Decisión de Juzgado Cuarto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo de Caracas, de 14 de Agosto de 2007

Fecha de Resolución14 de Agosto de 2007
EmisorJuzgado Cuarto De Primera Instancia De Juicio Del Trabajo
PonenteLisbett Bolivar Hernández
ProcedimientoCobro De Diferencia De Prestaciones Sociales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas

Caracas, catorce (14) de Agosto de dos mil siete (2007)

197º y 148º

ASUNTO: AP21-L-2005-003027.

Parte Demandante: J.E.H., venezolano y titular de la cedula de identidad N° 6.413.353.

Apoderado Judicial de la Parte Demandante: A.Á., abogada en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N°. 68.031.

Parte Demandada: UNIVERSITARIO DE MERCADOTECNIA, C.A. Sociedad Mercantil inscrita, en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 28 de abril de 1997, bajo el N° 52, tomo 209- A-SGDO.

Apoderado Judicial de la parte Demandada: A.F., abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 17.069.

Motivo: DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

I

ANTECEDENTES

La presente causa se inició por demanda incoada por el ciudadano J.E.H., contra UNIVERSITARIO DE MERCADOTECNIA, C.A, con base en los siguientes alegatos:

Que comenzó a prestar servicios para la accionada en fecha 06-10-1997, hasta el 27-09-2004, fecha en la cual se produjo la terminación de la relación de trabajo de su representado y sin haber incurrido en falta alguna de las establecidas en el artículo 102 de Ley Orgánica del Trabajo, todo lo cual debe ser tomado como un despido injustificado. Que en la fecha de ingreso tuvo 2 contratos individuales de trabajo, comprendido el primero de ellos entre el 06-10-1997 y el día 06-03-1998, por 5 meses y el segundo de ellos entre el día 20-04-1998 y el día 21-08-1998, cuatro meses hasta que al mismo se le dio ingreso en nómina de personal de la accionada, en fecha 01-10-1998.

Que la parte demandada no procedió a la cancelación de las prestaciones sociales originadas de cada uno de los contratos de trabajo por tiempo determinado. Que desde el ingreso al instituto como personal docente, dictó varias cátedras al alumnado de dicha institución tanto en el diurno como en el nocturno y en algunas oportunidades los días sábados.

Que el pago recibido por el actor como contraprestación de sus servicios como docente se realizaba por horas clases aun cuando el respectivo recibo de pago refleja pagos quincenalmente. También señala que el las horas tanto diurna como nocturna tenían el mismo valor económico, sin recibir el recargo legal por el trabajo nocturno. Que esta situación se mantuvo así hasta el mes de abril de 2004, fecha en la que el Instituto comenzó a pagar a sus docentes el bono nocturno por laborar jornada nocturna, y que a su representado el demandado le pago un concepto por bono nocturno de los años anteriores, pero que dicho pago no es representativo de lo que se le adeuda.

Que el demandado no pago en ningún momento el beneficio del cesta ticket o su equivalente, si se considera que la nómina del personal era más de 100 empleados, al igual que su mandante no fue inscrito nunca en el seguro social obligatorio, aún cuando le hacían los descuentos.

Que desde el inicio de la relación de trabajo la empresa le pagaba a los trabajadores 60 días por concepto de utilidades, más 60 días por concepto de bonificación de utilidades, la cual no está prevista en la convención colectiva. Que así el trabajador recibió en el año 2000 120 días por utilidades, al igual que en los años 2001 y 2002, pero que el año 2003 solo pagó 60 días, lo que produjo una reclamación del personal ante la Inspectoría del Trabajo.

Y que la relación de trabajo terminó por despido injustificado el 27-9-2004

Con base en lo expuesto demanda diferencias de prestaciones sociales de la forma siguiente: 1) Prestación de antigüedad, días adicionales, intereses con motivo de la incidencia del bono nocturno que la demandada no tomó en consideración para el cálculo de estos conceptos; 2) diferencia en el pago de las horas laboradas en jornadas nocturnas; 3) diferencias en el pago del bono vacacional desde 1998 a agosto de 2004; 4) diferencia en la bonificación prevista en la cláusula 20 de la convención colectiva de trabajo 1998-2001; 5) diferencias en el pago de la utilidades convencionales, y en aporte patronal de la caja de ahorros; 6) Pago del cesta tickets desde 1999 al 2004; 7) aumentos de salarios no pagados por la empresa en los años 2002, 2003 y 2004. Todos estos conceptos fueron cuantificados por la parte actora en Bs. 12.726.053,52 más intereses de mora, corrección monetaria y costas.

Admitida la demandada, agotados los trámites de notificación y no siendo posible la mediación, la parte demandada procedió a dar contestación a la demanda en los siguientes términos:

Niega rechaza y contradice:

La parte demandada negó y rechazó la fecha de ingreso alegada del 6-10-1997 por cuanto fue a partir del 1-10-1998, por cuanto inicialmente se celebró un contrato de trabajo a tiempo determinado desde el 6-10-1997 al 6-3-1998.

Que no le haya pagado al trabajador las prestaciones sociales generadas en cada contrato de trabajo celebrado.

Que haya impartido clases los días sábados, por cuanto su representada no labora los días sábados.

Que se le adeude bono nocturno, puesto que ya fue pagado pro su representada.

Que le adeude el beneficio del cesta tickets, toda vez que la jornada de trabajo del actor era parcial, por cuanto no estaba a disposición del patrono todo el día de acuerdo a lo dispuesto en los artículo 189 y 195 de la LOT.

Que los docentes por su naturaleza son profesionales a disposición de varios patronos, ya que dictan clases en varios institutos universitarios.

Que se le adeude la demandante los montos reclamados por utilidades, por cuanto fueron pagados en su oportunidad legal para ello, y según lo dispuesto en la convención colectiva, 60 días por año.

Que si cierto que durante tres años la empresa le concedió a los trabajadores una bonificación especial de 60 días debido a que en esos períodos obtuvo beneficios líquidos en sus ejercicios anuales, pero que esa situación en ningún caso compromete a la empresa a seguir pagando a sus trabajadores 4 meses de utilidades, ya que no constituye menoscabo a los derechos y principios laborales.

Niega y rechaza que su representada haya incumplido con un supuesto aumento salarial indicado en la cláusula 20 de la convención colectiva, y que supuestamente ascendiera a un 40%, por cuanto la empresa cumplió con lo dispuesto en la convención colectiva en sus cláusulas 19 y 20 respectivamente, y no dejó de cumplir con los años posteriores al vencimiento de la convención, años en que el actor confiesa haber recibido aumentos, pero que no puede pretender que sean en el mismo porcentaje que el establecido en la citada convención que ya no estaba vigente.

Finalmente, negó y rechazó que se le adeuden las diferencias demandadas por prestaciones sociales.

Vista la pretensión deducida y los términos en que quedó trabada la litis, hacen que la presente controversia se encuentra circunscrita a determinar: 1) La procedencia de las diferencias demandas por bono nocturno, y su impacto en los conceptos demandados; 3) La diferencia en el pago de las utilidades convencionales en los años 2003, y 2004; 4) El pago del beneficio de cesta-tickets desde 1999 al 2004; y 5) Los aumentos de salarios conforme a lo dispuesto en las cláusulas 19 y 20 de la convención colectiva. Así se decide.

II

DE LAS PRUEBAS

De la Parte Actora:

Pruebas documentales: Las cuales corren insertas a los folios N° 38 al 103 del presente expediente, las cuales se analizan a continuación: Del folio 39 al 57 rielan recibos de pago de salarios y otros conceptos, marcados, C, D, E, F, G, H e I, copias de las solicitudes formuladas por los profesores al Instituto y ante el Inspector del Trabajo, Ministerio de Educación Superior en reclamo del pago del bono nocturno y del cesta tickets, así como las actas levantadas en la sede de la Inspectoría del Trabajo el 7-7-2004 y 20-7-2004, en el que el actor en nombre de un grupo de trabajadores exigen al patrono el cumplimiento del pago del bono nocturno, pago de utilidades, cesta tickets, y otros beneficios previstos en la convención colectiva de trabajo, y la segunda en la que intervino el patrono dio respuesta a la reclamación intentada por los trabajadores, comprometiéndose a honrar los compromisos del bono nocturno que falta por pagar y las utilidades del ejercicio 2003 de acuerdo al flujo o la disponibilidad de caja, y que con relación al cesta tickets dicha petición debía ser consultada con la directiva del Instituto. Por cuanto estos instrumentos no fueron objeto de impugnación ni desconocimiento, los mismos se valoran conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Adjetiva Laboral, desprendiéndose de los mismos, que el actor solo en el año 2004 recibió pago del bono nocturno, que con relación a dicho bono el demandado se comprometió en la Inspectoría del Trabajo a pagar lo que faltaba, y a honrar el pago de las utilidades en el año 2003 de acuerdo a la disponibilidad de fondos, no estableciendo compromiso alguno respecto al pago del cesta tickets. Así se establece.

Del folio 92 al 103, riela la convención colectiva de trabajo 1998-2001 que ampara a los trabajadores de la demandada, la cual será valorada como fuente de derecho y no de hechos, dado su carácter normativo, y así se establece.

Prueba de Exhibición: Relacionados con recibos de pagos de salarios, comunicaciones emanadas de la demandada de fecha 25-11-2003 en la que se hace del conocimiento al personal docente que labora en el turno de la noche el pago del bono nocturno docente, así como la bonificación adicional de 60 días por utilidades. La parte demandada expresó las razones por las cuales no exhibía, entre otros, por aceptar las copias de los recibos de pago que cursan en autos y por haber sido ya consignados por la demanda.

Visto que la representación judicial de la accionada no presentó los instrumentos solicitados, y visto asimismo que las copias de los instrumentos constan en autos, este Juzgado conforme a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece que se tendrán como exacto las copias promovidas por la parte actora, las cuales fueron objeto de valoración ut supra, dándose por lo tanto reproducido el mérito probatorio que se desprenden de las mismas, y así se establece.

Prueba de experticia contable: En virtud de la renuncia de los expertos, la parte promovente desistió de dicha prueba, razón por la que no hay nada que valorar y así se establece.

Prueba de informes: al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital, cuyas resultan no constan en autos, razón por la que no hay nada que valorar y así se establece.

Prueba testimonial: Fue promovida la declaración de la ciudadana Z.P.M., para el reconocimiento de documentos. Este medio de prueba no puede ser objeto de valoración por la incomparecencia del testigo.

De la parte Demandada:

Prueba Documental: Las cuales que corre inserta al folio N° 109 al 153 del presente expediente. Por cuanto estos instrumentos no fueron impugnados ni desconocidos, se valoran conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, desprendiéndose de los mismos los hechos siguientes: que el día 6-10-2997 el Instituto celebró con el hoy accionante, contrato de trabajo por tiempo de determinado por 10 horas de clases semanales hasta el 6-3-1998, fijándose una contraprestación por horas de clases efectivamente dictada, pagaderos quincenalmente, que en fecha 4-3-1998 recibió el actor pago prestaciones sociales por Bs. 65.084 por el contrato de trabajo antes valorado; que el 20-4-1998 celebró otro contrato de trabajo por 18 horas semanales hasta el 21-8-1998, y que el 2-9-1998 recibió Bs. 179.214 por prestaciones sociales; que el 22-9-2004 el demandado le notificó al actor su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo que hasta la fecha lo había vinculado con el trabajador, recibiendo el 21-9-2004, el pago de Bs. 2.987.819,77 por prestaciones sociales, dejándose constancia del pago de bono nocturno sin especificar a que período correspondía. Así se establece.

Del folio 138 al 142 cursan instrumentos sin firma, emanados de la demandada, los cuales se desechan por no ser oponibles al actor y así se establece.

Del folio 143 al 148 cursan horarios de clases emanados de la demandada correspondiente al año 2004, en los que se evidencia que el actor cumplía jornada diurna y nocturna. Así se establece.

Y del folio 149 al 153 rielan copias de instrumentos relacionados con solicitudes de retiro de prestaciones sociales y préstamos, los cuales se desechan del proceso por no constituir un hecho controvertido que el actor solicitó adelantos a cuenta de sus prestaciones sociales, y así se establece.

Pruebas ordenadas de Oficio:

Conforme a lo establecido en el artículo 156 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a instancia de la parte accionada, se acordó la consignación de un informe de auditoria elaborado por auditores externos contratados por la empresa, y se ordenó la presentación de las copias selladas como recibidas por el Seniat de las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta de los años 2002, 2003 y 2004.

En la prolongación de la audiencia de juicio, se procedió a la evacuación de las pruebas acordadas y ordenadas de oficio, las cuales rielan en autos del folio 191 y siguientes de la pieza principal.

Siendo la oportunidad para valorar los citados instrumentos con vistas a los comentarios de las partes, expresados en la prolongación de la audiencia de juicio, esta sentenciadora establece que con relación a las copias de la declaración del impuesto sobre la renta de los ejercicios fiscales 2002, 2003 y 2004, los mismos se aprecian conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Adjetiva Laboral, desprendiéndose de los mismos que los ejercicios 2003 y 2004 el demandado reportó ganancias, y que en el año 2003 reportó pérdidas. Así se establece. Y que en relación con el informe de auditoria el mismo también se aprecia aún cuando emana de un tercero que no es parte en el juicio ni ha sido ratificado mediante la prueba testimonial, pero constituye un indicio que junto a las planillas de declaración de impuesto ya analizadas, se constata que en el año 2003 no hubo ganancias, y así se establece.

DE LA DECLARACIÓN DE PARTE:

Quien decide, haciendo uso de la facultad conferida por el artículo 103 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, interrogó a las partes, por un lado al apoderado judicial de la demandada, ya identificado en autos, y por la otra al actor, extrayéndose de sus declaraciones los hechos siguientes: El actor manifestó que la jornada convenida con la demandada fue primero para impartir clases en la mañana y en la noche, que tenía una carga académica diarias de 8 a 9 horas diarias promedio. Que el valor de la hora diurna era igual al de la nocturna. La parte demandada afirmó que no era cierto que el trabajador laborara 8 a 9 horas diarias, pues eran 2 o 3 semanales, nunca fue regular y permanente. Que los aumentos fueron honrados según lo dispuesto en la convención colectiva. Que la obligación convencional del pago de utilidades son 60 días de salario anual y que hasta el año 2001 se pagaron 120 días porque había utilidades. Así se decide.

III

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Vista la pretensión deducida y los términos en que quedó trabada la litis, hacen que la presente controversia se encuentra circunscrita a determinar: 1) La procedencia de las diferencias demandas por bono nocturno, y su impacto en los conceptos demandados; 3) La diferencia en el pago de las utilidades convencionales en los años 2003, y 2004; 4) El pago del beneficio de cesta-tickets desde 1999 al 2004; y 5) Los aumentos de salarios conforme a lo dispuesto en las cláusulas 19 y 20 de la convención colectiva. Así se decide.

El primer lugar corresponde a este Juzgado pronunciarse sobre la procedencia del pago de las diferencias del bono nocturno demandado, así como su incidencia o impacto en los conceptos que ya fueron objeto de pago por parte del Instituto accionado.

Así las cosas observa esta sentenciadora que el derecho al recargo legal o convencional por laborar jornada nocturna, procede cuando el trabajador presta sus servicios a partir de las 7:00 p.m, y si la jornada es mixta, porque comprende una parte diurna y otra nocturna, se considerará nocturna cuando el período nocturno es mayor a 4 horas, todo ello según lo prescrito en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En este mismo orden de ideas, prevé el artículo 156 ejusdem que la jornada nocturna se pagará con un recargo legal del 30%, por lo menos, sobre el salario convenido para la jornada diurna. De allí, que en aplicación de esta disposición, se debe tener como referencia el valor del salario hora para la jornada diurna, a los fines de establecer el citado recargo.

En el caso de autos, quedó establecido del examen de las pruebas que el actor desde que inició su relación de trabajo el 6-10-1997, tal y como lo alegó en su escrito libelar, convino con su patrono un número de horas de clases semanales, las cuales podían prestarse tanto en horas diurnas como nocturnas. Asimismo, quedó establecido como un hecho en el proceso, que la demandada reconoció a los docentes en el año 2004 el pago de la mencionada bonificación, y que por ello realizó ciertos pagos; sin embargo, lo que se discute en este juicio, es que lo pagado por el empleador fue incompleto, razón por la que se demanda no solo la diferencia de los bonos no pagados desde 1997, sino su incidencia en todas las prestaciones y beneficios de orden legal y contractual causados durante la vigencia y al término de la relación de trabajo.

Como constituía carga de la prueba por parte de la accionada, de demostrar en primer lugar que efectuó el pago completo y conforme a la ley, y en segundo lugar, que el bono nocturno fue considerado como salario para la determinación de los derechos y demás beneficios causados durante la vigencia de la relación de trabajo, y el pago de las prestaciones sociales. Al no haber cumplido la accionada con dicha carga, debe forzosamente condenar este Juzgado al pago del bono nocturno causados durante la vigencia de la relación de trabajo desde el 6-10-1997 al 27-9-2004, para lo cual se ordena una experticia complementaria del fallo, debiendo el experto tomar en cuenta las jornadas nocturnas laboradas, y sobre la base del salario hora convenida para cada período, establecer el recargo del 30%. Una vez efectuados dichos cálculos, se procederá a establecer los salarios normales devengados por el trabajador en cada período para determinar las diferencias que deban pagarse por vacaciones, bono vacacional y utilidades convencionales y el pago de la bonificación prevista en la cláusula 20 de la convención colectiva y el aporte patronal a la caja de ahorros, así como el salario integral base de cálculo de la prestación de antigüedad, días adicionales e interese sobre prestaciones sociales. Así se decide.

Con relación al pago de la diferencias de utilidades, específicamente, la pretensión de pago de la bonificación adicional a los 60 días de salarios pactados convencionalmente, se establece que en efecto, tal y como lo adujo la accionada, la obligación asumida en la convención colectiva y que constituye por tanto un derecho de los trabajadores se circunscribe al pago de 60 días de salario, haya o no beneficios líquidos en el ejercicio fiscal de que se trate.

Si bien es cierto que el Instituto en virtud de las ganancias obtenidas en determinado año decidió unilateralmente pagar una bonificación adicional de 60 días de salario más a los 60 previstos convencionalmente, no por ello, puede afirmarse que exista un derecho adquirido de los trabajadores, pues ese excedente está sujeto a que existan beneficios que repartir entre los trabajadores conforme a lo previsto en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo.

En el caso de autos, quedó demostrado por las pruebas solicitadas de oficio, las declaraciones del impuesto sobre la renta de los años 2002, 2003 y 2004, que en el año 2003 la empresa reportó pérdidas, de allí que no puede prosperar la pretensión de pago de la bonificación adicional por utilidades en este período. Y en relación con el ejercicio del año 2004, año en el que finalizó la relación de trabajo, al haberse demostrado que si hubo ganancias, debe esta sentenciadora declarar que el actor tiene derecho a un pago proporcional sobre los 60 días adicionales, al tiempo de servicios que fue de 9 meses en ese ejercicio, correspondiéndole 30 días de salarios por este concepto y así se decide.

Por lo que respecta al beneficio del cesta tickets previsto en La Ley Programa de alimentación para los Trabajadores de 1998, ley vigente para el tiempo en que el actor prestó sus servicios, esta sentenciadora para resolver este punto controvertido, acoge el criterio sentado por el Juzgado Quinto Superior de Trabajo de este Circuito Judicial en sentencia de fecha 30-7-2007, dictada en el Recurso AP21-R-2007-734, resolvió en un caso similar al de autos, y que seguidamente cita:

El segundo aspecto de la apelación, relativo a la improcedencia del pago del Cesta Tickets, es un punto de mero derecho, por cuanto la demandada sostiene que el actor tenia una jornada parcial, y que solo en los supuestos de trabajadores que cumplan la jornada de trabajo en base a las previsiones del artículo 90 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es que se hace merecedor de tal beneficio.

A la luz de los términos de dicha disposición constitucional, la cual establece el límite máximo de jornada diurna y nocturna, prohibiendo superar tales limites, y así ha sido interpretado por la Sala Constitucional, sosteniendo que están exceptuadas las jornadas especiales previstas en la Ley Orgánica del Trabajo (Sentencia N° 1183 de fecha 03 de julio de 2001, Caso: R.P. B), más en nada distingue en cuanto a las jornadas inferiores a dicho límite, por cuanto, tal como lo indica el artículo 189 de Ley Orgánica del Trabajo, se debe entender por jornada de trabajo “…el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrono y no puede disponer libremente de su actividad y de sus movimientos…(sic)..Se considera que el trabajador está a disposición del patrono desde el momento en que llega al lugar donde deba efectuar su trabajo, o donde deba recibir ordeñes o instrucciones respecto al trabajo que se ha de efectuar en cada día, hasta que pueda disponer libremente de su tiempo y de su actividad.”. Tenemos así, que en este caso la demandada pretende que el cesta ticket se genera sólo cuando el trabajador cumple la jornada completa prevista constitucionalmente, y señala que la ley nada indica de las jornadas parciales, por lo que debe entenderse que al hablarse de jornada se refiere a la prevista en el 90 ejusdem.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela solo establece los límites, mas no indica que no es jornada de trabajo, las horas laboradas por menos tiempo. La jornada efectivamente laborada en el caso del actora era la pactada para dar las horas académicas, para lo cual fue contratada, y bajo cuyas condiciones se pacto la prestación del servicio; así se desprende claramente de algunos recibos de pago ( folios 72 al 85), e incluso de los cronogramas de clases (Horarios de Profesores- folios 70 y 71, 156 al 161), se evidencian los horarios, donde se observa que la parte actora cumplía con una Jornada de trabajo efectiva, determinada por el numero de horas de clase académica convencionalmente pactadas por las partes contratantes, las cuales oscilaban entre 26 a 34 horas semanales según los cronogramas; ésa era su jornada de trabajo efectiva, que efectivamente no supera el tope máximo previsto en la Constitución, más no por tal razón no estamos ante una jornada efectiva de trabajo. La intención del legislador no puede ser vista disgregada, a la luz de una normativa la normativa laboral que concibe beneficios en desigualdad, bajo el presunto pretexto de discriminación laboral; así que la interpretación de la ley vigente para la época Ley Programa Alimentación, debe ser integradora no discriminatoria, es decir, que efectivamente el beneficio le toca a todos los trabajadores, indistintamente del numero de horas trabajadas efectivamente, por cuanto las únicas excepciones de no procedencia del beneficio las contemplaba taxativamente la ley. A criterio de esta Alzada, es que el problema de la jornada se interpreta en cuanto a la proporcionalidad del beneficio, bajo los parámetros cuantitativos de la legislación aplicable, es decir, que el patrono deba pagar total o parcial el beneficio, bajo los topes para su pago en unidades tributarias ( 0,25% o 0,50%). Interpretar la norma a la vigencia del 99 tenemos que tengo un trabajador que tiene una jornada de 8 horas, y uno que tiene 5 ó 6 horas diarias, debo diferenciar el monto del pago, en base a la proporción más no a la exclusión del beneficio; así que, la interpretación que esta juzgadora da, es que mal podría entenderse que el legislador quería excluirlos, sino que el trabajador que trabaja la jornada completa limite constitucional, se le pague con el 0,50 y el que trabaje menos se paga a razón del 0,25% de la UT; más aún, si bien el cesta ticket no tiene carácter salarial, es un beneficio alimenticio, para mejorar la condición de vida del trabajador. En consecuencia, en este caso la interpretación correcta de la normativa de la ley programa de alimentación vigente para enero de 1999, no es una interpretación de excluir sino de diferenciar, lo que ahora si hizo el legislador en la ley de alimentación y su reglamento, que proporciono el beneficio, diferenciando la jornada parcial de la total constitucional, así como las jornadas que exceden del limite legal y constitucional.

En este caso al actora le toca el cesta ticket, eso sí el único parámetro legal que podría utilizar para que no exista desproporción es que a ese tipo de jornadas se le de el 0,25% del valor de la unidad tributaria, cancelable en los días que efectivamente cumplió con la jornada pactada, es decir, si no trabajó algún día no se le paga. En consecuencia, se confirma la sentencia de instancia, con la modificación en los motivos y la base de calculo no será la referida por la a quo sino la del 0,25% y a razón del valor de la unidad tributaria vigente para la época en que se causó el beneficio. Todo lo cual será determinado por experticia complementaria del fallo, en los mismos parámetros del a quo. ASI SE ESTABLECE.

En atención a lo precedentemente expuesto, este Juzgado establece que en efecto, al demandante le asistía el derecho de gozar del beneficio, aún cuando prestara servicios en jornadas inferiores a 8 horas diarias, pero lo cierto es que en efecto, prestó sus servicios en la jornada convenida con su empleador, de allí que debe condenarse al demandado al pago del equivalente en dinero del beneficio del cesta ticket por cada jornada efectivamente laborada, sobre la base del 0,25% del valor de unidad tributaria vigente para el momento de su determinación a partir del 1-01-1999 hasta la fecha de culminación de la relación de trabajo 27-9-2004, lo cual será calculados por experticia complementaria del fallo a realizarse por un solo experto contable designado por el Tribunal al que el corresponda la ejecución a costa del demandado.

Finalmente, por lo que se refiere a los aumentos solicitados por el demandante en cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas 19 y 20 de la convención colectiva de trabajo para los años 2002, 2003 y 2004, cuando la citada convención colectiva estuvo vigente hasta el año 2001, debe decirse que según lo establecido en el artículo 524 de la LOT, una vez vencido el período de la convención, como en el caso de autos, las estipulaciones económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores continuarán vigentes hasta tanto se celebre otra convención que la sustituya.

No obstante lo expresado, debe aclararse que esas estipulaciones económicas, y sociales, no implican que el patrono tenga la obligación de otorgar en el mismo porcentaje pactado para el período de vigencia de la convención, toda vez que ello tiene relación con la planificación que ya previamente antes de celebrarla, se ha hecho respecto a los costos que representa para el empleador los aumentos a los cuales se obliga.

En el caso de autos, quedó demostrado que el patrono si concedió aumentos salariales una vez vencida la convención colectiva, pero en menor proporción que los que se habían fijado en las mencionadas cláusulas, de acuerdo con sus posibilidades económicas.

En consecuencia, debe esta sentenciadora declarar improcedente la pretensión de condena al demandado al pago de unas diferencias de salarios, basadas en lo dispuesto en las cláusulas 19 y 20 de la tantas veces mencionada convención, por no constituir una obligación y por lo tanto, exigible, y así se decide.

IV

DECISIÓN

Por los razonamientos que anteceden, éste Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda, incoada por el ciudadano J.E.H., contra el INSTITUTO DE UNIVERSITARIO DE MERCADOTECNIA, C.A. En consecuencia, se condena al demandado pago de las diferencias que surjan en la pago de la prestación de antigüedad, días adicionales, intereses sobre la prestación de antigüedad, bonos vacacionales, utilidades, aporte a la caja de ahorros, bonificación prevista en la cláusula 20 de la convención colectiva, con base a la incidencia del bono nocturno causado, el cual deberá ser calculado por experticia complementaria del fallo. De igual forma se condena a la demandada al pago 30 días de salario por utilidades en el ejercicio 2004, así como el pago del cesta ticket por cada jornada efectivamente laborada, sobre la base del 0,25% del valor de unidad tributaria vigente para el momento de su determinación a partir del 1-01-1999 hasta la fecha de culminación de la relación de trabajo. Todos estos conceptos serán calculados por experticia complementaria del fallo a realizarse por un solo experto contable designado por el Tribunal al que el corresponda la ejecución a costa del demandado.

SEGUNDO

Se condena al pago de la corrección desde la fecha de la notificación a la demandada hasta la efectiva ejecución de la sentencia. Así mismo se condena al pago de los intereses de mora, desde la culminación de la relación de trabajo hasta la efectiva ejecución del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 92 constitucional.

TERCERO

Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.

PUBLÍQUESE, y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los catorce (14) días del mes de agosto de 2007. AÑOS: 197° de la Independencia y 148° de la Federación.-

LA JUEZA,

L.B.H.d.Q.

La Secretaria,

D.C.D.

NOTA: En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión.

La Secretaria

D.C.D.

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