitos y faltas. No se trata pues de una presunción de dolo sino de la presunción de la voluntariedad de la acción u omisión (…). Por lo demás, aparece aclarada y confirmada la posición que sustentamos al considerar que el legislador venezolano al referirse al dolo en el encabezamiento del artículo 61, lo define como “intención”, y en el último aparte relativo a la supuesta presunción de dolo no utiliza tal expresión, sino que establece expresamente que la acción u omisión se presumirá voluntaria a no ser que conste lo contrario…”.

De lo anterior se desprende, que puede materializarse un evento delictual como consecuencia de un acto volitivo, sin que ese resultado final fuere producto de la intención criminal. En el caso que nos ocupa, el jurisdicente examinó las pruebas evacuadas, analizando que la encausada aceptó prestar su consentimiento para tramitar el envío de la encomienda, utilizando su identificación, sin embargo, dejó bien establecido el juzgador, que ese hecho no fue suficiente para generar la certeza en él, que dicha ciudadana conocía el contenido de la máquina descerezadora; además, como se vislumbra de las actas de debate oral, M.E.M. nunca negó tal circunstancia, es decir, no fue objeto de contradicción ni debate el trámite realizado por la acusada; lo que si fue cuestionado es que la misma conociera la existencia de la droga dentro de la encomienda, lo cual estudió y concluyó el juez de juicio, luego de esgrimir el fundamento de su operación mental, situación que contribuyó para absolver y condenar conforme a la admisión de los hechos efectuada por la acusada G.T.B.. En consecuencia, esta Superior Instancia estima que la apreciación del jurisdicente está ajustada a derecho.

Como corolario de lo anterior, puede observarse, que el juez a-quo no dejó de valorar alguno de los testimonios que tanto alude e intentan desvirtuar las apelantes, todos ellos fueron debidamente razonados y valorados de acuerdo a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, conocimientos científicos y máximas de experiencia, conforme al artículo 22 de nuestra norma penal adjetiva; es decir, el jurisdicente no silenció ninguno de los medios de prueba reflejados, por el contrario, se evidencia que fue discerniéndolos uno por uno apegado estrictamente al marco legal regulador, atendiendo concretamente las versiones narradas que demostraban las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron desarrollados los hechos y que demostraban la no culpabilidad de la encausada M.E.M.. Reiterando de igual manera, que esta Alzada no tiene ingerencia sobre los hechos narrados por los testigos, toda vez que quien debe dirimirlas justamente es el juez que conoció y presenció el debate, tal y como fue efectivamente expresado en el presente fallo, motivo por el cual, en este argumento tampoco le asiste la razón a las recurrentes, debiendo declararse sin lugar la denuncia en estudio. Y así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, esta Corte de Apelaciones en su Sala Única del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve:

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por las abogadas N.B.P. y F.M.T.O., en sus caracteres de fiscal y fiscal auxiliar Undécimas del Ministerio Público, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio N° 1 de este Circuito Judicial Penal, Extensión San Antonio, en fecha 08 de junio de 2007.

SE CONFIRMA en todas sus partes la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia en función de juicio N° 1 de este circuito judicial penal, mediante la cual absolvió a la ciudadana M.E.M., de la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los días del mes de octubre de dos mil siete. Años 197° de la Independencia y 148° de la Federación.

LOS JUECES DE LA CORTE

G.A.N.

Juez Presidente

I.Z.C.E.J.P.H.

Juez Ponente

LUCY MAIRENA MARQUEZ

Secretaria

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.

Lucy Mairena Márquez

Secretaria

As-1243-07*mcp