Sentencia nº 0898 (Sala Especial V) de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 22 de Julio de 2014

Fecha de Resolución:22 de Julio de 2014
Emisor:Sala de Casación Social
Número de Expediente:12-805
Ponente:Carmen Esther Gómez Cabrera
 
CONTENIDO

Ponencia de la Magistrada C.E.G.C..

En el juicio que por cobro de prestaciones sociales siguen los ciudadanos E.G.R., E.R. y ENDERSON RIVERO, representados judicialmente por el abogado D.A. contra las sociedades mercantiles INDUSTRIAS MARULLO, S.A. y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES MARULLO, C.A., representadas judicialmente por los abogados B.V.Á., F.R.C.S., R.E.L., R.J.E.A., A.C.S., J.E.C.C., J.A.S.O. y M.M.Z.; el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, conociendo en alzada dictó sentencia en fecha 02 de mayo del año 2012, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, “modificando el fallo apelado” dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la misma Circunscripción Judicial en fecha 19 de enero del año 2012, que declaró sin lugar la demanda.

Contra el fallo dictado por el Juzgado Superior antes mencionado, anunció recurso de casación, el apoderado judicial de la parte demandada abogado B.V., el cual una vez admitido, fue ordenada la remisión del expediente a esta Sala de Casación Social.

Remitido el expediente, fue recibido en esta Sala de Casación Social, dándose cuenta del asunto en fecha 31 de mayo del año 2012 y en esa misma oportunidad se designó ponente al Magistrado Alfonso Valbuena Cordero.

Fue formalizado el recurso de casación anunciado. Hubo contestación.

En fecha 14 de enero de 2013, tomaron posesión de sus cargos los Magistrados Suplentes O.S.R., S.C.A.P. y C.E.G.C., los cuales fueron convocados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de sus atribuciones, a los fines de cubrir la falta absoluta en virtud de la culminación del período constitucional de doce (12) años de los Magistrados Omar Alfredo Mora Díaz, Juan Rafael Perdomo y Alfonso Valbuena Cordero, respectivamente, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la sentencia N° 1701 de fecha seis (06) de diciembre de 2012, dictada por la Sala Constitucional de este M.T..

Posteriormente, el Presidente de la Sala, reasignó la ponencia a la Magistrada C.E.G.C..

En fecha 11 de abril del año 2014, conforme con Resolución N° 2014-0002 de fecha 13 de febrero del año 2014, dictada por la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, se constituyó en el presente juicio la Sala Especial Quinta, quedando integrada de la siguiente manera: Presidenta y Ponente, Magistrada C.E.G.C., y las Magistradas Accidentales, M.M.C.P. y Bettys del Valle L.A.. De igual forma, se designó Secretario al Dr. M.E.P. y Alguacil al ciudadano R.A.R..

En fecha 24 de abril del año 2014, fue fijada para el 2 de junio del mismo año, la realización de la audiencia oral y pública, siendo posteriormente suspendida y diferida para el 14 de julio del año en curso, y a la cual comparecieron las partes y expusieron sus alegatos.

Concluida la sustanciación con el cumplimiento de las formalidades legales, pasa esta Sala de Casación Social a reproducir la sentencia dictada en fecha 14 de julio del año 2014, bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, previa las siguientes consideraciones.

RECURSO DE CASACIÓN

ÚNICO

De conformidad con el ordinal 2° del artículo 168 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el apoderado judicial de la parte recurrente denuncia la infracción por falta de aplicación de los artículos 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y 1.952 del Código Civil, en los siguientes términos:

La parte actor (sic) acompañó a su libelo marcado B (folios 18 y 19) constancias que evidencian el inicio de la relación de trabajo y también su finalización. Esta prueba demuestra que las relaciones de trabajo se iniciaron en marzo de 2002 y concluyeron en diciembre de ese mismo año 2002.

Pese a la claridad del asunto, el sentenciador de la recurrida sostiene que dicha prueba demuestra “la existencia de la relación laboral en un “lapso” pero en verdad la recurrida solo acredita la prueba del inicio de la relación pero no de su conclusión. Debe entenderse que todo lapso tiene una fecha de inicio y otra de culminación: para la recurrida ese lapso solo tiene fecha de inicio. De esa manera, y a través de malabarismos idiomáticos, sostiene que esa probanza que prueba la existencia de la relación laboral no demuestra, sin embargo, que la relación laboral no se hubiese prestado con posterioridad.

Entonces, la parte actora prestó sus servicios dentro de un lapso; y este lapso concluyó en diciembre del 2002 pero la recurrida no declara la prescripción amparada en el razonamiento siguiente:

(Omissis)

De lo anterior tenemos que de acuerdo con la instrumental que marcada “B” acompañó la parte actora al libelo de la demanda, se evidencia que la obligación está prescrita porque la relación de trabajo concluyó en diciembre del 2002. Pero la recurrida estima que, además, la parte demandada tenía que haber demostrado el pago de la obligación. Ahora bien, de acuerdo con el artículo artículo (sic) 1.952 del Código Civil que la prescripción es un medio de adquirir un derecho (prescripción adquisitiva o usucapión) o de libertarse de una obligación (prescripción extintiva), por transcurso de tiempo y bajo las demás condiciones que fije la Ley. De tales normas se desprende que la prescripción extingue la obligación cuando es alegada y demostrada, como aconteció en el caso presente.

Sin embargo, el sentenciador de la recurrida no declara la prescripción porque añade un requisito adicional: que la obligación prescrita haya sido cancelada. Esta manera de sentenciar comporta infracción por falta de aplicación del artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo porque de haberlo aplicado y verificado el transcurso del tiempo habría tenido que declarar la prescripción de la obligación. Al mismo tiempo infringió también por falta de aplicación el artículo 1952 del Código Civil que establece que la prescripción es un medio de extinción de las obligaciones por el solo transcurso del tiempo.

La Sala para decidir observa:

Aduce el formalizante que la parte actora acompañó con su libelo de demanda, constancias de trabajo que evidencian el inicio y la finalización de la relación laboral, quedando demostrado que comenzó en marzo del año 2002 y culminó en diciembre del mismo año y sin embargo, estableció que sólo quedó acreditada la fecha de inicio de la relación laboral, no quedando demostrada la fecha de terminación ni el pago liberatorio de los conceptos derivados de la relación de trabajo.

Pues bien, para verificar lo aseverado por el recurrente, precisa esta Sala transcribir extractos de la sentencia recurrida, lo cual hace de la siguiente manera:

(…). Se tiene entonces que, de las probanzas que cursan en autos se verifica que el ciudadano E.R. no logra demostrar la prestación de servicio personal para la demandada, lo que activaría la presunción de laboralidad. Por lo que, resulta forzoso, para quien decide declarar SIN LUGAR la demanda relativa a las pretensiones del ciudadano E.R., por cuanto no logra demostrar con las pruebas aportada al proceso, que prestó servicio alguno para la demandada. Así se decide.

Ahora bien, respecto a los ciudadanos E.R. Y ENDERSON RIVERO, se tiene que en la contestación, la demandada manifestó lo siguiente:

Es cierto que E.G.R. y Enderson Rivero prestaron servicios para mis representadas hasta el mes de diciembre de 2002

.

Se verifica que existe una manifestación por parte de la demandada donde reconoce que hubo una relación de trabajo con los actores, así, se tiene que la carga de probar el pago liberatorio de lo pretendido por los actores lo tenía la demandada, de conformidad con lo señalado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia al respecto, entre las que se puede mencionar la referida sentencia N° 445 del 09/11/2000.

De la revisión de las actas procesales se tiene que la demandada no trajo al proceso las probanzas que dieran fe que en la fecha indicada, terminó la relación laboral, tampoco trajo a los autos las pruebas que demuestren el pago liberatorio de los conceptos derivados de la relación de trabajo que admite haber tenido para con los ciudadanos E.R. Y ENDERSON RIVERO.

De la transcripción precedentemente expuesta, evidencia la Sala que el sentenciador de la recurrida estableció por una parte, que el accionante E.R. no logró demostrar la prestación del servicio personal para la demandada y por lo tanto, declaró sin lugar la demanda respecto a ese co-accionante, y por la otra, que la demandada no trajo al proceso probanza alguna que diera fe de la fecha indicada como término de la relación laboral, ni prueba que demuestre el pago liberatorio de los conceptos derivados de la relación de trabajo que mantuvo con los ciudadanos E.R. y Enderson Rivero.

No obstante, cursa en el expediente marcados “B”, a los folios 17 y 18, constancias de trabajo emanadas de la co-demandada Industrias Marullo, S.A., debidamente selladas y firmadas por un representante de la empresa, en las que hace constar que los ciudadanos E.R.T. y Enderson Rivero Toro, prestaron servicios para la empresa, desde el mes de marzo del año 2002 hasta el mes de diciembre del mismo año, quedando demostrado con ello no solo que hubo una relación laboral entre las partes, sino también la fecha de inicio y de culminación de la misma.

Ahora bien, las normas delatadas disponen textualmente lo siguiente:

Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo:

Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios.

Artículo 1.952 del Código Civil:

La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la Ley.

En ese sentido, al haber culminado la relación laboral habida con los ciudadanos E.R.T. y Enderson Rivero Toro, en diciembre del año 2002 y, al haber los accionantes de autos, intentado la demanda en fecha 19 de enero del año 2011, forzoso es para esta Sala declarar la prescripción de la acción alegada por la parte demandada recurrente, al haber transcurrido más de un año desde la fecha de culminación de la relación laboral, según lo consagrado en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y así se declara.

Finalmente, precisa esta Sala señalar que basta con que se verifique el cumplimiento del año contado a partir de la culminación de la relación laboral, para declarar la prescripción de la acción, sin que sea necesario, como lo estableció el sentenciador de la recurrida, demostrar el pago liberatorio de los conceptos derivados de la relación laboral.

En ese sentido, debe esta Sala declarar con lugar la presente denuncia, por haber incurrido el sentenciador de alzada en el vicio de falta de aplicación de las normas delatadas y, así se establece.

Dada la procedencia de la denuncia antes analizada, resulta inoficioso conocer las restantes delaciones planteadas por la parte recurrente. En consecuencia, la Sala declara con lugar el recurso de casación anunciado por la parte demandada, ANULA el fallo recurrido dictado en fecha 02 de mayo del año 2012, por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, y pasa de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo a pronunciarse sobre el fondo de la controversia, en los siguientes términos:

DE LA SENTENCIA DE MÉRITO

Según escrito presentado en fecha 19 de enero de 2011, los accionantes demandan a las sociedades mercantiles Industrias Marullo, S.A. y Construcciones Marullo, C.A., por cobro de prestaciones sociales, con fundamento en los artículos 108, 133 y 145 de la Ley Orgánica del Trabajo. Alegan que fueron contratados como obreros para efectuar trabajos a destajo, que la relación laboral comenzó en marzo del año 2002, convirtiéndose en indeterminada, bajo la relación de dependencia y por cuenta de las empresas antes mencionadas. Que la empresa estableció como supervisor al ciudadano E.R. y le cancelaban por la producción semanal con un cheque a su nombre, para luego ser dividido en tres partes iguales y que para evadir compromisos laborales nunca les otorgaron recibos de lo cancelado. Que desde la fecha de ingreso hasta la fecha en que fueron despedidos no percibieron remuneraciones ni pagos por concepto de vacaciones, utilidades, bono vacacional, días de descanso semanal obligatorio, días feriados, pago de intereses de prestaciones sociales ni prestaciones sociales, no fueron inscritos en el Seguro Social Obligatorio, ni cotizaron la ley de política habitacional, ni el Inces, ni les otorgaron la dotación de uniformes. Asimismo, señalan que enfocados en llevar el sustento a sus casas, trabajaron hasta los días feriados y en horas nocturnas para cumplir a la brevedad posible los encargos, pero deciden solicitar la tutela judicial efectiva para que le cancelaran sus prestaciones sociales y demás incidencias. Que sus actividades consistían en realizar trabajos de herrería general por piezas y estructuras, siendo el Ingeniero A.M. quien establecía las cantidades de piezas a necesitar y el precio a cancelar por unidades. Que en fecha 11 de junio del año 2010, les informaron que no les iban a otorgar más trabajo sino firmaban un contrato determinado, a lo cual manifestaron que sería indeterminado, por lo que fueron despedidos incumpliendo de esa forma con lo consagrado en el artículo 105 de la Ley Orgánica del Trabajo. Finalmente, detallan los conceptos y las cantidades a demandar por cada uno de los accionantes.

Por su parte, la demandada en la contestación a la demanda, convino en la existencia de la relación laboral con los co-accionantes E.G.R.T. y Enderson Rivero Toro, señalando que culminó en el mes de diciembre del año 2002 e invocando de esa forma, la prescripción de la acción. Con respecto al co-demandante E.R.T., negó que hubiera sostenido relación laboral con dicho ciudadano. De igual forma, negó el despido alegado por los actores, que hubieren prestado servicio de forma ininterrumpida y bajo relación de dependencia, que hubieren laborado días de descanso, feriados y horas nocturnas, que deba pagarle remuneración alguna a los accionantes por concepto de vacaciones, utilidades, bono vacacional, día de descanso obligatorio, intereses sobre prestaciones y que deban ser inscritos en el seguro social obligatorio, ley de política habitacional e inces. Que es falso que los actores hubieren percibido el salario invocado en el libelo, al ser exagerado, ya que si se compara el salario alegado y el salario mínimo oficial para esa fecha es aproximadamente 6 veces más. Negaron el reclamo de los días feriados, por cuanto nunca fueron trabajados. Señaló que los actores convinieron en una jornada de trabajo con un salario mensual, por lo que los días de descanso semanal y feriados estaban incluidos en dicho período que reconoce de prestación de servicios. En cuanto a la indemnización por despido y omisión de preaviso, alegó que los actores fueron contratados y dicho contrato cesó en todos sus efectos en el mes de diciembre del año 2002, negando de igual forma, dicho reclamo. Finalmente, negó todos y cada uno de los conceptos reclamados.

En fecha 19 de enero del año 2012, el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado B.L., declaró sin lugar la demanda incoada por los accionantes de autos, al considerar el sentenciador que no evidencia de autos, relación laboral alguna.

Contra esa decisión de instancia, la parte actora interpuso recurso de apelación. Posteriormente, en fecha 02 de mayo del año 2012, el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, sin lugar la demanda interpuesta por el co-accionante E.R.T. y, con lugar la demanda respecto a los co-accionantes E.R.T. y Enderson Rivero Toro, modificando el fallo apelado.

En primer lugar, pasa la Sala a pronunciarse sobre el alegato de la prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, por cuanto a su decir, la parte actora acompañó con su libelo de demanda, constancias de trabajo que evidencian el inicio y la finalización de la relación laboral, quedando demostrado que comenzó en marzo del año 2002 y culminó en diciembre del mismo año y sin embargo, el sentenciador de la recurrida estableció que sólo quedó acreditada la fecha de inicio de la relación laboral, no quedando demostrada la fecha de terminación ni el pago liberatorio de los conceptos derivados de la relación de trabajo.

Ciertamente, como lo acusa la parte recurrente, consta en el expediente marcados “B”, a los folios 17 y 18, constancias de trabajo emanadas de la co-demandada Industrias Marullo, S.A., debidamente selladas y firmadas por un representante de la empresa, en las que hace constar que los ciudadanos E.R.T. y Enderson Rivero Toro, prestaron servicios para la empresa, desde el mes de marzo del año 2002 hasta el mes de diciembre del mismo año, quedando demostrado con ello no sólo que hubo una relación laboral entre las partes, sino también la fecha de inicio y de culminación de la misma.

Por lo que al haber culminado la relación laboral habida con los ciudadanos E.R.T. y Enderson Rivero Toro, en diciembre del año 2002 y, al haber los accionantes de autos, intentado la demanda en fecha 19 de enero del año 2011, forzoso es para esta Sala declarar la prescripción de la acción alegada por la parte demandada recurrente, al haber transcurrido más de un año desde la fecha de culminación de la relación laboral, conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y así se declara.

Por otra parte, en cuanto al co-accionante E.R.T., la parte demandada negó la relación laboral con dicho ciudadano, y la parte actora no logró demostrar la existencia de la alegada relación de trabajo, siendo forzoso en consecuencia, declarar sin lugar la demanda respecto a este co-demandante. Así se establece.

DECISIÓN

En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Especial Quinta de la Sala de Casación Social , administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara en fecha 02 de mayo del año 2012. En consecuencia, ANULA el fallo recurrido y, SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda por estar PRESCRITA la acción respecto a los co-accionantes E.R.T. y Enderson Rivero Toro y SIN LUGAR la demanda respecto del co-accionante E.R..

Dada la naturaleza del presente fallo no hay condenatoria en costas del recurso y, tampoco condenatoria en costas del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del estado Lara, con sede en la ciudad de Barquisimeto, a los fines legales consiguientes. Particípese de esta remisión al Tribunal Superior de origen, anteriormente mencionado.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala Especial Quinta de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los veintidós (22) días del mes de julio del año 2014. Años 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

La Presidenta de la Sala y Ponente,

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C.E.G.C.

Magistrada Accidental Magistrada Accidental,

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M.M.C.P. BETTYS DEL VALLE L.A..

El Secretario,

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M.E.P.

R.C. Nº AA60-S-2012-000805

Nota: Publicado en su fecha

El Secretario,