Decisión de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio de Falcon (Extensión Punto Fijo), de 19 de Julio de 2007

El servicio se presta por lo general, en la casa de habitación del trabajador.

La falta de vigilancia directa por parte del empleador o de su representante, puesto que el servicio se presta a distancia, en un lugar distinto al de la sede de la empresa.. Esta falta de vigilancia no excluye el elemento de subordinación o dependencia, ya que el empleador siempre conserva el poder y determina la dirección u orientación a la labor que es ejecutada a domicilio.

La ayuda de los miembros de la familia en la ejecución del trabajo.

La posibilidad de que el trabajador aporte total o parcialmente los instrumentos o materiales de trabajo.

La remuneración en esta modalidad de trabajo es por lo general pactada a destajo o por pieza, de acuerdo al resultado o producto de la labor.

Ahora bien, siguiendo el mismo orden de ideas resulta de interés hacer mención de las normas que regulan el derecho mercantil, especial la codificación de comercio, a fin de determinar lo alegado por la parte demandada cuando señala que la relación que vinculo al actor con la empresa demandada es estrictamente mercantil y no laboral.

Así tenemos que el Código de Comercio regula las relaciones comerciales o mercantiles, rige las obligaciones de los comerciantes en sus operaciones mercantiles y los actos de comercio, aunque sean ejecutados por no comerciantes. (Artículo 1° del Código) de Comercio adicionalmente al Derecho Común o al Derecho Civil (En sus Artículos 7°, 10°, 109°, 527°.1028 Ord.1°, 1092). Tendiendo además regulación constitucional tales como el artículo 212 y 112 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En su contexto el Código de Comercio en su Artículo 2° establece los actos de comercio y el estudio de la Doctrina los ha clasificado o dividido en actos objetivos de comercio y actos subjetivos de comercio Es decir que existe doctrinalmente una dualidad teórica que pretende explicar lo que es el llamado “acto de comercio”, y en este sentido se consideran actos de Comercio subjetivos los cuales adquieren su carácter comercial por una declaración imperativa de la Ley y so tales aun contra la voluntad de quien los ejecuta, por fuerza legal; y por otra parte, tenemos los actos de comercio objetivos que se tornan mercantiles solos cuando los realiza un comerciante. O sea, que los objetivos d.v. al comerciante; los subjetivos lo presumen y por tanto no existen si falta el presupuesto; es decir el comerciante. (EMILIO VALVO BACA)

El Código de Comercio, entonces rige las obligaciones que deriven de los actos del comerciante (los actos subjetivos de comercio), pero es objetiva la ley venezolana en el sentido de que lo primero que hay que determinar es el acto objetivo de comercio. Después de determinado el acto objetivo de comercio el concepto de comerciante esta supeditado al acto objetivo de comercio, puesto que es comerciante quien realiza actos de comercio en forma habitual. Así el Artículo 10 ejusdem señala que “Es comerciante quien hace del comercio su profesión habitual.

De manera que resulta de interés considerar los actos de comercio a fin de establecer las zonas limítrofes que atraen, al caso de marras, al Derecho Mercantil o al Derecho Laboral.

Para el primero de los casos normativas observa este Tribunal que la actividad desempeñada por el Ciudadano E.R.L. no se encuentra subsumida dentro de las señaladas expresamente en el Artículo 2° del Código de Comercio que van numeral 1° al 23.

Por otra parte no se encuentra demostrado en autos que el actor antes, señalado, haya hecho del comercio de la lavandería su profesión habitual. Y ello es así porque solo consta la prestación de un servicio persona a la empresa demandada. No existe prueba en el expediente que demuestre que el servicio prestado por el actor en el campo de la lavandera lo haya efectuado de manera habitual para diferentes personas, bien naturales o jurídicas. Por lo tanto no debe ser considerado como un comerciante y consecuencialmente no se deriva su contrato u obligación con la parte demandada como un acto mercantil o de comercio. Es decir que ha de descartarse que la relación que vinculó al actor con la empresa demandada resultare ser mercantil. ASI SE DECIDE.

Queda pendiente, entonces dilucidar si la relación entre ambas partes es de carácter laboral en aplicación del Articulo 291 de la Ley del Trabajo que regula el Régimen Especial del Trabajador a Domicilio.

Sobre este concepto regulado de forma especial por el legislador venezolano con el propósito y razón de proteger el hecho social trabajo para que las personas con la prestación de sus servicios, se provean de los medios materiales para satisfacer sus necesidades y los de su grupo familiar, se sustenta la fundamentación la argumentación lógica del caso bajo estudio. Y es así porque descartada la relación mercantil constata este órgano administrador de justicia que las circunstancias de hecho probadas en la esta causa conllevan a verificar que efectivamente el servicio prestado por del actor a la empresa demandada se subsume en las características propias de un trabajo a domicilio en los términos señalados en el articulo 291 ejesdum.

En Primer lugar porque efectivamente el actor desempeñaba su labor en su domicilio, con ayuda de su familia; así se constató con la prueba de Inspección judicial practicada por este Tribunal, quien “in situ” percibió a través de los sentidos que el domicilio del ciudadano lo constituye una casa de habitación y no una empresa o sociedad prestadora habitual de servicio de lavandería, con implementos suficientes como para prestar un servicio habitual a terceras personas. También se constata de los recibos de los servicios públicos que fueron presentados en la evacuación de esta prueba que los mismos se corresponden con la categoría de servicios públicos residenciales y no con una tarifa comercial, lo cual le resulta ser un indicio probatorio a este Tribunal para demostrar que efectivamente estamos frente a un trabajo prestado a domicilio.

Aplicando además, el test de laboralidad en los aspectos que le son atinentes a es casi en por lo especial del régimen regulado se observa que: Que el horario para este régimen es de libre acción por el trabajador por el sitio donde se desarrolla el mismo; que recibía un beneficio considerado salario por resultar montos fijos en su cuantía a y el tiempo para recibirlos, aunado al hecho que del recibo de pago de los mismos se lee que se correspondía con “quincenas”, es decir de manera periódica; quedo demostrado en autos que el trabajo elaborado era entregado de forma personal, o sea que el vinculo era intuito personae; aun cuando tal como lo regula la Ley recibiera ayuda de su familia, lo cual es permisible por la norma y no desvirtúa el vinculo .Igual sucede con la utilización y suministro de implementos y materiales, lo cual permite por ser un régimen especial la dotación de estos elementos por parte del mismo trabajador.

En cuanto al factor subordinación técnica, este para estos caso se torna difuso toda vez que a este tipo de trabajadores se les exige resultado, sin que pueda el patrono supervisar su manera efectiva su elaboración, en el caso sub judice el ciudadano E.L. diariamente suministraba ropa y enseres de lencería a la clínica demandada y con ello obtenía periódicamente la remuneración por el servicio prestado. En lo concerniente a la jornada de trabajo la misma Ley Orgánica del Trabajo en su Artículo 294 excluye a estos trabajadores del régimen de limitación de la jornada de trabajo y ello se explica por la autonomía de que goza el trabajador a domicilio en cuanto a la organización de su trabajo y el tiempo requerido para ello. El salario recibido no resulta ser una ganancia exagerada que no pudo haber devengado otro trabajador de su misma categoría utilizando una jornada de trabajo completa..y con todos los beneficios legales durante el tiempo que dura la relación. En lo que respecta al factor de ajenidad si entendemos el trabajado por cuenta ajena involucra la integración del trabajador a la unidad productiva dirigida por otro, es decir aquel quien articula los factores a que ello se destinen (lo que se conoce como la amenidad en la combinación de los factores de producción) y, consecuentemente ejerce los poderes de dirección y disciplina del proceso.

En otras palabras el trabajador ingresa en una organización colectiva de trabajo diseñada por o para otros. En el caso bajo estudio en ciudadano E.L. se integró al factor productivo de servicio de la demandada de forma originaria, por cuanto quedo demostrado en autos (tanto de la declaración de parte como de la misma aceptación de la exigencia al trabajador de registrar posteriormente una sociedad) ya que resultaba imposible que dentro de una empresa prestadora de servicios médicos y de salud no constara con un área de lavandería, situación que fue asumida por la prestación persona a domicilio del actor. Siendo finalmente la demandada quien se apropia originariamente de los resultados de ese trabajo ejecutado a domicilio y exigiendo lo mismo, con lo cual determina el poder de mando en cabeza de la empresa demandada.-

De lo señalado se concluye que la actividad realizada por el ciudadano E.L. se enmarca como un trabajador a domicilio, tal y como lo establece el Articulo 291 de la Ley Orgánica del Trabajo, antes trascrito, por cuanto se encuadran en todas las características que lo determinan; esto es la ejecución del trabajo en su habitación, con ayuda de su familia, percibiendo una remuneración periódica ; bajo la dependencia de otro ( demandada), pero sin su directa vigilancia; utilizando materiales e instrumentos propios. En consecuencia le corresponden los conceptos patrimoniales que se derivaron de esa relación de trabajo y en ese sentido se acuerdan las cantidades que fueron detallas en la parte narrativa de esta decisión por Prestaciones Sociales y que hacen un total de CIENTO NOVENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ BOLIVARES CON CERO CENTIMOS DE BOLIVA (BS.190.118.910, 00).

Con relación al concepto de lucro cesante que solicita el actor este Tribunal considera pertinente considerar la conceptualización que maneja la Doctrina significándolo cono el daño experimentado por el acreedor por un no aumento de su patrimonio por habérsele privado de una ganancia a la cual tenia derecho, privación que se debió al incumplimiento, estando establecido en el Artículo 1273 del Código Civil. Estos daños se generan por la pérdida que haya sufrido y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones sobre las responsabilidades contractuales que la doctrina y la legislación han estado de acuerdo en determinar concluyendo que existen tres grandes modos o formas de determinar la reparación de los daños provenientes del incumplimiento de una obligación contractual; que son a saber: la determinación efectuada por el juez, la efectuada por la propia ley y la efectuada por las parte.

De estas tres le interesa desarrollar a esta juzgadora la segunda que se refiere a la determinación de la responsabilidad contractual fijada por la ley. De allí tenemos que existen situaciones en las cuales le Ley determina una reparación fija por el incumplimiento de una obligación de origen contractual; ello ocurre principalmente en las obligaciones que tienen por objeto el pago de sumas de dinero y en las indemnizaciones previstas en a Ley del Trabajo y en las normas que regulan la institución del Seguro Social. Sobre estas últimas la Doctrina ha sostenido que más que disposiciones sobre responsabilidad civil son normas de orden público que se establecen en virtud de disposiciones de alcance social y así se constata del Artículo 10° de la Ley Orgánica del Trabajo. Caso en el cual estamos presentes al quedar determinada la relación laboral entre el actor y la empresa demandada

Y verificada como ha sido que en realidad por el tiempo de servicio y la edad del trabajador hoy accionante, debió gozar de los beneficios que integran la seguridad social y entre ellos el que protege la vejez. Es por ello que el demandante reclama una indemnización por cuanto la accionada no cumplio con su deber de inscribirlo en el Instituto de los Seguros Sociales a los fines de enterar las cotizaciones correspondientes.

Mas sin embargo la Sala de Casación social en casos semejantes ha establecido criterio señalando que aún cuando el trabajador no tiene la legitimidad para demandar indemnizaciones por el incumplimiento del patrono, así como la aplicación de sanciones administrativas. No obstante, los daños y perjuicios reclamados; (en este caso como Lucro Cesante), si bien parten de la falta del patrono para con el Instituto de los Seguros Sociales Venezolano, tiene su fuente jurídica en el hecho invocado de tener derecho a su Pensión de Jubilación por el IVSS desde que cumplió los 60 años; es decir desde el mes de marzo de 2002 (según se constata de copia de la cédula de identidad del actor que corre inserta al folio 06 del expediente), y que por falta de esta se vio en la necesidad de suplir sus gastos médicos en de desmedro de su patrimonio y hoy de carecer de una pensión por vejez; ocasionándole indudablemente daños y perjuicios en su contra como acreedor del sistema de seguridad social con base a un derecho que tiene rango constitucional.

El Artículo 123 de nuestra Constitución establece obligaciones para los particulares de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la promoción y defensa de los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y la paz social.

Es decir a la luz de este Articulo y de la sentencia dictada el 25 de enero de 2005 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Caso: CANTV; ponente Iván Rincón Urdaneta) no puede eximirse a ningún patrono de sus responsabilidades sociales dentro del sistema de seguridad social y dentro de éste, lo correspondiente a la pensión de jubilación como derecho humano imprescriptible (cumplidos los requisitos de edad del actor y la antigüedad según la ley y/o convenio respectivo).

Es decir que resulta ser un asunto de orden público, como seria en este caso, que el mismo patrono procure la resolución pronta de su obligación ante el IVSS, para la obtención de la pensión de jubilación de este instituto.

De manera que debe el demandado cumplir con su responsabilidad social frente al trabajador y frente al Estado, con fundamento en el Articulo 131 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia debe este Tribunal declarar procedente la exigencia del actor con relación al concepto de indemnización por lucro cesante, el cual debe ser cumplida por la patronal demandada en la forma que señala la parte dispositiva del la presente decisión. Con lo cual se satisfacen las peticiones exigidas por el demandante. En virtud de que la parte demandada nada probó que le favoreciere para eximirlo del cumplimiento de este petitorio-ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVO DEL FALLO

Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara.

CON LUGAR La demanda E.R.L., en contra de la Sociedad de Responsabilidad Limitada POLICLINICA DE ESPECIALIDADES,C.A., ambos plenamente identificados, por concepto de Prestaciones Sociales y Bono Alimentario. En consecuencia se ordena a la parte demandada cancelar al actor A) La cantidad de CIENTO NOVETA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS DE BOLIVAR (BS,190.118.910) por concepto de Prestaciones Sociales y Bono alimentario, el cual por haber culminado la relación se actualiza en su pago ; y B) Con relación a la procedencia del LUCRO CESANTE se ordena a la demanda POLICLINICA DE ESPECIALIDADES, C.A. cumplir con el Régimen de Seguridad Social a tal efecto deberá enterar al Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales dentro su incumplimiento y realizar toda la tramitación correspondiente para regularizar el status de pensionado por vejez al demandante lo cual deberá acreditar en el expediente ante el Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución al cual le toque la ejecución de este fallo una vez quede definitivamente firme, de lo contrario deberá el Juez de Primera Instancia aplicar las sanciones previstas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con los Artículos 86, 131, 132 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que obligan a la Solidaridad y responsabilidad social de la demandada y a la colaboración con los f.d.E. y como integrantes del sistema judicial.

De igual forma se acuerda el pago sobre las Prestaciones Sociales por Antigüedad alegada de igual forma por la parte actora de conformidad con el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, para lo cual se acuerda una Experticia Complementaria del fallo, con un único experto , el cual tomará como base las Tasas indicadas por el Banco Central de Venezuela tomando como referencia la tasa promedio entre la Activa y la Pasiva de los seis principales Bancos Comerciales del país, considerando como fecha de inicio aquella en se generó el derecho hasta aquella en que efectivamente se efectúe el pago de los mismos.

Así mismo se establece, en caso de no cumplimiento voluntario de esta sentencia , se condenara al pago de los intereses de mora sobre las cantidades condenadas, las cuales serán calculadas a la tasa del mercado vigente , establecida por el Banco Central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales, y correrán desde la fecha del decreto de ejecución hasta la materialización de esta , entendiéndose por este ultimo la oportunidad del pago efectivo , en el lapso establecido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, igualmente procede la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, por concepto de prestaciones sociales las cuales serán calculadas desde el decreto de ejecución hasta su materialización , entendiéndose por esto ultimo a oportunidad del pago efectivo, dichos intereses serán calculados a través de una experticia complementaria del fallo, con un (01) único experto contable el cual será designado por este tribunal. Todo de conformidad con el articulo 185 Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Para el caso de la anterior experticia acordada se faculta al Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución a ordenar se efectúen los ajustes a que hubiere lugar en caso de un incumplimiento voluntario de la presente sentencia.

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Dada, firmada y sellada en la sala del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. En Punto Fijo a los diecinueve (19) días del mes de Julio del año Dos mil siete (2007) Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

LA JUEZ TITULAR

ABG. MIRVA S.G.

LA SECRETARIA

ABG. ROSALY MUÑOZ CHIRINO

En esta misma fecha de hoy, siendo las 03 23 p.m., se dictó, publicó y registró la anterior Decisión, previo cumplimiento de las formalidades de ley. Y se habilita el tiempo necesario para su impresión por desperfectos de conexión en el sistema juris 2000

LA SECRETARIA

ABG. ROSALY MUÑOZ CHIRINO

MESG/ MAP

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