España y su verdad

 
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Esta semana, el Comité contra la Desaparición Forzada de personas, reunido en Ginebra, luego de oír a las organizaciones no gubernamentales, ha examinado el informe presentado por España.Un asunto clamoroso faltaba en ese informe: el relativo a la suerte de las víctimas de la dictadura franquista. Aunque se sabe que algunas de ellas fueron ejecutadas, se ignora qué pasó con sus restos; respecto de aquellas víctimas que han aparecido sepultadas en las cunetas, con un tiro en la nuca, ni siquiera se ha permitido investigar las circunstancias de esas muertes.La tesis del gobierno español es que el comité sólo tiene competencia para conocer de desapariciones forzadas ocurridas después de la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este argumento pasa por alto que, si hay algo que caracteriza las desapariciones forzadas de personas, además de su crueldad, es su carácter permanente. De acuerdo con la Convención, mientras la desaparición no haya cesado, o no se haya esclarecido la suerte de la víctima y el paradero de sus restos, subsisten las obligaciones asumidas por los Estados en el marco de la misma.Esta Convención ¡que no ha sido ratificada por Venezuela! es la primera en reconocer expresamente y desarrollar el derecho de las víctimas y sus familiares de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos. Además, los Estados se han comprometido a velar por que su sistema legal garantice a las víctimas el derecho a una reparación adecuada, que comprenda medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Por ende, los Estados han asumido el compromiso de investigar, hasta...

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