Decision of Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Menores of Miranda, of October 29, 2009

Llegaron a esta Alzada las presentes actuaciones, en virtud de la apelación interpuesta por la parte demandante, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, de fecha 07 de octubre de 2008, recibiéndose los autos en fecha 20 de enero de 2009.

Consta de autos que el juicio se inició por demanda que fue admitida en fecha 07 de agosto de 2006, por el Juzgado Primero de Primera instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada.

En fecha 26 de septiembre de 2006, compareció la Dra. Y.B., y consignó Instrumento Poder en original, conferido por el ciudadano F.M., parte demandada, dándose por citada en el presente procedimiento.

En fecha 05 de octubre de 2006, compareció la abogada Y.B., apoderada judicial de la parte demandada, y consignó escrito de contestación a la demanda, constante de cinco (05) folios útiles y dos (02) anexos.

En fecha 22 de noviembre de 2006, compareció la abogada Y.B., apoderada judicial de la parte demandada, y estampó diligencia mediante la cual consignó escrito de promoción de pruebas, constante de tres (03) folios útiles y dos (02) anexos.

En fecha 27 de noviembre de 2006, compareció la abogada P.H.C., apoderada judicial de la parte demandante, y estampó diligencia mediante la cual consignó escrito de promoción de pruebas, constante de cuatro (04) folios útiles.

En fecha 05 de diciembre de 2006, se dictó auto mediante el cual el Tribunal ordenó agregar a los autos los escritos de promoción de pruebas, presentados por ambas partes en fechas 22 y 27 de noviembre de 2006.

En fecha 13 de diciembre de 2006, se dictó auto de admisión de pruebas mediante el cual el Tribunal aquo admitió unas y negó otras pruebas presentadas en fecha 22 de noviembre de 2006, por la abogada Y.B., apoderada judicial de la parte demandada. Asimismo, por auto de esta misma fecha se admitieron las pruebas presentadas en fecha 27 de noviembre de 2006, por la abogada P.H.C., apoderada judicial de la parte demandante.

En fecha 18 de diciembre de 2006, compareció la abogada Y.B., y estampó diligencia mediante la cual solicitó se dejara sin efecto el decreto de fecha 13 de diciembre del año en curso, a fin de que las partes hicieran uso del derecho a que se contrae el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y de no considerarse procedente esa petición, a todo evento, formuló apelación.

En fecha 20 de diciembre de 2006, se dictó auto mediante el cual se ordenó hacer computo por secretaría de los días de despacho transcurridos desde la citación exclusive, hasta el 13 de diciembre de 2006, inclusive. Igualmente, en esa misma fecha se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que se dio cabal cumplimiento a los lapsos procesales establecidos en el artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual, se negó el pedimento de la abogada Y.B.. Así mismo, se oyó la apelación en el solo efecto devolutivo que fuera ejercida contra el auto de fecha 13 de diciembre de 2006, específicamente la admisión de las pruebas presentadas por la parte actora.

Se dictó auto de fecha 11 de enero de 2007, mediante el cual fue diferida la oportunidad para la evacuación de la prueba de Inspección Judicial, para el quinto (5°) día de despacho siguiente a la fecha, a las once de la mañana (11:00 am.).

En fecha 17 de enero de 2007, se libró oficio mediante el cual se remitieron copias certificadas del expediente N° 26119, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en virtud de la apelación ejercida por la apoderada judicial de la parte demandada contra el auto dictado en fecha 13 de diciembre de 2006.

Se dictó auto de fecha 19 de enero de 2007, mediante el cual fue diferida la oportunidad para la práctica de la prueba de Inspección Judicial, para el quinto (5°) día de despacho siguiente a la fecha, a las once de la mañana (11:00 am.).

En fecha 29 de enero de 2007, se realizó la inspección judicial promovida por la abogada P.H.C., apoderada judicial de la parte demandante.

En fecha 05 de febrero del año 2007, compareció la abogada Y.B., a los fines de que se librara despacho, a los efectos de la evacuación de las pruebas promovidas consignó los fotostatos respectivos para la correspondiente comisión.

En fecha 07 de febrero de 2007, se dictó auto mediante el cual el Tribunal observó que deben ser librados dos despachos. Por lo tanto, dejó expresa constancia que solo será librado un solo despacho y una vez conste la consignación de los fotostatos contentivos del escrito de promoción de pruebas y su respectivo auto de admisión, será librado el despacho faltante.

En fecha 07 de febrero de 2007, compareció la abogada P.H.C., apoderada judicial de la parte actora y estampó diligencia mediante la cual consignó tres (03) juegos de copias simples del escrito de promoción de pruebas presentadas por esa representación y su respectivo auto de admisión, a los fines de que fueran remitidas al SETRA, al Juzgado del Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda y al Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Igualmente, solicitó se le nombrara correo especial para la entrega del oficio que se remita al SETRA.

En fecha 07 de febrero de 2007, compareció la abogada Y.B. y estampó diligencia mediante la cual consignó copia simple de la promoción de pruebas y del auto de admisión, a los fines legales pertinentes.

En fecha 13 de febrero de 2007, se dictó auto mediante el cual, vista la diligencia de la abogada Y.B., de fecha 07 de febrero de 2007, el Tribunal consideró procedente librar el despacho faltante al Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Asimismo, en cuanto a la diligencia suscrita por la abogada P.H.C., apoderada de la parte actora, el Tribunal se abstuvo de proveer acerca de los oficios en virtud de que se encontraban incompletos los fotostatos consignados.

En fecha 16 de febrero de 2007, compareció el ciudadano O.B.M., en su carácter de Alguacil Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y consignó la boleta de citación firmada por el ciudadano F.J.M.M..

En fecha 21 de febrero de 2007, se dictó auto mediante el cual se instó a la abogada Y.B., apoderada judicial de la parte demandada, a tramitar el traslado de dichas comisiones por medio de la figura del Alguacil de ese Tribunal.

En fecha 26 de febrero de 2007, el Tribunal levantó Acta correspondiente a posiciones juradas, dejándose constancia que hicieron acto de presencia los ciudadanos F.J.M.M. y su apoderada judicial abogada Y.B., así mismo, se dejó constancia que compareció la apoderada judicial de la parte demandante P.A.H.C..

En fecha 05 de marzo de 2007, el Tribunal levanto Acta referida a posiciones juradas, dejándose constancia que hicieron acto de presencia la ciudadana M.E.R.R. y su apoderada judicial abogada P.A.H.C., así mismo, se dejó constancia que compareció la apoderada judicial de la parte demandante Y.B..

En fecha 27 de marzo de 2007, se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar a los autos resulta de comisión, proveniente del Juzgado Primero de Municipio Guaicaipuro de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

En fecha 29 de marzo de 2007, compareció el ciudadano O.B.M., en su carácter de Alguacil Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y consignó copia de los oficios N° 0740-300 y 0740-303, los cuales fueron debidamente recibidos y firmados y sellados en la Dirección de Transporte y T.T. con sede en Caracas y el Juzgado Distribuidor de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 02 de abril de 2007, compareció el abogado J.C., apoderado judicial de la parte actora y estampó diligencia mediante la cual solicitó la prorroga del lapso de evacuación de pruebas.

En fecha 11 de abril de 2007, se dictó auto mediante el cual se negó la prorroga solicitada por el apoderado judicial de la parte actora, en virtud que no demostró el suficiente interés en procurar la evacuación en su totalidad de las pruebas promovidas.

En fecha 30 de abril de 2007, se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar a los autos resultas de comisión, proveniente del Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda.

En fecha 03 de mayo de 2007, compareció la abogada Y.B., apoderada judicial de la parte demandada y estampó diligencia mediante la cual consignó escrito de informes.

En fecha 15 de mayo de 2007, compareció la abogada Y.B. y estampó diligencia mediante la cual renunció al poder conferido a su nombre como apoderada judicial del ciudadano F.M.M..

En fecha 22 de mayo de 2007, se dictó auto mediante el cual se acordó notificar al ciudadano F.M.M., de la renuncia del poder que le fuera conferido a la abogada Y.B..

En fecha 11 de junio de 2007, compareció el ciudadano F.M.M., debidamente asistido por la abogada Catrine Karam Dib, estampando diligencia para consignar en original documento de revocatoria del poder conferido a la Profesional del Derecho Y.B..

En fecha 12 de julio de 2007, se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar a los autos oficio 13-00-2007-2033-476 de fecha 27 de junio de 2007, proveniente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

En fecha 17 de julio de 2007, compareció el abogado R.A.R.F., y estampó diligencia mediante la cual consignó documento poder, por medio del cual fue constituido apoderado judicial de la ciudadana M.E.R.R..

En fecha 07 de noviembre de 2007, compareció la abogada Catrine Karam Dib y estampó diligencia para consignar poder especial otorgado a su nombre por el ciudadano F.M.M..

En fecha 07 de octubre de 2008, el Tribunal A quo dictó sentencia, declarando inadmisible la demanda por partición de bienes interpuesta por la ciudadana M.E.R.R. en contra del ciudadano F.J.M.M..

En fecha 15 de octubre de 2007, compareció el ciudadano O.B.M., en su carácter de Alguacil Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y consignó la boleta de notificación firmada por la ciudadana M.E.R.R..

En fecha 20 de octubre de 2008, compareció la ciudadana M.E.R.R., debidamente asistida por la abogada Dubraska Segovia Landaeta, y consignó diligencia mediante la cual apeló la decisión referida.

En fecha 02 de diciembre de 2008, compareció el ciudadano O.B.M., en su carácter de Alguacil Titular del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, y consignó la boleta de notificación firmada por el ciudadano F.J.M.M..

En fecha 14 de enero de 2009, se dictó auto mediante el cual se ordenó agregar a los autos comisión, proveniente del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 14 de enero de 2009, se dictó auto mediante el cual se acordó oír en ambos efectos la apelación de fecha 20 de octubre de 2008. Posteriormente, fue recibido el expediente en este Juzgado Superior en fecha 20 de enero de 2009, fijándose el vigésimo día de despacho siguiente para que las partes presentaran informes, sin que las partes hicieran uso de ese derecho.

En fecha 16 de marzo de 2009, se dictó auto mediante el cual se pasó el expediente a estado de sentencia la cual sería dictada dentro de los sesenta (60) días calendario a la fecha.

Llegada la oportunidad para decidir, fuera de la oportunidad procesal correspondiente, debido a la excesiva acumulación de causas en estado de sentencia, siendo que éste es el único Juzgado Superior en materia Civil, Mercantil, Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente, el tribunal observa:

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA

La representación judicial de la parte demandante alegó:

Que, en agosto de 2000, su representada estableció relación amorosa de hecho, permanente y reiterada con el ciudadano F.J.M.M., venezolano, titular de la cedula de identidad N° 6.851.118, estableciendo su domicilio común en la siguiente dirección: Vía San D.d.L.A., Las Polonias Nuevas, Calle La Culebrera. Casa N° 1, San A.d.L.A., Municipio Los Salías del Estado Miranda, consignando como evidencia justificativo de testigos otorgado por ante la Notaría Pública 35° del Municipio Libertador del Distrito Capital, el cual anexó en original, marcado con letra “B”.

Que, recientemente, en fecha 20 de diciembre de 2005, luego de mas de cinco años de convivencia, ambos, de mutuo y común acuerdo decidieron terminar la relación que mantenían, sin embargo, aun y cuando su representada solicitara al ciudadano F.J.M.M. liquidaran la comunidad de bienes que formaron durante cinco años de unión de hecho, mejor conocida por la doctrina y la jurisprudencia como unión concubinaria, éste se ha negado a reconocer los derechos que la asisten.

Que, durante el tiempo que duró la unión de hecho se adquirieron los siguientes bienes:

- 20% de las acciones de la sociedad mercantil “Distribuidora Dilaqueso C.A.”, inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de noviembre de 1991, bajo el N° 25, Tomo 78-A-Sgdo., acciones que fueron adquiridas tal y como se evidencia de acta de asamblea de accionistas, debidamente registrada en fecha 27 de junio de 2001, bajo el N° 65, Tomo 118-A Sgdo, copia del referido asiento que se anexa, marcado con la letra “C”.

- Un vehículo Marca: Chevrolet; Modelo: Malibu; Color: Blanco; Año: 1977; Clase: Automóvil; Tipo: Coupe; Placa: MBS06C.

- Un vehículo Marca: Toyota; Modelo: Land Cruiser; Color: Negro; Año: 1980; Clase: Rústico; Tipo: Techo Duro; Placa: MBS05C.

- Un vehículo Marca: Ford; Modelo: Vans; Color: Naranja; Año: 1978; Clase: Camioneta; Tipo: Panel; Placa: DAO62J.

- Un vehículo Marca: Volkswagwen; Modelo: Escarabajo; Color: Azul; Año: 1976; Clase: Automóvil; Tipo: Coupe; Placa: MCI420.

- Un vehículo Marca: Dodge; Modelo: F 100; Color: Gris; Año: 1977; Clase: Camioneta; Tipo: Pick Up; Placa: 38PGAB.

Argumentó que, los documentos de propiedad de los vehículos antes descritos, no se anexaron en virtud de que los tiene el ciudadano F.M., razón por la cual, en la debida oportunidad, solicitarían prueba de informes al ente respectivo.

Que, para el momento en que la demandante comenzó la relación concubinaria, el ciudadano F.J.M.M., ya había adquirido, en copropiedad con el ciudadano T.M.P., un lote de terreno con una superficie de TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS metros cuadrados, aproximadamente, cuyo documento de propiedad anexó en copia, marcado con la letra “D”.

Que, dentro de los linderos del terreno antes mencionado se encuentran construidas tres casas destinadas a vivienda, y en una de ellas la pareja estableció su domicilio común, lugar donde actualmente reside la demandante con sus hijos, uno de los cuales es menor de edad. Las casas anteriormente mencionadas carecen de título de propiedad, por no haber obtenido los permisos municipales necesarios para realizar las construcciones; que la actora y sus hijos han sido hostigados constantemente por el ciudadano F.J.M.M., con la única finalidad de hacer que salga del que por mas de cinco años ha sido su hogar, tratando así que renunciara a los derechos que le corresponden como consecuencia de la relación concubinaria que sostuvieron. Prueba de lo anterior según señaló lo constituye las reiteradas denuncias hechas por su representada en contra del referido ciudadano, cursantes por ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, por violencia contra la mujer y la familia, actuaciones que fueron remitidas al Ministerio Público.

Que, la casa que sirviera como domicilio para la pareja fue construida en su totalidad en el tiempo en que la demandante y el señor F.J.M.M. mantuvieron su relación y con su ayuda y apoyo, moral y económico.

Fundamentó la demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela y el artículo 767 del Código Civil.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, demandó la actora M.E.R.R., plenamente identificada, al ciudadano F.J.M.M., plenamente identificado, a quien, según señaló, fuera su concubino durante mas de cinco años, a fin de liquidar la comunidad que se formó de pleno derecho, y en consecuencia, le cancelara o a ello fuera condenado, las cantidades siguientes:

-50% de las acciones que el ciudadano F.M., posee en la Sociedad Mercantil Distribuidora Dilaqueso C.A., antes identificada, así como el 50% de las utilidades que las referidas acciones han producido durante los ejercicios económicos correspondientes entre los años 2000 y 2005, ambos inclusive.

-50% del valor de cada uno de los vehículos antes descritos, propiedad del ciudadano F.M..

-50% de los derechos que posee el ciudadano F.M. sobre el terreno señalado y las bienhechurías que sobre el se encuentran construidas, ubicado en: Vía San D.d.L.A., Las Polonias Nuevas, Calle La Culebrera. Casa N° 1, San A.d.L.A., Municipio Los Salías del Estado Miranda.

Solicitó, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código Civil, se dictaran las providencias que el Tribunal estimara convenientes para garantizar la seguridad de los bienes comunes, como son:

Prohibición de enajenar y gravar el inmueble señalado, en razón de quedar plenamente demostrado el riesgo manifiesto de que el demandado se insolvente, a fin de no entregarle a la actora lo que por derecho le corresponde.

Medidas de secuestro sobre los vehículos identificados.

Embargo preventivo sobre las acciones que posee el demandado en la Sociedad Mercantil Distribuidora Dilaqueso S.A., todo lo anterior de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil.

Así mismo, a fin de garantizar su integridad física y la de su familia y su permanencia pacífica en el inmueble que fungiera como domicilio común, y en virtud de las numerosas agresiones, tanto físicas como verbales de las cuales ha sido objeto por parte del ciudadano F.M., tal y como consta de denuncias y caución, solicitó a ese honorable Tribunal ordenara la prohibición para el demandado de entrar al inmueble en cuestión, mientras dure el procedimiento, y en fin, dictara cualquier otra medida que considere necesarias para el resguardo de los bienes de la comunidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, estimó la demanda en la cantidad de doscientos millones de bolívares (200.000.000,00. Bs.), más las costas y costos que calcule prudencialmente el Tribunal.

A los fines de la práctica de la citación del demandado, F.M.M., señaló como domicilio el siguiente: Vía San D.d.L.A., Las Polonias Nuevas, Calle La Culebrera. Casa N° 1, San A.d.L.A., Municipio Los Salías del Estado Miranda. Asimismo, señaló como domicilio procesal el siguiente: Av. Los Jabillos, Edificio Torre Tepuy, piso 2, Oficina 2-D, Sabana Grande, Caracas.

Por su parte, el apoderado judicial de la parte demandada alegó:

Que, estando dentro de la oportunidad legal para que tenga lugar el acto de la contestación de la demanda y antes de dar contestación al fondo, oponía para que fuera resuelta como previa a la sentencia definitiva, la falta de cualidad e interés de la parte actora, ciudadana M.E.R.R. quien está inmersa de falta de cualidad e interés para sostener el presente juicio, invocando la pretensión que se auto asigna, en forma arbitraria, sin que exista prueba alguna del título que se atribuye, es decir, el de concubina del ciudadano F.J.M.M.; que es evidente, que no consta de autos, prueba de especie alguna que materialice o haga creíble la pretensión de la actora, o bien, soporte o fundamente dicha pretensión, en documentales o elementos concatenados o adminiculados a la acción, que constituyan su fundamento, pero en el amplio espectro de la racionalidad jurídica. No basta, la afirmación peregrina de alguien que pretenda abrogarse, un estado o condición de facto, sin que exista tan solo una prueba de tal pretensión, para que pueda considerarse válida esa condición o estado, que se vislumbre por demás inexistente. Que el aparente justificativo de testigos, efectuado de manera extrajudicial, inaudita parte, es decir, efectuado por la actora con la intervención de dos personas, que presuntamente son amigos interesados, no constituye prueba alguna por sí sola, ya que no existe un principio de prueba por escrito, que soporte o refuerce las testimoniales, conforme lo establece el Código Civil. De manera que desconoció e impugnó el justificativo por no emanar de su representado y ser un documento privado y no idóneo en esta causa. Por tanto, debe declararse inadmisible la acción, ya que no existe ninguna prueba que demuestre, de alguna manera la existencia de la unión concubinaria. Por tanto, debe inferirse irremisiblemente que M.E.R.R., no ha demostrado de manera alguna haber sido concubina del ciudadano F.J.M.M., por tales circunstancias la excepción de previo pronunciamiento a la sentencia de fondo o definitiva, debe ser declarada con lugar; y así lo solicitó con el acatamiento debido, con expresa condenatoria en costas a la parte actora.

Negó, rechazó y contradijo en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho, todos y cada uno de los términos en que está planteada la presente demanda, por ser contraria a la ley.

Que no es cierto, que M.E.R.R. haya sido concubina, jamás de su representado, el ciudadano F.J.M.M.; Que no es cierto que desde el mes de agosto del año 2000, el ciudadano F.J.M.M., hubiere mantenido relaciones amorosas de hecho, de manera permanente y reiterada con la aludida ciudadana; Que, si bien es cierto, que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela en su artículo 77, consagra derechos tanto al hombre como a la mujer, preservando, la igualdad absoluta de los derechos y deberes, en cada caso a los cónyuges; y al hombre y a la mujer, en uniones estables de hecho, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley; no pueden estar menos de acuerdo con el contenido de la norma; pero obsérvese que dicha norma es para proteger derechos efectivos, como antes expresó, en cada caso, cónyuges o uniones concubinarias, que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, y con las previsiones contenidas en el artículo 767 del Código Civil.

Que, es claro que la normativa contempla impretermitiblemente su aplicación, a las personas sujetas al régimen que se mencionan en cada caso, pero siempre “que cumplan con los requisitos establecidos por la ley”. Que, en el presente caso, constituye una temeridad o un exabrupto jurídico, pretender el reconocimiento de una relación concubinaria, por demás extraña de concebir, según las propias afirmaciones de la parte actora. Que, la sola justificación testimonial preconstituida, en forma arbitraria, caprichosa e ilegal, tal vez producto del conciliábulo entre amigos de la actora, presuntamente interesados en su arbitraria pretensión, que hacen presumir Ab-Initio de la presentación de la sedicente prueba presentada anticipada, la ilegalidad de la misma y en todo caso, cuando menos un indicio incompleto e inadmisible que cuestiona su legalidad y legitimidad.

Que, en la presente causa, para poder considerar los presupuestos de la admisibilidad de la temeraria acción, surgen dos circunstancia como requisito Sine-Quanom: 1) que haya existido y se pruebe realmente la existencia de la comunidad concubinaria; y 2) que durante la existencia de tal comunidad concubinaria, los concubinos adquirieron bienes; pero especialmente quien alega la comunidad concubinaria, haya contribuido a la adquisición de tales bienes para que emerja un derecho de tales bienes.

Que, varios autores sostienen, que la mujer que invoque su condición de concubina, debe demostrar que ha vivido permanentemente en tal estado, durante más de cinco años y que demostrado tal estado de unión concubinaria, también pueda probar, que ha contribuido con su trabajo a la formación o aumento del patrimonio del hombre; y que no haya habido adulterio. Con lo que se tiene que, es indispensable que la unión haya sido permanente, o sea, que las relaciones furtivas ocasionales, sin ánimo de ser marido y mujer, no pueden considerarse suficiente para esta comunidad, ya que el legislador ha querido distinguir a la mujer y al hombre cuasi-casados, de los amantes cuyas relaciones no consolidan una razón social y económica, y por el contrario, la mayoría de los casos, constituyen una enorme rémora para el conglomerado que lo soporta y económica para el amante que costea el nexo. No podría sostenerse con certeza, que las diversas relaciones sostenidas tanto por la actora como el demandado, en forma temporal y variante con diversas personas del sexo opuesto, en su caso y que pudieran considerarse como relaciones de uniones furtivas ocasionales, pueden valorarse como uniones concubinarias, estas consideraciones son públicas y notorias. En síntesis, el elemento previo, como requisito fundamental de la acción, para demostrar la unión concubinaria, y poder aspirar a la participación del patrimonio del demandado, lo constituye la prueba que demuestre tal circunstancia. Y no existiendo ningún tipo de prueba que justifique la existencia de la unión concubinaria entre F.J.M.M. y M.E.R.R., que no sea el justificativo de testigos, que impugnaron y desconocieron firmemente en este acto, por no emanar de su representado, considerando dichas testimoniales como falsas, tendenciosas y poco serias cuando menos. Por estas razones, consideró que no existe prueba alguna, ni de la formación, ni de la existencia de la comunidad concubinaria alegada y así solicitó con el acatamiento debido que fuera declarado en la oportunidad correspondiente.

Que, la pretensión incoada en el presente juicio, se fundamenta en el artículo 767 del Código Civil, y la misma constituye una acción personal en solicitud de un reconocimiento, de un presunto derecho surgido de la alegada unión concubinaria. La cuestión previa y principal sin cuya decisión resultaría ilógica la consideración de las demás propuestas, se contrae a si existió, o no, la comunidad concubinaria y si durante ella los presuntos concubinos adquirieron bienes. Al efecto, la misma parte actora manifiesta que cuando ella comenzó la presunta relación concubinaria, el ciudadano F.J.M.M., ya había adquirido en copropiedad con el ciudadano T.M.P., un terreno con una superficie TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (3266 m2), y temerariamente la presenta, como el acervo en la cuota alícuota correspondiente de F.J.M.M., y que tal cuota alícuota de la propiedad pro indivisa debe ser considerado, como parte de la participación que dice tener. Y anexa el documento de propiedad, no obstante haberse adquirido dicho terreno, en el año 1998; es decir, que tal inmueble según la propia confesión de la actora fue adquirido mucho antes de la fecha que dice haber comenzado la relación, mencionando igualmente una serie de vehículos que no son de la propiedad del demandado desde hace mucho tiempo, ni tiene ninguna posesión sobre ellos, lo que demuestra el desconocimiento que sobre la persona del demandado y sus bienes, temerariamente dice conocer, ya que la ciudadana actora nunca ha tenido una relación con su representado de manera constante, permanentemente como falsamente lo afirma, constituyendo la acción un galimatías absurdo, irreconciliable con una realidad lógica y jurídica, cuestión que será probada en la oportunidad legal correspondiente. Se reservó expresamente, ejercer por separado, por ante los Tribunales Penales, la irrupción violenta y clandestina que efectuó la demandante de esta temeraria acción en un inmueble de la copropiedad de F.J.M.M., y del cual es condominio el ciudadano T.M.P.; inmueble éste que la ciudadana M.E.R.R., junto con un numeroso grupo de personas, incluida la madre de la accionante, ciudadana M.E.C.D.R., un cerrajero y otras personas invadieron en forma violenta y clandestina, en cuyos actos intervino la POLICÍA DEL MUNICIPIO LOS SALÍAS DEL ESTADO MIRANDA. Acompañó con copia de la participación efectuada en la Fiscalía Tercera del Ministerio Público, del Estado Miranda, actuaciones que serían consignadas en su oportunidad legal correspondientes, en las instancias respectivas.

PRUEBAS APORTADAS A LOS AUTOS

Parte demandante:

Mediante escrito de libelo de la demanda presentado el 14 de julio de 2006 (Ver f. 08 al 36), la parte actora consignó los siguientes es recaudos:

Copia simple del instrumento poder que acredita a las abogadas P.H.C. y A.G.M., como apoderadas judiciales de la parte demandante, otorgado ante la Notaría Pública Novena del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Original del justificativo de testigos otorgado por ante la Notaría Pública 35° del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Copia simple de asamblea de accionistas de la sociedad mercantil DISTRIBUIDORA DILAQUESO C.A.

Copia simple del documento de propiedad de un lote de terreno ubicado en Vía San D.d.l.A., Las Polonias Nuevas, Calle La Culebrera, San A.d.L.A., Municipio Los Salías del Estado Miranda.

Copia simple de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de julio de 2005, mediante la cual se realiza la interpretación del artículo 77 de la Constitución Nacional.

La parte demandada conjuntamente a la contestación, consignó (Ver f. 50 al 52):

Copia simple de certificación de matrimonio suscrita por el Dr. E.N., Jefe de Registro Civil de Personas y Electoral de la Parroquia C.A., Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda, correspondiente a los ciudadanos F.J.M.M. y R.M.R.C..

Copia simple de la denuncia efectuada en la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico del Estado Miranda, por irrupción violenta y clandestina que se efectuó al inmueble de copropiedad del ciudadano F.J.M.M. y T.M.P..

Abierta la causa a pruebas ambas partes procedieron a promover las siguientes:

PARTE DEMANDADA:

Reproduce y hace valer, en todo su vigor el mérito favorable de los autos especialmente la jurisprudencia referida al recurso de interpretación, que fue consignado y corre inserto en autos y en la que se señala específicamente, el extracto fundamental, proscribe la acción incoada sin el previo pronunciamiento en una sentencia firme que declare la existencia de la comunidad o unión estable.

Consignó, copia simple del documento de propiedad del inmueble constituido por un lote de terreno que mide tres mil doscientos sesenta y seis metros cuadrados (3.266 Mts2), ubicado en el lugar conocido con el nombre de La Polonia y Los Budares, conocido también con el nombre de Yaracuy, jurisdicción del Municipio Los Salías del Estado Miranda, adquirido mediante documento de fecha 16 de septiembre de 1998, por ante la Notaría Pública del Municipio Los Salías del Estado Miranda, bajo el N° 108, tomo 44, del libro de autenticaciones llevado por dicha notaría y luego registrado, ante la Oficina Subalterna de Registro del Municipio Autónomo Los Salías del Estado Miranda, en fecha 08 de febrero de 2000, bajo el N° 08, protocolo 01, tomo 3, el cual acompañó para que le fuera devuelto previa su certificación en autos, en cinco folios útiles, y donde consta igualmente la existencia de una casa de habitación.

Consignó en siete (07) folios útiles en copia simple y en original ad efectum videndi, para que le fuera devuelto previa certificación en autos, original del Título Supletorio de bienhechurías, a favor del condominio de la propiedad señalada anteriormente, mediante el cual se declara de la única y exclusiva propiedad de las bienhechurías a favor de T.M.P., sobre una casa que mide seis metros cuadrados (06 Mts2) de ancho por diez metros cuadrado de largo, cuyas medidas, linderos y demás determinaciones constan en el referido título supletorio.

Reproduce y hace valer la confesión expresa de la parte actora ciudadana M.E.R.R., de que el terreno en copropiedad con T.M.P. y su representado, ya lo había adquirido, a decir de la actora, antes de conocer a F.J.M.M. y donde existía una casa de habitación conforme al documento de propiedad.

Solicitó, conforme a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, que la parte actora exhibieran los documentos que demuestren la propiedad de los vehículos a los cuales hace referencia en su temerario libelo de partición de comunidad de bienes de la presunta Comunidad Concubinaria.

Solicitó, conforme a lo dispuesto en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, que la parte actora exhiba el documento de propiedad de las acciones de la Sociedad Mercantil DILAQUESO C.A., que demuestre que dichas acciones son de la única y exclusiva propiedad del ciudadano F.J.M.M..

Haciendo uso del principio de comunidad de la prueba, reproduce y hace valer el contenido de las consideraciones para decidir, pronunciadas por el Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional.

De conformidad a lo previsto en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, promovió los testigos hábiles y sin tacha legal que a continuación enumeró:

ERWIS GREGORIO LARES SEMPRÚN, RENNY L.S., R.A.M.D., C.A.U., A.E.M.G., J.A.Z.G. y H.O.M..

En fecha 30 de abril de 2007, fue agregada comisión proveniente del Juzgado de Municipio del Municipio Los Salías de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, contentivas de las testimoniales evacuadas por la defensora judicial de la parte demandada, constando que los testigos contestaron a las preguntas de la siguiente manera:

ERWIS G.L.S., quien respondió de la siguiente manera a las preguntas efectuadas por la abogada asistente de la parte demandada:

…PRIMERO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano F.J.M.M.? CONTESTÓ: Si lo conozco desde hace mucho tiempo, varios años. SEGUNDO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana R.M.R.C.d.M., esposa del ciudadano F.J.M.M. y los menores hijos e hijas que conforman el grupo familiar? CONTESTÓ: Si conozco a la señora Rosa y sus hijos. TERCERO: ¿Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano F.J.M.M. y su grupo familiar habitan en un inmueble ubicado en el lugar conocido con los nombres de La Polonia y Los Budares, conocido también con el nombre de Yaracuy, Jurisdicción del Municipio de San A.d.L.A., del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda (ahora Municipio Autónomo Los Salías, Estado Miranda? CONTESTÓ: Si me consta que ese es el lugar donde viven. CUARTO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana M.E.R.R.? CONTESTÓ: Si la conozco. QUINTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el día 08 de agosto del año 2006, en horas de la mañana la ciudadana M.E.R.R., llegó al lugar donde se encuentra la vivienda ocupada por el ciudadano F.J.M.M. y en compañía de un grupo de familiares además de un y/o herrero, procedió a cambiar las cerraduras de varias puertas y a soldar algunas rejas, ocupando dos casas contiguas a la vivienda que habita el ciudadano F.J.M.M. y su grupo familiar? CONTESTÓ: Si estuve presente elaborando un trabajo, y presencié todo los hechos allí ocurridos. SEXTO: ¿Diga el testigo si sabe y le consta que la ciudadana M.E.R.R., ocupó una de las viviendas de la dirección antes mencionada y otra de las viviendas fue ocupada por la hija de la ciudadana M.E.R.R. y su concubino? CONTESTÓ: Si me consta que la ciudadana Yulimar habita en esa casa con su concubino y la señora M.R. habita la otra casa.

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RENNY L.S.:

…PRIMERO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano F.J.M.M.? CONTESTÓ: Si lo conozco desde hace varios años. SEGUNDO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana R.M.R.C.d.M., esposa del ciudadano F.J.M.M. y los menores hijos e hijas que conforman el grupo familiar? CONTESTÓ: Si los conozco a todos. TERCERO: ¿Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano F.J.M.M. y su grupo familiar habitan en un inmueble ubicado en el lugar conocido con los nombres de La Polonia y Los Budares, conocido también con el nombre de Yaracuy, Jurisdicción del Municipio de San A.d.L.A., del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda (ahora Municipio Autónomo Los Salías, Estado Miranda? CONTESTÓ: Si me consta que habitan ahí. CUARTO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana M.E.R.R.? CONTESTÓ: Si la conozco. QUINTO: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el día 08 de agosto del año 2006, en horas de la mañana la ciudadana M.E.R.R., llegó al lugar donde se encuentra la vivienda ocupada por el ciudadano F.J.M.M. y en compañía de un grupo de familiares además de un y/o herrero, procedió a cambiar las cerraduras de varias puertas y a soldar algunas rejas, ocupando dos casas contiguas a la vivienda que habita el ciudadano F.J.M.M. y su grupo familiar? CONTESTÓ: Si me consta todo eso porque estuve presente. SEXTO: ¿Diga el testigo si sabe y le consta que la ciudadana M.E.R.R., ocupó una de las viviendas de la dirección antes mencionada y otra de las viviendas fue ocupada por la hija de la ciudadana M.E.R.R. y su concubino? CONTESTÓ: Si me consta que la hija vive en una casa con su concubino y en la otra vive la señora M.E.R.R..

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J.A.Z.G.:

…PRIMERO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano F.J.M.M.? CONTESTÓ: Si lo conozco desde hace seis años. SEGUNDO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana R.M.R.C.d.M., esposa del ciudadano F.J.M.M. y los menores hijos e hijas que conforman el grupo familiar? CONTESTÓ: Si los conozco a todos. TERCERO: ¿Diga el testigo si sabe y le consta que el ciudadano F.J.M.M. y su grupo familiar habitan en un inmueble ubicado en el lugar conocido con los nombres de La Polonia y Los Budares, conocido también con el nombre de Yaracuy, Jurisdicción del Municipio de San A.d.L.A., del Distrito Guaicaipuro del Estado Miranda (ahora Municipio Autónomo Los Salías, Estado Miranda? CONTESTÓ: Si viven ahí, por que yo vivo cerca pero no en la misma casa. CUARTO: ¿Diga el testigo si conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana M.E.R.R.? CONTESTÓ: Si la conozco. QUINTA: ¿Diga el testigo, si sabe y le consta que el día 08 de agosto del año 2006, en horas de la mañana la ciudadana M.E.R.R., llegó al lugar donde se encuentra la vivienda ocupada por el ciudadano F.J.M.M. y en compañía de un grupo de familiares además de un y/o herrero, procedió a cambiar las cerraduras de varias puertas y a soldar algunas rejas, ocupando dos casas contiguas a la vivienda que habitan el ciudadano F.J.M.M. y su grupo familiar? CONTESTÓ: Si me consta que hicieron acto de presencia en esa fecha. SEXTO: ¿Diga el testigo si sabe y le consta que la ciudadana M.E.R.R., ocupó una de las viviendas de la dirección antes mencionada y otra de las viviendas fue ocupada por la hija de la ciudadana M.E.R.R. y su concubino? CONTESTÓ: Si me consta la hija con su concubino habita una de esas viviendas y la madre habita en otra.

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PARTE ACTORA: La parte demandante consignó escrito de promoción de pruebas mediante el cual expuso lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, promovió los siguientes instrumentos:

Justificativo de testigos otorgado por ante la Notaría Pública 35° del Municipio Libertador del Distrito Capital, el cual se anexó al libelo de demanda en original, marcado con letra “B”, y que corre inserto al expediente. Esta instrumental la promovió a los fines de demostrar la relación concubinaria existente entre su representada y el demandado.

Acta de asamblea de accionistas de la Sociedad Mercantil Distribuidora Dilaqueso C.A., inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 20 de noviembre de 1991, bajo el N° 25, tomo 78-A-Sgdo, asamblea que fuera debidamente registrada en fecha 27 de junio de 2001, bajo el N° 65, tomo 118-A-Sgdo, copia del referido asiento que se anexó al libelo de demanda, marcado con letra “C”. Esta instrumental la promovió a los fines de demostrar que para la fecha en que el demandado adquirió las referidas acciones se encontraba ya conviviendo con su representada y que por lo tanto las mismas forman parte de la comunidad concubinaria a liquidar.

Documento de propiedad del terreno del cual es copropietario el demandado, ubicado en: Vía San D.d.L.A., Las Polonias Nuevas, Calle La Culebrera. Casa N° 1, San A.d.L.A., Municipio Los Salías del Estado Miranda, copia que anexó al libelo de demanda marcado con letra “D”. Este instrumento se promovió a los fines de demostrar que el ciudadano es copropietario del terreno donde está construido el inmueble que sirviera de domicilio concubinario y donde actualmente habita su representada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, promovió los siguientes informes:

Que se solicite al Servicio Autónomo de Transporte y T.T., ubicado en caracas, a fin de que informe lo siguiente:

Si los vehículos que a continuación se identifican se encuentran en sus registros a nombre del demandado, ciudadano F.J.M.M..

Un vehículo Marca: Chevrolet; Modelo: Malibu; Color: Blanco; Año: 1977; Clase: Automóvil; Tipo: Coupe; Placa: MBS06C.

Un vehículo Marca: Toyota; Modelo: Land Cruiser; Color: Negro; Año: 1980; Clase: Rústico; Tipo: Techo Duro; Placa: MBS05C.

Un vehículo Marca: Ford; Modelo: Vans; Color: Naranja; Año: 1978; Clase: Camioneta; Tipo: Panel; Placa: DAO62J.

Un vehículo Marca: Volkswagwen; Modelo: Escarabajo; Color: Azul; Año: 1976; Clase: Automóvil; Tipo: Coupe; Placa: MCI420.

Un vehículo Marca: Dodge; Modelo: F 100; Color: Gris; Año: 1977; Clase: Camioneta; Tipo: Pick Up; Placa: 38PGAB.

Igualmente informe si en sus registros aparecen otros vehículos a nombre del demandado. Todo lo anterior a los fines de determinar si los referidos vehículos son propiedad del demandado y pertenecen a la comunidad concubinaria que formara con su representada.

Que, se solicite a la Fiscalía Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, ubicada en Los Teques Estado Miranda, informe sobre lo siguiente:

Si en ese despacho se lleva un expediente signado con el N° h-207.872.

Cuál es la causa contenida en el referido expediente.

Remita un informe acerca del caso en cuestión, determinando quienes son las partes agraviadas y agraviantes.

Que, todo lo anterior lo expone a los fines de determinar los problemas de violencia domestica existentes entre el demandado y su representada, lo cual deriva de la relación concubinaria que existiera entre ambos.

De conformidad a lo establecido en el artículo 482 del Código de Procedimientos Civil, promovió las siguientes testimoniales, a los fines de que los mismos comparecieran a prestar su testimonio:

A.M.D.B., Y.A.S.D.B., N.M.L.D. PORTILLO, MISLEYDY D.P.L., C.A.U.N., A.E.M.G. y M.E.R.P..

De conformidad con lo establecido en los artículos 403 y siguientes del Código de Procedimientos Civil, promovió la prueba de confesión o posiciones juradas, a los fines de que el Tribunal señale la oportunidad en la que debería comparecer el demandado a absolverlas, en el entendido que se deberá señalar igual oportunidad para que comparezca la actora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 472 y siguientes del Código de Procedimientos Civil, promovió inspección judicial en el inmueble copropiedad del demandado, a los fines que se determinara lo siguientes: