Sentencia nº 0413 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Social de 18 de Junio de 2015

Fecha de Resolución:18 de Junio de 2015
Emisor:Sala de Casación Social
Número de Expediente:14-1219
Ponente:Mónica Misticchio Tortorella
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Ponencia de la Magistrada Dra. M.G.M.T.

En el proceso relativo a la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de amparo y suspensión de efectos, por la abogada B.C.A. (INPREABOGADO N° 37.171), actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil ENVASES VENEZOLANOS, S.A., inscrita en el “Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 11 de diciembre de 1952, bajo el N° 708, Tomo 3-F”, contra la denegatoria tácita producto del silencio administrativo en que incurrió el Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), al no pronunciarse respecto del “recurso jerárquico” ejercido contra la P.A. N° PA-US-ARA-0011-2012 de fecha 20 de marzo de 2012, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL DE S.D.L.T.A. [hoy Gerencia Estadal de Seguridad y S.d.l.T.A.] del referido Instituto, sin representación judicial acreditada en autos, a través de la cual se declaró con lugar la propuesta de sanción y se impuso multa a la sociedad mercantil accionante, por la cantidad de dos millones quinientos noventa y tres mil trescientos cincuenta bolívares (Bs. 2.593.350,00), por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 119 numeral 19 y 120 numerales 6 y 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, dictó sentencia en fecha 9 de mayo de 2014, declarando parcialmente con lugar la demanda de nulidad incoada.

Una vez notificada la Procuraduría General de la República de la referida decisión, el Juzgado Superior ordenó la remisión del expediente a esta Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, a fin de resolver la consulta obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Recibido el expediente, el 7 de agosto de 2014 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Luis Eduardo Franceschi Gutiérrez.

En fecha 28 de diciembre de 2014, la Asamblea Nacional, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 8 y 38 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, designó como Magistrados Principales de esta Sala de Casación Social a los Dres. E.G.R., M.G.M.T., D.A.M.M. y M.C.G., quienes tomaron posesión de sus cargos el día 29 de diciembre de 2014.

Mediante auto de fecha 12 de enero de 2015, se reconstituyó la Sala de Casación Social quedando conformada del modo siguiente: Presidenta, Magistrada Dra. C.E.P.d.R.; Vicepresidenta, Magistrada Dra. M.G.M.T., los Magistrados Dr. E.G.R., Dr. D.A.M.M. y Dra. M.C.G.. En esa oportunidad se reasignó la ponencia del presente asunto, a la Magistrada M.G.M.T., quien con tal carácter suscribe el actual fallo.

Posteriormente, en fecha 12 de febrero de 2015, en razón de la celebración de la sesión extraordinaria de Sala Plena de este m.T. el 11 del mismo mes y año, se procedió a designar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada la Sala así: Presidenta, Magistrada Dra. M.C.G.; Vicepresidenta, Magistrada Dra. M.G.M.T., los Magistrados Dra. C.E.P.d.R., Dr. D.A.M.M. y Dr. E.G.R..

En la oportunidad legal correspondiente, pasa esta Sala a pronunciarse sobre el asunto sometido a su consideración, en los términos siguientes:

- I-

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 25 de febrero de 2013, fue consignada por ante el Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida de suspensión de efectos, por la representación judicial de la sociedad mercantil Envases Venezolanos, S.A., contra el acto denegatorio tácito producto del silencio administrativo en el que incurrió el Presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) al no pronunciarse respecto del “recurso jerárquico” ejercido contra la P.A. N° PA-US-ARA-0011-2012 de fecha 20 de marzo de 2012, dictada por la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. [hoy Gerencia Estadal de Seguridad y S.d.l.T.A.] del mencionado Instituto, en la cual se declaró con lugar la propuesta de sanción y se impuso multa a la empresa accionante, por la cantidad de dos millones quinientos noventa y tres mil trescientos cincuenta bolívares (Bs. 2.593.350,00) por la comisión de las infracciones previstas en los artículos 119 numeral 19 y 120 numerales 6 y 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

En fecha 26 de febrero de 2013, el referido Juzgado Superior declaró su incompetencia para conocer de la demanda de nulidad incoada, ordenando la remisión del expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Aragua.

Recibido el expediente, el conocimiento del presente asunto correspondió por distribución, al Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el cual, en fecha 18 de abril de 2013 aceptó la competencia que le fuera declinada.

En el escrito libelar, la parte accionante alegó que se dio inicio a un procedimiento sancionatorio en virtud de la propuesta del 18 de marzo de 2010, presentada por la funcionaria J.R., en su carácter de Inspectora en Seguridad y Salud en el Trabajo II, de la Dirección Estadal de S.d.l.T.A., luego de la visita realizada a la empresa en fecha 17 del mismo mes y año, actuando bajo la Orden de Trabajo N° ARA-10-0342, por medio de la cual se encontraba facultaba para verificar el cumplimiento de los ordenamientos efectuados en materia de Gestión de Seguridad y Salud en Visitas de Inspección, por los funcionarios A.V., J.G. y Sirmar Rondón, los días 16 y 17 de noviembre de 2009. En tal sentido, señaló que fue levantado informe sobre supuestos incumplimientos de los ordenamientos y proponiéndose las sanciones siguientes:

(...) PRIMERO: No garantizó la confidencialidad de los resultados médicos frente a terceros, ya que se constató que en el expediente laboral del trabajador O.S., titular de la cédula de identidad № 9.694.737, información médica referida a audiometría e informe médico de TAC de columna lumbo-sacra, lo cual vulnera el derecho de los trabajadores y trabajadoras establecido en el artículo 53 numeral 11 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). En consecuencia, se propone la sanción indicada en el artículo 120 numeral 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), correspondiente a ochenta y ocho (88) Unidades Tributarias, por cada trabajador expuesto, cuyo número es de uno (01). SEGUNDO: No realiza las declaraciones de las enfermedades de presunto origen ocupacional ante el INPSASEL, junto con el informe de investigación de las referidas enfermedades, ya que no se ha realizado la investigación de las mismas, lo cual constituye el incumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). En consecuencia, se propone la sanción indicada en el artículo 120 numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), correspondiente a ochenta y ocho (88) Unidades Tributarias, por cada trabajador expuesto, cuyo número es de veinte (20). TERCERO: No se realizó Programa de Conversación Auditiva para el control de las condiciones inseguras presentes por exposición a ruido, lo cual constituye el incumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). En consecuencia, se propone la sanción indicada en el artículo 119 numeral 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), correspondiente a cincuenta punto cinco (50.5) Unidades Tributarias, por cada trabajador expuesto, cuyo número es de quinientos veintisiete (527), para el momento de la visita de fecha 17-03-2010. CUARTO: No adaptó los sistemas contra derrames o corta fuegos, a través de las construcción de muro de contención contra fuegos en los alrededores de los tambores con productos químicos con capacidad máxima de 220 Kg., en las áreas de taller de montacargas y sala de mezclas del área de tapas y latas, lo cual constituye el incumplimiento a lo establecido en el artículo 59 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), artículo 298 y 299 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo (RCHST). En consecuencia, se propone la sanción indicada en el artículo 119 numeral 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), correspondiente a cincuenta punto cinco (50.5) Unidades Tributarias, por cada trabajador expuesto, cuyo número es de siete (07), para el momento de la visita de fecha 17-03-2010. (Sic).

Que en fecha 20 de marzo de 2012, la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. dictó el acto administrativo, concluyendo que la empresa incurrió en los supuestos de hecho consagrados en los artículos 119 numeral 19 y 120 numerales 6 y 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo e impuso multas por las cantidades siguientes: 1) Bs. 7.920,00 (88 UT x 90 x 1 trabajador expuesto), por la infracción establecida en el artículo 120 numeral 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; 2) Bs. 158.400,00 (88 UT x 90 x 20 trabajadores expuestos) por la infracción contenida en el artículo 120 numeral 6 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; 3) Bs. 2.395.215,00 (50.5 UT x 90 x 527 trabajadores expuestos), por la infracción prevista en el artículo 119 numeral 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; y, 4) Bs. 31.815,00 (50.5 UT x 90 x 7 trabajadores expuestos), por la infracción contemplada en el artículo 119 numeral 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo; para un total de dos millones quinientos noventa y tres mil trescientos cincuenta bolívares (Bs. 2.593.350,00).

En ese sentido, denuncia que el acto administrativo impugnado incurre en los vicios siguientes:

  1. ) Violación a los derechos a la defensa y al debido proceso.

    En desarrollo de su denuncia expone, en primer término, que la Administración no consideró ni valoró las documentales promovidas por la empresa, identificadas con las letra “D”, “E”, “F”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N” y “O”, a partir de las cuales se demostró el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, con relación al ruido ocupacional, acorde a los ordenamientos que le fueran expresamente indicados en las inspecciones de fechas 16 y 17 de noviembre de 2009; por lo tanto concluye que sí tenía un programa de protección auditiva y aplicó los controles técnicos administrativos, dotando a los trabajadores expuestos de protectores auditivos, reduciendo el tiempo de la jornada de trabajo (horas de exposición), realizando periódicamente audiometrías, mejoras y mantenimiento a las máquinas, con lo que se redujeron los niveles de ruido como control en la fuente. De manera que, de haber sido apreciado tales hechos por la Administración, no se hubiera impuesto la sanción por 50.5 unidades tributarias conforme al numeral 19 del artículo 119 eiusdem.

    En segundo lugar, alega la violación del artículo 49, numeral 6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto se creó un tipo de infracción no previsto en la ley, al “fundamentar la infracción en la falta de elaboración por [su] representada de un Programa de Conservación Auditiva, cuya omisión no constituye la falta luego imputada, además de no habérsele observado sino por la obligación del artículo 62 de la LOPCYMAT, en el cual tampoco constituye obligación que pueda ser considerada incumplida, la elaboración de dicho programa como única o principal medida de identificación, evaluación y control de riesgo, siendo suficientes las medidas aplicadas por la empresa a este fin, tanto así que para la fecha de reinspección (marzo 2010) habían disminuido los niveles de exposición y los resultados de las audiometrías demuestran su eficacia (…)”. (Corchetes de la Sala).

    De igual modo, con relación a esta infracción arguye que la empresa probó que el número de trabajadores expuestos a ruido ocupacional era de 186 trabajadores, no obstante de tenerse este hecho como demostrado, tal y como lo señala la Administración, en el capítulo IV, destinado a la valoración de las pruebas documentales, sin ningún razonamiento o fundamento legal, se estableció que “son 186 trabajadores; pero se considera impertinente ya que usted como representación de la empresa pudo ver accionado el recurso previsto en la LOPA CPÍTULO (sic) II”. Expone que tal proceder atenta contra el derecho a la defensa de la empresa, amén de que personaliza la decisión contra el abogado que representó a la empresa, sin indicar “cuál es el Recurso, lapso y órgano ante quien se ha debido interponer y contra qué acto que determinó el número de trabajadores, pues dicho número de trabajadores sólo fue señalado por la funcionario en el Informe de Propuesta de Sanción que diera lugar a la apertura misma del Procedimiento, cuyo único Recurso son los Descargos (Alegatos y Defensas) presentados oportunamente” (sic), habiéndose invocado argumentos de hecho y de derecho en contra de dicho número.

    A su vez, asegura que la Administración incurre en una grave violación al considerar “insuficiente la constancia de adiestramiento de los trabajadores en materia de conservación auditiva”, porque en ellas no se incluye a los 527 trabajadores, habiendo quedado demostrado a través de la documental signada con la letra “M” que el número de trabajadores es de 186, y que la empresa cumplió con la recomendación dada respecto a la capacitación en la materia.

    En tercer lugar, manifiesta que la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. no consideró el objeto probatorio derivado de las convenciones colectivas de trabajo producidas con las letras “N” y “O”, sino que falseó el mismo, refiriéndose a hechos no alegados con relación a dichas probanzas, las cuales fueron aportadas para demostrar la aplicación de los controles técnicos administrativos recomendados, en cuanto a la reducción de jornada como tiempo de exposición al ruido ocupacional; por consiguiente, afirma que no se decidió de acuerdo con lo alegado y probado en autos, violándose el derecho a la defensa de la empresa y el debido proceso.

    En cuarto lugar, alega que quedó plenamente probado que la empresa realizaba audiometrías a los trabajadores expuestos a ruido ocupacional y por lo tanto que acogió las recomendaciones que le fueran señaladas, y que a pesar de ello se le sancionó con 50.5 unidades tributarias, porque la Administración desechó las pruebas, bajo el argumento que “supuestamente” fueron presentadas en forma extemporánea, esto es, después de la reinspección −lo cual es falso ya que fue recogido en las actas de visita, la presentación y entrega de estos exámenes−, y por encontrarse en idioma inglés, siendo que ello no era razón para no ser valoradas, dado que lo que se pretendía probar con las mismas era su práctica o realización a los trabajadores, más no era objeto de prueba el resultado de cada examen.

    En otro orden de argumentación, expone que la Administración no decidió conforme a lo alegado y probado en autos, pues, por una parte, con relación a la privacidad o confidencialidad de los datos personales de salud del ciudadano O.S., se alegó que de acuerdo con los hechos señalados en el informe de propuesta de sanción, los exámenes médicos que estaban en su expediente laboral, fueron presentados por el propio trabajador junto con su solicitud de empleo y currículum antes de su ingreso en la empresa, y que con tal proceder éste tácitamente estaba autorizando la publicidad de los mismos; y por la otra, se explicó que el artículo 26 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que regula el alcance de este derecho de los trabajadores, no lo estipula como un deber; cuestiones no consideradas en la decisión que conllevó una sanción de 88 unidades tributarias, de conformidad con el numeral 14 del artículo 120 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por supuesta infracción del numeral 11 del artículo 53 eiusdem.

    Finalmente, aduce que se le quebrantó el derecho a la defensa a la empresa, toda vez que en el informe de propuesta de sanción se establecieron como hechos supuestamente constitutivos de las presuntas faltas, determinadas circunstancias, en cada uno de sus apartes, pero luego en la decisión se mencionaron otros hechos que no fueron referidos en el aludido informe, de los cuales no tuvo conocimiento sino hasta la fecha en que fue proferida la p.a. impugnada. En tal sentido, añade que no pudo hacer alegatos, ni promover pruebas, por lo que no podía ser multada por supuestos de hechos no imputados en la iniciación del procedimiento sancionatorio.

  2. ) Falso supuesto de hecho y de derecho.

    En cuanto a esta denuncia asegura que la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. no se pronunció sobre el alcance del derecho del trabajador a la confidencialidad o privacidad de sus datos y exámenes médicos, previsto en el artículo 26 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, habiendo sido interpretado erróneamente en las actuaciones administrativas. A su vez agrega que de haber aplicado correctamente la aludida norma, no se habría declarado infringido el numeral 11 del artículo 53 eiusdem, y por ende no se hubiese impuesto multa por 88 unidades tributarias, de conformidad con el numeral 14 del artículo 120 ibídem.

    Por otra parte, expone que sin existir ningún elemento probatorio en autos, ni acto de determinación o constatación, la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. impuso la sanción prevista en el numeral 19 del artículo 119 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por 50.5 unidades tributarias, la cual multiplica por 527 trabajadores, siendo que es obligación de la Unidad Técnica Administrativa de Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), dictaminar mediante decisión fundada, el número de trabajadores expuestos para la cuantificación de la multa, de conformidad con el último aparte del artículo 124 eiusdem. Además indica que la Administración incurre en falso supuesto de hecho y de derecho, porque quedó demostrado en autos que el número de trabajadores “supuestamente” expuestos al ruido ocupacional era de 186.

    Por último, arguye que la Administración parte de un falso supuesto de hecho, al imponer una multa por la sanción contemplada en el numeral 19 del artículo 119 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por cuanto la empresa no acogió las recomendaciones dadas respecto a los controles técnicos administrativos sobre el ruido ocupacional, siendo que de las pruebas consignadas en el procedimiento, específicamente, las identificadas con las letras “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “N” y “O”, consta que, por el contrario, las mimas fueron aplicadas, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 62 eiusdem.

  3. ) Delata el quebrantamiento de los artículos 125 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y 635 del “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica aplicable al Procedimiento Sancionatorio”.

    Argumenta que la Administración no aplicó los criterios establecidos para la imposición y graduación de las multas, al no tomar en consideración la existencia de circunstancias atenuantes y la inexistencia de agravantes, lo cual conllevaba a reducir al término inferior las sanciones impuestas. Expone que como atenuantes fueron demostradas en las actuaciones administrativas, conductas asumidas por la empresa frente a los ordenamientos que le fueran efectuados, habiendo ésta cumplido el 90% de ellos, así como que se encontraban en curso el cumplimiento de los pendientes para la fecha de reinspección.

    Por otra parte, agrega que de las documentales marcadas con las letras “P” y “Q”, contentivas de comunicaciones dirigidas a la Dirección Estadal de S.d.l.T.A., efectuadas antes de la reinspección, se aprecia que la empresa comunicó junto al Comité de Salud y Seguridad Laboral, los avances en las correcciones ordenadas en visitas del 16 y 17 de noviembre de 2009, y que solicitó prórroga para cumplir con el único punto que quedaba pendiente por la magnitud de los trabajos que conllevaba la adecuación sobre adaptación de los sistemas contraderrames o contrafuegos en los alrededores del taller de montacargas y sala de mezclas del área de tapas y latas, el cual fue referido en el acto administrativo impugnado como la cuarta infracción, sin que dicha petición haya sido respondida; agrega que por medio de la instrumental signada con la letra “R” quedó demostrado la iniciación de esos trabajos antes de la reinspección.

    En otro orden de argumentos, denuncia la violación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por no existir −a su juicio− la debida proporción entre los hechos observados y aquellos señalados como supuestos de las infracciones, amén de que no hubo adecuación de los mismos a los supuestos de hecho de las normas que se invocaron como incumplidas, lo cual −según su criterio− vicia toda la actuación administrativa. Aduce que para imponer las sanciones en el término medio, la Administración sólo podía hacerlo en sujeción a la “gravedad de la falta”, siendo que la situación de hecho observada y constatada no era de tal magnitud, toda vez que la empresa dio cumplimiento respecto de aquello que podía representar algún peligro; por lo tanto considera desproporcionadas las sanciones impuestas y que atentan contra su estabilidad financiera, incluso al utilizarse como factor multiplicador un número inexistente de trabajadores expuestos, sin la debida determinación.

    Asimismo, se acusa la infracción del artículo 10 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por cuanto fueron impuestas sanciones a la empresa no previstas en la ley y modificadas las contempladas, ello respecto a la infracción de no investigar las enfermedades de presunto origen ocupacional, de conformidad con el numeral 6 del artículo 120 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, así como al sancionarla por no realizar un programa de conservación auditiva, como supuesto de hecho de la infracción contenida en el artículo 119, numeral 19 eiusdem.

    Por último, como argumento subsidiario delata el quebrantamiento del artículo 81 del Código Orgánico Tributario que consagra el principio de concurrencia de las sanciones, según el cual ante dos o más ilícitos sancionados con penas pecuniarias, debe aplicarse la más grave aumentada con la mitad de las otras.

    - II -

    DE LA DECISIÓN OBJETO DE CONSULTA

    El Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante decisión de fecha 9 de mayo de 2014, declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, con base en los razonamientos siguientes:

    En cuanto a la denuncia de violación al derecho a la defensa y al debido proceso, señaló que deben desestimarse los alegatos formulados, toda vez que del acto impugnado se observa que la accionante en nulidad en el procedimiento administrativo presentó alegatos, promovió pruebas y las mismas fueron valoradas.

    Respecto a la denuncia de garantía de la confidencialidad de los resultados médicos frente a terceros, señaló la recurrida, luego de analizar la previsión contenida en el numeral 11 del artículo 53 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que en el caso de autos se constató que la Administración verificó el incumplimiento con relación a la confidencialidad de los datos personales de salud referidos a resultados de exámenes médicos; estando la actuación del Órgano Administrativo en sintonía con las aludida norma, desestimándose así la existencia del falso supuesto de derecho.

    Por otra parte, el tribunal de instancia concluyó, con relación a la sanción impuesta por la no declaración de las enfermedades de origen ocupacional, que la Administración basó su decisión en un hecho falso e incierto, esto es, que no se había dado cumplimiento a la normativa relativa a la declaración de enfermedades ocupacionales; toda vez que del expediente administrativo y del acto impugnado se constató que la empresa presentó declaración de dos (2) enfermedades quedando dieciocho (18) trabajadores de los cuales no se evidencia documentos que acrediten la investigación y posterior determinación o diagnóstico que le dé carácter ocupacional, por lo cual la decisión a la cual llegó la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales en torno a este punto resultó errada. En consecuencia, el a quo declaró la nulidad de la multa impuesta en cuanto a la “Declaración de Enfermedades”.

    Respecto a la sanción impuesta por no realizar los programas de conservación auditiva, el Inspector en Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la p.a. impugnada, resolvió imponer multa a la entidad de trabajo por haber incurrido en los supuestos contemplados en los artículos 119, numeral 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, elevando el quantum de la infracción por el número de trabajadores expuestos, contabilizados en la cantidad de quinientos veintisiete (527); afirmación respecto de la cual precisó el a quo que analizada en su integridad la p.a. impugnada y de la revisión efectuada de las actas consignadas a los autos, se constató que la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. no expuso fundamentación alguna en cuanto a las circunstancias fácticas que conllevaron a tomar como factor multiplicador de las sanciones impuestas a la empresa accionante, el total de los trabajadores indicados. Por tal motivo declaró la nulidad de la multa impuesta en lo relativo al punto del “programa de conservación auditiva”.

    En lo relativo a la sanción impuesta por no adaptar los sistemas contra derrames o corta fuegos y la violación al principio de proporcionalidad, concluyó el tribunal de la causa que la autoridad pública sancionante actuó conforme a los parámetros fijados por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, específicamente en sus artículos 119 y 125, resaltándose el hecho de que la misma se aplicó en el límite medio fijado por el legislador; además, destacó que ninguna de las afirmaciones expuestas por la demandante generaron la convicción de que la Administración haya actuado sin la debida ponderación de las circunstancias que rodearon el asunto a.p.l.q.e.a. quo estimó que no se verificó la violación del principio de la proporcionalidad.

    En virtud de todo lo anterior, el tribunal de la causa declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad.

    III -

    DE LA COMPETENCIA

    Con el propósito de examinar la competencia de esta Sala de Casación Social para decidir el recurso de apelación sometido a su conocimiento, se observa que la Sala Plena de este alto Tribunal, en sentencia N° 27 del 26 de julio de 2011 (caso: Agropecuaria Cubacana C.A.), dejó sentado que corresponde a los órganos jurisdiccionales con competencia en materia laboral, el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, “pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación”. Ello fue fundamentado, esencialmente, en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

    Conteste con la citada Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los Juzgados Superiores del Trabajo son competentes –transitoriamente, mientras se crea la jurisdicción especial del Sistema de Seguridad Social– para decidir, en primera instancia, los recursos contencioso administrativos previstos en dicha Ley; y de sus decisiones, se oirá recurso ante esta Sala de Casación Social.

    En virtud de ello, esta Sala asume la competencia para resolver la consulta sometida a su consideración por el Juzgado Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el marco del procedimiento iniciado por la sociedad mercantil Envases Venezolanos, S.A., mediante demanda de nulidad ejercida contra un acto administrativo emitido por la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, al ser la alzada del aludido tribunal. Así se declara.

    - IV -

    MOTIVACIONES PARA DECIDIR

    El presente expediente es remitido a esta Sala para conocer en consulta la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 9 de mayo de 2014, que declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Envases Venezolanos, S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

    Al respecto, se observa que dicho dispositivo legal establece que “[t]oda sentencia definitiva contraria a la pretensión, excepción o defensa de la República, debe ser consultada al Tribunal Superior competente”; de esta manera, a través de la figura de la consulta se garantiza el agotamiento de la doble instancia, cuando se dicte un fallo definitivo opuesto a los intereses de la República, pues éste necesariamente deberá ser revisado por el tribunal con competencia funcional para ello, con independencia del ejercicio del recurso de apelación.

    Ahora bien, en decisión N° 2.157 del 16 de noviembre de 2007 (caso: Nestlé Venezuela, S.A.), la Sala Constitucional de este alto Tribunal determinó que la consulta obligatoria prevista en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República persigue resguardar los intereses patrimoniales de la República y de todos los organismos y entes públicos sobre los que aquella tenga derechos, con el objetivo de impedir que el cumplimiento de sus fines fundamentales resulte afectado; e igualmente sostuvo que tal privilegio sólo es aplicable cuando el fallo sea contrario a la pretensión, excepción o defensa de la República. En este supuesto, transcurridos los lapsos de apelación sin que las partes hayan apelado de la decisión contraria a los intereses de la República, debe el juez competente remitirla en consulta ante el tribunal superior competente, para que éste proceda a revisar si la misma está ajustada o no a Derecho.

    En otro contexto, importa destacar que la consulta obligatoria de un fallo judicial, cuando es concebida como prerrogativa procesal a favor del Estado, presupone una flexibilización al principio de igualdad entre las partes en litigio, sin embargo, su principal finalidad no es reportar al beneficiario ventajas excesivas frente a su oponente, sino lograr el ejercicio de un control por parte de la alzada sobre aspectos del fallo que por su entidad inciden negativamente en principios que interesan al orden público.

    Por ese motivo, el examen encomendado en el artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, no puede generar una cognición en segunda instancia más extensa que la producida por el ejercicio de los medios de impugnación previstos en las leyes aplicables y que, por causas inherentes a los titulares de esta prerrogativa, no han sido interpuestos en las oportunidades procesales correspondientes.

    En tal sentido, tal instituto jurídico consiste en un mecanismo que busca preservar la juridicidad efectiva del fallo, en supuestos estrictamente vinculados a los altos intereses del Estado, vale decir, aquellos relacionados con el orden público, y el interés general: i) desaplicación de normas constitucionales; ii) violaciones de criterios e interpretaciones vinculantes emanadas de la Sala Constitucional de este alto Tribunal; iii) resguardo de la propia jurisdicción; iv) quebrantamientos de formas esenciales en el proceso, y v) prerrogativas y privilegios procesales conferidos a favor de la República.

    Expuestas las anteriores consideraciones, preliminarmente, esta Sala observa que en el caso sub iudice, el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Envases Venezolanos, S.A. contra la P.A. PA-US-ARA-0011-2012 de fecha 20 de marzo de 2012, emanada de la Dirección Estadal de S.d.l.T.A., del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, creado en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 3.850 Extraordinario de fecha 18 de julio de 1986, hoy derogada.

    Por tanto, atendiendo a la naturaleza de dicho instituto -el cual conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de Administración Pública (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.147 Extraordinario del 17 de noviembre de 2014) que establece: “[l]os institutos públicos o autónomos gozarán de los privilegios y prerrogativas que la Ley acuerde a la República, los estados, los distritos metropolitanos o los municipios”-, es aplicable la prerrogativa procesal prevista en el artículo 72 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; ello al resultar perdidoso ante la nulidad parcial del acto impugnado decretada en la sentencia de primera instancia. Así se declara.

    Por consiguiente, esta Sala procede a revisar la sentencia definitiva objeto de la consulta, sobre aquellos aspectos que resulten desfavorables a los intereses del referido organismo, bajo las consideraciones siguientes:

    Primeramente, el Juzgado Superior de origen, en la sentencia objeto de consulta, determinó que la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. fundamentó su decisión en un hecho falso e incierto, al establecer que la empresa no había dado cumplimiento a la normativa, con relación a la declaración de enfermedades ocupacionales, decretando la nulidad de la multa impuesta por dicha infracción.

    Así, esta Sala a los fines de verificar lo decidido por el juez a quo, aprecia que, en el caso de autos, la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. impuso a la parte accionante la sanción contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por incumplimiento del artículo 73 eiusdem, por cuanto no realizó las declaraciones de presuntas enfermedades de origen ocupacional ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) correspondiente a veinte (20) trabajadores que presentaron patologías de piel, respiratorias y osteosmusculares, sin embargo, en el acto administrativo impugnado se estableció que a través de la documental marcada con la letra “B” promovida por la empresa, fue constatada la presentación de dos (2) declaraciones de enfermedades, quedando dieciocho (18) pendientes.

    De lo anterior se colige que, en efecto, la Administración fundó su decisión de imposición de multa en hechos falsos, puesto que del propio acto administrativo se desprende que los mismos ocurrieron de manera distinta, al verificarse la presentación de dos (2) declaraciones de enfermedad; en consecuencia, la Sala concluye que la sentencia que se revisa se encuentra ajustada a Derecho en lo que atañe a la declaratoria de nulidad parcial del acto administrativo impugnado, con relación a la multa impuesta por incumplimiento del artículo 73 del Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Así se decide.

    En segundo orden, la sentencia consultada decretó la nulidad de la multa impuesta a la parte recurrente, con ocasión al incumplimiento del artículo 62 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, esto es, por no haber realizado un programa de conservación auditiva para el control de condiciones inseguras constatadas, en atención a que la Dirección Estadal de S.d.l.T.A. no expuso fundamentación alguna respecto de las circunstancias fácticas que conllevaron a tomar un total de quinientos veintisiete (527) trabajadores afectados como factor multiplicador de la sanción.

    Sobre el particular, esta Sala de Casación Social en sentencia N° 1435 de fecha 17 de diciembre de 2013, estableció:

    Como se aprecia de la norma transcrita [artículo 124 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo], para la determinación de las sanciones pecuniarias allí previstas, debe contarse con una decisión fundada por la unidad técnica administrativa competente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, que justifiquen el número de trabajadores expuestos, ello en virtud a que las infracciones cometidas por los empleadores en materia de seguridad y salud laborales toman dicho número como factor multiplicador.

    (…) se entiende que ese deber de motivación (…) permite controlar la legalidad de la actuación de la Administración, con relación a los actos administrativos dictados por las infracciones encontradas en dicha materia, al poderse identificar o precisar las circunstancias de hecho sobre las cuales pretende legitimar su actuación.

    Además, atendiendo al principio de proporcionalidad de la sanción, resulta pertinente traer a colación lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, que dispone lo siguiente:

    (…)

    El referido artículo establece que, cuando una norma faculte a la autoridad competente para imponer una sanción, ésta tiene la obligación de hacerlo mediante la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada (…).

    Al respecto, esta Sala agrega que para mantener la debida proporcionalidad y adecuación de las sanciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el supuesto de hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y formalidades necesarios para su validez y eficacia, debe existir, además de la relación existente entre la gravedad de la falta y el monto de la multa aplicada, una justificación fundada del número de trabajadores afectados por la infracción encontrada, al tratarse de un criterio de imprescindible consideración que repercutirá directamente en el quantum de la sanción impuesta.

    Así, a los fines de verificar la decidido por el juez a quo, se observa que la Administración resolvió imponer multa a la empresa accionante, por haber incurrido en el supuesto contemplado en el artículo 119, numeral 19 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, elevando el quantum de la infracción (50.5 unidades tributarias) por el número de trabajadores indicados (527), sin que, en efecto, conste decisión fundada de la unidad técnica administrativa que justifique la repercusión directa que ostenta tal factor multiplicador, por medio del cual se pueda controlar la legalidad de la p.a. impugnada.

    De manera que, esta Sala de Casación Social nuevamente encuentra ajustada a Derecho la resolución ofrecida en la sentencia consultada, esta vez respecto a la declaratoria de nulidad parcial del acto recurrido, con relación a la multa impuesta por incumplimiento del artículo 62 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Así se decide.

    - V -

    DECISIÓN

    Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Social, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conociendo en consulta declara: se CONFIRMA la decisión dictada en fecha 9 de mayo de 2014, por el Juzgado Superior Tercero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la demanda de nulidad interpuesta por la sociedad mercantil Envases Venezolanos, S.A.

    Publíquese, regístrese y remítase el expediente al Juzgado Superior antes mencionado.

    Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil quince. Años: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.

    La Presidenta de la Sala,

    _______________________________

    M.C.G.

    La Vicepresidenta y Ponente, Magistrada,

    ______________________________________ ____________________________

    M.G. MISTICCHIO TORTORELLA C.E.P.D.R.

    Magistrado, Magistrado,

    __________________________ __________________________________

    EDGAR GAVIDIA RODRÍGUEZ D.A.M.M.

    El Secretario,

    _____________________________

    M.E. PAREDES

    Consulta N° AA60-S-2014-001219

    Nota: Publicada en su fecha a

    El Secretario,