Sentencia nº RC.000376 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala de Casación Civil de 3 de Julio de 2013

Fecha de Resolución: 3 de Julio de 2013
Emisor:Sala de Casación Civil
Número de Expediente:12-749
Ponente:Isbelia Josefina Pérez Velásquez
Procedimiento:Recurso de Casación
 
CONTENIDO

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Exp. Nro. AA20-C-2012-000749

Ponencia de la Magistrada ISBELIA P.V..

En el juicio por cobro de honorarios de abogado causados extrajudicialmente, interpuesto por el ESCRITORIO CALCAÑO VETANCOURT, representado por los abogados F.S.R., J.O.S. y G.A.T., contra AGROINDUSTRIAL MANDIOCA C.A., y AGROPECUARIA MANDIOCA C.A., representadas por los abogados G.G.F. y F.N.S.; el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictó sentencia en fecha 15 de noviembre de 2010, y su aclaratoria en fecha 25 de mayo de 2011, mediante las cuales fue declarada: 1) nula la sentencia apelada dictada en fecha 26 de julio de 2004, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, 2) parcialmente con lugar el derecho al cobro de honorarios profesionales extrajudiciales, 3) sin lugar el cobro de intereses de mora sobre el concepto de honorarios adeudados, calculados al 42% desde el 1° de abril de 2003, 4) improcedente el cobro de costos y costas del proceso, 5) improcedente el derecho de retasa, y 6) ordenó experticia complementaria del fallo.

Contra la referida sentencia, la parte demandada anunció recurso de casación en fecha 19 de noviembre de 2012, el cual fue admitido por auto de fecha 21 de noviembre de 2012. Fue oportunamente formalizado. Hubo impugnación.

En fecha 15 de enero de 2013, según Acta de Recomposición de la Sala y según Gaceta Judicial Extraordinaria Nro. 6 de fecha 17 de enero de 2013, se reconstituyó la Sala de Casación Civil, dada la incorporación de las Magistradas Suplentes Aurides M.M. e Yraima Zapata Lara.

Concluida la sustanciación del recurso, la Sala procede a dictar sentencia bajo la ponencia de la Magistrada que con tal carácter la suscribe, en los términos siguientes:

PUNTO PREVIO

En el escrito de formalización presentado por la parte demandada en fecha 14 de enero de 2013, alegó como punto previo la figura del “decaimiento de la acción”, o perención de la instancia a que se refiere el artículo 1.982 en su ordinal 2° del Código Civil y la jurisprudencia de la Sala Constitucional en sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, con fundamento en que la parte actora perdió interés en la causa al no impulsar el proceso por más de tres (3) años, ya que el juicio se encontraba en estado de sentencia ante la alzada y era su deber solicitar al juez ad quem que dictara dicho fallo.

Al respecto, cabe mencionar que en el decaimiento de la acción como lo denomina la Sala Constitucional, figura creada por vía jurisprudencial, siendo el Estado el que tiene la potestad y el deber de administrar justicia por órgano del Poder Judicial, al incurrir en el incumplimiento de ese deber no puede perjudicar a las partes, más aún si encontrándose la causa en estado de sentencia el tribunal no emite el correspondiente fallo; por el contrario en la perención, si bien tal deber del Estado existe, lleva aparejada la obligación por parte del actor, de instar al juez para que dicte sentencia so pena de que su derecho material se extinga, quedando imposibilitado incluso de proponer nueva demanda bajo los mismos términos, olvidándose de esta manera que siempre que existe un deber -en este caso del juzgador de dictar sentencia-, existe correlativamente un derecho -del justiciable- de que se le emita su respectivo fallo sin imponerle condicionantes a tal derecho, salvo que la ley así lo establezca. Ahora bien, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia no puede declararse la perención anual a que se refiere el artículo 267 del Código Civil, pero de igual manera, tampoco puede pretenderse que las causas permanezcan ad eternum en los tribunales, razón por la cual, si en estado de sentencia transcurre el lapso de prescripción del derecho ventilado sin impulso del actor, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca de que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa. (Vid. Sent. N° 270 del 12 de julio de 2010, caso: L.F.P.R. contra Seguros Mercantil, S.A. y otras)

En el caso concreto esta Sala evidencia de la lectura de las actas del expediente que el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con el fin de reanudar la causa, mediante auto de fecha 28 de julio de 2006, ordenó librar las respectivas notificaciones y, una vez que las partes se dieran por notificadas, comenzaría a transcurrir el lapso de cuarenta (40) días continuos para dictar sentencia, según lo dispuesto en el artículo 522 del Código de Procedimiento Civil; ambas partes se dieron por notificadas, y en dos (2) oportunidades, específicamente en fechas 22 de mayo de 2007 y 26 de julio del mismo año (Folios 239 y 240 de la pieza 3 del expediente), la parte actora solicitó al juez ad quem que procediera a dictar sentencia definitiva y, el juez de alzada dictó la sentencia recurrida en fecha 15 de noviembre de 2010.

De lo antes expuesto se evidencia que sí se produjo impulso procesal por la actora, contrariamente a lo alegado por la parte demandada, concretamente en dos diferentes oportunidades en las cuales exhortó al tribunal a dictar sentencia, pero no hubo pronunciamiento oportuno del juez ad quem sobre el asunto sometido a su consideración, y esta “…renuencia del sentenciador en dictar la providencia que se requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes”. (Sentencia de la Sala Constitucional N° 956 del 1° de junio de 2001, caso: F.V.G. y otra, ratificada en sentencia de esta Sala N° 270 del 12 de julio de 2010, caso: L.F.P.R. contra Seguros Mercantil, S.A. y otras).

En consecuencia, de todo lo expuesto resulta evidente para esta Sala la improcedencia del alegato de la demandada sobre el decaimiento de la acción. Así se establece.

DEFECTO DE ACTIVIDAD

III

Por razones metodológicas, la Sala altera el orden del examen de las denuncias y pasa a conocer la contenida en el Capítulo III.

Al amparo del ordinal 1° del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el formalizante denuncia la infracción del ordinal 6° del artículo 243 eiusdem, por indeterminación objetiva.

Sostiene el formalizante en su escrito, que el juez de alzada al dictar sentencia, específicamente en el dispositivo de la misma en su punto “SEXTO”, ordenó la experticia complementaria del fallo con el fin de calcular la corrección monetaria de la cantidad condenada, desde la fecha de la admisión de la demanda hasta la fecha de su publicación, pero omitió mencionar los parámetros necesarios para que los peritos pudiesen ejecutar dicha experticia, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, por tales motivos considera que la sentencia recurrida adolece de indeterminación objetiva.

Para decidir la Sala observa:

Sobre el requisito de determinación de la cosa u objeto sobre la que recae la decisión, previsto en el artículo 243 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil, es criterio de esta Sala que el mismo resulta indispensable y necesario para que el fallo constituya un título autónomo y suficiente, el cual lleve en sí mismo la prueba de su legalidad y, en el supuesto de resultar definitivamente firme, sea de posible ejecución sin acudir a otros recaudos ni actas que puedan generar nuevos derechos o declaraciones no hechas en la fase de cognición. Asimismo, este requisito persigue garantizar que el contenido de la sentencia permita determinar los efectos de la cosa juzgada, siendo perfectamente posible, en virtud del principio de unidad del fallo, que tal determinación esté expresada en cualquier parte de la sentencia, no únicamente en su parte dispositiva. (Vid. Sent. N° 93 de fecha 24 de marzo de 2003, caso: R.R.G. contra C.L.D., ratificada, entre otras, en sentencias N° 294 de fecha 3 de mayo de 2006, y N° 232 de fecha 30 de mayo de 2011, caso: Porfaca Rental & Construction, C.A., contra Sistemas Modernos y Tecnología de Canadá, C.A., (Sysmotec, C.A.).

La Sala también ha señalado que cuando el juez carezca de los conocimientos técnicos necesarios, puede hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y solicitar a peritos una experticia complementaria del fallo, para lo cual debe, además, aportar los elementos necesarios para la elaboración de la mencionada experticia, tomando en consideración que los expertos llamados a complementar un fallo por vía de experticia, no pueden constituirse en jueces a la hora de realizar su tarea pericial para la cual han sido convocados, sino que deben limitase a cumplir estrictamente lo ordenado en la sentencia, razón por la cual, en el supuesto de que el juez de alzada no señalara o fueren insuficientes los lineamientos necesarios para llevar a cabo la experticia, daría lugar a la indeterminación del objeto. (Vid. Sentencia Nº 094, de fecha 26 de febrero de 2009, caso: Banco de Fomento Regional Los Andes, C.A., ahora denominado Banfoandes Banco Universal, contra V.M.R.O. y otra).

En el caso concreto, el formalizante denuncia que el juez de alzada en su sentencia no fijó los parámetros para que los peritos pudiesen ejecutar dicha experticia, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

Efectuadas las anteriores consideraciones, la Sala a los efectos de verificar la existencia del mencionado vicio, a continuación transcribe parte de la decisión recurrida la cual, sobre el punto bajo análisis, se limitó a expresar lo siguiente:

…Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA:

…Omissis…

SEXTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, se ordena una experticia complementaria del fallo a los fines de determinar la corrección monetaria de la cantidad señalada en el particular, primero de la dispositiva del presente fallo, calculado desde la fecha de admisión de la demanda, es decir, desde el día 7 de agosto de 2003, hasta la fecha de publicación del presente fallo…

.

Como puede apreciarse de la anterior transcripción parcial de la decisión recurrida, la Sala observa que efectivamente la sentencia no expresa los parámetros sobre los cuales debe efectuarse la indexación, no ordena los términos en que ha de practicarse la correspondiente experticia complementaria del fallo, a objeto de determinar el monto exacto que debe pagar la parte demandante, como consecuencia de haber resultado vencida en el presente juicio, tales como: monto de la condena, fechas límites en que fueron devengados los intereses cuyo pago no ha sido satisfecho y es objeto de condena, la tasa de interés aplicable y, cualequiera otros elementos que el juez considere indispensables para el desarrollo de las actividades técnicas de los peritos, porque la experticia complementaria constituye en definitiva con la sentencia un solo acto de procedimiento, complementándola e integrándose como una parte más de ella. (Vid. Sentencia N° 334 de fecha 2 de junio de 2005, ratificada en sentencia N° 206 de fecha 2 de mayo de 2013, caso: Banco Nacional de Crédito C.A., Banco Universal contra F.E.B.O.).

En efecto, tal como lo denunció la formalizante, no se desprende del dispositivo ni de alguna otra parte de la sentencia distinta a éste, que el sentenciador de alzada haya establecido los extremos o lineamientos que deben servir de base para la realización de la experticia ordenada, con lo cual se impide que se cuantifique de manera precisa el monto de la condena que debe cancelar en este caso la parte demandada y, en consecuencia, hace que la decisión recurrida sea inejecutable. Así se establece.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala declara procedente la denuncia de infracción del artículo 243, ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil. Así se establece.

Por haber prosperado una denuncia por defecto de actividad de las previstas en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, la Sala no entrará a decidir las restantes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del mismo Código.

D E C I S I Ó N

En fuerza de las anteriores consideraciones, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR el recurso de casación formalizado contra la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2010 y su aclaratoria, dictada en fecha 25 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, decreta la NULIDAD del fallo recurrido y su aclaratoria, y se REPONE la presente causa al estado de que el tribunal superior que resulte competente dicte nueva decisión corrigiendo el vicio aquí detectado.

Queda de esta manera CASADA la sentencia recurrida.

No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la decisión dictada.

Publíquese y regístrese. Remítase el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Particípese de dicha remisión al juzgado de origen ya mencionado, como lo prevé el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los tres (3) días del mes de julio de dos mil trece. Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

Presidenta de la Sala,

__________________________

Y.P.E.

Vicepresidenta-ponente,

_____________________________

ISBELIA P.V.

Magistrado,

___________________________________

L.A.O.H.

Magistrada,

_____________________________

AURIDES M.M.

Magistrada,

______________________

YRAIMA ZAPATA LARA

Secretario,

________________________________

C.W. FUENTES

Exp. Nro. AA20-C-2012-000749 Nota: Publicado en su fecha a las

Secretario,