Decisión de Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 19 de Noviembre de 2009

Nº 979

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR OCTAVO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL CON SEDE EN CARACAS.

El dieciocho (18) de marzo de 2009 fue presentado por ante el Tribunal Superior Octavo Contencioso Administrativo de la Región Capital (Distribuidor), Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial por la abogada G.G. Sigüenza, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 101.842 en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana E.C.R.H., titular de la Cédula de Identidad Nº 6.732.722 en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Previa distribución el 23 de marzo de 2009, correspondió a este Juzgado conocer de la presente causa, quedando registrado bajo el Nº 979.

I

ALEGATOS DEL QUERELLANTE

La querellante en su escrito libelar expone que su representada ingresó a prestar servicios en la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda, el 01/02/2006, desempeñando el cargo de Enlace Registro y Alcaldía su último sueldo de (Bs.F. 800,00), hasta el 18 de diciembre de 2008, donde su apoderada presentó su renuncia del mencionado cargo.

Aduce que por antigüedad acreditada le corresponde a su representada la cantidad de Cuatro Mil Seiscientos Dieciocho Bolívares Fuertes con Cincuenta y Cinco Céntimos (Bs. F. 4.618,55) sumado a esto las vacaciones no canceladas correspondiente al período 2007 2008 de 40 días a razón de Veinte Seis Bolívares Fuertes con Sesenta y Seis Céntimos (Bs. F. 26,66), resultando la cantidad de Mil Sesenta y Seis Bolívares Fuertes con Cuarenta Céntimos (Bs. F. 1.066,40) mas vacaciones fraccionadas correspondiente al periodo 2008/2009 que corresponden Treinta y Tres puntos Treinta y Tres (33,33) días a razón de veintiséis Bolívares con Sesenta y Seis Céntimos (26,66) resultando la cantidad de Ochocientos Ochenta y Ocho Bolívares con Cincuenta y Ocho Céntimos (Bs. 888,58) mas los intereses de prestaciones sociales equivalentes a la cantidad de Mil Trescientos Cuarenta y Un Bolívares Fuerte con Diecinueve Céntimos (Bs. F. 1341,19), los cuales totalizan la cantidad de Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Bolívares Fuerte con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. F. 6.848,42).

Finalmente solicita sea declarada con lugar la presente querella y se condene a la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Bolivariano de Miranda cancelarle a su representada la cantidad de Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Bolívares Fuertes con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. F. 6.848,42), Igualmente que se tome en cuenta los intereses de mora contados a partir del (19/12/2008), calculados según la tasa entre la activa y la pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela hasta la sentencia definitivamente firme.

II

CONSTESTACION DEL RECURSO

En la oportunidad de dar contestación a la presente querella el Apoderada Judicial del Municipio Bolivariano J.A.P., expone que su representada en ningún momento se ha negado a cancelarle y que si bien es cierto la ex trabajadora no ha acudido ni por si ni por medio de apoderado judicial a reclamar sus prestaciones sociales.

Alega que la querellante no es funcionaria pública por lo que es incompetente este Tribunal para decidir con relación al cobro de prestaciones, en virtud de haber manifestando la misma accionante en su escrito de su querella funcionarial que se desempeñaba como Enlace Registro y Alcaldía de la Dependencia de Sindicatura Municipal, sin que haya constancia en los archivos de recursos humanos de que haya ingresado a dicho cargo por concurso.

Señala la parte querellada que en el presente caso no estamos en presencia ante un funcionario público ni de carrera ni de libre nombramiento y remoción por lo que considera incompetente a este Tribunal para decidir con relación al cobro de sus prestaciones por serle aplicable la Ley Orgánica del Trabajo y no la Ley del Estatuto de la Función Pública, por lo que la ex trabajadora debería dirigirse a la jurisdicción laboral a interponer su acción, ya que al no ser funcionario de libre nombramiento y remoción y no haber ingresado a la administración pública previo concurso, se debe someter a la jurisdicción laboral ordinaria.

Que es obligación de todo aquel que pretende interponer un recurso en Jurisdicción Contencioso Administrativo, agotar previamente la vía Administrativa, por constituir ello, unos de los privilegios de los entes públicos.

Igualmente arguye que de ser considerado el pago por este Tribunal, no puede procederse hasta tanto la querellante no demuestre haber presentado su Declaración Jurada de Patrimonio.

Niega que su representada adeude a la querellante todas y cada unas de las cantidades reclamadas.

Alega que lo que le corresponde por concepto de prestaciones sociales la cantidad de Seis Mil Quinientos Seis Bolívares Fuertes Con Noventa y Seis Céntimos (Bs. F. 6.506,96) en virtud de los conceptos que pasa a discriminar a continuación:

Por concepto antigüedad acumulada correspondiente al primer año de servicio: Un Mil Doscientos Veintinueve Bolívares Fuertes con Noventa Céntimos (Bs. F. 1.229,90).

Antigüedad acreditada correspondiente al segundo año de servicio: Un Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco Bolívares con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. F. 1.655,42).

Antigüedad acreditada correspondiente al tercer año de servicio Un Mil Seiscientos Sesenta y Seis Bolívares Fuertes con Sesenta y Siete Céntimos (Bs. F. 1.666,67).

Bono vacacional correspondiente al período 2008/2009, correspondiente a 40 días a razón de Veintisiete Bolívares Fuertes con treinta y Tres Céntimos (Bs. F. 27,33), cada uno para un monto de Un Mil Sesenta y Seis Bolívares Fuertes con Cuarenta Céntimos (Bs. F. 1.066,20) y los intereses sobre prestaciones sociales por un monto de Un Mil Ciento Ocho Bolívares Fuertes con Veintiún Céntimos (Bs. F. 1.108,21).

Finalmente solicita que el presente escrito sea admitido sustanciado y que en la definitiva sea declarado sin lugar la presente querella.

III

DE LA MOTIVACIÓN

Expuestos como han sido los extremos del presente litigio, corresponde a esta Juzgadora pronunciarse previamente sobre la incompetencia y el agotamiento de la vía administrativa alegada por la parte recurrente, en los siguientes términos:

Expuso el apoderado judicial del Municipio la incompetencia de este Juzgado, en virtud que la querellante no es funcionaria pública, por no haber ingresado mediante concurso público, y que el referido cargo no es de libre nombramiento y remoción.

Del análisis al escrito de contestación observa esta Sentenciadora en relación a este punto, que la representación judicial se limitó a exponer una serie de alegatos que por sí resultan ambiguos, toda vez que señala que la hoy querellante no es “funcionaria pública”, razón por la cual no le resulta aplicable la Ley del Estatuto de la Función Pública, sino en su defecto la Ley Orgánica del Trabajo.

Riela en los folios siete (07) renuncia irrevocable de fecha 18 de Diciembre de 2008, presentada por la hoy querellante al Cargo de Enlace entre La Alcaldía y el Registro Subalterno el cual ha venido desempeñando como Secretaria en la Dirección de la Sindicatura Municipal, así como corre inserto en el folio seis (06) la designación del cargo de la mencionada ciudadana E.C.R.H. suscrita por la Dirección de Personal de la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Miranda.

Resulta preciso señalar lo que se entiende por funcionario público: “El/la funcionario/a es aquel trabajador que desempeña funciones en un organismo del Estado, que puede representar a cualquier poder público que exista, ya sea el legislativo, el ejecutivo o el judicial. El funcionario público, para el ejercicio de sus funciones públicas, está vinculado al aparato estatal mediante un régimen de Derecho público”. (Wikipedia)

Por otra parte el autor Bielsa sostiene: "la realización o actuación de los f.d.E. no se concibe sin la actividad intelectual o física de personas que, en sentido lato, son sus agentes, es decir, funcionarios o empleados según el carácter jurídico de la actividad que realicen y según la naturaleza de la relación jurídica que los vincule con el Estado".

Siendo así podemos afirmar, que funcionario público es aquel que realiza una función pública dentro de la estructura del Estado, independiente de la naturaleza jurídica que los vincule con él.

En este orden de ideas tenemos, que nuestra legislación p.r.d. manera diferente la relación laboral de los funcionarios públicos con el Estado Venezolano, en atención a la naturaleza de las funciones que ejerce y su forma de ingreso. Es así como la Ley del Estatuto de la Función Pública en su artículo 19, 37, 38 y 39, y el artículo 146 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecen:

Ley del Estatuto de la Función Pública

Artículo 19. “Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre nombramiento y remoción.

Omissis”

Artículo 37. “Sólo podrá procederse por la vía del contrato en aquellos casos en que se requiera personal altamente calificado para realizar tareas específicas y por tiempo determinado.

Se prohibirá la contratación de personal para realizar funciones correspondientes los cargos previstos en la presente Ley.”

Artículo 38. “El régimen aplicable al personal contratado será aquel previsto en el respectivo contrato y en la legislación laboral.”

Artículo 39. “En ningún caso el contrato podrá constituirse en una vía de ingreso a la Administración Pública.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Artículo 146. Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los contratados y contratadas, los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública y los demás que determine la ley.

El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principio de honestidad, idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema de méritos, y el traslado, suspensión y retiro será de acuerdo con su desempeño.

De la interpretación armónica de las normas supra transcritas se colige entre otras cosas, que los funcionarios públicos podrán ser de carrera, de libre nombramiento y remoción, de elección popular y contratado por vía de excepción, que la única vía de ingreso a los cargos de carrera será por concurso público, que los funcionarios de carrera y de libre nombramiento y remoción, serán funcionarios los que estarían regulados por el Estatuto de la Función Pública, mientras que el personal contratado por las cláusulas contractuales y por la Ley Orgánica del Trabajo.

Precisado lo anterior y visto lo probado en autos, este Juzgado considera que la querellante si ostentaba la condición de funcionario público, ejerciendo funciones en un cargo de carrera.

Sin embargo, resulta imprescindible indicar lo siguiente: Del contenido del escrito aquí en comento, infiere esta Sentenciadora que pretendió la representación judicial de la querellada, controvertir la condición de funcionario de carrera de la querellante, en virtud que no ingreso por concurso público. Con relación a este punto, en reciente jurisprudencia de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil ocho (2008), caso O.A.E.Z.V.. Cabildo Metropolitano de Caracas, estableció que aquellos funcionarios que ingresen a cargos de carrera, sin mediar concurso público gozarán de estabilidad relativa hasta tanto se realice el mismo, es decir, por no haber ingresado por concurso no deja de ser funcionario público, toda vez, que la realización del concurso es de exclusiva responsabilidad de la Administración.

Pero también señaló la parte recurrida, lo que ha venido sosteniendo la jurisprudencia con relación al régimen aplicable al personal contratado, pero limitándose como en el punto anterior, ha presentar alegatos por demás ambiguos, sin traer a los autos pruebas que confirmen una u otra teoría, en resumidas cuenta se constriñó a indicar la condición que no ostentaba la hoy querellante, pero no señaló ni probó bajo que condiciones ingreso al organismo. En consecuencia debe este Órgano Jurisdiccional desestimar la incompetencia alegada. Así se declara.

En cuanto a que no agoto la vía administrativa. En tal sentido observa el Tribunal que en el presente caso estamos en presencia de una querella funcionarial regida por la Ley del Estatuto de la Función Pública (artículo 92) y no ante una demanda contra la República de contenido patrimonial, caso en el cual sí es necesario agotar ese procedimiento, no así en este caso, habida cuenta que la Ley del Estatuto de la Función Pública no requiere el agotamiento de procedimiento administrativo alguno para que los funcionarios puedan querellarse por ante la vía judicial, por el contrario su artículo 92 determina con toda claridad que sólo es procedente el recurso jurisdiccional, de allí que la inadmisibilidad aducida es infundada, y así se decide.

Precisado lo anterior, pasa esta Juzgadora a pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Pretende la actora la cancelación de la cantidad de Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Bolívares Fuertes con Cuarenta y Dos Céntimos (Bs. F. 6.848,42) por concepto de prestaciones sociales, vacaciones 2007/2008 2008/2009, intereses de prestaciones, mas los intereses de mora contados a partir de la fecha del Diecinueve (19) del mes de Diciembre del año 2008.

Que como quiera que la parte accionada, reconociera que adeuda los conceptos reclamados por prestaciones sociales y vacaciones no disfrutadas y las fraccionadas, pero difiere de los montos reclamados, se ordena el pago de las mismas. Así se declara.

De los interés moratorios: Es sentencia reiterada de lo contencioso administrativo, según lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que las prestaciones sociales son créditos de exigibilidad inmediata, y toda mora en su pago genera intereses, que deben cancelarse conforme a la Ley.

Siendo necesario precisar que si bien es cierto, no existe norma legal en nuestra legislación que expresamente fije la rata de intereses en tales casos debe el Juzgador, de conformidad con el argumento sistemático, aplicar aquella que mas asemeje en razón a la naturaleza de la obligación de que se trate.

En tal sentido, la Ley Orgánica del Trabajo consagra cual es el interés que ha de cancelársele al trabajador en razón del depósito que exige la Ley de sus prestaciones sociales y para el caso en comento es el artículo 108, literal “c”.

Ahora bien, observa esta Juzgadora en el folio siete (07) carta de renuncia efectiva desde el 18 de Diciembre de 2008 y no evidenciándose en autos el pago por tal concepto, queda demostrado la dilación en el pago de las prestaciones sociales, lo cual genera a favor del querellante los intereses moratorios según lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero como quiera que la Administración opuso que la querellante no ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción, en cuanto a la presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio, requisito sin el cual no puede ordenar el pago de las prestaciones sociales de Ley, de conformidad con el numeral 7, artículo 33 eiusdem, es procedente el pago de los intereses de mora desde la fecha de su egreso hasta la efectiva cancelación de las prestaciones adeudadas, con exclusión del lapso de mora del querellante en la presentación de la correspondiente Declaración Jurada de Patrimonio, es decir, desde su egreso hasta la fecha de presentación de la referida declaración jurada, tal como lo establece el citado artículo 23.

De la concatenación de los hechos probados en autos con los fundamentos jurídicos aquí expuestos, se ordena el pago por concepto de los intereses moratorios producidos desde el Veintiséis (26) de Junio de 2009, fecha en la cual fue recibida por la Dirección de Personal de la Alcaldía del Municipio Páez Comprobante de Recepción Declaración Jurada de Patrimonio el cual consta en el folio 57 del presente expediente, calculados en base al monto de prestaciones sociales y a una rata de interés de conformidad con lo establecido en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, así se declara.

Solicitó la parte accionada pronunciamiento en cuanto a las costas procesales, cabe destacar que las normas sobre la condena en costas, se encuentran en el Código de Procedimiento Civil, cuando el artículo 274 establece: “A la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia, se le condenará al pago de las costas”, siendo que la presente causa se decidió Con Lugar, se niega cualquier pretensión relacionada con la condenatoria en costa. Así se declara.

A los fines de determinar con toda precisión el monto en bolívares que ha de pagarse al accionante, este Juzgado ordena practicar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, así se declara.

IV

DECISIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara:

Con Lugar la querella funcionarial interpuesta por la abogada G.G. Sigüenza, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 101.842 en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana E.C.R.H., titular de la Cédula de Identidad Nº 6.732.722 en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Se ordena el pago por concepto de los intereses moratorios producidos desde el Veintiséis (26) de Junio de 2009, fecha en la cual fue recibido por la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Miranda la Declaración Jurada de Patrimonio consignada por el hoy querellante, hasta la fecha efectiva de cancelación, calculados en base al monto de prestaciones sociales y a una rata de interés de conformidad con lo establecido en el literal “c” del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, así se declara.

A los fines de determinar con toda precisión el monto en bolívares que ha de pagarse al accionante, este Juzgado ordena practicar experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil

Se niega la condenatoria en costa solicitada por ALCALDÍA DEL MUNICIPIO PÁEZ DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Publíquese, regístrese.

Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil nueve (2009).

La Juez

Abog. Belkis Briceño Sifontes

La Secretaria

Eglys Fernández

En esta misma fecha 19 de noviembre de 2009, siendo las once y treinta antes meridiem (11:30 p.m.) se publicó y registró la anterior Sentencia.

La Secretaria

Exp. 0979/DG