Decisión nº KP02-N-2011-000960 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 26 de Julio de 2012

Fecha de Resolución26 de Julio de 2012
EmisorJuzgado Superior Civil Contencioso Administrativo
PonenteMarilyn Quiñonez Bastidas
ProcedimientoRecurso Contencioso Administrativo Funcionarial

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL

Exp. Nº KP02-N-2011-000960

En fecha 12 de diciembre de 2011, se recibió de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, oficio Nº 736, de fecha 30 de noviembre de 2011, emanado del Juzgado Segundo del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, anexo al cual remitió recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana E.R.P., titular de la cédula de identidad Nº 5.941.670, asistida por el abogado J.J.H.G., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 154.149; contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

Tal remisión se efectuó en virtud del auto dictado en fecha 30 de noviembre de 2011, por el referido Tribunal, a través del cual ordenó el envío del asunto de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Así, en fecha 15 de diciembre de 2011, este Tribunal admitió a sustanciación el recurso incoado, dejando a salvo su apreciación en la definitiva, ordenando las citaciones y notificaciones de Ley; todo lo cual fue librado en fecha 09 de febrero de 2012.

Posteriormente, en fecha 13 de junio de 2012, se recibió escrito de contestación por parte de la ciudadana S.M.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 143.005, actuando conforme cursa acreditación en autos, como apoderada judicial de la Procuraduría del Estado Portuguesa.

En la misma fecha, 13 de junio de 2012, se recibió copia certificada del expediente administrativo relacionado con el caso de marras.

Por lo que, en fecha 22 de junio de 2012, este Juzgado dejó constancia del vencimiento del lapso fijado para la contestación de la demanda, pautando al cuarto (4º) día de despacho siguiente, la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar.

De modo que en fecha 28 de junio de 2012, siendo la oportunidad fijada para ello, se celebró la audiencia preliminar del asunto, encontrándose presente la parte querellada. Se dejó constancia de la incomparecencia de la parte querellante. En la misma, la parte manifestó no tener interés en la apertura del lapso probatorio, por lo que este Juzgado ordenó la fijación de la oportunidad en la cual tendría lugar la celebración de la audiencia definitiva.

Así, por auto de fecha 02 de julio de 2012, se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva del asunto, al tercer (3º) día de despacho siguiente.

De esta forma, en fecha 09 de julio de 2012, siendo la oportunidad fijada para ello, se celebró la audiencia definitiva del asunto, encontrándose presente ambas partes. En la misma, este Juzgado difirió por un lapso de cinco (05) días de despacho el dictado del dispositivo del fallo, de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, vencido el cual se publicaría el correspondiente fallo in extenso.

En fecha 16 de julio de 2012, este Juzgado declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

Finalmente, revisadas las actas procesales y llegada la oportunidad de dictar sentencia definitiva en el asunto, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir previa las consideraciones siguientes:

I

DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL

Mediante escrito consignado en fecha 29 de noviembre de 2011, ante el Juzgado Primero del Municipio Guanare del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la parte actora alegó como fundamento de su recurso contencioso administrativo funcionarial, las consideraciones de hecho y de derecho señaladas a continuación:

Que su relación “(...) de trabajo como EDUCADORA comenzó el 01/10/1.981 y finalizó el 31-10-2009, mediante jubilación, toda vez que había cumplido los años necesarios, según decreto numero (sic) 227-D de fecha 31-10-2009, cláusula 28 de la IV convención colectiva de los trabajadores de educación dependiente de la gobernación del estado Portuguesa, modificada mediante decreto numero (sic) 323-C, de fecha 31-10-2009 en su artículo primero, ocupando el cargo para el momento de [su] jubilación de: MAESTRO (BACH/D)”.

Que “En fecha 26/09/2011 recib[ió] mediante la liquidación final de prestaciones sociales, emitida de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA la cantidad de: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS BOLIVARES CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 83.816,82) con el cual se [le] pretende cancelar [sus] Prestaciones Sociales, sin embargo, dicho monto esta muy lejos de lo que verdaderamente [le] corresponde en [su] condición de MAESTRO (BACH/D) y tener mas de 28 años, y 01 meses interrumpidos, no quedándo[le] ninguna otra alternativa sino acudir ante esta instancia para DEMANDAR el Complemento o Diferencia de [sus] Prestaciones Sociales (...)”.

Que “A los efectos de poder realizar la elaboración de las Prestaciones Sociales que [le] adeudan, part[e] del artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo que se refiere al cambio de sistema que para el momento se determinó que comprende tanto el concepto de indemnización de antigüedad hasta el 19-6-97, fecha de entrada en vigor de la reforma laboral, al igual que la compensación por transferencia por cambio de sistema tomando la fecha del 31-12-96 aplicando el salario que estaba cobrando para ese momento, de igual forma aplic[ó] la Contratación Colectiva que rige a los docentes educacionales del estado portuguesa, al igual que los lineamientos normativos que tutelan los derechos de los trabajadores consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo, derechos estos irrenunciables que consagra nuestra Ley sustantiva Laboral en su articulo (sic) 03, y de rango constitucional, por consiguiente el calculo (sic) de [sus] Prestaciones Sociales están reflejada de la siguiente forma:”, presentando al efecto el siguiente cuadro:

Salario Base 47,30

Salario Normal 50,98

Salario Integral 72,94

ASIGNACIONES DÍAS SALARIO TOTAL

-Antigüedad según literal “a” artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 525,00 3.758,34

-Prestación de antigüedad según artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo 873,83 22.645,62

-Compensación por transferencia -según literal “b” art. 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 390 1,63 637,30

-Fideicomiso de prestaciones sociales art. 666 y 668 L.O.T. al 30/09/2011-proyectado 144.946,69

-Fideicomiso de prestaciones sociales art. 108 L.O.T. al 30/09/2011-proyectado 65.976,64

-Prestación de antigüedad - art. 108 L.O.T. parágrafo primero inciso "c" 0 0,00 0,00

-Diferencia salarial según aumento general G.O. 38.431 Decreto Nº 4460 del 08/05/2006 321,77

-Pago Vacaciones Fraccionadas del 01/10/2009 al 31/10/2009 2,50 50,98 127,46

-Pago Bono Vacacional Fraccionado del 01/10/2009 al 31/10/2009 5,42 50,98 276,15

TOTAL ASIGNACIONES 238.689,96

MENOS DEDUCCIONES

-Adelanto de prestaciones art. 666 y 668 L.O.T. ”según detalle adjunto” 4.339,81

-Adelanto de prestaciones art. 108 L.O.T. “según detalle adjunto” 27.296,17

-Adelanto de fideicomiso art. 666 y 668 L.O.T. “según detalle adjunto” 50.003,18

-Adelanto de fideicomiso art.108 L.O.T. “según detalle adjunto” 1.738,37

-Adelanto varios “según detalle adjunto” 439,29

TOTAL DEDUCCIONES 83.816,82

DIFERENCIA EN EL CÁLCULO DE PRESTACIONES 154.873,14

Finalmente añade que, por todo lo anteriormente expuesto ocurre a demandar “(...) a la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA (...) por diferencia de (...) Prestaciones Sociales que arrojan en su totalidad la cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CATORCE CENTIMOS (Bs. 154.873,14) que comprenden: Antigüedad (666-a), de la ley orgánica del trabajo, antigüedad según articulo (sic) 108 de la ley orgánica del trabajo, compensación por transferencia- según literal "B" del articulo 666, de la L.O.T, fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 666 y 668 de la L.O.T al 30-10-11, fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 108 de la L.O.T al 30-10-11, prestación de antigüedad-articulo (sic) 108 de la L.O.T- parágrafo primero inciso C, diferencia salarial según aumento general G.O 38.431 decreto numero (sic) 4.460 del 08-05-2006, conceptos estos determinados en cada uno de los anexos que conforman el libelo de demanda, es decir, el anexo principal referido a la liquidación de Prestaciones Sociales, que se explican con sus formulas (sic) matemáticas clara y detallada; de igual manera que se [le] cancele los (...) intereses de mora contemplados en el artículo 92 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, desde la fecha en que terminó la relación laboral por jubilación, vale decir, desde el 31-10-2009, más la indexación o corrección monetaria, tal y como lo determina el artículo 185 de la Nueva Ley Orgánica Procesal del trabajo (...) [además de] Las costas y costos que se ocasionaren en el presente proceso incluyendo los Honorarios Profesionales de los Abogados intervinientes en el juicio”.

II

DE LA CONTESTACIÓN

Mediante escrito recibido en fecha 13 de junio de 2011, la parte querellada, ya identificada, presentó escrito mediante el cual dio contestación al recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, con base a los siguientes alegatos:

Que rechaza, niega y contradice tanto los hechos como el derecho esgrimido por la parte actora.

Que rechaza, niega y contradice “(...) en su totalidad los conceptos estipulados dentro del Cálculo de Prestaciones de antigüedad y otros conceptos, según artículos 108, 666 y 668 de la Ley Orgánica del Trabajo y Convenios Colectivos (...)”.

Que niega, rechaza y contradice el salario base, normal e integral señalado por la parte querellante.

Que de igual forma, niega, rechaza y contradice, “(...) el monto especificado para la diferencia en el cálculo de las prestaciones por un total de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES 14/100 CÉNTIMOS (Bs. 154.873,14), que resulta de la resta del monto total reclamado por asignaciones por un total de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON 96/100 CENTIMOS (Bs. 238.689,96) menos la cantidad de OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS BOLÍVARES CON 82/100 CÉNTIMOS (Bs. 83.816,82) por concepto de deducciones”.

Que “(...) los resultados que arrojan las operaciones y cálculos efectuados por la Querellante, violan de manera fehaciente lo establecido en nuestra carta magna, por infringir lo referente al sistema de remuneración y retiro, contraviniendo el Principio De Racionalidad Del Gasto Público Y El Principio De Legalidad Presupuestaria (...)”.

En cuanto a la indexación aducen que la solicitud viola el criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 11 de octubre de 2001.

Finalmente solicita se declare sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado.

III

DE LA COMPETENCIA

Cabe resaltar que el régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio de 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su Título VIII todo un proceso dirigido a controlar en vía jurídica el acto, actuación, hecho u omisión de la Administración Pública en ejercicio de la función pública y otorgó la competencia a los órganos que integran la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de las acciones a través de las cuales los funcionarios pueden hacer valer sus derechos frente a la Administración Pública.

En efecto, la disposición transitoria primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, consagra que:

Mientras se dicte la ley que regule la jurisdicción contencioso administrativa, son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, los jueces o juezas superiores con competencia en lo contencioso administrativo en el lugar donde hubieren ocurrido los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funciones el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia.

Ahora bien, mediante Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concebida como un cuerpo normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a qué Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.

Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores -artículo 25 numeral 6-, determinó entre sus competencias “…demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública…”.

No obstante lo anterior, no se puede obviar el principio de especialidad que reviste a ciertas leyes, lo que conlleva a que una determinada ley se aplique con preferencia a otra respecto a una especial materia, principio éste recogido en la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuando en su artículo 1 -ámbito de aplicación- hace alusión a “salvo lo previsto en leyes especiales”; por lo que siendo la función pública una materia especial al encontrar su regulación en la Ley del Estatuto de la Función Pública, es que debe dársele aplicación preferente a dicha ley.

En este sentido, es menester resaltar que la competencia a que se refiere la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, es la relativa al grado en que conocerán los Juzgados Superiores con competencia en lo contencioso administrativo, al señalar que “…son competentes en primera instancia para conocer de las controversias a que se refiere el artículo 93 de esta Ley…”, aspecto que no fue modificado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que se ratifica con lo dispuesto en su artículo 25 numeral 6.

Por lo tanto, se entiende lato sensu que las controversias a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, las siguen conociendo en primera instancia los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, por ser el grado de jurisdicción lo que se encontraba regulado de manera transitoria, máxime que el conocimiento de aquellas acciones distintas a la prevista en el numeral 6 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no fue atribuida a otro Órgano Jurisdiccional, por lo que en el presente caso debe atenderse a la especial regulación e intención del legislador plasmada en la Ley del Estatuto de la Función Pública, esto es, la competencia de los Jueces Superiores Contenciosos Administrativos del lugar donde hubieren ocurridos los hechos, donde se hubiere dictado el acto administrativo, o donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, todo lo cual en modo alguno no contraviene las disposiciones de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En efecto, al constatarse de autos que la querellante mantuvo una relación de empleo público con la Gobernación del Estado Portuguesa, lo cual da origen a la interposición del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, tal y como fuera apreciado precedentemente, se estima que se encuentran configurados los supuestos para que este Tribunal entre a conocer y decidir la causa.

Ad literam, quien aquí juzga verifica la competencia de este Juzgado para el conocimiento del recurso contencioso administrativo funcionarial que ha sido planteado por tratarse de una reclamación contra un Ente administrativo que se encuentra dentro de los límites de la competencia territorial atribuida a este Órgano Jurisdiccional. Así se decide.

IV

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Corresponde ahora a este Juzgado, emitir un pronunciamiento sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana E.R.P., asistida por el abogado J.J.H.G., ambos identificados supra; contra la Gobernación del Estado Portuguesa.

Así pues, una vez realizado el análisis exhaustivo de las actas procesales, esta Juzgadora para decidir observa que la querellante señala que ingresó a laborar para la Gobernación del Estado Portuguesa, el 1º de octubre de 1981 y egresó el 31 de octubre de 2009. Pero es el caso, que en fecha 26 de septiembre de 2011, le cancelan la cantidad de Ochenta y Tres Mil Ochocientos Dieciséis Bolívares con Ochenta y Dos Céntimos (Bs. 83.216,82), “(...) sin embargo, [a su decir] dicho monto esta muy lejos de lo que verdaderamente [le] corresponde en [su] condición de MAESTRO (BACH/D) y tener mas de 28 años, y 01 meses interrumpidos, no quedándo[le] ninguna otra alternativa sino acudir ante esta instancia para DEMANDAR el Complemento o Diferencia de [sus] Prestaciones Sociales (...)”.

Siendo que, en efecto, ocurre a demandar “(...) a la "GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA (...) por diferencia de (...) Prestaciones Sociales que arrojan en su totalidad la cantidad de: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES BOLIVARES CON CATORCE CENTIMOS (Bs. 154.873,14)” presentando al efecto el siguiente cuadro:

Salario Base 47,30

Salario Normal 50,98

Salario Integral 72,94

ASIGNACIONES DÍAS SALARIO TOTAL

-Antigüedad según literal “a” artículo 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 525,00 3.758,34

-Prestación de antigüedad según artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo 873,83 22.645,62

-Compensación por transferencia -según literal “b” art. 666 de la Ley Orgánica del Trabajo 390 1,63 637,30

-Fideicomiso de prestaciones sociales art. 666 y 668 L.O.T. al 30/09/2011-proyectado 144.946,69

-Fideicomiso de prestaciones sociales art. 108 L.O.T. al 30/09/2011-proyectado 65.976,64

-Prestación de antigüedad - art. 108 L.O.T. parágrafo primero inciso "c" 0 0,00 0,00

-Diferencia salarial según aumento general G.O. 38.431 Decreto Nº 4460 del 08/05/2006 321,77

-Pago Vacaciones Fraccionadas del 01/10/2009 al 31/10/2009 2,50 50,98 127,46

-Pago Bono Vacacional Fraccionado del 01/10/2009 al 31/10/2009 5,42 50,98 276,15

TOTAL ASIGNACIONES 238.689,96

MENOS DEDUCCIONES

-Adelanto de prestaciones art. 666 y 668 L.O.T. ”según detalle adjunto” 4.339,81

-Adelanto de prestaciones art. 108 L.O.T. “según detalle adjunto” 27.296,17

-Adelanto de fideicomiso art. 666 y 668 L.O.T. “según detalle adjunto” 50.003,18

-Adelanto de fideicomiso art.108 L.O.T. “según detalle adjunto” 1.738,37

-Adelanto varios “según detalle adjunto” 439,29

TOTAL DEDUCCIONES 83.816,82

DIFERENCIA EN EL CÁLCULO DE PRESTACIONES 154.873,14

Previo al pronunciamiento de fondo en el presente fallo, conviene advertir que el fideicomiso solicitado, aun y cuando se constata que ambas partes afirman que la relación funcionarial finalizó el 31 de octubre de 2009, fue “proyectado” hasta el 30 de septiembre de 2011, cuando la naturaleza del aludido concepto -fideicomiso- en todo caso, no es seguir causándose aun después de finalizada la relación existente, situación ésta que ha de considerarse a los efectos del fallo.

Ahora bien, por tratarse el asunto de una reclamación relacionada con el cobro de prestaciones sociales, considera esta Juzgadora oportuno hacer alusión a lo siguiente:

Uno de lo derechos comunes que son relativos a todos los funcionarios públicos sometidos al régimen de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cualquiera sea su condición, es el pago de sus prestaciones sociales al momento de retirarse o ser destituidos de sus cargos, en razón de ello, la Ley que rige la materia funcionarial ha establecido un puente normativo de acceso equiparativo hacia la legislación laboral que permite esa “laboralización del derecho funcionarial”, pues se han traído protecciones típicas de ese régimen laboral ordinario aplicables ahora por extensión a la labor pública.

Tal sería el caso de las aplicaciones extensivas contempladas en los artículos 28, 29 y 32 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, los cuales expresamente consagran que los funcionarios públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo -actual Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores- y en su reglamento, en los aspectos atinentes a la prestación de antigüedad, la protección integral a la maternidad, el derecho a sindicalizarse, a la convención colectiva y a la huelga.

A este respecto, resulta conveniente aclarar que el pago de las prestaciones sociales se debe hacer, porque la Constitución de 1.999 en su artículo 92, las asume como un derecho social para recompensar en este caso su antigüedad en el servicio y como un auxilio de cesantía de la relación de empleo público, garantías reconocidas por anticipado por la Ley del Estatuto de la Función Pública, que remite a la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 26, por ser un derecho social; que además las preveía en cuanto a su fundamento, primero que el propio texto constitucional; pero como lo señaló el autor De Pedro, esa remisión era únicamente referencial, “...pues para su pago o cancelación se debían utilizar principios y técnicas derivados de la condición estatutaria que vincula al funcionario con la Administración Pública...” (De P.F., Antonio. 1.997. Régimen Funcionarial de la Ley de Carrera Administrativa. Valencia-Caracas: Vadell Hermanos Editores. Página 130).

En consecuencia, el pago de prestaciones sociales es un derecho irrenunciable del cual gozan los trabajadores por la prestación de sus servicios a un patrono, en este caso a la Administración Pública constituyendo dicho pago un conjunto de beneficios adquiridos por el trabajador o funcionario que no es de naturaleza indemnizatoria como los sueldos dejados de percibir, sino un derecho que le corresponde al empleado al cesar la prestación de servicio, por lo que es importante resaltar que las prestaciones sociales constituyen deudas de exigibilidad inmediata al culminar la relación de empleo, y que forma parte de un sistema integral de justicia social que se encuentra sujeto a la n.C. prevista en el artículo 92 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo ser tal derecho garantizado por los operadores de justicia tal como lo ordena el artículo 19 eiusdem.

Sin embargo se observa que, la parte querellante acude ante este Órgano Jurisdiccional a los fines de “(…) DEMANDAR el Complemento o Diferencia de [sus] Prestaciones Sociales (...)”. (Subrayado y Negrillas de este Juzgado)

De manera que, se advierte que para la procedencia de una diferencia de prestaciones sociales en materia contencioso administrativo funcionarial, es necesario que la parte accionante acredite al Órgano Jurisdiccional el pago de las mismas; y que, dentro del lapso previsto para ello, interponga su recurso en el que se comprueben las razones fácticas que en aplicación de las normas jurídicas constituyan la diferencia que solicita ser cancelada por el ente público al cual prestó sus servicios. Dicha consideración se encuentra afín con el hecho que ocasiona o motiva la interposición de la querella (Vid. Sentencia Nº 1643 de fecha 03 de octubre de 2006 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).

Así pues, por una parte se encuentra la Administración Pública que realizó el pago de las prestaciones sociales (parte querellada) y por la otra el solicitante de la diferencia de prestaciones sociales (parte querellante); este último activa la jurisdicción solicitando le cancelen su diferencia de prestaciones sociales fundamentado en algún argumento que debió ser considerado o tomado en cuenta en el cálculo y no se realizó o no se incluyó. Por ello, sin lugar a dudas corresponde a la accionante fundamentar la diferencia solicitada, conforme a la legislación aplicable; siendo que en especial adquiere relevancia lo dispuesto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil -aplicable a este procedimiento de manera supletoria conforme a lo previsto en el artículo 111 de la Ley del Estatuto de la Función Pública- según el cual: “las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho (…)”.

Por consiguiente, no sería procedente un recurso contencioso administrativo funcionarial por diferencia de prestaciones sociales en el que no se evidencie que exista la disconformidad alegada entre el monto recibido y lo que se debió recibir.

En base a lo anterior, se hace oportuno traer a colación lo expuesto por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 22 de junio de 2011, mediante Sentencia Nº 2011-0741, bajo los siguientes términos:

“Ahora bien, a los fines de efectuar la consulta del primero de los conceptos acordados por el Juzgado A quo en su decisión, vale decir, la diferencia en el pago de las prestaciones sociales e intereses moratorios, fundamentando su sentencia en la inexistencia de expediente administrativo alguno del cual se evidencie la veracidad de los alegatos expuestos por la parte recurrente en su escrito de contestación de la demanda por cuanto, correspondía a la administración la carga de probar el pago de la diferencia pretendida.

Al respecto, aprecia esta Alzada que, al tratarse de la revisión de actuaciones administrativas, generalmente es la Administración la que tiene en su poder la documentación relativa al caso que se juzga. En materia contencioso administrativa se ha admitido la carga efectiva de probar a quienes tienen en sus manos los medios probatorios, aún cuando tenga efecto contra ella misma, así la regla ‘actori incumbi probatio’ dentro del contencioso administrativo tiene límites en su aplicación, ya que la ausencia de la documentación administrativa la soporta quien pudo procurarla, normalmente la Administración.

En ese sentido, considera esta Corte pertinente citar en la sentencia Nº 00692 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 21 de mayo de 2002, expediente 0929, con Ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, caso: Aserca Airlines Vs Ministerio de Infraestructura, la cual establece lo siguiente:

…lo cierto es que en la práctica judicial todo tribunal contencioso administrativo, (…), solicita los antecedentes administrativos del caso, conformado por el expediente administrativo que se conformó a tal efecto, ya que este constituye un elemento de importancia cardinal para la resolución de la controversia y una carga procesal para la Administración acreditarlo en juicio, como ya lo ha dispuesto esta Sala con anterioridad, cuando se estableció que: ‘sólo a éste le corresponde la carga de incorporar al proceso los antecedentes administrativos; su no remisión constituye una grave omisión que pudiera obrar en contra de la Administración y crear una presunción favorable a la pretensión de la parte accionante’….

.

Es indiscutible, por tanto, que la Administración tiene la carga de presentar el expediente administrativo en la oportunidad legal correspondiente; por lo que, tal y como se evidencia de las actas que conforman el expediente judicial que la Administración no consignó el expediente administrativo, reitera esta Corte que, el incumplimiento de esta obligación obra en contra de ésta al tener que decidirse el asunto con los elementos que consten en autos.

Ahora bien, resulta necesario para esta Corte dejar constancia de que, si bien es cierto, el órgano querellado debió consignar el expediente administrativo al momento en que le fue solicitado por el Juzgado A quo y que conforme a lo establecido por la jurisprudencia anteriormente transcrita dicho expediente pudiera crear una presunción favorable a la pretensión del accionante, no es menos cierto que el querellante en sus solicitudes debió exponer de manera clara y comprobable los alegatos en los cuales sustenta su petitorio.

En ese sentido, observa este Órgano Jurisdiccional que el querellante en su escrito libelar desarrolló los conceptos que reclama de manera genérica, a través de operaciones aritméticas sin soportes de los cuales se evidencie que le corresponde al ciudadano J.J.R., el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales que considera le son adeudadas.

…Omissis…

En este sentido, considera esta Corte que, al no evidenciarse de las actas del expediente el pago erróneo efectuado por la Administración con ocasión a la cancelación de las prestaciones sociales del recurrente, incurrió el Juzgado A quo en un error al ordenar de manera genérica el pago por la diferencia de prestaciones sociales solicitadas por el querellante, toda vez que tal como se evidencia en los folios nueve y diez (9 y 10) del expediente judicial, la parte recurrida pagó los conceptos solicitados, razón por la cual estima esta Corte que el Juez A quo, en cuanto a la diferencia en el pago de las prestaciones sociales acordadas, se emitió una decisión no ajustada a derecho. Así se decide.

...Omissis….”. (Subrayado de este Juzgado)

Tales circunstancias se corresponden con lo evidenciado en el presente asunto, pues no existe alegato concreto por parte de la querellante de autos, dirigido a demostrar en qué se fundamenta para reclamar la cantidad señalada como diferencial de prestaciones sociales; pues por el contrario, se limita a precisar que los conceptos reclamados están “(...) determinados en cada uno de los anexos que conforman el libelo de demanda, es decir, el anexo principal referido a la liquidación de Prestaciones Sociales, que se explican con sus formulas (sic) matemáticas clara y detallada (...)”. (Vid. folio 27)

Al respecto, se reitera que si bien en el presente asunto se solicitó la diferencia de prestaciones sociales, también es cierto que no se presentó a este Tribunal prueba fehaciente o circunstancia alguna de la cual se pueda extraer la convicción inequívoca de la existencia de alguna diferencia salarial que deba ser cancelada a favor de la querellante; en tal sentido y para fundamentar dichas solicitudes la querellante aparte de su libelo -en el cual no indicó de donde se extraen las cantidades peticionadas- se limitó a indicar de forma esquemática la cantidad solicitada, sin evidenciarse que se trate de un verdadero cálculo que haga entrever a este Tribunal que realmente exista una diferencia a su favor.

Advertido lo anterior, se observa que, en el presente asunto no se solicitó la apertura del lapso probatorio. No obstante, de la revisión minuciosa de las actas procesales se desprende, que -por un lado- la parte querellante, además de consignar copia simple del Decreto Nº 227-D, (folio 31), de fecha 31 de octubre de 2009, a través del cual le otorgan el beneficio de jubilación, trajo a los autos anexo a su escrito libelar, “copia fotostática de la liquidación de [sus] prestaciones sociales realizada por la gobernación del estado Portuguesa”, así como “Copia fotostática del cheque recibido por concepto de prestaciones sociales”.

Mientras que -por otro lado- la parte querellada trajo a los autos, copia certificada del expediente administrativo relacionado con el presente asunto, el cual esta Sentenciadora valora en su conjunto, de conformidad con el artículo 1.363 del Código Civil. En efecto, se indica que, las actuaciones administrativas contenidas en dicho expediente, se ha indicado que debido a su especialidad, configuran una tercera categoría de prueba instrumental, que si bien no puede asimilarse al documento público definido en el artículo 1.357 del Código Civil, pues no participa del carácter negocial que caracteriza a este último, su carácter auténtico deviene del hecho de ser una declaración emanada de un funcionario público, con las formalidades exigidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; siendo en consecuencia, semejante a los documentos privados reconocidos o tenidos por reconocidos (artículo 1.363 del Código Civil), pero sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad.

En este sentido, se observa que, el documento contentivo de “Liquidación de Prestaciones Sociales”, traído a los autos por la actora, (folio 29) no consta en el expediente administrativo remitido; pues en éste constan recibos y cálculos -no suscritos por la querellante- con cantidades que no se corresponden con las señaladas como recibidas por la ciudadana E.P..

Delimitado lo anterior, conviene señalar de forma separada los conceptos solicitados por la parte querellante, los cuales se corresponden con lo siguiente:

1) “Antigüedad (666-a), de la ley orgánica del trabajo”,

2) “Antigüedad según articulo (sic) 108 de la ley orgánica del trabajo”,

3) “Compensación por transferencia- según literal "B" del articulo (sic) 666, de la L.O.T.”,

4) “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 666 y 668 de la L.O.T al 30-10-11”,

5) “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 108 de la L.O.T al 30-10-11”,

6) “Prestación de antigüedad-articulo (sic) 108 de la L.O.T- parágrafo primero inciso C”,

7) “Diferencia salarial según aumento general G.O 38.431 decreto numero (sic) 4.460 del 08-05-2006”,

8) Intereses de mora contemplados en el artículo 92 de la Constitución Bolivariana de Venezuela,

9) Indexación o corrección monetaria, y

10) Las costas y costos que se ocasionaren en el presente proceso incluyendo los Honorarios Profesionales de los abogados intervinientes en el juicio.

En mérito de lo anterior, le corresponde a esta Sentenciadora referir que en la copia simple de la “Liquidación Final de Prestaciones Sociales” (folio 29), se constata el pago de conceptos como:

1) “Corte de la prestación de antigüedad al 18-06-1997”,

2) “Intereses aplicados sobre la prestación de antigüedad por la modificación de la L.O.T. al 18-06-1997”,

3) “Diferencia por compensación de transferencia”,

4) “Prestación de antigüedad art. (108 L.O.T.) = 05 días de salario por cada mes desde el 19/06/1997 hasta el 31/10/2009”,

5) “Intereses por capital no colocado (prestación de antigüedad)”,

6) “Incidencias del bono vacacional sobre la prestación de antigüedad”.

De seguidas, le corresponde a esta Sentenciadora abordar los conceptos solicitados relacionados con lo denominado como “Prestaciones Sociales”, vale decir, los que fueron enumerados del 1 al 6 conforme a lo solicitado. En este sentido, en cuanto a la “Antigüedad (666-a), de la ley orgánica del trabajo”, “Antigüedad según articulo (sic) 108 de la ley orgánica del trabajo”, “Compensación por transferencia-según literal "B" del articulo (sic) 666, de la L.O.T.”, “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 666 y 668 de la L.O.T al 30-10-11”, “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 108 de la L.O.T al 30-10-11” y “Prestación de antigüedad-articulo (sic) 108 de la L.O.T- parágrafo primero inciso C”; relacionando lo solicitado con lo contenido en la “Liquidación Final”, se constata lo siguiente:

La “Antigüedad (666-a), de la ley orgánica del trabajo” solicitada (Vid. folios 27 y 03) por Bs. “3.758,34”, se corresponde con lo cancelado conforme recibo de liquidación (Vid. folio 29) como “Corte de la Prestación de Antigüedad al 18-06-1997”, por Bs. “3.713,20”.

La “Antigüedad según articulo (sic) 108 de la ley orgánica del trabajo” solicitada (Vid. folios 27 y 03) por Bs. “22.645,62”, se corresponde con lo cancelado conforme recibo de liquidación (Vid. folio 29) como “Prestación de antigüedad art. (108 L.O.T.) = 05 días de salario por cada mes desde el 19/06/1997 hasta el 31/10/2009”, por Bs. “27.296,17”.

La “Compensación por transferencia-según literal "B" del articulo (sic) 666, de la L.O.T.” solicitada (Vid. folios 27 y 03) por Bs. “637,30”, se corresponde con lo cancelado conforme recibo de liquidación (Vid. folio 29) como “Diferencia por compensación por transferencia”, por Bs. “651,61”.

El “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 666 y 668 de la L.O.T al 30-10-11” solicitado (Vid. folios 27 y 03) por Bs. “144.946,69”, se corresponde con lo cancelado conforme recibo de liquidación (Vid. folio 29) como “Intereses aplicados sobre la prestación de antigüedad por la modificación de la L.O.T. al 18-06-1997” por Bs. “42.538,32”, así como “Intereses de la diferencia por compensación por transferencia”, por Bs. “7.464,86”.

En relación al “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 108 de la L.O.T al 30-10-11” solicitado (Vid. folios 27 y 03) por Bs. “65.976,64”, se corresponde con lo cancelado conforme recibo de liquidación (Vid. folio 29) como “Intereses por capital no colocado (prestación de antigüedad)”, por Bs. “1.738,37”.

Por su parte, en cuanto a la “Prestación de antigüedad-articulo (sic) 108 de la L.O.T- parágrafo primero inciso C”, se debe advertir que, aun y cuando la parte querellante alude tal concepto en su petitorio, en el cuadro de cálculo donde refiere lo reclamado, precisa en Bs. “0,00” el mismo. Por lo que a esta Sentenciadora nada queda de pronunciar sobre el aludido concepto. Así se decide.

De manera que, de los conceptos que pueden extraerse del cuadro de cálculo efectuado por la parte accionante, se evidencian iguales conceptos a los cancelados y referidos con anterioridad, siendo que -se reitera- no se presentó argumento alguno dirigido a demostrar sobre qué elemento en particular se basa para considerar que la Administración Pública Estadal, erró al proceder a cancelarle las referidas cantidades.

En corolario con lo anterior, esta Sentenciadora estima útil transcribir la norma que exige la precisión de las pretensiones pecuniarias en el escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, cual es el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, cuyo tenor expresa:

Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual consiste en una querella escrita en la que el interesado o interesada deberá indicar en forma breve, inteligible y precisa:

...Omissis…

3. Las pretensiones pecuniarias, si fuere el caso, las cuales deberán especificarse con la mayor claridad y alcance

.

Tal norma establece como carga del querellante la precisión y detalle de las pretensiones pecuniarias reclamadas en sede judicial, ello con la finalidad de evitar un pronunciamiento indeterminado sobre las cantidades que, en caso de una sentencia favorable, son adeudadas al funcionario público. Tal deber del juez de determinar los efectos de su sentencia y el alcance de la indemnización que corresponde al funcionario afectado por la actuación ilegal -e incluso inconstitucional- de la Administración Pública, constituye uno de los requisitos de la sentencia, exigido por el ordinal 6° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil.

Partiendo de la anterior premisa, para que el Juez en su sentencia definitiva pueda fijar cuáles son los montos adeudados y su fuente -legal o contractual- el reclamante deberá, por imperativo legal, describir en el escrito de la querella todos aquellos beneficios legales y contractuales derivados de su relación de empleo público, así como el monto percibido por cada uno de ellos para brindar al Juez elementos que permitan restituir con la mayor certeza posible la situación que se denuncia como lesionada.

A modo de reiterar lo enfáticamente expuesto, con relación a la Carga de la Prueba, se observa que la doctrina ha señalado que “…corresponde a la parte que afirma el hecho, esto es, aquella que tiene interés en obtener la consecuencia jurídica que asigna la norma general y abstracta a ese hecho, demostrar al Juez la realización concreta del mismo y provocar en él la convicción de la verdad del hecho; y a la parte que tiene interés en obtener el rechazo de la pretensión, demostrar los hechos extintivos o modificativos de la misma” (RENGEL-ROMBERG, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV. Editorial Organizaciones Gráficas Capriles. Caracas, 2003. pp. 399 y 400)

En virtud de lo anterior, siendo que la querellante alegó una diferencia de prestaciones sociales, es ésta quien tenía la carga de probar que la Administración incurrió en un error al calcular el pago correspondiente a los conceptos peticionados y no como lo señaló la actora en audiencia, al señalar que sus “(...) cálculos (...) en ningún momento fueron impugnados en el acto de contestación de la demanda y de acuerdo al proceso estos cálculos deben ser tomados como ciertos (…)". Así se decide.

En consecuencia y vista la insuficiencia de elementos de hecho y de pruebas, para demostrar que el Ente recurrido le adeude a la reclamante la cantidad solicitada por concepto de diferencia sobre prestaciones sociales; al no existir certeza de la acreencia de pago del diferencial en cuanto a los conceptos de “Antigüedad (666-a), de la ley orgánica del trabajo”, “Antigüedad según articulo (sic) 108 de la ley orgánica del trabajo”, “Compensación por transferencia-según literal "B" del articulo (sic) 666, de la L.O.T.”, “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 666 y 668 de la L.O.T al 30-10-11”, “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 108 de la L.O.T al 30-10-11” y “Prestación de antigüedad-articulo (sic) 108 de la L.O.T- parágrafo primero inciso C”; es forzoso negar el pago de los mismos. Así se decide.

Ahora bien, respecto a la “Diferencia salarial según aumento general G.O 38.431 decreto numero (sic) 4.460 del 08-05-2006” reclamada, se constata que la referida Gaceta se corresponde con el “Decreto que rige la escala de sueldos para el personal al servicio del Ministerio de Educación y Deportes”, siendo que de su mismo contenido -artículo 7- se desprende que el tabulador que prevé, “no es aplicable a los trabajadores docentes al servicio de los Estados y de los Municipios (...)”, en mérito de lo cual no resulta procedente en el caso de marras. Así se decide.

En cuanto a los intereses de mora, este Tribunal los acuerda de conformidad con la norma prevista en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que como se indicó debe ser garantizado por los operadores de justicia, tal como lo ordena el artículo 19 eiusdem, debido que los mismos forman parte de un derecho constitucional no disponible e irrenunciable, que el Órgano Jurisdiccional está llamado a tutelar, siendo que con el pago de tales intereses se pretende paliar, la demora en que incurre la Administración, al hacer efectivo el pago a las prestaciones sociales a los sujetos que de la misma egresan, en virtud de lo cual se estima procedente el pago de intereses moratorios sobre las prestaciones sociales adeudadas, hasta tanto se hagan efectivas las mismas, los cuales se calcularán atendiendo a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela de acuerdo con el artículo 108 literal “c” de la Ley Orgánica del Trabajo, con la advertencia que en el cálculo de los enunciados intereses de mora no operará el sistema de capitalización (de los propios intereses), según lo indicado en la sentencia dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo Nº 2007-381, expediente N° AP42-N-2006-000465, de fecha 19 de marzo de 2007 (Caso: G.S.V.. Instituto De Cultura Del Estado Portuguesa). Así se decide.

Con relación al concepto de corrección monetaria solicitada, se precisa que las deudas consecuencia de una relación de empleo público no son susceptibles de ser indexadas, en razón de que éstos mantienen un régimen estatutario en el cual no existe un dispositivo legal que ordene la misma. (Vid. Sentencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, de fecha 05 de mayo de 2011, expediente Nº AP42-R-2008-000310, Caso: J.A.M. contra Ministerio del Poder Popular para la Educación). Así se decide.

Por último, en cuanto a las costas y costos solicitados por la parte querellante, se niega el pago de las mismas en virtud de no verificar el vencimiento total en el asunto, ello aunado a la naturaleza funcionarial objeto de controversia en el mismo. Así se decide.

Finalmente, analizados todos y cada uno de los conceptos peticionados, resulta forzoso para este Tribunal declarar parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana E.R.P., asistida por el abogado J.J.H.G., ambos identificados supra; contra la Gobernación del Estado Portuguesa. Así se decide.

V

DECISIÓN

Por las razones precedentes, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, actuando en Sede Contencioso Administrativa, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara:

PRIMERO

COMPETENTE para conocer y decidir el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana E.R.P., asistida por el abogado J.J.H.G., ambos identificados supra; contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA.

SEGUNDO

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. En consecuencia:

2.1. Se acuerda el pago solicitado por concepto de intereses moratorios.

2.2. Se niega el pago por concepto de “Antigüedad (666-a), de la ley orgánica del trabajo”, “Antigüedad según articulo (sic) 108 de la ley orgánica del trabajo”, “Compensación por transferencia-según literal "B" del articulo (sic) 666, de la L.O.T.”, “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 666 y 668 de la L.O.T al 30-10-11”, “Fideicomiso de prestaciones sociales articulo (sic) 108 de la L.O.T al 30-10-11”, “Prestación de antigüedad-articulo (sic) 108 de la L.O.T- parágrafo primero inciso C”, “Diferencia salarial según aumento general G.O 38.431 decreto numero (sic) 4.460 del 08-05-2006” e indexación.

TERCERO

Se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil a los efectos de determinar el monto a ser cancelado a la querellante por el concepto que fue acordado en la presente decisión.

CUARTO

No se condena en costas por no haber vencimiento total en el presente asunto.

Notifíquese al ciudadano Procurador del Estado Portuguesa de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República por reenvío expreso del artículo 36 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. Para la práctica de la misma se comisiona al Juzgado del Municipio Guanare del Primer Circuito del Estado Portuguesa, otorgándole al notificado dos (02) días continuos para la ida y dos (02) continuos para la vuelta, como término de distancia, de conformidad con el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veintiséis (26) días del mes de julio del año dos mil doce (2012). Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Jueza,

M.Q.B.

La Secretaria,

S.F.C.

Publicada en su fecha a las 11:50 a.m.

D2.- La Secretaria,

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