Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 16 de Febrero de 2012

.- ANTECEDENTES:

Las presentes actuaciones se contraen al Recurso de Hecho interpuesto por el ciudadano E.J.K., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.202.042, debidamente asistido por el abogado C.A.T., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.971, contra la negativa de oír la apelación interpuesta contra la sentencia de fecha 19 de diciembre del 2011, dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y J.Á.L. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua.

El presente Recurso de Hecho fue presentado ante la secretaría de este Tribunal en fecha 25 de enero de 2012, constante de una (01) pieza de quince (15) folios útiles, tal como se puede evidenciar en la nota estampada por la secretaria la cual riela al folio dieciséis (16) de las presentes actuaciones. Seguidamente, en fecha 30 de enero de 2012, este Tribunal fijó la oportunidad para dictar la decisión respectiva conforme a lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil (folio 17).

Posteriormente, mediante diligencia de fecha 02 de febrero de 2012 (folio 19), el abogado C.A.T., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 18.971, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada en la causa principal (Resolución de Contrato de Arrendamiento), consignó las copias certificadas del expediente signado bajo el N° 4524-10, nomenclatura interna del Juzgado de los Municipios Sucre y J.Á.L. de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, contentivas de dos (02) anexos de treinta y ocho (38) folios útiles y seis (06) folios útiles, respectivamente. (Folios 20 al 63).

2. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

   Siendo la oportunidad para dictar el pronunciamiento de ley y constando en autos las copias certificadas para formalizar el presente recurso de hecho, este Tribunal pasa a decidir en los términos siguientes:

   El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, establece lo concerniente al ejercicio del Recurso de Hecho, contemplando lo siguiente: “…Negada la apelación, o admitida en un sólo efecto, la parte podrá recurrir de hecho dentro de los cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír apelación o que se admita en ambos efectos y acompañara copias de las actas del expediente que crea conducentes y las que indique el juez si este lo dispone así…” (Subrayado de esta Juzgadora).

   De lo anteriormente trascrito se desprende que para la tramitación del presente recurso es necesario que se cumpla con los siguientes parámetros:

   1) Este debe interponerse ante el Tribunal Superior respectivo, a quien compete decidir si es o no admisible la apelación, que se propone contra la decisión del Juez de la Primera Instancia que niega la apelación o la admite en un sólo efecto, cuando ha de admitirse en ambos efectos.

   2) El Juez Superior una vez interpuesto el recurso, lo dará por introducido aún cuando no se acompañen con las copias certificadas, y decidirá dentro de los cinco (5) días de despacho, contados desde la fecha en que se haya introducido, o desde la fecha en que consten las copias de las actas conducentes si el recurso se hubiere introducido sin las mismas, como lo indica el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

   Ahora bien, esta superioridad, luego de revisadas en forma exhaustiva las actas que conforman el presente expediente, observa que el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación, fue dictado en fecha 16 de enero de 2012 (folios 58 al 61), y el recurso de hecho fue presentado, ante esta Alzada en fecha 20 de enero de 2012, tal como se evidencia de la nota de secretaría estampada al pie del folio seis (06) del presente expediente, por lo que, este Tribunal considera que el recurso de hecho fue propuesto en forma tempestiva. Y así se establece.

   Asimismo, en cuanto a la existencia en los autos de las copias certificadas, se verificó que este requisito sine qua non fue cumplido, por lo que, esta Juzgadora considera suficiente el escrito contentivo del recurso de hecho y sus anexos presentado por el recurrente de autos, para formarse criterio sobre el asunto que debe resolver este Juzgado. Y así se establece.

   En este sentido, señala el recurrente a través de escrito de fecha 20 de enero de 2012 (folios 01 al 06), lo siguiente:

   …El Tribunal al negar el recurso de admisión de la apelación incurre en violación de todos los principios constitucionales que regulan el proceso, por que incurre en un supuesto falso, asumiendo que la cuantía estimada por la parte demandante en el libelo de la demanda de Diez Mil Bolívares (Bs.10.000) ha quedado firme, incurre en el error de establecer que la cuantía estimada por la parte actora no está dentro del contradictorio, lo cual es falso porque dicha cuantía fue rechazada por la parte demandada en la oportunidad procesal fijada por la ley, dentro del Escrito de contestación de la demanda (…). En consecuencia, el Tribunal incurre en la violación indicada al darle carácter definitivo a la cuantía que es materia controvertida (…). En razón de todo lo expuesto, respetuosamente solicito del Tribunal ordena al Tribunal de la causa (…), declare con lugar el presente recurso de hecho contra el auto de fecha 16 de enero de 2012 (…) contentivo de la negativa y en consecuencia le ordene admitir oír el recurso de apelación contra la Sentencia dictada en fecha 19 de Diciembre de 2011 (…).

   (…) El Juzgador, al dictar la Sentencia definitiva en fecha 19 de Diciembre de 2011 (…), está en conocimiento que la cuantía es materia controvertida, conforme consta del Capítulo II: PUNTO PREVIO. DE LA CUESTIÓN PREVIA DE LA INCOMPETENCIA Y LA IMPUGNACIÓN DE LA CUANTÍA (…).

   (…) Dentro de dicho Capítulo II, la Sentencia también señala los requisitos que debe cumplir la parte demandada para impugnar, contradecir y rechazar la cuantía establecida por la parte actora (…).

   (…) De aquí se deduce la violación al debido proceso, que ordena el recurso de apelación. Porque así como el Juzgador acepta la cuantía que estableció la parte demandante, es su decisión, podría resultar falsa y al final resultar que la cuantía que estableció la parte demandada (que excede sobradamente el límite de 500 unidades tributarias: “Lo que totaliza la cantidad de 1.800.000, lo que equivale a la cantidad de 27.692,30 Unidades Tributarias”, resulte la cierta, al revisarla el Juez Superior. No lo sabemos. Pero lo que si es cierto, es que le impide al Juzgador negar el recurso de apelación, precisamente porque la posición opuesta (…) excede el límite de 500 unidades tributarias.

   En razón de todo lo expuesto, respetuosamente solicito ordene la revocatoria del Auto de fecha 16 de Enero de 2012 (…), y en consecuencia, ordene oír la apelación en ambos efectos…

   (Sic).

   En este orden de ideas, mediante diligencia de fecha 02 de febrero de 2012 (folio 19), la representación judicial de la parte recurrente de hecho, consignó las copias certificadas de las actas conducentes (folios 20 al 63), de conformidad con lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, de las cuales se desprenden los siguientes hechos:

   1. - Copia certificada de libelo de demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento, interpuesta por el ciudadano CORRADO SCHEMBRI, titular de la cédula de identidad N° V-9.430.091, debidamente asistido por la abogada C.C., Inpreabogado N° 86.143, contra la Sociedad Mercantil MUEBLES LA INDUSTRIA CAGUA, C.A., supra identificada, de fecha 13 de mayo de 2010 (folios 20 al 24), donde se observa que la estimación de la demanda fue hecha en la forma siguiente: “…Estimo el valor de la presente demanda en la cantidad de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.10.000,00), a los fines legales consiguientes…” (Sic).

   2. - Copia certificada de escrito contentivo de oposición de cuestión previa, impugnación de la cuantía y contestación de la demanda, presentado por el ciudadano H.J.K., titular de la cédula de identidad N° V-7.203.007, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil MUEBLES LA INDUSTRIA CAGUA, C.A., supra identificada (folios 25 al 28).

   3. - Copia certificada de sentencia dictada por el Juzgado de los Municipios Sucre y J.Á.L. de la Circunscripción Judicial Del Estado Aragua, con sede en Cagua, de fecha 19 de diciembre de 2011 (folios 29 al 51), en la cual estableció lo siguiente:

   …La parte demandada siendo la oportunidad legal para dar contestación a la misma, opone la cuestión previa prevista en el artículo 346 en su ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, consistente en la incompetencia de la cuantía por cuanto aduce que la cobertura de la p.t.l. cantidad de 1.800.000,00, lo que equivale a 27.692,30 Unidades Tributarias, lo que a su juicio excede el límite de competencia de este juzgado, por lo que a tal efecto rechaza la cuantía de la demanda (…).

   (…) Es así como este juzgador verifica que el demandado no cumplió con alegar un hecho nuevo (…), quedando en consecuencia firme la cuantía establecida por la parte actora y sin lugar el rechazo realizado por la parte demandada, en consecuencia competente este tribunal para continuar conociendo del presente procedimiento. Y así se declara (…).

   (…) No menos cierto es que el beneficiario de ambas pólizas es la misma demandada (…), y no el arrendador tal como lo exige la referida cláusula contractual, por lo que en definitiva se ha materializado el incumplimiento (…), debiendo forzosamente este juzgador declarar con lugar la demanda incoada, resolver el contrato de arrendamiento y condenar a la parte demandada a la entrega del inmueble y al pago de las facturas de vigilancia al accionante…

   (Sic).

   4.- Copia certificada de auto de fecha 16 de enero de 2012, dictado por el Tribunal A Quo, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de apelación ejercido en fecha 10 y 11 de enero de 2012, por la representación de la parte demandada, contra la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2011, en razón que la cuantía del asunto es inferior a quinientas unidades tributarias (500 U.T.). (Folios 58 al 61).

   Ahora bien, del análisis de las copias certificadas consignadas para fundamentar el presente recurso, esta Superioridad determinó que el supuesto procesal por el cual se recurre de hecho, es la negativa del Juez A Quo de oír la apelación ejercida contra sentencia dictada en fecha 19 de diciembre de 2011.

   En este sentido, vistas y analizadas las actas que conforman el presente expediente, este Juzgado Superior considera pertinente realizar las siguientes consideraciones:

   El presente Recurso de Hecho versa sobre una demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoada por el ciudadano CORRADO SCHEMBRI, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 9.430.091, debidamente asistido por la abogada C.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 86.143, siendo estimada en la cantidad de Diez Mil Bolívares (Bs.10.000, 00).

   En ese orden de ideas, quien decide considera oportuno traer a colación el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, que dispone lo siguiente: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares”.

   Del dispositivo antes trascrito, se desprende que la cuantía exigida para que sea admisible el recurso de apelación en las causas tramitadas mediante el procedimiento breve (caso de marras), debe ser mayor de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,00) antes de la reforma monetaria, que equivalen hoy a cinco bolívares (Bs. 5,00); sin embargo, dicha cuantía fue modificada por la Resolución N° 2009-006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 36.338, en fecha 02 de abril de 2009, que en su artículo 2 establece:

   Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otras que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de Mil Quinientas Unidades Tributarias (1.500 U.T.); así mismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresado en bolívares, se fijan en Quinientas Unidades Tributarias.

   (Negrillas Nuestras)

   Entonces es claro, que luego de la entrada en vigencia la resolución 2009-006 supra mencionada, toda causa sustanciada de acuerdo a las normas del procedimiento breve cuya cuantía sea inferior a las quinientas unidades tributarias (500 U.T) carece de posibilidad de ser revisada por una segunda instancia, es decir, no admite recurso de apelación.

   Respecto a la inadmisibilidad del recurso de apelación en este tipo de procedimientos, ha sido conteste nuestro m.T. al manifestar lo siguiente: “(…) por argumento a contrario sensu, todas las demandas sustanciadas y decididas en aplicación del procedimiento breve cuyo interés principal sea menor de cinco mil bolívares, no tiene recurso de apelación (…)” Sala de Casación Civil, Sentencia N° 0165 de fecha 09 de octubre de 1.996.

   Asimismo, luego de la modificación de las cuantías en abril de 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de julio de 2010, mediante Sentencia N° 694, manifestó lo siguiente:

   …Es, entonces, conforme a la interpretación constitucionalizante que la Sala acogió en la recién transcrita decisión, que la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia, en correspondencia con la atribución recogida en el artículo 267 de la Carta Fundamental y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, dictó su Resolución nº 2009-0006, como mecanismo de política judicial que asegurase una mayor eficacia en el servicio público de Administración de Justicia, adaptando las competencias por la cuantía de los órganos jurisdiccionales que –a nivel nacional- tienen conocimiento de las materias civil, mercantil y del tránsito, bajo criterios que se adecuasen a la realidad económica y administrativa de tiempos más recientes.

   En el caso de autos, la solicitante estimó que la sentencia cuya revisión pretende, contravino su derecho a la defensa y al proceso debido, “en virtud de la no implementación del principio de la doble instancia y en la errónea aplicación de una resolución administrativa en detrimento de las normas de una ley, cuyo principio rector es que la mayoría de las mismas son de orden público absoluto”.

   Por su parte, el fallo cuestionado realizó un detallado análisis de las normas procesales que, en torno a la cuantía, resultaban aplicables a la demanda interpuesta por la peticionaria, particularmente, la Resolución nº 2009-00006, emitida el 28 [sic] de marzo 2009 por la Sala Plena de este M.J. que, en ejercicio de las funciones que le atribuyen los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (como órgano de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 267 de la Carta Magna), modificó la cuantía establecida, entre otras normas, en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, fijándola en la cantidad de quinientas unidades tributarias (500 U.T.) a los fines de acceder al recurso de apelación en las causas tramitadas conforme al procedimiento breve, cual es el caso de los juicios incoados de conformidad con la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

   Así las cosas, el veredicto cuya revisión se pretende, señaló que –al haberse interpuesto la demanda el 12 de mayo de 2009, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada resolución de carácter normativo- la apelación propuesta por la peticionaria debía ser reputada inadmisible y, en consecuencia, que no había lugar al recurso de hecho propuesto por la actora.

   Como se podrá notar, la solicitante pretende hacer ver que el órgano jurisdiccional cuyo fallo fue delatado otorgó primacía al contenido de una disposición “reglamentaria” que, a su juicio, contraría el principio procesal de la doble instancia; no obstante que –según se ha determinado arriba- lo cierto es que el fallo que pretende enervarse se ciñó inobjetablemente a los criterios de cuantía que, en ejercicio de sus legítimas atribuciones, definió la Sala Plena de este Alto Tribunal.

   De lo dicho hasta ahora, se tiene que de la sentencia cuya revisión se pretende no derivan crasas infracciones a los principios fundamentales que inspiran nuestro ordenamiento constitucional o de la doctrina vinculante emanada de esta Sala; motivo por el cual la solicitud objeto de estas actuaciones debe ser declarada que no ha lugar (…)

   (Negrillas nuestras).

   Y más recientemente, la misma Sala Constitucional en fecha 17 de marzo de 2011, señaló lo siguiente:

   …Todo lo anterior supone, que si bien esta Sala, en anteriores oportunidades, consideró que el principio de la doble instancia comportaba una garantía constitucionalmente tutelada, tal criterio fue atemperado, en el sentido de que el derecho a recurrir del fallo constituía una garantía constitucional propia del proceso penal, pues así lo dispone el artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa “toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley”; así como también, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, según la cual, todo juicio debía ser llevado ante un tribunal de instancia, cuyo fallo pudiera contar con una instancia revisora superior (principio de la doble instancia).

   De esta forma, quedó dictaminado que no devienen en inconstitucional, aquellas normas de procedimiento (distintos al ámbito penal) que dispongan que contra la sentencia definitiva, no cabe el recurso de apelación, pues la doble instancia, no constituye una garantía constitucional, como si lo son la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

   El derecho a la tutela judicial efectiva (como garantía constitucional) supone la facultad de acceder a la justicia, impartida conforme al artículo 26 del Texto Fundamental (imparcial, gratuita, accesible, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles); por su parte, el derecho al debido proceso que a su vez comprende el derecho a la defensa, el derecho a ser oído, el derecho al juez natural, entre otros, no incluye dentro de sus componentes la doble instancia, pues ésta sólo tiene cabida, si la ley así lo contempla.

   La circunstancia que determinados juicios se sustancien en una sola instancia, responde en algunos casos, como al que aquí se a.a.l.v.d. legislador de descongestionar, dentro de lo posible, los tribunales de la República, para lo cual creó determinados procedimientos que, dependiendo de su cuantía, se sustancian en única instancia.

   Significa entonces que la norma contenida en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil no es inconstitucional, motivo por el cual esta Sala debe necesariamente declarar, conforme a las consideraciones efectuadas, NO AJUSTADA A DERECHO la desaplicación de la norma que hiciere el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira en la decisión que dictó el 15 de julio de 2010. En razón de ello, esta Sala Constitucional declara la nulidad de la sentencia dictada el 15 de julio de 2010 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira…

   (Sic).

   Así las cosas, esta Superioridad tomando en consideración los argumentos de derecho anteriormente expresados y la doctrina citada de nuestro m.T., observa que en el caso de marras la parte actora en su escrito libelar interpuesto en fecha 13 de mayo de 2010 (folios 20 al 24), estimó el monto de la demanda en la cantidad de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00), suma que para el momento de interposición de la demanda, equivalía a Ciento Cincuenta y Tres con Ochenta y Cuatro Unidades Tributarias (153,84 U.T.), por ser que el valor de cada Unidad Tributaria era de Sesenta y Cinco Bolívares (Bs. 65,00), según la Gaceta Oficial N° 39.361, de fecha 04 de febrero de 2010.

   En razón de lo anterior, se debe dejar sentado que la cuantía por la cual fue estimada la causa principal (Resolución de Contrato de Arrendamiento) no cumple con los extremos necesarios para la admisibilidad del recurso de apelación por razón de la cuantía en la presente causa, ya que el valor de la misma equivale a 153,84 U.T, y resulta, que el monto mínimo necesario para escuchar la apelación es de 500 U.T, de acuerdo con la resolución 2009-006 supra analizada, por lo que, en el presente caso el recurso de apelación ejercido en fecha 10 y 11 de enero de 2012, por la representación judicial de la parte demandada carece de la posibilidad de ser revisado por esta Alzada, lo cual deviene forzosamente en la inadmisibilidad del referido recurso. Y así se decide.

   Por lo que, en virtud de las consideraciones de hecho, derecho y jurisprudenciales antes expuestas, resulta forzoso para quien decide declarar como en efecto lo hará, SIN LUGAR el presente recurso de hecho ejercido por el ciudadano E.J.K., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.202.042, en su carácter de representante legal de la Sociedad Mercantil MUEBLES LA INDUSTRIA CAGUA, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en fecha 30 de marzo de 2004, bajo el N° 25, Tomo 14-A, debidamente asistido por el abogado C.A.T., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 18.971. Así se declara.

3. DISPOSITIVA

   Con fundamento en las consideraciones de hecho, derecho y jurisprudenciales ut supra, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: